EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Arturo Nieves Huertas y Luis Raúl Albaladejo
Recurridos
v.
Hon. Alejandro García Padilla, Gobernador de Puerto Rico; Hon. Luis Sánchez Betances, Secretario de Justicia de Puerto Rico; y Hon. Liza Fernández Rodríguez
Peticionaria en Certificación (Hon. Liza Certificación Fernández Rodríguez) 2013 TSPR 106 Arturo Nieves Huertas y Luis Raúl Albaladejo 189 DPR ____
Hon. Edgardo Rivera García, Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico; Hon. Alejandro García Padilla, Gobernador de Puerto Rico; Hon. Luis Sánchez Betances, Secretario de Justicia; Gobierno de Puerto Rico; y Senado de Puerto Rico, representado por su Presidente, Hon. Eduardo Bathia Gautier
Demandados
Número del Caso: CT-2013-17
Fecha: 7 de octubre de 2013
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Eliezer Aldarondo Ortiz Lcdo. Claudio Aliff Ortiz Lcda. Rosa Campo Silva Lcdo. Simone Cataldi Malpica Lcdo. Eliezer A. Aldarondo López CT-2013-017 2
Abogado del Hon. Edgardo Rivera García:
Lcdo. Carlos Santiago Tavárez
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Arturo Nieves Huertas Lcdo. Luis Raúl Albaladejo
Materia: Injuction Mandatorio, Preliminar y Permanente, Mandamus, Quo Warranto y Sentencia Declaratoria
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Hon. Alejandro García Padilla, Gobernador de Puerto Rico; Hon. Luis Sánchez Betances, Secretario de Justicia de Puerto Rico; y Hon. Liza Fernández Rodríguez
Peticionaria en Certificación (Hon. Liza Fernández Rodríguez)
Arturo Nieves Huertas y Luis CT-2013-0017 Certificación Raúl Albaladejo
Hon. Edgardo Rivera García, Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico; Hon. Alejandro García Padilla, Gobernador de Puerto Rico; Hon. Luis Sánchez Betances, Secretario de Justicia; Gobierno de Puerto Rico; y Senado de Puerto Rico, representado por su Presidente, Hon. Eduardo Bathia Gautier
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 7 de octubre de 2013.
La confianza del Pueblo en su Judicatura es indispensable para nuestra vida en sociedad. En nuestra democracia, el pueblo necesita sentirse confiado en que cuenta con una Rama Judicial eficiente a la cual llevar sus controversias y reclamar sus derechos. El pueblo necesita sentirse confiado en que no hay CT-2013-017 2
necesidad de tomar la justicia en sus manos. Siendo así, un ataque a la confianza en la Rama Judicial es un ataque a la convivencia pacífica y ordenada en nuestro país. Hon. Federico Hernández Denton, Juez Presidente, 173ra Asamblea del Colegio de Abogados de Puerto Rico, 7 de septiembre de 2013.
Nos encontramos ante una controversia de alto interés
público que requiere la intervención inmediata de este
Tribunal. En el caso de autos, los demandantes aducen que
las nominaciones de funcionarios públicos, las cuales
incluyen a jueces, fiscales y procuradores, son nulas y
contrarias a los postulados de la Constitución de Puerto
Rico, L.P.R.A., Tomo 1. En específico, reclaman que los
nombramientos fueron confirmados por el Senado de Puerto
Rico sin facultad para ello, por entender que las
nominaciones impugnadas debían contener un grado mayor de
especificidad en la convocatoria del Gobernador de Puerto
Rico. A su vez, impugnan el nombramiento del Hon. Edgardo
Rivera García, Juez Asociado de este Tribunal, al sostener
que fue confirmado en una sesión extraordinaria no
convocada por el Gobernador o, en la alternativa, que su
nominación fue en receso y quedó sin efecto, al levantarse
la siguiente sesión ordinaria.
Este Tribunal tiene la facultad de atender mediante el
recurso de certificación, a ser expedido
discrecionalmente, asuntos pendientes ante el Tribunal de
Primera Instancia o el Tribunal de Apelaciones cuando,
entre otras, se planteen cuestiones noveles de derecho, o CT-2013-017 3
se planteen cuestiones de alto interés público que
incluyan cualquier cuestión constitucional sustancial al
amparo de la Constitución de Puerto Rico. Véanse, U.P.R.
v. Laborde Torres y otros I, 180 D.P.R. 253, 272-273
(2010) y casos allí citados.1 No podemos ignorar que los
nombramientos de funcionarios de la Rama Ejecutiva y de la
Rama Judicial están revestidos del más alto interés
público. Estos deben ser conforme a los procesos
establecidos. La falta de atención inmediata a los
reclamos de los demandantes socavaría irremediablemente la
confianza depositada del pueblo en nuestro sistema de
justicia y mancillaría la reputación de los funcionarios
que dedican su vida al servicio público.
