Freire Ayala Y Otros v. Vista Rent to Own, Inc. Y Otros

2006 TSPR 162

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: November 9, 2006
• Docket: CC-2004-0595
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Juan Luis Freire Ayala et al

Demandantes Recurridos Certiorari v. 2006 TSPR 162 Vista Rent To Own, Inc. et al 169 DPR ____ Demandados Peticionarios

Número del Caso: CC-2004-595

Fecha: 9 de noviembre de 2006

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan-Panel I

Juez Ponente: Hon. Dora T. Peñagarícano Soler

Abogados de la Parte Demandada Peticionaria:

Lcdo. Reynaldo A. Quintana Latorre Lcdo. Ángel Omy Rey-Seijo

Abogado de la Parte Demandante Recurrida: Lcdo. Juan P. Rivera Román

Materia: Discrimen

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Demandantes Recurridos CC-2004-595 v.

Vista Rent To Own, Inc. et al

Demandados Peticionarios

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Rivera Pérez.

San Juan, Puerto Rico, a 9 de noviembre de 2006.

Tenemos ocasión de resolver si es eficaz en

derecho, bajo el principio constitucional de sistema

judicial unificado, la presentación inicial de un

recurso de certiorari en la Secretaría de una sede

del Tribunal de Primera Instancia que no es la sede

recurrida de dicho tribunal. También, si tiene

validez una cláusula contractual mediante la cual un

empleado exento acuerda con su patrono limitar su

jornada de trabajo. ¿Tiene disponible ese empleado

una causa de acción en daños y perjuicios por

habérsele requerido trabajar en exceso de la jornada

de trabajo limitada por su contrato de empleo?

Veamos los hechos que originan el presente recurso. CC-2004-595 2

I

El señor Juan Luis Freire Ayala, en adelante señor Freire

Ayala, comenzó a trabajar en octubre de 1999 para Vista Rent

to Own, Inc., h/n/c Rent a Center, en adelante Rent a Center,

como “Junior Assistant Manager”, devengando un salario de

$19,500 anuales, equivalentes a $375 semanales. En ese

entonces, el señor Freire Ayala contaba con cuarenta y tres

(43) años de edad.

El señor Freire Ayala comenzó en el empleo laborando en

el Departamento de Ventas de la sucursal de Rent a Center en

Carolina. Posteriormente, fue trasladado al mismo

departamento en la sucursal de la empresa en Río Piedras.

Finalmente, fue trasladado a la sucursal de la compañía en

Carolina, ésta vez al Departamento de Crédito. El señor

Freire Ayala fungió como supervisor de dos (2) de las cinco

(5) rutas en que estaba dividido el Departamento de Crédito.

Tenía a su cargo la supervisión de un (1) empleado por ruta.

Eventualmente, fue designado supervisor de las cinco (5)

rutas antes mencionadas. Previo a su despido, el señor

Freire Ayala fue amonestado por su patrono como consecuencia

de la alegada reducción en ventas que experimentaron dos (2)

de las cinco (5) rutas supervisadas por él. En septiembre de

2001, Rent a Center prescindió de sus servicios aduciendo la

misma razón.

El 17 de enero de 2003, el señor Freire Ayala presentó

ante la Sala Superior de la Sede de San Juan del Tribunal de CC-2004-595 3

Primera Instancia, una demanda contra de Rent a Center,

reclamando discrimen por razón de edad, horas extras y

periodos de tomar alimentos trabajados.1 Alegó que la

aducida reducción en ventas fue sólo un pretexto del patrono

para encubrir la verdadera razón del despido, su edad.

Arguyó, que al ser despedido fue sustituido por un empleado

más joven y que la conducta discriminatoria del patrono

constituía una violación a la Ley Contra el Discrimen en el

Empleo de Puerto Rico.2 Sostuvo que Rent a Center violó la

Ley de Horas y Días de Trabajo de Puerto Rico3, al no

compensarle las horas extras que trabajó, en exceso de

cuarenta (40) a la semana, ni los periodos de tomar alimentos

trabajados durante su tiempo de servicio con la empresa.

Reclamó compensación salarial y daños ascendentes a $353,000.

Oportunamente, Rent a Center contestó la demanda. Alegó

que la causa de acción de discrimen en el empleo por razón de

edad estaba prescrita. Además, arguyó que el despido del

señor Freire Ayala estuvo justificado en un pobre y

negligente desempeño causante de la reducción en ventas y

pérdidas económicas que experimentó en la tienda bajo su

supervisón. Sostuvo que en el despido del señor Freire Ayala

no medió intención ni ánimo discriminatorio, y que, en la

1 Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 109-112. 2 Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, 29 L.P.R.A. secs. 146 et seq. 3 Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, 29 L.P.R.A. secs. 271 et seq. CC-2004-595 4

alternativa, de entenderse que el despido fue injustificado,

el único remedio disponible al señor Freire Ayala era la

mesada dispuesta en la Ley de Indemnización por Despido

Injustificado.4 Finalmente, alegó que el señor Freire Ayala

no tenía derecho a reclamar compensación por horas extras ni

por periodos de tomar alimentos trabajados, por ser un

empleado exento bajo la legislación y reglamentación de horas

y salarios vigente en nuestra jurisdicción.

Así las cosas, el 12 de septiembre de 2003, Rent a Center

presentó una moción solicitando que se dictara sentencia

sumaria.5 Sostuvo que de las declaraciones del señor Freire

Ayala en la deposición que le fuera tomada durante el proceso

de descubrimiento de prueba, en unión a las alegaciones de la

demanda, se desprendía que éste se desempeñó como empleado

gerencial exento durante su tiempo de servicio con la

compañía. Por otro lado, arguyó que la acción de discrimen

en el empleo por razón de edad estaba prescrita, toda vez que

fue entablada transcurrido más de un (1) año del despido del

demandante. Solicitó del foro primario que desestimara

sumariamente las reclamaciones de horas extras, periodos de

tomar alimentos y discrimen en el empleo.

El señor Freire Ayala se opuso a la solicitud de

sentencia sumaria presentada por Rent a Center.6 Sostuvo que

___________________________________________________________ 4 Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A. secs. 185 et seq. 5 Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 131-289. 6 Íd., págs. 294-301. CC-2004-595 5

era improcedente el planteamiento de prescripción de la causa

de acción de discrimen en el empleo, en vista de que el 10 de

septiembre de 2002, dentro del término prescriptivo de dicha

causa de acción, había cursado a Rent a Center una carta

constitutiva de una reclamación extrajudicial.7 Arguyó que

su misiva cumplía con los requisitos establecidos por la

jurisprudencia de este Tribunal para interrumpir la

prescripción. En torno a las reclamaciones de horas extras y

periodos de tomar alimentos trabajados, aceptó que no había

controversia alguna sobre el hecho de que sus funciones como

”Junior Assistant Manager” eran de índole gerencial.8 No

obstante, alegó que de conformidad con el contrato de trabajo

habido entre las partes, dichas funciones gerenciales estaban

circunscritas a una jornada de trabajo de cuarenta y seis

(46) horas semanales, por lo que todas las horas que trabajó

en exceso de la jornada de trabajo semanal pactada eran

extras y compensables.9 Puntualizó que sus argumentos y los

documentos que acompañaron su escrito creaban controversias

de hechos materiales y esenciales que impedían la disposición

del caso por la vía sumaria.

Luego de varios incidentes procesales, el 20 de enero de

2004, la Sala Superior de la Sede de San Juan del Tribunal de

7 Íd., pág. 298. 8 Íd., pág. 295. 9 Íd. CC-2004-595 6

Primera Instancia, dictó una resolución sumaria parcial.10

Mediante la misma, el foro primario desestimó con perjuicio

la reclamación de horas extras y periodos de tomar alimentos

trabajados, y declaró “no ha lugar” el planteamiento de

prescripción de la causa de acción de discrimen en el empleo.

