Nicolás Gautier Vega v. Héctor Joaquín Sánchez

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: October 13, 2020
• Docket: CC-2020-376
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Nicolás Gautier Vega, en su Capacidad Oficial como Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático y otros Certiorari Recurridos

v. 2020 TSPR 124

Héctor Joaquín Sánchez, en su 205 DPR _____ Capacidad Oficial como Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista

Peticionario

Número del Caso: CC-2020-376

Fecha: 13 de octubre de 2020

Tribunal de Apelaciones:

Panel IV

Abogado de la parte peticionaria, Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista:

Lcdo. Carlos F. Vera Muñoz

Abogados del Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático:

Lcdo. Jorge Martínez Luciano Lcdo. Emil Rodríguez Escudero Lcdo. Gerardo Cruz Maldonado

Abogados del Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones:

Lcdo. Jason Caraballo Oquendo Lcdo. Felix R. Passalaqua Rivera

Abogado del Comisionado Electoral Del Proyecto Dignidad:

Lcdo. Edwardo García Rexach

Abogado del Comisionado Electoral del Movimiento Victoria Ciudadana:

Lcdo. Olvin Ángel Valentín Rivera CC-2020-0376 2

Materia: Derecho Electoral: Es válido el Acuerdo suscrito por los Comisionados Electorales de los partidos políticos fundamentado en el mandato expreso de la Resolución Conjunta 37-2020 con el fin recalendarizar las solicitudes de recusaciones de los electores.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Nicolás Gautier Vega, en su Capacidad Oficial como Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático y otros

Recurridos

v. CC-2020-0376

Héctor Joaquín Sánchez, en su Capacidad Oficial como Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de octubre de 2020.

En el presente caso, un acuerdo unánime de los

Comisionados Electorales de los partidos políticos,

adoptado en cumplimiento de una normativa especial

ordenada por la Asamblea Legislativa por motivo de la

actual pandemia, fue dejado sin efecto por los foros a

quo. Tal determinación de los foros a quo, fundamentada

en una legislación aprobada con posterioridad a ese

acuerdo, afectó los derechos del elector, de los

propios partidos políticos y del interés público. Ante

tal escenario, existen consideraciones de debido

proceso de ley que no se pueden obviar, y que demandan

el mejor esfuerzo posible para intentar armonizar los

textos en controversia. CC-2020-0376 2

Como es de conocimiento general, la pandemia ocasionada

por la enfermedad del coronavirus (COVID-19) afectó el

calendario de los eventos electorales. El trámite de las

recusaciones no fue la excepción. Ante un asunto electoral

novel, estamos obligados a intervenir para determinar la

validez de un Acuerdo mediante el cual los Comisionados

Electorales de los partidos políticos inscritos en la

Comisión Estatal de Elecciones (CEE) acordaron,

específicamente y de manera unánime, que el período para

solicitar recusaciones de electores sería desde el 11 de

junio de 2020 hasta el 11 de julio de 2020 y no el 30 de

junio de 2020 como dispone el Art. 5.17 de la

Ley Núm. 58-2020, según enmendada, conocida como el Código

Electoral de Puerto Rico de 2020 (Código Electoral de 2020).

Ante el claro principio general de que una ley de carácter

especial sobre la materia prevalece sobre una de carácter

general, concluimos que la Resolución Conjunta 37, infra, es

una ley especial, que facultó a los comisionados electorales

a aprobar el referido acuerdo. Por lo tanto, el término para

la presentación de las recusaciones culminó el 11 de julio de

2020 y no el 30 de junio de 2020, como establece el Código

Electoral de 2020. Veamos.

I

El 11 de junio de 2020 los Comisionados Electorales de

todos los partidos políticos suscribieron el Calendario

electoral revisado-período de recusación de electores, CC-2020-0376 3

CEE-AC-20-150 (Acuerdo).1 Como mencionáramos, éste tuvo el

propósito de extender el período para la presentación de las

recusaciones hasta el 11 de julio de 2020. Como parte del

trámite, el Secretario de la CEE, emitió una certificación en

la que transcribió el Acuerdo y, en lo pertinente, la misma

dispone lo siguiente:

Discutido el asunto, se acuerda que el Secretario estará circulando el Calendario revisado para ser aprobado vía Referéndum. Se acuerda, además, que el período de recusaciones de electores será desde hoy, 11 de junio al 11 de julio de 2020.

Así las cosas, el 8 de julio de 2020 el Sr. Isaías

Medina Morales, Comisionado Electoral Alterno del Partido

Nuevo Progresista (PNP) del Precinto 8 del Municipio de

Cataño (Precinto 8) presentó 21 solicitudes de recusación. El

Presidente de la Comisión Local denegó la expedición de las

citaciones por edicto porque, según expuso, el Art. 5.17 del

Código Electoral de 2020, supra, dispone que el período para

presentar las solicitudes de recusaciones culminaba el

30 de junio de 2020. Inconforme, el Comisionado Electoral

Alterno del PNP del Precinto 8 apeló la decisión ante la CEE,

sin embargo, los Comisionados Electorales no llegaron a un

consenso. Por tal motivo, el entonces Presidente de la CEE,

Hon. Juan E. Dávila Rivera (Presidente de la CEE), atendió el

1 La Certificación del Calendario electoral revisado-período de recusación de electores, CEE-AC-20-150, suscrita por el secretario de la Comisión Estatal de Elecciones, Sr. Ángel L. Rosa Barios, puede ser consultada en el portal de la entidad: https://ww2.ceepur.org/sites/ComisionEE/es- pr/Secretaria/Acuerdos/Calendario%20electoral%20revisado%20- %20Recusaciones.pdf (última visita, 2 de octubre de 2020). CC-2020-0376 4

asunto y resolvió que el Comisionado Electoral Alterno del

PNP del Precinto 8 presentó oportunamente las solicitudes de

recusación. La Resolución de la CEE se fundamentó en que,

conforme a una interpretación integral del Art. 5.17 del

Código Electoral de 2020, supra, y la Sec. 2 de la Resolución

Conjunta 37-2020, la R. C. del S. 556 de 4 de junio de 2020,

7ma Ses. Ord. 18va Asam. Leg. (Resolución Conjunta 37), el

Acuerdo es válido y, por ende, el término para presentar

recusaciones vencía el 11 de julio de 2020 y no el 30 de

junio de 2020. Según esgrimió, las comisiones locales

descansaron en la determinación de la CEE para llevar a cabo

el proceso de recusaciones en este año electoral.2

Inconforme con la decisión, el entonces Comisionado

Electoral del Partido Popular Democrático (PPD) el Lcdo. Lind

O. Merle Feliciano, presentó una Petición de revisión

judicial ante el Tribunal de Primera Instancia. En esencia,

señaló que el Presidente de la CEE erró al concluir que se

pueden presentar solicitudes de recusaciones fuera de la

fecha dispuesta en el Art. 5.17 del ordenamiento jurídico

electoral. Esto es, luego de 30 de junio de 2020.

Por otro lado, el Presidente de la CEE presentó una

Moción en cumplimiento de orden y solicitando desestimación.

En la misma abundó que la Resolución Conjunta 37 se aprobó

para atender las complicaciones que afectaron el calendario

electoral a raíz del cierre del Gobierno el 16 de marzo de

2020 y mediante ésta se delegó a la CEE el poder para

posponer las distintas fechas de trámites electorales.

2 Resolución RS-20-142, Pág. 8. CC-2020-0376 5

Cónsono con esa autoridad, los Comisionados Electorales

aprobaron por unanimidad el Acuerdo para extender las

peticiones de recusaciones hasta el 11 de julio de 2020.

Además, argumentó que acorde con el entonces Art. 6.018

de la Ley Núm. 78-2011 conocida como el Código Electoral de

Puerto Rico para el Siglo XXI (Código Electoral para el

Siglo XXI) el plazo para culminar la presentación de

recusaciones, de todos modos, hubiese vencido el 30 de abril

del año electoral. A pesar de que la Resolución Conjunta 37

se aprobó durante la vigencia del Código Electoral para el

Siglo XXI, planteó que la Sec. 11 de aquélla establece que

“[p]ara fines de esta Resolución Conjunta, cualquier

referencia al Código Electoral significará el “Código

Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI”, Ley 78-2011,

según emendada, o cualquier ley que lo sustituya”. A su

juicio, cuando se aprobó el Código Electoral de 2020 el 20 de

junio de 2020 no se derogó expresamente la Resolución

Conjunta 37 y, para el nuevo ordenamiento jurídico electoral,

las solicitudes de recusaciones se supone que se hubiesen

presentado al 30 de abril del año de las Elecciones

Generales, al igual que el Código Electoral para el

Siglo XXI.

Así las cosas, el tribunal de primera instancia emitió

una Sentencia3 en la que revocó la Resolución de la CEE

fundamentado en que el Art. 5.17 del Código Electoral de

2020, supra, establece que la fecha en que termina el período

de recusación es el 30 de junio de 2020. En desacuerdo, el

3 Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 89-102. CC-2020-0376 6

Presidente de la CEE acudió ante el Tribunal de Apelaciones y

expuso que el foro de instancia erró al interpretar de forma

literal la interacción entre el Código Electoral de 2020 y la

Resolución Conjunta 37, provocando que su determinación

resultase en una injusticia que perjudica la pureza de los

procesos electorales. El 11 de septiembre de 2020 el foro

apelativo intermedio emitió una Sentencia en la que confirmó

al foro de instancia. En lo pertinente, el Tribunal de

Apelaciones expresó lo siguiente:

Vemos, en la Resolución Conjunta, no se fijó un nuevo término para las recusaciones, sino que, de forma generalizada, se delegó a la Comisión recalendarizar los asuntos que vencieran en el período específicamente mencionado dada la emergencia. En tal escenario, se justificaba el recalendarizar la fecha de las recusaciones, pues no existía otra disponible. Así pues, el 11 de junio de 2020 todos los comisionados acordaron por unanimidad ampliar el término hasta el 11 de julio de 2020. En ese entonces, esa era la fecha que regía dicho procedimiento al carecer de otra directriz al efecto. Esa parte del Acuerdo se mantuvo vigente hasta que entró en vigor, días después, la Ley Núm. 58-2020, que en su Artículo 5.1[7] dispuso que “para propósitos de las Elecciones Generales de 2020, el período de recusaciones culminará el 30 de junio de 2020.”[…]

Esta determinación es la última voluntad del Legislador, que prevalece sobre una Ley anterior o cualquier determinación administrativa de la Comisión. Al existir una nueva fecha para las recusaciones, el Acuerdo entre las partes perdió eficacia sobre este particular.