Por tanto, habiendo examinado detenidamente las
posturas de la parte demandante y de los peticionarios, y
en ausencia de escollo para disponer de este asunto de
alto interés público, este Tribunal expide el auto de
certificación y procedemos a atenderlo, conforme a la
Regla 50 de este Tribunal.2
1 Recuérdese que en Alvarado Pacheco y otros v. E.L.A., res. 11 de junio de 2013, 2013 T.S.P.R. 64, 188 D.P.R. ___ (2013), una mayoría de este Tribunal declaró inconstitucional las disposiciones contenidas en la Ley Núm. 18-2013 que pretendían alterar el mecanismo de certificación intrajurisdiccional reconocido en el Art. 3.002 de la Ley 201-2003, según enmendada, conocida como la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, 4 L.P.R.A. sec. 24, et seq. 2 El 30 de septiembre de 2013, la Hon. Liza Fernández Rodríguez solicitó la certificación de los casos consolidados de epígrafe. El 2 de octubre de 2013 el Hon. Edgardo Rivera García se unió a esa petición mediante la Moción Solicitando Permiso para Unirse al Recurso de CT-2013-017 4
I
Los licenciados Arturo Nieves Huertas y Luis Raúl
Albaladejo (en adelante, demandantes) instaron dos
demandas en las que impugnan los nombramientos de varios
funcionarios públicos. El 10 de julio de 2013 presentaron
el caso Arturo Nieves Huertas, Luis Raúl Albaladejo v.
Hon. Alejandro García Padilla y otros, KPE2013-37803 y el
17 de septiembre de 2013 el caso civil Arturo Nieves
Huertas, Luis Raúl Albaladejo v. Hon. Edgardo Rivera
García y otros, KPE2013-4660.
En el caso KPE2013-3780, los letrados arguyen que el
exgobernador Luis Fortuño Burset y el Senado de Puerto
Rico violaron la Constitución de Puerto Rico, supra, al
nombrar a sobre cien personas para cargos a la Judicatura,
fiscales, jueces administrativos y otros funcionarios
públicos. Sostienen que los referidos nombramientos son
nulos y que ello conllevará que sus determinaciones y
decisiones así lo sean. Señalan que eso repercute en daños
y pérdidas de sus representados así como al ordenamiento y
al interés público. Los letrados discuten que los
nombramientos son nulos, ya que estos fueron confirmados
_____________________ Certificación presentado por la Hon. Liza Fernández Rodríguez. Por su parte, los recurridos presentaron el 2 de octubre de 2013 una Moción en Oposición a “Moción Urgente para que se paralicen los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia” y Sobre Memorando en Oposición a que se expida el auto de certificación. 3 A este momento, los demandantes no han emplazado a los demandados. A pesar de ello, la parte peticionaria se sometió voluntariamente a la jurisdicción de este Tribunal. CT-2013-017 5
en una sesión extraordinaria sin que se cumpliera con lo
dispuesto en el Art. III, Sec. 10 de la Constitución de
Puerto Rico, supra. Específicamente, alegan que las
órdenes ejecutivas emitidas, convocando las sesiones
extraordinarias, no especificaron ninguno de los
nombramientos realizados.
De otra parte, en el caso KPE2013-4660 los demandantes
y el Senador Cirilo Tirado Rivera sostienen que el
nombramiento del Juez Asociado señor Rivera García es
nulo, al realizarse en una sesión extraordinaria convocada
por el Presidente del Senado, o en la alternativa en una
sesión en receso, por lo que quedó sin efecto al
levantarse la próxima sesión ordinaria. Por tanto, afirman
que se violó lo dispuesto en el Art. III, Sec. 10 y el
Art. IV, Sec. 4 de la Constitución de Puerto Rico,
L.P.R.A., Tomo 1.
Así, en ambas peticiones, los demandantes solicitan
que se dicte sentencia para declarar los nombramientos
nulos; ordenar el cese y desista del ejercicio del cargo y
funciones; ordenar iniciar un procedimiento de quo
warranto y cualquier otro remedio que proceda en derecho.
