EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v. CC-2001-780
Markus R. Irizarry Quiñones, Ismael Cintrón Rosario, Remy Montalvo Nieves
Recurridos Certiorari
2003 TSPR 160 El Pueblo de Puerto Rico 160 DPR ____ Peticionario CC-2001-790 v.
Henry Aponte Rosado
Recurrido
Peticionario CC-2002-660
v.
Remy Montalvo Nieves
Acusado-recurrido
Fecha: 5 de noviembre de 2003
Número del Caso: CC-2001-780
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional V
Juez Ponente: Hon. Mildred G. Pabón Charneco
Oficina del Procurador General: Lcdo. Roberto J. Sánchez Ramos Procurador General
Lcda. Rose Mary Corchado Lorent Procuradora General Auxiliar Abogados de la Parte Recurrida: Lcdo. Carlos R. Padilla Montalvo Lcdo. Ramón A. Hernández Rivera
Número del Caso: CC-2001-790
Juez Ponente: Hon. German J. Brau Ramírez Oficina del Procurador General: Lcda. Rose Mary Corchado Lorent Procuradora General Auxiliar
Abogado de la Parte Recurrida: Lcdo. Edwin H. Flores Sellés
Número del Caso: CC-2002-660
Juez Ponente: Hon. German J. Brau Ramírez
Oficina del Procurador General: Lcda. Iris M. Barreto Saavedra Procuradora General Auxiliar
Lcdo. Roberto J. Sánchez Ramos Procurador General
Abogado de la Parte Recurrida: Lcdo. Carlos R. Padilla Montalvo
Materia: Procedimiento de Regla 6 para obtener orden de arresto y Art. 401 Ley de Sustancias Controladas
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
vs. Núm. CC-2001-780 CERTIORARI
Markus R. Irizarry Quiñones, Ismael Cintrón Rosario, Remy Montalvo Nieves
Recurridos ------------------------ El Pueblo de Puerto Rico
vs. Núm. CC-2001-790 CERTIORARI
Recurrido ---------------------------- El Pueblo de Puerto Rico
vs. Núm. CC-2002-660 CERTIORARI
OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ PRESIDENTE INTERINO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ
San Juan, Puerto Rico, a 5 de noviembre de 2003
¿Prohíbe la Regla 6 de las de Procedimiento Criminal,
34 L.P.R.A. Ap. II, R.6, que el magistrado que determina
causa probable para el arresto se base, exclusivamente, en
las declaraciones juradas sometidas con la denuncia en
situaciones en las cuales el imputado de delito grave
asiste a la vista representado por abogado? ¿Tiene derecho
el imputado de delito grave a obtener copia de tales
declaraciones juradas en esa etapa de los CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660 4
procedimientos y previo a que dichos testigos se sienten a
declarar por primera vez? Respondemos en la negativa.
Veamos por qué.
I
Este Tribunal consolidó los recursos de epígrafe por
presentar cuestiones de hecho y derecho similares, en
particular, por estar relacionados con el procedimiento
para determinar causa probable para el arresto bajo las
disposiciones de la Regla 6(a) de Procedimiento Criminal,
34 L.P.R.A. Ap. II, R.6. A continuación, exponemos una
síntesis de los hechos fundamentales de los casos de
epígrafe.
A. Pueblo v. Irizarry Quiñones y otros, CC-2001-780 y
Pueblo v. Montalvo Nieves, CC-2002-660
El ministerio público autorizó la presentación, ante
el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce,
de quince denuncias contra Markus R. Irizarry Quiñones, de
las cuales nueve fueron por actos lascivos e impúdicos,1
cinco por exhibición de material nocivo a menores2 y una
por amenaza a testigos.3 Los cargos por actos lascivos y
1 Artículo 105 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 4067. 2 Artículo 115A del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 4077a. 3 Artículo 239A del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 4435a. CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660 5
exhibición de material nocivo fueron alegadamente
cometidos contra varios menores de catorce (14) años. Por
otro lado, se presentaron ante el mismo foro judicial tres
denuncias contra Ismael Cintrón Rosario por la alegada
comisión de varios actos lascivos e impúdicos contra una
menor de catorce (14) años. En cuanto a Remy Montalvo
Nieves, se presentó una denuncia por la alegada comisión
del delito de violación técnica contra una menor de doce
(12) años de edad. Las referidas denuncias contra los tres
imputados fueron sometidas en distintas fechas ante la
Juez Municipal Elba Santiago en la Sala de Investigaciones
de Ponce.4
El día de la vista para la determinación de causa
probable para el arresto, los imputados comparecieron
debidamente representados por sus respectivos abogados.
Las denuncias fueron sometidas por agentes de la División
de Delitos Sexuales, quienes habían realizado las
investigaciones. Éstos indicaron al tribunal que los casos
serían sometidos mediante declaraciones juradas de los
agentes que habían efectuado la investigación y las
declaraciones juradas de las alegadas víctimas; ello por
instrucciones del fiscal que había autorizado la
presentación de los casos ante el foro judicial y quien
4 En el caso del imputado Cintrón Rosario la Juez Elba Santiago decidió no intervenir en el mismo y fue sometido ante la Juez María Soledad Gil perteneciente también a la Sala de Investigaciones de Ponce. CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660 6
entendía procedente que éstas no declararan personalmente
en esa etapa del procedimiento.
Los representantes legales de los imputados se
opusieron a que los casos fueran sometidos,
exclusivamente, a través de declaraciones juradas alegando
que los acusados tenían derecho a contrainterrogar a las
víctimas. El tribunal de instancia se negó a celebrar las
vistas de determinación de causa probable para el arresto
exclusivamente a base del examen de las mencionadas
declaraciones juradas, requiriendo del ministerio público,
además, la comparecencia personal de las alegadas víctimas
a la vista con el propósito de que fueran
contrainterrogadas por los imputados.
