Asoc. Pro Bienestar Vecinos, Etc. v. Banco Santander De P.R.

2002 TSPR 97

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: June 28, 2002
• Docket: CC-2001-0147
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asoc. Pro Bienestar Vecinos Urbanización Juan B. Huyke Inc., et al. Certiorari Peticionarios 2002 TSPR 97 v. 157 DPR ____ Banco Santander de Puerto Rico

Recurridos

Número del Caso: CC-2001-147

Fecha: 28/junio/2002

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I

Juez Ponente: Hon. Rafael Ortiz Carrión

Abogado de la Parte Peticionaria: Lcdo. Angel M. Landrón Sandín

Abogado de la Parte Recurrida: Lcdo. Félix R. Figueroa Cabán

Materia: Injunction Permanente

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. 2

Asoc. Pro Bienestar Vecinos Urbanización Juan B. Huyke Inc., et al.

Peticionarios

vs. CC-2001-147 CERTIORARI

Banco Santander de Puerto Rico

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR REBOLLO LOPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2002

La parte demandante, Asociación Pro Bienestar

Vecinos de la Urbanización Huyke, recurre ante nos de

una sentencia emitida por el Tribunal de Circuito de

Apelaciones, confirmatoria de otra emitida por el

Tribunal de Primera Instancia, denegatoria la misma

de una petición de interdicto permanente radicada por

dicha Asociación con el fin de que el demandado, Banco

Santander de Puerto Rico, cesara de utilizar dos

solares, ubicados dentro la mencionada Urbanización,

como estacionamiento para una de sus sucursales

bancarias; solicitud de interdicto predicada en que

tal uso contraviene restricciones de uso y

edificación, las cuales gravan los solares en

cuestión. CC-2001-147 3

I

Allá para el año 1985, el Banco Nacional de Puerto Rico

inició un proyecto de construcción de un edificio comercial

en los solares número 176 y 178, respectivamente, localizados

éstos en la Avenida Franklin D. Roosevelt en Hato Rey1; ello

con el propósito de operar allí una de sus sucursales

bancarias. Ambos solares colindan por la parte de atrás, o

parte sur, con la Urbanización Juan B. Huyke, en específico

con los solares número 179 y 181, respectivamente, de la calle

José Padín, perteneciente a la referida Urbanización. Algún

tiempo después, durante el año 1987, el Banco Nacional adquirió

mediante compraventa el solar número 179 antes mencionado. Tal

solar se encuentra clasificado por la Junta de Planificación

de Puerto Rico bajo el distrito de zonificación R-3, Distrito

Residencial Tres. Posteriormente, el 2 de septiembre de 1992,

luego de la correspondiente solicitud, la Administración de

Reglamentos y Permisos, en adelante A.R.P.E., le extendió al

Banco Nacional permisos de uso y de construcción, con el fin

de que éste último pudiera construir y operar en el mencionado

solar un estacionamiento para los clientes de la sucursal. Ello

no obstante, nada hizo al respecto el Banco Nacional.

A principios del año 1994, y luego de respectivas

transacciones al efecto, el Banco Santander de Puerto Rico

adquirió mediante compraventa todos los activos del Banco

1 Todos los solares comprendidos en esa hilera que colinda por el norte con la Ave. Roosevelt, se encuentran clasificados por la Junta de Planificación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico bajo el distrito de zonificación C-2, Distrito Comercial Central Intermedio. CC-2001-147 4

Nacional, por lo que éste pasó a convertirse en propietario

de la sucursal localizada en la Avenida Franklin D. Roosevelt,

y del mencionado solar número 179 de la Urb. Huyke, colindante

con la misma. Con el propósito de expandir sus servicios y de

culminar el proyecto iniciado por el Banco Nacional, el Banco

Santander adquirió el solar número 181 de la referida calle

José Padín. Este solar queda adyacente al número 179

previamente adquirido por el Banco Nacional.

Luego de ello, el Banco Santander obtuvo los

correspondientes permisos de construcción y de uso por parte

de A.R.P.E. para unir ambos solares, número 179 y 181, y operar,

con mayor capacidad, el estacionamiento que antes había

contemplado el Banco Nacional. Se comenzó el proyecto de

construcción, demoliendo las estructuras de vivienda

construidas en ambos solares, se cubrió el terreno de asfalto,

se instaló un portón eléctrico de seguridad y, desde entonces,

el Banco Santander comenzó a operar y a utilizar el área como

estacionamiento para los clientes de la sucursal. Este se

encuentra abierto a los clientes y empleados del Banco de 8:30

a.m. a 4:00 p.m., con acceso vehicular desde la Ave. Roosevelt

y salida, a través del referido portón eléctrico, hacia la

calle José Padín. Los días jueves, viernes y sábado, después

de las 4:00 p.m., el Banco destaca un guardia de seguridad en

el estacionamiento para la protección de sus clientes.

El 22 de agosto de 1997, la Asociación Pro Bienestar

Vecinos de la Urbanización Huyke, en adelante Asociación,

radicó una demanda, sobre interdicto permanente, ante la Sala CC-2001-147 5

Superior de San Juan del Tribunal de Primera Instancia en

solicitud de orden contra el Banco para que desistiera del uso

comercial, como estacionamiento, que le ha estado dando a los

solares localizados en la calle José Padín. 2 Alegó la

Asociación, como fundamento de su solicitud, que ambos solares

están sujetos a unas condiciones restrictivas de uso y

edificación que limitan el uso a darse a los solares

comprendidos en la Urb. Huyke para fines exclusivamente

residenciales. Sostuvo, además, que dicho uso afecta el

bienestar y seguridad de los vecinos, y que va en contra del

interés propietario de los residentes de la Urbanización.

En apoyo a tales contenciones, la Asociación hizo

referencia a la existencia, repetimos, de unas restricciones

constituidas por el desarrollador original de la Urbanización,

contenidas en la Escritura Pública Número 65, sobre

Constitución de Condiciones Restrictivas de Edificación de la

Urbanización Huyke, otorgada ante el Notario Público Miguel

Marcos Contreras, allá para el día 9 de septiembre de 1946.

La mencionada escritura consta inscrita, a su vez, como nota

al margen de la inscripción de la finca principal urbanizada

en el Registro de la Propiedad de San Juan, con el fin de que

todos los solares comprendidos en la Urbanización, y

2 Debemos señalar que, previo a la radicación de dicho recurso, ya la Asociación había instado una querella ante A.R.P.E. El 29 de febrero de 1996, el oficial examinador a cargo de la misma recomendó no revocar los permisos otorgados y conceder al Banco una “excepción”, permitiendo así la utilización de ambos solares como estacionamiento. CC-2001-147 6

segregados de ésta, quedaran afectos a las referidas

restricciones.3

La parte demandada en su contestación a la demanda alegó,

como defensa afirmativa, que las servidumbres en equidad

constituidas en virtud de las referidas condiciones

restrictivas se habían extinguido por los cambios radicales

ocurridos en el vecindario, por lo que mantenerlas vigentes

resultaba irrazonable y opresivo.

Luego de varios trámites procesales, incluyendo, entre

otros, una inspección ocular de los solares en cuestión, así

como de aquellas zonas periféricas a la Urb. Huyke, el tribunal

3 Entre estas condiciones, y en lo pertinente al caso de autos, se encuentran las siguientes, a saber:

1) la edificación que se levante en cada uno de los solares será dedicada única y exclusivamente para fines de residencia y no más de dos familias, entendiéndose que cuando una edificación se construya para albergar dos familias, ésta será de dos plantas cada una de las cuales albergará una familia distinta. 2) No se permitirán casas mixtas, parte para residencia y parte para almacén o comercio, así como tampoco se permitirán garajes de maderas, zinc o material alguno que no fuera concreto armado o bloques de hormigón también con techo de azotea o tejas; pudiéndose construir el garaje para uno o dos vehículos si así lo desea. 7) Las presentes condiciones restrictivas de edificación estarán vigentes sin limitación de término o tiempo alguno. 8) La contravención de estas restricciones y condiciones por parte de cualquier dueño de un solar, o por sus herederos, sucesores en título o causahabientes determinarán al (sic) quebrantamiento del contrato y dará derecho a los demás propietarios, o a uno cualquiera de ellos, a establecer la reclamación judicial correspondiente para el cese de tal perturbación o contravención. Los dueños de esta urbanización ceden desde ahora dicho derecho sin responsabilidad alguna de su parte en cuanto a los efectos de esta cesión. CC-2001-147 7

de instancia denegó el interdicto solicitado por la

Asociación. El foro primario adujo tres fundamentos en apoyo

de su dictamen. En primer lugar, determinó que la utilización

del área como estacionamiento está autorizada por la sección

84.01(2) del Reglamento de Zonificación de Puerto Rico,

Reglamento de Planificación Núm. 4, del 16 de septiembre de

1992, número 4844 de la Junta de Planificación.4 En segundo

término, sostuvo que los cambios sociales y circunstanciales

ocurridos en el área periférica a los solares en cuestión,

provocaron la extinción de las servidumbres en equidad

constituidas por el desarrollador original de la Urbanización.