Ante tales reclamaciones, se presentaron varias
mociones de desestimación por las partes y el Gobierno de
Puerto Rico.4 En todas ellas se aduce que los demandantes
4 La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, "establece los fundamentos por los que una parte puede solicitar la desestimación de una demanda presentada en su contra, a saber: falta de jurisdicción sobre la materia o la persona, insuficiencia del emplazamiento o su CT-2013-017 6
carecen de legitimación activa para presentar su causa de
acción; que conceder el remedio solicitado requiere la
intervención indebida en las funciones de la Rama
Ejecutiva y la Rama Legislativa, por lo que se interviene
en la separación de poderes; y la parte demandante carece
de una reclamación que justifique la concesión de un
remedio, entre otras.
II
Como principio rector de nuestro ordenamiento, los
tribunales debemos intervenir en casos justiciables. La
justiciabilidad requiere que la controversia sea una
definida y concreta entre las partes jurídicas, el interés
sea uno real y sustancial que permita un remedio
específico y la polémica sea propia para una determinación
judicial. E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 584 (1958).
Como parte de que la controversia sea justiciable, se
requiere que los demandantes posean legitimación activa
_____________________ diligenciamiento, dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio o dejar de acumular una parte indispensable". Tribunal Supremo de Puerto Rico, Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Marzo 2008, pág. 134. Al evaluar una moción de desestimación debemos dar por ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas hechas en la demanda. Además, hay que interpretarlas a favor de la parte demandante. Hargundey Ferrer v. U.I., 148 D.P.R. 13 (1999). Así pues, para desestimar un caso por falta de jurisdicción sobre la materia "es necesario determinar si, tomando como cierto lo alegado en la demanda, el foro tiene jurisdicción para atender el reclamo". Id., pág. 30.
Una vez surge por indicación de las partes, o de algún otro modo que el tribunal carece de jurisdicción, la Regla 10.8 de Procedimiento Civil (c), 32 L.P.R.A. Ap. V., que ordena la desestimación del pleito. CT-2013-017 7
para instar las demandas de epígrafe. Los tribunales
tenemos el deber de examinar, como cuestión de umbral, si
los demandantes ostentan legitimación activa para incoar
una acción o reclamar determinado remedio. Este es un
elemento necesario para la debida adjudicación de los
méritos de una controversia, según el principio de
justiciabilidad. Hernández Torres v. Gobernador, 129
D.P.R. 824, 835 (1992).
Cuando se cuestiona la legitimación de una parte al
contestar la demanda, debemos asumir que las alegaciones
son ciertas y evaluar su causa de acción de la manera más
favorable para el demandante. Col. Ópticos de P.R. v. Vani
Visual Center, 124 D.P.R. 559, 567 (1989). Hemos
interpretado la legitimación activa liberalmente. Sin
embargo, ello no implica que “la puerta está abierta de
par en par para la consideración de cualquier caso que
desee incoar cualquier ciudadano en alegada protección de
una política pública”. Salas Soler v. Srio. de
Agricultura, 102 D.P.R. 716, 723-724 (1974). Véase,
además, Fund. Surfrider y otros v. A.R.P.E., 178 D.P.R.
563, 573 (2010).
Reiteradamente hemos sostenido que una parte
demandante posee legitimación activa si cumple con los
requisitos siguientes, a saber: (1) ha sufrido un daño
claro y palpable; (2) el referido daño es real, inmediato
y preciso, y no abstracto o hipotético; (3) existe
conexión entre el daño sufrido y la causa de acción CT-2013-017 8
ejercitada, y (4) la causa de acción surge bajo el palio
de la Constitución o de una ley. Véanse: Sánchez et al. v.
Srio. de Justicia et al., 157 D.P.R. 360, 371 (2002);
Hernández Torres v. Gobernador, supra, pág. 835.
III
En el caso de marras, los demandantes sostienen que
poseen legitimación activa para cuestionar los
nombramientos efectuados por sus obligaciones al amparo
del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Aducen
que es de primordial importancia instituir y mantener un
orden jurídico íntegro y eficaz, que goce de completa
confianza y apoyo de la ciudadanía. Aluden que es su deber
hacer una propia y cabal aportación a la mejor
administración de la justicia. Señalan que se trata de la
protección de la ejecución de un derecho público de
naturaleza democrática.5
Los demandantes Nieves y Albaladejo arguyen que sus
daños son inminentes y están vinculados a su argumento de
que los nombramientos son inconstitucionales. Por tanto,
recalcan que los funcionarios en cuestión ejercen
ilegítimamente sus funciones. Indican que los trámites
judiciales realizados ante estos funcionarios corren el
riesgo de ser anulados o declarados nulos por haber sido
tomados por funcionarios, cuyos nombramientos alegan son
ilegales.