En fin, la interpretación dada por el TPI valida la letra clara [del Código Electoral de 2020], que entró en vigor CC-2020-0376 7

luego de emitida la Resolución Conjunta. Con ello, se estableció una fecha específica para las recusaciones, tornando inoperante los acuerdos que a esos fines arribó la Comisión. La nueva ley estableció un término respecto a recusaciones en este ciclo electoral de 2020, al establecerlo el 30 de junio de 2020. Ante el lenguaje claro e inequívoco [del Código Electoral de 2020], respecto a las fechas de las recusaciones, nada nos queda por armonizar. Todo lo que era contrario a ello, quedó sin efecto y derogado.4

Infructuosamente, el Sr. Héctor Joaquín Sánchez,

Comisionado Electoral del PNP, solicitó la reconsideración

del dictamen del foro apelativo intermedio, por ello recurrió

ante nos mediante una Petición de certiorari. En esencia, y

como cuestión de umbral, plantea la necesidad de que este

Tribunal interprete el Art. 5.17 del Código Electoral de

2020, supra y la Resolución Conjunta 37, porque los foros a

quo no consideraron las circunstancias extraordinarias que

requirieron la aprobación de ésta ni analizaron la intención

legislativa al aprobar ambas legislaciones. Ello pues, según

entiende, la interpretación realizada por los foros a quo

tuvo un resultado absurdo que afectó la pureza y la

transparencia del sufragio.

En síntesis, el Comisionado Electoral del PNP recalcó

los argumentos que el Presidente de la CEE expuso respecto a

la delegación de poderes a la CEE que emanan de la Resolución

Conjunta 37 para ajustar el calendario electoral, cuya

validez no se derogó con la aprobación posterior del Código

4 Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 122-123. CC-2020-0376 8

Electoral de 2020. Por lo tanto, debido a que la fecha de 30

de abril de 2020 para la presentación de las recusaciones no

varió con la aprobación del Código Electoral de 2020, este

procedimiento estaba dentro de los trámites vencederos que

dispuso la Sec. 2 de la Resolución Conjunta 37, supra, para

poder ampliar el término de las solicitudes de recusaciones

que se afectaron como consecuencia del cierre del Gobierno el

16 de marzo de 2020. Luego de que las partes expusieran sus

posiciones, estamos listos para resolver.

II

A. El mecanismo legislativo de la resolución conjunta

La Constitución de Puerto Rico dispone que “[s]e

determinará por ley los asuntos que puedan ser objeto de

consideración mediante resolución conjunta, pero toda

resolución conjunta seguirá el mismo trámite de un proyecto

de ley”.5 La Convención Constituyente discutió ampliamente las

diferencias prácticas entre una resolución conjunta y un

proyecto de ley.6 La posición imperante tras el debate habido

fue que la resolución conjunta se podría utilizar como un

mecanismo para legislar asuntos de naturaleza especial,

particular, específica y transitoria o sin consecuencias

ulteriores.7 Por lo tanto, la resolución conjunta es para un

5 Sec. 18 del Art. III, Const. ELA, LPRA Tomo 1, ed. 2016, pág. 413.

6 Véase, 2 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, 856-863 (1952).

7 Íd., pág. 862. CC-2020-0376 9

fin determinado en el tiempo y una vez éste se ha cumplido la

ley deja de existir.8

Conforme al mandato constitucional antes citado, la

Asamblea Legislativa aprobó la Ley para Determinar los

Asuntos que Deban Ser Objeto de Consideración por la

Asamblea Legislativa Mediante Resolución Conjunta.9 De esta

disposición surge que la resolución conjunta sería “[t]oda

legislación que haya de perder su fuerza al realizarse la

obra, o cumplirse la finalidad que persigue,[…] y [que] no

formará parte de los estatutos permanentes de Puerto Rico”.10

No obstante, esta disposición excluyó de este mecanismo

“aquellos casos en que la materia que deba considerarse

como resolución conjunta sea parte necesaria, aunque

incidental, de una materia principal que deba

considerarse mediante proyecto de ley”. Es decir, no puede

ser objeto de resolución conjunta materia para regular un

asunto general que deba ser establecido permanentemente en

una ley.

Esta sección es cónsona con la discusión que hubo en la

Convención Constituyente respecto a las diferencias prácticas

entre una resolución conjunta y un proyecto de ley. La

posición que imperó es que la resolución conjunta sería

utilizada como un mecanismo para legislar asuntos de

naturaleza especial, particular, específica y transitoria.

8 C.R.I.M. v. Méndez Torres, 174 DPR 216, 229 (2008).

9 Ley Núm. 2 de 4 de marzo de 1953, 2 LPRA secs. 200-201.

10 Sección 1, Ley Núm. 2 de 4 de marzo de 1953, 2 LPRA sec. 200. CC-2020-0376 10

Así, la única diferencia entre una ley y una resolución

conjunta estriba en que la última pierde su fuerza al

realizarse la obra o cumplirse la finalidad que persigue y

una ley tendrá fuerza permanente hasta tanto sea enmendada o

derogada. Por lo tanto, es incuestionable que, una vez

aprobadas, ambas tienen fuerza de ley y, en consecuencia,

obligan tanto a la ciudadanía como al Estado en su

cumplimiento. Esto es de tal relevancia que la Sec. 3 de la

Ley 2, supra, provee para que ninguna medida sea declarada

inválida por haberse aprobado mediante una resolución

conjunta en vez de una ley o a la inversa. Además, este

precepto responde al requisito constitucional de que la

resolución conjunta, contrario a una resolución concurrente,

cumpla con el mismo trámite de un proyecto de ley. En otras

palabras, una resolución conjunta es una ley aprobada con un

propósito especial o particular y con una vigencia limitada o

definida.

En resumen, y para recapitular, lo anterior refleja

que, tanto una ley como una resolución conjunta, atraviesan

por el mismo procedimiento de aprobación; una vez vigente,

y debido a que recogen el mandato legislativo por el cual

se crearon, contienen la misma fuerza; solamente la

Asamblea Legislativa puede enmendar o derogar lo dispuesto

mediante éstas; e implica que a través del mecanismo de la

resolución conjunta se pueda tramitar un asunto especial CC-2020-0376 11

dentro del carácter general de una ley que trate de una

materia específica.11

B. Resolución Conjunta 37 y Código Electoral de 2020

A raíz de la pandemia provocada por el COVID-19, se

cerraron las operaciones del Gobierno, incluyendo la CEE, a

partir del 15 de marzo de 2020. Debido a la continuación de

la situación de emergencia de salud pública, surgió entonces

la necesidad de aplazar la apertura de las operaciones

gubernamentales. En atención al cierre y al calendario

electoral, según le permitía el entonces vigente Art. 8.009

del Código Electoral para el Siglo XXI, la Legislatura

precisó aprobar la Resolución Conjunta 37, con el fin de

dilatar por 2 meses la celebración de las primarias.

Así, el propósito especial o particular de la Asamblea

Legislativa al aprobar la Resolución Conjunta 37 surge

claramente de su Exposición de Motivos:

La Asamblea Legislativa entiende que, debido al estado de emergencia de salud pública que enfrenta Puerto Rico en estos momentos, es imperativo tomar la decisión de posponer la celebración de las primarias de los partidos políticos, señalada para el domingo 7 de junio de 2020. Anticipando que la preparación para el evento primarista se ha atrasado por cerca de dos (2) meses, entendemos prudente posponer las primarias hasta el domingo, 9 de agosto de 2020. Además, mediante esta Resolución Conjunta, se proveen los mecanismos necesarios para poder llevar a cabo de manera segura, en cumplimiento con las nuevas normas de distanciamiento social requeridas a raíz

11 Santini Guadier v. CEE, 185 DPR 522, 536 (2012) (Sentencia). CC-2020-0376 12

de la pandemia y garantizando el derecho de cada ciudadano a ejercer el voto libre y voluntariamente.

Consecuentemente, en la Sec. 2 de la Resolución Conjunta

37, supra, la Asamblea Legislativa le delegó a la CEE el

poder para revisar y ajustar el calendario electoral. Como

parte de ese ajuste, la referida sección estableció lo

siguiente:

Cualquier otro trámite cuya fecha establecida en el calendario electoral que haya vencido durante el período comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y la fecha de la aprobación de esta Resolución Conjunta, será extendido por la Comisión en el calendario electoral revisado según las disposiciones de esta Sección.12

Por otro lado, la Sec. 11 de la Resolución Conjunta 37

dispone que “[p]ara fines de esta Resolución Conjunta,

cualquier referencia al Código Electoral significará el

“Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI”,

Ley 78-2011, según emendada, o cualquier ley que lo

sustituya”. La ley sustituta del “Código Electoral de Puerto

Rico para el Siglo XXI” vino a ser el Código Electoral de

2020 que entró en vigor inmediatamente después de su

aprobación el 20 de junio de 2020, y que derogó varias

disposiciones legales, incluyendo el propio Código Electoral

para el Siglo XXI. No obstante, el Código Electoral de 2020

no derogó la Resolución Conjunta 37, supra, por lo que en

12 Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 139-140. CC-2020-0376 13

virtud de la Sección 11 de esta última, ambas coexisten para

fines de la administración del calendario electoral.

C. Procedimiento de recusación y el derecho a un debido proceso de ley

En el ámbito electoral, la recusación se define como el

procedimiento para impugnar el estatus de un elector en el

Registro General de Electores (Registro).13 Una recusación

tiene dos propósitos: por un lado, procura anular una

petición de inscripción, excluir o inactivar a un elector del

Registro; y por el otro, la recusación es el acto de objetar

el voto de un elector durante la celebración de una

votación.14 Toda recusación deberá cumplir con los requisitos

en ley.15 El Art. 5.16 del Código Electoral 2020 establece

los fundamentos por los cuales un elector puede ser recusado,

entre los cuales se encuentra el domicilio del elector.16

13 Art. 2.3(94) de la Ley Núm. 58-2020, según enmendada, conocida como Código Electoral de Puerto Rico de 2020 (Código Electoral de 2020).

14 Art. 2.3(94) del Código Electoral de 2020, supra. Es menester señalar que la controversia ante nuestra consideración no se relaciona con la recusación de un voto que surge durante un evento comicial. Sin embargo, es preciso destacar que hemos considerado que ese tipo de recusación es un entredicho contra la validez de un voto y que al momento en que se suscita una recusación en un colegio de votación, tiene consecuencias de entronque constitucional pues se pierde la secretividad del voto que garantiza la Sec. II del Art. 2 de la Constitución de Puerto Rico. Sec. 4 del Art. VI Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 283. Véase PPD v. Admor. Gen. de Elecciones, 111 DPR 199, 227–28 (1981).

