Báez Rivera Y Otros v. Fernández Ramos Y Otros
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Opinion
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Héctor Luis Báez Rivera, Nancy Casanova Vázquez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos
Recurridos Certiorari v. 2015 TSPR 74 Víctor Fernández Ramos, Víctor José Fernández Ramos, Carmen Aurea 193 DPR ____ Fernández Ramos y Víctor Roberto Fernández Ramos, su esposa Teresa Guillén Lugo y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos
Peticionarios
Número del Caso: CC-2013-439
Fecha: 10 de junio de 2015
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Caguas Panel X
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Primitivo Pagán Colón
Abogada de la Parte Recurrida:
Lcda. Ileana Fontanez Fuentes
Materia: Sentencia con Opinión de Conformidad y Opinión Disidente
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Héctor Luis Báez Rivera, Nancy Casanova Vázquez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos
Recurridos
v.
Víctor Fernández Ramos, CC-2013-0439 Víctor José Fernández Ramos, Carmen Aurea Fernández Ramos y Víctor Roberto Fernández Ramos, su esposa Teresa Guillén Lugo y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 10 de junio de 2015
El presente recurso de certiorari fue presentado ante
este Tribunal el 5 de junio de 2013. En éste, se solicitó
la revisión de una sentencia enmendada del Tribunal de
Apelaciones, dictada el 12 de abril de 2013, mediante la
cual se ordenó la continuación de un procedimiento de
ejecución de sentencia únicamente en contra de los bienes
privativos del Sr. Víctor Roberto Fernández Ramos, cónyuge
de la Sra. Teresa Guillén Lugo. Esta última había
presentado una solicitud de quiebra ante el foro federal
y, posteriormente, solicitó ante el Tribunal de Primera
Instancia la paralización de los procedimientos al amparo
de la sección 362 (a) del Código de Quiebras federal, CC-2013-0439 2
11 U.S.C.A. sec. 362(a). La deuda que se intentaba cobrar
mediante el procedimiento de ejecución de sentencia
formaba parte del caudal de quiebra, puesto que era una
deuda de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por
el señor Fernández Ramos y la señora Guillén Lugo.
El 25 de octubre de 2013, expedimos el recurso presentado.
Evaluado el expediente y el Derecho aplicable, se
revoca el dictamen del Tribunal de Apelaciones y se ordena
la paralización de todos los procedimientos hasta tanto
culmine el procedimiento de quiebra instado por la señora
Guillén Lugo en el foro federal o se obtenga un remedio de
relevo de la paralización por parte de ese foro.
Así lo pronunció el Tribunal y certifica la Secretaria
del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez emitió una Opinión de Conformidad a la que se
unen la Jueza Presidenta señora Fiol Matta y la Jueza
Asociada Oronoz Rodríguez. El Juez Asociado señor Feliberti
Cintrón emitió una Opinión Disidente.
Aida I. Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Héctor Luis Báez Rivera, Nancy Casanova Vázquez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos
Víctor Fernández Ramos, CC-2013-0439 Víctor José Fernández Ramos, Carmen Aurea Fernández Ramos y Víctor Roberto Fernández Ramos, su esposa Teresa Guillén Lugo y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos
Opinión de Conformidad emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez a la que se unen la Jueza Presidenta señora Fiol Matta y la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez
El presente recurso requiere evaluar el efecto de una
paralización automática de un procedimiento judicial,
conforme a las disposiciones del Código de Quiebras
federal, sobre el patrimonio privativo de un cónyuge que
no se sometió al procedimiento de quiebra.
Específicamente, corresponde determinar si la paralización
de un proceso judicial de cobro de dinero en contra de dos
cónyuges y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por
ambos debe surtir efectos únicamente en cuanto al cónyuge
que se acogió al procedimiento de quiebra y la Sociedad o CC-2013-0439 2
si, por el contrario, paraliza también los procedimientos
en cuanto al otro cónyuge.
Por tanto, procede evaluar si el Tribunal de
Apelaciones actuó correctamente al ordenar la continuación
de los procedimientos contra los bienes privativos del
cónyuge que no se acogió al proceso de quiebra. Esto, a
pesar de que los bienes y las deudas de la sociedad legal
de gananciales fueron incluidos válidamente en la
solicitud de quiebra presentada por su cónyuge. Por los
fundamentos que esbozo a continuación, considero que el
foro apelativo intermedio erró al exceptuar de la
paralización automática los bienes privativos del cónyuge
que no presentó una petición de quiebra ante el foro
federal. Por lo tanto, estoy conforme con la sentencia que
hoy emite este Tribunal. Preciso, sin embargo, hacer unas
expresiones adicionales con relación a la controversia
planteada puesto que estimo que su resolución ameritaba
una Opinión por parte de este Foro. Esto, en atención a la
crisis económica que arropa la Isla y la alta probabilidad
de que este Tribunal tenga que atender una controversia
análoga en el futuro.
I
Los hechos que subyacen la controversia que nos ocupa
se enmarcan en una sentencia dictada por el Tribunal de
Primera Instancia el 16 de agosto de 2010. Mediante ésta,
el foro primario decretó la nulidad de un contrato de
compraventa suscrito por la Sra. Teresa Guillén Lugo y el CC-2013-0439 3
Sr. Víctor Fernández Ramos, y la sociedad legal de
gananciales compuesta por ambos, con el Sr. Héctor Báez
Rivera y la Sra. Nancy Casanova Vázquez. Además, el foro
primario ordenó a la señora Guillén Lugo, al señor
Fernández Ramos y a la Sociedad Legal de Gananciales el
pago de determinada suma de dinero en concepto de los
daños y perjuicios sufridos por el señor Báez Rivera y la
señora Casanova Vázquez.
El 13 de julio de 2012, la señora Guillén Lugo
presentó una petición ante el foro federal para acogerse a
la protección que ofrece el Capítulo 13 del Código de
Quiebras Federal. Subsiguientemente, presentó el
correspondiente Aviso de presentación de petición de
quiebra (―Notice of Bankruptcy Case Filing‖), ante el
Tribunal de Primera Instancia. Posteriormente, el foro
primario emitió una Resolución mediante la cual ordenó la
paralización de los procedimientos de ejecución de
sentencia, en atención a la radicación de la petición de
quiebra por parte de la señora Guillén Lugo. Tras una
solicitud de reconsideración por parte del señor Báez
Rivera y la señora Casanova Vázquez, el foro primario
enmendó su Resolución, disponiendo que la paralización
únicamente procedía en cuanto a los procedimientos en
contra de la señora Guillén Lugo, mas no así en cuanto al
señor Fernández Ramos y la Sociedad Legal de Gananciales
compuesta por éste y su cónyuge.
Inconforme, el señor Fernández Ramos acudió al
Tribunal de Apelaciones, foro que inicialmente revocó la CC-2013-0439 4
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Héctor Luis Báez Rivera, Nancy Casanova Vázquez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos
Recurridos Certiorari v. 2015 TSPR 74 Víctor Fernández Ramos, Víctor José Fernández Ramos, Carmen Aurea 193 DPR ____ Fernández Ramos y Víctor Roberto Fernández Ramos, su esposa Teresa Guillén Lugo y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos
Peticionarios
Número del Caso: CC-2013-439
Fecha: 10 de junio de 2015
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Caguas Panel X
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Primitivo Pagán Colón
Abogada de la Parte Recurrida:
Lcda. Ileana Fontanez Fuentes
Materia: Sentencia con Opinión de Conformidad y Opinión Disidente
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Héctor Luis Báez Rivera, Nancy Casanova Vázquez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos
Recurridos
v.
Víctor Fernández Ramos, CC-2013-0439 Víctor José Fernández Ramos, Carmen Aurea Fernández Ramos y Víctor Roberto Fernández Ramos, su esposa Teresa Guillén Lugo y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 10 de junio de 2015
El presente recurso de certiorari fue presentado ante
este Tribunal el 5 de junio de 2013. En éste, se solicitó
la revisión de una sentencia enmendada del Tribunal de
Apelaciones, dictada el 12 de abril de 2013, mediante la
cual se ordenó la continuación de un procedimiento de
ejecución de sentencia únicamente en contra de los bienes
privativos del Sr. Víctor Roberto Fernández Ramos, cónyuge
de la Sra. Teresa Guillén Lugo. Esta última había
presentado una solicitud de quiebra ante el foro federal
y, posteriormente, solicitó ante el Tribunal de Primera
Instancia la paralización de los procedimientos al amparo
de la sección 362 (a) del Código de Quiebras federal, CC-2013-0439 2
11 U.S.C.A. sec. 362(a). La deuda que se intentaba cobrar
mediante el procedimiento de ejecución de sentencia
formaba parte del caudal de quiebra, puesto que era una
deuda de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por
el señor Fernández Ramos y la señora Guillén Lugo.
El 25 de octubre de 2013, expedimos el recurso presentado.
Evaluado el expediente y el Derecho aplicable, se
revoca el dictamen del Tribunal de Apelaciones y se ordena
la paralización de todos los procedimientos hasta tanto
culmine el procedimiento de quiebra instado por la señora
Guillén Lugo en el foro federal o se obtenga un remedio de
relevo de la paralización por parte de ese foro.