5 Mediante Moción en Cumplimiento de Orden presentada el 22 de julio de 2013, Ap. págs. 237-242. CT-2013-017 9
No albergamos la menor duda de que los demandantes
carecen de legitimación activa. Su reclamo, básicamente,
contemplaría que cualquier persona pueda impugnar o hacer
cualquier reclamación ante la violación de cualquier ley
sin que tenga la necesidad de exponer el daño específico
que tal actuación le provoca. Los demandantes, escueta e
hipotéticamente, reclaman una posibilidad de nulidad de
los dictámenes emitidos por estos funcionarios. Al así
hacerlo, el planteamiento no tan solo está ausente de un
daño particular, real, palpable y concreto, sino que el
mismo no tendría lugar ante el hecho de que este Tribunal
ha aplicado la doctrina de funcionario de facto a la
figura de los jueces. Mediante esta doctrina se imparte
validez a los actos oficiales de personas, que so color de
autoridad, ejercen cargos que existen legalmente y en los
cuales el público o terceras personas están interesados,
cuando el cumplimiento de tales actos oficiales es para
beneficio del público, y no para el beneficio personal.
Véase, Fernández v. Corte, 71 D.P.R. 161 (1950).
En cuanto al reclamo instado en el caso civil KPE2013-
3780, el entonces Gobernador convocó mediante la Orden
Ejecutiva OE-2012-68 la quinta sesión extraordinaria de la
decimosexta Asamblea Legislativa. Mediante ésta, entre
otras, estableció que:
POR CUANTO: Al presente existen asuntos de suma importancia, incluyendo nombramientos ejecutivos y judiciales, que requieren actuación inmediata de la Asamblea Legislativa. (Énfasis suplido). CT-2013-017 10
Ante este panorama, debe quedar diáfano que los
nombramientos así efectuados son válidos. La convocatoria
para celebrar la quinta sesión extraordinaria claramente
disponía que existían asuntos importantes que atender.
Específicamente, el Gobernador indicó que incluían
“nombramientos ejecutivos y judiciales”. Ciertamente,
cuando el Gobernador de turno convocó la sesión
extraordinaria, lo hizo dentro de sus facultades
constitucionales. Además, consciente de que la propia
Constitución de Puerto Rico limita en estos casos los
asuntos por atender a los especificados en su convocatoria
o mensaje especial, expresó en su orden ejecutiva no tan
solo las medidas legislativas, sino la importancia de
considerar los nombramientos ejecutivos y judiciales. Por
tanto, no existe razón alguna para sostener que estos
nombramientos son nulos e ilegales.
IV
Atendamos si el Senador Cirilo Tirado posee
legitimación activa para cuestionar, en esta etapa, los
procedimientos legislativos que nos ocupan, de los cuales
formó parte.
Este Tribunal ha sido enfático al establecer que no
procede permitir a un demandante, que no alega un daño
explícito, plantear a esta Curia resolver importantes
cuestiones constitucionales. Ello redundaría en un
potencial abuso del proceso judicial, atentando contra la
función de esta Rama, en relación con las otras dos ramas CT-2013-017 11
de gobierno. Fund. Arqueológica v. Depto. de la Vivienda,
109 D.P.R. 387, 392 (1980).
Es en este sentido que juega un papel crucial la
doctrina de separación de poderes. La misma está
expresamente consagrada en la Sec. 2 del Art. I de la
Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1. La
separación de poderes entre las tres ramas responde a dos
criterios, a saber: (1) proteger la libertad de los
ciudadanos, pues el poder no se concentra en una sola rama
de Gobierno, y (2) salvaguardar la independencia de cada
una de estas, ya que se evita que una de ellas interfiera
o domine con el poder de las otras. P.I.P. v. E.L.A., 186
D.P.R. 1 (2012); Acevedo Vilá v. Meléndez, 164 D.P.R. 875,
882-883 (2005); Colón Cortés v. Pesquera, 150 D.P.R. 724,
750 (2000).
Ahora bien, cada una de las tres ramas del Gobierno no
debe desempeñarse con entera abstracción de las demás.
Ello ocurre porque el propósito de la separación de
poderes es generar un equilibrio dinámico entre poderes de
igual rango. Véase, Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R.
64, 89 (1998).
En lo particular, la Constitución de Puerto Rico
dispone el procedimiento para los nombramientos de los
jueces al establecer que:
Los jueces serán nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. Los jueces del Tribunal Supremo no tomarán posesión de sus cargos hasta que sus nombramientos sean confirmados por el Senado y los desempeñarán mientras observen buena conducta. Los términos CT-2013-017 12
de los cargos de los demás jueces se fijarán por ley y no podrán ser de menor duración que la prescrita para los cargos de jueces de igual o equivalente categoría existentes a la fecha en que comience a regir esta Constitución. Todo lo relativo al nombramiento de los demás funcionarios y de los empleados de los tribunales, se determinará por ley. (Énfasis suplido). Art. V, Sec. 8 de la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1.