Por último, determinó que, de una lectura de la escritura de

constitución de condiciones restrictivas, no se desprende

claramente la prohibición a los efectos de la actividad

realizada por la parte demandada; esto es, sostuvo que la parte

demandante lo que pretendía era impedir un uso que no había

sido especificado en la escritura ni constaba particularmente

inscrito en el Registro de la Propiedad.

Insatisfecha, la Asociación apeló ante el Tribunal de

Circuito de Apelaciones. 5 Cumplimentados los trámites

4 Tal reglamento era el vigente al momento de A.R.P.E. conceder la “excepción” al Banco. Aun cuando no hay constancia alguna en el expediente de autos, entendemos que A.R.P.E. basó su decisión en el mismo al permitirle al Banco utilizar los solares como estacionamiento de la sucursal. Dicho Reglamento fue derogado por el Reglamento de la Junta de Planificación número 6211 de 5 de noviembre de 2000. La sección citada, ahora sección 74.01(2), no sufrió enmienda alguna. 5 En su escrito alegó que el tribunal de instancia incidió:

“...al interpretar que los cambios radicales en la periferia de la Urbanización Huyke invalidaban las condiciones restrictivas impuestas por la CC-2001-147 8

apelativos pertinentes, el tribunal apelativo intermedio

confirmó el dictamen emitido por el tribunal de instancia.

Sustentó tal determinación en prácticamente los mismos

fundamentos esgrimidos por instancia. Expuso, además, que, de

una interpretación razonable del texto y del contexto de la

condición restrictiva en controversia, se desprende que ésta

sólo limita el uso de las edificaciones que se erijan en los

solares, por lo que ello no impide el uso de tales solares para

estacionamiento.

Inconforme, la Asociación acudió en revisión --vía

certiorari-- ante este Tribunal, imputándole al foro apelativo

intermedio haber errado:

“...al hacer una interpretación restrictiva de las condiciones establecidas en la servidumbre en equidad y guardar silencio al no pasar juicio sobre las actuaciones de la parte recurrida al obviar unas restricciones que surgen del Registro de la Propiedad, demoliendo estructuras para validar el uso comercial no permitido.”

Expedimos el recurso. Contando con la comparecencia de

ambas partes, y estando en posición de resolver el mismo,

procedemos a así hacerlo.

II

En esencia, nos corresponde interpretar, en primer lugar,

el texto utilizado por el desarrollador original de la Urb.

Huyke al constituir, en escritura pública, las condiciones

servidumbre en equidad inscrita en el Registro de la Propiedad y al interpretar que la condición restrictiva no ha sido violada y al no poner en |vigor la servidumbre en equidad; ...al interpretar restrictivamente la definición de la palabra edificación.” CC-2001-147 9

restrictivas aquí en controversia, así como el alcance de las

mismas. Debemos evaluar, además, la validez y subsiguiente

vigencia de tales servidumbres ante la ocurrencia de cambios

ocurridos en la periferia de la referida Urbanización; esto

es, verificar si, de hecho, han tenido lugar suficientes

cambios como para extinguir la servidumbre en equidad aquí

impuesta. Dicho de otro modo, determinar qué tipo o clase de

cambios tienen el efecto de alterar la efectividad y vigencia

de la misma. En virtud de ello, debemos evaluar, además, el

efecto o alcance que tiene la concesión administrativa, por

parte de A.R.P.E., de una “excepción” al uso reglamentario

dispuesto por la Junta de Planificación para los solares en

cuestión, vis a vis el contenido de las referidas restricciones

de índole privada. Veamos.

III A De entrada, debemos determinar si las restricciones en

controversia, en efecto, cumplen o no con los requisitos que

hemos establecido para que se configure una servidumbre en

equidad como tal.

La figura jurídica de la servidumbre en equidad es, en

nuestro ordenamiento, una de origen jurisprudencial. A

diferencia de otras figuras de origen civilista, tal figura

angloamericana fue adoptada por este Tribunal a principios del

siglo pasado, ello al resolver Glines v. Matta, 19 D.P.R. 409

(1913). En dicho caso se reconoció la existencia de dicha

figura en Puerto Rico, más, sin embargo, el Tribunal no realizó CC-2001-147 10

un análisis extenso de la misma, limitándose simplemente a

adoptarla y sostener su aplicación a través del recurso del

“injunction”.6 Este Tribunal ha “expandido” tanto la propia

figura de la “servidumbre en equidad” como los contornos de

su aplicación, ello en virtud de nuestra realidad jurídica de 7 trascendencia civilista. A esos fines, examinamos

brevemente los casos de Lawton v. Rodríguez, 35 D.P.R. 487

(1926); Fiol v. López de la Rosa, 46 D.P.R. 749 (1934); y Colón

v.San Patricio Corp., 81 D.P.R. 242 (1959), entre otros.

En Colón v. San Patricio Corp., ante, brindamos una

definición concreta de lo que constituye una “servidumbre en

equidad” en nuestro ordenamiento. Al resolver que las

restricciones, condiciones y limitaciones respecto al uso de

la finca allí en cuestión, constituían lo que en nuestro

ordenamiento se conoce como “servidumbre en equidad”,

advertimos que éstas son “cláusulas restrictivas ‘a beneficio

de los presentes y futuros adquirentes’ que imponen cargas o

gravámenes especiales, como parte de un plan general de mejoras

6 Véase, Fermín L. Arraiza Navas y José R. Roqué Velásquez, Las servidumbres en equidad, las defensas en equidad y el Registro de la Propiedad en el Derecho Puertorriqueño, 32 Vol. 1 Rev. Jur. U.I.P.R. 35 (1997). 7 “Las condiciones restrictivas que nos ocupan se denominan "equitable servitudes" en el derecho anglosajón. Aunque intrínsecamente no tienen nada de equidad, se les llamó así en aquel derecho debido a que por motivo de la rigidez del antiguo derecho común anglosajón hubo que recurrir judicialmente a la equity para proveerle cauces jurídicos a estos derechos reales. En nuestro derecho no tenemos ese problema. Se trata de derechos reales, lo cual cae cómodamente dentro de nuestro Derecho Civil. En el contrato de compraventa de un solar afectado por condiciones restrictivas éstas son parte del contrato; así vende quien vende y así compra quien CC-2001-147 11

para el desarrollo de una urbanización residencial en esa

finca...”. Id., a la pág. 250. Al regularse las mismas por los

principios de equidad del derecho angloamericano, mediante una

servidumbre de tal clase, el dueño de una propiedad a

urbanizarse puede constituir por sí solo un gravamen sobre su

fundo propio.8

En Lawton v. Rodríguez, ante, establecimos los requisitos

esenciales que deben de tener lugar para su validez. Allí

expresamente se dispuso que “para su validez y eficacia se

requiere que las limitaciones sean razonables, se establezcan

como parte de un plan general de mejoras, consten de forma

específica en el título y se inscriban en el Registro de la

Propiedad.” Id., a la pág. 494; Carrillo v. Camejo, 107 D.P.R.

132, 137 (1978).

Las servidumbres en equidad constituyen cargas o

gravámenes reales, por lo que, crean derechos reales

inscribibles en el Registro de la Propiedad y, una vez son

inscritas, constituyen derechos reales oponibles erga omnes.