Así lo pronunció el Tribunal y certifica la Secretaria
del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez emitió una Opinión de Conformidad a la que se
unen la Jueza Presidenta señora Fiol Matta y la Jueza
Asociada Oronoz Rodríguez. El Juez Asociado señor Feliberti
Cintrón emitió una Opinión Disidente.
Aida I. Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Héctor Luis Báez Rivera, Nancy Casanova Vázquez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos
Víctor Fernández Ramos, CC-2013-0439 Víctor José Fernández Ramos, Carmen Aurea Fernández Ramos y Víctor Roberto Fernández Ramos, su esposa Teresa Guillén Lugo y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos
Opinión de Conformidad emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez a la que se unen la Jueza Presidenta señora Fiol Matta y la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez
El presente recurso requiere evaluar el efecto de una
paralización automática de un procedimiento judicial,
conforme a las disposiciones del Código de Quiebras
federal, sobre el patrimonio privativo de un cónyuge que
no se sometió al procedimiento de quiebra.
Específicamente, corresponde determinar si la paralización
de un proceso judicial de cobro de dinero en contra de dos
cónyuges y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por
ambos debe surtir efectos únicamente en cuanto al cónyuge
que se acogió al procedimiento de quiebra y la Sociedad o CC-2013-0439 2
si, por el contrario, paraliza también los procedimientos
en cuanto al otro cónyuge.
Por tanto, procede evaluar si el Tribunal de
Apelaciones actuó correctamente al ordenar la continuación
de los procedimientos contra los bienes privativos del
cónyuge que no se acogió al proceso de quiebra. Esto, a
pesar de que los bienes y las deudas de la sociedad legal
de gananciales fueron incluidos válidamente en la
solicitud de quiebra presentada por su cónyuge. Por los
fundamentos que esbozo a continuación, considero que el
foro apelativo intermedio erró al exceptuar de la
paralización automática los bienes privativos del cónyuge
que no presentó una petición de quiebra ante el foro
federal. Por lo tanto, estoy conforme con la sentencia que
hoy emite este Tribunal. Preciso, sin embargo, hacer unas
expresiones adicionales con relación a la controversia
planteada puesto que estimo que su resolución ameritaba
una Opinión por parte de este Foro. Esto, en atención a la
crisis económica que arropa la Isla y la alta probabilidad
de que este Tribunal tenga que atender una controversia
análoga en el futuro.
I
Los hechos que subyacen la controversia que nos ocupa
se enmarcan en una sentencia dictada por el Tribunal de
Primera Instancia el 16 de agosto de 2010. Mediante ésta,
el foro primario decretó la nulidad de un contrato de
compraventa suscrito por la Sra. Teresa Guillén Lugo y el CC-2013-0439 3
Sr. Víctor Fernández Ramos, y la sociedad legal de
gananciales compuesta por ambos, con el Sr. Héctor Báez
Rivera y la Sra. Nancy Casanova Vázquez. Además, el foro
primario ordenó a la señora Guillén Lugo, al señor
Fernández Ramos y a la Sociedad Legal de Gananciales el
pago de determinada suma de dinero en concepto de los
daños y perjuicios sufridos por el señor Báez Rivera y la
señora Casanova Vázquez.
El 13 de julio de 2012, la señora Guillén Lugo
presentó una petición ante el foro federal para acogerse a
la protección que ofrece el Capítulo 13 del Código de
Quiebras Federal. Subsiguientemente, presentó el
correspondiente Aviso de presentación de petición de
quiebra (―Notice of Bankruptcy Case Filing‖), ante el
Tribunal de Primera Instancia. Posteriormente, el foro
primario emitió una Resolución mediante la cual ordenó la
paralización de los procedimientos de ejecución de
sentencia, en atención a la radicación de la petición de
quiebra por parte de la señora Guillén Lugo. Tras una
solicitud de reconsideración por parte del señor Báez
Rivera y la señora Casanova Vázquez, el foro primario
enmendó su Resolución, disponiendo que la paralización
únicamente procedía en cuanto a los procedimientos en
contra de la señora Guillén Lugo, mas no así en cuanto al
señor Fernández Ramos y la Sociedad Legal de Gananciales
compuesta por éste y su cónyuge.
Inconforme, el señor Fernández Ramos acudió al
Tribunal de Apelaciones, foro que inicialmente revocó la CC-2013-0439 4
Resolución enmendada y ordenó la paralización de la
totalidad de los procedimientos a nivel de instancia. No
obstante, en reconsideración, el foro apelativo intermedio
enmendó su dictamen, dejando sin efecto la paralización
decretada únicamente en cuanto a los bienes privativos del
señor Fernández Ramos. Fundamentó su determinación en que,
al tratarse de una sentencia dictada en una acción de
daños y perjuicios por incumplimiento contractual, el
señor Fernández Ramos era un deudor solidario, por lo que
respondía por la totalidad del monto adeudado con su
patrimonio personal. De esta manera, el Tribunal de
Apelaciones hizo efectivo el cobro de la sentencia dictada
por el foro primario en contra de los bienes privativos
del señor Fernández Ramos.
Insatisfecho, el señor Fernández Ramos acude ante
este Tribunal solicitando que revoquemos el dictamen
emitido por el Tribunal de Apelaciones y decretemos la
paralización de los procedimientos de cobro de dinero en
contra de sus bienes privativos. En síntesis, alega que el
foro apelativo intermedio incidió al categorizar la deuda
como una de carácter solidario sin considerar la
naturaleza del pleito y la normativa legal que rige la
figura de la Sociedad Legal de Gananciales en nuestro
ordenamiento. CC-2013-0439 5
II
A
En repetidas ocasiones hemos tenido la oportunidad de
expresarnos en torno a la naturaleza jurídica de la
Sociedad Legal de Gananciales. En lo que atañe a la
controversia que hoy nos ocupa, es preciso repasar
brevemente los preceptos que rigen el patrimonio de este
tipo de sociedad conyugal.
La Sociedad Legal de Gananciales, conforme a las
disposiciones de los artículos 1295 al 1326 del Código
Civil, constituye un régimen patrimonial mediante el cual
los cónyuges figuran como condueños y coadministradores de
la totalidad de los bienes del patrimonio matrimonial.
Así, ambos ostentan la titularidad conjunta de este
patrimonio sin distinción de cuotas. Montalván v.
Rodríguez, 161 D.P.R. 411, 420 (2004). Hemos reconocido
que este tipo de sociedad, a pesar de estar
supletoriamente regida por las reglas del contrato de
sociedad, constituye una entidad económica familiar sui
generis, principalmente por razón de los propósitos
particulares que persigue. Reyes v. Cantera Ramos, Inc.,
139 D.P.R. 925, 928 (1996); Int'l Charter Mortgage Corp.
v. Registrador, 110 D.P.R. 862, 865-866 (1981). Además, la
misma se distingue de las sociedades ordinarias en lo que
respecta a su personalidad jurídica y razón de ser. Véase
Reyes v. Cantera Ramos, Inc., 139 D.P.R. 925, 928–929
(1996). De esta manera, hemos afirmado que la Sociedad CC-2013-0439 6
Legal de Gananciales es una entidad separada y distinta
de los cónyuges que la componen y que tiene personalidad
jurídica propia. Véase Int'l Charter Mortgage Corp., 110
D.P.R. 862.
Esta personalidad jurídica propia de la Sociedad
Legal de Gananciales implica que, al tratarse de una
personalidad distinta a la de los cónyuges que la
componen, el patrimonio, las responsabilidades y los
derechos de éstos no se confunden con aquellos que son
parte del patrimonio de la Sociedad. Véase Migdalia
Fraticelli Torres, Un nuevo acercamiento a los regímenes
económicos en el matrimonio: la sociedad legal de
gananciales en el Derecho puertorriqueño, 29 Rev. Jur.
U.I.A. 413, 443 (1995). Por lo tanto, los bienes que
componen el patrimonio matrimonial pertenecen a ambos
cónyuges ―en mano común‖, lo que significa que ambos
cónyuges son dueños indistintamente del patrimonio
matrimonial. No obstante, el derecho propietario sobre una
porción particular de los bienes solamente puede hacerse
efectivo al momento de la disolución y liquidación de la
sociedad pues, ante la ausencia de una determinación de
cuotas, el patrimonio de la Sociedad conserva su carácter
unitario durante la vigencia del matrimonio. Véase id. De
esta manera, se mantiene la personalidad jurídica propia
de la entidad económica familiar, mientras se garantiza
que ésta no absorba las respectivas personalidades de los
cónyuges que la integran. Véase Int'l Charter Mortgage
Corp., 110 D.P.R. en la pág. 867. CC-2013-0439 7
En atención a la personalidad jurídica propia de la
Sociedad Legal de Gananciales, el artículo 1308 del Código
Civil provee una enumeración de las cargas y obligaciones
que, durante la vigencia del matrimonio, le corresponden a
ésta. Entre ellas, figuran ―[t]odas las deudas y
obligaciones contraídas durante el matrimonio por
cualquiera de los cónyuges‖. Cód. Civ. P.R. Art. 1308, 31
L.P.R.A. sec. 3661. Esto es, nuestro Código Civil reconoce
que los beneficios de este régimen conyugal no se limitan
a las ganancias pecuniarias que puedan generar los
cónyuges mediante su trabajo o industria durante el
matrimonio sino que también se extienden a ―la seguridad
que proporciona la dilución en un patrimonio colectivo de
la carga de las obligaciones legales que incumben a cada
cónyuge . . .‖. J.L. Lacruz Berdejo, En torno a la
naturaleza jurídica de la comunidad de gananciales del
Código Civil 17 (Instituto Editorial Reus 1950). Es decir,
los cónyuges asumen conjuntamente los riesgos de la
empresa común que supone el matrimonio, poniendo a la
disposición de la Sociedad Legal de Gananciales, como
entidad jurídica con personalidad propia, su porvenir
económico mientras ésta, a su vez, provee los medios para
mantener y desarrollar el bienestar colectivo del
consorcio conyugal.