Inconforme con dichas determinaciones, el Procurador
General presentó tres recursos de certiorari ante el
Tribunal de Circuito de Apelaciones, los cuales fueron
consolidados por dicho foro judicial. En dichos recursos
se señaló que el tribunal de instancia había errado “al
requerir la comparecencia de la víctima menor de edad para
que declarara en el procedimiento de determinación de
causa probable para el arresto, a pesar de que en dicha
etapa la Regla 6 de Procedimiento Criminal dispone que la
determinación de causa probable se puede hacer a base de
declaraciones juradas sometidas con la denuncia y no
requiere la comparecencia personal de testigos.”
Luego de concedido un término para que los imputados
mostraran causa por la cual no debía expedirse el recurso CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660 7
solicitado, el 31 de agosto de 2001, el foro intermedio
apelativo acogió los recursos como mandamus y dictó
sentencia. En la misma, en síntesis, resolvió que cuando
el ministerio público opta por someter su caso para
determinar causa probable para el arresto, en presencia
del imputado, no puede descansar únicamente en las
declaraciones juradas de los testigos o alegadas víctimas,
sino que tiene que traerlos a la vista para que sean
contrainterrogados por la defensa. Determinó, además, que
el ministerio público sólo puede someter el caso a base de
declaraciones juradas cuando somete el mismo en ausencia
del imputado sin citarlo para la vista. Por otro lado,
sostuvo que los magistrados de instancia venían obligados
a celebrar las vistas y llegar a una determinación. A esos
efectos señaló que, si el ministerio público insistía en
no presentar a los testigos y las alegadas víctimas,
debían determinar no causa. De acuerdo al foro apelativo
intermedio la celebración de la referida vista constituye
un deber ministerial por lo que los magistrados no tenían
discreción para decidir si celebrarlas o no. Finalmente,
se ordenó la celebración de vistas para determinar causa
probable para el arresto en los tres casos de acuerdo a lo
resuelto en dicha sentencia y conforme a la prueba que
optara por presentar el ministerio público.
B. Pueblo v. Aponte Rosado, CC-2001-790 CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660 8
Por hechos supuestamente acaecidos el 17 de
septiembre de 1999, el ministerio público presentó una
denuncia contra Henry Aponte Rosado ante el Tribunal de
Primera Instancia, Sala Municipal de Aibonito. Se le
imputó una infracción al Artículo 401 de la Ley de
Sustancias Controladas, 24 L.P.R.A. sec. 2401, por la
alegada posesión de cocaína con intención de distribuirla.
La denuncia se basó principalmente en el testimonio del
agente encubierto José R. Rivera Vélez, quien alegaba
haber observado al imputado participar en transacciones
relacionadas con el trasiego de drogas.
Luego de varias suspensiones, se celebró la vista de
determinación de causa probable para el arresto en la que
fueron citados tanto el imputado como el agente
encubierto. A pesar de la incomparecencia del agente
Rivera Vélez, se celebró la vista en presencia del
imputado, acompañado por su abogado, y presentándose como
testigo de cargo al supervisor del agente encubierto
quien identificó al imputado y fue contrainterrogado por
la defensa de éste. El tribunal de instancia admitió la
declaración jurada del agente Rivera Vélez como prueba
sustantiva, a lo que se opuso la defensa del imputado
aduciendo que debido a que éste había comparecido
representado por abogado debía celebrarse una vista
adversativa en la que compareciera el agente para que
pudiera ser contrainterrogado por el imputado. El
planteamiento fue rechazado por el tribunal, por lo que el CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660 9
imputado solicitó que se le proveyera, en ese momento,
copia de la declaración jurada del agente; reclamo que
también le fue denegado. Así las cosas, el foro primario
determinó causa probable para el arresto del imputado
Aponte Rosado.
Inconforme con esta determinación el imputado acudió
ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones mediante
recurso de certiorari y moción en auxilio de jurisdicción.
Mediante resolución a esos efectos, el tribunal apelativo
intermedio ordenó la paralización de los procedimientos en
el foro de instancia y le concedió al Procurador General
un término para que mostrara causa por la cual no se debía
expedir el recurso, revocar la resolución recurrida y
devolver el caso al foro primario para brindarle la
oportunidad al imputado de contrainterrogar a Rivera
Vélez. El Procurador General así lo hizo.
El Tribunal de Circuito de Apelaciones dictó
sentencia en la que revocó la determinación de causa
probable para el arresto y devolvió el caso al foro de
instancia para que reabriera “la vista de determinación de
causa probable a fines de permitir al peticionario
examinar la declaración jurada prestada por el agente
Rivera y para que contrainterrogue a dicho testigo.” Al
así resolver el foro apelativo dictaminó que en vista de
que el imputado había sido citado, y había comparecido
representado por abogado, el procedimiento seguido en este
caso era uno irregular que se apartaba de las normas CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660 10
establecidas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Manifestó que la Regla 6 de Procedimiento Criminal no
autorizaba al Ministerio Público a combinar en una vista
“híbrida” los dos procedimientos establecidos para la
determinación de causa probable para arresto; a saber, el
estudio de declaraciones juradas y el examen bajo
juramento de testigos.
Insatisfecho con la actuación del tribunal apelativo
intermedio, en los casos de epígrafe, el Procurador
General acude –-vía certiorari-- ante este Tribunal. Alega
que procede revocar las sentencias emitidas por el
tribunal apelativo intermedio debido a que dicho foro
incidió:
... al resolver que si el Ministerio Público somete un caso para determinación de causa probable para el arresto citando al imputado, y éste comparece representado por abogado, no puede el fiscal o agente someter el caso a base de declaraciones juradas solamente, sino que tiene que producir a los testigos, quienes prestaron las declaraciones juradas, para ser contrainterrogados por la defensa.