15 Art. 2.3(94) del Código Electoral de 2020, supra.

16Art. 5.16(1)(b) del Código Electoral de 2020, supra. Debemos aclarar que, a pesar de que la última oración del Art. 5.16(2) del Código Electoral de 2020 establece una excepción para la revisión judicial del trámite dirigido a la recusación por domicilio del elector, el Código Electoral de 2020 no estableció el referido proceso tal como disponía el Art. 5.005 del Código Electoral para el Siglo XXI. Así, en el presente caso y ante el vacío en la ley, los foros a quo correctamente determinaron que el Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones poseía autoridad apelativa para atender la apelación del Comisionado CC-2020-0376 14

Asimismo, el postulado enumera la información que debe

contener la solicitud y la motivación para promover la

causa de acción.17 Ahora bien, de salida es menester

establecer que la Comisión Estatal de Elecciones, como

guardián del interés público en los procesos electorales y

principal albacea del valor del voto de cada ciudadano, debe

observar, además de los requisitos contenidos en el

Art. 5.16, las garantías que emanan del debido proceso de

ley, tanto en la modalidad sustantiva como en la

procesal.18

En Granados v. Rodríguez Estrada V, 127 DPR 1, 35

(1990), indicamos que la recusación “goza de una naturaleza

cuasijudicial que reconoce al elector recusado todas las

garantías del debido proceso de ley”. De hecho, la manera en

que este trámite preeleccionario está delineado es “para

garantizar que un elector no pueda ser arbitrariamente

recusado por razón de cambio de domicilio”.19 Por ello, la

determinación que haga el ente electoral está

revestida de una presunción de regularidad y corrección al

Alterno del Partido Nuevo Progresista del Precinto 8 del Municipio de Cataño. Tal determinación es cónsona con que “[n]o podemos coartar el derecho de apelar de un ciudadano por razones que están totalmente fuera de su control”. Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 289, 306 (2016).

17Art. 5.16(2) del Código Electoral de 2020, supra. En vista de que la petición de recusación que atendemos se dirige a la que procura anular una petición de inscripción, excluir o inactivar a un elector del Registro, es decir la preeleccionaria, no abundaremos en otras implicaciones constitucionales que se afectan durante el proceso de recusación del voto que surge durante la celebración de un evento electoral.

18 PPD v. Admor. Gen. De Elecciones, 11 DPR 199, 210 (1981).

19 Granados v. Rodríguez Estrada V, 127 DPR 1, 34 (1990). CC-2020-0376 15

excluir a los electores conforme a las garantías establecidas

en el procedimiento de recusación dispuesto en las normas de

derecho electoral.20

Acorde con el Art. 5.16 del Código Electoral de 2020,

supra, la recusación se inicia con la presentación de la

solicitud juramentada en la Comisión Local del precinto que

le corresponda al elector. Una vez recibida, el Presidente de

la Comisión Local señalará una vista dentro de los 10 días

siguientes. Tanto el elector recusado como el recusador

deberán ser citados, también cualquier otra persona que las

partes soliciten que sea citada y, el día de la vista, el

Presidente de la Comisión Local oirá la prueba desfilada.

Según el diseño del proceso, serán notificados los

Comisionados Locales de los distintos partidos políticos y

los presidentes municipales de los comités políticos de los

distintos partidos políticos. Conforme a este postulado, la

validez de una solicitud de recusación está sujeta a un

acuerdo unánime de los miembros de la Comisión Local, o en su

ausencia, del Presidente de la Comisión Local, quien

determinará finalmente si ésta procede. Ello, por supuesto,

mediante prueba clara, robusta y convincente.21 De hecho, ésta

constituye la única ocasión en que el Presidente de la

Comisión Local intervendría en una recusación. De proceder la

recusación, el Presidente de la Comisión Local ordenará la

exclusión del elector en el Registro.

20 Íd.

21 Art. 5.4 y 5.7 del Código Electoral de 2020, supra. CC-2020-0376 16

Las garantías del derecho a un debido proceso de ley en

su vertiente procesal están plasmadas en el trámite en la

medida en que un ente imparcial preside la vista, el recusado

y el recusador tienen el derecho a ser oídos, a confrontar a

los testigos y a examinar la prueba presentada.22 Ante el

efecto de que una petición de inscripción de un elector quede

anulada o que éste sea excluido o inactivado del Registro, el

debido proceso de ley obliga a que la CEE lleve a cabo un

proceso que sea justo. Ciertamente, la consecuencia que

acarrea esta causa de acción no puede ser tomada

livianamente, pues constituye un ataque directo al derecho al

voto, patrimonio para quien cumpla con los requisitos en

ley.23 Esto recae sobre la garantía constitucional que

consagra la Sec. II del Art. 2 de la Constitución sobre el

derecho al voto, igual, libre, directo y secreto.24

Ahora bien, y más directamente relacionado con la

controversia que nos ocupa, la pregunta sería la siguiente:

¿cómo específicamente se pudieron haber afectado

negativamente los derechos de los electores, de los partidos

22 Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, supra.

23PPD v. Admor. Gen. De Elecciones, supra. Destacamos que el Art. 5.3 del Código Electoral de 2020, supra, establece los requisitos para ser elector en Puerto Rico de la manera siguiente: Será Elector de Puerto Rico todo ciudadano de Estados Unidos de América, domiciliado en Puerto Rico; que a la fecha de la votación haya cumplido los dieciocho (18) años de edad; esté debidamente calificado como activo con antelación a la misma conforme a esta Ley y sus reglamentos; y no se encuentre incapacitado mentalmente por sentencia de un Tribunal de justicia.

24 Art. II, Sec. 2, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 283. CC-2020-0376 17

políticos y del interés público, al dejarse sin efecto el

Acuerdo alcanzado legítimamente por los Comisionados? Veamos.

Es común que los comisionados electorales locales de los

partidos políticos presenten solicitudes de recusación y que

cada Comisionado Local de la colectividad o la franquicia

afectada defienda a los electores que pretenden recusar, ello

con el fin de procurar que éstos permanezcan en el Registro.25

La función de los integrantes de la Comisión Local de señalar

y corregir errores y omisiones en el Registro está

intrínsecamente relacionada al trámite indispensable de la

recusación, pues, en primer lugar, mediante este mecanismo se

protege la pureza del trámite electoral ya que salvaguarda el

proceso contra inscripciones fraudulentas.26

En ese sentido, y por ser representantes de los partidos

políticos, la referida obligación de los comisionados locales

permite canalizar el ejercicio de la voluntad electoral.27

Ahora bien, la importancia de asegurar que las personas que

consten inscritas en efecto residan en el lugar que

identificaron como su domicilio, también afecta -ya sea

positiva o negativamente- a cada candidato y, por ende, a los

partidos políticos que éstos representan. La omisión de la

recusación provoca que se diluya el voto de las personas con

derecho a votar en determinado precinto, distrito o pueblo,

25 Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, supra y Comisionado v. Presidenta, 166 DPR 513 (2005).

26Art. 4.4(2)(h) del Código Electoral de 2020, supra, P.S.P. v. Com. Estatal de Elecciones, 110 DPR 400, 437 (1980).

27 McClintock v. Rivera Schatz, 171 DPR 584, 597 (2007). CC-2020-0376 18

pues su voto como elector bona fide se ve obligado a competir

con el voto de aquel elector que no tiene derecho a votar en

ese precinto, distrito o pueblo. Así, por ejemplo, cuando en

una contienda por la alcaldía de un pueblo, veinte personas

que no tenían derecho a votar en ese pueblo votan por un

candidato en específico, diluyen o hacen inoficioso el voto

de veinte electores bona fide que votaron por el candidato

contrario y que, de haberse recusado a los primeros, le

hubieran dado veinte votos de ventaja a su candidato, y hasta

decidir la elección.

Por ello, cuando -como en este caso- no se le da paso a

una solicitud de recusación presentada oportunamente, se

quebranta el derecho del elector bona fide, de los candidatos

y del partido político que presentó tal solicitud, a ser

oídos por un ente imparcial y a presentar prueba contra la

persona a ser recusada. Violentándose el derecho del

candidato al puesto electivo y del partido político a

presentar prueba robusta de recusación que le permita limpiar

el registro electoral y, de esa forma, a ser elegido o

rechazado mediante el voto directo del elector que

verdaderamente esté domiciliado en el precinto

correspondiente. Como secuela, se afecta además el valor o la

efectividad del voto del elector bona fide. Todo esto, en

clara violación al debido proceso de ley.

En fin, no poder promover la recusación, repercute en la

pureza de la finalidad de los comicios y, por ende, en el CC-2020-0376 19

resultado final de la votación.28 Además, es claro que todo lo

anterior enmarca “un asunto de alto interés público pues

concierne la corrección de las listas electorales y de este

modo evitar un posible fraude”.29 Es decir, “[e]l interés del

estado en [la exigencia del domicilio electoral] se basa en

que debe prevenir el fraude y la votación múltiple; preservar

la integridad de la comunidad donde se celebra la elección y

excluir a los transeúntes; y que debe participar el

electorado directamente concernido y afectado por la

elección”.30

D. El principio de especialidad de la ley

Este Foro ha reiterado que, en la interpretación de

estatutos, es principio general el que una ley de carácter

general. Es decir, la ley especial debe prevalecer sobre

cualquier otro precepto que sea de carácter general. Dicho

principio proviene del Art. 12 del Código Civil, 31 LPRA

sec. 12, el cual establece que “[e]n las materias que se

rijan por leyes especiales, la deficiencia de éstas se

suplirá por las disposiciones de este título”.

A tenor con este principio básico está claramente

establecido que “[u]na ley general no deroga una especial, a

menos que tal derogación se consigne expresamente”. A su

vez, “[c]uando hay dos leyes o disposiciones, de las cuales

28 PPD v. Admor. Gen. de Elecciones, supra, pág. 236 esc. 28.

29 Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, supra, pág. 306.

30 PPD v. Admor. Gen. de Elecciones, supra, pág. 258. CC-2020-0376 20

una es especial y particular e incluye ciertamente la materia

en controversia, y la otra tan general que de subsistir sola

incluiría la misma materia, y vendría en conflicto con la ley

o disposición especial, debe entenderse que la especial

constituye una excepción a la ley o disposición general,

especialmente cuando la ley general y la especial son

contemporáneas, pues no se presume que la Asamblea

Legislativa intentó crear un conflicto”.31

En el caso de PSP, PPD, PIP v. Romero Barceló, 110 DPR

248 (1980), tuvimos la oportunidad de resolver sobre la

procedencia de un procedimiento especial de votación

estatuido en la Ley Núm. 3 de septiembre de 1980 (Ley Núm.

3). En particular y distinto a la Ley Electoral, la Ley Núm.

3 permitía el ejercicio al voto sin requerir la presentación

de la tarjeta de identificación electoral. Nótese que la Ley

Núm. 3 fue aprobada con el propósito de atender y remediar la

situación particular de que un gran número de electores

inscritos no tenían disponible la tarjeta electoral y,

consecuentemente, ello provocaría que éstos -a pesar de estar

inscritos- no pudieran ejercer su derecho al voto.