La atribución de personalidad jurídica propia a la
Sociedad Legal de Gananciales, persigue un propósito dual.
Por un lado, pretende proteger los respectivos patrimonios
particulares de cada cónyuge, mientras que, por otro, CC-2013-0439 8
constituye una fuente subsidiaria para los acreedores de
los cónyuges en cuanto a aquellas deudas privativas
contraídas antes del matrimonio o las multas o condenas
impuestas a uno de ellos durante la vigencia de éste.
Véase Cód. Civ. P.R. Art. 1310, 31 L.P.R.A. sec. 3663. Es
decir, la Sociedad Legal de Gananciales responderá
subsidiariamente, y previa excusión de bienes, por
aquellas deudas de carácter privativo en las que incurran
los cónyuges. Por tal razón, el artículo 1310 del Código
Civil dispone que, una vez se liquide la Sociedad Legal de
Gananciales, el cónyuge que no contrajo la deuda, o a
quien no se le impuso la multa o condena, tendrá un
crédito a su favor. Id. En cuanto a esto, hemos resuelto
que, en casos de responsabilidad civil, la atribución de
responsabilidad se hará conforme a los hechos que motiven
la condena. Lugo Montalvo v. González Mañón, 104 D.P.R.
372, 378 (1975).
En nuestras determinaciones previas, hemos sido
enfáticos en descartar supuestos de solidaridad entre la
Sociedad Legal de Gananciales y los cónyuges que la
integran en casos que versan sobre responsabilidad civil
extracontractual. Al evaluar el régimen de gananciales
prevaleciente en nuestro ordenamiento, hemos reconocido
como axioma básico de éste, el patrimonio individual de
cada cónyuge separado del de la Sociedad. García v.
Montero Saldaña, 107 D.P.R. 319, 335 (1978). Además, hemos
determinado que esta disgregación de patrimonios impide
que se aplique una norma de solidaridad entre los cónyuges CC-2013-0439 9
y la Sociedad. Véase Pauneto v. Núñez, 115 D.P.R. 591,
596-597 (1984). (―[La presunción de ganancialidad] no
significa ni es equivalente a decir que los cónyuges, como
individuos, son responsables solidariamente de todas las
deudas de la sociedad. Y viceversa, de existir la
responsabilidad de la sociedad, sería subsidiaria, previa
excusión de bienes.‖). Consiguientemente, en lo que
respecta a la responsabilidad de los cónyuges y de la
Sociedad, rige una norma de subsidiariedad recíproca que
excluye la solidaridad.
B
En el caso que nos ocupa, de los hechos reseñados se
desprende que el señor Fernández Ramos y la señora Guillén
Lugo, como coadministradores de la Sociedad Legal de
Gananciales compuesta por ambos, suscribieron un contrato
de compraventa en el que, según sus representaciones y la
comparecencia y firma de ambos en el contrato, actuaron en
beneficio de la Sociedad. Decretada la nulidad de ese
contrato, el Tribunal de Primera Instancia condenó a éstos
y a la Sociedad Legal de Gananciales, al pago de una
cuantía en concepto de daños y perjuicios. 1 Considerando
1 Específicamente, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que el contrato otorgado por los demandantes y los esposos Fernández-Guillén resultó nulo por vicio en el consentimiento, pues éstos incurrieron en dolo y debían responder por los daños y perjuicios causados por sus actuaciones. Nótese, sin embargo, que la sentencia del foro primario advino final y firme y no nos corresponde evaluar si el bien objeto del contrato era uno privativo o ganancial pues no es el bien lo que está sujeto al caudal de quiebra sino la deuda que resultó de las actuaciones dolosas de los cónyuges al intentar otorgar un contrato de CC-2013-0439 10
que ambos consortes actuaron en beneficio de la Sociedad y
en representación de ésta al momento de suscribir el
contrato que motivó la imposición de responsabilidad
civil, es forzoso concluir que la condena impuesta
representa una carga de la Sociedad Legal de Gananciales y
no de cada uno de los cónyuges en su carácter personal.
Por consiguiente, erró el foro apelativo intermedio
al caracterizar como deudor solidario al señor Fernández
Ramos obviando la naturaleza jurídica de la Sociedad Legal
de Gananciales y su responsabilidad, como entidad jurídica
separada de los cónyuges que la componen, ante terceros.
En atención a la responsabilidad subsidiaria de los
cónyuges por deudas y obligaciones de la Sociedad, antes
de permitir a un acreedor dirigirse contra el patrimonio
personal de uno de los cónyuges, procedía auscultar si la
Sociedad Legal de Gananciales contaba con suficientes
recursos económicos para satisfacer la deuda antes de
ordenarle al señor Fernández Ramos que satisficiera la
deuda con sus bienes privativos.
Es importante señalar que, en este caso, no es
posible hacer una excusión de bienes, pues el caudal de la
Sociedad Legal de Gananciales se encuentra sujeto a un
procedimiento de quiebra. Por tal razón, es improcedente
compraventa para disponer de éste. Es decir, fue en cuanto a esas actuaciones que se dictó sentencia en contra del matrimonio, independientemente del carácter privativo o ganancial del objeto del contrato. Precisamente, es el monto de esa sentencia en contra de la Sociedad Legal de Gananciales la deuda que se está intentando recobrar por parte del señor Báez Rivera y la señora Casanova Vázquez y la que forma parte del caudal sujeto al procedimiento de quiebra. CC-2013-0439 11
ordenar el pago de una deuda de la Sociedad con cargo a
los bienes privativos de uno de los cónyuges. Así,
permitir que el señor Fernández Ramos pague la deuda con
sus bienes privativos conllevaría desvirtuar la naturaleza
jurídica de la Sociedad Legal de Gananciales en tanto y
cuando ésta posee personalidad jurídica propia. Además, en
la eventualidad de una posible disolución de la Sociedad
Legal de Gananciales, el pago hecho por el señor Fernández
Ramos repercutiría sobre el caudal ganancial.
Por último, tomando en consideración que el caudal de
la Sociedad Legal de Gananciales está sujeto a un
procedimiento de quiebra a nivel federal, el foro primario
está impedido de evaluar si éste cuenta con suficientes
bienes como para satisfacer la condena impuesta.
Precisamente por esto, el curso de acción adecuado
conforme a las disposiciones del Código de Quiebra
federal, era paralizar la totalidad de los procedimientos.
Veamos.
III
El Capítulo 13 del Código de Quiebras federal es un
vehículo mediante el cual un individuo se acoge a un plan
presupuestario para sus ingresos futuros en aras de
satisfacer sus deudas a los acreedores. Mediante esta
protección, el deudor somete a la supervisión de un
síndico sus ingresos futuros para su efectiva
administración. La sección 362 (a) del Código de Quiebras CC-2013-0439 12
federal establece un mecanismo de paralización automática
que se activa con una petición de quiebra. Véase 11
U.S.C.A. sec. 362(a). Esta paralización impide el inicio o
la continuación de procedimientos judiciales en contra de
los bienes del caudal del deudor sin la autorización del
Tribunal de Quiebras, salvo ciertas excepciones
contempladas en la sección 362 (b), 11 U.S.C.A. sec.
362(b). La paralización comprende cualquier procedimiento
judicial, administrativo o de otra índole que se haya
presentado o se haya podido presentar antes del comienzo
de la petición de quiebra. También comprende la ejecución
de una sentencia contra el deudor o contra la propiedad de
éste decretada antes de la petición. Id. Véase, Instituto
de Estudios Judiciales, Oficina de la Administración de
los Tribunales, La paralización automática de la Ley de
Quiebras 9-10 (1998). En esencia, la consecuencia
principal de una paralización automática es que el
tribunal en el que se dilucida una reclamación contra el
deudor que se somete al procedimiento de quiebra perderá
jurisdicción sobre la causa de acción.
Por su parte, la sección 541 del Código de Quiebras
enumera la propiedad que forma parte del caudal sometido
al procedimiento de quiebras. En lo que atañe al caso que
nos ocupa, la referida sección indica que todos los
intereses del deudor y de su consorte en propiedad de una
comunidad forman parte del caudal de quiebra. Por lo
tanto, cuando solamente uno de los integrantes de una
Sociedad Legal de Gananciales interpone una petición de CC-2013-0439 13
quiebras, las obligaciones de la Sociedad y los reclamos
contra ésta, pasan a ser parte del caudal.