El 9 de noviembre de 2001 expedimos el recurso y
consolidamos los casos de epígrafe5. Contando con la
comparecencia de todas las partes, y estando en posición
de resolver el recurso radicado, procedemos a así hacerlo.
Revocamos; veamos por qué.
5 Refiriéndonos, específicamente, al caso Pueblo v. Montalvo Nieves, CC-2002-660, el mismo fue consolidado mediante Resolución de 13 de diciembre de 2002, ello por presentar hechos similares y exponer los mismos planteamientos que fueron levantados en los demás casos de epígrafe. CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660 11
II
Sabido es que la acción penal en nuestro ordenamiento
jurídico se inicia con la determinación de causa probable
para arrestar o al citarse a una persona para que responda
ante los tribunales por la comisión de un delito. D.
Nevares-Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Puertorriqueño,
5ta. ed. rev., San Juan, Ed. Instituto para el Desarrollo
del Derecho, 1998, pág. 43; Pueblo v. Jiménez Cruz, 145
D.P.R. 803, 809-10 (1998). “[S]e trata de la presentación
formal de una denuncia ante un tribunal, del proceso de
determinación de causa probable para el arresto o
citación, o de la conducción del arrestado ante un
magistrado cuando se le arresta sin la orden
correspondiente.” E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal
Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed.
Forum, 1993, Vol. III, pág. 20. Es desde ese momento que
el tribunal adquiere jurisdicción sobre la persona del
imputado, Pueblo v. Miró González, 133 D.P.R. 813, 819
(1993) y éste queda sujeto a responder (“held to aswer”)
por la comisión del delito en un juicio adversativo.
ante, a la pág. 43.
La determinación de causa probable para el arresto
constituye una exigencia constitucional. Pueblo v. Jiménez
Cruz, ante, a la pág. 809; Chiesa Aponte, Derecho Procesal
Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, ante, a las págs. CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660 12
23-24. Nuestra Constitución claramente ordena que “[s]ólo
se expedirán mandamientos autorizando...arrestos por
autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa
probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo
particularmente...las personas a detenerse...” Art. II,
Sec. 10, CONST. E.L.A., 1 L.P.R.A.(énfasis nuestro). Sin
esta determinación de causa probable el proceso judicial
no puede continuar. Esto es, “[e]l imputado no podrá ser
sometido a juicio sin previa determinación judicial de
causa probable” para el arresto. Chiesa Aponte, Derecho
Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, ante, a la
pág. 24.
A
Las Reglas 5 y 6 de las de Procedimiento Criminal, 34
L.P.R.A. Ap. II, R.5 y 6, regulan esta etapa inicial del
encausamiento criminal. Pueblo v. Irizarry Irizarry, res.
el 10 de mayo de 2002, 2002 TSPR 62. En lo aquí pertinente
la Regla 6 dispone, actualmente, en su Inciso (a), que:
Si de la denuncia jurada o de la declaración o declaraciones juradas sometidas con la denuncia o del examen bajo juramento del denunciante o sus testigos, si algunos, constare que hay causa probable para creer que se ha cometido el delito por la persona o personas contra quienes se imputa, el magistrado expedirá la orden para el arresto de dichas personas, con excepción de lo dispuesto en la Regla 7(a). La determinación de causa probable podrá estar fundada total o parcialmente en una declaración por información o creencia con suficiente garantía circunstancial de confiabilidad. . . . CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660 13
El magistrado podrá también determinar causa probable para creer que se ha cometido un delito sin necesidad de que se presente ante él una denuncia cuando haya examinado bajo juramento a algún testigo o testigos que tuvieren conocimiento personal del hecho delictivo. En tales casos, el magistrado, además de la expedición de la orden de arresto o citación, deberá levantar un acta concisa y breve en la que exponga los hechos del delito por el cual determina causa probable, la fecha, hora y sitio donde se cometieron, el delito imputado y el nombre y dirección del testigo o testigos examinados por él bajo juramento para determinar causa probable.
En esta determinación de causa probable el imputado tendrá derecho a estar asistido de abogado, a contrainterrogar a los testigos en su contra y a ofrecer prueba en su favor. (énfasis nuestro). . . .
La referida Regla ha sufrido varias enmiendas
sustanciales a lo largo de los años cuyo efecto ha sido ir
alterando de tiempo en tiempo el esquema de determinación
de causa probable para el arresto. Originalmente las
Reglas de Procedimiento Criminal de 1963 permitían la
expedición de una orden de arresto únicamente cuando se le
presentaba al magistrado una denuncia jurada. Ley Núm. 87
de 26 de junio de 1963, Leyes de Puerto Rico, pág. 269.
Posteriormente, la Ley Núm. 29 de 19 de junio de 1987
estableció un nuevo esquema que cambió el modo de
determinar causa probable para el arresto. Uno de los
cambios que introdujo fue permitir que el magistrado
determinara causa probable examinando bajo juramento a
algún testigo con conocimiento personal de los hechos,
ello sin que fuera necesaria la presentación de una CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660 14
denuncia. En virtud de este nuevo esquema, se incorporó el
tercer párrafo de la actual Regla 6 para reconocerle al
imputado el derecho a estar asistido por abogado,
contrainterrogar los testigos que declararan en la vista y
ofrecer prueba a su favor. El propósito era crear una
“vista híbrida”, de carácter adversativo que sustituyera a
la vista preliminar de la Regla 23 de Procedimiento
Criminal. En la misma se combinaba la determinación de
causa probable para el arresto con la de causa probable
para acusar. Todo imputado de delito sometido a una “vista
híbrida”, al amparo de la Regla 6, tenía los mismos
derechos que uno sometido a una vista preliminar bajo la
Regla 23 de Procedimiento Criminal. Bajo este nuevo
esquema la vista preliminar no era necesaria en todo caso
de delito grave, sino sólo en aquellos en que el
magistrado de la vista de determinación de causa probable
para el arresto no hubiese examinado testigos con
conocimiento personal de los hechos; o cuando se
determinara causa en ausencia del imputado; o estando éste
presente, pero sin que estuviera asistido por abogado.
