Mercedes Otero De Ramos v. Hon. Manuel Diaz Saldaña, Etc.
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Opinion
CC—2000-139 1
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Mercedes Otero de Ramos Demandante Certiorari
v. 2002 TSPR 65
Hon. Manuel Díaz Saldaña en su 156 DPR ____ carácter oficial como Secretario de Hacienda; Estado Libre Asociado de Puerto Rico Demandado
Número del Caso: CC-2000-139
Fecha: 14/mayo/2002
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I
Juez Ponente: Hon. Liana Fiol Matta
Oficina del Procurador General: Lcda. María Adaljisa Dávila Vélez Procuradora General Auxiliar
Abogados de la Parte Demandante-Recurrida: Lcdo. Marcos A. Ramírez Lavandero Lcdo. Eduardo A. Vera Ramírez
Materia: Sentencia Declaratoria y Cobro de Dinero
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. CC—2000-139 2
Mercedes Otero de Ramos
Demandante
vs. CC-2000-139 Certiorari
Hon. Manuel Díaz Saldaña en su carácter oficial como Secretario de Hacienda; Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Demandado
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente señor Andréu García
San Juan, Puerto Rico, a 14 de mayo de 2002
Debemos determinar si los funcionarios nombrados por el
Poder Ejecutivo que se desempeñan en sus puestos por más
de un cuatrienio, deben recibir el beneficio dispuesto en
el Artículo 3 de la Ley Núm. 125, 3 L.P.R.A. § 703(b)
respecto a cada uno de los nombramientos extendidos por el
Gobernador o Gobernadora.
I
La recurrida, Dra. Mercedes Otero de Ramos, se
desempeñó como Administradora de Corrección del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico (E.L.A.), por dos cuatrienios
consecutivos, hasta el año 1992. En junio de ese año, el
entonces Gobernador del E.L.A., don Rafael Hernández Colón,
le concedió CC-2000-139 3
una compensación final equivalente a doce meses de sueldo, amparándose en
la Ley Núm. 125 de 10 de junio de 1967, 3 L.P.R.A. § 703(b) (Ley Núm. 125).
En julio de 1992, el Departamento de Hacienda hizo el pago correspondiente.
El 18 de enero de 1995, el peticionario, Secretario de Hacienda, cursó
una carta a la recurrida, solicitándole la devolución de la mitad de la
compensación otorgada. Alegó que el Gobernador no tenía facultad para
conceder una compensación mayor al equivalente de seis meses del sueldo
del funcionario que cesa en el servicio público y que a la recurrida se
le pagó, en exceso y de forma indebida, una suma adicional equivalente
a otros seis meses de sueldo. La recurrida se negó a devolver el dinero
reclamado y el 10 de abril de 1995, presentó una Solicitud de Sentencia
Declaratoria ante el Tribunal de Primera Instancia.
El 27 de junio de 1996, dicho tribunal dictó sentencia mediante la
cual resolvió que la recurrida no tenía derecho a la totalidad de la
compensación recibida. El tribunal determinó que la concesión de una
compensación equivalente a doce meses de sueldo fue un acto ultra vires
del Gobernador, ya que la Ley Núm. 125, supra, dispone que la
compensación final no será “en ningún caso" mayor del equivalente a seis
meses del sueldo recibido por el funcionario en su puesto.
Inconforme, la recurrida apeló ante el Tribunal de Circuito de
Apelaciones. Específicamente, solicitó que se declarara la validez y
legitimidad del pago que le fue concedido por el Gobernador, e imputó error
al tribunal de instancia al concluir que al cesar en su cargo dicha
funcionaria, sólo tiene derecho a una compensación final equivalente a
un máximo de seis meses de sueldo, aún cuando haya ocupado dicho cargo
por dos cuatrienios consecutivos. Solicitó en la alternativa, se
declarase que dicho pago se fundamentó en un error razonable de derecho,
por cuya razón no procedería su devolución.
El 22 de diciembre de 1999, el Tribunal de Circuito de Apelaciones dictó
sentencia, mediante la cual revocó la sentencia apelada. Determinó el
tribunal que la recurrida se desempeñó como Administradora de Corrección
durante dos cuatrienios consecutivos, razón por la cual el Gobernador CC-2000-139 4
autorizó el pago de una compensación que evidentemente equivale a la licencia
por vacaciones que, de otro modo, ella hubiera podido disfrutar durante cada
término en el cual desempeñó sus funciones; que esa suma fue otorgada en
el ejercicio de la discreción que la propia ley le otorga al Gobernador y
en consideración además, a otros factores relacionados con el desempeño de
las funciones del cargo de Administrador de Corrección. Por lo tanto
concluyó, conforme al propósito e intención de la Ley Núm. 125, que el pago
realizado a la recurrida fue válido.
Comparece ante nos el Secretario de Hacienda, representado por el
Procurador General, y alega que incidió el Tribunal de Circuito de
Apelaciones al rechazar la determinación del tribunal de instancia de
limitar a seis meses de sueldo la compensación a que tiene derecho la
recurrida y al descartar la aplicación de Hernández Agosto v. Romero Barceló,
112 D.P.R. 407 (1982) a los hechos de este caso.
II
La controversia en el caso de autos se circunscribe a determinar si
bajo la Ley Núm. 125, supra, el Gobernador podía otorgarle a la recurrida,
que ostentó su posición por dos cuatrienios consecutivos, una compensación
final equivalente al sueldo por doce meses.
Cuando interpretamos las leyes, debemos siempre acudir primero al
texto, ya que si éste es claro y libre de ambigüedad, no debe ser
menospreciado bajo el pretexto de cumplir su espíritu. Véase Artículo 14
del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 14; Cuevas Santiago v. Ethicon Division
of Johnson and Johnson, res. 30 de junio de 1999, 99 TSPR 107.
No obstante, la literalidad de una ley puede ser ignorada por los
tribunales cuando ella es claramente contraria a la verdadera intención o
propósito legislativo, según tal propósito o intención pueda surgir de la
totalidad del estatuto o de la totalidad de la sección envuelta. Véase,
Pueblo v. Zayas Rodríguez, res. el 17 de febrero de 1999, 99 TSPR 15.
Todas las leyes, aun las clarísimas, requieren interpretación. Cuando
existe alguna ambigüedad, el tribunal debe rechazar una interpretación
literal y forzada de un texto legal que conduzca a un resultado que no puede CC-2000-139 5
haber sido el que intentó el legislador. La letra de la ley no debe ser seguida
ciegamente en casos que no caen dentro de su espíritu y fin. Íd.
Al interpretar las leyes, los tribunales debemos siempre considerar
los propósitos perseguidos por la Asamblea Legislativa, para atribuir a la
legislación un sentido que asegure el resultado que se quiso obtener. La
obligación fundamental de los tribunales es imprimirle efectividad a la
intención legislativa, propiciando de esta forma la realización del
propósito que persigue la ley. El fin principal de la interpretación
estatutaria es descubrir la intención del legislador y su propósito social
para hacer que prevalezca este propósito y evitar interpretaciones que
conduzcan a resultados irrazonables. Véase, Artículo 19 del Código Civil,
31 L.P.R.A. § 19; Véase además, Irizarry v. Johnson and Johnson Consumer
Products Co., res. el 27 de enero de 20000, 2000 TSPR 15; Piñero González
v. AAA, res. el 23 de octubre de 1998, 98 TSPR 140; Dorante v.
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CC—2000-139 1
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Mercedes Otero de Ramos Demandante Certiorari
v. 2002 TSPR 65
Hon. Manuel Díaz Saldaña en su 156 DPR ____ carácter oficial como Secretario de Hacienda; Estado Libre Asociado de Puerto Rico Demandado
Número del Caso: CC-2000-139
Fecha: 14/mayo/2002
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I
Juez Ponente: Hon. Liana Fiol Matta
Oficina del Procurador General: Lcda. María Adaljisa Dávila Vélez Procuradora General Auxiliar
Abogados de la Parte Demandante-Recurrida: Lcdo. Marcos A. Ramírez Lavandero Lcdo. Eduardo A. Vera Ramírez
Materia: Sentencia Declaratoria y Cobro de Dinero
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. CC—2000-139 2
Mercedes Otero de Ramos
Demandante
vs. CC-2000-139 Certiorari
Hon. Manuel Díaz Saldaña en su carácter oficial como Secretario de Hacienda; Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Demandado
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente señor Andréu García
San Juan, Puerto Rico, a 14 de mayo de 2002
Debemos determinar si los funcionarios nombrados por el
Poder Ejecutivo que se desempeñan en sus puestos por más
de un cuatrienio, deben recibir el beneficio dispuesto en
el Artículo 3 de la Ley Núm. 125, 3 L.P.R.A. § 703(b)
respecto a cada uno de los nombramientos extendidos por el
Gobernador o Gobernadora.
