Nieves Huertas v. García Padilla

2013 TSPR 120

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Arturo Nieves Huertas y Luis Raúl Albaladejo

Recurridos

v.

Hon. Alejandro García Padilla, Gobernador de Puerto Rico; Hon. Luis Sánchez Betances, Secretario de Justicia de Puerto Rico; y Hon. Liza Fernández Rodríguez

Peticionaria en Certificación (Hon. Liza Certificación Fernández Rodríguez) 2013 TSPR 120 Arturo Nieves Huertas y Luis Raúl Albaladejo 189 DPR ____

Hon. Edgardo Rivera García, Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico; Hon. Alejandro García Padilla, Gobernador de Puerto Rico; Hon. Luis Sánchez Betances, Secretario de Justicia; Gobierno de Puerto Rico; y Senado de Puerto Rico, representado por su Presidente, Hon. Eduardo Bathia Gautier

Demandados

Número del Caso: CT-2013-17

Fecha: 25 de octubre de 2013

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Eliezer Aldarondo Ortiz Lcdo. Claudio Aliff Ortiz Lcda. Rosa Campo Silva Lcdo. Simone Cataldi Malpica Lcdo. Eliezer A. Aldarondo López CT-2013-0017 2

Abogado del Hon. Edgardo Rivera García:

Lcdo. Carlos Santiago Tavárez

Parte Recurrida:

Lcdo. Arturo Nieves Huertas Lcdo. Luis Raúl Albaladejo

Materia: Injuction Mandatorio, Preliminar y Permanente, Mandamus, Quo Warranto y Sentencia Declaratoria

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hon. Alejandro García Padilla, Gobernador de Puerto Rico; Hon. Luis Sánchez Betances, Secretario de Justicia de Puerto Rico; y Hon. Liza Fernández Rodríguez

Peticionaria en Certificación (Hon. Liza Fernández Rodríguez) ___________________________ Arturo Nieves Huertas y Luis Raúl Albaladejo

Recurridos CT-2013-0017

Hon. Edgardo Rivera García, Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico; Alejandro García Padilla, Gobernador de Puerto Rico; Hon. Luis Sánchez Betances, Secretario de Justicia; Gobierno de Puerto Rico; y Senado de Puerto Rico presentado por su Presidente, Hon. Eduardo Bathia Gauthier

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de octubre de 2013.

A la Moción de reconsideración presentada por los demandantes recurridos, no ha lugar.

Notifíquese a las partes por teléfono, fax y por la vía ordinaria. CT-2013-0017 2

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió un Voto particular de conformidad al que se unió el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió un Voto particular de conformidad. El Juez Presidente señor Hernández Denton, la Jueza Asociada señora Fiol Matta, la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez, la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez Asociado señor Rivera García no intervinieron.

Aida I. Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hon. Alejandro García Padilla, Gobernador de Puerto Rico; Hon. Luis Sánchez Betances, Secretario de Justicia de Puerto Rico; y Hon. Liza Fernández Rodríguez

Peticionaria en Certificación (Hon. Liza Fernández Rodríguez) ___________________________ Arturo Nieves Huertas y Luis Raúl Albaladejo

Hon. Edgardo Rivera García, Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico; Alejandro García Padilla, Gobernador de Puerto Rico; Hon. Luis Sánchez Betances, Secretario de Justicia; Gobierno de Puerto Rico; y Senado de Puerto Rico, representado por su Presidente, Hon. Eduardo Bathia Gauthier

Voto particular de conformidad emitido por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES al cual se unió el Juez Asociado señor FELIBERTI CINTRÓN