Baldrich v. Registrador, 77 D.P.R. 739 (1954); Asoc. V. Villa

Caparra v. Iglesia Católica, 117 D.P.R. 346 (1986). Ello

configura, entre los predios afectados, “una relación de

compra.” Sands v. Ext. Sagrado Corazón, 103 D.P.R. 826, 831 (1975). 8 Sobre ese aspecto, véase: Las servidumbres en equidad, las defensas en equidad y el Registro de la Propiedad en el Derecho Puertorriqueño, ante, pág. 40, a saber; “las servidumbres en equidad consisten en cláusulas de índole restrictivas que se crean unilateralmente por el urbanizador en y para el beneficio de los presentes y futuros adquirentes de los solares y casas que comprenden una urbanización, las cuales condiciones o cláusulas restrictivas imponen cargas o gravámenes especiales, como parte de una plan general de mejoras.” CC-2001-147 12

servidumbres recíprocas, pues cada lote o solar es predio

dominante, a la vez que sirviente, con relación a los demás

lotes o solares de la urbanización.” Asoc. V. Villa Caparra

v. Iglesia Católica, ante, a la pág. 353; citando a José R.

Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, San Juan: Ed. Art

Printing, 1983, T.II, pág. 416.

Dada su naturaleza de derecho real inscribible, el

conocimiento de las limitaciones y condiciones impuestas en

virtud de la misma, se imputa a todo presente y futuro

adquirente de la propiedad que ésta grava. Debido a su

constitución unilateral por el urbanizador y la subsiguiente

inscripción, ciertamente tales condiciones restringen y

limitan las facultades de los futuros adquirentes. Sabater v.

Corp. Des. Económico, 140 D.P.R. 497 (1997); Asoc. V. Villa

Caparra v. Iglesia Católica, ante. En reiteradas ocasiones

hemos expresado que el Registro de la Propiedad es público para

quienes tengan interés en conocer sobre el estado jurídico de

los bienes y derechos reales inscritos. García v. Durand, 114

D.P.R. 440 (1983). Por consiguiente, en cuanto a las

limitaciones de uso y edificación de una propiedad, el Registro

es el “notificador” por excelencia sobre tal tipo de

restricción a terceras personas interesadas.

De conformidad con ello, hemos expresado que cuando una

persona tiene pleno conocimiento de las limitaciones de uso

de una propiedad, nunca debe permitírsele llevar a cabo la

conducta o actuación prohibida por tales restricciones. A esos

efectos, establecimos o elaboramos la doctrina del “daño CC-2001-147 13

autoinfligido”. Véase: Asoc. C.D. Octubre v. J.A.C.L., 116

D.P.R. 326 (1985); Asoc. Resid. Baldrich v. J.P., 118 D.P.R.

759 (1987). A medida que se obtenga conocimiento sobre el tipo

de condición a la cual esté afecta la propiedad, toda clase

de daño producto de alguna actuación en contravención a la

misma, tendrá al actor como único causante de su perjuicio.

A fin de cuentas, en tales casos, el Registro de la Propiedad,

dado su principio cardinal de publicidad, otorga pleno

conocimiento al que adquiere un terreno que está sujeto a la

servidumbre en equidad o restricción.9

Hemos expuesto, además, que, la creación, contenido y

alcance de estas cargas o gravámenes reales se rigen por los

principios del derecho de equidad. De conformidad con tales

principios, las restricciones privadas que constituyen

servidumbre en equidad, se modifican o extinguen en los

siguientes casos: 1) por convenio de los interesados; 2) por

efecto del tiempo o por realizarse la condición si las

restricciones así se han constituido; 3) por confusión; 4)

por renuncia o abandono de los propietarios que reciben los

beneficios de la servidumbre; 5) por expropiación forzosa si

los gravámenes son incompatibles con el uso público del

inmueble expropiado; y, 6) cuando cambios radicales del

vecindario no sólo hacen la restricción irrazonable y opresiva

para el dueño del predio sirviente, sino también destruyen el

valor que la restricción tenía para el dueño del predio

9 Sobre esto véase, Fermín L. Arraiza Navas y José R. Roqué Velázquez, Las servidumbres en equidad, las defensas en CC-2001-147 14

dominante, por lo cual resulta en verdad imposible alcanzar

los fines que perseguía la servidumbre. Véase: Colón v. San

Patricio Corp., ante, págs. 261-262; Asoc. V. Villa Caparra

v. Iglesia Católica, ante, a la pág. 354.

Aparte de los casos en que la servidumbre queda modificada

o extinguida, según las circunstancias indicadas en el párrafo

anterior, los dueños de predios sujetos a servidumbres en

equidad tienen disponible el recurso del injunction para hacer

efectivos sus derechos e impedir violaciones a las

limitaciones impuestas. Basta probar la violación de la

servidumbre para que se justifique la utilización del

injunction, ello sin necesidad de que se prueben daños reales

o perjuicios sustanciales. Colón v. San Patricio Corp., ante,

a la pág. 259.

Acorde con lo anterior, contra el referido recurso, el

derecho le reconoce a la parte demandada poder oponer todas

la defensas que le otorgan los principios en equidad; se le

reconocen como defensas varios motivos y circunstancias

referentes a “las equidades personales entre litigantes”. A

manera de ejemplo, el consentimiento; conciencia impura;

incuria; e impedimento. Asoc. V. Villa Caparra v. Iglesia

Católica, ante, págs. 353-354.

En el presente caso se han dado los requisitos esenciales

para que se configure una servidumbre en equidad, según nuestro

ordenamiento. A saber, de un análisis de las restricciones aquí

en controversia, se desprende que éstas son razonables; se

equidad y el Registro de la Propiedad en el Derecho CC-2001-147 15

establecieron como un plan de mejora por el desarrollador

original y dueño de los predios gravados con el fin de limitar

el uso de las propiedades a uno residencial; constan de forma

específica en el título; y están inscritas en el Registro de

la Propiedad. Ello no está en controversia.

Dicha conclusión, sin embargo, no dispone del asunto hoy

ante nuestra consideración. A la luz de los pronunciamientos

esbozados y, según mencionáramos previamente, debemos

interpretar el texto utilizado por el desarrollador original

de la Urb. Huyke al constituir, en escritura pública, tales

condiciones restrictivas, así como el alcance de las mismas.

Desde Sands v. Ext. Sagrado Corazón, 103 D.P.R. 826, 827

(1975), establecimos que las condiciones restrictivas en

urbanizaciones residenciales tienen el propósito de preservar

la belleza, la comodidad y la seguridad del reparto residencial

según éste es concebido por sus arquitectos y constructores.10

A renglón seguido reiteramos en dicho caso que tales

condiciones restrictivas, “las cuales limitan las facultades

de los futuros adquirentes de los solares y de las viviendas

en cuanto a hacer obras nuevas y efectuar cambios en las ya

hechas”, hacen más agradable y segura el área residencial para

las familias que allí deseen vivir. Id.

Respecto al alcance de tales limitaciones, precisamente

en cuanto éstas restringen el uso y/o destino de las

propiedades gravadas, el criterio más importante al determinar

Puertorriqueño, ante. 10 Véase, además, Sabater v. Corp. Des. Eco., ante, a la pág. 506. CC-2001-147 16

sobre tal alcance y sobre la designación de un “uso” es que,

mediante el lenguaje utilizado, se le informe debidamente y

sin ambigüedades a los nuevos adquirentes y terceros, sobre

lo que se les está o no está permitido realizar.11 Ello se debe

precisar e identificar claramente en términos amplios y por

definiciones de categorías como vivienda o uso comercial, para

que tanto los nuevos adquirentes como los terceros, sepan a

qué atenerse con respecto a las limitaciones impuestas a su

derecho de propiedad. La limitación debe constituir un aviso

suficiente y adecuado, de manera que toda persona, al adquirir

alguna de tales propiedades, pueda tomar una decisión

informada antes de advenir dueño de la misma.