I
La recurrida, Dra. Mercedes Otero de Ramos, se
desempeñó como Administradora de Corrección del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico (E.L.A.), por dos cuatrienios
consecutivos, hasta el año 1992. En junio de ese año, el
entonces Gobernador del E.L.A., don Rafael Hernández Colón,
le concedió CC-2000-139 3
una compensación final equivalente a doce meses de sueldo, amparándose en
la Ley Núm. 125 de 10 de junio de 1967, 3 L.P.R.A. § 703(b) (Ley Núm. 125).
En julio de 1992, el Departamento de Hacienda hizo el pago correspondiente.
El 18 de enero de 1995, el peticionario, Secretario de Hacienda, cursó
una carta a la recurrida, solicitándole la devolución de la mitad de la
compensación otorgada. Alegó que el Gobernador no tenía facultad para
conceder una compensación mayor al equivalente de seis meses del sueldo
del funcionario que cesa en el servicio público y que a la recurrida se
le pagó, en exceso y de forma indebida, una suma adicional equivalente
a otros seis meses de sueldo. La recurrida se negó a devolver el dinero
reclamado y el 10 de abril de 1995, presentó una Solicitud de Sentencia
Declaratoria ante el Tribunal de Primera Instancia.
El 27 de junio de 1996, dicho tribunal dictó sentencia mediante la
cual resolvió que la recurrida no tenía derecho a la totalidad de la
compensación recibida. El tribunal determinó que la concesión de una
compensación equivalente a doce meses de sueldo fue un acto ultra vires
del Gobernador, ya que la Ley Núm. 125, supra, dispone que la
compensación final no será “en ningún caso" mayor del equivalente a seis
meses del sueldo recibido por el funcionario en su puesto.
Inconforme, la recurrida apeló ante el Tribunal de Circuito de
Apelaciones. Específicamente, solicitó que se declarara la validez y
legitimidad del pago que le fue concedido por el Gobernador, e imputó error
al tribunal de instancia al concluir que al cesar en su cargo dicha
funcionaria, sólo tiene derecho a una compensación final equivalente a
un máximo de seis meses de sueldo, aún cuando haya ocupado dicho cargo
por dos cuatrienios consecutivos. Solicitó en la alternativa, se
declarase que dicho pago se fundamentó en un error razonable de derecho,
por cuya razón no procedería su devolución.
El 22 de diciembre de 1999, el Tribunal de Circuito de Apelaciones dictó
sentencia, mediante la cual revocó la sentencia apelada. Determinó el
tribunal que la recurrida se desempeñó como Administradora de Corrección
durante dos cuatrienios consecutivos, razón por la cual el Gobernador CC-2000-139 4
autorizó el pago de una compensación que evidentemente equivale a la licencia
por vacaciones que, de otro modo, ella hubiera podido disfrutar durante cada
término en el cual desempeñó sus funciones; que esa suma fue otorgada en
el ejercicio de la discreción que la propia ley le otorga al Gobernador y
en consideración además, a otros factores relacionados con el desempeño de
las funciones del cargo de Administrador de Corrección. Por lo tanto
concluyó, conforme al propósito e intención de la Ley Núm. 125, que el pago
realizado a la recurrida fue válido.
Comparece ante nos el Secretario de Hacienda, representado por el
Procurador General, y alega que incidió el Tribunal de Circuito de
Apelaciones al rechazar la determinación del tribunal de instancia de
limitar a seis meses de sueldo la compensación a que tiene derecho la
recurrida y al descartar la aplicación de Hernández Agosto v. Romero Barceló,
112 D.P.R. 407 (1982) a los hechos de este caso.
II
La controversia en el caso de autos se circunscribe a determinar si
bajo la Ley Núm. 125, supra, el Gobernador podía otorgarle a la recurrida,
que ostentó su posición por dos cuatrienios consecutivos, una compensación
final equivalente al sueldo por doce meses.
Cuando interpretamos las leyes, debemos siempre acudir primero al
texto, ya que si éste es claro y libre de ambigüedad, no debe ser
menospreciado bajo el pretexto de cumplir su espíritu. Véase Artículo 14
del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 14; Cuevas Santiago v. Ethicon Division
of Johnson and Johnson, res. 30 de junio de 1999, 99 TSPR 107.
No obstante, la literalidad de una ley puede ser ignorada por los
tribunales cuando ella es claramente contraria a la verdadera intención o
propósito legislativo, según tal propósito o intención pueda surgir de la
totalidad del estatuto o de la totalidad de la sección envuelta. Véase,
Pueblo v. Zayas Rodríguez, res. el 17 de febrero de 1999, 99 TSPR 15.
Todas las leyes, aun las clarísimas, requieren interpretación. Cuando
existe alguna ambigüedad, el tribunal debe rechazar una interpretación
literal y forzada de un texto legal que conduzca a un resultado que no puede CC-2000-139 5
haber sido el que intentó el legislador. La letra de la ley no debe ser seguida
ciegamente en casos que no caen dentro de su espíritu y fin. Íd.
Al interpretar las leyes, los tribunales debemos siempre considerar
los propósitos perseguidos por la Asamblea Legislativa, para atribuir a la
legislación un sentido que asegure el resultado que se quiso obtener. La
obligación fundamental de los tribunales es imprimirle efectividad a la
intención legislativa, propiciando de esta forma la realización del
propósito que persigue la ley. El fin principal de la interpretación
estatutaria es descubrir la intención del legislador y su propósito social
para hacer que prevalezca este propósito y evitar interpretaciones que
conduzcan a resultados irrazonables. Véase, Artículo 19 del Código Civil,
31 L.P.R.A. § 19; Véase además, Irizarry v. Johnson and Johnson Consumer
Products Co., res. el 27 de enero de 20000, 2000 TSPR 15; Piñero González
v. AAA, res. el 23 de octubre de 1998, 98 TSPR 140; Dorante v. Wrangler,
res. el 21 de abril de 1998, 98 TSPR 50.
III
Como regla general, el personal del Gobierno del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico goza, de manera legislada, del derecho a acumular ciertos
beneficios marginales como lo son las licencias por vacaciones y las
licencias por enfermedad, incluyendo las disposiciones vigentes sobre días
feriados. No obstante, ciertos funcionarios del Poder Ejecutivo, los cuales
son nombrados por el Gobernador1, con el consejo y consentimiento del Senado,
no tienen derecho a acumular ni disfrutar esas licencias que han establecido
“La Ley de Personal del Servicio Público” y otras leyes especiales para los
empleados y funcionarios públicos. Por consiguiente, al momento de su
desvinculación del servicio público, no procede ni el disfrute de dichas
licencias ni el pago global a que tienen derecho los otros servidores
públicos cobijados por las leyes de personal.
La Ley Núm. 125 y en específico el Artículo 3, 3 L.P.R.A. § 703(b),
fue promulgada con el propósito de extender a esos funcionarios los
beneficios a los cuales de otro modo, no tienen derecho. A esos fines, el CC-2000-139 6
mencionado estatuto autorizó al Gobernador a reglamentar lo relativo a la
concesión y el disfrute de licencias, y al pago final por vacaciones
acumuladas de los funcionarios de la rama ejecutiva nombrados por él. Véase
Ley Núm. 125, supra, 1967 L.P.R.A. 401. Siendo dicho estatuto uno de
carácter remedial con el propósito de hacer justicia a esta clase de
funcionarios, tenemos el deber de interpretarlo liberalmente a favor de
éstos. Calderón v. Adm. de Sistemas de Retiro, 129 D.P.R. 1020 (1992).
La Constitución del Estado Libre Asociado establece que el Gobernador
ejercerá su cargo por el término de cuatro años. Constitución del ELA, Art.
IV § 3. Dentro de las facultades y deberes del Gobernador durante su período
de incumbencia está la de nombrar a todos los funcionarios para cuyo
nombramiento esté facultado. Íd, Art. IV § 4.
El Artículo 3 de la Ley Núm. 125, en su parte pertinente, dispone lo siguiente: El Gobernador reglamentará todo lo relativo a la concesión y disfrute de licencias y la cuantía del pago de compensación final, incluyendo el pago a los beneficiarios en caso de muerte, a los funcionarios nombrados por él, con excepción de los miembros de la Judicatura, los fiscales, procuradores y registradores de la propiedad. A los efectos del pago de compensación final, que en ningún caso excederá el equivalente a seis meses de sueldo, el Gobernador tomará en consideración, entre otros, factores tales como las necesidades del servicio, la naturaleza de las funciones desempeñadas, y los créditos de licencia de vacaciones acumuladas en empleos anteriores en el Gobierno y no disfrutada al pasar a ocupar puestos de nombramiento por el Gobernador.