Exposición de Motivos, Ley Núm. 29, ante, Leyes de Puerto
Rico, pág. 98; Pueblo v. Rivera y Rodríguez, 122 D.P.R.
862, 875 (1998).
Si bien esta reforma tuvo como fin agilizar el
proceso judicial criminal, los resultados no fueron los
esperados. El efecto práctico fue que el imputado de
delito grave prefería no comparecer a la vista de CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660 15
determinación de causa probable para el arresto, y si lo
hacía, no iba acompañado de abogado. De este modo,
“garantizaba” su derecho a una vista preliminar bajo la
citada Regla 23. Exposición de Motivos, Ley Núm. 26 de 8
de diciembre de 1990, Leyes de Puerto Rico, pág. 1503;
véase, además: Pueblo v. Rodríguez López, res. el 14 de
diciembre de 2001, 2001 TSPR 172.
Respondiendo a esta situación, la Asamblea
Legislativa aprobó la Ley Núm. 26 de 8 de diciembre de
1990, la cual estableció el esquema que prevalece en la
actualidad, revirtiendo el procedimiento de determinación
de causa probable al que imperaba antes del 1987. Se
adoptó, nuevamente, el concepto tradicional de una vista
informal de determinación de causa probable para el
arresto y se volvió a reconocer el derecho del imputado a
la celebración de una vista preliminar en todo caso de
delito grave. Ley Núm. 26, ante, Leyes de Puerto Rico,
págs. 1504-05; véase, además: Pueblo v. Rivera Rivera, 145
D.P.R. 366, 373 (1998). A pesar de esto, los derechos
reconocidos en el tercer párrafo de la Regla 6(a) que
formaban parte del esquema que se derogó,
inexplicablemente, no fueron eliminados. Se ha sugerido
que esa omisión se debió a una inadvertencia de la
Legislatura. Ibid.
Asimismo se ha expresado que el párrafo que consagra
el derecho a contrainterrogar testigos y presentar prueba
fue introducido por la Ley Núm. 29 de 19 de junio de 1987 CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660 16
como parte esencial del esquema para eliminar la vista
preliminar en ciertos casos. Pueblo v. Rodríguez López,
ante. “Eliminado tal esquema con la Ley 26 del 8 de
diciembre de 1990, debió eliminarse también el tercer
párrafo de la Regla 6(a)...” Chiesa Aponte, Derecho
Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, ante, a
las págs. 26-27.
En Pueblo v. Jiménez Cruz, ante, manifestamos que
habiendo quedado la referida Regla redactada de ese modo
“da la impresión de que el imputado puede reclamar el
derecho absoluto a estar presente en esa vista, a
contrainterrogar a los testigos en su contra y a ofrecer
prueba a su favor; en cuyo caso, la vista se convertiría
en un procedimiento adversativo similar al juicio.” Ibid.
a la pág. 812. En aquella ocasión expresamos, y
resolvimos, que dicha interpretación es contraria a la
intención legislativa e incompatible con lo establecido en
la Regla 6, en particular, en cuanto autoriza la
celebración de la vista en ausencia del imputado.
A pesar de los cambios sufridos, la actual Regla 6(a)
no ha dejado de exigir el cumplimiento de los requisitos
ordenados por nuestra Constitución que son: la
intervención de la figura neutral de un magistrado, la
existencia de causa probable, que la determinación de
causa probable esté apoyada en juramento o afirmación, y
la especificidad de la orden. Chiesa Aponte, Derecho
Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660 17
Ed. Forum, 1991, Vol. I, págs. 376-79.6 En consecuencia, lo
esencial en la etapa de determinación de causa probable
para el arresto es que se cumplan con estos requisitos,
ello independientemente del método que se opte por
utilizar de los establecidos y permitidos en la Regla 6.
B
Dentro de este marco doctrinal gira la controversia
que hoy nos ocupa. Los recurridos plantean, apoyados por
los respectivos dictámenes del foro apelativo intermedio,
que bajo el procedimiento establecido en la Regla 6(a) no
es posible determinar causa probable para el arresto
descansando, exclusivamente, en declaraciones juradas
cuando el imputado asiste a la vista acompañado de
abogado. Arguyen que en esos casos el Ministerio Público
viene obligado a traer a los testigos para que la defensa
los contrainterrogue. Aducen, además, que sólo se puede
determinar causa probable para el arresto, basándose en
declaraciones juradas, cuando la determinación se hace en
ausencia del imputado. Esto es, plantean que la Regla 6(a)
prohíbe el que en una vista se combinen los distintos
mecanismos para la determinación de causa probable allí
provistos y sugieren que el uso de los mismos varía
dependiendo de si la vista se celebra en ausencia o
presencia del imputado. No les asiste la razón.
6 Véase, además: Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Vol. III, ante, a la pág. 27. CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660 18
La exigencia constitucional, de determinar causa
probable bajo la Regla 6 se refiere a un juicio de
probabilidades. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de
Puerto Rico y Estados Unidos, Vol. I, ante, a la pág. 377.
“Lo importante es que en la vista de causa probable para
el arresto se provean al magistrado los elementos para que
éste pueda inferir la probabilidad de que: 1) se cometió
determinado delito; y 2) el delito fue cometido por la
persona contra la cual se determina causa probable.”
Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y
Estados Unidos, Vol. III, ante, pág. 29; véase, además:
Pueblo v. Jiménez Cruz, ante, a la pág. 813.
La otra exigencia constitucional, que también surge
del texto de la Regla 6(a), es que la determinación de
causa probable esté apoyada en declaraciones bajo
juramento o afirmación. La Regla 6(a) provee que tales
declaraciones juradas pueden surgir de la denuncia jurada,
de declaraciones juradas acompañadas con la denuncia, o
del testimonio bajo juramento del denunciante o un testigo
durante la vista. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de
Puerto Rico y Estados Unidos, Vol. III, ante, a la pág.
27.
Vemos pues que lo trascendental es cumplir con la
exigencia de determinar causa probable y que la misma esté
fundamentada en juramento o afirmación. El método mediante
el cual se lleve a cabo dicha determinación es, realmente,
algo secundario. Si examinamos detenidamente el texto de CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660 19
la Regla 6, notamos que, contrario a lo que plantean los
recurridos, en su Inciso (a), no se hace una distinción
entre los mecanismos a utilizarse cuando la determinación
de causa probable se celebra en ausencia del imputado y
los que se usarán cuando se efectúe en su presencia. Claro
está, no hay duda de que esta etapa del procedimiento
penal puede llevarse a cabo tanto en presencia como en
ausencia del imputado, siendo la presencia del imputado la
excepción. Lo usual es que la determinación de causa
probable para el arresto sea un procedimiento o vista ex
parte, en ausencia del imputado. Chiesa Aponte, Derecho
Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Vol. III,
ante, a la pág. 25; Nevares-Muñiz, Sumario de Derecho
Procesal Puertorriqueño, ante, a la pág. 44. No obstante,
la letra clara de la Regla parece indicar que los
mecanismos allí provistos para determinar causa probable
para el arresto son de aplicación independientemente de
que la vista se celebre en ausencia o en presencia del
imputado.
Si examinamos la Regla 6(a), en su primer párrafo y
primera oración, observamos que se presentan las tres
formas o métodos a través de los cuales se puede
determinar causa probable para el arresto. Éstos son: 1)
el examen de la denuncia jurada, 2) el examen de
declaraciones juradas sometidas con la denuncia, o 3) el
examen bajo juramento del denunciante o sus testigos. Por
otro lado, en la segunda oración de la referida Regla, se CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660 20
permite que el magistrado determine causa probable para el
arresto descansando total o parcialmente en declaraciones
que no requieren estar sustentadas en conocimiento
personal, sino que pueden apoyarse en información o
creencia con suficiente garantía circunstancial de
confiabilidad. En el segundo párrafo del Inciso (a) de la
Regla se reconoce que la determinación de causa probable
no requiere, en todo caso, la presentación de una
denuncia, sino que será suficiente el examen bajo
juramento de uno o varios testigos que posean conocimiento
personal de los hechos.
Tenemos pues, que considerada esta Regla en conjunto
se permiten, como mecanismos para determinar causa
probable, el examen de la denuncia jurada, de las
declaraciones juradas sometidas con la denuncia y de
testigos bajo juramento, ello independientemente de que el
imputado se encuentre o no presente en la vista. No
debemos establecer restricciones o limitaciones, ni hacer
distinciones que la propia Regla no impone.
Por otro lado, y contrario a lo planteado por los
recurridos, la Regla tampoco prohíbe que al determinar
causa probable para el arresto se combinen dos o más de
estos mecanismos.
Somos del criterio que la utilización, al someterse
un caso al amparo de la Regla 6, de dos o más de los
mecanismos establecidos en dicha Regla, no sólo facilita
la labor del magistrado de determinar causa probable sino CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660 21
que hace que dicha determinación tenga un grado mayor de
corrección o certeza. No vemos, en consecuencia, razón
lógica o jurídica alguna por la cual impedirlo; menos aún,
cuando tomamos en consideración el hecho de que la citada
Regla no lo prohíbe.
En resumen, resolvemos que la Regla 6 provee varias
alternativas para determinar causa probable, a saber:
1) A base de la denuncia jurada. 2) A base de la denuncia y de las declaraciones juradas que se incluyan con la denuncia.
3) A base de la denuncia y del examen del testimonio del denunciante o sus testigos.
4) A base de las declaraciones juradas que se incluyan con la denuncia.
5) A base de las declaraciones juradas que se incluyan con la denuncia y del examen del testimonio del denunciante o sus testigos.
6) A base del examen del testimonio del denunciante o de algún testigo con conocimiento personal del hecho delictivo.
7) A base de la denuncia, de las declaraciones juradas que se incluyan con la denuncia y del examen del testimonio del denunciante o sus testigos.
Resolvemos, además, que estas siete (7) alternativas
podrán utilizarse tanto en casos donde la vista se celebre
en presencia del imputado como cuando se efectúe en
ausencia de éste.
C
Por otro lado, y en relación a la situación en que la
determinación de causa probable para el arresto se realiza
en presencia del imputado, resulta necesario expresarnos CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660 22
sobre el alcance del tercer párrafo de la Regla 6(a), el
cual reconoce el derecho del imputado a estar asistido por
abogado, contrainterrogar testigos y presentar prueba a su
favor. Como ya vimos, el que la Legislatura mantuviera ese
párrafo, aun cuando se derogó el esquema de 1987 que
justificaba el reconocimiento de estos derechos, realmente
parece haber sido una inadvertencia de su parte. Esto nos
deja dos alternativas; eliminarlo judicialmente o
interpretarlo de modo que sea armonizable con el nuevo
esquema creado por las enmiendas de 1990. Nos inclinamos
por la segunda alternativa, ya que la primera rebasaría
los límites del poder judicial.