Determinó que durante el tiempo de servicio del señor Freire

Ayala en Rent a Center, éste fue un “ejecutivo” exento, según

dicho término ha sido definido por el Reglamento Núm. 13 de

la extinta Junta de Salario Mínimo de Puerto Rico.11

Resolvió que al ser un “ejecutivo” exento, le eran

inaplicables las disposiciones de la Ley Núm. 379, supra, y,

por consiguiente, no tenía derecho a paga por horas extras ni

derecho al disfrute del período de tomar alimentos. Concluyó

que el hecho de que el patrono y el señor Freire Ayala

suscribieran un contrato fijando las horas de trabajo

semanales y el salario a ser devengado bajo dicha jornada de

trabajo, no derrotaba el hecho de que éste era un empleado

exento carente de derecho a recibir paga por horas extras

trabajadas. Copia de dicha resolución fue notificada y

archivada en autos el 26 de enero de 2004.12

Inconforme, el 25 de febrero de 2004, día número treinta

10 Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 48-63. Fue titulada erróneamente “Sentencia Sumaria Parcial”. Al no cumplir con las exigencias de la Regla 43.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, constituye, más bien, una resolución. 11 Infra. 12 Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 97. CC-2004-595 7

(30) a partir del archivo en autos de copia de la referida

resolución, el señor Freire Ayala presentó un recurso de

certiorari en la Secretaría de la sede de Ponce del Tribunal

de Primera Instancia, ciudad en la que ubica la oficina de su

representante legal.13 Al día siguiente, 26 de febrero de

2004, el señor Freire Ayala notificó el original del escrito

y las copias reglamentarias del mismo a la Secretaría del

Tribunal de Apelaciones. Es decir, notificó al Tribunal de

Apelaciones el original del recurso y sus copias

reglamentarias el día treinta y uno (31) a partir del archivo

en autos de copia de la resolución del foro primario.14

En su recurso de certiorari, el señor Freire Ayala alegó

que el Tribunal de Primera Instancia erró al desestimar

sumariamente la reclamación de salarios. Sostuvo que aunque

había admitido en una deposición sus “funciones gerenciales”,

su reclamación salarial trascendía la aplicabilidad del

Reglamento Núm. 13, supra, porque la misma tenía que

evaluarse a la luz de las disposiciones generales de los

contratos que establece el Código Civil. Así, afirmó que no

estaba en controversia ni la posición ni las funciones del

cargo que ocupó en Rent a Center, sino el derecho que tenía a

recibir paga por las horas que trabajó en exceso de la

13 Véase Oposición a Petición de Certiorari, pág. 6. Véase, además, “Oposición Alegato” de la parte demandante recurrida, pág. 7. Véase, también, notificación de la Secretaria General del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce de 25 de febrero de 2004; Autos del Tribunal de Apelaciones, caso KLCE-2004-00212. 14 Apéndice del recurso de Certiorari, págs., 88-96. CC-2004-595 8

jornada máxima semanal de cuarenta y seis (46) horas que

pactó con el patrono. Arguyó que tenía un derecho

constitucional, legal y contractual a compensación por dichas

horas.

Por su parte, Rent a Center presentó ante el Tribunal de

Apelaciones una moción de desestimación alegando que dicho

tribunal carecía de jurisdicción para acoger el recurso de

certiorari. Sostuvo que el señor Freire Ayala presentó el

recurso vencido el término de cumplimiento estricto de

treinta (30) días dispuesto por nuestro ordenamiento procesal

civil para solicitar la revisión de resoluciones del Tribunal

de Primera Instancia. Arguyó que la presentación un (1) día

tardía e inexcusada con circunstancias especiales en la

propia petición de certiorari, privaba de jurisdicción al

Tribunal de Apelaciones. Rent a Center pasó por alto en su

moción la presentación inicial del recurso que el señor

Freire Ayala hizo en la Secretaría de la sede de Ponce del

Tribunal de Primera Instancia.

El 30 de abril de 2004, el foro intermedio apelativo declaró “no ha lugar” la referida moción de desestimación y

revocó el dictamen del Tribunal de Primera Instancia.15

Resolvió el asunto de su jurisdicción razonando que a pesar

de que el recurso de certiorari se había presentado el día

treinta y uno (31), en interés de la justicia debía atender

los méritos del recurso, pues “la radicación de un día en

demasía no había ocasionado perjuicio indebido a ninguna de

15 Íd., págs. 23-46. CC-2004-595 9

las partes”. Concluyó que la evaluación independiente de los

documentos que obraban en su expediente y los escritos de las

partes revelaba que el mecanismo de sentencia sumaria no

constituía el medio idóneo para resolver la controversia.

Determinó que de la deposición tomada al señor Freire Ayala

surgía evidencia contradictoria en cuanto a la naturaleza del

puesto que éste ocupaba. Puntualizó que el señor Freire

Ayala realizaba algunas gestiones propias de un “ejecutivo”

exento, pero otras propias de un empleado no exento.

Concluyó que no se desprendía de la referida deposición el

alcance exacto de la discreción que tenía para tomar

decisiones. Por último, determinó que el contrato de trabajo

suscrito por las partes especificando puesto, salario y

jornada de trabajo era ambiguo, incapaz de revelar la

intención de éstas al contratar. Resolvió que al señor

Freire Ayala le asistía el derecho a tener su día en corte y

presentar evidencia en una vista plenaria, en apoyo de su

posición.

Denegada una moción de reconsideración, Rent a Center

acudió ante nos, mediante recurso de certiorari, señalando

los errores siguientes:

PRIMER ERROR: Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al expedir el auto de Certiorari y declarar No Ha Lugar la “Moción Solicitando Desestimación del Recurso de Certiorari”, presentada por la parte demandada-peticionaria, cuando es evidente que el Honorable Tribunal carecía de jurisdicción para atender el recurso presentado, pues el mismo se presentó fuera del término de cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que se hubiese alegado ni demostrado justa causa para ello.

SEGUNDO ERROR: Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al revocar la Sentencia Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, bajo la consideración de que el mecanismo de Sentencia Sumaria utilizado por el Tribunal de CC-2004-595 10

Primera Instancia no constituía el medio idóneo para resolver la controversia ante sí.

TERCER ERROR: Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al revocar la Sentencia Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, y concluir que el contrato de empleo suscrito entre las partes era por demás ambiguo y que no se desprendía ni lejanamente la intención de las partes al suscribir el contrato.

Contando con el beneficio de la comparecencia de ambas

partes nos encontramos en posición de resolver.

II

En primer lugar, nos corresponde resolver si actuó

correctamente el Tribunal de Apelaciones al asumir

jurisdicción sobre el recurso de certiorari presentado por el

señor Freire Ayala. Para ello, debemos primero contestar la

interrogante siguiente: ¿Tiene eficacia jurídica la

presentación de un recurso de certiorari el último día hábil

del término para hacerlo en una Secretaría de una sede del

Tribunal de Primera Instancia distinta a la expresamente

facultada a recibirlo a tenor con lo dispuesto por las Reglas

de Procedimiento Civil y el Reglamento del Tribunal de

Apelaciones? Sí la tiene. Veamos.

A. Principio constitucional de jurisdicción judicial

unificada.

Reiteradamente hemos resuelto que los tribunales deben

ser celosos guardianes de su jurisdicción. Las cuestiones de

jurisdicción, por ser privilegiadas, deben ser resueltas con CC-2004-595 11

preferencia. De carecer de jurisdicción, lo único que puede

hacer un tribunal es así declararlo y desestimar el caso.16

Por otro lado, el Artículo V, Sección 2 de la

Constitución de Puerto Rico dispone lo siguiente:

Los tribunales de Puerto Rico constituirán un sistema judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento y administración. La Asamblea Legislativa, en cuanto no resulte incompatible con esta Constitución, podrá crear y suprimir tribunales, con excepción del Tribunal Supremo, y determinará su competencia y organización (énfasis nuestro).17

En torno a dicha sección, el informe de la Comisión de la

Rama Judicial de la Convención Constituyente expresó lo

siguiente:

Esta sección establece la completa unificación de los tribunales de Puerto Rico. La unificación de los tribunales produce, entre otros efectos, la eliminación de problemas técnicos de jurisdicción. El poder legislativo queda, no obstante, facultado para determinar la competencia de los tribunales y para disponer que de acudir un litigante a un tribunal distinto al indicado por las leyes sobre competencia, la parte contraria puede solicitar y obtener el traslado de la causa, o el tribunal motu proprio puede así disponerlo. ........ Este sistema judicial unificado que recomendamos eliminará en los litigios las cuestiones técnicas de jurisdicción. Dentro del sistema que hasta ahora ha prevalecido en Puerto Rico a menudo se derrotaban los fines de la justicia y se perjudicaban irremediablemente los derechos de litigantes por haber éstos acudido a tribunales que según dicho sistema carecían, por razones sumamente técnicas, de jurisdicción para conocer en su causa. Frecuentemente se descubría el error técnico cuando ya el litigante había incurrido en gastos y pérdida de tiempo. El establecimiento de este sistema judicial unificado que se recomienda eliminará de 16 Caratini v. Collazo Syst. Análisis, Inc., 2003 T.S.P.R. 1, 2003 J.T.S. 4, 158 D.P.R. __ (2003); Vega et al. v. Telefónica, 2002 T.S.P.R. 50, 2002 J.T.S. 58, 156 D.P.R. __ (2002). 17 Art. V, sec. 2, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. CC-2004-595 12

manera absoluta todas estas deficiencias. Por otro lado, se reserva al Poder Legislativo la facultad de disponer por ley sobre la competencia de los tribunales incluyendo el lugar donde deben ventilarse los litigios. Un error por razón de competencia podrá siempre ser subsanado a petición de las partes o por disposición del tribunal sin que se perjudiquen fatalmente los derechos de los litigantes. También se reserva al Poder Legislativo la facultad de crear nuevos tribunales o de abolir los existentes con excepción del Tribunal Supremo (énfasis suplido).18