Los Presidentes de las Cámaras Legislativas reglamentarán lo relativo a los funcionarios y empleados de la Asamblea Legislativa, en lo concerniente a la concesión y disfrute de licencias, y en lo concerniente al pago de compensación final se ajustarán a lo dispuesto en el Artículo 2 de esta ley.
Una interpretación literal de esta disposición, en el sentido de que
el límite de seis meses se impone no obstante los cuatrienios servidos, nos
llevaría a un resultado patentemente irrazonable, que no puede ser el deseado
por el Legislador. Desde la adopción de la Ley Núm. 125 en 1967, los distintos
gobernantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico han puesto en vigor
1 3 L.P.R.A. § 703. CC-2000-139 7
sus disposiciones2 y en el ejercicio de su amplia discreción, el factor común
ha sido, como parte del carácter remedial o reparador del estatuto, compensar
a esos funcionarios por la licencia de vacaciones no disfrutada
ofreciéndoles un beneficio equivalente, para reconocer su esfuerzo y
dedicación al servicio público, ponderando estos aspectos junto a otros
factores como necesidades del servicio, la naturaleza de las funciones
desempeñadas e inclusive los créditos de anteriores licencias que no fueron
disfrutadas por motivo de pasar a ocupar el puesto en cuestión.
Ciertamente, la ley limita a seis meses la compensación que pueda
recibir un funcionario ejecutivo al amparo de la mencionada disposición,
pero ello no tiene el alcance que describe la opinión disidente, sino una
explicación mucho más simple. El Legislador contempló imponer como límite
el máximo del equivalente de seis meses de sueldo, por cada uno de los
períodos de incumbencia del gobernante, que equivale exactamente a lo que
tendría derecho a recibir por concepto de vacaciones (solamente de
vacaciones regulares) cualquier funcionario público que se haya desempeñado
en su puesto por un término equivalente a aquél para el cual se eligen los
gobernantes en Puerto Rico, esto es, cuatro años.
La única interpretación razonable al considerar el carácter remedial
del estatuto de marras, es que enmarquemos la ley dentro del término de un
cuatrienio. El Legislador, al momento de promulgar la disposición bajo
estudio, no proyectó un período de incumbencia de un Gobernador diferente
al período de cuatro años dispuesto por nuestra Constitución para que el
gobernador o la gobernadora ejerza su cargo y ejercite su prerrogativa
constitucional de nombrar los funcionarios. Éste también es el parámetro
temporal de los Presidentes de las Cámaras que se regulan en el segundo
2 Véase, Orden Ejecutiva del 1ro de diciembre de 1967, Boletín Administrativo 1312, Gobernador Roberto Sánchez Vilella; Orden Ejecutiva del 9 de enero de 1981, Boletín Administrativo 3837, Gobernador Carlos Romero Barceló; Orden Ejecutiva del 22 de febrero de 1989, Boletín Administrativo 5288A, Gobernador Rafael Hernández Colón; Orden Ejecutiva del 7 de abril de 1994, Boletín Administrativo OG-1994-19, Gobernador Pedro Roselló. CC-2000-139 8
párrafo de la misma disposición. Para propósitos de esta ley, el
funcionario cesa en su cargo cuando cesa el período de incumbencia del
Ejecutivo. De ser nombrado nuevamente o retenido para ésa u otra posición
en el Gabinete del Gobernador, ocupará el cargo por otro término que no podrá
ser mayor de cuatro años. Debemos puntualizar que el Art. 3 de la Ley Núm.
125 va dirigida a que el Gobernador o la Gobernadora reglamente lo
concerniente a los empleados públicos nombrados por él o ella, obviamente
dentro del período para el cual es elegido, o sea, cuatro años. Inherente
a la facultad constitucional de nominar se encuentra la concedida por la
vía legislativa de reglamentar. Es un acto deferencial de la Legislatura
hacia la Rama Ejecutiva, que en el mismo estatuto reservó igual facultad
a los Presidentes de las Cámaras Legislativas respecto a ciertos
funcionarios nombrados por éstos, cuyos términos de incumbencia no podrán
exceder del término para el cual fueron aquéllos electos; esto es, cuatro
años.
A modo de ilustración, la Regla VIII del Reglamento de la Cámara de
19673, fecha en que se promulgó la Ley 1254, supra, establece que los empleados
permanentes de la Cámara serán designados por el Presidente de ésta y
ejercerán sus funciones durante el término de cada Asamblea Legislativa.
No encontramos ninguna razón lógica para que el Legislador le niegue
a los funcionarios de la misma categoría en que se encuentra la peticionaria
en este caso, lo que le ha concedido a los demás servidores públicos por
vía de la legislación relativa al personal del gobierno y sus agencias e
instrumentalidades. No se puede dar otra interpretación a este estatuto
que sea cónsona con su carácter.
3 Corresponde, actualmente a la sección 9.1 del Reglamento de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, aprobado el 17 de enero de 1997 y permanece sustancialmente igual. 4 La Ley 125, supra, tuvo su origen en la Cámara de Representantes mediante el P. de la C. 567 de 1966 y fue de la autoría del Representante Severo Colberg. CC-2000-139 9
Como regla general, un funcionario o servidor público que trabaja para
el Gobierno5 y que tiene derecho a acumular licencias por vacaciones y por
enfermedad, acumula dos días y medio (2.5) días por cada mes en concepto
de vacaciones y un día y medio (1.5) al mes por concepto de licencia por
enfermedad. Anualmente ello equivale a 30 días por concepto de vacaciones
regulares y 18 días por concepto de licencia por enfermedad. En cuatro años
ese empleado público habrá disfrutado o acumulado un total de ciento veinte
(120) días de vacaciones regulares y setenta y dos (72) días de licencia
por enfermedad, es decir, ciento noventa y dos (192) días por concepto de
ambas licencias. Si dividimos solamente lo que debió haber acumulado en
vacaciones regulares en cuatro años, o sea 120 días, entre el promedio de
los días laborables de cada mes, tenemos que el funcionario habrá disfrutado
del equivalente a seis meses de licencia por vacaciones regulares en un
término de cuatro años. Es decir, que el límite máximo de seis meses de sueldo
que dispone la Ley Núm. 125 corresponde exactamente al mínimo que acumularía
cualquier funcionario que trabajase durante cuatro años sin disfrutar de
vacaciones o al mínimo que disfrutó en cuatro años cualquier funcionario
que hizo uso de sus licencias por vacaciones acumuladas.
Esto es así, sin contar los días a que podría tener derecho cualquier
otro funcionario público por concepto de licencia por enfermedad, la cual,
utilizando la misma ecuación, pudiera alcanzar a 3.6 meses adicionales en
cuatro años; descontando, además, cualquier otro beneficio o licencia a los
que pudieran tener derecho otros empleados públicos6.
5 Véase, Ley de Personal de Servicio Público, 3 L.P.R.A. sec. 1355; Reglas del Sistema de Personal Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. XII, R. 27, 28 y 29; Reglamento del Sistema de Personal del Poder Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. XIII § 19; Administración de Asuntos de la Rama Legislativa, 2 L.P.R.A. § 551-553,Reglamentación 3 L.P.R.A. § 703b. 6 Como cuestión de hecho, si la Dra. Otero de Ramos hubiese sido una funcionaria “regular” de la Administración de Corrección, hubiese tenido derecho a que se le pagara anualmente, como mínimo, los días de enfermedad que tuviera acumulados en exceso del máximo de los noventa (90) permitidos por la Ley y el Reglamento o a que se le pagara todos aquellos días acumulados por tal concepto al momento de su terminación en el empleo. Véase 3 L.P.R.A. § 1355; Reglamento de Personal de la Administración de Corrección de 28 de septiembre de 1979, enmendado 18 de septiembre de 1987, Sección 11.4. (Vigente) Por otro lado, la Dra. Otero de Ramos, por haber sido “jefe de agencia” no era acreedora, y no recibió en ninguno de los años de su CC-2000-139 10
No tiene ningún sentido que el Legislador promulgue una ley para
propiciar que se pueda equiparar, aunque sea parcialmente, a estos
servidores del Estado al resto de los empleados públicos y que el resultado
de la ley sea que se les castigue, negándole suma otra alguna por este
concepto cuando lo que intenta ese estatuto es, precisamente, compensar la
pérdida de los beneficios a los cuales, según hemos visto, el funcionario
deberá renunciar por el término a que concebiblemente estará limitada su
incumbencia, esto es, el término del mandato electoral del gobernador o
gobernadora. De retenerse en su puesto por un gobernador o gobernadora
reelecto(a) o por un nuevo gobernador o gobernadora, comenzará un nuevo
término de incumbencia para dicho funcionario el cual se extenderá por el
nuevo cuatrienio electoral.