En lo pertinente, allí validamos la Ley Núm. 3 y

expresamos que “[l]a Ley Electoral, aunque de evidente

naturaleza especial constituye la legislación básica, de

carácter y aplicación general en todo lo concerniente a los

31 Ex parte Ramos, 53 DPR 374 (1938). (Énfasis suplido). CC-2020-0376 21

procesos electorales”. 32 (Énfasis suplido). Así, añadimos

que “no se trata sino de un irreconciliable conflicto entre

las disposiciones de una ley especial -la Ley Núm. 3- y una

de carácter general -la Ley Electoral-. En tal situación, las

disposiciones de la ley especial deben prevalecer.33 (Énfasis

suplido).

III

Como establecimos, es un principio básico de

hermenéutica que la ley especial sobre determinada materia

prevalecerá sobre un estatuto general, y en los asuntos

electorales no es la excepción.34 Aunque de ordinario las

resoluciones conjuntas se utilizan para asuntos

presupuestarios y fiscales,35 este mecanismo ha sido

utilizado para complementar los trámites electorales en

determinados comicios.36 Cónsono con lo anterior, es sabido

que las resoluciones conjuntas deben ser interpretadas

conforme a los mismos principios que rigen en materia de

interpretación de las leyes ordinarias porque, advertimos

que, su única diferencia es en cuanto a la temporalidad o

32PSP, PPD, PIP v. Romero Barceló, supra, pág.263, citando a Rivera de Vicenti v. Colón, 103 DPR 560, 561 (1975).

33 Íd.

34 PSP, PPD, PIP v. Romero Barceló, 110 DPR 248, 262 (1980).

35 Véanse, por ejemplo Aponte Hernández v. Riera, 175 DPR 256 (2009) (Sentencia) (Opinión de conformidad de la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez); Domínguez Castro v. ELA, 178 DPR 1 (2010).

36 Véanse, PPSP, PPD, PIP v. Romero Barceló, supra, P.S.P. v. Com. Estatal de Elecciones, 110 DPR 400, 420 (1980), Santini Guadier v. CEE, 185 DPR 522, 531 (2012) (Sentencia). CC-2020-0376 22

efecto limitado.37 Así pues, el principio general de

especialidad permea la controversia ante nuestra

consideración. Ciertamente, como ley especial, la fuerza

estatutaria que una Resolución Conjunta le imprima a una

legislación de carácter y aplicación general no está sujeta

al orden cronológico de su aprobación, sino a la intención

legislativa por la cual se creó.

En ese sentido, el Código Electoral de 2020 es

realmente una legislación básica, de carácter y aplicación

general en todo lo concerniente a los procesos

electorales.38 Como ya hemos establecido, aunque un código

electoral atiende los trámites y asuntos electorales nada

impide la aprobación de legislación que, a pesar de que no

enmiende el ordenamiento jurídico electoral, atienda

asuntos particulares o especiales concernientes a la

referida materia.39 En conclusión, al evaluar el Código

Electoral de 2020 y la Resolución Conjunta 37, ésta última

constituye la ley especial y el Código Electoral de 2020

opera como una ley de carácter más general que la primera.

Por lo tanto, no puede predominar el principio de orden

cronológico, sino el principio hermenéutico de ley especial

sobre la general. La Resolución Conjunta 37 como

legislación especial facultó a los Comisionados Electorales

para aprobar el Acuerdo al que llegaron, y éste está

37 Véase, Op. Sec. Just. Núm. 12 de 1988.

38 PSP, PPD, PIP v. Romero Barceló, supra, pág. 262. Véase, además, Santini Guadier v. CEE, 185 DPR 522, 531 (2012) (Sentencia).

39 PSP, PPD, PIP v. Romero Barceló, supra. CC-2020-0376 23

vigente para todos los asuntos que aplique y con todo

vigor, en estas elecciones de 2020.

Habiendo resuelto lo anterior, y ante los derechos

electorales envueltos en este caso, solo nos resta añadir lo

siguiente. Las determinaciones de los foros a quo

fallaron en discernir que este no era el típico caso en que

un acuerdo aparentemente chocaba con el texto previo de una

ley, sino todo lo contrario; una ley que aparentemente

chocaba con el texto previo de un acuerdo, adoptado en virtud

de la normativa especial que regula la controversia ante nos.

Ese acuerdo, para colmo, respondía al mandato expreso de la

Asamblea Legislativa. Como intimamos al inicio, tal

circunstancia debió llamar la atención de los foros a quo

ante la posible violación de derechos electorales envueltos,

y que indefectiblemente fueron soslayados con su

determinación. Como bien señaló el Presidente de la CEE, los

comisionados locales de los partidos ajustaron sus

calendarios de trabajo descansando en un Acuerdo

legítimamente aprobado.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto

de certiorari presentado y se revocan las Sentencias emitidas

por los foros a quo y resolvemos que el Acuerdo de los

Comisionados Electorales es válido, por lo que la fecha

límite para presentar las recusaciones era el 11 de julio de

2020 y no el 30 de junio de 2020. En consecuencia, CC-2020-0376 24

concluimos que el Comisionado Electoral Alterno del Partido

Cataño promovió oportunamente la causa de acción de

recusación.

Se dictará sentencia de conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Nicolás Gautier Vega, en su Capacidad Oficial como Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático y otros

Héctor Joaquín Sánchez, en su Capacidad Oficial como Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista

SENTENCIA

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de certiorari presentado y se revocan las Sentencias emitidas por los foros a quo y resolvemos que el Acuerdo de los Comisionados Electorales es válido, por lo que la fecha límite para presentar las recusaciones era el 11 de julio de 2020 y no el 30 de junio de 2020. En consecuencia, concluimos que el Comisionado Electoral Alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP) del Precinto 8 del Municipio de Cataño promovió oportunamente la causa de acción de recusación.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez disiente con opinión. El Juez Asociado señor Colón Pérez disiente con opinión a la cual se une la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez.

José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Nicolás Gautier Vega, en su Capacidad Oficial como Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático y otros CC-2020-0376 Certiorari

v.

Héctor Joaquín Sánchez, en su Capacidad Oficial como Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista

La Jueza Presidenta ORONOZ RODRIGUEZ emitió una Opinión disidente.

Una mayoría de este Tribunal decidió que una

determinación que tomaron cinco comisionados de la

Comisión Estatal de Elecciones (CEE) impera sobre una

legislación posterior que atendió específicamente el

mismo asunto para disponer algo distinto. A base de ese

raciocinio, una mayoría de esta Curia resuelve que el

término que la CEE estableció para presentar acciones de

recusaciones de electores en las elecciones generales del

año en curso -lo cual hizo al amparo de la facultad

general que le confirió una Resolución Conjunta-

prevalece sobre el término que el Código Electoral de

2020, infra, estableció posteriormente específicamente

para esos comicios. CC-2020-0376 2

El criterio mayoritario se fundamenta en que el

mandato expreso y específico que se legisló en el Código

Electoral de 2020, infra, no puede tener el efecto de

modificar la facultad que recién se le había otorgado a

la CEE en virtud de la Resolución Conjunta Núm. 37-2020,

infra. Esto, pues entiende que, debido a que el Código

Electoral de 2020, infra, no derogó expresamente la

resolución conjunta en controversia, lo que correspondía

era tratar, tanto la Resolución Conjunta Núm. 37-2020

como cada determinación que hiciera la CEE al amparo de

esta, como leyes especiales que prevalecen en su

totalidad sobre el Código Electoral de 2020, infra. No

estoy de acuerdo con ese análisis.

Contrario a lo que intima la Mayoría sobre el

carácter especial de la Resolución Conjunta Núm. 37-2020,

infra, en este caso la CEE actuó al amparo de una

facultad general que se le concedió para extender ciertas

fechas del calendario electoral relacionadas con los

comicios primaristas. En contraste, el Código Electoral

de 2020, infra, aprobado posteriormente, contiene un

mandato claro y expreso del legislador sobre la fecha

límite para presentar las recusaciones de electores

durante las elecciones generales de este año. Ante la

naturaleza expresa y específica de esa intención

legislativa posterior, esta prevalece sobre una de

carácter general que la contradiga. Toda vez que, a raíz

de la aprobación del Código Electoral de 2020, infra, el CC-2020-0376 3

acuerdo de la CEE entró en conflicto con lo que el

legislador plasmó de manera expresa y específica en el

Código Electoral de 2020, infra, esta perdió su carácter

vinculante. Como la Mayoría no reconoce lo anterior,

disiento.

El Art. 8.009 del Código Electoral para el Siglo

XXI, Ley Núm. 78-2011, ahora derogado (Código Electoral

anterior), establecía que la CEE debía celebrar los

comicios primaristas el primer domingo del mes de junio

del año en que se celebraran las elecciones generales. A

tenor de ello, la fecha para celebrar las primarias sería

el 7 de junio del 2020. Asimismo, el Art. 6.018 de ese

cuerpo normativo disponía que el periodo para promover

cualquier acción de recusación de electores sería entre

“el 15 de enero y el 30 de abril del año de las

Elecciones Generales”. Art. 6.018, Código Electoral para

el Siglo XXI, Ley Núm. 78-2011, derogado. Sin embargo,

ante el estado de emergencia que creó la propagación del

COVID-19, la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda

Vázquez Garced, puso en vigor —mediante la Orden

Ejecutiva OE-2020-0020 y sus enmiendas— una serie de

medidas preventivas que incluyeron el cierre total de las

operaciones gubernamentales. Aunque esas medidas se

flexibilizaron posteriormente, el calendario electoral

conducente al evento primarista sufrió dilaciones

significativas. Entre estas, la fecha límite para CC-2020-0376 4

presentar acciones de recusación de electores —

entiéndase, el 30 de abril de 2020— transcurrió sin que

se pudiera habilitar ese mecanismo que proveía el Código

Electoral anterior.

En vista de ello, el 4 de junio de 2020 la Asamblea

Legislativa aprobó la Resolución Conjunta Núm. 37-2020

sobre la R. C. del S. 556 (Resolución Conjunta 37-2020),

con vigencia inmediata después de su aprobación. En su

Exposición de Motivos se especificó que la situación de

emergencia incidía “directamente en el calendario

electoral previo a las primarias”. Exposición de Motivos,

Resolución Conjunta 37-2020, supra. Adicionalmente, se

indicó que, “debido a la suspensión de las labores en la

Comisión Estatal de Elecciones, no se han podido poner en

marcha los preparativos que anteceden dicho evento

electoral”. Íd. Sobre el propósito específico de la

Resolución Conjunta 37-2020, el legislador expresó:

La Asamblea Legislativa entiende que, debido al estado de emergencia de salud pública que enfrenta Puerto Rico en estos momentos, es imperativo tomar la decisión de posponer la celebración de las primarias de los partidos políticos, señalada para el domingo 7 de junio de 2020. Anticipando que la preparación para el evento primarista se ha atrasado por cerca de dos (2) meses, entendemos prudente posponer las primarias hasta el domingo, 9 de agosto de 2020. Además, mediante esta Resolución Conjunta, se proveen los mecanismos necesarios para poder llevar a cabo de manera segura, en cumplimiento con las nuevas normas de distanciamiento social requeridas a raíz de la pandemia y garantizando el derecho de cada ciudadano a ejercer el voto libre y voluntariamente. Íd. CC-2020-0376 5

Además de posponer la fecha del evento primarista,

la Resolución Conjunta 37-2020 dispuso que la CEE

“revisará y ajustará el calendario electoral para las

primarias, con el fin de que se ajuste a la fecha

dispuesta en esta Resolución Conjunta para la celebración

de la primaria”. Sec. 2, Resolución Conjunta 37-2020,

supra. En esa misma sección, al final de una lista de

ocho trámites específicos para los cuales se impuso una

fecha límite cierta y específica, la Asamblea Legislativa

dispuso:

Cualquier otro trámite cuya fecha establecida en el calendario electoral que haya vencido durante el periodo comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y la fecha de la aprobación de esta Resolución Conjunta, será extendido por la Comisión en el calendario electoral revisado según las disposiciones de esta Sección. Íd.