Es por ello que la facultad de nombramiento es
compartida entre el Poder Ejecutivo y el Poder
Legislativo. Véase, Nogueras v. Hernández Colón, 127
D.P.R. 638, 650 (1991); Hernández Agosto v. López Nieves,
114 D.P.R. 601, 620 (1983).
No debe existir duda de que la Asamblea Legislativa es
un cuerpo de carácter continuo durante el término de su
mandato. Art. III, Sec. 10 de la Constitución de Puerto
Rico, L.P.R.A., Tomo 1. En igual medida, tampoco se puede
cuestionar su capacidad o facultad para adoptar sus
propias reglas. Art. III, Sec. 9 de la Constitución de
Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1.
En lo particular a los procesos de nombramiento y la
configuración de las sesiones celebradas por la Asamblea
Legislativa, es menester destacar que, en el ejercicio de
sus facultades, el Senado aprobó el Reglamento del Senado,
12 de enero de 2009, R. del S. 27, 16ta Asamblea
Legislativa, 1ra Sesión Ordinaria, vigente al momento de
los hechos. Este dispone en su Sección 21.3 que las
sesiones extraordinarias se celebran en cualquier fecha de
un año, en la cual no se celebre una sesión ordinaria.
Estas pueden ser convocadas por el Gobernador o por el CT-2013-017 13
Presidente del Senado. Cuando la sesión extraordinaria es
convocada por el Gobernador, la Sección 21.3 dispone que
solo puedan considerarse los asuntos, proyectos de ley y
resoluciones conjuntas incluidas en la Convocatoria del
Gobernador. Sin embargo, el Senado, en el ejercicio de sus
funciones constitucionales e inherentes, podrá considerar
cualquier expresión o asunto bajo la jurisdicción del
Cuerpo, incluyendo aquellos nombramientos enviados por el
Gobernador y pendientes de consentimiento por el Senado.
La sabiduría de estas normas no constituye materia para
juzgar por los tribunales, a menos que exista una
infracción constitucional. Lozada Sánchez et al. v. JCA,
184 D.P.R. 898, 925-926 (2012); Noriega Rodríguez v.
Jarabo, 136 D.P.R. 497, 533 (1994).
Tal disposición reglamentaria no contraviene la
Constitución de Puerto Rico. Por el contrario, es cónsona
con su Art. III, Sec. 10, en el que se establece que
“cuando el Gobernador convoque a la Asamblea Legislativa a
sesión extraordinaria sólo podrá considerarse en ella los
asuntos especificados en la convocatoria o mensaje
especial que el Gobernador le envíe en el curso de la
sesión, la cual no podrá extenderse por más de veinte días
naturales”. Véase, además, Art. IV, Sec. 4 de la
Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1. Es decir,
que el Gobernador ostente la discreción para convocar a
una sesión extraordinaria no menoscaba la facultad de un
Cuerpo de la otra Rama de Gobierno para auto convocarse, CT-2013-017 14
en una fecha que no conflija con la convocatoria del
Ejecutivo, para descargar, como ocurrió en este caso, los
deberes ministeriales dispuestos por la propia
Constitución, como es el consentir a las nominaciones de
determinados funcionarios públicos.
Las disposiciones antes mencionadas revelan claramente
que el poder de nombramiento de estos funcionarios
públicos está compartido. Por un lado, el Gobernador
nomina al funcionario, pero su nombramiento requiere el
aval del Senado. Igualmente, resalta que, tanto el
Gobernador como el Presidente del Senado tienen la
facultad de convocar para la celebración de una sesión
extraordinaria. Claro está, este proceder responde a la
facultad inherente de ese cuerpo legislativo y el carácter
continuo durante el término de su mandato. La única
limitación que se impone es que cuando el Gobernador
ejerce su facultad para convocar una sesión extraordinaria
solamente se podrán atender aquellos asuntos especificados
en la convocatoria o en mensaje especial que el Gobernador
envíe en el curso de la sesión. Por su parte, durante una
sesión extraordinaria convocada por el Presidente del
Senado se podrán atender aquellos nombramientos enviados
por el Gobernador.