Si el fin de esa disposición es remedial, para equiparar a ese empleado
ejecutivo que no acumula vacaciones regulares ni de enfermedad, y que tiene
que estar disponible para ejercer sus funciones las veinticuatro (24) horas
del día y siete (7) días a la semana, concediéndole una compensación por
un plazo que, prorrateado, es equiparable, aunque menor, a la compensación
que reciben otros empleados públicos a los que sí aplica el sistema de
beneficios del gobierno, ¿qué justificación habría para que no se le quisiera
extender ese beneficio a un funcionario que se compromete y trabaja durante
un segundo cuatrienio? Ciertamente más que la suspensión de un beneficio,
resultaría en una penalidad para ese funcionario que accede a permanecer
en el puesto durante un término adicional. ¿Por qué razón el Legislador
hubiese querido un resultado tan inconsistente con el propósito que originó
este estatuto reparador?
IV
Cuando la Dra. Otero de Ramos recibió el pago global por parte del Ex
Gobernador Rafael Hernández Colón, estaba vigente la Orden Ejecutiva del
22 de febrero de 1989, Boletín Administrativo Núm. 5288A. Esta orden
incumbencia, el bono de navidad dispuesto para los empleados y demás funcionarios públicos por la Ley Núm. 34 de 12 de junio de 1969. Específicamente, véase el artículo 7 de la misma, 3 L.P.R.A. § 757(F). CC-2000-139 11
sustituyó la de 9 de enero de 1981, Boletín Administrativo 3837, del Ex
Gobernador Carlos Romero Barceló, que permitía discreción al Gobernador para
conceder una compensación final equivalente a seis meses de sueldo a los
funcionarios que fueren retenidos por más de un término en el Gobierno al
finalizar el primer término y otra compensación final al completar el segundo
término.
Conforme a la potestad de reglamentar que le otorgó la Ley Núm. 125,
supra, mediante la Orden Ejecutiva Núm. 5288A el Gobernador Hernández Colón
eliminó la disposición que facultaba al Gobernador a otorgar una
compensación al finalizar un primer cuatrienio a aquellos funcionarios que
eran retenidos para un segundo cuatrienio. El Art. 4 de la citada orden
sólo autoriza al pago de dicha compensación “al cesar en su cargo cualquier
funcionario”. Dicha determinación surgió a raíz de una Opinión del
Secretario de Justicia 7 , no publicada, a los efectos de que no se puede
conceder compensación final hasta que no suceda la total separación o
desvinculación del servicio o el funcionario pase a ocupar otro puesto en
el Gobierno que no esté cubierto por el Artículo 3 de la Ley Núm. 125, supra.
Véase Op. Sec. Just. del 2 de mayo de 1985.
El hecho de que, luego de unas elecciones generales el funcionario sea
retenido en su puesto o nombrado para otra posición por el Gobernador o la
Gobernadora electa, no puede ser fundamento para penalizarlo. La única
consecuencia, por virtud de la Orden Ejecutiva de 1989 8 , fue que la
compensación fuese diferida hasta la total y absoluta desvinculación que
ésta exigía. Sólo esa interpretación es razonable a los propósitos de la
7 Como bien se explica en la opinión disidente, el entonces Secretario de Justicia llevó una acción judicial contra los funcionarios a quienes les fueron concedidos dos pagos finales por un primer y un segundo cuatrienio. El antiguo Tribunal Superior validó las compensaciones finales que hizo el Gobernador Romero Barceló al terminar su primer cuatrienio a los funcionarios que retuvo durante su segundo cuatrienio. Dicha sentencia no fue apelada por el Secretario de Justicia. Véase Estado Libre Asociado v. Juan H. Cintrón y otros, Sala Superior de San Juan, Civil Núm. 87-1933. 8 El Art. 3 de la Ley Núm. 125 no presupone la desvinculación total del servicio público; tal situación es contemplada únicamente por la Orden Ejecutiva vigente al momento. CC-2000-139 12
Ley. Dicha compensación final fue pagada cuando la peticionaria cesó en su
cargo.
V
La promulgación de la Ley Núm. 125 fue anterior a nuestra decisión de
Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407 (1982). Allí resolvimos
una controversia distinta 9 a la que ahora nos ocupa. Refiriéndose dicha
decisión a un asunto completamente diferente al aspecto que regula el
estatuto de marras y siendo los hechos que consideramos en el mencionado
caso del todo incongruentes con el fin remediativo de la Ley Núm. 125, supra,
resulta evidente que la doctrina allí establecida no es de aplicación al
caso que ahora consideramos.
Por otro lado, al reconocer que un gobernador tiene el poder inherente
de emitir órdenes ejecutivas, es preciso reiterar que ese poder está limitado
por las leyes aplicables.10 Una Orden Ejecutiva de un Gobernador no puede
ir por encima y derrotar el objetivo pretendido por el Legislador de
compensar la labor, el sacrificio, el tiempo y la dedicación de esos
funcionarios a los que no le aplican los beneficios que los otros servidores
públicos gozan en virtud de otros estatutos con propósitos similares.
Una interpretación razonable de la Ley Núm. 125 conduce a la conclusión
inescapable de que la compensación final se realiza en sustitución de los
beneficios estatutarios referentes a la acumulación, concesión y disfrute
de licencias de las cuales gozan otros funcionarios y empleados del ELA.
Siendo esto así, es necesario concluir que aquel funcionario que se desempeña
en forma continua e ininterrumpida por un término que se extiende más allá
del cuatrienio electoral para el cual fue nombrado originalmente, es
elegible para recibir una cantidad que no podrá ser mayor al equivalente
de seis meses de su sueldo por los servicios prestados dentro de cada uno
de dichos cuatrienios, a discreción del Gobernador o Gobernadora, quien
9 En ese caso resolvimos que la confirmación de un nombramiento hecho por un Senado válidamente constituido no pierde su vigencia cuando el Gobernador extiende el nombramiento a un segundo cuatrienio. 10 Soto v. Adm. Inst. Juveniles, Res. el 30 de junio de 1999, 99 TSPR 106. CC-2000-139 13
tomará en consideración al autorizar dicho pago, aquellos factores
dispuestos en el Art. 3 de la Ley Núm. 125, supra.
VI
Razones adicionales de política pública nos confirman la corrección
de nuestra decisión.
Constituye un sano principio de política pública de un Gobierno, que
el gobernante pueda atraer y retener en el servicio público al mejor talento
disponible. Es innegable que en un gran número de ocasiones los funcionarios
públicos dentro de la categoría que hoy nos concierne, aceptan servir a
nuestro Pueblo a costa de su bienestar económico, haciendo grandes
sacrificios personales al privarse del disfrute de su hogar y de su familia;
quienes son profesionales reconocidos que la mayor parte de las veces reciben
mejores beneficios en la empresa privada. La disposición en cuestión, como
estatuto reparador, facilita al gobernador incumbente a reclutar tales
profesionales, ¿pero cómo retenerlos para un segundo término, para
aprovechar toda la experiencia y destrezas obtenidas en el primero, sin
aliciente económico alguno? Porque, según la interpretación del Procurador
General, para propósitos de la Ley se retribuye igual al que prestó servicios
un cuatrienio, que al que los prestó por dos o más cuatrienios. No pudo
ser ése el resultado esperado por el Legislador.
Surge de los autos en forma incontrovertida que la Dra. Otero de Ramos
se desempeñó por dos cuatrienios consecutivos. De igual forma surge que en
los siete (7) años que duró su gestión, no tomó período alguno de vacaciones
ni se ausentó por motivo de enfermedad. Durante su incumbencia la
compareciente estuvo en licencia sin paga de la Universidad de Puerto Rico.
El tipo de función que desempeñó como Administradora de Corrección requería
su completa disponibilidad a cualquier hora y día de la semana. El entonces
Gobernador Hernández Colón, en el ejercicio de su discreción, ponderó todos
estos aspectos y le autorizó el pago de la suma máxima permitida por cada
cuatrienio, que evidentemente equivale a la licencia de vacaciones que ella
hubiese acumulado o disfrutado durante cada término en el cual se desempeñó
en tal calidad. CC-2000-139 14
VII
A tenor con los fundamentos expuestos anteriormente se confirma la
decisión del Tribunal de Circuito de Apelaciones que declara la validez del
pago concedido a la Dra. Otero de Ramos en 1992, como compensación final
en virtud de la Ley Núm. 125, 3 L.P.R.A. § 703(b).
JOSE A. ANDREU GARCIA Juez Presidente CC-2000-139 15
Hon. Manuel Díaz Saldaña en su carácter oficial como Secretario de Hacienda; Estado Libre Asociado de Puerto Rico
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se confirma la decisión del Tribunal de Circuito de Apelaciones que declara la validez del pago concedido a la Dra. Otero de Ramos en 1992, como compensación final en virtud de la Ley Núm. 125, 3 L.P.R.A., §703(b).
Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera Pérez disiente con opinión escrita. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri no intervino.
Patricia Otón Olivieri Secretaria Tribunal Supremo CC-2000-139 16
Recurrida
v.
Hon. Manuel Díaz Saldaña, en su carácter oficial como Secretario de Hacienda; CC-2000-139 Certiorari Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Peticionarios
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor Rivera Pérez.
San Juan, Puerto Rico, a 14 de mayo de 2002.
El Secretario de Hacienda de Puerto Rico acude
ante nos solicitando la revocación de una sentencia
dictada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones.
Dicha sentencia declaró válido el pago por una suma
global, ascendente a doce (12) meses de sueldo,
otorgado a la Administradora de Corrección de Puerto
Rico, como compensación final por separación del
servicio, a tenor con lo dispuesto en el Artículo 311
de la Ley Núm. 125 de 10 de junio de 1967, según
enmendada.12
11 3 L.P.R.A. sec. 703b. 12 3 L.P.R.A. secs. 703-703e. Dicha ley fue enmendada por la Ley Núm. 40 de 13 de diciembre de 1990. El Artículo 3 de la Ley Núm. 125 de 10 de junio de 1967, supra, dispone lo siguiente: CC-2000-139 1 I
La doctora Mercedes Otero de Ramos se desempeñó, por dos (2) cuatrienios
consecutivos, como Administradora de Corrección de Puerto Rico, hasta el
año 1992. El 3 de junio de ese mismo año, el entonces Gobernador de Puerto
Rico, honorable Rafael Hernández Colón, por motivo de la separación del
servicio público de dicha funcionaria, le concedió un pago equivalente a
doce (12) meses de sueldo como compensación final, a tenor con las facultades
conferidas al Primer Ejecutivo por el Artículo 3 de la Ley Núm. 125, supra.13
En julio de 1992 el Departamento de Hacienda de Puerto Rico realizó el pago
correspondiente. El 18 de enero de 1995, el Secretario de Hacienda,
honorable Manuel Díaz Saldaña, le cursó una carta a la doctora Mercedes Otero
de Ramos indicándole que debía devolver la mitad de la compensación recibida,
equivalente a seis (6) meses de sueldo, por haberse pagado ésta
indebidamente. Dicho funcionario expresó que el Gobernador de Puerto Rico
no tenía facultad para conceder una compensación mayor al equivalente a seis
El Gobernador reglamentará todo lo relativo a la concesión y disfrute de licencias y la cuantía del pago de compensación final, incluyendo el pago a los beneficiarios en casos de muerte, a los funcionarios nombrados por él, con excepción de los miembros de la Judicatura, los fiscales, procuradores y registradores de la propiedad. A los efectos del pago de compensación final, que en ningún caso excederá el equivalente a seis (6) meses de sueldo, el Gobernador tomará en consideración, entre otros, factores tales como las necesidades del servicio, la naturaleza de las funciones desempeñadas y los créditos de licencia de vacaciones acumuladas en empleos anteriores en el Gobierno y no disfrutada al pasar a ocupar puestos de nombramiento por el Gobernador. (Énfasis nuestro.)
Los presidentes de las Cámaras Legislativas reglamentarán lo relativo a los funcionarios y empleados de la Asamblea Legislativa, en lo concerniente a concesión y disfrute de licencias, y en lo concerniente al pago de compensación final se ajustarán a lo dispuesto en la sec. 703a de este título. 13 Apéndice IV del recurso de Certiorari, pág. 27. De igual forma, le concedió una compensación final equivalente a doce (12) meses de sueldo al honorable Héctor Rivera Cruz, Secretario de Justicia, y a la licenciada Silvia Matos Pons, Directora de la Oficina de Exención Contributiva Industrial. El Secretario de Hacienda, honorable Manuel Díaz Saldaña, le pagó a la licenciada Matos Pons únicamente el equivalente a seis (6) meses de sueldo como compensación final. Ésta llevó un recurso de Mandamus, acción civil número KPE94-0002 (906), contra dicho funcionario. El Tribunal de Primera Instancia resolvió que el Secretario de Hacienda había actuado correctamente al negarse a efectuar el pago, al amparo del lenguaje claro del Artículo 3 de la Ley Núm. 125, supra. (6) meses de sueldo dispuesto en el Artículo 3 de la referida ley.14 La
doctora Mercedes Otero de Ramos se negó a devolver dicha cantidad, y el 10
de abril de 1995 presentó una solicitud de sentencia declaratoria ante el
Tribunal de Primera Instancia.15 La funcionaria, en su demanda, solicitaba
que dicho foro declarara que la compensación final que recibió estuvo
autorizada por el estatuto aplicable o, en la alternativa, constituyó un
error de derecho.16
El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia declaratoria el 27 de junio
de 1996, archivada en autos copia de su notificación el 28 de junio de 1996.17
Dicho Tribunal concluyó que la doctora Mercedes Otero de Ramos no tenía derecho
a recibir una compensación final equivalente a doce (12) meses de sueldo, al
amparo del Artículo 3 de la Ley Núm. 125, supra.18 El referido foro determinó
que la actuación de concederle a dicha funcionaria una compensación final mayor
que la permitida por dicho estatuto, constituyó un acto ultra vires.19
El Tribunal de Primera Instancia apoyó su dictamen en lo resuelto por este
Tribunal en Hernández Agosto v. Romero Barceló.20 Dicho Tribunal entendió que
la doctora Mercedes Otero de Ramos recibió un solo nombramiento para un cargo
que se extendió por dos cuatrienios.21 El referido Tribunal puntualizó, además,
que la actuación del gobernador, al autorizar una compensación equivalente a
doce (12) meses de sueldo, no podía ser consecuencia de un error de derecho,
dado que el Artículo 3 de la Ley Núm. 125, supra, clara y expresamente, dispone
que la compensación final no sería mayor, en ningún caso, al pago equivalente
14 Apéndice V del recurso de Certiorari, pág. 28. 15 Caso número KAC95-0434. 16 Apéndice III del recurso de Certiorari, pág. 20. 17 Íd., pág. 18. 18 Íd., pág. 24. 19 Íd. 20 112 D.P.R. 407 (1982). En esa ocasión pautamos que no existe disposición alguna en la Constitución de Puerto Rico, ni en los estatutos vigentes, que expresamente le imponga al Gobernador el deber de enviar al Senado, para su consejo y consentimiento, los nombramientos de los funcionarios de gobierno que éste decida retener en sus cargos, una vez reelecto para un segundo término. a seis (6) meses del sueldo recibido por el funcionario mientras ocupaba su
puesto.22
No conforme con dicha determinación, la doctora Mercedes Otero de Ramos
presentó recurso de apelación ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones el
27 de agosto de 1996.23 La funcionaria alegó ante dicho foro que el Tribunal
de Primera Instancia había errado al concluir que un funcionario que ocupa un
cargo que requiere el consejo y el consentimiento del Senado por dos cuatrienios
consecutivos, sólo tiene derecho a una compensación final equivalente a un máximo
de seis (6) meses de sueldo. Adujo, en la alternativa, que el foro de primera
instancia incidió al concluir que el pago efectuado como compensación final no
había sido realizado por un error de derecho.24
El Tribunal de Circuito de Apelaciones emitió sentencia el 22 de diciembre
de 1999, revocando la dictada por el Tribunal de Primera Instancia.25 Dicho foro
concluyó que los funcionarios nombrados por el Poder Ejecutivo que se desempeñan
en sus puestos durante dos cuatrienios consecutivos, deben recibir el beneficio
dispuesto por el Artículo 3 de la Ley Núm. 125, supra, respecto a cada uno de
los nombramientos extendidos por el gobernador.26 El referido Tribunal expresó
que el límite de la compensación establecida en dicho estatuto es aplicable al
término por el cual normalmente se extiende el nombramiento de un funcionario,
es decir, por un período de cuatro años.27 Dicho foro apoyó su determinación
en que una interpretación literal del mismo lesionaría la intención del
legislador de compensar adecuadamente a los funcionarios nombrados por el
gobernador, por razón de su dedicación al servicio público.28 Añadió, que una
interpretación razonable lleva a la conclusión de que la compensación final
concedida a los funcionarios nombrados por el Poder Ejecutivo sustituye las
21 Apéndice III del recurso de Certiorari, pág. 22. 22 Íd. 23 Caso número KLAN9600082. 24 Apéndice X del recurso de Certiorari, págs. 69-70. 25 Apéndice I, Íd., págs. 1-16. 26 Íd., pág. 15. 27 Íd. disposiciones relativas a la acumulación, concesión y disfrute de licencias de
las cuales gozan otros funcionarios y empleados del gobierno.29 Finalmente el
referido foro determinó que el caso Hernández Agosto v. Romero Barceló, supra,
no era de aplicación a la situación del caso de marras.30 Concluyó que el pago
efectuado a la doctora Mercedes Otero de Ramos era legítimo y válido.31
Inconforme con dicho dictamen, el 17 de febrero de 2000, el Secretario de
Hacienda de Puerto Rico acudió ante nos, oportunamente.32
La Opinión Mayoritaria interpreta el Artículo 3 de la Ley Núm. 125, supra,
a los efectos de que la intención del legislador detrás de ese estatuto consistió
en que un funcionario público nombrado por el Gobernador de Puerto Rico para
un puesto de confianza en su Gabinete, y que perdura en esa posición por dos
(2) cuatrienios consecutivos, es acreedor a una compensación final, otorgada
discrecionalmente por el Primer Ejecutivo, de doce (12) meses de sueldo.