Se dispuso además que, para fines de la Resolución

Conjunta 37-2020, supra, “cualquier referencia al Código

Electoral significará el ‘Código Electoral de Puerto Rico

para el Siglo XXI’, Ley 78-2011, según enmendada, o

cualquier ley análoga que lo sustituya”. Sec. 11,

Resolución Conjunta 37-2020, supra.

Ahora bien, al amparo del Código Electoral anterior,

el término para presentar las acciones por recusaciones

por domicilio vencía el 30 de abril del año eleccionario.

Lo anterior para efectos tanto de las primarias como de

las elecciones generales. Sobre las recusaciones, la

Resolución Conjunta 37-2020, supra, dispuso únicamente CC-2020-0376 6

que la CEE tenía hasta el 15 de julio de 2020 para

publicar los nombres de las personas recusadas. Sec.

2(8), Resolución Conjunta 37-2020, supra. No se incluyó

disposición alguna sobre el nuevo periodo para presentar

recusaciones. En virtud de ese silencio legislativo, y al

amparo de la facultad que le delegó la Asamblea

Legislativa mediante la Resolución Conjunta 37-2020,

supra, el 11 de junio de 2020 la CEE aprobó unánimemente

el Acuerdo de Comisión CEE-AC-20-150 (Acuerdo). En este

último, se estableció que el término para presentar las

recusaciones sería desde el 11 de junio hasta el 11 de

julio de 2020.

No obstante, el 20 de junio de 2020, la Asamblea

Legislativa aprobó el Código Electoral de Puerto Rico de

2020, Ley Núm. 58-2020 (Código Electoral de 2020), con

vigencia inmediata desde su aprobación. Allí se

especificó en el Art. 4.5 que las “recusaciones contra

Electores solo se presentarán, procesarán, evaluarán y

adjudicarán siguiendo rigurosamente las reglas y los

procedimientos dispuestos en los Artículos 5.16, 5.17 y

5.18 de [esa] Ley”. Art. 4.5, Código Electoral, supra. En

lo pertinente, el Art. 5.17 dispuso:

Cualquier Elector del precinto correspondiente al recusado podrá promover cualquier acción de recusación por los mismos fundamentos del Artículo 5.16 de esta Ley dentro de un periodo de tres (3) meses y quince (15) días comprendidos entre el 15 de enero y el 30 de abril del año de las Elecciones Generales. Disponiéndose que, para propósitos de las Elecciones Generales de 2020, el periodo de CC-2020-0376 7

recusaciones culminará el 30 de junio de 2020. Art. 5.17, Código Electoral, supra. (Énfasis suplido).

En concordancia con la Resolución Conjunta 37-2020,

supra, la facultad que se le otorgó a la CEE para ajustar

el calendario electoral se limitaba a lo dispuesto allí y

para los propósitos exclusivos que se delegaron allí; es

decir, para los preparativos de los comicios primaristas.

De ninguna forma se le otorgó a la CEE la autoridad para

tomar determinaciones en asuntos electorales ajenos a las

facultades que le delegó la Asamblea Legislativa al

aprobar la Resolución Conjunta 37-2020, supra, y el

Código Electoral anterior, que era el vigente en ese

momento. En atención a ello, aun cuando el legislador le

delegó a la CEE la facultad para extender ciertas fechas

del calendario electoral para la celebración de las

primarias, esa facultad no podía tener el efecto de

abrogar las prerrogativas inherentes del legislador que

posee por virtud del principio de separación de poderes

que consagra nuestra Constitución. En conformidad con

estas, el legislador tiene el poder inherente de legislar

para eliminar o modificar, de forma expresa o tácita, las

facultades que le concedió a una agencia.

El Acuerdo de Comisión CEE-AC-20-150 que se hizo al

amparo de la Sección 2 de la Resolución Conjunta 37-2020,

supra, imperaba en tanto y en cuanto la Asamblea

Legislativa no aprobara legislación posterior que fuera CC-2020-0376 8

contraria a lo que allí se acordó. Ciertamente, la CEE

actuó conforme a la facultad que se le delegó cuando el

11 de junio de 2020 estableció un nuevo término en el que

se presentarían las recusaciones. Podía hacerlo pues: (1)

el término final original que constaba en el Código

Electoral anterior, supra, había vencido el 30 de abril

de 2020, y (2) en la Resolución Conjunta 37-2020, supra,

no se estableció un término para ello. Como vimos, esa

Resolución Conjunta 37-2020, supra, le permitía a la CEE

extender ese término pues fue uno de los que venció

durante el tiempo que expuso en su Sección 2. No

obstante, una vez el legislador dispuso en una ley

posterior —entiéndase el Código Electoral de 2020, supra—

que, para propósitos de las elecciones generales de 2020,

el periodo de recusaciones culminaría el 30 de junio de

2020, este ejerció la facultad inherente a su cargo para

establecer una fecha cierta. Véase Art. 5.17, Código

Electoral de 2020, supra. Distinto al acuerdo que la CEE

otorgó, esa actuación constituyó la intención legislativa

específica más reciente sobre el particular.

Contrario al criterio mayoritario, en este caso el

legislador, al establecer un término cierto para las

recusaciones luego de aprobar la Resolución Conjunta 37-

2020, supra, modificó un asunto inherente a su

prerrogativa legislativa. Al hacerlo así, era imposible

que, desde ese momento, imperara la vigencia de un

acuerdo que estaba en clara contravención con la CC-2020-0376 9

intención expresa del legislador. Máxime cuando el Código

Electoral de 2020, supra, se firmó dieciséis días después

de aprobarse la Resolución Conjunta 37-2020, supra, y

nueve días después de aprobarse el Acuerdo que otorgó la

CEE. Intimar lo contrario es concluir que la fecha cierta

del 30 de junio de 2020 que instituyó el legislador como

término límite para presentar las recusaciones —

específicamente para las elecciones generales del 2020—

se incluyó sin propósito alguno. Esa interpretación es

absurda.

Maite D. Oronoz Rodríguez Jueza Presidenta EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Nicolás Gautier Vega en su Capacidad Oficial como Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático y otros CC-2020-0376 Certiorari Recurridos v. Héctor Joaquín Sánchez en su Capacidad Oficial como Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista Peticionario

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ a la que se une la Juez Asociada señora RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.

En San Juan, Puerto Rico a 13 de octubre de 2020.

En el día de hoy, -- en un verdadero acto de

malabarismo jurídico -- una mayoría de los miembros de

este Tribunal invierte el orden de jerarquía de las

fuentes del Derecho que tradicionalmente ha imperado

en nuestro ordenamiento jurídico, para -- por encima

de la ley -- conferirle primacía a determinado Acuerdo

otorgado por la Comisión Estatal de Elecciones y los

Comisionados Electorales de los distintos partidos

políticos. Dicho orden jerárquico -–

históricamente -- ha sido piedra angular en el

quehacer jurídico, por lo cual, la decisión que emiten

mis compañeros y compañeras de estrado no solo es

insostenible en derecho, sino que quebranta los CC-2020-0376 2

preceptos más básicos de las reglas de interpretación

jurídica que guían nuestro oficio.

Así las cosas, con su proceder, y a pedidos del

Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista, señor

Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, la mayoría de los miembros de

esta Curia permite que la Comisión Estatal de Elecciones --

una vez más -- opere al margen de la ley; esta vez dando paso

a la presentación de un sinnúmero de solicitudes de

recusación por domicilio que, en el Municipio de Cataño, se

presentaron fuera del término contemplado para ello por el

Código Electoral de 2020, infra. Lo anterior, pasando por

alto lo correctamente decidido por el Juez que preside la

Comisión Local de Elecciones en el referido Municipio, por el

Tribunal de Primera Instancia y por el Tribunal de

Apelaciones.

En momentos en que nuestro País -- lastimado por la

celebración de un evento primarista altamente accidentado --

exige la mayor pureza posible en los procesos eleccionarios

que se avecinan, invitaciones como las que hoy nos hace el

Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista son

contrarias a los más elementales principios

constitucionales, legales y reglamentarios que custodian el

derecho al voto de todos los puertorriqueños y

puertorriqueñas, sobre los cuales se erige nuestro sistema

democrático de gobierno. De ahí, la obligación de disentir

una vez más. Veamos. CC-2020-0376 3

I.

Allá para el 4 de junio de 2020 -- y con anterioridad a

la aprobación del actual Código Electoral de 2020, infra, el

20 de junio de ese año -- la Asamblea Legislativa aprobó la

Resolución Conjunta 37-2020, R. C. del S. 556 de 4 de junio

de 2020 (en adelante, “Resolución Conjunta Núm. 37-2020”),

con vigencia inmediata, a los fines de posponer la fecha para

realizar los eventos primaristas en el País, que se debían

celebrar en el verano de 2020, y cuyos preparativos se habían

atrasado debido a la pandemia del COVID-19. A esos fines, la

referida Resolución Conjunta estableció el 9 de agosto de

2020 como el día en el que se llevaría a cabo el mencionado

evento electoral.

Asimismo, en su sección 2, la Resolución Conjunta objeto

de estudio, facultó a la Comisión Estatal de Elecciones a

revisar y ajustar el calendario electoral para el mencionado

evento. En lo pertinente, se dispuso que “[c]ualquier otro

trámite cuya fecha establecida en el calendario electoral,

que haya vencido durante el periodo comprendido entre el 16

de marzo de 2020 y la fecha de aprobación de esta Resolución

Conjunta, será extendido por la Comisión en el calendario

electoral revisado según las disposiciones de esta Sección”.

Resolución Conjunta Núm. 37-2020.