La Presidenta y el Primer Vicepresidente del Colegio de

Abogados se unieron a este pleito como abogados de los

demandantes. En su comparecencia, mencionaron expresamente

sus posiciones en la directiva del Colegio. Con esa CT-2013-0017 2

comparecencia a nombre de la institución, queda manifiesto

que el Colegio ignora y se niega a defender a los más de

cien abogados que ejercen como procuradores, fiscales y

jueces, y cuya legitimidad fue puesta en tela de juicio de

manera viciosa y temeraria por los demandantes, con

alegaciones frívolas. ¿Es que esos abogados no tienen

derecho a que se les defienda también? ¿Cómo se puede

pretender que este Tribunal cierre los ojos y permita que

los demandantes formen un espectáculo en el Tribunal de

Primera Instancia que ponga en tela de juicio la confianza

del pueblo en sus funcionarios e instituciones mediante

alegaciones carentes de fundamentos legales y se afecte así

el buen funcionamiento de la justicia? ¿Cómo se puede

afirmar con cara seria que no hay un interés público en

evitar eso? Ya que el Tribunal de Primera Instancia no lo

hizo oportunamente y ante las consecuencias graves que

presentaba este caso frívolo para la confianza del pueblo en

sus funcionarios e instituciones, ¿se puede afirmar sin ni

siquiera sonrojarse que era mejor que este Tribunal no

certificara para desestimar el caso? ¿Acaso alguien tiene

derecho a litigar un caso frívolo? ¿Por qué el Colegio asume

un rol activo contra más de cien abogados? ¿Se puede

contestar esta pregunta sin considerar que entre los

demandados está la Juez Superior, Hon. Liza Fernández

Rodríguez, quien cuando era legisladora presentó el proyecto

que hoy es la Ley Núm. 121-2009, mediante la cual se eliminó

la membresía obligatoria en el Colegio de Abogados?

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hon. Alejandro García Padilla, Gobernador de Puerto Rico; Hon. Luis Sánchez Betances, Secretario de Justicia de Puerto Rico; y Hon. Liza Fernández Rodríguez

Peticionaria en Certificación (Hon. Liza Fernández Rodríguez)

Arturo Nieves Huertas y Luis CT-2013-0017 Certificación Raúl Albaladejo

Hon. Edgardo Rivera García, Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico; Hon. Alejandro García Padilla, Gobernador de Puerto Rico; Hon. Luis Sánchez Betances, Secretario de Justicia; Gobierno de Puerto Rico; y Senado de Puerto Rico, representado por su Presidente, Hon. Eduardo Bathia Gautier

Voto Particular de Conformidad emitido por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ

San Juan, Puerto Rico, a 25 de octubre de 2013.

Nunca promoveré que la poderosa llave del acceso a la

justicia, que constantemente he defendido como Juez, se

torne en una herramienta de acceso a la injusticia contra CT-2013-0017 2

los servidores públicos, ya sean de esta Rama o de los

otros poderes del Gobierno de Puerto Rico.

La Moción de Reconsideración presentada ante este

Tribunal constituye el eslabón más reciente de una cadena

de eventos, perpetuados por dos letrados demandantes,

dirigidos a secuestrar la integridad, el honor y la

legitimidad de más de 100 funcionarios públicos,

relacionados con el sistema de justicia.

La presentación de recursos escudados o amparados en la

defensa de la Constitución de Puerto Rico es un asunto

serio. Si hay un litigante que le preocupa de forma teórica

una supuesta violación constitucional, mayor preocupación

debería causarle que sus acciones puedan menoscabar

precisamente la primera oración de la primera sección de

nuestra Carta de Derechos: “[l]a dignidad del ser humano es

inviolable”.

Invocar en el vacío la Constitución nunca será una

justificación para actuar con abuso del derecho y con

frivolidad. A ese ejercicio irracional del derecho, las

reglas procesales reconocen la imposición de una sanción de

naturaleza punitiva: los honorarios de abogado. Véase,

Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V,

R. 44.1.

La temeridad es un detente al ejercicio mal ejecutado

de la prerrogativa de ejercer un reclamo o defensa. Las

partes deben saber cuándo termina su legitimidad para

defender su postura y en qué momento se constituye un abuso

del proceso. La temeridad es una forma para disuadir a

quien tiene o debió tener constancia de su falta de CT-2013-0017 3

fundamentos para lograr su pretensión. Es el castigo que se

impone a aquél que litiga o se defiende sin razón.