Respetuosamente disentimos.
No negamos, ni mucho menos rechazamos, la razonabilidad y justicia de la
28 Íd., pág. 13. 29 Íd., pág. 15. 30 Íd., pág. 14. 31 Íd., pág. 16. 32 La parte aquí peticionaria señaló que el Tribunal de Circuito de Apelaciones había cometido los errores siguientes:
PRIMER ERROR
Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al concluir que la interpretación del estatuto propuesta por el Procurador General lesiona la intención legislativa de compensar a los funcionarios por su dedicación al servicio público.
SEGUNDO ERROR
Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al determinar que Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407 (1982) no es de aplicación al caso que nos ocupa.
TERCER ERROR
Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al disponer que los diferentes gobernadores de Puerto Rico, quienes son los encargados de poner en vigor La Ley 125, reconocieron el propósito reparador, al entender que procedía el pago para uno de los cuatrienios. norma que pretende pautar la Mayoría de los integrantes de este Tribunal en este
asunto. Consideramos, en nuestro fuero interno, que lo decidido por la Mayoría
de este Tribunal debería ser la política pública vigente en Puerto Rico.
Concederle por estatuto una retribución de doce (12) meses de sueldo como
compensación final a un funcionario de gobierno de confianza, nombrado por el
Gobernador de Puerto Rico, que mantiene tal carácter en una o más posiciones
de esa misma naturaleza por espacio de dos (2) cuatrienios consecutivos, es
razonable y justo. Reconocemos que la misma se ajusta a la realidad de personas
que, como regla general, ocupan posiciones como la de la doctora Otero de Ramos,
con intenso sacrificio personal, familiar y económico. No obstante, muy
respetuosamente, somos del criterio que la Mayoría realiza un ejercicio de
formulación de política pública, que estamos impedidos constitucionalmente de
realizar, en el ejercicio de interpretar un estatuto en forma contraria a la
clara intención del legislador. Bajo nuestro sistema de separación de poderes,
la función de formular política pública le corresponde a las otras dos ramas
del Gobierno. La separación de poderes forma parte integral de nuestra
democracia constitucional. Nuestro deber, dentro de la forma republicana de
nuestro gobierno, se circunscribe a interpretar la ley y despejar las lagunas
que existen en la misma, utilizando como guía la intención del legislador. En
Alejandro Rivera y otros v. Estado Libre Asociado,33 nos expresamos al respecto
de la manera siguiente:
Además, nos señala R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra en su obra Aprobación e interpretación de las leyes de Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Publicaciones J.T.S., 1987, Vol. I, pág. 299, que "[b]ajo un sistema de separación de poderes como el que funciona en Puerto Rico, la Asamblea Legislativa tiene la facultad de aprobar las leyes. El Poder Judicial ejercitado por los tribunales consiste en el ejercicio de las facultades de resolver los litigios a través de la interpretación de la ley. En el desempeño normal de sus funciones, los tribunales están obligados a respetar la voluntad legislativa aunque los magistrados discrepen personalmente de la sabiduría de los actos legislativos. Interpretar una ley en forma que sea contraria a la intención del legislador implica la usurpación por la rama judicial de las prerrogativas de la rama legislativa. Por tanto, el intérprete debe abstenerse de sustituir el criterio legislativo por sus propios conceptos de lo justo, razonable y deseable. (Énfasis nuestro.)
33 140 D.P.R. 538 (1996). III
El Secretario de Hacienda de Puerto Rico nos señala que el Tribunal de
Circuito de Apelaciones interpretó de manera errada la intención legislativa
detrás del Artículo 3 de la Ley Núm. 125, supra.
Una vez más reiteramos las normas de hermenéutica que nos guían en nuestro
ministerio de interpretar las leyes. Al descargar nuestra función de
interpretar una disposición particular de un estatuto, los tribunales debemos
siempre considerar cuáles fueron los propósitos perseguidos por la Asamblea
Legislativa al aprobarlo, de manera que nuestra interpretación asegure la
efectividad de la intención que lo anima.34 En esta búsqueda acudimos primero
al texto de la ley, ya que cuando éste es claro y libre de ambigüedad, no debe
ser menospreciado bajo el pretexto de cumplir su espíritu.35 Ante un lenguaje
claro e inequívoco del legislador, el texto de la ley es la expresión por
excelencia de la intención legislativa.36 La literalidad de una ley sólo puede
ser ignorada cuando ésta es claramente contraria a la verdadera intención o
propósito legislativo.37 En segunda instancia debemos consultar el historial
del estatuto. 38 La Exposición de Motivos de la ley, los informes de las
comisiones y los debates en el hemiciclo, en adición al texto de la misma, son
las fuentes de mayor importancia en la tarea de determinar el significado de
un acto legislativo.39 Debe tomarse en consideración que todo acto legislativo
persigue un propósito, trata de corregir un mal, alterar una situación existente,
complementar una reglamentación vigente, fomentar algún bien específico o
bienestar en general, reconocer o proteger un derecho, crear una política pública
34 Irrizarry v. J&J Cons. Prods., Co., Inc., res. el 27 de enero de 2000, 2000 T.S.P.R. 15, 150 D.P.R. ___ (2000), 2000 J.T.S. 27; Dorante v. Wrangler of P.R., 145 D.P.R. 408 (1998); Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513 (1991). 35 31 L.P.R.A. sec. 14. 36 Irrizarry v. J&J Cons. Prods. Co., Inc., supra. 37 Sucn. Álvarez v. Srio. de Justicia, res. el 11 de febrero de 2000, 2000 T.S.P.R. 21, 150 D.P.R. ___ (2000), 2000 J.T.S. 40; Pueblo v. Zayas Rodríguez, res. el 17 de febrero de 1999, 99 T.S.P.R. 15, 147 D.P.R. ___ (1999), 99 J.T.S. 16. 38 Piñero v. A.A.A., 146 D.P.R. 890 (1998). 39 Pueblo v. Zayas Rodríguez, supra. o formular un plan de gobierno, entre otros. Por último, en el proceso de
encontrar el significado de una ley que logre los propósitos del legislador,
la interpretación debe hacerse con fines socialmente útiles.40
Para comprender cabalmente la intención legislativa detrás del Artículo 3
de la Ley Núm. 125, supra, se hace necesario hacer una exposición comprensiva
del trasfondo legislativo del aludido estatuto. El mismo persigue compensar
a ciertos funcionarios de la Rama Ejecutiva, por razón de que éstos no acumulan
licencia por concepto de vacaciones regulares ni de enfermedad, como otros
empleados públicos. A tal efecto, se persiguió facultar al Gobernador de Puerto
Rico para otorgar un pago por concepto de compensación final, cuando el
funcionario que se desvincula totalmente del cargo no acumula vacaciones.
Inicialmente, el Artículo 3 del P. de la C. Núm. 567, no contenía una limitación
a la compensación final, equivalente a seis (6) meses de sueldo del funcionario.
Dicho artículo expresaba, en lo pertinente, de la manera siguiente:41
Artículo 3- El Gobernador reglamentará todo lo relativo a la concesión y disfrute de licencias y la cuantía del pago de compensación final a los funcionarios nombrados por él, con excepción de los miembros de la Judicatura. A los efectos del pago de compensación final, el Gobernador tomará en consideración, entre otros, factores tales como las necesidades del servicio, la naturaleza de las funciones desempeñadas y los créditos de licencia de vacaciones acumuladas en empleos anteriores en el Gobierno y no disfrutada al pasar a ocupar puestos de nombramientos por el Gobernador.