Conforme a la anterior facultad, el 11 de junio de 2020

el entonces presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, CC-2020-0376 4

Lcdo. Juan Ernesto Dávila Rivera, y los Comisionados

Electorales de los distintos partidos aprobaron, de forma

unánime, el Acuerdo CEE-AC-20-150. Allí, se determinó que el

periodo de recusaciones transcurriría desde el 11 de junio

hasta el 11 de julio de 2020.40

Así las cosas, el 8 de julio de 2020 el Comisionado

Local Alterno del Partido Nuevo Progresista (en adelante,

“PNP”), señor Isaías Medina Morales (en adelante, “señor

Medina Morales”) presentó un sinnúmero de solicitudes de

recusación por domicilio ante la Comisión Local del Precinto

008 en el Municipio de Cataño. Enterado de lo anterior, el

Comisionado Local del Partido Popular Democrático (en

adelante, “PPD”) presentó una moción de desestimación en la

que sostuvo que el término para presentar recusaciones había

vencido, pues ya estaba en vigor el actual Código Electoral

de 2020, infra, el cual instituyó el 30 de junio de 2020 como

la fecha límite para culminar el referido proceso.

Evaluados los argumentos de ambos Comisionados

Electorales Locales, el Presidente de la Comisión Local de

Elecciones, Hon. Rafael J. Parés Quiñones, denegó expedir las

citaciones por edicto para las recusaciones por domicilio

presentadas por el señor Medina Morales. Para fundamentar su

decisión, razonó que, conforme a lo dispuesto en el Art. 5.17

40Conforme a lo dispuesto en el Art. 6.018 de la ahora derogada Ley Núm. 78 de 1 de junio de 2011, conocida como Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XX, 16 LPRA secc. 4001, cualquier acción en solicitud de recusación de electores o electoras se llevaría a cabo entre el 15 de enero y el 30 de abril del 2020. CC-2020-0376 5

del Código Electoral de 2020, infra, el periodo para

presentar solicitudes de recusaciones había culminado el 30

de junio de 2020.

Insatisfecho con la anterior determinación, el señor

Medina Morales -- en su capacidad oficial como Comisionado

Local Alterno del PNP -- presentó un recurso de apelación

ante la Comisión Estatal de Elecciones, el cual fue atendido

el 23 de julio de 2020 en la reunión de pleno de dicha

Comisión. Ante la falta de unanimidad por parte de los

Comisionados Electorales, el entonces presidente de la

referida agencia gubernamental, Lcdo. Juan Ernesto Dávila

Rivera, emitió una Resolución en la que sostuvo que la fecha

límite para presentar recusaciones por domicilio lo era el 11

de julio de 2020, ello conforme al Acuerdo CEE-AC-20-150.

Véase, In re: Apelación Cataño 08 Sobre Recusaciones por

Domicilio, CEE-RS-20-142.

En desacuerdo con lo dictaminado, el 31 de julio de

2020, y al amparo del Art. 13.2 del Código Electoral de 2020,

infra, el entonces Comisionado Electoral del PPD, Lcdo. Lind

O. Merle Feliciano, presentó un recurso de revisión judicial

ante el Tribunal de Primera Instancia. Dicho foro, por voz

del Hon. Anthony Cuevas Ramos, dictó una Sentencia en la que

-- por entender que el periodo de recusaciones culminó el 30

de junio de 2020 -- revocó, en parte, la Resolución de la

Comisión Estatal de Elecciones. Ahora bien, confirmó parte de

la Resolución de la mencionada agencia gubernamental, tras CC-2020-0376 6

razonar que ésta sí poseía jurisdicción para atender la

apelación de la determinación de la Comisión Local.

Inconforme con dicho proceder, el entonces presidente de

la Comisión Estatal de Elecciones, Lcdo. Juan Ernesto Dávila

Rivera, acudió ante el Tribunal de Apelaciones. Una vez

examinados los planteamientos de éste, el foro apelativo

intermedio (en un panel compuesto por los jueces Colom

García, Ramos Torres y Soroeta Kodesh) confirmó la

determinación del Tribunal de Primera Instancia. Ello, por

entender que el Acuerdo aquí en controversia se mantuvo

vigente hasta que entró en vigor el Código Electoral de 2020,

infra. Lo anterior, pues, en la referida disposición legal,

el Legislador -- de forma clara e inequívoca -- estableció un

nuevo término para las recusaciones de este año eleccionario,

entiéndase el 30 de junio de 2020.

Aún insatisfecho, el Comisionado Electoral del PNP, el

señor Héctor Joaquín Sánchez Álvarez (en adelante, “señor

Sánchez Álvarez”) acude ante nos mediante petición de

certiorari. En su recurso, arguye que la aprobación del

Código Electoral de 2020, infra, no derogó la Resolución

Conjunta Núm. 37-2020 que dio paso al Acuerdo otorgado por la

Comisión y los Comisionados Electorales, pues el Legislador

no lo dispuso expresamente, por lo que las recusaciones

fueron presentadas a tiempo. De igual modo, sostiene que

invalidar la Resolución Conjunta y el Acuerdo tendría el

efecto de anular la fecha de las primarias ya celebradas, del CC-2020-0376 7

voto adelantando y del voto ausente, que fueron contempladas

en la mencionada pieza legislativa. A dicha solicitud, el

Comisionado del PPD, Lcdo. Nicolás Gautier Vega (en adelante,

“licenciado Gautier Vega”), se opuso.

En su alegato, el licenciado Gautier Vega, argumenta que

la Asamblea Legislativa conocía sobre el alcance de la

Resolución Conjunta Núm. 37-2020 y el Acuerdo CEE-AC-20-150 y

aun así optaron por cambiar el estado de derecho al aprobar

el nuevo Código Electoral de 2020, infra. Además, sostiene

que no se trata de una contradicción entre la Resolución

Conjunta -- la cual no dispuso una fecha específica para el

periodo de recusaciones -- y el Art. 5.17 del Código

Electoral de 2020, infra, sino entre este último y el Acuerdo

otorgado por los Comisionados Electorales de los partidos

políticos.

Posteriormente, el ahora presidente de la Comisión

Estatal de Elecciones, Hon. Francisco Rosado Colomer,

comparece ante este foro y plantea que el propósito por el

cual se adoptó la discutida Resolución aún no se ha cumplido,

ya que continuamos en medio de la emergencia ocasionada por

la pandemia, por lo que no procede que la invalidemos.

Asimismo, expresa que por estar en juego el derecho al voto y

la pureza de los eventos electorales, este Tribunal debe

establecer límites apropiados a la potestad de legislar para

cambiar trámites electorales una vez hayan comenzado. CC-2020-0376 8

Trabada así la controversia, y con el beneficio de la

comparecencia de todas las partes con interés en el litigio,

procedemos a exponer la normativa aplicable a la misma.

II.

A.

El Art. II, Sec. 2, de la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico consagra el derecho al voto, para

toda persona domiciliada en el País, como uno de los valores

constitucionales de más alta jerarquía. Ello, al disponer que

las leyes adoptadas por la Asamblea Legislativa “garantizarán

la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio

universal, igual, directo y secreto, y protegerán al

ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la

prerrogativa electoral”. CONST. ELA art. II, § 2, LPRA, Tomo

1.

En ese sentido, los legisladores y legisladoras -- al

igual que todos los funcionarios y funcionarias que tengan a

su cargo la dirección y organización de los eventos

electorales que se celebren en Puerto Rico -- tienen una

responsabilidad constitucional doble. Aponte Rosario et al.

v. Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, MD-2020-

002 cos. MD-2020-005, 2020 TSPR ___ (Colón Pérez, opinión

disidente). Por una parte, éstos tienen que abstenerse de

interferir con el ejercicio del sufragio universal, igual,

directo y secreto y, de otro lado, tienen el deber afirmativo

de proteger a los ciudadanos y ciudadanas contra toda CC-2020-0376 9

coacción en el ejercicio de tal derecho. PPD v. Gobernador I,

139 DPR 643, 670 (1995). Véase, también, Sánchez y Colon v.

ELA I, 134 DPR 445, 448-49 (1993). Lo anterior, ya que, por

ser el derecho al voto el pilar en el cual se cimenta nuestro

sistema democrático, “es nuestra obligación hacerlo observar

y respetar”. PPD v. Admor. Gen. de Elecciones, 111 DPR 199,

221 (1981).

De otra parte, el Art. VI, Sec. 4, de nuestra Carta

Magna establece que se dispondrá por ley lo relativo al

proceso electoral y de inscripción de electores, al igual que

lo concerniente a los partidos políticos y candidaturas.

CONST. ELA art. VI, § 4, LPRA, Tomo 1. A tono con lo

anterior, “[l]a Asamblea Legislativa tiene la facultad y la

obligación de aprobar aquella reglamentación que, sin

obstaculizar innecesariamente el derecho al voto en todas sus

dimensiones, propenda a la realización de un proceso

electoral justo, ordenado, libre de fraude, honesto e

íntegro”. P.A.C. v. ELA, 150 DPR 359 (2000); P.S.P., P.P.D.,

P.I.P. v. Romero Barceló, 110 DPR 248 (1980); P.S.P. v. Com.

Estatal de Elecciones, 110 DPR 400 (1980); P.N.P. v. Tribunal

Electoral, 104 DPR 741 (1976).

Así pues, históricamente se han adoptado varios

mecanismos para cumplir con la antes mencionada obligación,

entre ellos el procedimiento de recusación. A través de dicho

procedimiento, se permite impugnar el estado de un elector o

electora en el Registro General de Electores con el propósito CC-2020-0376 10

de anular una petición de inscripción o, excluir o inactivar

a éste o ésta del mencionado Registro. Art. 2.3 del Código

Electoral de 2020, 2020 LPR 58. Asimismo, mediante la

recusación se puede objetar el voto de un elector o electora

en una elección cuando hubiere motivos fundados para creer

que la persona que se presenta a votar lo hace ilegalmente.

Íd.

Ahora bien, bajo dicho proceso solo se presentarán,

evaluarán y adjudicarán solicitudes de recusación siguiendo

rigurosamente las reglas y procedimientos dispuestos en los

Arts. 5.16, 5.17 y 5.18 del referido cuerpo de ley. Art. 4.5,

Código Electoral de 2020, supra. Sobre el particular, el

inciso (1) del Art. 5.16, supra, esboza los fundamentos para

dichas solicitudes. En lo pertinente al caso que nos ocupa,

la precitada disposición contempla que podrán presentarse

recusaciones ante la Comisión Local del precinto donde figura

la inscripción del elector o electoral si éste o ésta “[n]o

está domiciliado en la dirección descrita en su solicitud a

la fecha de inscripción o en el momento de la recusación”.41

En esa dirección, este Tribunal ha expresado que la

recusación constituye un entredicho contra la validez del

voto pues, si bien no lo anula inmediatamente se presente la

solicitud, su propósito es precisamente ese. PPD v. Admor.