En cuanto a tal aspecto, es preciso destacar que en el

contrato de compraventa de un solar y/o propiedad afectado por

condiciones restrictivas, éstas son parte inherente del

contrato. Sand’s v. Ext. Sagrado Corazón, ante, a la pág. 831;

debido a la naturaleza beneficiosa que dichas condiciones

tienen para las áreas residenciales, las mismas son parte del

valor que compra el adquirente de la residencia y por el cual

paga. Id., a la pág. 832. En consecuencia, el adquirente tiene

la justificada expectativa de que dichas condiciones van a ser

respetadas.

De un análisis del expediente de autos surge que tanto

el Banco Nacional, en aquel entonces, al adquirir el primer

solar, como el Banco Santander al comprar el segundo, lo

hicieron cuando en éstos todavía existían dos viviendas

11 Id., véase además Cond. S.J.H. Centre v. P.R.F. Inc., 133 CC-2001-147 17

respectivamente. Ciertamente, cuando el Banco recurrido

adquirió ambas propiedades estaba consciente de que éstas

pertenecían a una zona residencial. La parte demandada tuvo,

además, plena oportunidad de conocer sobre las condiciones

restrictivas que gravaban el terreno, ello a través del

Registro y de la correspondiente escritura. No podemos

avalar la posición a los efectos de que la condición

restrictiva reseñada únicamente afecta el uso de las

edificaciones y no el uso de los solares per sé. Resultaría

un tanto absurdo interpretar que el desarrollador original de

la Urbanización en cuestión hubiese querido limitar el alcance

de las restricciones por él mismo impuestas exclusivamente al

acto de edificar y levantar estructuras para fines únicamente

residenciales, sin pretender a su vez impedir cualquier otro

uso de los lotes que no fuera residencial. Ello obvia, por

demás, todo tipo de correlación existente entre los conceptos

de uso de terrenos y edificaciones dentro del campo de la

planificación urbana e incluso dentro del ámbito del derecho

civil.

El uso como estacionamiento de los solares aquí en

controversia ciertamente constituye un uso comercial, no

residencial, dirigido a servir los intereses comerciales del

banco; intereses que, de hecho, son totalmente ajenos a los

intereses de los residentes de la Urbanización. Precisamente,

surge de los documentos que obran en el expediente de autos

que la intención del desarrollador original fue, desde un

D.P.R 488, 504 (1993). CC-2001-147 18

principio, el que se mantuviera el fin residencial de la

Urbanización y de que todos los solares de las misma estuviesen

afectos a las restricciones en cuestión. Por consiguiente,

resulta ilógica una interpretación que permitiera darle un uso

comercial a los solares bajo el pretexto de que no existe

edificación alguna construida sobre los mismos. El Banco

demandado no puede utilizar tal argumento como subterfugio

para obviar las restricciones impuestas y pretender oponer

como justificación el que ambos lotes se encuentran “vacíos”,

ó “sin estructuras”, cuando la realidad es que se han

acondicionado los lotes como estacionamiento y ambos sirven

propósitos comerciales.

El Banco demandado pretendió efectuar, de facto, una

conversión del uso de los solares, de residencial a comercial,

obviando las restricciones privadas que conocía los gravaban.

Tales restricciones informan clara y debidamente a cualquier

futuro adquirente que cualquier uso no residencial está

vedado. Podemos incluso advertir que las referidas

limitaciones son de naturaleza, más bien, excluyente, y

proscriben cualquier tipo de construcción no residencial,

incluyendo la utilización de los mismos como un

estacionamiento. Aun cuando tal estacionamiento no sea una

“estructura” o “edificación” que se erija sobre un solar per

sé, ciertamente, para habilitar el área, el Banco llevó a cabo

obras de construcción incluyendo, entre otras, la cobertura

del terreno con asfalto, y la subsiguiente instalación de

verjas de acero en conjunto con un portón eléctrico. CC-2001-147 19

Tal proceder da al traste con la intención de aquellas

personas que constituyeron las restricciones de que el uso,

tanto de las edificaciones como de los solares, donde ubiquen

o no tales edificaciones, fuese para fines residenciales. Al

evaluar la restricción en controversia en su justa

perspectiva, y en conjunto con las demás, se desprende que el

propósito esencial de su existencia es el de evitar la

proliferación de usos no residenciales o comercios dentro de

la zona comprendida por la Urbanización. Erró, en

consecuencia, el foro apelativo al concluir que la restricción

no prohibía el uso no residencial de los solares.

C Validada la restricción en cuanto a la prohibición

referente al uso no residencial de los solares sin estructuras,

debemos entonces determinar si tal limitación ha perdido

vigencia ante los cambios ocurridos en la zona.

Según reseñáramos previamente, toda servidumbre en

equidad puede extinguirse o modificarse cuando, entre otras

circunstancias, cambios radicales del vecindario no sólo hacen

la restricción irrazonable y opresiva para el dueño del predio

sirviente, sino también destruyen el valor que la restricción

tenía para el dueño del predio dominante, razón por la cual

resultaría imposible alcanzar los fines que perseguía la

servidumbre. Colón v. San Patricio Corp., ante; Asoc. V. Villa

Caparra v. Iglesia Católica, ante.

El Banco demandado sostiene, como defensa, que los

cambios ocurridos en la periferia de la Urbanización Huyke, CC-2001-147 20

entiéndase con ello los alrededores de la Ave. Roosevelt,

extinguieron la servidumbre en cuestión.12 En el pasado hemos

reiterado que la extinción de las servidumbres por motivo o

causa de cambios radicales cobra razón de ser cuando el cambio

ocurrido sea de tal naturaleza que haya dejado sin valor alguno

el convenio en cuanto a la parte dominante residencial. Asoc.

V. Villa Caparra v. Iglesia Católica, ante; Macatee v.

Biascochea, 37 D.P.R. 1 (1927).

Así pues, hemos hecho claro que, de ordinario, tal defensa

se configura cuando: 1) el cambio(s) radical(es) haya(n)

convertido la restricción en una carga irrazonable y opresiva

para el dueño del predio sirviente; 2) haya destruido el valor

que de otro modo tendría la restricción para los dueños de los

predios dominantes; y 3) frustre por completo y

permanentemente el propósito u objetivo de la restricción.

Colón v. San Patricio Corp., ante, a la pág. 265. Indicamos

en el citado caso que es preciso se cumplan los tres requisitos

mencionados para que se justifique poner fin a la restricción.

Es necesario que los cambios del vecindario sean de

carácter tan radical y permanente, que lleguen al punto de

impedir sustancialmente la consecución de las ventajas y de

los beneficios establecidos por la servidumbre. Olmeda Nazario

v. Sueiro, 123 D.P.R. 294 (1989). Adviértase que el análisis

a seguir lo es el de, si por razón de cambios radicales en las

12 “La extinción de las servidumbres por motivo de cambios radicales puede ser alegada como defensa ante una acción de injunction o de una sentencia declaratoria solicitando que se declare la modificación o extinción de las restricciones.” CC-2001-147 21

condiciones del vecindario, resulta imposible lograr el

propósito que persigue la servidumbre en equidad. Es,

entonces, cuando ésta queda modificada o extinguida. Id. Por

otra parte, el peso de la prueba para establecer que ha ocurrido

un cambio en el vecindario le corresponde al que ataca la

validez de la servidumbre en equidad.

Al realizar dicha tarea interpretativa hemos expresado

que pueden considerarse tanto los cambios acaecidos dentro del

área restringida como las alteraciones sobrevenidas en los

terrenos que la rodean. En cuanto a este aspecto, desde que

resolvimos el citado caso de Colón v. San Patricio Corp., ante,

indicamos --a la página 265-- que conjuntamente con el

cumplimiento de los tres requisitos antes esbozados, se

requiere que:

“...los cambios del vecindario tienen que afectar en la forma antes señalada a la totalidad de los solares comprendidos dentro del área restringida. No basta que una parte de dicha área, situada al borde o a orillas del distrito que no está sujeto a las restricciones, sufra el impacto de los referidos cambios, si hay solares o porciones interiores del área restringida que todavía pueden recibir las ventajas y beneficios establecidos a su favor mediante la servidumbre equitativa. Es decir, las restricciones no pueden extinguirse mediante un proceso gradual de abrogación que empieza con los solares al borde del área restringida y se extiende paso a paso hasta las porciones o solares situados en el centro de los terrenos restringidos...” (Énfasis suplido.)