El propósito de la imposición de honorarios de abogado

es, precisamente, penalizar a quien por su terquedad,

obstinación, contumacia e insistencia, en una actitud

desprovista de fundamentos, obliga a otra parte a asumir

molestias innecesarias, gastos, trabajos e inconveniencias

de un pleito. Fernández v. San Juan Cement. Co., Inc., 118

D.P.R. 713 (1987). Esa determinación sobre la conducta

temeraria descansa en la discreción del tribunal;

discreción que responde a una razonabilidad de

discernimiento judicial para llegar a una conclusión

justiciera sin abstraerse del Derecho. Bco. Popular de P.R.

v. Mun. de Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 657-658 (1997). Una

vez el tribunal concluye que una parte ha procedido con

temeridad, es mandatorio imponer los honorarios que

correspondan a tal conducta. P.R. Oil v. Dayco, 164 D.P.R.

486, 511 (2005); Corpak, Art Printing v. Ramallo Brothers,

125 D.P.R. 724, 738 (1990). Abdicar de esta función no

fortalece un sistema de justicia para todos y todas.

Dicho de otra manera, al imponer una suma de dinero por

concepto de honorarios de abogado, no puede ser factor

determinante para el tribunal la cantidad de dinero,

considerable o poca, en honorarios de abogado que

efectivamente hubiese gastado en el caso la parte

victoriosa; debe mantenerse presente que "... el grado o

intensidad de la conducta temeraria o frívola ...", en que

incurrió la parte perdidosa, es el criterio o factor

determinante y crítico a ser tomado en consideración por el CT-2013-0017 4

tribunal al determinar la cuantía de los honorarios de

abogado a imponerse a dicha parte. Corpak, Art Printing v.

Ramallo Brothers, supra, pág. 738.

En el presente caso, no estamos ante litigantes que

desconozcan el derecho y los procesos. Todo lo contrario.

De igual forma, los hechos acaecidos no pueden mantenerse

ante la sombra del manto invocado del acceso a vindicar un

derecho. Los honorarios están justificados.

En la demanda instada se cuestionaba la legitimidad del

nombramiento de jueces, fiscales y procuradores. A su vez,

se impugnaba la validez de sus actuaciones, determinaciones

y sentencias. En lo que atañe a la Hon. Liza M. Fernández

Rodríguez, un examen de los acontecimientos refleja que los

demandantes han cuestionado insistentemente su

nombramiento.1 Ciertamente, la intervención inmediata de

este Tribunal para atender el reclamo de los demandantes

era necesaria.

1 Estos mismos demandantes se opusieron a este nombramiento y acudieron a las correspondientes vistas. Además, presentaron un recurso civil (K PE2012-4117) en el que cuestionaron que la Hon. Liza M. Fernández Rodríguez no cumple con los requisitos necesarios para ocupar el cargo de juez, por no contar con los años de experiencia profesional para ello. Desde ese entonces, se cuestionó la legitimación activa de los demandantes. El Tribunal de Primera Instancia reconoció a los demandantes legitimación activa y procedió a desestimar la reclamación de éstos. De esa determinación, los demandantes acudieron al Tribunal de Apelaciones (KLAN201300299), que emitió Sentencia el 8 de mayo de 2013. En ésta, el foro intermedio, concluyó, entre otras, y como cuestión de umbral, que los demandantes carecían de legitimación activa, ya que “fallaron en demostrar la existencia de un daño claro, palpable, real, inmediato y preciso provocado por la designación y nombramiento en controversia”. Véase, Sentencia del 8 de mayo de 2013 del Tribunal de Apelaciones en el caso KLAN201300299, pág. 34. Estos acudieron ante este Tribunal en el recurso CC-2013-470 señalando varios planteamientos de error. Este recurso está pendiente ante la consideración de este Tribunal. CT-2013-0017 5

A meses de presentada la demanda, no se habían

diligenciado los emplazamientos correspondientes,2 y se

había solicitado un descubrimiento de prueba que culminó en

la emisión de órdenes protectoras. Ello, provocó que los

demandantes solicitaran la recusación del juez que presidía

los procedimientos. Dicho asunto fue referido a la Juez

Administradora, quien consideró que las alegaciones contra

el juez eran “infundadas”, por lo que denegó la recusación

solicitada.3 Los demandantes acudieron en revisión ante el

Tribunal de Apelaciones (KLCE201301030) en donde, a su vez,

solicitaron la paralización de los procedimientos. El foro

intermedio actuó, y mediante Sentencia del 23 de agosto de

2013 denegó la expedición del recurso instado.