La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes recomendó la
aprobación, sin enmiendas, del P. de la C. Núm. 567.42 El 27 de abril de 1966,
dicho proyecto fue aprobado sin enmiendas por la Cámara Baja.43 El Proyecto pasó
a ser considerado por el Senado de Puerto Rico. La Comisión de Elecciones y
Personal de ese cuerpo recomendó que se aprobara el P. de la C. Núm. 567 con
algunas enmiendas.44 Una de las enmiendas propuesta por esa Comisión adicionaba
a dicho artículo la frase "que en ningún caso excederá el equivalente a seis
40 Íd. 41 20 Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes 966, 967 (1966). 42 Véase el Informe de dicha Comisión de 25 de abril de 1966; 20 Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes 920, 967 (1966). 43 20 Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes 968 (1966). 44 21 Diario de Sesiones del Senado 649, 1366 (1967). meses de sueldo", después de la expresión "compensación final".45 Así enmendado,
el texto del referido Artículo 3 leía de la forma siguiente:
El Gobernador reglamentará todo lo relativo a la concesión y disfrute de licencias y la cuantía del pago de compensación final a los funcionarios nombrados por él, con excepción de los miembros de la Judicatura. A los efectos del pago de compensación final, que en ningún caso excederá el equivalente a seis (6) meses de sueldo, el Gobernador tomará en consideración, entre otros, factores tales como las necesidades del servicio, la naturaleza de las funciones desempeñadas y los créditos de licencia de vacaciones acumuladas en empleos anteriores en el Gobierno y no disfrutada al pasar a ocupar puestos de nombramiento por el Gobernador.
El Senado de Puerto Rico aprobó el P. de la C. Núm. 567, con las enmiendas
propuestas, el 11 de mayo de 1967. 46 El 15 de mayo de 1967, la Cámara de
Representantes de Puerto Rico aprobó las enmiendas practicadas por el Senado
a dicho proyecto. 47 El P. de la C. Núm. 567 se convirtió, con la firma del
Gobernador de Puerto Rico, en la Ley Núm. 125, supra, el 10 de junio de 1967.48
Una simple lectura del texto del aludido Artículo 3 de la Ley Núm. 125,
supra, manifiesta claramente que la intención legislativa al enmendar dicho
artículo fue establecer una limitación inequívoca para que en ningún caso la
compensación final que el Gobernador concediera a un funcionario del ejecutivo
nombrado por él excediera el equivalente a seis (6) meses de sueldo. No podemos
aplicarle una mal llamada liberalidad interpretativa a un estatuto, cuando su
letra es clara y, por ende, su mandato legislativo.49 La Opinión Mayoritaria
expresa que una interpretación literal de la disposición en controversia nos
conduce a un resultado patentemente irrazonable, que no pudo ser el deseado por
45 Íd., págs. 1392, 1393. 46 Íd., pág. 1398. 47 21 Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes 1571, 1580 (1967). 48 1967 Leyes de Puerto Rico 401. 49 Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., res. el 12 de febrero de 1999, 99 T.S.P.R. 12, 147 D.P.R. ___ (1999), 99 J.T.S. 10; Depto. de la Familia v. Soto, res. el 2 de marzo de 1999, 99 T.S.P.R. 19, 147 D.P.R. ___ (1999), 99 J.T.S. 21; Alejandro Rivera y otros v. Estado Libre Asociado, supra; Atlantic Pipe Corp. v. F.S.E., 132 D.P.R. 1026 (1993); Meléndez v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 65 (1964); Román v. Superintendente de la Policía, 93 D.P.R. 685 (1966). el legislador. 50 Nuestra función ministerial al interpretar las leyes no
consiste en la suplantación del criterio legislativo por nuestro concepto de
lo justo y razonable. Nuestro deber, cuando la ley es clara, consiste en
respetar y hacer cumplir la voluntad legislativa.
El Secretario de Hacienda de Puerto Rico arguye, además, que el Tribunal
de Circuito de Apelaciones erró al interpretar que las Órdenes Ejecutivas han
reconocido la discreción del Gobernador para otorgar un pago por concepto de
compensación final en exceso de lo dispuesto en el referido estatuto.
El honorable Roberto Sánchez Vilella, Gobernador de Puerto Rico, emitió
la primera Orden Ejecutiva sobre este asunto el 1 de diciembre de 1967.51 Dicha
orden estableció el propósito detrás del pago por concepto de compensación final
de los funcionarios nombrados por el Primer Ejecutivo. La misma disponía lo
siguiente:
El alcance del pago de compensación final es conceder al funcionario, a la fecha de su separación definitiva del servicio, una suma de dinero a los fines de compensarlo por la licencia de vacaciones que no disfrutó y reconocer su esfuerzo y dedicación al servicio.52 (Énfasis nuestro.)
Específicamente, en cuanto al pago por compensación final, la referida
orden disponía:
Al cesar en su cargo cualquier funcionario, el Gobernador, a su discreción, autorizará el pago a tal funcionario de una suma en efectivo que no excederá del equivalente de seis meses del sueldo que corresponda a su cargo.53 (Énfasis nuestro.)
Dicha Orden fue derogada el 9 de enero de 1981, por otra emitida por el
honorable Carlos Romero Barceló, Gobernador de Puerto Rico.54 Este documento
autorizaba al Primer Ejecutivo a efectuar un pago equivalente a seis (6) meses
de sueldo a ciertos funcionarios de esa rama de gobierno por cada término que
ocuparan en su puesto. El mismo expresaba, en relación con el pago de
50 Véase la página 7 de dicha ponencia. 51 Apéndice XIV del recurso de Certiorari, págs. 168-173; Boletín Administrativo Núm. 1312 de 1 de diciembre de 1967, enmendado por el Boletín Administrativo 1387 de 23 de julio de 1968. 52 Íd., pág. 171. 53 Íd., pág. 172. 54 Apéndice XV del recurso de Certiorari, págs. 174-176; Boletín Administrativo Núm. 3837, según enmendado por el Boletín Administrativo Núm. 4088 de 11 de marzo de 1983. compensación final, lo siguiente:
Al cesar en su cargo cualquier funcionario, el Gobernador, a su discreción, autorizará el pago a tal funcionario de una suma en efectivo que no excederá del equivalente de seis meses del sueldo que corresponda a su cargo. Además de lo dispuesto anteriormente, el Gobernador, podrá autorizar a su discreción el pago de compensación final a aquellos funcionarios que hayan servido durante el cuatrienio anterior a su elección o reelección a los cuales decida retener en su mismo cargo. 55 (Énfasis nuestro.)
La referida Orden Ejecutiva fue emitida luego de una consulta realizada
por el Gobernador Romero Barceló a su Secretario de Justicia, honorable Miguel
Giménez Muñoz, quien emitió una Opinión, no publicada, el 22 de diciembre de
1980, expresando que el Primer Ejecutivo tenía facultad para realizar el pago
por concepto de compensación final autorizado en el Artículo 3 de la Ley Núm.
125, supra, a ciertos funcionarios de la Rama Ejecutiva, por cada término que
ocuparan su puesto. El Gobernador Romero Barceló, en virtud de esta orden,
autorizó el pago equivalente a doce (12) meses de sueldo a ciertos funcionarios
que ocuparon sus puestos por dos términos consecutivos en dicha rama de gobierno.
El honorable Rafael Hernández Colón, Gobernador de Puerto Rico, emitió una
Orden Ejecutiva el 22 de febrero de 1989 derogando la emitida por el Ex−Gobernador
Romero Barceló. 56 La actuación del Ex-Gobernador Hernández Colón fue el
resultado de una consulta que realizara a su Secretario de Justicia, honorable
Héctor Rivera Cruz, mediante la cual se cuestionó la facultad que tenía el
anterior Primer Ejecutivo para conceder el pago equivalente a doce (12) meses
de sueldo como compensación final a funcionarios nombrados por él. 57 El
55 Íd., págs. 175-176. 56 Apéndice XII del recurso de Certiorari, págs. 161-163; Boletín Administrativo 5288A, según enmendado por la Orden Ejecutiva 1991-35 de 23 de julio de 1991 y por la Orden Ejecutiva de 8 de abril de 1994, Boletín Administrativo número OE-1994-19. Ésta última mantuvo la limitación del pago por compensación final al equivalente de seis (6) meses de sueldo. 57 Apéndice III del recurso de Certiorari, págs. 103-109. Debemos señalar que el Secretario de Justicia, honorable Héctor Rivera Cruz, llevó una acción judicial contra los funcionarios a quienes les fue concedido dicho pago como compensación final. Véase Apéndice III del recurso de Certiorari, págs. 110-133, Estado Libre Asociado de Puerto Rico v. Juan H. Cintrón, caso civil número 87-1933, sobre sentencia declaratoria y cobro de dinero. El Tribunal de Primera Instancia declaró la demanda no ha lugar. Entendió que los pagos efectuados eran válidos, a tenor con lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Núm. 125, supra, y la Orden Ejecutiva vigente al momento de ser realizados. Secretario de Justicia opinó que el Primer Ejecutivo no tenía la facultad de
otorgar una compensación a un funcionario nombrado por él que excediera el
equivalente a seis (6) meses de sueldo. Sobre tal asunto expresó lo siguiente:
Entiendo que en casos de funcionarios nombrados por el Gobernador en su primer término y retenidos por éste al ser reelecto no se le puede otorgar la compensación final establecida en el Artículo 3 de la Ley 125 en dos ocasiones, al ocurrir la reelección y cuando finalmente abandonan sus puestos, sino sólo en el último caso, esto es, cuando cesan en sus cargos.58 (Énfasis nuestro.)