De otra parte, el alcance del sistema judicial unificado,

según lo explicara el Presidente de dicha Convención, doctor

Antonio Fernós Isern es el siguiente:

[l]a única cuestión concreta es que en todo sistema de justicia integral existe una sola corte. Si el sistema está integrado, tiene competencia y tiene jurisdicción dondequiera que se radique sin perjuicio de que se le conceda por ley el derecho a traslado si la parte lo pide. No sería cuestión de perder los derechos de apelación, los derechos obtenidos (énfasis nuestro).19

Asimismo, el licenciado José Trías Monge, en su obra El

Sistema Judicial de Puerto Rico20, al analizar el artículo V

de la Constitución de Puerto Rico y su implementación bajo la

Ley de la Judicatura de 1952 expresó lo siguiente:

El artículo V de la Constitución de Puerto Rico consagró, como hemos señalado, el principio de la unificación de los tribunales. La Asamblea Legislativa retuvo el poder de crear nuevas cortes, pero su totalidad constituiría necesariamente un solo conjunto (énfasis suplido).21

El licenciado Trías Monge añadió que:

18 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, págs. 2609-2610 (Edición Conmemorativa, 2003). 19 Diario de Sesiones, supra, pág. 602. 20 J. Trías Monge, El Sistema Judicial de Puerto Rico, San Juan, Ed. Universitaria, 1978. 21 J. Trías Monge, op. cit., pág. 177. CC-2004-595 13

…nuestro actual artículo V no deja lugar a dudas que se está creando un sistema unificado, lo que obviamente equivale al establecimiento del tribunal único. Faltó tan sólo bautizarlo, lo cual se hizo en la Ley de la Judicatura. Aun bajo la Constitución actual, sin embargo, resulta claro que cualquier tribunal que se establezca forma parte del sistema unificado a todos los fines que la Constitución dispone (énfasis nuestro).22

También manifestó lo siguiente:

Un objetivo central de esta ley [de la Judicatura de 1952] era eliminar el oscuro concepto de “jurisdicción”, causa de que se frustrase en muchos casos, por la fijación de rígidas fronteras artificiales, la causa de la justicia. La ley de la judicatura evitó cuidadosamente utilizar dicho concepto, sustituyéndolo por el de “competencia”. Dentro de la teoría de un sistema unificado, cualquier parte del sistema tiene jurisdicción para resolver una causa. El volumen de trabajo, no obstante, se distribuye mediante reglas flexibles de competencia (énfasis añadido).23

Por otro lado, la Ley de la Judicatura de 200324, la cual

implementa actualmente las disposiciones del referido

artículo V de la Constitución, dispone lo siguiente:

El Poder Judicial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico constituirá un sistema judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento y administración. Estará compuesto por el Tribunal Supremo como tribunal de última instancia, el Tribunal de Apelaciones como tribunal intermedio y por el Tribunal de Primera Instancia, los que conjuntamente constituirán el Tribunal General de Justicia. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico estará constituido en un solo distrito judicial sobre el cual el Tribunal General de Justicia ejercerá su poder y autoridad (énfasis nuestro).25

___________________________________________________________ 22 Íd., pág. 187. 23 Íd., pág. 136. 24 Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según enmendada, 4 L.P.R.A. sec. 24 et seq. 25 Ley Núm. 201, supra, 4 L.P.R.A. sec. 24b. CC-2004-595 14

En cuanto al Tribunal de Apelaciones se refiere, dicha

ley le otorgó competencia en recursos de certiorari para

revisar resoluciones y órdenes del Tribunal de Primera

Instancia.26 Por su parte, la Regla 53.1 de Procedimiento

Civil27 establece que el recurso de certiorari se formaliza

mediante su presentación dentro de los treinta (30) días

siguientes a la fecha de la notificación de la resolución u

orden del foro primario. El referido término es de

cumplimiento estricto, prorrogable sólo cuando median

circunstancias especiales debidamente sustentadas en la

solicitud de certiorari.28

En términos de su lugar de presentación, la Regla 53.1,

supra, permite que los recursos de certiorari se presenten

tanto en el Tribunal de Apelaciones como en la Secretaría de

la sede del Tribunal de Primera Instancia que resolvió la

controversia objeto de revisión. Así, la referida regla

dispone que en caso de que el recurso se presente en la

Secretaría de la sede recurrida del Tribunal de Primera

Instancia, el peticionario deberá notificar a la Secretaría

del Tribunal de Apelaciones, dentro de las cuarenta y ocho

(48) horas siguientes a la presentación inicial del recurso,

26 Ley Núm. 201, supra, 4 L.P.R.A. sec. 24(y). 27 32 L.P.R.A. Ap. III. 28 Íd. CC-2004-595 15

el número reglamentario de copias debidamente selladas con la

fecha y hora de esa presentación inicial.

Por su parte, la Regla 33 del Reglamento Transitorio del

Tribunal de Apelaciones de 18 de noviembre de 200329,

aplicable al presente caso, en armonía con la Regla 53.1 de

Procedimiento Civil, supra, permitía que los recursos de

certiorari se presentaran tanto en el Tribunal de Apelaciones

como en la Secretaría de la sede recurrida del Tribunal de

Primera Instancia. Cabe destacar que la nueva Regla 33 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones de 2004 se expresa,

sobre el particular, en idénticos términos.30

Específicamente, a la fecha en que el señor Freire Ayala

presentó su recurso de certiorari, la Regla 33 del Reglamento

Transitorio del Tribunal de Apelaciones disponía lo

De presentarse el recurso de certiorari en la Secretaría de la sede del Tribunal de Primera Instancia en la cual se resolvió la controversia objeto de revisión, la Secretaría del tribunal recurrido retendrá una copia del escrito de certiorari, sin apéndice, y la parte peticionaria notificará a la Secretaría del Tribunal de Apelaciones dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la presentación de la solicitud, el original del escrito con el arancel cancelado y tres (3) copias del mismo debidamente selladas por la Secretaría del tribunal recurrido con la fecha y hora de su presentación. Los términos aquí dispuestos serán de cumplimiento estricto (énfasis añadido).

29 Éste era el Reglamento vigente a la fecha en que el señor Freire Ayala presentó su recurso de certiorari. Fue derogado el 20 de julio de 2004, mediante la aprobación del nuevo Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 1-89 (2004). 30 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. CC-2004-595 16

Es menester señalar que desde la aprobación de la hoy

derogada Ley de la Judicatura de 199431, la Legislatura ha

tenido la intención y propósito de facilitar a las partes el

acceso a la justicia apelativa, permitiendo que los recursos

en alzada para la revisión de sentencias y resoluciones del

Tribunal de Primera Instancia se presenten en la Secretaría

de la sede de dicho tribunal que resolvió el asunto. Así,

bajo el esquema constitucional de un sistema judicial

unificado, el legislador le confirió al Tribunal de Primera

Instancia, para fines de la presentación de tales recursos,

características similares a la Secretaría del Tribunal de

Apelaciones.32 Este principio de mayor acceso a la justicia

apelativa fue reafirmado mediante la aprobación de la Ley de

la Judicatura de 2003, supra, cuando el legislador dispuso lo

El Tribunal de Apelaciones deberá cumplir con el objetivo de este capítulo de dar mayor acceso a la ciudadanía a los procesos judiciales. Deberá ofrecer acceso fácil, económico y efectivo a sus procedimientos, eliminando obstáculos y barreras que impidan impartir justicia apelativa a los ciudadanos con reclamos válidos (énfasis suplido).33

Asimismo, dicho estatuto autorizó al Tribunal Supremo a

aprobar un reglamento rector de los procedimientos y

organización del Tribunal de Apelaciones, que contuviera

31 Plan de Reorganización de la Rama Judicial, Ley Núm. 1 de 28 de julio de 1994, según enmendada, 4 L.P.R.A. ant. secs. 22–23n. 32 Acevedo v. E.L.A., 150 D.P.R. 866 (2000). 33 Ley Núm. 201, supra, 4 L.P.R.A. sec. 24u. CC-2004-595 17

“reglas dirigidas a reducir al mínimo el número de recursos

desestimados por defectos de forma o de notificación…”34 Al

aprobar en el año 2003 el Reglamento Transitorio del Tribunal

de Apelaciones, supra, dispusimos en su Regla 2 lo siguiente:

…[E]ste Reglamento está dirigido a: (1) Ofrecer acceso fácil, económico y efectivo al Tribunal, eliminando obstáculos y barreras que impidan impartir justicia apelativa a los ciudadanos con reclamos válidos (énfasis nuestro).