Es importante señalar que la Sección 47.3 del
Reglamento del Senado contempla, a su vez, que:
(c) Nombramiento incluido en la convocatoria de una Sesión Extraordinaria: El Senado, a su discreción, podrá considerar, informar y tomar acción sobre dicho nombramiento. Si no se tomare CT-2013-017 15
acción definitiva al respecto, o si los trámites no se concluyeran por cualquier razón, el nombramiento seguirá en vigor hasta la conclusión de la siguiente Sesión Ordinaria, a menos que el Senado decidiera actuar sobre el nombramiento en otra Sesión Extraordinaria convocada por el Gobernador o el Presidente.
Esta disposición tiene el objetivo de mantener la
inherencia del Senado en el consentimiento de los
nominados. Ciertamente, ante la nominación de un candidato
realizada por el Gobernador, le corresponde al Senado
evaluar si imparte su consentimiento.
El proceso de confirmación de estos funcionarios
públicos requiere que el Gobernador someta la
correspondiente nominación al Senado, quien confirma o no
la misma. Una vez, obtenido el consejo y consentimiento
del Senado, el Gobernador extiende el nombramiento
correspondiente y luego el funcionario presta el juramento
oficial para la toma de posesión de su cargo.
V
Examinado el tracto procesal legislativo, examinemos
si se afectaron las prerrogativas legislativas del Senador
Cirilo Tirado, según planteado en el caso civil KPE2013-
4660.
El nombramiento del Juez Asociado señor Rivera García
ocurrió en una sesión extraordinaria convocada por el
Presidente del Senado. Como hemos expresado, la
Constitución de Puerto Rico establece que la Asamblea
Legislativa es un cuerpo de carácter continuo durante el CT-2013-017 16
término de su mandato con capacidad plena para regular sus
procedimientos.
Conforme al Reglamento del Senado, su Presidente
convocó a una sesión extraordinaria para atender asuntos
bajo la jurisdicción de ese Cuerpo. Durante ésta, el 4 de
agosto de 2010, el Gobernador sometió la designación del
Juez Asociado señor Rivera García para su consejo y
consentimiento. Diario de Sesiones, Segunda Sesión
Extraordinaria del Presidente del Senado, Vol. LVIII Núm.
1, pág. 21443. El proceso de su nominación consta en el
Diario de Sesiones del 9 de agosto de 2010 de la Segunda
Sesión Extraordinaria del Presidente del Senado, de la
decimosexta Asamblea Legislativa, supra, págs. 21443-
21482. Del mismo se desprende que se cumplió a cabalidad
con todo el proceso para el nombramiento del referido
designado. Incluso, destaca que las recomendaciones fueron
favorables y que el candidato gozaba de la reputación
moral, trayectoria y capacidad intelectual necesaria para
ejercer el cargo que hoy ostenta.
En dicho proceso, miembros de la delegación del
partido político al cual pertenece el Senador Cirilo
Tirado cuestionaron la celeridad de los procedimientos.
Sin embargo, en ningún momento se planteó que la sesión
extraordinaria no fuera convocada por el Presidente del
Senado, conforme al reglamento adoptado. Tampoco hubo
alegación de índole alguna sobre que el proceso fuera uno
en contravención a la Constitución de Puerto Rico. CT-2013-017 17
Ante ese cuadro, y como agravante, a estas alturas,
resulta inmeritorio el reclamo del Senador Cirilo Tirado.
En cuanto a este demandante, no podemos obviar que los
legisladores carecen de legitimación activa para impugnar
la validez de un acto únicamente en representación de la
ciudadanía general. Estos tienen que presentar criterios
más convincentes. No existe un ápice de prueba que las
actuaciones cuestionadas afectaran el ejercicio y deberes
del legislador. Véase, Noriega v. Jarabo, supra, pág. 497.
El récord legislativo analizado evidencia la participación
activa de la minoría en ese nombramiento. Incluso el
propio senador votó en contra del candidato. Tampoco
podemos pasar por alto que los planteamientos esgrimidos
impugnan actuaciones reglamentarias que el legislador ha
avalado. Como los otros demandantes, según señalamos
anteriormente, éste también carece de legitimación activa.
VI
Por último, debemos evaluar si la conducta desplegada
por los demandantes es temeraria o frívola. A estos
efectos la Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, 32
L.P.R.A. Ap. V, R. 44.1 (d), establece que cuando
cualquier parte haya procedido con temeridad o frivolidad,
el tribunal tendrá que imponer en su sentencia al
responsable el pago de una suma por concepto de honorarios
de abogado que el juzgador entienda corresponde a la
conducta desplegada. Véanse, Meléndez Vega v. El Vocero de
PR, res. 3 de julio de 2013, 2013 T.S.P.R. 81, 189 CT-2013-017 18
D.P.R.____ (2013); P.R. Oil v. Dayco, 164 D.P.R. 486, 511
(2005).