A tenor con lo anterior, hemos advertido que los cambios

en los terrenos o predios restringidos tienen más peso que los

ocurridos fuera o en los que los rodean. Véase: Asoc. V. Villa

Asoc. V. Villa Caparra v. Iglesia Católica, ante, a la pág. 354. CC-2001-147 22

Caparra v. Iglesia Católica, ante. “Si el área gravada no se

ha deteriorado, de ordinario no debemos dejar sin efecto una

restricción porque han ocurrido cambios en la periferia.” Id.,

a la pág. 356. De hecho, a medida que los contornos de la

planificación urbana y comercial han ido evolucionando, tanto

la jurisprudencia de este Tribunal como la norteamericana, ha

reseñado varios factores que se deben de tomar en consideración

a la hora de evaluar el efecto que tengan o no los cambios con

respecto a cierta(s) restricción(es) privada(s). Ello con el

propósito de poder determinar si, en efecto, se ha modificado

o, incluso, extinguido la servidumbre cuya vigencia esté en

controversia.

Así, se ha considerado: 1) el tamaño del área sujeta a

las restricciones; 2) la localización de los cambios ocurridos

con respecto al área restringida; 3) el tipo de cambio

ocurrido; 4) cambios en la infraestructura, con particular

referencia a los patrones de tránsito; 5) la extensión y

naturaleza de los usos comerciales, industriales en las áreas

circundantes; 6) valor de los terrenos residenciales en

comparación con los comerciales; 7) término y duración de las

restricciones; 8) sí las restricciones continúan siendo

beneficiosas o no para los dueños de los solares afectados;

9) el cambio ocurrido en la zonificación del área y sus

alrededores.13

13 Fermín L. Arraiza Navas y José R. Roqué Velázquez, Las servidumbres en equidad, las defensas en equidad y el Registro de la Propiedad en el Derecho Puertorriqueño, ante, págs. 43-44; Asoc. V. Villa Caparra v. Iglesia Católica, ante, págs. 356-57; Holmquist v. D-V, Inc., 563 P.2d 1112 (Ct. Apel. Kan. CC-2001-147 23

Acorde con lo anterior, hemos indicado que, al evaluar

tales factores, se debe tomar en cuenta que un área pequeña

es más vulnerable y sus solares están más expuestos a los

efectos de los cambios en la periferia; ello ciertamente

repercute mayormente en tales sectores que en los más grandes.

Asimismo, mientras más cerca se encuentren las zonas que han

cambiado, mayor el impacto.

Ciertamente, los casos que mayores controversias

acarrean son aquellos en que, como en el presente, los cambios

han afectado la parte colindante a los lotes restringidos por

la servidumbre en equidad, o que han afectado sólo una parte

de los lotes restringidos. Claro está, los que están a lo largo

del borde del área restringida han perdido su valor residencial

pero han adquirido valor comercial.Por otra parte, aquellos

solares localizados al interior conservan su valor

residencial.

Según nos ilustran Fermín Arraiza Navas y José R. Roqué

Velázquez, ante tal tipo de situación, “son pocos los casos

en que se ha rechazado poner en vigor la restricción de la

servidumbre en equidad. El peso que tiene el demandado es tan

grande como si el cambio hubiese afectado el área entera sujeta

a la servidumbre en equidad. La razón para esto es que sólo

1977), Lebo v. Jonson, 349 S.W.2d 744, 749 (Ct. Apel. Tex. 1961). Véase además, Michel J. Godreau y Ana Isabel García Saúl, Servidumbre y Conservación, 67 (2) Rev. Jur. U.P.R. 249, 304-05 (1998); Comment, Termination of Servitudes: Expanding the Remedies for ‘Changed Conditions’, 31 U.C.L.A. L. Rev. 226, 236-237 (1983). CC-2001-147 24

de esta forma es posible defender y preservar el valor de los

lotes internos residenciales aún no afectados.”14

En el caso de autos, el Banco demandado alega que, aún

en el supuesto de que se concluya que la restricción impide

el uso no residencial de los solares gravados 15 , entonces

debemos resolver que los cambios ocurridos en la zona

extinguieron la misma. Apoya tal argumento en el hecho de que

han habido ciertos cambios en la zonificación de los solares

colindantes con la Ave. Roosevelt, y que, incluso, ciertos

predios localizados dentro de la Urbanización Huyke están

siendo utilizados para propósitos comerciales, aun cuando

éstos se encuentran clasificados como Distritos

Residenciales, R-3.

Por otra parte, la Asociación alega que los solares que

el Banco alega están siendo utilizados para fines no

residenciales, en realidad están vacantes, incluso marcados

en los mapas de zonificación como lotes residenciales

vacantes, R(V). En síntesis, sostiene que, en comparación con

14 Fermín L. Arraiza Navas y José R. Roqué Velázquez, Las servidumbres en equidad, las defensas en equidad y el Registro de la Propiedad en el Derecho Puertorriqueño, ante, págs. 43-44; citando además a Mc.Clintock, Handbook on Equity, 2nd, ed., sec. 128, 1948; Comment, Termination of Servitudes: Expanding the Remedies for ‘Changed Conditions’, ante, pág. 227; Marra v. Aetna Const. Co., 101 P.2d 490 (Cal. 1940), entre otros. “El mero hecho de que la propiedad en controversia obtenga un valor económico mayor al no tener las restricciones que la impone la servidumbre en equidad, no es decisivo a la hora de determinar sobre si ha ocurrido un cambio en el vecindario. Tampoco será suficiente no decisivo el hecho de que un lote en particular haya cambiado y no pueda ser residencial nuevamente, para demostrar o alegar que hubo un cambio en el vecindario.” Id. 15 Tal como concluimos en el acápite anterior. CC-2001-147 25

el total de solares comprendidos dentro del área restringida,

la gran mayoría de éstos están siendo utilizados como vivienda.

De un examen del expediente de autos, incluyendo dos mapas

de zonificación del área --uno de vigencia de 28 de diciembre

de 1949 y otro con vigencia de 13 de julio de 1998-- de un

estudio de cambios de la Urbanización 16 , entre otros

documentos, se desprende que la hilera de solares que colinda

directamente con la Ave. Roosevelt fue rezonificada y

actualmente cae bajo una clasificación de Distrito Comercial,

C-2. Ninguno de esos solares --un total de veintiséis (26)

agrupados en veintidós (22)-- actualmente forma parte de la

Urbanización. Surge de ambos mapas, además, que todos los

solares que caen dentro de la zona comprendida por la

Urbanización y que están sujetos a las restricciones privadas,

aún mantienen, desde el año 1949, una clasificación

residencial, R-3.17

Por otro lado, tenemos que, de un total de ciento ocho

(108) solares18 examinados en el referido estudio de cambios,

16 Estudio realizado por el Ingeniero Civil, Camilo Almeyda Eurite, de fecha de 11 de septiembre de 1998. 17 El propósito del Distrito R-3 está especificado en el Reglamento de Zonificación como aquel distrito de densidad poblacional intermedia establecido para clasificar áreas residenciales desarrolladas o que puedan desarrollarse en donde se permitirán viviendas en solares de trescientos (300) metros cuadrados o más. Reglamento de Planificación Núm. 4, Reglamento de Zonificación núm. 6211 de 5 de noviembre de 2000, Subsección 13.01. 18 Se llevó a cabo un estudio que comprendió tales 108 solares. Todos éstos se encuentran ubicados dentro de un área cuyos límites son la Ave. F.D. Roosevelt por el Norte; los solares frente a la calle Juan B. Huyke por el Sur; la calle Fernando Primero por el Este; y los solares con frente a la calle Unión por el Oeste. CC-2001-147 26

veintidós (22) solares hoy día, tienen una zonificación

comercial; tal número comprende el 20% de los solares

estudiados. Precisamente esos veintidós (22) solares son, en

específico, los que comprenden la hilera que colinda con la

Ave. Roosevelt, solares que quedan al borde del área

restringida por la servidumbre. El estudio indica, además, que

del referido total de ciento ocho (108) solares del sector,

treinta y siete (37) no tienen uso residencial, lo que

significa que un 34% de los solares estudiados no están siendo

utilizados para fines residenciales. Precisamente, dentro de

tales treinta y siete (37), recordemos que veintidós (22)

ubican en la hilera de la Ave. Roosevelt, zonificados como

comerciales. Por lo que, a fin de cuentas, los quince (15)

restantes, localizados dentro del área restringida, aunque

clasificados como R-3, no se les está dando un uso per se

Al examinar el mapa de zonificación del 1998, surge que

a la mayoría de esos quince (15) solares, en específico once

(11) de éstos, no se les está dando un uso residencial por

razón de encontrarse vacantes 19 ; constan específicamente

marcados en el referido mapa como R(V). En los predios de la

calle José Padín, se encuentran, en específico, ocho (8) de

éstos vacantes, más bien, con estructuras de vivienda vacantes

o vacías. Por consiguiente, de la totalidad de los predios que

forman parte de la Urbanización Huyke como tal, unos 9720, sólo

19 En todos ubican estructuras de vivienda vacantes. 20 Según ello surge de la leyenda de la Urb. Huyke en el Mapa de Zonificación de 1998, Apéndice, a la pág. 106. CC-2001-147 27

los quince (15) mencionados no tienen usos residenciales.