Ante ello, continuaron los procedimientos en el foro de

instancia. Incluso, el Gobierno solicitó la desestimación

de la demanda presentada, entre otras razones, por falta de

legitimación activa de los demandantes. Así, el foro de

instancia ordenó a éstos presentar su postura al respecto.

Los demandantes solicitaron prórroga. No obstante, al

cumplir la orden presentaron un escueto escrito en el que

recogían sus argumentos previos para instar la demanda. De

esta forma, siguieron dilatando el reclamo que con tanta

urgencia solicitaban.

2 Sólo se había emplazado al Hon. Edgardo Rivera García, Juez Asociado de este Tribunal. 3 Se alegaba que el juez no era imparcial, ya que falló en contra de un cliente de uno de los peticionarios, luego que éste cuestionara la imparcialidad del juez y se remitiera el expediente al juez pareja. El juez nunca se inhibió de intervenir en ese caso, como sostuvieron los demandantes de epígrafe. CT-2013-0017 6

Al momento de certificar el recurso, y a pesar de la

necesidad de actuar inmediatamente para proteger la

integridad de los procesos judiciales, así como la

credibilidad de las determinaciones de los jueces

impugnados, el foro de instancia no atendió

prioritariamente esa controversia de umbral, en cuanto a la

legitimación activa. Por el contrario, vislumbraba

certificar el caso como uno de litigación compleja.

Mientras tanto, la legitimidad y determinaciones de los

funcionarios públicos aquí impugnados continuaban

cuestionadas y, más importante aún, la confianza de

nuestras instituciones ante el Pueblo.

Los demandados aguardaban, en silencio, el

emplazamiento ante las alegaciones y reclamos de los

demandantes. Mientras los jueces demandados ejecutaban la

dignidad del silencio, pasaban más de 100 días y la

inviolabilidad de su dignidad y la de la Rama Judicial cada

día se tornaba más lacerada.

Ante tal cuadro, y ante las estrategias de los

demandantes, la Hon. Liza Fernández Rodríguez se sometió a

la jurisdicción de este Tribunal y solicitó el recurso de

certificación. Por su parte, el Hon. Edgardo Rivera García,

Juez Asociado de este Tribunal, se unió a su reclamo. A su

vez, la Hon. Liza Fernández Rodríguez solicitó $20,000 en

honorarios por las actuaciones de los demandantes.

Tras un ponderado análisis del balance de intereses,

este Tribunal expidió la certificación y atendió el asunto

medular ante su consideración: la falta de legitimación

activa de los demandantes para instar su reclamo. CT-2013-0017 7

Concluimos que el reclamo en daños de los demandantes

no era específico, sino uno de naturaleza hipotética. No

existe una sola aseveración que sostenga la posibilidad de

daños específicos que no fuera el temor hipotético a la

nulidad de los dictámenes emitidos. Ello, a pesar de que

los demandantes, quienes son abogados, conocen la doctrina

de funcionario de facto. Véase, Fernández v. Corte, 71

D.P.R. 161 (1950).

Al imponer la cuantía de $10,000 en honorarios de

abogado, se hizo un balance adecuado. Consideramos la

naturaleza del litigio, las cuestiones de derecho, y la

intensidad de la conducta frívola desplegada por los

demandantes. El grado de intensidad y frivolidad de los

reclamos de los demandantes amerita la cuantía impuesta.

El acceso a la justicia no puede estar anclado ni

respaldado por la conducta impropia de quien reclama con

terquedad lo que sabe o debió saber que no le corresponde.

Ante estas realidades, reitero mi voto de conformidad

con la Sentencia emitida en el caso de autos. Por tanto, no

procede la reconsideración solicitada.

LUIS ESTRELLA MARTÍNEZ Juez Asociado