El concepto de temeridad es uno amplio. La conducta
temeraria es una actitud que se proyecta sobre el
procedimiento y afecta el buen funcionamiento y
administración de la justicia. A su vez, sujeta a una
parte inocente a la ordalía del proceso judicial,
exponiéndola a gastos innecesarios y a la contratación de
servicios profesionales que afectan su peculio. Fernández
v. San Juan Cement Co. Inc., 118 D.P.R. 713, 718-719
(1987). Mediante la imposición de honorarios por temeridad
se penaliza a un litigante que, obcecado por un afán
desprovisto de fundamentos, obliga a otro a defenderse, lo
que le causa molestias, gastos, trabajo e inconvenientes.
Soto v. Lugo, 76 D.P.R. 444 (1954).
La parte peticionaria solicitó la imposición de
honorarios por temeridad contra los demandantes. Para
ello, expresó que en múltiples ocasiones los letrados han
instado recursos, abusando de los procedimientos
judiciales, con el ánimo de mancillar su reputación. Así,
señala que los letrados impugnaron su nominación al
sostener que esta no gozaba de los años de experiencia. De
igual forma, presentaron un recurso de injunction, en el
que impugnaron y cuestionaron sus cualificaciones para
intentar impedir su confirmación.6 En dicho proceso,
solicitaron recusar al juez que presidía los
6 Caso Civil Núm. KPE2012-4117. CT-2013-017 19
procedimientos y revisaron tal denegatoria sin éxito.7 El
foro primario declaró no ha lugar la solicitud de
injunction e injunction preliminar. Nuevamente, los
demandantes acudieron ante el Tribunal de Apelaciones.8 De
igual manera, los demandantes acudieron ante el Secretario
de Justicia para solicitar que se recuperara el cargo que
ocupa la Juez Superior, a pesar de existir una
determinación en contra de sus reclamos. Ante la ausencia
de una contestación, los demandantes radicaron el pleito
de autos. En éste, nuevamente, solicitaron la recusación
del juez de instancia que atendía los asuntos y al no
proceder la misma, solicitaron la revisión al Tribunal de
Apelaciones en el recurso KLCE2013-1030 y posteriormente
ante esta Curia.9
Los hechos aludidos reflejan una actitud contumaz de
los demandantes contra los funcionarios que ejercen
válidamente sus puestos. Ante tales actuaciones, la
peticionaria ha tenido que defenderse de ataques a su
honra y a su persona. Los demandantes, proyectan una
conducta desmedida que afecta la administración de la
justicia. No cabe duda que actuaron de forma temeraria.
Ante ello, es nuestra obligación imponerle a los
demandantes de forma solidaria el pago de honorarios de
7 Caso ante el Tribunal de Apelaciones, KLCE2013-00047. 8 El caso ante el Tribunal de Apelaciones, KLAN2013- 00299. 9 El recurso presentado ante este Tribunal está identificado de forma alfanumérica CC-2013-470. CT-2013-017 20
abogado por temeridad, por la cantidad de $10,000 a favor
de la parte peticionaria. Regla 44.1 de las de
Procedimiento Civil, supra.
VII
Por todo lo expuesto, se emite el auto de
certificación y resolvemos que los demandantes carecen de
legitimación activa para instar las demandas de epígrafe.
Por tanto, al amparo de la Regla 50 del Reglamento de este
Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-B, y sin ulterior
procedimiento se declaran Con Lugar las mociones de
desestimación presentadas en los casos de autos. Se impone
a los demandantes la suma de $10,000 en honorarios de
abogado por temeridad a favor de la peticionaria.
Notifíquese inmediatamente por teléfono, facsímil y
por la vía ordinaria.
Publíquese.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor
Hernández Denton, la Jueza Asociada señora Fiol Matta y la
Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitieron un Voto
Particular de No Intervención. La Jueza Asociada señora
Pabón Charneco no intervino. El Juez Asociado señor Rivera
García no interviene.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Arturo Nieves Huertas y Luis Rául Albaladejo
v. CT-2013-0017
Hon. Alejandro García Padilla, Gobernador de Puerto Rico; Hon. Luis Sánchez Betances, Secretario de Justicia de Puerto Rico; y Hon. Liza Fernández
Peticionaria en Certificación (Hon. Liza Fernández Rodríguez)
Hon. Edgardo Rivera García, Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico; Hon. Alejandro García Padilla, Gobernador de Puerto Rico; Hon. Luis Sánchez Betances, Secretario de Justicia; Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y Senado de Puerto Rico, Representado por su Presidente, Hon. Eduardo Bathia Gautier
Voto Particular de No Intervención del Juez Presidente señor Hernández Denton, la Jueza Asociada señora Fiol Matta y la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez.