Del mismo modo, establecimos en la Regla 12(A) del

referido Reglamento lo siguiente:

Las disposiciones sobre los requisitos de notificación a las partes y al Tribunal y los de forma dispuestos en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones de 1996, en las Reglas de Procedimiento Civil, Reglas de Procedimiento Criminal para los recursos de apelación, certiorari y de revisión judicial, deberán interpretarse de forma que se reduzcan al mínimo las desestimaciones de los recursos. Deberá el Tribunal de Apelaciones proveer oportunidad razonable para la corrección de defectos de forma o de notificación que no afecten los derechos de las partes (énfasis añadido).35

Con este amplio marco constitucional y procesal

reglamentario en mente, pasamos directamente a responder la

interrogante que levantamos al comenzar la discusión de esta

segunda (II) parte de la Opinión. Ello, en aras de resolver

si el Tribunal de Apelaciones actuó con jurisdicción sobre el

recurso de certiorari que ante él presentara el señor Freire

Ayala.

34 Ley Núm. 201, supra, 4 L.P.R.A. sec. 24w. 35 En términos casi idénticos redactamos las Reglas 2 y 12.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones de 2004, supra. CC-2004-595 18

En el presente caso, la Sala Superior de la sede de San

Juan del Tribunal de Primera Instancia dictó una resolución

mediante la cual desestimó sumariamente la reclamación

salarial del señor Freire Ayala. El día treinta (30), luego

de notificada y archivada en autos la referida resolución,

éste presentó en la Secretaría de la sede de Ponce del

Tribunal de Primera Instancia un recurso de certiorari.

Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a dicha

presentación, el señor Freire Ayala notificó al Tribunal de

Apelaciones el original del escrito con el arancel cancelado

y las copias reglamentarias del mismo selladas con la fecha y

hora de su presentación inicial.

En su resolución, el Tribunal de Apelaciones no discute

ni hace alusión alguna a la presentación inicial del recurso

de certiorari en la Secretaría de la sede de Ponce del

Tribunal de Primera Instancia. No indica si se percató o no

de dicha presentación. No surge de su resolución si la tomó

o no en consideración. Al resolver la moción de

desestimación presentada por Rent a Center se limitó a

expresar que, en interés de la justicia, atendería en los

méritos el recurso, toda vez que la radicación en el Tribunal

de Apelaciones un (1) día en exceso del término para hacerlo

no había ocasionado perjuicio indebido a ninguna de las

partes. Sin embargo, erró al asumir jurisdicción en el

recurso bajo ese fundamento. En todo caso, es norma

jurisprudencial que un término de cumplimiento estricto sólo

puede prorrogarse por justa causa, y únicamente cuando la CC-2004-595 19

parte la demuestra en la solicitud de certiorari con

explicaciones particulares y concretas.36

Por su parte, Rent a Center tampoco discute en su

alegato el efecto, si alguno, de la presentación inicial del

referido recurso en la Secretaría de la sede de Ponce del

Tribunal de Primera Instancia. Más bien, hace abstracción de

la misma y plantea que la presentación en el Tribunal de

Apelaciones vencido por un (1) día el término de cumplimiento

estricto, en ausencia de acreditación de justa causa, con

explicaciones concretas y particulares, debidamente

evidenciadas en el escrito de certiorari, impedía al foro

intermedio apelativo asumir jurisdicción sobre el recurso en

cuestión.

Concluimos que la presentación de un recurso de

certiorari dentro del término de cumplimiento estricto, en

una sede del Tribunal de Primera Instancia que no es la sede

recurrida de dicho tribunal, tiene la misma eficacia

jurídica, por virtud del principio constitucional de

jurisdicción judicial unificada, que la presentación del

mismo en la sede recurrida del mencionado tribunal. Veamos.

Es un hecho que el ordenamiento procesal civil apelativo

faculta, de forma expresa, a la Secretaría de la sede del

Tribunal de Primera Instancia en la cual se resolvió la

controversia objeto de revisión, para recibir el recurso de

certiorari, como lugar alternativo a la Secretaría del

36 Mun. de Carolina v. Reyes et al., 151 D.P.R. 897 (2000); Rojas Lugo v. Axtmayer Enterprises, Inc., 150 D.P.R. 560 CC-2004-595 20

Tribunal de Apelaciones. No obstante, el que dicho

ordenamiento no le de facultad expresa para ello a ninguna

otra sede del referido tribunal no puede tener el efecto de

derrotar el esquema constitucional de un sistema judicial

unificado, en cuanto a jurisdicción.

Desde la aprobación de la Constitución de Puerto Rico en

el año 1952 y la Ley de la Judicatura de ese mismo año,

nuestros tribunales dejaron de funcionar como células u

órganos separados e independientes. A partir de ese momento,

pasaron a formar una sola organización, un solo conjunto, un

tribunal único, bautizado con el nombre de Tribunal General

de Justicia, hoy compuesto por el Tribunal Supremo, el

Tribunal de Apelaciones y el Tribunal de Primera Instancia.

Por tal razón, la presentación inicial de un recurso de

certiorari dentro del término de cumplimiento estricto en la

Secretaría de una sede del Tribunal de Primera Instancia que

no está expresamente facultada a recibirlo por las reglas

procesales aplicables, no puede provocar la pérdida del

derecho del ciudadano litigante.

Enfatizamos que en el caso ante nos, el recurso se

presentó dentro del término de cumplimiento estricto

aplicable ante el Tribunal de Primera Instancia, y se

notificó al Tribunal de Apelaciones, también dentro del

término de cumplimiento estricto correspondiente. La novedad

del caso estribó en que el recurso no se presentó en la

Secretaría de la sede del Tribunal de Primera Instancia que

___________________________________________________________ (2000); Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122 (1998). CC-2004-595 21

resolvió la controversia objeto de revisión, sino en la

Secretaría de otra sede del mismo tribunal. No obstante, y

como hemos señalado, ambas Secretarías son componentes

inseparables del esquema constitucional de un sistema

judicial unificado en cuanto a jurisdicción.

Por tanto, determinamos que ante la presentación de un

recurso de certiorari en las circunstancias del caso ante

nosotros, por imperativo del principio constitucional de

jurisdicción judicial unificada, procede lo siguiente: (1) la

transferencia administrativa del referido recurso por parte

de la Secretaría de la sede del Tribunal de Primera Instancia

que lo recibió a la Secretaría de la sede recurrida de dicho

tribunal y (2) la notificación por parte del peticionario del

original del escrito con el arancel cancelado y sus copias

reglamentarias a la Secretaría del Tribunal de Apelaciones,

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, de

conformidad con la Regla 53.1 de Procedimiento Civil, supra,

y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. Cumplido

este trámite, se entiende oportuna y perfeccionada la

presentación del recurso.

A la luz de todo lo anterior, resolvemos que la

presentación del recurso de certiorari del señor Freire Ayala

en la Secretaría de la sede de Ponce del Tribunal de Primera

Instancia bajo las circunstancias descritas fue eficaz en

derecho. Así las cosas, aunque por el fundamento equivocado,

actuó correctamente el Tribunal de Apelaciones al ejercer su

___________________________________________________________ CC-2004-595 22

jurisdicción sobre el mismo. En vista de que la revisión se

produce contra la resolución recurrida y no contra sus

fundamentos, confirmamos al Tribunal de Apelaciones en cuanto

al primer señalamiento de error se refiere.37 Al así

resolver, honramos la Constitución y continuamos fomentando

la eliminación de barreras que impiden impartir justicia

apelativa, facilitando el acceso a la misma en nuestro

sistema judicial unificado. Al mismo tiempo, reafirmamos

nuestros pronunciamientos a los efectos de que, en lo

posible, las controversias judiciales deben resolverse en los

méritos.38

B. Principio constitucional de administración y

funcionamiento judicial unificado; autoridad constitucional

para adoptar reglas procesales apelativas, y de

administración interna.

Como mencionamos previamente, la sección 2 del artículo V

de nuestra Constitución no sólo concibe nuestro sistema

judicial como uno unificado en términos de jurisdicción, sino

también en lo concerniente a su funcionamiento y

administración.39 La Comisión de la Rama Judicial de la

Convención Constituyente recomendó semejante integración a

los fines de asegurar el logro de las metas siguientes:

1) Mayor eficiencia en el ejercicio del poder judicial.