Precisa destacar, además, que el propio perito de la parte

demandada señaló en el referido estudio que, según el Plan de

Ordenación del Municipio de San Juan, el área en controversia

se vislumbra que siga teniendo carácter residencial.

A la luz de los datos y el análisis antes reseñado, somos

del criterio que los cambios en la zona, acaecidos a través

de los años, no han convertido las restricciones en

controversia en unas obsoletas, injustas, irrazonables y

opresivas como tampoco han disminuido el valor de dichas

restricciones para los dueños de los predios dimanantes de la

Urbanización Huyke.

El hecho de que haya ocurrido un desarrollo comercial en

el área periférica no implica que se hayan abandonado las

restricciones al uso de la propiedad que gravan el vecindario.

Olmeda Nazario v. Sueiro, ante. Ello tampoco implica que hayan

ocurrido cambios sustanciales en el uso de las propiedades que

tengan que ser tolerados por la totalidad de los vecinos. Estos

han expresado un interés evidente de evitar que se produzca

un cambio de circunstancias en el sector que permita la

proliferación de negocios en la calles de la Urbanización.

No debemos olvidar que las alteraciones o cambios capaces

de modificar o extinguir una servidumbre en equidad tienen que

ser tan radicales, como para que conviertan la restricción por

ella impuesta en una lo suficientemente irrazonable u opresiva

capaz de destruir el valor que tenía el convenio original.

Recordemos que, en caso de que el área gravada no se haya CC-2001-147 28

afectado, no debemos dejar sin efecto una restricción

válidamente impuesta, porque hayan ocurrido cambios en la

periferia o área circundante. Véase: Colón v. San Patricio

Corp., ante; Asoc. V. Villa Caparra v. Iglesia Católica, ante.

El derecho propietario que pueda tener una persona, en

el presente, el del Banco demandado, no incluye el derecho o

facultad de explotar al máximo sus posibilidades en detrimento

de otros intereses sociales. Asoc. Vecinos Park Side v. Junta,

res. el 7 de octubre de 1999, 99 TSPR 149; intereses sociales

que, de hecho, ignoraríamos si desatendiéramos el reclamo de

los vecinos de la Urbanización Huyke de gozar y disfrutar de

su propiedad en la forma y modo estipulado contractualmente

al momento de adquirir sus viviendas.

Por consiguiente, resolvemos que tanto el Tribunal de

Primera Instancia como el Tribunal de Circuito de Apelaciones

incidieron al concluir que los cambios ocurridos en la

periferia de la Urbanización Huyke extinguieron las

restricciones privadas previamente impuestas sobre todos los

predios segregados de la misma.

D

Ante la no ocurrencia de cambios radicales suficientes

como para extinguir la servidumbre en cuestión, debemos

evaluar entonces el efecto que tiene la concesión

administrativa, por parte de A.R.P.E., de la “excepción” al

uso reglamentario dispuesto por la Junta de Planificación para

los solares en cuestión, permitiendo así la utilización de los

solares para estacionamiento. En síntesis, los residentes de CC-2001-147 29

un área clasificada como residencial, con densidad intermedia,

intentan proteger la seguridad, integridad y el carácter de

su vecindario contra la decisión administrativa de variar en

la práctica tal uso, mediante un permiso discrecional.

Ciertamente, tal concesión da al traste con el contenido de

las referidas restricciones de índole privada. Veamos.

En reiteradas ocasiones hemos expresado que es

imprescindible tomar en consideración, al examinar la puesta

en vigor de una restricción ante la ocurrencia de cambios

radicales, cuál ha sido y es la política de la Administración

de Reglamentos y Permisos y de la Junta de Planificación de

Puerto Rico en cuanto a la zonificación y rezonificación de

áreas, y en cuanto a la concesión, tanto de permisos regulares,

como de los emitidos discrecionalmente como excepciones y

variaciones a los reglamentos vigentes. “En nuestras

circunstancias geográficas el Estado ha elaborado unos

instrumentos de planificación para un desarrollo integral del

uso de terrenos e inversiones que también deben ser

considerados al poner en vigor estas restricciones.” Asoc. V.

Villa Caparra v. Iglesia Católica, ante, a la pág. 357.

En virtud de ello, debemos tener en mente que la Junta

de Planificación es el organismo creado por ley para guiar el

desarrollo integral de Puerto Rico y llevar a cabo la

importante labor de planificar, zonificar, y establecer el uso

de las distintas áreas del país. 23 L.P.R.A. sec. 62c. Negrón

v. Junta, 139 D.P.R. 191 (1995). A tales efectos, el referido

organismo ostenta la facultad de, no sólo preparar y adoptar CC-2001-147 30

mapas de zonificación de la Isla, sino además de considerar

y atender solicitudes de enmiendas a éstos. 23 L.P.R.A. sec.

62 j(5). Entre sus funciones está precisamente la de adoptar

y aprobar los reglamentos necesarios para cumplir con la tarea

que le fue delegada por la Legislatura, aprobando así, entre

otros, el Reglamento de Zonificación de Puerto Rico, ante.

Cabe destacar además que el poder legislativo, al aprobar

la Ley Orgánica de A.R.P.E., Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975,

según enmendada, trasladó a la referida Administración las

funciones de la Junta de Planificación respecto a la aplicación

de los reglamentos en los casos individuales y la concesión

de permisos de construcción. En virtud del referido estatuto

se adoptó un esquema administrativo mediante el cual se

transfirió a A.R.P.E. las funciones operacionales de la Junta

de Planificación y se confirió a este organismo la facultad

de aplicar y velar por el cumplimiento de las leyes y

reglamentos de planificación. Asoc., C.D. Octubre v. J.A.C.L.,

116 D.P.R. 326, 331 (1985); Junta de Planificación v. J.A.C.L.,

109 D.P.R. 210, 214 (1979).

Entre las funciones más importantes de A.R.P.E. está la

de aplicar los reglamentos de planificación adoptados por la

Junta para el desarrollo, subdivisión y uso de terrenos, y para

la construcción y uso de edificios, así como el cumplimiento

de toda ley estatal, ordenanza o reglamentación de cualquier

organismo gubernamental que regule la construcción el Puerto

Rico. 23 L.P.R.A. sec. 71 et seq.; Negrón v. Junta, ante. CC-2001-147 31

Sabido es que a A.R.P.E. se le ha concedido amplia

discreción sobre la formulación y mantenimiento de la política

pública a seguir con relación al trámite de la concesión y

denegación de uso y la intención de proveer los remedios

legales necesarios para poder velar por el cumplimiento

efectivo de toda determinación que tenga por hacer. A.R.P.E.