41Para una discusión abarcadora sobre el procedimiento de las recusaciones por domicilios, a la luz del Código Electoral anterior, véase Ríos Martínez, Com. Alt PNP v. CLE, 196 DPR 289, (2016) (Colón Pérez, opinión disidente). CC-2020-0376 11

Gen. de Elecciones, 111 DPR 199, 207 (1981). Cónsono con

ello, existen varios criterios que deben aplicarse al

analizar la procedencia del mecanismo de las recusaciones,

tales como la presunción de la validez del voto emitido, así

como que toda recusación cumplirá estrictamente con los

requisitos que imponga la ley. PPD v. Admor. Gen. de

Elecciones, supra. Véase también, PPD v. Comisión Local, 174

DPR 940 (2008) (Rodríguez Rodríguez, opinión disidente).

Estos criterios deben estar “[e]nmarcados en el principio de

que el derecho al voto es la más preciada de las

prerrogativas del pueblo, porque es a través del voto que el

pueblo ejerce su poder soberano y expresa su voluntad”. PPD

v. Admor. Gen. de Elecciones, supra, pág. 207. Véase, además,

Ramírez de Ferrer v. Mari Brás, 144 DPR 141 (1997).

En cuanto a ello, debido a lo irregular que ha sido este

año eleccionario y el atraso que sufrieron los eventos

primaristas del verano de 2020, el Art. 5.17 del Código

Electoral de 2020, supra, contempla dos fechas distintas para

culminar el periodo de recusaciones. Al respecto, el

mencionado cuerpo legal establece que:

Cualquier elector del precinto correspondiente al recusado podrá promover cualquier acción de recusación por los mismos fundamentos del Artículo 5.16 de esta Ley dentro de un período de tres (3) meses y quince (15) días comprendidos entre el 15 de enero y el 30 de abril del año de las Elecciones Generales. Disponiéndose que, para propósitos de las Elecciones Generales de 2020, el periodo de recusaciones culminará el 30 de junio de 2020. (Énfasis suplido). Art. 5.17, Código Electoral de 2020, 2020 LPR 58. CC-2020-0376 12

Es decir, el Legislador -- consciente de que el proceso de

recusaciones no se pudo realizar a tiempo, entiéndase el 30

de abril de 2020 según lo contemplaba el Código Electoral

anterior, supra --, clara y expresamente, extendió el término

de recusaciones aplicable a este año eleccionario hasta el 30

de junio de 2020. Sin embargo, instituyó, a su vez, el

periodo en el que culminará dicho proceso para las elecciones

de los cuatrienios subsiguientes. Presumimos que, todo lo

anterior, lo realizó con conocimiento de lo dispuesto en la

Resolución Conjunta aquí en controversia.

B.

Establecido lo anterior, conviene señalar aquí que el

Art. 3.8 del referido Código, enumera las facultades y

deberes del Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones.

Art. 3.8, 2020 LPR 58. De esa manera, el precitado artículo

dispone que el Presidente será la máxima autoridad ejecutiva

y administrativa de la Comisión cuya responsabilidad es

supervisar los servicios, procesos y eventos electorales en

un ambiente de absoluta pureza e imparcialidad. Art. 3.8,

2020 LPR 58.

Para desempeñar dicha encomienda, el Presidente tendrá,

entre otros, el deber de cumplir y hacer cumplir las

disposiciones y los propósitos del Código Electoral de 2020,

supra, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico y de Estados Unidos de América. Íd. Igualmente, debe

velar por el cumplimiento de las leyes que ordenen o CC-2020-0376 13

instrumenten cualquier tipo de proceso electoral o votación y

de los reglamentos electorales que, por virtud de ley, sean

aprobados por la Comisión, así como los acuerdos unánimes de

los Comisionados Electorales. Íd.

De manera análoga, el Art. 4.4 del mencionado Código

Electoral de 2020, supra, le impone ciertos deberes a las

Comisiones Locales y su Presidente. Conforme a ello, el

Presidente de la Comisión Local -- como representante del

interés público, en estos casos un juez de la Rama Judicial

de Puerto Rico -- está obligado a, en lo pertinente: (1)

velar que los Comisionados Locales realicen sus funciones

para así mantener un registro electoral actualizado y

confiable; y (2) velar que los acuerdos por unanimidad de los

Comisionados Locales cumplan con la ley, la moral y el orden

público. Art. 4.4, 2020 LPR 58.

III.

Por último, y por ser en extremo pertinente para la

correcta disposición de la controversia ante nos, es menester

recordar que, en nuestra jurisdicción, existe una jerarquía

de fuentes del Derecho la cual estamos llamados a seguir. En

cuanto al derecho puertorriqueño, esa jerarquía se nos

presenta de la siguiente manera: (1) la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, como ley suprema; (2)

las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa; (3) las

reglas y reglamentos aprobados y promulgados bajo autoridad CC-2020-0376 14

de ley por los organismos públicos; y (4) las ordenanzas

municipales. Noriega v. Gobernador, 122 DPR 650, 680 (1988);

Collazo Cartagena v. Hernández Colón, 103 D.P.R. 870, 874

(1975). Véase, además, L. Muñiz Argüelles, La Investigación

Jurídica, 4ta ed., Bogotá, Ed. Temis S.A., 2006, págs. 22-24.

Como vemos, luego de nuestra Constitución, las leyes

gozan de primacía en el ordenamiento jurídico puertorriqueño.

En ese escenario, coexisten las leyes ordinarias -- tanto

generales como especiales -- y las distintas resoluciones

legislativas.42 Muñiz Argüelles, op. cit., págs. 280-281.

Al respecto, nos señala el profesor Luis Muñiz

Argüelles, en su obra La Investigación Jurídica, supra, que

no todas las piezas legislativas pueden aplicarse como si

gozaran de la misma naturaleza o tuvieran el mismo alcance.

Íd. En consecuencia, al momento de escoger la norma

pertinente entre varias piezas legislativas que pudieran ser

útiles, debemos tener en consideración ciertos factores,

tales como la ubicación de la norma en la jerarquía de las

fuentes, la fecha de aprobación y el lenguaje utilizado por

el legislador u organismo gubernamental. Íd. En específico,

cuando una ley posterior no contiene una cláusula

derogatoria, para resolver cuál es la norma vigente debemos

42“Separando la Constitución a un plano superior, por ser la Ley Suprema que crea la propia rama legislativa, se aprueba en nuestro sistema leyes ordinarias, generales y especiales, resoluciones legislativas, reglamentos administrativos, ordenes ejecutivas y ordenanzas municipales; todas con fuerza suficiente para hacerse cumplir”. Muñiz Argüelles, op. cit., pág. 281. CC-2020-0376 15

examinar no solo la jerarquía de éstas, sino también su

incompatibilidad. Íd. en la pág. 282.

Así pues, son varios los mecanismos que la legislatura

tiene a su disposición para cumplir con su encomienda de

adoptar las leyes que rigen en el ordenamiento jurídico

puertorriqueño. En lo pertinente, las resoluciones conjuntas

representan “[a]ctos con fuerza de ley que siguen para su

aprobación el curso normal de la legislación, pero para la

realización de proyectos especiales de duración limitada que

no requieren reglamentación permanente”.43 C. I. Gorrín

Peralta, Fuentes y procesos de investigación jurídica,

Orford, Equity Publishing Company, 1991, pág. 296.

En cuanto a ello, la Asamblea Legislativa dispuso que

“[t]oda legislación que haya de perder su fuerza al

realizarse la obra, o cumplirse la finalidad que persigue,

será objeto de consideración por la Asamblea Legislativa

mediante resolución conjunta y no formará parte de los

estatutos permanentes de Puerto Rico”. Ley para Determinar

los Asuntos que Deban ser Objeto de Consideración por la

Asamblea Legislativa Mediante Resolución Conjunta, Ley Núm. 2

de 4 de marzo de 1953, 2 LPRA sec. 200. Cónsono con lo

43 Por su parte, “[l]as resoluciones concurrentes tratan sobre asuntos de la incumbencia de ambas cámaras legislativas y para declaraciones legislativas que no tienen fuerza de ley”. Gorrín Peralta, op. cit., págs. 296-297. CC-2020-0376 16

anterior, el Art. III, Sec. 18 de la Constitución del Estado

Libre Asociado expresa que “[s]e determinará por ley los

asuntos que puedan ser objeto de consideración mediante

resolución conjunta, pero toda resolución conjunta seguirá el

mismo trámite de un proyecto de ley”. CONST. ELA art. III, §

18, LPRA, Tomo 1.

La anterior disposición constitucional fue objeto de

amplio debate por la Convención Constituyente. Véase 2 DIARIO

DE SESIONES DE LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE 856–863 (1951). En el

trigésimo primer día de sesión, el delegado Antonio Reyes

Delgado expresó su preocupación en cuanto a dicha cláusula,

por entender que la misma sugería que la Asamblea Legislativa

tenía la facultad de enmendar o modificar una ley o un código

por virtud de una resolución conjunta. Íd. en la pág. 857. A

su entender, ello se subsanaba clarificando que las

resoluciones conjuntas solo considerarían “asuntos

especiales”. Íd. Véase, CRIM v. Méndez Torres, 174 DPR 216

(2008) (Hernández Denton, opinión de conformidad).

No obstante, la enmienda propuesta fue derrotada por la

oposición de los delegados Luis Negrón López y Celestino

Iriarte, quienes entendían que la palabra “especial” no era

necesaria. DIARIO DE SESIONES, supra, pág. 860. En síntesis,

“[e]l consenso imperante en la Convención Constituyente fue

que la resolución conjunta se podría utilizar como un

mecanismo para legislar asuntos especiales y transitorios,

‘sin otras consecuencias ulteriores’”. CRIM v. Méndez Torres, CC-2020-0376 17

supra, pág. 238. Lo anterior, sin lugar a duda, implica que

una resolución conjunta no puede modificar, suspender o dejar

sin efecto una ley que forma parte de los estatutos

permanentes. Íd.

Así claramente surge de los debates de la Convención

Constituyente, al sostenerse que “[n]unca se puede entender

que la Asamblea Legislativa pueda enmendar los códigos y

leyes de carácter general, [en] virtud de resoluciones

conjuntas”. DIARIO DE SESIONES, supra, pág. 857. Esto cobra mayor

relevancia, cuando tenemos ante nuestra consideración una ley

posterior -- como lo es el Código Electoral de 2020, supra, -

- cuyas disposiciones, en lo pertinente, resultan

irreconciliables con los actos que determinados funcionarios

gubernamentales realizan en virtud de las facultades que le

otorga una resolución conjunta, tal como la Resolución

Conjunta Núm. 37-2020, supra, aquí en controversia.44

A modo de resumen, de lo anterior, claramente podemos

colegir que una resolución conjunta tiene una duración

44 Sobre este particular, resalta a nuestra atención que el caso que la Opinión Mayoritaria utiliza como fundamento para concluir que la Resolución Conjunta Núm. 37-2020 es, a su juicio, una ley especial que prevalece sobre el Código Electoral de 2020, supra -- PSP, PPD, PIP v. Romero Barceló, 110 DPR 248 (1980) -- trataba de un conflicto entre las disposiciones de dos (2) estatutos permanentes. Es decir, no estábamos ante una resolución conjunta, de carácter limitado y transitorio, y una ley permanente. Por ello, en aquel momento, este Foro concluyó que la ley especial posterior desplazaba al Código Electoral, aprobado con anterioridad a la misma.