Ya hemos manifestado que “[e]n ausencia de
pronunciamiento en contrario de la Asamblea Legislativa,
estos vestigios del procedimiento anterior sólo se
reconocen si la determinación de causa probable [para el
arresto] se hace en presencia del acusado y representado
por abogado...” Pueblo v. Rivera Rivera, ante, a la pág.
375. Del mismo modo, hemos dispuesto que estos derechos
reconocidos en el tercer párrafo de la Regla 6(a) no son
absolutos y el derecho del imputado a contrainterrogar los
testigos en su contra en esa etapa del procedimiento
criminal depende de la discreción del tribunal. Véase:
Pueblo v. Rodríguez López, ante.
Lo que no debe ocurrir, y lo que intentamos evitar,
es que la vista de determinación de causa probable para el
arresto adquiera el alcance y formalidad de una vista CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660 23
preliminar o se convierta en un “mini-juicio”.7 Pueblo v.
Rodríguez López, ante; véase, además: Chiesa Aponte,
Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos,
Vol. III, ante, a las págs. 54 y 56. Ya el imputado tendrá
la oportunidad de ejercer plenamente sus derechos de
carearse con los testigos en su contra, obtener la
comparecencia compulsoria de testigos y presentar prueba a
su favor en el juicio que es el “momento realmente
culminante y crítico”, donde esos derechos tienen rango
constitucional. Pueblo v. Vega Rosario, 148 D.P.R. 980,
986 (1999); Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653,
660 (1985). Por otra parte, el imputado de delito grave
tendrá, además, una oportunidad adicional previa al juicio
para ejercer esos derechos en la etapa de vista
preliminar. Pueblo v. Jiménez Cruz, ante, a la pág. 813.
Cónsono con lo anterior, consideramos acertado lo señalado
por la profesora Resumil cuando, refiriéndose al alcance
que se le debe otorgar a estos derechos bajo la Regla 6,
comenta:
[A]unque la disposición concede al imputado la facultad para contrainterrogar a testigos de cargo y ofrecer prueba a su favor, la jurisprudencia no lo ha considerado como un
7 En el propio historial legislativo de la Ley Núm. 29 de 19 de junio de 1987 que enmendó la Regla 6 para incluir el tercer párrafo se dijo que: “Las exigencias en esta etapa no deben confundirse con las exigencias de juicio en que las víctimas o testigos pueden ser llamados a testificar y están sujetos a contrainterrogatorios. Esto es así porque para la determinación de culpabilidad la prueba es mayor a la que se requiere en procedimientos preliminares.” Informe del Senado, P. del S. Núm. 1114, 29 de abril de 1987, pág. 4. CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660 24
derecho absoluto a contrainterrogar testigos con la excepción de aquellos que el fiscal haya sentado a declarar en la vista.8
De lo anteriormente expuesto colegimos que, en etapa
de Regla 6(a), los derechos establecidos en el tercer
párrafo sólo se reconocerán cuando el imputado comparezca
a la vista acompañado de abogado. Estos derechos no serán
absolutos sino limitados y sujetos a la discreción del
tribunal. En particular, el derecho a contrainterrogar
testigos se limitará a aquellos que el fiscal haya sentado
a declarar en la vista. Con el propósito de armonizar el
tercer párrafo de la Regla 6(a) con lo resuelto
previamente, disponemos que el alcance del mismo será el
siguiente:
(i) Cuando la vista se celebre en presencia del imputado:
a) Si el fiscal o agente no presenta testigos y descansa exclusivamente en la denuncia y/o en declaraciones juradas, el derecho del imputado se limitará a estar asistido por abogado y a presentar prueba a su favor. b) Si el fiscal o agente examina testigos, independientemente de que se presente, además una denuncia y/o declaraciones juradas, el imputado tendrá derecho a la asistencia de abogado, a contrainterrogar a esos testigos y a presentar prueba a su favor.
(ii) Cuando la vista se celebre en ausencia del imputado.
a) En este caso no se activan los derechos del tercer párrafo de la Regla 6(a) y el fiscal o agente podrá someter el caso utilizando
8 Véase, O.E. Resumil, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Penal, San Juan, Ed. Equity Publishing Co., 1990, T.1 (Supl. 1994, pág. 23) (énfasis nuestro). CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660 25
cualquiera de las siete (7) alternativas que mencionamos previamente.
Lo antes expuesto nos lleva a la conclusión de que en
los casos de epígrafe el Ministerio Público actuó
correctamente en el modo de someter los casos al amparo de
la Regla 6. En Pueblo v. Irizarry Quiñones y otros, y en
Pueblo v. Montalvo Nieves se sometieron los casos
exclusivamente a base de declaraciones juradas incluidas
con la denuncia y en Pueblo v. Aponte Rosado se “combinó”
el uso de declaraciones juradas y el examen de un testigo
de cargo. Como vimos, estos mecanismos están permitidos
por la Regla 6(a), aun cuando las vistas se hayan
celebrado en presencia de los imputados.
En los primeros dos casos, los imputados tenían
derecho a presentar prueba a su favor, mas no a
contrainterrogar pues ningún testigo de cargo declaró en
dicha vista. El fiscal no tenía la obligación de presentar
a testigo alguno ya que en esa etapa del procedimiento
criminal el Estado debe tener la libertad de escoger la
manera en que va a someter su caso sujeto a los límites de
la Regla 6. Claro está, el magistrado tiene la facultad de
ordenar la citación de cualquier persona que no esté
presente para que sea examinado por el tribunal si así lo
considera necesario. Véase, Pueblo v. Irizarry Irizarry,
res. el 10 de mayo de 2002, 2002 TSPR 62. En el caso de
Pueblo v. Aponte Rosado, donde se utilizaron dos de los CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660 26
mecanismos permitidos, el imputado tenía derecho a
presentar prueba a su favor y a contrainterrogar al
testigo que declaró, derechos que éste tuvo la oportunidad
de ejercer en la vista.