v. Ozores Pérez, 116 D.P.R. 816 (1986). Precisamente, entre

los reglamentos que A.R.P.E. tiene que, por deber ministerial,

aplicar y hacer cumplir, está el Reglamento de Zonificación

de Puerto Rico, Reglamento de Planificación Núm. 4, de 5 de

noviembre de 2000.21

Dicho Reglamento se aprobó con el propósito de guiar el

uso y desarrollo de los terrenos y edificios, para asegurar

y fomentar la salud, seguridad, moral, orden, estabilidad

económica y bienestar general de los presentes y futuros

habitantes de Puerto Rico, reconociendo así la necesidad de

armonizar el deber del Gobierno de garantizar una adecuada

utilización de los terrenos con el derecho de los ciudadanos

al disfrute de su propiedad privada. La importancia que para

el Pueblo representa la ordenada y adecuada utilización de

nuestros terrenos y recursos está incluso constitucionalmente

21 Según mencionáramos previamente, este Reglamento derogó el Reglamento de Zonificación de 16 de septiembre de 1992. En su Introducción se expresa que: [m]ediante la zonificación se establecen las normas esenciales sobre cómo y donde deben ubicarse las múltiples actividades sociales y económicas de Puerto Rico. A través de este proceso se clasifican los terrenos en zonas o distritos y se establecen para cada uno disposiciones específicas sobre el uso de los terrenos y sobre las obras y estructuras a permitirse. CC-2001-147 32

reconocida. Ortiz v. Junta de Planificación, res. el 26 de

septiembre de 2000; 2000 TSPR 139; Art. VI, Secs. 14 y 19 de

la Constitución del E.L.A.

Con el propósito de instrumentar la política pública que

le fue encomendada a A.R.P.E., en cuanto a la concesión de

permisos, hemos reconocido que dicha agencia puede conceder

permisos discrecionales utilizando uno de dos métodos, a

saber: 1) vía “excepción o autorización directa”, al amparo

de lo dispuesto por la Sección 82.00 del Reglamento de

Zonificación, ó, 2) autorizando una “variación”, a la luz de

lo dispuesto en la Sección 84.00 del mismo. Asoc. C.D. Octubre

v. J.A.C.L., ante; Asoc. Vecinos Park Side v. J.P., ante.

En el citado caso de Asoc. C.D. Octubre v. J.A.C.L., ante,

a la pág. 332, reiteramos la definición que sobre ambos

términos expusiéramos en Quevedo Segarra v. J.A.C.L., 102

D.P.R. 87, 92 (1974): el término “variación” es aquel permiso

mediante el cual se puede dedicar una propiedad a un uso

prohibido por las restricciones impuestas en una zona o

distrito; el término “excepción” se refiere a aquella

autorización para usar la propiedad en cierto modo que de

antemano el propio Reglamento de Zonificación admite y tolera,

siempre que se cumpla con ciertas condiciones.

En lo pertinente a la controversia que hoy ocupa nuestra

atención, expresamos en dicho caso que la concesión de

“excepciones” es un medio para controlar ciertos usos que no

son frecuentes pero que pueden tener un efecto adverso en el

vecindario. Estas se conceden únicamente en casos expresamente CC-2001-147 33

autorizados por el Reglamento y siempre sujetas a las

condiciones en él prescritas. Id. El aspecto neurálgico en la

concesión de excepciones es el de restringir cierto usos que

resulten adversos, aún cuando no resulten ser incompatibles

al carácter del vecindario. Tienen primacía en tal concesión

el interés público y el interés del vecindario en particular

sobre el interés del dueño del terreno que la solicita. Quevedo

Segarra v. J.A.C.L., ante. Por vía de “excepciones”, y en

armonía con los propósitos generales del Reglamento antes

mencionado, se le permite a A.R.P.E. autorizar ciertos usos

que en el mismo se dispongan, siempre que por medio del diseño,

construcción y operación del proyecto permitido, se haya de

proteger la seguridad, el bienestar de los ocupantes de las

propiedades limítrofes y, en fin, se asegure la debida

protección al interés público.

En el presente caso, A.R.P.E., como resultado de la

querella instada por la Asociación ante dicha agencia,

entendió prudente concederle al Banco demandado una

“excepción” al uso reglamentario dispuesto para los solares

en cuestión, permitiendo así su utilización como

estacionamiento. Es preciso destacar que no obra en el

expediente de autos documento alguno referente a los factores

considerados por dicho organismo al conceder tal permiso

discrecional. De todas formas, el foro primario sostuvo que

ambos solares podían ser utilizados como estacionamiento a la

luz de ciertas disposiciones del referido Reglamento de

Zonificación. CC-2001-147 34

A tales efectos, el Reglamento 22 vigente al momento de

autorizarse la excepción, disponía que en los Distritos

Residenciales, incluidos obviamente los R-3 23 , se podrá

permitir el establecimiento de áreas de estacionamiento como

negocio o para servir un uso comercial, para vehículos de

capacidad clasificada de no más de una y media (1.5) toneladas,

en solares o predios abiertos que estén a una distancia no mayor

de cien (100) metros de una Distrito C-2, entre otros distritos

de clasificación comercial. Subsección 84.01(2) del

Reglamento. A renglón seguido, disponía la referida subsección

que los accesos desde y hacia las vías públicas para las áreas

de estacionamiento en distritos residenciales, serán a través

de los predios comerciales colindantes, en la medida en que

sea posible, evitando la circulación de vehículos por calles

que den frente a distritos residenciales. Más adelante, se dice

que cuando no sea posible evitar la circulación de vehículos

22 Ya anteriormente señalamos que el referido Reglamento fue derogado por el Reglamento de Zonificación de 5 de noviembre de 2000. Las secciones referentes a los usos permitidos en distritos R-3, y a la concesión de permisos para construcción de estacionamiento no han sufrido mayores cambios. 23 Es preciso indicar que el Reglamento del 1992, Subsección 13.02, disponía que en los distritos R-3 se usarán los edificios o pertenencias para los fines expuestos a continuación: 1.) casas de una o dos familias; 2.) casas en hilera y casa de patio de acuerdo con lo establecido en las Secciones 74.00 y 75.00 de este Reglamento; 3.) casas de apartamientos, de acuerdo con lo establecido en la Sección 76.00 de este Reglamento y; 4.) otros usos de acuerdo con lo establecido en la Sección 99.00 de este Reglamento. Hoy día, el Reglamento vigente desde el 5 de noviembre de 2000, dispone, entre otros usos, se permitirá como uso en Distritos R-3 estacionamientos en solares o estructuras construidas para esos propósitos, siempre que se cumpla con lo establecido para el diseño de áreas de estacionamiento en la Subsección 74.02 de este Reglamento. Subsección 13.02. CC-2001-147 35

a través de calles en distritos residenciales se celebrará

vista pública para considerar la forma de mitigar los efectos.

Con estos pronunciamientos en mente, procedemos a evaluar

los argumentos presentados por el Banco demandado. Dicha parte

alega que, por razón de que la citada subsección del Reglamento

de Zonificación permite el establecimiento de áreas de

estacionamiento en predios clasificados como residenciales,

R-3, y en vista del hecho de que A.R.P.E. le concedió permisos

de uso, de construcción y una eventual “excepción” al uso

reglamentario para poder operar el estacionamiento, está en

todo derecho de poder seguir operándolo como tal. Ello a pesar

de que las restricciones de índole privada impuestas por

escritura e inscritas en el Registro de la Propiedad vedan tal

utilización.

En el pasado, al resolver controversias de similar

naturaleza, hemos advertido enfáticamente que, aunque en

ocasiones las servidumbres son compatibles con la zonificación

del estado, su propósito, creación, e implantación dependerá

de que los dueños de los solares o predios gravados las hagan

valer. Reiteradamente hemos resuelto que la mera concesión de

un permiso por la Junta de Planificación o por A.R.P.E. no tiene

el efecto ni el alcance de anular restricciones privadas que

resulten inconsistentes con el permiso concedido. Véase:

Rodríguez v. Twin Towers, 102 D.P.R. 355, 356 (1974); Colón

v. San Patricio Corp., ante, págs. 267; Pérez v. Pagán, 79

D.P.R. 195, 198 (1956); Sands v. Ext. Sagrado Corazón, ante,

a la pág. 831. CC-2001-147 36

Del mismo modo, una “rezonificación concedida no tiene

el efecto de anular las restricciones privadas que resulten

incompatibles con la misma.” Luan Investment v. Román, 125

D.P.R. 533 (1990). En tales casos, los beneficiarios de la

restricción, con el propósito de hacer valer sus derechos,

pueden recurrir a una acción independiente, incluida la del

injunction ordinario, para que los reclamos de todas las partes

acreedoras al derechos surgido de la servidumbre en equidad,

sean adecuadamente atendidos. Id. Véase: Olmeda Nazario v.