En el caso que hoy nos ocupa, nos corresponde resolver el conflicto entre disposiciones irreconciliables de un estatuto permanente -- es decir, el Código Electoral de 2020, supra -- y una resolución conjunta aprobada con anterioridad a éste, la cual como bien expresó la Convención Constituyente, no puede enmendar los códigos y leyes de carácter general. En consecuencia, dicha jurisprudencia es claramente distinguible de la controversia ante nos. CC-2020-0376 18

limitada y goza de igual fuerza que las leyes ordinarias,

razón por la cual la ciudadanía y el Estado están obligados a

cumplirla. N. Rigual, El poder legislativo de Puerto Rico,

San Juan, Ed. UPR, 1961, págs. 95-96. La diferencia entre una

ley ordinaria -- ya sea de carácter general o especial -- y

una resolución conjunta, estriba en que la primera trata

medidas de carácter permanente cuya vigencia es ilimitada.

Íd. Por el contrario, las resoluciones conjuntas son de

carácter transitorio, por lo cual su vigencia culminará tan

pronto se cumpla el propósito que la originó. Íd.

Ahora bien, la Asamblea Legislativa, al ejercer las

funciones que la Constitución les delega, puede variar lo

dispuesto en dichas resoluciones a través de la aprobación de

legislación posterior. Mientras que, el deber de los

tribunales se circunscribe a que se cumplan las disposiciones

legislativas -- siempre y cuando estén dentro de los

parámetros constitucionales así como otros principios básicos

que permean en nuestro ordenamiento jurídico -- para lo cual

acudimos a las reglas de hermenéutica que estamos llamados a

aplicar con el fin de auscultar y obedecer la verdadera

intención de la Rama Legislativa. Véase, R.E. Bernier y J.A.

Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en

Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. I,

págs. 241-242.

IV. CC-2020-0376 19

De otro lado, “[c]uando la ley es clara [y] libre de

toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada

bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. Art. 14 del Código

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 14. Véase, Cordero v.

ARPe, 187 DPR 445, 456 (2012); Mun. San Juan v. Banco

Gubernamental de Fomento, 140 DPR 873, 883-84 (1996).

Conforme a este mandato, al interpretar un estatuto, debemos

remitirnos -- en primer lugar -- al texto de la ley, pues

“cuando el legislador se ha manifestado en lenguaje claro e

inequívoco, el texto de la ley es la expresión por excelencia

de toda intención legislativa”. Juarbe v. Registrador, 156

DPR 387, 393 (2002); Santiago Meléndez v. Superintendente de

la Policía de PR, 151 DPR 511 (2000); Alejandro Rivera v.

ELA, 140 DPR 538, 545 (1996).

Por ello, en el descargue de nuestra función

interpretativa, los tribunales estamos llamados a armonizar,

hasta donde sea posible, “[t]odas las disposiciones de la ley

con el propósito de lograr una interpretación integrada,

lógica y razonable de la intención legislativa”. CBS Outdoor

v. Billboard One, Inc., 179 DPR 391, 417 (2010); Matos v.

Junta Examinadora, 165 D.P.R. 741, 749 (2005). En otras

palabras, no debemos interpretar las disposiciones de una ley

de manera aislada, sino analizadas en conjunto, teniendo en

consideración todo su contexto. CBS Outdoor v. Billboard One,

Inc., supra; Mun. San Juan v. Banco Gubernamental de Fomento, CC-2020-0376 20

supra, pág. 884; Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114

DPR 64, 90 (1983).

De esa forma, al evaluar las disposiciones de una ley, o

de varias piezas legislativas que podrían ser de relevancia

para un mismo asunto o controversia -- como lo serían las

leyes ordinarias y las resoluciones conjuntas --, debemos

determinar el efecto de aquella que plasma la más reciente

intención del legislador. Para ello, dos son los factores a

evaluar.

En primer lugar, resulta indispensable mencionar que las

leyes solo se derogan por otras leyes posteriores, nunca por

el uso, la costumbre o la práctica en contrario. Art. 5 del

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5. Véanse,

Caribbean Petroleum Co. v. Depto. Hacienda, 134 DPR 861

(1993); Departamento de Hacienda v. Telefónica, 164 DPR 195,

207-208 (2005). De otra parte, y como segundo factor a

considerar, es necesario señalar que la derogación de una ley

puede ser expresa o tácita. “Es expresa cuando se dispone

literalmente en la ley derogatoria; tácita cuando la nueva

ley contiene preceptos que son contrarios o irreconciliables

con los de la ley anterior”. Muñiz Argüelles, op. cit., págs.

282-83.

Ahora bien, “[l]a derogación tácita debe ser tomada

restrictivamente, de modo que, si sólo algunas disposiciones

de la ley anterior resultan contradictorias con las de la

nueva ley, sus demás disposiciones siguen en vigor”. Íd. Ante CC-2020-0376 21

dos disposiciones legales antagónicas, deberá prevalecer la

última voluntad del Legislador, que es aquella esbozada en la

nueva ley. Departamento de Hacienda v. Telefónica, supra,

pág. 208; Aut. de Puertos v. Mun. de San Juan, 123 DPR 496

(1989); Pérez Vega v. Tribunal Superior, 93 DPR 749 (1966).

Cónsono con lo anterior, esta Curia ha expresado que

cuando los términos de una ley posterior son tan

inconsistentes con los de una ley anterior, de forma tal que

impide que subsistan juntas, se entiende que la posterior

enmendó implícitamente la anterior, “[e]specialmente cuando

el resultado de tal interpretación es dar efectividad a la

intención legislativa”.45 Rafael Rosario & Assoc., Inc. v.

Depto. Familia, 157 DPR 306 (2002); Diaz Marín v. Mun. de San

Juan, 117 DPR 334, 344 (1986).

En consecuencia, cuando se trata de una enmienda a una

parte de la ley, dejando inalterada otra parte, ambas deben

ser interpretadas conjuntamente tratando de armonizarlas.

Departamento de Hacienda v. Telefónica, supra. Véase,

también, A.J. Tristani v. Municipio, 76 DPR 758, 765 (1954).

De ello no ser posible, “[l]as disposiciones de la ley

enmenda[dora] deben prevalecer como la última expresión de la

voluntad legislativa”. Departamento de Hacienda v.

Telefónica, supra; Aut. de Puertos v. Mun. de San Juan,

supra; A.J. Tristani v. Municipio, supra. Estas normas cobran

45 Si bien estamos conscientes que en ese momento se utilizó el término “enmendó”, entendemos que lo allí expresado es igualmente aplicable a lo discutido sobre derogación tácita. CC-2020-0376 22

mayor fuerza cuando el conflicto es entre un acuerdo de una

agencia de la Rama Ejecutiva, otorgado en virtud de una

Resolución Conjunta que para ello se le facultó, cuyo

contenido es atendido con posterioridad mediante una ley de

carácter permanente.

Es, precisamente, a la luz de la normativa antes

esbozada, y no de otra, que procedía disponer de las

controversias que nos ocupan. Como una mayoría de este

Tribunal no lo hizo, procedemos -- desde el disenso -- a así

hacerlo.

Conforme mencionamos anteriormente, el Comisionado

Electoral del PNP, el señor Sánchez Álvarez, nos invita a que

validemos la Resolución Conjunta Núm. 37-2020, así como el

Acuerdo otorgado por la Comisión Estatal de Elecciones.

Arguye que, de lo contrario, ello tendría el efecto de anular

la fecha de las primarias ya celebradas, del voto adelantando

y del voto ausente, que están contempladas en la mencionada

pieza legislativa.46 A dicho pedido, en esta ocasión, no

podemos acceder.

46Valga aclarar que no está ante nuestra consideración la incompatibilidad de la Resolución Conjunta y las disposiciones del Código Electoral de 2020, supra, sobre el voto adelantado y el voto ausente por lo que no nos corresponde pasar juicio sobre ello. De hecho, tal cual hemos señalado y reiteraremos más adelante, se trata de la improcedencia del Acuerdo una vez se aprobó el nuevo Código Electoral, supra. Asimismo, en cuanto a la celebración de las primarias, esta Curia ya justipreció dicho asunto en Pedro Pierluisi-Urrutia y Eduardo Bhatia Gautier v. CEE y otros, 2020 TSPR 82, 204 DPR ___ (2020). CC-2020-0376 23

Y es que, como ha quedado claramente demostrado, lo

anterior sería, a todas luces, contrario a lo claramente

dispuesto en Art. 5.17 del recién aprobado Código Electoral

de 2020, supra -- el cual tiene primacía sobre la mencionada

Resolución Conjunta y sobre el Acuerdo objeto de estudio en

el presente caso --, y el que expresamente estableció el 30

de junio de 2020 como fecha para culminar el periodo de

recusaciones. Fecha que no podía ser variada por los

Comisionados Electorales, ni por el Presidente de la Comisión

Estatal de Elecciones, una vez el mencionado cuerpo legal fue

aprobado. Se presume que, al momento en que el Legislador

aprueba la nueva ley, conocía de la existencia de la

Resolución Conjunta aquí en controversia y de su contenido.

Así pues, vigente el Código Electoral de 2020, supra, el

Acuerdo que hoy el Comisionado Electoral del PNP nos pide

validemos, perdió su eficacia, por lo que cualquier acto

posterior realizado en virtud de este último es nulo y no

podemos avalarlo. No al menos el Juez que suscribe.

Si bien reconocemos la facultad que poseen los

Comisionados Electorales de los distintos partidos para,

junto al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones,

otorgar acuerdos con el fin de reglamentar los procedimientos

electorales, no es menos cierto que los mismos no pueden

contravenir las leyes que dicha entidad viene obligada a

cumplir. Máxime, cuando validar la fecha propuesta por el

referido Acuerdo, en estos momentos -- tomando en cuenta lo CC-2020-0376 24

atropellado que ha sido el proceso electoral este año --

tiene el efecto de menoscabar el derecho al sufragio

universal de un sinnúmero de puertorriqueños y

puertorriqueñas residentes en el Municipio de Cataño,

socavando así uno de los pilares básicos de nuestra

democracia.

VI.

Es, pues, por los fundamentos antes expuestos, que

enérgicamente disentimos del errado y lamentable proceder de

la Mayoría de este Tribunal en el día de hoy.

Ángel Colón Pérez Juez Asociado