Hoy, cuatro jueces de este Tribunal incurren en otro
ejercicio desmedido de poder al acceder a intervenir en CT-2013-017
una controversia a destiempo, disponer de esta de forma
atropellada y violar los principios de autolimitación
judicial. Con el pretexto de proteger la confianza del
pueblo en el sistema judicial, acaban burlando las
nociones más básicas de la justicia. Nos rehusamos a
formar parte de esta desafortunada actuación y, en esta
etapa procesal, emitir juicio alguno sobre los méritos de
la demanda presentada.
En este caso se cuestiona la validez de varios
nombramientos de funcionarios públicos, incluyendo el del
Juez Asociado de este Tribunal, señor Rivera García. Ello,
sin embargo, no debe impulsarnos a dejar a un lado la
prudencia y la cautela para disponer precipitadamente de
un caso recientemente incoado en el Tribunal Superior de
San Juan, sin que este haya tenido oportunidad de
dilucidar el mismo. Independientemente de los méritos de
la causa de acción, el proceso está en sus inicios; tan
solo se han presentado las demandas y unas mociones de
desestimación. Ni siquiera se ha emplazado a todos los
demandados.10 A pesar de esto, este Tribunal acoge la
petición de certificación y la resuelve inmediatamente sin
brindar oportunidad para que los demandantes se expresen y
10 Aunque el Juez Asociado señor Rivera García ya fue debidamente emplazado, la mayoría de los cerca de cien demandados aún no lo han sido. Incluso, la peticionaria, Hon. Liza Fernández Rodríguez, por no haber sido emplazada, se sometió voluntariamente a la jurisdicción de CT-2013-017
prescindiendo de los términos que normalmente aplican a la
consideración de los casos que se nos someten. 4 L.P.R.A.
Ap. XXI-B. Este proceder es otra manifestación del uso
abusivo del recurso de certificación por este Tribunal.
En este camino tan desatinado, se penaliza a los
demandantes severamente por plantear un reclamo
constitucional de alto interés público, sin permitirles
siquiera expresarse y en violación a su derecho a un
debido proceso de ley. Los cuatro jueces que ordenan y
resuelven la certificación, imponen a los demandantes el
pago de $10,000 en honorarios por temeridad sin mayor
análisis ni discusión de los factores que
jurisprudencialmente hemos establecido para determinar la
temeridad y la penalidad correspondiente en cada caso. La
supuesta conducta temeraria de los demandantes, su
gravedad y la proporcionalidad de la sanción se evaluaron
únicamente en función de los sujetos demandados. Sin duda,
esta acción puede tener un efecto inhibitorio al disuadir
a los ciudadanos de acudir en el futuro a los tribunales a
presentar sus reclamos.
Aunque concluye que los demandantes no tienen
legitimación activa para instar el pleito de epígrafe, el
Tribunal insiste en resolver el asunto en los méritos y
determinar que los nombramientos en cuestión son válidos.
_____________________ este Tribunal para poder presentar la petición de certificación. CT-2013-017
Sabemos que una vez se concluye la falta de legitimación
activa, lo único que procede es la desestimación de la
causa. En cambio, los jueces que en esta ocasión componen
el Tribunal resuelven los méritos de las demandas, en
contravención a las doctrinas de justiciabilidad y de
autolimitación judicial.
Siendo ello así, no habremos de avalar con nuestra
participación un curso de acción tan absurdo como
desafortunado.
Federico Hernández Denton Juez Presidente
Liana Fiol Matta Jueza Asociada
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Hon. Alejandro García Padilla, Gobernador de Puerto Rico, Hon. Luis Sánchez Betances, Secretario de Justicia de Puerto Rico, y Hon. Liza Fernández Rodríguez
Peticionaria en Certificación (Hon. Liza Fernández Rodríguez)
Peticionarios
CT-2013-0017 Arturo Nieves Huertas y Luis Raúl Albaladejo
Hon. Edgardo Rivera García, Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, Gobernador de Puerto Rico, Hon. Luis Sánchez Betances, Secretario de Justicia, Gobierno de Puerto Rico, y Senado de Puerto Rico presentado por su Presidente, Hon. Eduardo Bathia Gauthier
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 12 de diciembre de 2014. CT-2013-017
Atendida la Solicitud de Enmienda a Sentencia Nunc Pro Tunc, ha lugar. Como se pide.
Se enmienda la Sentencia Nunc Pro Tunc, a los únicos efectos de corregir la omisión de mencionar que la Asociación de Abogados compareció como Amicus Curiae.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera García, no interviene.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo
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