En virtud de lo antes expuesto, resolvemos que erró
el Tribunal de Circuito de Apelaciones en la sentencia que
emitiera en cuanto a todos los casos de epígrafe.
III
Debemos ahora resolver si los imputados de delito
grave, en etapa de Regla 6, tienen derecho a examinar y
obtener copia de las declaraciones juradas que se
sometieron en la vista de causa probable para el arresto.
Es por todos sabido que el derecho que tiene un
imputado a defenderse en un proceso criminal conlleva el
derecho a informarse debidamente en la preparación de su
defensa y a obtener, mediante el descubrimiento de prueba,
evidencia que pueda favorecerle. Pueblo v. Arocho Soto,
137 D.P.R. 762, 766 (1994); Pueblo v. Rodríguez Sánchez,
109 D.P.R. 243, 246 (1979). Si bien el derecho al
descubrimiento de prueba es consustancial al derecho que
tiene el imputado de defenderse,9 el mismo no es absoluto.
Pueblo v. Arocho Soto, ante; Pueblo v. Rodríguez Aponte,
ante, a la pág. 668; Pueblo v. Dones Arroyo, 106 D.P.R.
303, 314 (1977). El descubrimiento de prueba a favor del
9 Véase, Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 D.P.R. 299, 324 (1991); Pueblo v. Arocho Soto, ante. CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660 27
acusado está limitado por la Regla 95 de Procedimiento
Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R.95, ello con el fin de
evitar las llamadas “expediciones de pesca” en el sumario
y archivos de fiscalía que, como hemos reiterado, están
prohibidas.10 Asimismo, hemos expresado que “[e]l
descubrimiento de prueba que rebasa el texto de la Regla
95 y busca apoyo en el debido proceso de ley no es recurso
a invocarse livianamente. Está muy lejos de ser patente de
corso que en forma indiscriminada permita la intrusión en
los archivos de fiscalía, ni que facilite al acusado
cuanta evidencia pueda relacionarse con el caso criminal.”
Pueblo v. Rodríguez Sánchez, ante, a las págs. 246-47.
La referida Regla 95 establece que la obligación del
fiscal de descubrir información o evidencia a la defensa
se activa con la presentación del pliego acusatorio, esto,
es, con la denuncia en caso de delito menos grave o con la
acusación en casos de delito grave. Chiesa Aponte, Derecho
ante, pág. 320. La misma provee, en lo aquí pertinente,
que previa moción del acusado el tribunal ordenará al
fiscal el descubrimiento de:
[c]ualquier declaración jurada de los testigos de cargo que hayan declarado en la vista para determinación de causa probable para el arresto o
10 Véase, Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, ante; Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653, 669 (1985); Pueblo v. Romero Rodríguez, 112 D.P.R. 437, 440 (1982); López v. Tribunal Superior, 79 D.P.R. 498, 504-05 (1956); Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1992, Vol. II, pág. 33. CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660 28
citación, en la vista preliminar, en el juicio o que fueron renunciados por el Ministerio Fiscal y los récords de convicciones criminales previas de éstos.11
Este Tribunal, desde Pueblo v. Ribas, 83 D.P.R. 386
(1961) y Pueblo v. Delgado López, 106 D.P.R. 441 (1977),
ha establecido que un imputado tiene derecho a obtener
copia de cualquier declaración, sea o no jurada, de un
testigo de cargo si la solicita luego de que éste haya
prestado testimonio, derecho que se activa una vez
finaliza el examen directo y antes de comenzar el
contrainterrogatorio. Véase, además: Pueblo v. Rodríguez
López, ante, Pueblo v. Rivera Rivera, ante, a la pág. 376;
Pueblo v. Rivera Rodríguez, 138 D.P.R. 138, 144 (1995). A
igual conclusión llega el Profesor Chiesa al comentar que
“la regla provee para que el Ministerio Fiscal sólo tenga
que descubrir a la defensa las declaraciones juradas de
los testigos de cargo luego de que éstos declaren por
primera vez en alguna etapa de los procedimientos...”12
Ello se basa en que el propósito de las declaraciones
juradas es servir de herramienta para que el imputado
pueda impugnar, a través del contrainterrogatorio, la
credibilidad del testimonio ofrecido por el testigo.
Mientras el testigo no declare no surge la necesidad de
contrainterrrogarlo ni de impugnarlo por lo que no habría
11 Véase, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 95(a)(2). 12 Véase, Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Vol. III, ante, a la pág. 324 (Énfasis nuestro). CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660 29
motivo para proveerle al imputado copia de la declaración
antes de que ello ocurra. Es por eso que no es hasta que
el testigo declara que surge el derecho a obtener la
declaración jurada. Pueblo v. Ramos Cruz, 84 D.P.R. 563,
569 (1962).
Tenemos pues, que un imputado tiene derecho a obtener
copia de las declaraciones juradas de los testigos de
cargo que hayan declarado en vista preliminar, luego de
finalizado el examen directo. Pueblo v. Rodríguez López,
ante; Pueblo v. Rivera Rodríguez, ante, a la pág. 144;
Regla 23(c) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II,
R. 23(c). Además, luego de radicada la acusación el
imputado de delito grave tiene derecho a solicitar las
declaraciones juradas de los testigos que se sentaron a
declarar: (i) en la vista de determinación de causa
probable para el arresto o citación, (ii) en la vista
preliminar, si aún no las tuviere y (iii) de testigos, que
aun sin haber declarado, fueron renunciados por el fiscal
por constituir prueba acumulativa. Pueblo v. Rodríguez
López, ante; Pueblo v. Rivera Rodríguez, ante; Pueblo v.