En primer lugar, debo señalar que del texto del Artículo 3 no surge una autorización expresa que faculte al Gobernador a otorgar la compensación final, situación bajo estudio. Tampoco he encontrado historial legislativo al respecto.
La referida Orden Ejecutiva emitida por el Gobernador Hernández Colón
perseguía específicamente dejar sin efecto la práctica de la Oficina del
Gobernador, de conceder una compensación final en exceso del equivalente a los
seis (6) meses de sueldo, por estar en contravención a lo establecido en el
Artículo 3 de la Ley Núm. 125, supra. 59 Dispuso que en ningún caso dicha
compensación final excedería el equivalente a seis (6) meses del sueldo que
devengaba el funcionario en su cargo. A tales extremos, el Artículo 4 de dicha
Orden disponía lo siguiente:
Al cesar en su cargo cualquier funcionario, el Gobernador, a su discreción, autorizará el pago a tal funcionario, o a los beneficiarios en casos de muerte, de una suma en efectivo que no excederá del equivalente de seis meses de sueldo que corresponda al cargo.60 (Énfasis nuestro.)
En el caso de autos, la Orden Ejecutiva emitida el 22 de febrero de 1989
por el entonces Gobernador Rafael Hernández Colón, era la vigente al momento
de concederle el pago por compensación final, equivalente a doce (12) meses de
sueldo, a la Administradora de Corrección. Ésta clara y categóricamente
limitaba el pago por concepto de compensación final al cesar en su cargo, al
equivalente a seis (6) meses de sueldo del funcionario en cuestión. La actuación
del referido Gobernador de otorgar un pago como compensación final que excedía
la limitación establecida en su Orden Ejecutiva, Boletín Administrativo Núm.
58 Apéndice III del recurso de Certiorari, pág. 106.
59 Apéndice XII, Íd., pág. 163. 60 Íd., pág. 162. 5288A, y que, además, sobrepasaba el límite establecido en el Artículo 3 de la
Ley Núm. 125, supra, entendemos, muy respetuosamente, que fue una contraria a
derecho. No entendemos la posición de la Mayoría, al concluir que el pago
contemplado en el Artículo 3 de la Ley Núm. 125, supra, procede únicamente cuando
el funcionario se desvincula total y absolutamente de su cargo, y al mismo tiempo
proponer que la compensación final equivalente a seis (6) meses de sueldo procede
por cada uno de los cuatrienios que un funcionario ejecutivo ocupe en su cargo
en forma consecutiva. Dicha conclusión nos parece insostenible, dado el claro
lenguaje del estatuto.
Por último, el Secretario de Hacienda de Puerto Rico plantea ante nos que
erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al concluir que lo pautado por este
Tribunal en Hernández Agosto v. Romero Barceló, supra, no era aplicable al caso
de autos. De conformidad a lo allí pautado, la peticionaria ocupó el cargo de
Administradora de Corrección por espacio de siete (7) años en forma consecutiva
y por dos (2) cuatrienios seguidos. No hubo una interrupción, un cese o una
desvinculación de la doctora Mercedes Otero de Ramos en las funciones de su cargo.
Del texto del referido Artículo 3 de la Ley Núm. 125, supra, surge palmariamente
que se trata de una compensación final que el gobernador habrá de otorgar, de
manera discrecional, al momento de cesar en el cargo. No se desprende de la
intención legislativa que el Gobernador tenga discreción alguna para otorgar
un pago de seis (6) meses de sueldo por cada cuatrienio de servicio prestado
por el funcionario, cuando éste no cesó en las funciones de su cargo, sino que,
por el contrario, se mantuvo en forma continua por espacio de siete (7) años
y por dos cuatrienios consecutivos. Concluimos que no procede el referido pago
por compensación final cuando el funcionario renuncia a su puesto para ocupar
otro en la Rama Ejecutiva, de la misma naturaleza, o cuando el funcionario
continúa desempeñando un puesto de esa naturaleza por más de un cuatrienio.61
El acto legislativo constitutivo de la aprobación del Artículo 3 de la Ley
125, supra, perseguía el propósito de formular una política pública que le
61 Véase la Op. Sec. Just. 1987-6; Op. Sec. Just. 1989-21; Op. Sec. Just. 1989-35; Op. Sec. Just. 1990-37; Opinión del Secretario de Justicia de 27 de diciembre de 1993, no publicada. hiciera justicia a los funcionarios públicos de confianza nombrados por el
Gobernador(a) de Puerto Rico, que no tienen derecho a acumular vacaciones
regulares ni de enfermedad, concediéndole como compensación final un equivalente
que en ningún caso o circunstancia excediera seis (6) meses de su sueldo, cuando
tal funcionario se desvincula total y absolutamente de dicho cargo. A través
del estudio de las circunstancias particulares del presente caso, tenemos la
firme convicción de que la Asamblea Legislativa no alcanzó su propósito de
hacerle justicia a esos funcionarios, cuando ocupan el cargo por dos (2)
cuatrienios consecutivos. No obstante, las reglas de hermenéutica legal
existen para asistir a los tribunales en la interpretación de los estatutos,
aunque los jueces discrepen personalmente de la sabiduría de los actos
legislativos. No podemos, por entender que la aplicación de la letra clara de
un estatuto resulta irrazonable, rechazar la intención del legislador por
entenderla inapropiada. En estas situaciones está en manos del Poder
Legislativo corregir tal situación. No le corresponde tal ministerio a la Rama
Judicial, por estar impedida de formular política pública. Aún en casos como
el presente, en que nos parece que la política pública debería ser lo expresado
por la Mayoría, no nos corresponde a nosotros ese ejercicio.
¿Le corresponde a la doctora Mercedes Otero de Ramos devolver el exceso
de lo cobrado indebidamente? Concluimos en la afirmativa. Veamos.
El Artículo 1795 del Código Civil de Puerto Rico recoge la figura doctrinal
conocida como cobro de lo indebido. Dicho Artículo lee de la manera siguiente:62
Cuando se recibe alguna cosa que no había derecho a cobrar, y que por error ha sido indebidamente entregada, surge la obligación de restituirla.
Este Tribunal ha sostenido que bajo la doctrina del cuasicontrato
contemplado en el Artículo 1795, supra, el que recibe alguna cosa, a la cual
no tenía derecho a cobrar, y que por un error de hecho haya sido indebidamente
62 31 L.P.R.A. sec. 5121. pagada, tendrá la obligación de restituirla. 63 Dicho pago tuvo que ser
satisfecho indebidamente, por error de hecho o equivocación y no por mera
liberalidad. 64 Diferente es la situación cuando el pago efectuado es
consecuencia de un error de derecho. Cuando el pago es producto de un error
de derecho, no procede la devolución de lo indebidamente pagado.65 El error de
derecho ocurre cuando la persona que realiza el pago lo hace amparado en la
creencia de que éste le es exigible en derecho, bien por desconocimiento de la
norma que lo descarga del pago o por interpretación errónea del derecho
aplicable.66 La doctrina del error de derecho exime a la persona que recibió
el pago indebido de la devolución de lo pagado, aún cuando se trate de fondos
públicos.67 Concluimos que la doctrina antes esbozada no es de aplicación al
caso de autos, dada la letra clara del Artículo 3 de la Ley Núm. 125, supra,
y de la Orden Ejecutiva vigente al momento de realizarse el pago.
Por los fundamentos anteriormente expuestos, hubiéramos revocado la
sentencia dictada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones y confirmado
la emitida por el Tribunal de Primera Instancia.
Efraín E. Rivera Pérez Juez Asociado
63 Aulet v. Depto. Servicios Sociales, 129 D.P.R. 1 (1991); E.L.A. v. Asoc. Empleados Obras Púb. Mun., 126 D.P.R. 320 (1990); Cartagena v. E.L.A., 116 D.P.R. 254 (1985); Sucn. Choisne v. Municipio, 100 D.P.R. 501 (1972); American Railroad Co. v. Wolkers, 22 D.P.R. 283 (1915). 64 Íd. 65 Aulet v. Depto. Servicios Sociales, supra; Cartagena v. E.L.A., supra. 66 Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 D.P.R. 560 (1998); Aulet v. Depto. Servicios Sociales, supra; Cartagena v. E.L.A., supra. 67 Aulet v. Depto. Servicios Sociales, supra; A.C.A.A. v. Bird Piñero, 115 D.P.R. 254 (1985).
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