Específicamente, el Código de Quiebras federal, en lo que
respecta a la propiedad que es parte del caudal, dispone
que:
(a) The commencement of a case under section 301, 302, or 303 of this title creates an estate. Such estate is comprised of all the following property, wherever located and by whomever held: (1) Except as provided in subsections (b) and (c)(2) of this section, all legal or equitable interests of the debtor in property as of the commencement of the case. (2) All interests of the debtor and the debtor's spouse in community property as of the commencement of the case that is-- (A) under the sole, equal, or joint management and control of the debtor . . .
11 U.S.C.A. sec. 541(a)(énfasis suplido).
A esos efectos, la Corte de Quiebras para el Distrito
de Puerto Rico ha sido consistente al momento de catalogar
los bienes pertenecientes a la Sociedad Legal de
Gananciales como parte del caudal de quiebra. En In re
Lang, 191 B.R. 268, 272 (Bkrtcy. P.R.,1995) se estableció
que ―the inevitable conclusion is that where one spouse
files bankruptcy in Puerto Rico, all that debtor's
property as well as the community property becomes
property of the estate by operation of § 541(a)(2)(A).‖
Véase además, In re Rosa, 2014 WL 4948132, (Bkrtcy. P.R.,
2014).
En una ocasión anterior, tuvimos la oportunidad de
examinar la interrelación entre un procedimiento de CC-2013-0439 14
quiebra a nivel federal y las disposiciones de nuestro
Código Civil relacionadas a la Sociedad Legal de
Gananciales. Específicamente, nos correspondió, en aquel
entonces, expresarnos en torno a las obligaciones de una
comunidad postganancial en el contexto de un procedimiento
de quiebra. En aquel momento, determinamos que ―cuando
está implicada una comunidad (‗community property‘), una
solicitud de quiebra puede estar basada en la
responsabilidad de la comunidad, así como en la
responsabilidad personal del que la solicita‖. Campolieto
v. Anaya, 142 D.P.R. 582, 584 (1997).
En ese caso, sin embargo, concluimos que un acreedor
podía dirigirse contra los bienes particulares de un
cónyuge una vez disuelta la Sociedad Legal de Gananciales.
Esa conclusión, empero, se circunscribió a una situación
fáctica en la que la Sociedad Legal de Gananciales había
sido disuelta por razón de un divorcio. Además, en
Campolieto, la deuda objeto de la reclamación era una de
carácter solidario por convenio expreso entre las partes
que suscribieron un pagaré en el que se hizo constar
expresamente que los compradores comparecían como deudores
hipotecarios solidarios. Véase Campolieto, 142 D.P.R. en
la pág. 583.2
2 Cabe destacar que, en el caso de Campolieto, no estábamos ante una paralización automática sino ante un descargo (―discharge‖), el cual constituye una orden que impide la atribución de responsabilidad personal a un deudor que se somete a un procedimiento de quiebra. A diferencia de la paralización automática, el descargo se concreta en una etapa más avanzada en los procedimientos a nivel federal y opera como un interdicto permanente en contra los CC-2013-0439 15
En el presente caso, sin embargo, no nos encontramos
ante una deuda u obligación de una comunidad
postganancial, sino ante una obligación de la Sociedad
Legal de Gananciales. Esto, puesto que el señor Fernández
Ramos y la señora Guillén Lugo continúan casados.
Precisamente por ello, la señora Guillén Lugo incluyó la
reclamación judicial en cuestión en su petición de
quiebra. Véase Solicitud de Quiebra, Apéndice, en la
pág. 129.
IV
Conforme a la interacción entre las disposiciones
relativas a la paralización automática de procedimientos
judiciales, la propiedad que compone el caudal de un
deudor bajo el Código de Quiebras federal y la naturaleza
de la Sociedad Legal de Gananciales como una entidad
jurídica sui generis en nuestro ordenamiento, es preciso
concluir que el foro apelativo intermedio erró al ordenar
la continuación de los procedimientos en contra de los
bienes privativos del señor Fernández Ramos. Como
discutimos, estamos ante una deuda de la Sociedad Legal de
Gananciales, cuyos bienes en la actualidad forman parte
del caudal de quiebra en el foro federal. Por tanto, es
improcedente permitir a un acreedor exigir a uno de los
miembros de ese consorcio marital que pague la totalidad
de la deuda, cuando, como señalamos, éste no responde
acreedores que interesen cobrar sus deudas del caudal del quebrado. Véase La paralización automática de la Ley de Quiebras, supra, pág. 6. CC-2013-0439 16
personalmente. Además, el foro apelativo intermedio erró
al concluir que se trataba de un supuesto de solidaridad
entre los cónyuges contratantes, pues es norma reiterada
en nuestro ordenamiento que la solidaridad nunca se
presume y debe consignarse expresamente para que surta
efectos. Véase 31 L.P.R.A. sec. 3101.
Debido a que la obligación que nos ocupa le
corresponde a la Sociedad Legal de Gananciales, y no a sus
integrantes en su carácter personal, estoy conforme con
que se decrete la paralización de todos los procedimientos
de ejecución de sentencia, incluyendo aquellos que puedan
ser dirigidos en contra de los bienes privativos del señor
Fernández Ramos. Esto por entender que, al momento, la
deuda que se intenta reclamar forma parte del caudal de
quiebra y la paralización automática de cualquier
reclamación judicial que pende sobre éste impide que un
acreedor pueda indirectamente cobrar su deuda dirigiéndose
en contra de los bienes privativos de uno de los
integrantes de la Sociedad. Como anticipé, es lamentable
que una mayoría de los integrantes de este Tribunal estén
renuentes a pautar la norma que ha de regir en nuestro
ordenamiento en cuanto a un asunto tan espinoso.
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
HÉCTOR LUIS BÁEZ RIVERA, NANCY CASANOVA VÁZQUEZ Y LA SOCIEDAD LEGAL DE Certiorari GANANCIALES COMPUESTA POR AMBOS
v. Núm. CC-2013-0439
VÍCTOR MANUEL FERNÁNDEZ RAMOS, VÍCTOR JOSÉ FERNÁNDEZ RAMOS, CARMEN AUREA FERNÁNDEZ RAMOS Y VÍCTOR ROBERTO FERNÁNDEZ RAMOS, SU ESPOSA TERESA GUILLÉN LUGO Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES COMPUESTA POR AMBOS
Peticionario
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor FELIBERTI CINTRÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de junio de 2015.
Por estar conforme con la Resolución y la Sentencia
Enmendada emitidas por el Tribunal de Apelaciones el 12 de
abril de 2013, y entender que los bienes privativos de los
cónyuges responden subsidiariamente por deudas gananciales
que hayan surgido como resultado de la conducta intencional
grave de ambos, respetuosamente, disiento. Veamos.
A pesar de que la controversia que se presenta a través
de este recurso es un tanto limitada, es menester repasar el
trasfondo fáctico y procesal del litigio para poder
resolverla. CC-2013-0439 2
El 2 de abril de 2005 el Sr. Héctor Luis Báez Rivera y
la Sra. Nancy Casanova Vázquez (recurridos o compradores),
conjuntamente con el Sr. Víctor Roberto Fernández Ramos
(peticionario o señor Fernández) y su esposa, Sra. Teresa
Guillén Lugo (señora Guillén) (en adelante los esposos
Fernández-Guillén), suscribieron un contrato titulado
―Recibos de Pagos y Conciliación de Hipoteca‖. 3 Mediante
este acuerdo, los recurridos adquirieron un solar de
aproximadamente 2,500 metros cuadrados a ser segregados de
una finca matriz heredada por el señor Fernández y sus
hermanos.4
En el mencionado documento se incluyó la siguiente
cláusula como ―Nota Especial‖:
Esta finca est[á] sujeta a ser segregada por los Compradores, o sea los gastos de los Ingenieros y de los Abogados, (segregación y los documentos legales que sean necesarios serán por cuenta de los compradores hasta independizar estos 2,500 Metros Cuadrados Aproximados (Ver Plano), de la finca principal de la cual será segregada). Esto constituye el acuerdo principal de esta compraventa.
Las partes pactaron, además, que la escritura
correspondiente sería otorgada cuando los compradores lo
solicitaran.
El 9 de agosto de 2007 los recurridos presentaron una
Demanda en contra de los esposos Fernández-Guillén
solicitando el cumplimiento del contrato o, en la
alternativa, la nulidad del contrato y el pago de daños y
3 Copia de este documento, así como copia de la Demanda y la Sentencia dictada el 16 de marzo de 2010, se obtuvieron del expediente del Tribunal de Primera Instancia. 4 A pesar de que originalmente se incluyeron los hermanos del señor Fernández como codemandados, esas reclamaciones no tienen injerencia con la controversia ante nuestra consideración. CC-2013-0439 3
perjuicios. Oportunamente, se celebró el juicio para
ventilar las controversias planteadas y el Tribunal de
Primera Instancia dictó Sentencia el 16 de marzo de 2010.