37 Pueblo v. Pérez Rodríguez, 2003 T.S.P.R. 93, 2003 J.T.S. 96, 159 D.P.R. __ (2003); Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 D.P.R. 906 (2001); Perez Vda. Muñiz v. Criado, 151 D.P.R. 355 (2000). 38 Vega v. Caribe G. E. 2003 T.S.P.R. 174, 2003 J.T.S. 175, 160 D.P.R. __ (2003). 39 Art. V, sec. 2, Const. E.L.A., supra. CC-2004-595 23

2) Distribución equitativa del trabajo de los tribunales que

permita la mayor rapidez en los procedimientos judiciales

evitando la congestión de causas pendientes en los

tribunales.

3) Énfasis en el principio de especialización de jueces en

lugar de la especialización de tribunales, evitándose así la

necesidad de tribunales o salas adicionales o de crear un

número excesivo de plazas de jueces.

4) Reducción del costo por caso al erario público.

5) La mayor flexibilidad en la administración de la

justicia.40

Contemporáneo a la aprobación de la Constitución, se hicieron

las expresiones siguientes sobre el alcance de dicha sección:

La sección 2 provee, además [de la eliminación de los problemas técnicos de jurisdicción], que los tribunales constituirán un sistema unificado para propósitos de operación y administración. Éstos extremos son implementados por las secciones 6 y 7 discutidas más abajo (traducción y énfasis nuestro).41

La sección 6 del artículo V de la Constitución lee de la

manera siguiente:

§ 6. [Reglas de evidencia y de procedimiento civil y criminal]

El Tribunal Supremo adoptará, para los tribunales, reglas de evidencia y de procedimiento civil y criminal que no menoscaben, amplíen o modifiquen derechos sustantivos de las partes. Las reglas así adoptadas se remitirán a la Asamblea Legislativa al comienzo de su próxima sesión ordinaria y regirán sesenta días después de la terminación de dicha sesión, salvo desaprobación por la Asamblea 40 Diario de Sesiones, supra, pág. 2609. 41 Notes & Comments on the Constitution of the Commonwealth of Puerto Rico, Washington D.C., 1953, pág. 88. La cita en idioma inglés lee textualmente: “Section 2 also provides that the courts shall constitute a unified system for purposes of operation and administration. These ends are implemented by sections 6 and 7 discussed below”. CC-2004-595 24

Legislativa, la cual tendrá facultad, tanto en dicha sesión como posteriormente, para enmendar, derogar o complementar cualquiera de dichas reglas, mediante ley específica a tal efecto (énfasis añadido).42

Sobre la referida sección, el Informe de la Comisión de la

Rama Judicial de la Convención Constituyente expresó que

recomendó elevar a categoría constitucional la facultad del

Tribunal Supremo para adoptar reglas de procedimiento,

haciendo claro que ese poder no conllevaba en forma alguna el

de modificar o alterar, en virtud de esas reglas, derechos

sustantivos.43 Respecto a la misma sección se dijo, además:

Esta concesión de poder al Tribunal Supremo para iniciar reglas de procedimiento y evidencia para los tribunales ayuda a implementar la sección 2, que establece un sistema judicial unificado (traducción y énfasis suplido).44

Por su parte, la sección 7 del artículo V del Magno

Documento dispone:

§ 7. [Reglas de evidencia y de procedimiento civil y criminal].

El Tribunal Supremo adoptará reglas para la administración de los tribunales las que estarán sujetas a las leyes relativas a suministros, personal, asignación y fiscalización de fondos, y a otras leyes aplicables en general al gobierno. El Juez Presidente dirigirá la administración de los tribunales y nombrará a un director administrativo, quien desempeñará su cargo a discreción de dicho magistrado (énfasis nuestro).45

42 Art. V, sec. 6, Const. E.L.A., supra. 43 Diario de Sesiones, supra, pág. 2612. 44 Notes & Comments on the Constitution of the Commonwealth of Puerto Rico, op cit., pág. 91. La cita en idioma inglés lee textualmente: “This grant of power to the Supreme Court to initiate rules of procedure and evidence for the courts helps to implement Section 2 which establishes a unified court system”. 45 Art. V, sec. 7, Const. E.L.A., supra. CC-2004-595 25

El Lcdo. Ernesto Ramos Antonini, Delegado a la Convención

Constituyente expresó, como parte del debate de la

Convención, que el propósito de la citada sección 7:

…es el de que la responsabilidad de la administración de los tribunales de justicia recaiga en el presidente del Tribunal Supremo...De manera que a quien hay que proteger aquí es, en primer término, al poder judicial, en el sentido de garantizarle eficiencia en su funcionamiento por su administración (énfasis añadido).46

Por otro lado, en el Informe de la Comisión de la Rama

Judicial de la Convención Constituyente se indicó que se

recomendó traspasar al Tribunal Supremo la facultad de

administrar los tribunales de justicia de Puerto Rico, pues

antes era ejercida por un ente del poder ejecutivo, la

Oficina del Procurador General. Entendió la Comisión que la

referida sección 7 contenía disposiciones básicas para la

consecución de la independencia del poder judicial, e hizo

constar que el término “administración”, usado en la misma,

comprendía, entre otras funciones, la de aprobar reglamentos

para la eficiente administración de la Rama Judicial.47 En

ese sentido, la administración centralizada del sistema llevó

la idea de la unificación judicial a una forma más efectiva

de lo que hasta entonces se había logrado en otras

jurisdicciones.48

46 Diario de Sesiones, supra, pág. 1667. 47 Íd., pág. 2613. 48 J. Trías Monge, op. cit., pág. 133. CC-2004-595 26

Al amparo de las facultades constitucionales antes

discutidas, y como hemos visto, de forma consustancial con el

sistema judicial unificado que nos rige, este Tribunal adoptó

las vigentes Reglas de Procedimiento Civil de 1979,

convertidas en ley por la Asamblea Legislativa. Entre ellas,

la Regla 53.1, supra, que según analizamos antes, permite que

los recursos de certiorari se presenten tanto en el Tribunal

de Apelaciones como en la Secretaría de la sede del Tribunal

de Primera Instancia que resolvió la controversia objeto de

revisión. Según señalamos previamente, a tenor con la Ley de

la Judicatura de 2003, supra, esta Curia promulgó, además, el

Reglamento del Tribunal de Apelaciones de 2004.49 Dicho

cuerpo reglamentario complementa la normativa formulada por

las reglas de procedimiento respecto a la práctica apelativa

ante dicho tribunal, que incluye la tramitación de recursos

de certiorari como el de hoy ante nos. Tal y como

manifestamos anteriormente, en armonía con la aludida Regla

53.1 de Procedimiento Civil, supra, el referido Reglamento

permite que los recursos de certiorari se presenten tanto en

el Tribunal de Apelaciones como en la Secretaría de la sede

recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Para poder encaminar el funcionamiento de nuestro

sistema judicial de manera ordenada, y con el fin de evitar

socavar su estructura y organización, es imperioso que los

procesos judiciales se tramiten con la más absoluta y fiel

49 Véase nuevamente Ley Núm. 201, supra, 4 L.P.R.A. sec. 24w. CC-2004-595 27

adherencia a las Reglas de Procedimiento Civil y los

reglamentos de práctica apelativa que hemos cuidadosamente

confeccionado. Así las cosas, la opción de presentar el

recurso de apelación o certiorari en la Secretaría del

Tribunal de Primera Instancia requiere que dicha presentación

se haga, según el texto literal de las Reglas de

Procedimiento Civil y las del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones de 2004. Esto es, en la Secretaría de la sede

del Tribunal de Primera Instancia que dictó la sentencia

apelada o la resolución recurrida. Deberá cumplirse

estrictamente esta directriz.

La decisión a la que hoy llegamos con respecto al

recurso de certiorari del señor Freire Ayala, bajo ninguna

circunstancia puede ser interpretada como una licencia para

que los abogados presenten recursos apelativos en Secretarías

de sedes del Tribunal de Primera Instancia sin competencia o

sin facultad reglamentaria expresa para recibirlos. Ello

provocaría que nuestro sistema judicial sufra una grave

dislocación en su organización y funcionamiento que no

habremos de permitir. El abogado del litigante que así

actúe, debidamente apercibido está de que su proceder

representa un abierto desafío al ordenamiento procesal

apelativo que viene obligado a obedecer y respetar.