Quiñones Ramos, 99 D.P.R. 1, 6 (1970).
Particularmente, en el reciente caso de Pueblo v.
Rodríguez López, ante, manifestamos que no se le debe
reconocer al imputado el derecho a descubrir prueba en una
etapa tan temprana como lo es la Regla 6.13 Por otra parte,
13 En dicho caso decidimos, además, que ni las Reglas de Procedimiento Criminal ni su jurisprudencia interpretativa CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660 30
en Pueblo v. Rivera Rivera, ante, con hechos muy similares
a los del presente caso, resolvimos que el imputado de
delito grave no tiene derecho a obtener copia de las
declaraciones juradas que sirvieron de base para la
determinación de causa probable para el arresto, antes de
que los declarantes testifiquen por primera vez en alguna
de las etapas posteriores significativas del proceso
criminal, tales como la vista preliminar o el juicio.
Ibid. a la pág. 377.
A igual resultado debemos llegar en el caso que hoy
nos ocupa. Los imputados de los casos de epígrafe no
tienen derecho, en esta etapa inicial del proceso
criminal, a examinar ni a obtener copia de las
declaraciones juradas que fueron sometidas en la vista de
determinación de causa probable para el arresto. Ello,
independientemente de que estuvieron presentes en la
referida vista. No habiendo declarado en dicha vista los
testigos que ofrecieron las declaraciones juradas, el uso
de las declaraciones juradas resulta innecesario en esa
etapa.
Si bien es cierto que en ocasiones la defensa podría
tener acceso a las declaraciones juradas antes del momento
dispuesto en la Regla, ello si demuestra la existencia de
circunstancias especiales con apoyo en el debido proceso
reconocen el derecho del acusado a obtener las declaraciones juradas de los testigos examinados en la vista de causa probable para el arresto, antes de que éstos declaren por primera vez en vista preliminar o se radique el pliego acusatorio. CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660 31
de ley,14 en este caso no se nos ha presentado un
planteamiento constitucional que nos persuada. El mero
hecho de no entregar al imputado copia de una declaración
jurada prestada por el fiscal, sin tomar en consideración
los hechos particulares del caso bajo estudio, no infringe
automáticamente los preceptos básicos del debido
procedimiento de ley. Véase, Pueblo v. Martell Cajigas, 88
D.P.R. 636 (1963). En el presente caso no se ha demostrado
daño específico ni perjuicio alguno, según lo exigido por
nuestra jurisprudencia, Pueblo v. Hernández Santana, 138
D.P.R. 577, 587-88 (1995), sino el mero hecho de no
haberle provisto copia de las declaraciones juradas cuando
el imputado lo requirió. Ello por sí solo no es
suficiente.
Entendemos que los imputados, conforme los hechos
específicos de sus respectivos casos, no han sufrido
menoscabo alguno en su derecho al debido proceso de ley.
Éstos tienen, aún por delante, varios mecanismos
disponibles para impugnar cualquier irregularidad en el
arresto o en etapa de Regla 6 como lo es la vista
preliminar que, como es sabido, es un mecanismo inicial
para cotejar la validez del arresto15 y, posteriormente, la
moción de desestimación bajo la Regla 64(p) de
14 Véase, Pueblo v. Rodríguez López, ante; Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Vol. III, ante, a la pág. 329. 15 Véase, Pueblo v. Rivera Rivera, ante, a la pág. 374; Pueblo v. Rogríguez Aponte, ante, a la pág. 666. CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660 32
Procedimiento Criminal.16 No hay duda de que el remedio
solicitado por los imputados recurridos estará disponible
en vista preliminar, siendo “es[e] el momento más oportuno
para que el imputado procure impugnar y contrainterrogar a
los testigos en su contra.” Pueblo v. Rodríguez López,
ante, así como, también, lo tendrán bajo el mecanismo de
descubrimiento de prueba dispuesto en la Regla 95 una vez
se presente el pliego acusatorio.
IV
En mérito de lo antes expuesto, procede decretar la
revocación de las sentencias emitidas en el presente caso
por el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Con relación a
los casos Pueblo v. Irizarry Quiñones y otros, y Pueblo v.
Montalvo Nieves, en los cuales no se llegó a determinación
alguna bajo la Regla 6, ordenamos que, para cada uno de
los imputados, se celebre una vista de determinación de
causa probable para el arresto de acuerdo al mecanismo
elegido por el ministerio fiscal de los permitidos por la
Regla 6 y conforme a lo anteriormente resuelto. Devolvemos
los casos al Tribunal de Primera Instancia para que
continúen los procedimientos de forma compatible con lo
aquí resuelto.
Se dictará Sentencia de conformidad.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ Juez Presidente Interino
16 En la misma tendrían que demostrar que no se determinó causa probable para el arresto conforme a derecho. 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 64(p). EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Markus R. Irizarry Quiñones, Ismael Cintrón Rosario, Remy Montalvo Nieves
Recurrido ---------------------------- El Pueblo de Puerto Rico
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se dicta Sentencia revocatoria de las sentencias emitidas en el presente caso por el Tribunal de Circuito de Apelaciones.
Con relación a los casos Pueblo v. Irizarry Quiñones y otros, y Pueblo v. Montalvo Nieves, en los cuales no se llegó a determinación alguna bajo la Regla 6, ordenamos que, para cada uno de los imputados, se celebre una vista de determinación de causa probable para el arresto de acuerdo al mecanismo elegido por el ministerio fiscal de los permitidos por la Regla 6 y conforme a lo anteriormente resuelto. CC-2001-780/CC-2001-790/CC-2002-660 2
Se devuelven los casos al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera Pérez no intervino.
Patricia Otón Olivieri Secretaria del Tribunal Supremo