Según se desprende de dicho dictamen, los compradores
comenzaron a realizar los pagos acordados, construyeron una
residencia en el solar recién adquirido, llevaron a cabo
mejoras en la propiedad, y sembraron árboles y frutos
menores. Igualmente, acudieron a las oficinas del Municipio
de Caguas para someter la correspondiente solicitud de
segregación. No obstante, allí se les informó que esto no
era viable puesto que la zonificación del predio no lo
permitía. Quedó establecido que de haber sabido que la
segregación no era posible los recurridos no hubiesen
comprado el solar.
De otra parte, conforme al testimonio creído por el
juzgador, desde el año 2003, es decir, dos (2) años previos a
la compraventa, los esposos Fernández-Guillén tenían pleno
conocimiento de que el solar vendido no podría ser segregado
debido a su zonificación agrícola.5
A base de la evidencia que le fue presentada, el juez de
instancia resolvió que ―las gestiones que hicieron los
esposos Fernández-Guillén para venderle el solar a los
demandantes, a sabiendas de que el mismo no podía segregarse,
constituyen maquinaciones, tretas y engaños, que vician el
5 Sentencia Tribunal de Primera Instancia (Sentencia TPI), Determinaciones de Hechos, párrs. 8 y 19. CC-2013-0439 4
consentimiento ofrecido por los demandantes en el contrato
otorgado‖.6
Concluyó, por lo tanto, que los esposos Fernández-
Guillén incurrieron en conducta dolosa tal que vició el
consentimiento de los recurridos y provocó la nulidad del
contrato. Dispuso igualmente que, al estar los esposos
Fernández-Guillén imposibilitados de entregar la propiedad
vendida por no poder segregarse, el contrato carecía de
causa. A base de lo anterior, determinó que el señor
Fernández, su esposa y la Sociedad Legal de Gananciales
compuesta por ambos venían llamados a responder por los daños
y perjuicios causados por el incumplimiento de los términos
del contrato, según provisto en el Artículo 1054 del Código
Civil, 31 LPRA sec. 3018 (1990) (Art. 1054 del Código
Civil).7
A tono con sus hallazgos, el tribunal a quo ordenó la
devolución de las contraprestaciones, así como el reembolso a
los compradores de los gastos incurridos en la edificación,
siembras y mejoras efectuadas de buena fe en el predio, con
sus respectivos intereses, además de una indemnización de
$100,000 a cada uno de los recurridos por concepto de daños y
perjuicios.
Por último, el Tribunal de Primera Instancia impuso el
pago de honorarios de abogado ascendentes a $50,000 por la
6 Sentencia TPI, Determinaciones de Hechos, párr. 16. 7 El Artículo 1054 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3018 (1990) (Art. 1054 del Código Civil) dispone que ―[q]uedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados, los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas‖. CC-2013-0439 5
actitud temeraria desplegada por los esposos Fernández-
Guillén durante el trámite judicial. De este modo, la
totalidad de la Sentencia sumó $352,468.8
Mediante Sentencia del 16 de diciembre de 2011, el
Tribunal de Apelaciones esencialmente confirmó las
determinaciones del foro primario, así como la
responsabilidad del señor Fernández, su esposa y la Sociedad
Legal de Gananciales compuesta por ellos, basado en su
conducta contraria a las disposiciones del Art. 1054 del
Código Civil. No obstante, clarificó que la nulidad del
contrato provenía del dolo y no de la ausencia de causa en el
contrato. De otra parte, redujo a $50,000 la compensación
por concepto de daños y angustias mentales otorgada a cada
uno de los recurridos y a $12,000 el monto de los honorarios
de abogado concedidos por el foro primario. A base de las
determinaciones del Tribunal de Apelaciones, la deuda total
por concepto de la Sentencia en cuestión se redujo a
$214,468.
El 3 de julio de 2012, ya advenida final y firme la
determinación antes descrita, la señora Guillén presentó una
petición acogiéndose a la protección del Capítulo 13 del
Código de Quiebras federal (Código de Quiebras). En la
8 Las cantidades otorgadas se resumen como sigue:
Suma pagada por el solar $ 7,800* Limpieza y mantenimiento del solar $ 22,000 Siembras $ 10,000* Construcción de la residencia $ 62,668* Daños y angustias mentales del señor Báez $100,000 Daños y angustias mentales de la señora Casanova $100,000 Honorarios de abogado $ 50,000 TOTAL $352,468
*Más intereses devengados desde la radicación de la Demanda. CC-2013-0439 6
solicitud no incluyó a su esposo, el señor Fernández. Surge
de los documentos sometidos ante el Tribunal de Quiebras que
se designó como deuda no asegurada y sin prioridad ―unsecured
nonpriority claim[]‖ la cantidad de $214,000 correspondiente
a la Sentencia antes aludida.
En vista de los procedimientos de quiebra, el 4 de
septiembre de 2012 el foro primario emitió una Resolución en
la que ordenó la paralización de los procedimientos y se
reservó jurisdicción para decretar su reapertura
posteriormente. Más adelante, el tribunal de instancia
acogió los planteamientos de los recurridos, según sometidos
en una moción de reconsideración, por lo que el 25 de
septiembre de 2012 emitió una Resolución Enmendada en la que
dejó sin efecto parcialmente la paralización y permitió que
continuaran los procedimientos con relación al señor
Fernández y la sociedad legal de gananciales compuesta con su
señora esposa.
Inconforme, el señor Fernández recurrió al Tribunal de
Apelaciones. Inicialmente, el foro apelativo intermedio
ordenó paralizar los procedimientos en su totalidad. Véase,
Sentencia del 14 de febrero de 2013. No obstante,
reconsideró su determinación y, mediante Resolución y
Sentencia Enmendada del 12 de abril de 2013, dejó sin efecto
la paralización decretada únicamente respecto a los bienes
privativos del señor Fernández. De este modo, permitió que
continuaran los trámites de ejecución en contra del señor
Fernández para satisfacer con sus bienes propios el total de
los dineros adeudados. CC-2013-0439 7
El señor Fernández acudió entonces ante este Foro. El
25 de octubre de 2013 expedimos el auto de certiorari y,
posteriormente, las partes sometieron sus respectivos
alegatos.
El peticionario aduce, primeramente, que erró el
Tribunal de Apelaciones al considerar la deuda por Sentencia
como una suya personal y llamarlo a responder solidariamente
frente a los acreedores con su patrimonio privativo.
Indica, además, que de confirmarse la determinación
recurrida se afectarían los pagos al Plan aprobado por el
Tribunal de Quiebras, ya que parte de los ingresos
provenientes de frutos y rentas de sus bienes privativos se
utilizan para costearlo.
DERECHO APLICABLE
A. El Dolo
El consentimiento de las partes es requisito esencial
para la validez de un contrato. Véase, Art. 1213 del Código
Civil, 31 LPRA sec. 3391 (1990). Tanto es así que, de
encontrarse afectado, podrá ocasionar la nulidad del negocio
jurídico. Rodríguez Ramos et al. v. ELA et al., 190 DPR 448,
455 (2014); S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 DPR
48, 62-63 (2011); García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR
870, 885-886 (2008); Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR CC-2013-0439 8
216, 228-229 (2007); Bosques v. Echevarría, 162 DPR 830, 836
(2004).
El dolo aparece reseñado en el Código Civil como una de
las posibles causas de vicio del consentimiento. Se define
como el uso de ―palabras o maquinaciones insidiosas de parte
de uno de los contratantes [con el propósito de inducir al]
otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera
hecho‖. Art. 1221 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3408
(1990). Cabe distinguir el dolus malus o dolo grave que
provoca la nulidad de la relación contractual del dolo
incidental que únicamente da derecho a una indemnización en
daños y perjuicios y no afecta la validez del acuerdo
conforme estipula el Artículo 1222 del Código Civil, 31 LPRA
sec. 3409 (1990) (Art. 1222 del Código Civil). Véanse:
S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, supra, págs. 63-64;
Pérez Rosa v. Morales Rosado, supra, págs. 229-230; Bosques
v. Echevarría, supra, pág. 836; Colón v. Promo Motors
Imports, Inc., 144 DPR 659, 666-667 (1997).
B. Sociedad Legal de Gananciales
La sociedad legal de gananciales es el régimen económico
que habitualmente regula la institución del matrimonio en
Puerto Rico. Montalván v. Rodríguez, 161 DPR 411, 420
(2004). Tiene como característica principal el que los
cónyuges figuran como codueños y administradores de todo el
patrimonio matrimonial sin adscribírsele cuotas específicas a
cada uno. Roselló Puig v. Rodríguez Cruz, 183 DPR 81, 93
(2011); Montalván v. Rodríguez, supra. Se le ha reconocido CC-2013-0439 9
como una entidad jurídica sui generis, separada y distinta de
los cónyuges que la componen, aunque no cuenta con el mismo
grado de personalidad jurídica característico de las
sociedades ordinarias o entidades corporativas. Reyes v.
Cantera Ramos, Inc., 139 DPR 925, 929 (1996); Int‘l Charter
Mortgage Corp. v. Registrador, 110 DPR 862, 864 (1981). El
régimen ganancial opera independiente de los bienes
personales de sus miembros. Pauneto v. Núñez, 115 DPR 591,
597 (1984); García v. Montero Saldaña, 107 DPR 319 (1978).
Es decir, el patrimonio individual de cada cónyuge funciona
separado del de la sociedad, por lo que se ―rechaza una norma
de solidaridad entre los cónyuges y la sociedad‖. Pauneto v.
Núñez, supra, pág. 597.
C. Deudas Gananciales
Los Artículos 1308 y 1310 del Código Civil,
respectivamente, regulan las responsabilidades y deudas de la
sociedad legal de gananciales. 31 LPRA secs. 3661 y 3663
(1990) (Arts. 1308 y 1310 del Código Civil). El Art. 1308
del Código Civil estipula, entre otros, que ―las deudas y
obligaciones contraídas durante el matrimonio por cualquiera
de los cónyuges‖ se reputan gananciales. 9 Este precepto
9 En lo pertinente, el Art. 1308 del Código Civil dispone lo siguiente:
Serán a cargo de la sociedad de gananciales:
(1) Todas las deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio por cualquiera de los cónyuges. (2) Los atrasos o créditos devengados durante el matrimonio, de las obligaciones a que estuviesen afectos así los bienes propios de los cónyuges como los gananciales. (3) Las reparaciones menores o de mera conservación hechas durante el matrimonio en los bienes peculiares de cualquiera de los cónyuges. Las reparaciones mayores no serán de cargo de la sociedad. CC-2013-0439 10
comprende obligaciones incurridas por alguno de los esposos
donde la masa ganancial resulta responsable en caso de
incumplimiento. Orta v. Padilla Ayala, 131 DPR 227, 255
(1992). ―El Art. 1308 [del Código Civil] trata sobre una
obligación genérica de contenido patrimonial que confiere un
derecho de crédito al acreedor contra el patrimonio del
deudor, ejecutable por la vía forzosa en caso de
incumplimiento‖. WRC Props., Inc. v. Santana, 116 DPR 127,
134 (1985).
A pesar de que le cobija una presunción de naturaleza
ganancial, de ninguna manera puede entenderse que toda
gestión obligatoria por parte de uno de los cónyuges vincula
indefectiblemente a la sociedad de bienes gananciales por el
mero hecho de estar casado bajo este régimen. A través de
nuestra jurisprudencia hemos podido refinar los contornos de
la responsabilidad ganancial según provista en el Art. 1308
del Código Civil. La naturaleza privativa o ganancial de la
obligación dependerá de los hechos específicos de cada caso.
Así pues, para poder hacer esta determinación se
examinarán los hechos particulares del caso a la luz de los
criterios siguientes: (1)―la deuda u obligación debe servir a
un interés de la familia y no estar predicada en un ánimo
fraudulento u oculto de perjudicar a uno de los cónyuges
[…]‖; 10 (2) el cónyuge o la sociedad de bienes gananciales
(4) Las reparaciones mayores o menores de los bienes gananciales. (5) El sostenimiento de la familia y la educación de los hijos comunes y de cualquiera de los cónyuges. (6) Los préstamos personales en que incurra cualquiera de los cónyuges. 31 LPRA secs. 3661 (1990). 10 WRC Props., Inc. v. Santana, 116 DPR 127, 135 (1985). CC-2013-0439 11
que niegue responsabilidad tiene el peso de la prueba, y (3)
si se logra controvertir la presunción, responderán los
bienes gananciales subsidiariamente previa excusión de
bienes, según provisto en el Art. 1310 del Código Civil.11
Debido a la presunción de que la deuda u obligación es
una ganancial por haberse contraído durante la vigencia del
matrimonio, corresponde al cónyuge que entiende que existe
alguna de las excepciones antes mencionadas presentar la
prueba necesaria para controvertirla y de este modo proteger
el patrimonio ganancial en primera instancia.
Por su parte, el Art. 1310 del Código Civil establece
como privativas las deudas contraídas por los cónyuges previo
al matrimonio, así como las multas y condenas pecuniarias que
le fuesen impuestas. 12 Las multas y condenas pecuniarias a
las que se refiere este artículo incluyen la reparación de
daños causados por culpa o negligencia. A. de Cossio y
Corral, La Sociedad de Gananciales, Madrid, Instituto
Nacional de Estudios Jurídicos, 1963, pág. 98.
Puig Brutau distingue la naturaleza de las deudas
comprendidas en ambos artículos de la siguiente manera.
11 Íd. 12 El Art. 1310 del Código Civil reza como sigue:
El pago de las deudas contraídas por el marido o la mujer antes del matrimonio no estará a cargo de la sociedad de gananciales.
Tampoco lo estará el de las multas y condenas pecuniarias que se les impusieren.
Sin embargo, el pago de las deudas contraídas por el marido o la mujer con anterioridad al matrimonio, y el de las multas y condenas que se le impongan, podrá repetirse contra los gananciales después de cubiertas las atenciones que enumera la sec. 3661, si el cónyuge deudor no tuviese capital propio o fuera insuficiente; pero al tiempo de liquidarse la sociedad se le cargará lo satisfecho por los conceptos expresados. 31 LPRA sec. 3663 (2009). CC-2013-0439 12
Mientras el primer inciso del ―[Artículo] 1408
[correspondiente al Art. 1308 nuestro] […] protege la justa
expectativa de quienes son acreedores por haber contratado
voluntariamente con el marido […] el [A]rt. 1410
[correspondiente al Art. 1310 nuestro] contempla el caso de
los acreedores que […] han pasado a serlo de manera
involuntaria […]‖. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho
Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1967, T. IV, Vol. I, pág. 712.
El Art. 1310 del Código Civil dispone, además, que
cuando la responsabilidad impuesta sea privativa, la sociedad
de gananciales responde frente a un tercero de manera
subsidiaria, previa excusión de bienes, cuando el cónyuge
responsable no tenga bienes propios para responder, o su
patrimonio no sea suficiente para satisfacer la deuda.
Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 DPR 139, 169 (1996);
Cruz Viera v. Registrador, 118 DPR 911, 915 (1987).
Se justifica el alcance subsidiario de los bienes
gananciales dado la importancia de reparar el daño causado.
―El precepto se presenta tan natural, que a primera vista no puede menos de sentirse su justicia. La sociedad no es la obligada al pago, pero median intereses legítimos, hay acreedores que no deben perder sus créditos, hay que reparar un mal o un daño, o indemnizar un perjuicio, y la ley, ante la carencia de bienes privativos del cónyuge deudor o responsable, y la existencia de gananciales sobrantes, ordena el pago, la reparación o la indemnización que procedan a costa de la sociedad, pero disponiendo que en su día se le descuente a ese cónyuge en su respectivo haber.‖ J.M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1969, T. IX, pág. 769.
En casos de negligencia conforme al Artículo 1802 del
Código Civil, la naturaleza de la obligación— ya sea CC-2013-0439 13
individual o ganancial —dependerá de los hechos que dieron su
origen. 31 LPRA sec. 5141 (1990) (Art. 1802 del Código
Civil). Si la responsabilidad surge como parte de una
actividad de beneficio para la masa ganancial ordinariamente
la deuda se reputará ganancial. Rosario v. Dist. Kikuet,
Inc., 151 DPR 634, 646-647 (2000); Quiñones López v. Manzano
Pozas, supra, pág. 167; Cruz Viera v. Registrador, supra,
pág. 915; Asociación de Propietarios v. Santa Bárbara Co.,
112 DPR 33, 49 (1982); García v. Montero Saldaña, supra,
págs. 341-342.
D. Culpa Contractual
El factor determinante que distingue la culpa
contractual predicada en el Art. 1054 del Código Civil de la
extracontractual provista en el Art. 1802 del mismo código,
consiste en la existencia de una relación previa entre la
víctima y el causante del daño. Las acciones ex contractu
persiguen compensar daños derivados del incumplimiento de
obligaciones pactadas, lo que necesariamente exige ―que al
daño le preceda una relación jurídica entre las partes
concernidas‖. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185
DPR 880, 909 (2012); Ramos v. Orientalist Rattan Furnt.,
Inc., 130 DPR 712, 721 (1992). Por su parte, las acciones ex
delito surgen del principio de convivencia social de no
causar daño a los demás y no se requiere que las partes estén
ligadas por una relación jurídica anterior. Maderas Tratadas
v. Sun Alliance et al., supra, pág. 908; Ramos v. Orientalist
Rattan Furnt., Inc., supra. CC-2013-0439 14
E. Quiebra
El Capítulo 13 del Código de Quiebras está diseñado para
individuos que cuentan con ingresos regulares. Este esquema
normativo persigue la rehabilitación económica del deudor,
permitiéndole retener sus propiedades si demuestra capacidad
de pagar, con sus ingresos futuros, aquellas cantidades
fijadas por el Tribunal de Quiebras. 8 Collier on Bankruptcy
Sec. 1300.02 (16ta ed. 2010).
Como resultado de la presentación de una petición de
quiebra, surge un caudal (―estate”) compuesto del patrimonio
del deudor. En aquellas jurisdicciones en las que opera el
régimen de sociedad legal de gananciales, se incluyen los
intereses de ambos cónyuges en la masa ganancial como parte
del caudal cuando el cónyuge deudor tiene cierto grado de
control sobre los bienes gananciales. Véase, 11 USC sec.
541. 13 Esto ocurre aun en aquellos casos en que solamente
uno de los cónyuges se haya acogido al procedimiento de
quiebra. 1 Ginsberg & Martin on Bankruptcy Sec. 5.02[B] (5ta
ed. Suppl. 2014-1).
13 En lo pertinente, la Sección 541 del Código de Quiebras, dispone lo siguiente:
(a) The commencement of a case […] creates an estate. Such estate is comprised of all the following property, wherever located and by whomever held:
(1) [A]ll legal or equitable interests of the debtor in property as of the commencement of the case. (2) All interests of the debtor and the debtor‘s spouse in community property as of the commencement of the case that is—
(A) Under the sole, equal, or joint management and control of the debtor; or (B) Liable for an allowable claim against the debtor, or for both an allowable claim against the debtor and an allowable claim against the debtor‘s spouse, to the extent that such interest is so liable. 11 USC sec. 541.
. . . . . . . . CC-2013-0439 15
Conforme lo dispuesto en la Sección 362 del Código de
Quiebras, 11 USC sec. 362 (Sec. 362 del Código de
Quiebras), 14 al someter la petición se paraliza
automáticamente todo proceso judicial o extrajudicial de
cobro de dinero en contra del deudor, incluyendo la ejecución
de sentencias obtenidas previo al inicio del caso. 15
Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 255 (2012);
Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 490-491
(2010). De esta manera se protege el caudal del deudor para
el beneficio de los acreedores, a la vez que se le brinda
resguardo de las gestiones de cobro. 3 Collier on Bankruptcy
Sec. 362.03[4] (16ta ed. 2010).
El pago a los acreedores del deudor se hará según lo
estipulado en un Plan aprobado por el Tribunal de Quiebras,
el cual no podrá extenderse por un término mayor de cinco
años. 11 USC sec. 1322(d). Al cabo de este periodo, si el
deudor ha cumplido a cabalidad con sus términos, se le
14 La Sección 362 del Código de Quiebras provee como sigue:
(a) Except as provided in subsection (b) of this section, a petition filed under section 301 [Voluntary cases], 302 [Joint cases], or 303 [Involuntary cases] of this title… operates as a stay, applicable to all entities, of–-
(1) The commencement or continuation, including the issuance or employment of process, of a judicial, administrative, or other action or proceedings against the debtor that was or could have been commenced before the commencement of the case under this title, or to recover a claim against the debtor that arose before the commencement of the case under this title; (2) The enforcement, against the debtor or against property of the estate, of a judgment obtained before the commencement of the case under this title […]. 11 USC sec. 362 (Sec. 362 del Código de Quiebras).
. . . . . . . .
15 Excepto en circunstancias muy particulares allí especificadas, la Sec. 362 del Código de Quiebras aplica a todos los casos bajo el mencionado código. En los procedimientos cubiertos por el Capítulo 13 se dispone, además, que queda suspendido el cobro de las deudas del consumidor a los codeudores de aquel que inició el proceso de quiebra, brindándole una protección adicional en este tipo de deuda siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Véase, 11 USC sec. 1301. CC-2013-0439 16
concede el descargo (―discharge‖) de las deudas comprendidas
en el Plan que no estén regidas por alguna exención o
excepción provista por el Código de Quiebras. 11 USC sec.
1328; 2 Ginsberg & Martin on Bankruptcy Sec. 15.05[D] (5ta
ed. Suppl. 2012) y Sec. 15.06[B] (Suppl. 2013-3).
Una vez se ordena el descargo, entra en vigor un
injunction permanente conforme dispone la Sección 524(a) del
Código de Quiebras, 11 USC sec. 524(a),16 el cual sustituye la
paralización inicial provista en la Sec. 362 del Código de
Quiebras. Este interdicto opera sobre los bienes futuros del
deudor, tanto privativos como gananciales, y le exime a
perpetuidad del cobro de las deudas descargadas. 3 Collier
on Bankruptcy Sec. 362.06[2] (16ta ed. 2010); 1 Ginsberg &
Martin on Bankruptcy Sec. 3.07[B] (5ta ed. Suppl. 2013-1).
El efecto del descargo se limita a proteger al deudor,
tanto en su patrimonio privativo como la masa ganancial.
Consiguientemente, no elimina las deudas que fueron objeto de
descargo en el proceso de quiebra; éstas subsisten. R.H.
16 La Sección 524 del título 11 del USC establece:
(a) A discharge in a case under this title-–
(1) voids any judgment at any time obtained, to the extent that such judgment is a determination of the personal liability of the debtor with respect to any debt discharged […]; (2) operates as an injunction against the commencement or continuation of an action, the employment of process, or an act, to collect, recover or offset any such debt as a personal liability of the debtor […] and (3) operates as an injunction against the commencement or continuation of an action, the employment of process, or an act, to collect or recover from, or offset against, property of the debtor of the kind specified in section 541(a)(2) of this title that is acquired after the commencement of the case, on account of any allowable community claim, except a community claim that is excepted from discharge […].
. . . . . . . . CC-2013-0439 17
Heston, Discharge, what Discharge, 42-Dec. Orange County Law,
36 (2000).
Como resultado, nada impide a los acreedores cobrar su
acreencia de propiedad privativa del cónyuge que no se acogió
a quiebra si la ley local lo permite. 1-4 Collier Family Law
and the Bankruptcy Code Sec. 4.8. En otras palabras, la
protección del Código de Quiebras carece de efecto alguno
sobre el cónyuge que no se acogió a quiebra en su carácter
individual y en sus bienes privativos. Campolieto v. Anaya,
142 DPR 582, 592 (1998). ―Because the nondebtor spouse is
not personally discharged, his separate property remains
liable for all debts for which he is personally liable‖. J.
Henderson, For Better or for Worse: Liability of Community
Property after Bankruptcy, 29 Idaho L. Rev. 893, 902 (1992-
1993) (cita omitida). ―Section 524(a)(3) […] is not a
discharge of personal liability for the nonfiling spouseʺ.
In re Moore, 318 BR 679, 681 (Bankr. W.D. Wis. 2004) (citando
In re Schmiedel, 236 BR 393, 398 (Bankr. E.D. Wis. 1999)).
DISCUSIÓN
A. Primer Error
En esencia, el peticionario arguye que: (1) no existe
solidaridad en este caso entre la sociedad legal de
gananciales y sus miembros, así como que (2) la deuda por
Sentencia es una estrictamente ganancial, regida por el Art.
1308 del Código Civil, por lo que sus fondos privativos no
pueden ser llamados a responder. CC-2013-0439 18
La Resolución del Tribunal de Apelaciones, fechada el 12
de abril de 2013, la cual estamos llamados a revisar,
primeramente concluye que la deuda constituye una obligación
personal privativa del señor Fernández que podría estar
sujeta al cobro de los bienes gananciales por medio del
mecanismo de excusión provisto en el Art. 1310 del Código
Civil. A la vez, le impone responsabilidad solidaria a su
esposa por ser cocausante del daño, así como a la sociedad
legal de gananciales. Resolución del Tribunal de
Apelaciones, pág. 2. Explica el foro apelativo intermedio
que al señor Fernández le corresponde pagar, puesto que
vendió su finca privada y la obligación por incumplimiento de
contrato es suya personal. Sin embargo, concluye que,
igualmente, son responsables solidariamente su esposa y la
sociedad legal de gananciales. A esos efectos resuelve:
Por lo tanto, el señor Fernández Ramos responde con todo su patrimonio personal de la sentencia dictada en su contra en el litigio de daños y perjuicios. El monto de su responsabilidad es por la totalidad por ser uno de los co causantes del daño, a saber, el señor Víctor Fernández Ramos, la señora Teresa Guillén Lugo, y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, a los cuales se le impone responsabilidad solidaria. Íd., págs. 5-6.
Partiendo de la premisa que tenemos ante nuestra
consideración una deuda por daños a tenor del Art. 1054 del
Código Civil, forzosamente hay que concluir que se trata de
una obligación de naturaleza contractual cubierta por el Art.
1308 del Código Civil. 17 De otra parte, existe una
17 Debido a que la Sentencia original del Tribunal de Primera Instancia, según modificada por el Tribunal de Apelaciones, advino final y firme, no pasamos juicio sobre la utilización del Art. 1054 del Código Civil para otorgar indemnizaciones procedentes de la nulidad de un contrato a causa de dolo grave, ni sobre el monto de las cuantías concedidas. CC-2013-0439 19
presunción de que las obligaciones contraídas por los
cónyuges durante la vigencia del matrimonio son gananciales y
corresponde al cónyuge que rechace tal responsabilidad así
probarlo. WRC Props., Inc. v. Santana, supra, pág. 135.
En este caso no se ha dado tal cuestionamiento de parte
de alguno de los cónyuges, por lo que no existe motivo para
rechazar la naturaleza ganancial de la deuda. El
peticionario apoya su recurso sobre la base ganancial de la
deuda por Sentencia, mientras que la señora Guillén incluyó
la totalidad de la obligación en su petición ante el Tribunal
de Quiebras. Siendo así, se reputa ganancial y son los
bienes gananciales los llamados a responder por los dineros
fijados por el tribunal. ―Para reclamar una deuda de
carácter ganancial, debe el acreedor dirigirse contra los
bienes gananciales, esto es, demandar a la sociedad‖.
Pauneto v. Núñez, supra, pág. 595 (cita omitida).
De otra parte, es preciso señalar que, contrario a lo
intimado por el foro apelativo intermedio en su Resolución
del 12 de abril de 2013, en el caso de deudas gananciales no
existe disposición estatutaria que provea un mecanismo que
permita cobrar subsidiariamente del patrimonio privativo de
sus miembros. De conformidad con el Código Civil, la
excusión de bienes opera únicamente en virtud de su Art.
1310. Es decir, se limita a aquellas situaciones en que no
haya suficientes haberes privativos disponibles para cubrir
obligaciones particulares de uno de sus miembros. Es
únicamente entonces que la masa ganancial viene llamada a CC-2013-0439 20
responder subsidiariamente, pero condicionado a que se cubran
primeramente ciertas necesidades gananciales básicas.
Igualmente, el hecho de que la deuda se repute ganancial
no convierte a los miembros de la sociedad legal de
gananciales en codeudores solidarios de esta entidad jurídica
como indicó el Tribunal de Apelaciones. Es preciso recordar
que durante la vigencia del matrimonio el patrimonio
ganancial coexiste independiente de los bienes privativos de
los cónyuges. Por lo tanto, sus respectivas obligaciones y
haberes se mantienen separados lo que imposibilita que surja
la solidaridad entre ellos.
En este caso, tanto el patrimonio ganancial de los
esposos Fernández-Guillén, como el personal de la señora
Guillén, están amparados por el procedimiento de quiebra. Es
decir, los acreedores se ven imposibilitados de acceder a los
fondos privativos de la señora Guillén, así como a los
comunes gananciales para hacer válida la Sentencia que pesa
en su contra.
Los bienes privativos del señor Fernández no comparten
esta protección. Conforme la doctrina, podrían responder en
la medida en que éste sea personalmente responsable de la
deuda que se intenta cobrar. Esto es, en caso de una
obligación particular independiente de aquellas que le
corresponden en calidad de miembro de la sociedad ganancial
como sería, por ejemplo, una situación de responsabilidad
solidaria según atendimos en Campolieto v. Anaya, supra.
Conforme a la prueba, quedó establecido que, a pesar de
que los esposos Fernández-Guillén conocían de antemano la CC-2013-0439 21
imposibilidad de segregar el solar, no divulgaron este dato a
los compradores antes de suscribir el contrato en cuestión.
Por el contrario, les impusieron a los compradores la
obligación de tramitar el permiso de segregación de la
parcela adquirida. Tanto el señor Fernández como la señora
Guillén firmaron el documento conjuntamente. Igualmente,
surge que los recurridos no hubiesen comprado la propiedad de
haber conocido este impedimento con anterioridad a suscribir
el contrato.
En consonancia con lo anterior, los esposos Fernández-
Guillén incurrieron en conducta dolosa grave. Es decir,
participaron en los actos deliberados que propiciaron el
vicio en el consentimiento de los recurridos y la eventual
nulidad del negocio. De este modo, se conjugaron los
requisitos cardinales del dolo grave que provocan la
captación del consentimiento en la formación del contrato y
permiten su nulidad, según dispone el Art. 1222 del Código
Civil. A base de ello, entendemos que la conducta dolosa
antes descrita sobre la cual se asienta la reclamación en
este caso no debe quedar impune. Las circunstancias exigen
que concibamos medidas especiales de justicia y equidad para
atender los perjuicios sobrevenidos a los recurridos como
resultado de la nulidad contractual que, de otro modo,
quedarían al descubierto aun cuando existan haberes en el
patrimonio privativo. ―La equidad, como se sabe, quiere
decir algo que es justo‖. Silva v. Comisión Industrial, 91
DPR 891, 898 (1965). Después de todo, nuestra función de
impartir justicia va de la mano con la equidad, principio que CC-2013-0439 22
permea todo el derecho. S.L.G. Sánchez v. S.L.G. Valentín,
186 DPR 503, 515 (2012). ―La equidad nació precisamente de
la necesidad de atemperar el rigor de la norma, mediante un
recurso a la conciencia del juzgador‖. CMI Hospital v.
Depto. de Salud, 171 DPR 313, 325 (2007) (citas omitidas).
Véase, además, BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686, 695
(2008).
En situaciones extremas como la presente, no existe
justificación para que uno de los esposos se escude detrás
del manto ganancial con el propósito de evitar responder con
sus bienes privativos por daños deliberadamente ocasionados
mediante sus propios actos. Opinamos, por lo tanto, que en
escenarios de responsabilidad ganancial por la conducta
intencional grave de los esposos que resulte en el menoscabo
de derechos, el perjudicado tiene la potestad de reclamar el
resarcimiento de sus daños subsidiariamente de los bienes
privativos de los cónyuges.18
Considero, por lo tanto, que el señor Fernández está
obligado a responder con sus bienes privativos por el pago de
la deuda impuesta por la Sentencia emitida en su contra. La
naturaleza de la conducta desplegada en este caso exige tal
resultado.
Una vez fijado que su patrimonio responde por la
acreencia al descubierto, surge la interrogante de si el
señor Fernandez debe pagar la totalidad de la deuda. Ambos
18 En el supuesto en que uno solo de los cónyuges haya incurrido en tal conducta, el cónyuge inocente puede tratar de rebatir la presunción de ganancial de la obligación bajo los parámetros mencionados en WRC Props., Inc. v. Santana, supra. CC-2013-0439 23
cónyuges incurrieron, conjuntamente, en la conducta dolosa
que ocasionó los daños consignados en la Sentencia. El fallo
del tribunal de instancia no aquilató sus respectivas culpas
y tampoco estamos nosotros en posición de hacerlo. Por lo
tanto, bajo las circunstancias particulares que se nos
presentan, la responsabilidad de los esposos Fernández-
Guillén en su carácter privativo frente a los recurridos es
necesariamente solidaria.
Sin embargo, habida cuenta de que estamos trazando
nuevos rumbos guiados por la equidad, deben hacerse ajustes
para lograr un resultado justo para ambas partes en el caso.
Resultaría oneroso imponerle toda la carga al señor Fernández
cuando no procedió solo. De otra parte, de satisfacer la
totalidad de la Sentencia, el señor Fernández estaría
imposibilitado de recuperar dinero alguno de su cónyuge como
secuela de las disposiciones del Código de Quiebras. Tomando
en consideración lo anterior, como cuestión de justicia para
todas las partes concernidas, opino que el señor Fernández
debe responder con sus bienes privativos hasta un cincuenta
por ciento (50%) de la deuda por Sentencia que se intenta
cobrar en este caso.19
B. Segundo Error
Como segundo error, el señor Fernández alega que parte
de los ingresos provenientes de los frutos y rentas de sus
bienes privativos se utilizan para costear el Plan aprobado
19 Claro está, deberá acreditarse a la deuda por cobrar cualquier abono efectuado como parte del procedimiento de quiebra. CC-2013-0439 24
por el Tribunal de Quiebras. 20 A base de ello, argumenta que
no es permisible la ejecución de su patrimonio personal para
el cobro de la deuda en este caso puesto que, de hacerlo, se
verían afectados los términos del Plan. No nos convence su
planteamiento.
Primeramente, el peticionario no ha citado base legal
alguna en apoyo a su posición. Tampoco ha sometido evidencia
que demuestre que el Tribunal de Quiebras haya, en efecto,
condicionado de manera alguna la disposición de sus haberes
privativos. Según mencionamos anteriormente, los bienes
personales del señor Fernández no se encuentran entre
aquellos comprendidos en el caudal de quiebra o protegidos
por el injunction asentado en la orden de descargo. Por el
contrario, tal como discutimos anteriormente, sus bienes
privativos están al margen del proceso de quiebra.
En virtud de lo dispuesto en la Sección 541 del Código
de Quiebras, supra, el efecto del interdicto prescrito
inicialmente por la Sec. 362 del Código de Quiebras y,
posteriormente por la Sección 524, beneficia al cónyuge no
acogido a quiebra únicamente respecto de su participación en
el caudal ganancial. Y así debe de ser, ya que éste no
acudió al Tribunal de Quiebras a buscar protección de sus
acreedores. Por lo tanto, al no acogerse al procedimiento de
quiebra, los bienes privativos del señor Fernández están
20 El Código Civil establece como gananciales ―[l]os frutos, rentas o intereses percibidos o devengados durante el matrimonio, procedentes de los bienes comunes o de los peculiares de cada uno de los cónyuges‖. Art. 1301(3), 31 LPRA sec. 3641(3) (1990). CC-2013-0439 25
aptos para responder por aquellas deudas que subsistan en la
medida en que el Derecho local así lo permita.
V
Por los fundamentos expuestos, disiento respetuosamente
del curso seguido por este Tribunal.
ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN Juez Asociado
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