Por tanto, el abogado que en el futuro incurra en la

conducta aquí desplegada por el representante legal del señor

Freire Ayala será sancionado con una cancelación arancelaria

___________________________________________________________ CC-2004-595 28

adicional de $400, para beneficio de la sede del Tribunal de

Primera Instancia donde se presente el recurso. Queremos

dejar firmemente establecido que la piedra angular sobre la

cual está fundada nuestra facultad reguladora y disciplinaria

sobre los abogados y jueces es, precisamente, el principio

constitucional de un sistema judicial unificado en las áreas

de administración y funcionamiento. No podemos perder de

perspectiva que el eficiente funcionamiento de nuestro

sistema judicial depende, inexorablemente, del íntegro, leal,

diligente y responsable desempeño de nuestra clase togada.

III

Mediante los señalamientos de error segundo y tercero,

Rent a Center arguye que el Tribunal de Apelaciones erró al

revocar la “Sentencia Sumaria Parcial”50 emitida por el

Tribunal de Primera Instancia. Sostiene que dicho tribunal

incidió al concluir que en el caso estaba en controversia si

el señor Freire Ayala era o no un empleado exento. Le

imputa, además, errar al resolver que el contrato de empleo

entre las partes era ambiguo e incapaz de revelar la

intención de éstas al contratar. Arguye que el mecanismo de

sentencia sumaria parcial era el idóneo para disponer de la

reclamación salarial del demandante. Por estar íntimamente

relacionados entre sí, discutiremos ambos señalamientos de

error conjuntamente.

50 Véase nota al calce 10. CC-2004-595 29

La sentencia sumaria es el mecanismo procesal que

confiere al juzgador discreción para dictar sentencia sin

necesidad de celebrar una vista en sus méritos. El tribunal,

en el ejercicio de su discreción, puede dictarla cuando de

los documentos admisibles en evidencia que se acompañan con

la solicitud de sentencia sumaria, o que obran en el

expediente del tribunal, surge que no existe una legítima

controversia de hechos materiales y esenciales que tenga que

ser dirimida en una vista evidenciaria y que sólo resta

aplicar el derecho.51

De existir controversia real en relación con hechos

materiales y esenciales, no debe dictarse y cualquier duda en

torno a los mismos debe resolverse en contra de la parte

promovente de la moción, concediendo a la parte promovida el

derecho a un juicio en su fondo.52 En vista de ello, el

mecanismo de sentencia sumaria sólo debe utilizarse cuando el

promovente ha establecido su derecho con claridad y ha

quedado demostrado que el promovido no tiene derecho a

recobrar bajo cualquier circunstancia que resulte discernible

de la prueba.53 Por otro lado, un tribunal, en el sano

ejercicio de su discreción, debe abstenerse de resolver

51 Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A., Ap. III, Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes 2006 T.S.P.R. 103, 2006 J.T.S. 112, 167 D.P.R. __ (2006); Malavé v. Oriental, 2006 T.S.P.R. 63, 2006 J.T.S. 72, 167 D.P.R. __ (2006) y García v. Darex P.R., Inc., 148 D.P.R. 364, 382 (1999). 52 Bonilla Medina v. P.N.P., 140 D.P.R. 294 (1996); Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 D.P.R. 272 (1990). 53 Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, supra, Malavé v. Oriental, supra; Medina v. Merck, 134 D.P.R. 234 (1993). CC-2004-595 30

mediante el mecanismo de sentencia sumaria controversias en

las que subyacen elementos subjetivos de intención,

propósitos mentales o negligencia, y cuando el factor

credibilidad sea esencial.54

De otra parte, el derecho de los trabajadores a recibir

compensación extraordinaria por trabajo realizado en exceso

de una jornada de trabajo de ocho (8) horas diarias, es, en

Puerto Rico, de origen constitucional. La Sección 16 del

Artículo II de la Constitución de Puerto Rico dispone que

cuando un trabajador labora por más de ocho (8) horas diarias

tiene derecho a recibir una compensación extraordinaria por

el tiempo trabajado en exceso de ese límite, “que nunca será

menor de una vez y media el tipo de salario ordinario, según

se disponga por ley”.55

La Ley de Horas y Días de Trabajo de Puerto Rico, Ley

Núm. 379, supra, implementa concretamente la referida

disposición constitucional. En lo pertinente, dicha ley

dispone que ocho (8) horas de labor constituyen la jornada

legal diaria de trabajo, y añade que, cuarenta (40) horas de

labor constituyen la jornada legal semanal de trabajo.

Establece, además, que son horas extras, las trabajadas en

exceso de ocho (8) en un periodo de veinticuatro (24) horas.

___________________________________________________________ 54 Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, supra, Rosario v. Nationwide Mutual, 2003 T.S.P.R. 32, 2003 J.T.S. 34, 158 D.P.R. __ (2003); Santiago v. Ríos Alonso, 2002 T.S.P.R. 15, 2002 J.T.S. 21, 156 D.P.R. __ (2002); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 D.P.R. 294 (1994). 55 Art. II, sec. 16, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. CC-2004-595 31

Asimismo, establece que son horas extras, las trabajadas en

exceso de cuarenta (40) a la semana. Por otro lado, la

referida ley consagra el derecho a disfrutar de un periodo

para tomar alimentos que, como regla general, debe concederse

después de concluida la tercera hora de trabajo y antes de

comenzar la sexta hora de trabajo consecutivo. Dispone que

el patrono que requiera o permita que un trabajador labore

durante horas extras viene obligado a pagarle una

compensación extraordinaria igual al doble o igual a, por lo

menos, tiempo y medio del tipo convenido para las horas

regulares, dependiendo de las circunstancias envueltas, según

se especifica en su artículo 6. También dispone que el

patrono que requiera o permita que un trabajador labore

durante el periodo destinado para tomar alimentos viene

obligado a pagarle por dicho periodo o fracción del mismo un

tipo de salario igual al doble del tipo convenido para las

horas regulares.56

Por otro lado, la ley establece que el trabajador que

reciba una compensación inferior a la que en ella se fija

para las horas extras y el periodo de tomar alimentos, tendrá

derecho a recobrar de su patrono, mediante acción civil, las

cantidades no pagadas, más una suma igual por concepto de

liquidación de daños y perjuicios, además de las costas,

gastos y honorarios de abogados del procedimiento.57

56 Véanse: Arts. 2, 4, 6, y 15 de la Ley Núm. 379, supra, 29 L.P.R.A. secs. 271, 273, 274 y 283. 57 Artículo 14 de la Ley Núm. 379, supra, 29 L.P.R.A. sec. 282. CC-2004-595 32

Ley Núm. 379, supra, excluyó de sus disposiciones a los

ejecutivos, administradores y profesionales, lo que implica

que la ley no les cobija; es inaplicable a éstos.58 El

legislador delegó en la extinta Junta de Salario Mínimo de

Puerto Rico la labor de definir quiénes son estos empleados.59

Mediante la aprobación del Reglamento Núm. 1360, la referida

Junta definió dichos términos. Se trata de los denominados

empleados exentos. Es a dicho Reglamento al que debemos

acudir para determinar si un empleado clasificado por su

patrono como “ejecutivo” lo es, verdaderamente. De llenar

los requisitos que establece el Reglamento, dicho empleado

sería uno exento, carente de derecho a jornadas máximas de

labor, a paga por horas extras y al disfrute del periodo de

tomar alimentos.61

Constituye un principio de nuestra infraestructura

jurídica laboral el que solamente por excepción se excluya a

un trabajador de la protección que su carácter de empleado le

proporciona.62 Así, para que surja la condición de

58 Artículo 20, 29 L.P.R.A. sec. 288. 59 Íd. 60 Reglamento 4267, Cuarta Revisión (1990). Es inaplicable a los hechos de este caso la Quinta Revisión que entró en vigor el 17 de febrero de 2006. 61 Santiago Matos v. Commonwealth Oil Refining Co., 114 D.P.R. 267 (1983). 62 Sánchez v. Best Price Co., Inc., 102 D.P.R. 379 (1974); López Santos v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 325 (1970). CC-2004-595 33

“ejecutivo” exento es necesario que concurran todos los

requisitos que el Reglamento Núm. 13, supra, enumera.63

63 A la fecha de los hechos, el Reglamento Núm. 13, supra, definía el término “ejecutivo” de la manera siguiente:

“Artículo IV Definición de ‘Ejecutivo’

A los fines de la sección 30(b) de la Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico (Ley 96 de 26 de junio de 1956, enmendada) el término ejecutivo significa:

A. En Todas las Actividades Excepto Agrícolas

Cualquier empleado que reúna los siguientes requisitos:

(a) que tenga por deber primordial la dirección de la empresa en que trabaja o de un usualmente reconocido departamento o subdivisión de la empresa; y (b) que usual y regularmente dirija el trabajo de dos o más empleados de la empresa o departamento o subdivisión de la misma; y (c) que tenga la autoridad de emplear y despedir empleados, o cuyas sugestiones o recomendaciones sobre el empleo, despido, mejoramiento, ascenso o cualquier otro cambio en el status de éstos hayan de recibir especial consideración; y (d) que usual y regularmente ejerza facultades discrecionales; y (e) que no dedique más del 20%, o en el caso de un empleado de un establecimiento de comercio al detal o de servicio, que no dedique hasta el 40% de las horas trabajadas en una semana de trabajo, a actividades que no estén directamente relacionadas con el desempeño del trabajo descrito en el Apartado A, inciso (a) hasta (d) inclusive, de este Artículo IV; disponiéndose que este Inciso (e) no será aplicable en el caso de un empleado que esté encargado de una empresa independiente o de una sucursal de la empresa físicamente separada del establecimiento principal de la misma, o de un empleado que sea dueño de por lo menos el 20% del capital de la empresa en la que esté trabajando; y (f) que reciba por sus servicios una compensación fija equivalente al sueldo semanal no menor de $200.00, excluyendo alimentos, vivienda u otros servicio; También significa cualquier empleado cuyo trabajo cumpla con los requisitos dispuestos en los incisos (a) y (b) de este Artículo IV y CC-2004-595 34

En su alegato, Rent a Center arguye que no está en

controversia que el señor Freire Ayala era un “ejecutivo”

exento. Sostiene que el propio señor Freire Ayala admitió su

estatus exento en el escrito que presentó en el Tribunal de

Primera Instancia en oposición a que se dictara sentencia

sumaria. Arguye que éste volvió a admitir su condición de

empleado exento en el recurso de certiorari que presentó en

el Tribunal de Apelaciones. Ante tales circunstancias, dice

no explicarse cómo el foro intermedio apelativo pudo

encontrar la existencia de una controversia de hecho material

y esencial sobre el particular. Un examen del expediente

ante nos revela que Rent a Center tiene razón. Veamos.

En su escrito en oposición a que se dictara sentencia

sumaria, el señor Freire Ayala expresó lo siguiente:

7. En relación a la reclamación de horas extras o periodo de tomar alimentos, no hay controversia alguna que las funciones del demandante eran de índole gerencial. 8. Sin embargo, estas funciones estaban reguladas a 46 horas semanales que fue la [sic] que las partes pautaran [sic] en el contrato de trabajo entre las partes (énfasis nuestro).64

Por otro lado, en el recurso de certiorari que el señor

Freire Ayala presentó en el Tribunal de Apelaciones señaló lo

…[E]l derecho laboral ha evolucionado y se han creado vía legislación medidas adicionales para proteger a la masa trabajadora, tales como la Ley de Salario ___________________________________________________________ que reciba por sus servicios una compensación fija equivalente a un salario semanal no menor de doscientos noventa y cinco dólares ($295.00) excluyendo alimentos, vivienda u otros servicios”. 64 Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 295. CC-2004-595 35

Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico, 29 L.P.R.A sec. 250; Ley de Horas y Días de Trabajo de Puerto Rico, 29 L.P.R.A. sec. 271, Flexitime, 29 L.P.R.A. sec. 282, y otras. Sin embargo, el asunto a discutirse aquí es uno que tiene que evaluarse a la luz de las disposiciones generales de los contratos que establece el Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 3371 et seq. [sic] pues no está en disputa la posición, ni las funciones del cargo, sino la cantidad de horas a que está obligado a trabajar el demandante-peticionario. ........ Sin embargo [sic] el Honorable Tribunal de Instancia se limitó a evaluar la clasificación del empleado a base de la definición que ofrece el reglamento 13 de la Junta de Salario Mínimo, cuando ya el demandante en su deposición había aceptado sus funciones gerenciales (énfasis nuestro).65

El señor Freire Ayala no cuestionó en su recurso de

certiorari ante el Tribunal de Apelaciones la determinación

del Tribunal de Primera Instancia que lo declaró “ejecutivo”

exento. Únicamente cuestionó la desestimación de su

reclamación de “horas extras” 66, aduciendo que tenía derecho

a ellas, al amparo de su contrato individual de trabajo. El

señor Freire Ayala en ningún momento se describe en dicho

recurso como un empleado no exento. Tampoco argumenta serlo.

Por tanto, es un hecho no controvertido que el señor Freire

Ayala era un “ejecutivo” de Rent a Center, excluido de la

aplicación de la Ley Núm. 379, supra.

En vista de que la referida ley es inaplicable a los

ejecutivos, es forzoso concluir que el recurrido no tiene

derecho por virtud de ley a una jornada máxima de trabajo

diaria. Tampoco a una jornada máxima de trabajo semanal.

65 Íd., pág. 94-95. CC-2004-595 36

Por tanto, no tiene derecho bajo la concernida ley a paga por

horas extras ni por periodos de tomar alimentos trabajados.

Ahora bien, el señor Freire Ayala invocó ante el

Tribunal de Apelaciones la aplicabilidad de su contrato

individual de trabajo como fuente de derecho, más allá de las

disposiciones de la Ley Núm. 379, supra. Arguyó ante dicho

tribunal que la controversia estaba gobernada por el

principio de la autonomía de la voluntad contractual. Ante

nos, reitera ese planteamiento y sostiene que bajo dicho

principio, Rent a Center pactó con él limitar su jornada de

trabajo semanal a cuarenta y seis (46) horas. Alega que

pactó lo siguiente: trabajar como “Junior Assistant Manager”,

cuarenta y seis (46) horas semanales, por un salario anual de

$19,500. Argumenta que nuestro ordenamiento jurídico, en el

campo del derecho laboral, no le impide contratar con su

patrono condiciones de trabajo más favorables a las provistas

por ley. Afirma que el patrono quebrantó el referido pacto,

requiriéndole trabajar, en la práctica, setenta y dos (72)

horas semanales.67 Ante el alegado incumplimiento, reclama

como remedio compensación por las horas trabajadas en exceso

de la jornada contractual de trabajo semanal.68

___________________________________________________________ 66 Nótese que el señor Freire Ayala tampoco cuestionó la desestimación de la reclamación de paga por periodos de tomar alimentos trabajados. 67 Véase “Oposición Alegato” de la parte recurrida, pág. 14. Véase, además, transcripción de la deposición tomada al señor Freire Ayala el 22 de julio de 2003, Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 219-220. 68 “Oposición Alegato” de la parte recurrida, pág. 16. CC-2004-595 37

Por su parte, Rent a Center sostiene en su Alegato que

no se comprometió contractualmente con el señor Freire Ayala

a una jornada de trabajo semanal exclusivamente de cuarenta y

seis (46) horas, sino a una jornada de trabajo semanal

“usualmente” de cuarenta y seis (46) horas. Sostiene que el

Tribunal de Apelaciones incidió al resolver que el contrato

de empleo habido entre las partes era ambiguo y que no

revelaba la intención de éstas al suscribirlo. Aduce que,

por el contrario, el referido contrato demuestra con claridad

que el señor Freire Ayala no tiene derecho a compensación

adicional por las horas trabajadas en exceso de cuarenta y

seis (46) a la semana.

Nos preguntamos, ¿constituye un ejercicio válido en

derecho el que un empleado exento suscriba un contrato con su

patrono que tenga el efecto de limitar su jornada de trabajo

semanal a un número determinado de horas? Si lo es, ¿Cuál es

el derecho aplicable a dicha jornada contractual de trabajo

semanal? ¿Qué remedios tiene disponible ese empleado exento

ante un incumplimiento patronal con el límite contractual de

la jornada de trabajo, en circunstancias en que el contrato

guarde silencio en cuanto a dicho extremo? Veamos.

Este Tribunal ha resuelto que la legislación protectora

del trabajo cristaliza la política pública del Estado sobre

los derechos, beneficios y condiciones mínimas de trabajo que

han de disfrutar los empleados en Puerto Rico. Hemos

establecido que ello no constituye un obstáculo ni menoscaba

la oportunidad del empleado de obtener mejores condiciones de CC-2004-595 38

trabajo mediante la contratación individual o colectiva.69

Es norma de derecho que en el ámbito de la contratación

laboral lo que no está permitido es que un empleado contrate

con su patrono, individual o colectivamente, condiciones de

trabajo inferiores a las mínimas establecidas en la

legislación protectora del trabajo. Hemos puntualizado que

cualquier disposición contractual con tal alcance es nula e

ineficaz en derecho por ser contraria a la ley, a la moral y

al orden público.70

Como antes señalamos, un empleado exento, excluido de

las disposiciones de la Ley Núm. 379, supra, no tiene derecho

legal a una jornada máxima de trabajo diaria ni semanal.