Sueiro, ante.

Aun cuando la decisión del organismo administrativo

recibirá la debida deferencia, en el balance de intereses y

factores involucrados para la determinación de cuál

reglamentación debe prevalecer, entiéndase la del Estado o la

privada, tienen gran peso si el propietario que pretende

utilizar su predio para fines vedados por la restricción

privada, tenía o no conocimiento de las limitaciones por ésta

impuesta. De tener el propietario conocimiento de tales

limitaciones, bajo tales condiciones le está vedado el

solicitar, y de que se le conceda, un alivio administrativo

vía variaciones o excepciones. Véase: Asoc. C.D. Octubre v.

J.A.C.L., ante, según citado en Asoc. Vecinos Park Side v.

Junta, ante.

Ello así, por cuanto se supone que, al comprar la

propiedad, éste adquirió conocimiento de las limitaciones a

las que estaba sujeta la misma; luego no debe premiársele

permitiendo la utilice para fines que den al traste con las CC-2001-147 37

mismas. La persona que así actúe ciertamente se coloca

voluntariamente en tal posición, “autoinfligiéndose” el

perjuicio que le cause el no poder utilizar su propiedad para

los fines pretendidos. Asoc. C.D. Octubre v. J.A.C.L., ante,

a la pág. 334.24

No debe haber duda alguna de que, en el presente caso,

cuando el Banco demandado adquirió la propiedad en cuestión,

tenía conocimiento, o al menos lo obtuvo en ese momento, de

que ambos predios se encontraban localizados en una zona

residencial, colindante a un sector comercial, además de estar

sujetos a las referidas restricciones. Al adquirir el terreno,

obtuvo conocimiento además de que no podía construir allí

ningún tipo de edificación, estructura y/o lote comercial, o

no residencial, sin variar o sin que se le concediese una

excepción al uso de dicho solar. Al conocer estas limitaciones,

se colocó voluntariamente en una posición que eventualmente

podría causarle un perjuicio; ciertamente, pretender obviar

las restricciones privadas, a través de una variación o

excepción, en este tipo de circunstancias, resulta totalmente

improcedente. Asoc. C.D. Octubre v. J.A.C.L., ante. Valga

aclarar que la referida doctrina de la “autoinflicción del

daño” aplica independientemente de que el perjudicado supiera

que la restricción sobre la propiedad fuese real o

24 Haciendo referencia además a, R.M. Anderson, American Law of Zoning, 2da. Ed., New York, Lawyer’s Cooperative Pub. Co., 1976, Vol. III, Secs. 18.42, 18.43; D.G. Hagman, Urban Planning and Land Development Control Law, St. Paul, Minn., West Pub. Co., 1975, pág. 204. CC-2001-147 38

constructiva. Fuertes, Guillermety v. A.R.P.E., 130 D.P.R. 971

(1992).

Como tribunal de justicia, tenemos el deber y la

obligación de facilitar, en todo lo posible, dentro de la ley,

que tanto el Estado como las personas particulares puedan hacer

efectivas las disposiciones civilizadoras de urbanismo.

Olmeda v. Nazario Sueiro, ante. No podemos ignorar, sin embargo

que, en el presente caso el Banco supo de ello en todo momento,

fue debidamente notificado y aún así solicitó y llevó a cabo

todo un trámite de permisos en las agencias administrativas

correspondientes. Al así actuar hizo caso omiso de la

existencia de unas restricciones, primeras en tiempo, y

pretendió utilizar la referida concesión administrativa como

subterfugio para burlarlas.25

La aprobación de uso del estacionamiento por parte de

A.R.P.E. no derogó en modo alguno las condiciones

restrictivas. Como indicáramos en cuanto a tal aspecto en Colón

v. San Patricio Corp., ante, págs. 267-68:

“El hecho de que la Junta de Planificación haya aprobado la construcción de la urbanización a que se alude en la demanda, no tiene el efecto de anular las restricciones privadas que pueden impedir su construcción. Conforme dijimos en Pérez v. Pagán, 79 D.P.R. 195 (1956). Nada hay en la Ley de Planificación, 23 LPRA, secs. 1-54, ni en los

25 Cabe destacar, según reseñan Arraiza Navas y Roqué Velázquez, que a través de toda la jurisprudencia en los casos citados previamente de Ginéz, Lawton, Macatee, se sostuvo la existencia y validez de la servidumbre en equidad impugnada y se procedió incluso a ordenar la demolición de la obra construida en contra de las restricciones previamente impuestas y que surgían del Registro de la Propiedad. Fermín L. Arraiza Navas y José R. Roqué Velázquez, Las servidumbres en equidad, las defensas en equidad y el Registro de la Propiedad en el Derecho Puertorriqueño, ante, a la pág. 41. CC-2001-147 39

reglamentos aprobados por la Junta a virtud de esa Ley, que indique que la mera concesión de un permiso de construcción tenga el efecto y alcance de anular restricciones privadas que resulten inconsistentes con el permiso concedido. El otorgar un permiso de construcción es un deber ministerial, cuando la solicitud que al efecto se presenta cumple estrictamente con los requisitos de ley o de los reglamentos al efecto aprobados. La situación que surge es análoga a cuando un reglamento de zonificación permite para un distrito un uso que está prohibido por restricciones convencionales. Existe copiosa jurisprudencia al efecto de que en tales casos prevalecen las restricciones.” (Citas omitidas en el original y énfasis suplido.)

Hemos resuelto, además, en cuanto a las autorizaciones

emitidas por A.R.P.E., que aún cuando ésta hubiese permitido

el establecimiento de cierto local comercial en una zona

residencial, la obtención del referido permiso por parte de

dicha agencia no tiene el efecto de anular restricciones

inconsistentes con tal permiso. 26 Por consiguiente y según

expresáramos anteriormente, las servidumbres en equidad no

pierden vigencia ante la autorización de una orden o permiso

de A.R.P.E. o de la Junta de Planificación.

En mérito de lo anteriormente expuesto, resolvemos que

los permisos otorgados por A.R.P.E. para el uso y construcción

del estacionamiento en cuestión así como la concesión de la

“excepción” al uso reglamentario concedida a favor del Banco

por dicha agencia, no tuvieron el efecto de anular las

condiciones restrictivas en controversia en el presente caso.

Por los fundamentos antes expresados procede decretar la

revocación de la sentencia emitida en el presente caso por el

26 Véase: Sabater v. Corp. Des. Econ., ante; citando a Rodríguez v. Twin Towers Corp., ante; Sands v. Ext. Sagrado Corazón, ante; Pérez v. Pagán, ante, entre otros. CC-2001-147 40

Tribunal de Circuito de Apelaciones. En consecuencia se

declara con lugar la petición de interdicto permanente

radicada por la parte demandante, ordenándose al Banco

Santander que cese y desista de seguir utilizando los solares

número 179 y 181 como un estacionamiento para sus clientes u

otra personas, debiendo dicha institución financiera, además,

tomar los pasos necesarios para evitar el uso como

estacionamiento de dicho terreno por cualquier otra persona.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LOPEZ Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asoc. Pro Bienestar Vecinos Urbanización Juan B. Huyke Inc., et. al.

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se dicta Sentencia revocatoria de la emitida en el presente caso por el Tribunal de Circuito de Apelaciones. En consecuencia se declara con lugar la petición de interdicto permanente radicada por la parte demandante, ordenándose al Banco Santander que cese y desista de seguir utilizando los solares número 179 y 181 como un estacionamiento para sus clientes u otra personas, debiendo dicha institución financiera, además, tomar los pasos necesarios para evitar el uso como estacionamiento de dicho terreno por cualquier otra persona.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera Pérez concurre en el resultado sin opinión escrita. Los Jueces Asociados señor Fuster Berlingeri y señor Corrada del Río no intervinieron.

Patricia Otón Olivieri Secretaria del tribunal Supremo