Tampoco derecho legal a compensación por horas extras. Por

ello, su patrono puede requerirle trabajar jornadas en exceso

de ocho (8) horas diarias, y en exceso de cuarenta (40) a la

semana, sin tener que pagarle compensación adicional a su

salario fijo. En consecuencia, cuando un empleado exento

logra limitar a un número determinado de horas su jornada de

trabajo semanal mediante contratación individual con su

patrono, con ello está trascendiendo el ámbito de una ley

especial que no le cobija, y está obteniendo, a través de un

contrato individual de trabajo, la protección que le niega la

ley. Por ser cónsono con la política pública del Estado de

fomentar que los empleados alcancen más y mejores derechos,

beneficios y condiciones de trabajo, mediante contratación

69 J.R.T. v. Vigilantes, Inc., 125 D.P.R. 581, 590-592 (1990). 70 Íd. CC-2004-595 39

individual o colectiva con su patrono, tal contrato es

totalmente válido en derecho. En ausencia de ley especial

que gobierne los términos específicos de dicho contrato, el

derecho aplicable al mismo es la doctrina general de las

obligaciones y los contratos.

Al adentrarnos en el examen de dicha doctrina, vemos que

el artículo 1044 del Código Civil dispone que las

obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley

entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de

los mismos.71 El artículo 1210 del mismo cuerpo legal

establece que desde el momento en que se perfecciona un

contrato, éste obliga, no sólo al cumplimiento de lo

expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias

que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso

y a la ley.72 Asimismo, el artículo 1054 del Código Civil

dispone que cuando una parte contraviene los términos de un

contrato, está sujeta a indemnizar los daños causados.73

Como norma general, la referida indemnización comprende el

valor de la pérdida sufrida y el de la ganancia dejada de

obtener por el acreedor.74 No obstante, la responsabilidad

del deudor de buena fe está limitada a los daños y perjuicios

previstos o que se hayan podido prever al tiempo de

constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria

___________________________________________________________ 71 31 L.P.R.A. sec. 2994. 72 31 L.P.R.A. sec. 3375. 73 31 L.P.R.A. sec. 3018. CC-2004-595 40

de su falta de cumplimiento.75 Por otro lado, hemos resuelto

que, de ordinario, no procede un reclamo de angustias y daños

mentales en acciones de incumplimiento contractual.76 Así,

para que proceda una acción de daños y perjuicios

contractuales es menester que haya mediado un acuerdo de

voluntades generador de una obligación, situación o estado de

derecho que haya creado unas expectativas a base de las

cuales actuaron las partes. Como norma general, cada parte

confía en que la otra cumplirá con lo libremente pactado,

conforme al principio de la obligatoriedad de los contratos y

de la buena fe. Una acción u omisión negligente o deliberada

de una de las partes, que produzca el incumplimiento de la

obligación contraída, dará origen a la causa de acción de

daños y perjuicios ex contractu.77

Como antes dispusiéramos, un empleado exento puede

adquirir mediante contratación individual con su patrono, el

derecho a una jornada de trabajo semanal limitada a

determinado número de horas. Examinada la normativa

pertinente en materia de obligaciones y contratos, concluimos

que, ante un incumplimiento patronal con los términos y

___________________________________________________________ 74 Artículo 1059 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3023. 75 Artículo 1060 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2994. 76 A menos que hubieran podido preverse al tiempo de constituirse la obligación y fueran consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento. Véase nuevamente el artículo 1060 del Código Civil, supra. Además, véase Mattei Nazario v. Vélez & Asoc., 145 D.P.R. 508, 523 (1998) y Camacho v. Iglesia Católica, 72 D.P.R. 353, 363 (1951). 77 Mattei Nazario v. Vélez & Asoc., supra, pág. 522. CC-2004-595 41

condiciones de un contrato de trabajo de esa naturaleza, el

empleado perjudicado tiene disponible el remedio de una

acción de daños y perjuicios contractuales.78 Tendría que

probar ante el Tribunal de Primera Instancia el

incumplimiento del contrato por el patrono y los daños y

perjuicios que ha sufrido, como consecuencia del mismo, según

reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico.

Un examen del contrato de empleo existente entre el

señor Freire Ayala y Rent a Center revela que, en efecto, las

partes acordaron una jornada de trabajo semanal limitada. El

contrato suscrito por ambas partes en papel timbrado de la

compañía leía de la manera siguiente:

RENTER’S CHOICE

Yo, Juan L. Freire Ayala, acepto el empleo que se me está ofreciendo en Renter’s Choice de Puerto Rico, Inc. [Rent a Center], en la posición de Jr. Asst. Mgr., devengando un salario de $19,500 y trabajando 46 horas semanales. Mi horario es rotativo dependiendo de las necesidades de la tienda que se me asigne. De igual manera se me puede transferir de una tienda a otra si así se requiere. Usualmente mi horario será de 46 horas semanales y un promedio de 6 días. Firmo que he leído esta forma y estoy de acuerdo con la misma (énfasis suplido).79

Surge del transcrito contrato que Rent a Center ofreció

y el recurrido aceptó ocupar una posición de título

gerencial, devengando un salario anual de $19,500, a cambio

78 El artículo 1077 del Código Civil establece el derecho del perjudicado por un incumplimiento de contrato con obligaciones recíprocas a escoger entre exigir el cumplimiento específico o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de los daños y abono de intereses en ambos casos; 31 L.P.R.A. sec. 3052. 79 Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 299. CC-2004-595 42

de que éste brindara a la empresa una jornada de trabajo de

cuarenta y seis (46) horas semanales. En la última oración

del primer párrafo del contrato se vuelve a hacer alusión a

las cuarenta y seis (46) horas de labor semanal, ésta vez

acompañadas del adverbio “usualmente” y la expresión de que

las mismas se trabajarían distribuidas en un promedio de seis

(6) días.

En su alegato, Rent a Center argumenta que el uso de

dicho adverbio en el lenguaje contractual implica que el

recurrido, siendo un ejecutivo exento, podía ser requerido de

trabajar, lo mismo más de cuarenta y seis (46) horas

semanales como menos de cuarenta y seis (46), a cambio de la

misma compensación acordada de $19,500 anuales.80 Arguye que

bajo uno u otro escenario no habría violación contractual.

En el suyo, el señor Freire Ayala argumenta que, en el mejor

de los escenarios para Rent a Center, el señor Freire Ayala

debió trabajar comúnmente o habitualmente cuarenta y seis

(46) horas semanales, y no continua o frecuentemente setenta

y dos (72) horas semanales, como aduce que ocurrió. Sostiene

que en ello precisamente estriba el incumplimiento del

contrato.

Habiendo una genuina controversia sobre hechos

materiales y esenciales, sobre si se incumplió o no el

contrato de empleo suscrito por las partes, se hace necesario

concederle a éstas la oportunidad de presentar prueba en un

juicio plenario. Aunque por razonamientos distintos,

coincidimos con el foro intermedio apelativo en que procedía CC-2004-595 43

revocar la “Sentencia Sumaria Parcial” dictada por el

IV

Por los fundamentos antes expuestos y, en vista de que

la revisión se produce contra la decisión recurrida y no

contra sus fundamentos, confirmamos al Tribunal de

Apelaciones.81 Se devuelve el caso a la Sala Superior de la

sede de San Juan del Tribunal de Primera Instancia, para que

continúe con los procedimientos a tenor con lo aquí pautado.

Efraín E. Rivera Pérez Juez Asociado

___________________________________________________________ 80 Alegato de la Parte Peticionaria, pág. 33. 81 Véase nota al calce 37. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Juan Luis Freire Ayala, et al

Demandantes recurridos

v. CC-2004-595 Vista Rent To Own, Inc. et al

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, y en vista de que la revisión se produce contra la decisión recurrida y no contra sus fundamentos, confirmamos el dictamen revocatorio del Tribunal de Apelaciones. Se devuelve el caso a la Sala Superior de la sede de San Juan del Tribunal de Primera Instancia para que continúe con los procedimientos a tenor con lo aquí pautado. Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rebollo López, aun cuando está conforme con la Opinión emitida en el presente caso, no suscribe aquella parte de la misma que le impone una sanción arancelaria al abogado que radique su recurso apelativo ante una sede, o sala, del Tribunal de Primera Instancia, distinta a la que resolvió el caso; ello por razón de que, si dicha radicación es cónsona con el mandato constitucional de un sistema judicial unificado, la imposición de una sanción económica resulta ser improcedente.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo