Adventist Health System Corp. v. Mercado Ortiz
This text of 2007 TSPR 100 (Adventist Health System Corp. v. Mercado Ortiz) is published on Counsel Stack Legal Research, covering Supreme Court of Puerto Rico primary law. Counsel Stack provides free access to over 12 million legal documents including statutes, case law, regulations, and constitutions.
Opinion
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Adventist Health System Corp.
Peticionaria Certiorari v. 2007 TSPR 100 Lourdes Mercado Ortiz 171 DPR ____ Recurrida
Número del Caso: CC-2005-1229
Fecha: 30 de mayo de 2007
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Ponce Panel X
Juez Ponente:
Hon. German J. Brau Ramírez
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. José A. Oliveras González
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Rafael Fabre Carrasquillo
Materia: Reclamación por Despido Injustificado
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionaria
v. CC-2005-1229 Certiorari
Lourdes Mercado Ortiz
Recurrida
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente señor Hernández Denton
San Juan, Puerto Rico a 30 de mayo de 2007.
En esta ocasión, debemos determinar si los
empleados despedidos sin justa causa por una entidad
privada que adquirió una facilidad de salud dentro
del esquema contemplado en la Ley de Privatización
de Instituciones de Salud, Ley Núm. 190 de 5 de
septiembre de 1996, según enmendada, (en adelante,
Ley Núm. 190) tienen derecho a que se les tomen en
cuenta –para efectos del cómputo de la mesada- los
años de servicio prestados en el Departamento de
Salud del Estado Libre Asociado antes de la
privatización. Respondemos dicha interrogante en la
negativa.
I
La Sra. Lourdes Mercado Ortiz (en adelante,
señora Mercado Ortiz) trabajó para el Gobierno de CC-2005-1229 2
Puerto Rico desde el año 1981 en el Hospital de Área Tito
Mattei de Yauco (en adelante, el Hospital). En el año
1998, el Departamento de Salud le vendió las facilidades
del Hospital a Adventist Health System Corp., corporación
que se dedica, entre otras cosas, a la prestación de
servicios médico-hospitalarios.
Tras celebrarse el contrato, Adventist Health
continuó operando el Hospital a través de la subsidiaria
Hospital Bella Vista del Suroeste, Inc. y reclutó algunos
de los empleados que trabajaban para el Departamento de
Salud, entre ellos, la señora Mercado Ortiz. No
obstante, el 27 de septiembre de 2001, Adventist Health
despidió a esta última. Así las cosas, la señora Mercado
Ortiz presentó una demanda contra Adventist Health sobre
despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80 de 30
de mayo de 1976, solicitando el pago de la mesada
correspondiente, en cuyo cómputo incluyó los años
trabajados para el Departamento de Salud.
Adventist Health contestó la demanda y, tras otros
incidentes procesales, presentó una moción de sentencia
sumaria parcial. Solicitó que se dictase sentencia
sumaria parcial a los fines de establecer que, en caso de
que la señora Mercado Ortiz prevaleciera en su
reclamación de la mesada, no se tomarían en cuenta los
años que trabajó para el Departamento de Salud, toda vez
que la figura del patrono sucesor resulta inaplicable a
los hechos de este caso. CC-2005-1229 3
La señora Mercado Ortiz, por su parte, se opuso a
los argumentos de Adventist Health. En específico, alegó
que dicha entidad es patrono sucesor del Departamento de
Salud, por lo que aplica el Art. 6 de la Ley Núm. 80,
supra, que ordena que en el cómputo de la mesada se
acrediten los años de servicio prestados por un empleado
que es retenido por el adquirente de un negocio en
marcha. Asimismo, sostuvo que la Ley Núm. 190, supra,
que provee cierta inmunidad a favor de los adquirentes de
las facilidades privatizadas, no tiene el alcance de
impedir que se consideren los años trabajados para el
Departamento de Salud.
El tribunal de instancia emitió una Resolución en la
que concluyó que, por imperativo de la Ley Núm. 190,
supra, Adventist Health no se convirtió en patrono
sucesor del Departamento de Salud y que, por ende, el
Art. 6 de la Ley Núm. 80, supra, no aplica a los hechos
de este caso. En vista de ello, determinó que –para
efectos del cómputo de la mesada- no procede tomar en
cuenta los años que la señora Mercado Ortiz trabajó para
el Departamento de Salud.
Insatisfecha, la señora Mercado Ortiz acudió ante el
Tribunal de Apelaciones, el cual revocó la determinación.
Dicho foro concluyó que los años de servicio prestados
por un empleado a favor del Gobierno antes del proceso de
privatización, no constituyen el tipo de hecho o evento
por el cual la Ley Núm. 190, supra, le concede inmunidad CC-2005-1229 4
al adquirente de la facilidad privatizada. El foro
apelativo basó su dictamen, además, en el hecho de que la
Ley Núm. 80, supra, constituye un estatuto reparador que
debe ser interpretado liberalmente a favor del empleado,
ello en contraposición con la inmunidad concedida en la
Ley Núm. 190, supra. Así, basándose en la jerarquía
entre ambos estatutos, el foro apelativo concluyó que
deben prevalecer las disposiciones de la Ley Núm. 80,
supra.
Adventist Health acude ante nos aduciendo que erró
el foro apelativo al determinar que un ex-empleado
público, que fue retenido por una empresa privada que
compró una instalación de salud pública, retiene los años
de servicio que le brindó al Gobierno y que éstos son
oponibles ante el patrono privado para fines del cómputo
de la mesada.
Vista la petición, acordamos expedir. La señora
Mercado Ortiz no ha comparecido a presentar su alegato.
Por tanto, resolvemos sin el beneficio de su
comparecencia.
II
A
El Art. 1 de la Ley Núm. 80, supra, dispone que
“[t]odo empleado de comercio, industria o cualquier otro
negocio o sitio de empleo,[…] donde trabaja mediante
remuneración de alguna clase contratado sin tiempo
determinado, que fuere despedido de su cargo sin que haya CC-2005-1229 5
mediado justa causa, tendrá derecho a recibir de su
patrono, en adición al sueldo que hubiere devengado…” una
indemnización comúnmente llamada la mesada, que se
computa a base de la cantidad de años de servicio
rendidos para el patrono. 29 L.P.R.A. Sec. 185a.
Por su parte, el Art. 6 del referido estatuto
dispone –en lo pertinente- que “[e]n el caso del traspaso
de un negocio en marcha, si el nuevo adquirente continúa
utilizando los servicios de los empleados que estaban
trabajando con el anterior dueño, se les acreditará a
éstos el tiempo que lleven trabajando en el negocio bajo
anteriores dueños”. 29 L.P.R.A. Sec. 185f.
Basándose en esta última disposición y en la
doctrina del “patrono sucesor”, la señora Mercado Ortiz
alega que en el cómputo de la mesada a la que pudiera
tener derecho, se tiene que tomar en consideración los
años que ésta trabajó para el Departamento de Salud. Por
su parte, Adventist Health sostiene que la disposición
aludida no aplica a los hechos de este caso, toda vez que
la inmunidad concedida en la Ley Núm. 190, supra, así lo
impide. Veamos.
Primero, conviene tener presente que las
protecciones concedidas por la Ley Núm. 80, supra, están
dirigidas esencialmente a los empleados de la empresa
privada.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Adventist Health System Corp.
Peticionaria Certiorari v. 2007 TSPR 100 Lourdes Mercado Ortiz 171 DPR ____ Recurrida
Número del Caso: CC-2005-1229
Fecha: 30 de mayo de 2007
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Ponce Panel X
Juez Ponente:
Hon. German J. Brau Ramírez
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. José A. Oliveras González
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Rafael Fabre Carrasquillo
Materia: Reclamación por Despido Injustificado
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionaria
v. CC-2005-1229 Certiorari
Lourdes Mercado Ortiz
Recurrida
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente señor Hernández Denton
San Juan, Puerto Rico a 30 de mayo de 2007.
En esta ocasión, debemos determinar si los
empleados despedidos sin justa causa por una entidad
privada que adquirió una facilidad de salud dentro
del esquema contemplado en la Ley de Privatización
de Instituciones de Salud, Ley Núm. 190 de 5 de
septiembre de 1996, según enmendada, (en adelante,
Ley Núm. 190) tienen derecho a que se les tomen en
cuenta –para efectos del cómputo de la mesada- los
años de servicio prestados en el Departamento de
Salud del Estado Libre Asociado antes de la
privatización. Respondemos dicha interrogante en la
negativa.
I
La Sra. Lourdes Mercado Ortiz (en adelante,
señora Mercado Ortiz) trabajó para el Gobierno de CC-2005-1229 2
Puerto Rico desde el año 1981 en el Hospital de Área Tito
Mattei de Yauco (en adelante, el Hospital). En el año
1998, el Departamento de Salud le vendió las facilidades
del Hospital a Adventist Health System Corp., corporación
que se dedica, entre otras cosas, a la prestación de
servicios médico-hospitalarios.
Tras celebrarse el contrato, Adventist Health
continuó operando el Hospital a través de la subsidiaria
Hospital Bella Vista del Suroeste, Inc. y reclutó algunos
de los empleados que trabajaban para el Departamento de
Salud, entre ellos, la señora Mercado Ortiz. No
obstante, el 27 de septiembre de 2001, Adventist Health
despidió a esta última. Así las cosas, la señora Mercado
Ortiz presentó una demanda contra Adventist Health sobre
despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80 de 30
de mayo de 1976, solicitando el pago de la mesada
correspondiente, en cuyo cómputo incluyó los años
trabajados para el Departamento de Salud.
Adventist Health contestó la demanda y, tras otros
incidentes procesales, presentó una moción de sentencia
sumaria parcial. Solicitó que se dictase sentencia
sumaria parcial a los fines de establecer que, en caso de
que la señora Mercado Ortiz prevaleciera en su
reclamación de la mesada, no se tomarían en cuenta los
años que trabajó para el Departamento de Salud, toda vez
que la figura del patrono sucesor resulta inaplicable a
los hechos de este caso. CC-2005-1229 3
La señora Mercado Ortiz, por su parte, se opuso a
los argumentos de Adventist Health. En específico, alegó
que dicha entidad es patrono sucesor del Departamento de
Salud, por lo que aplica el Art. 6 de la Ley Núm. 80,
supra, que ordena que en el cómputo de la mesada se
acrediten los años de servicio prestados por un empleado
que es retenido por el adquirente de un negocio en
marcha. Asimismo, sostuvo que la Ley Núm. 190, supra,
que provee cierta inmunidad a favor de los adquirentes de
las facilidades privatizadas, no tiene el alcance de
impedir que se consideren los años trabajados para el
Departamento de Salud.
El tribunal de instancia emitió una Resolución en la
que concluyó que, por imperativo de la Ley Núm. 190,
supra, Adventist Health no se convirtió en patrono
sucesor del Departamento de Salud y que, por ende, el
Art. 6 de la Ley Núm. 80, supra, no aplica a los hechos
de este caso. En vista de ello, determinó que –para
efectos del cómputo de la mesada- no procede tomar en
cuenta los años que la señora Mercado Ortiz trabajó para
el Departamento de Salud.
Insatisfecha, la señora Mercado Ortiz acudió ante el
Tribunal de Apelaciones, el cual revocó la determinación.
Dicho foro concluyó que los años de servicio prestados
por un empleado a favor del Gobierno antes del proceso de
privatización, no constituyen el tipo de hecho o evento
por el cual la Ley Núm. 190, supra, le concede inmunidad CC-2005-1229 4
al adquirente de la facilidad privatizada. El foro
apelativo basó su dictamen, además, en el hecho de que la
Ley Núm. 80, supra, constituye un estatuto reparador que
debe ser interpretado liberalmente a favor del empleado,
ello en contraposición con la inmunidad concedida en la
Ley Núm. 190, supra. Así, basándose en la jerarquía
entre ambos estatutos, el foro apelativo concluyó que
deben prevalecer las disposiciones de la Ley Núm. 80,
supra.
Adventist Health acude ante nos aduciendo que erró
el foro apelativo al determinar que un ex-empleado
público, que fue retenido por una empresa privada que
compró una instalación de salud pública, retiene los años
de servicio que le brindó al Gobierno y que éstos son
oponibles ante el patrono privado para fines del cómputo
de la mesada.
Vista la petición, acordamos expedir. La señora
Mercado Ortiz no ha comparecido a presentar su alegato.
Por tanto, resolvemos sin el beneficio de su
comparecencia.
II
A
El Art. 1 de la Ley Núm. 80, supra, dispone que
“[t]odo empleado de comercio, industria o cualquier otro
negocio o sitio de empleo,[…] donde trabaja mediante
remuneración de alguna clase contratado sin tiempo
determinado, que fuere despedido de su cargo sin que haya CC-2005-1229 5
mediado justa causa, tendrá derecho a recibir de su
patrono, en adición al sueldo que hubiere devengado…” una
indemnización comúnmente llamada la mesada, que se
computa a base de la cantidad de años de servicio
rendidos para el patrono. 29 L.P.R.A. Sec. 185a.
Por su parte, el Art. 6 del referido estatuto
dispone –en lo pertinente- que “[e]n el caso del traspaso
de un negocio en marcha, si el nuevo adquirente continúa
utilizando los servicios de los empleados que estaban
trabajando con el anterior dueño, se les acreditará a
éstos el tiempo que lleven trabajando en el negocio bajo
anteriores dueños”. 29 L.P.R.A. Sec. 185f.
Basándose en esta última disposición y en la
doctrina del “patrono sucesor”, la señora Mercado Ortiz
alega que en el cómputo de la mesada a la que pudiera
tener derecho, se tiene que tomar en consideración los
años que ésta trabajó para el Departamento de Salud. Por
su parte, Adventist Health sostiene que la disposición
aludida no aplica a los hechos de este caso, toda vez que
la inmunidad concedida en la Ley Núm. 190, supra, así lo
impide. Veamos.
Primero, conviene tener presente que las
protecciones concedidas por la Ley Núm. 80, supra, están
dirigidas esencialmente a los empleados de la empresa
privada. Así surge del texto mismo del estatuto, en el
cual se hace referencia mayormente a entidades de índole
comercial y empresarial, tales como comercios, industrias CC-2005-1229 6
y negocios. Véase 29 L.P.R.A. Sec. 185a. En los
artículos subsiguientes se menciona, incluso, a “empresas
que tienen varias oficinas, fábricas, sucursales y
plantas […]” (Énfasis suplido), 29 L.P.R.A. Sec. 185c.
De hecho, el historial legislativo de la Ley Núm. 80,
supra, nos muestra que el legislador pretendía que las
disposiciones de la Ley protegieran a “los empleados de
comercio, industria o cualquier otro negocio lucrativo
que estén contratados sin tiempo determinado contra la
eventualidad de ser despedidos de su cargo sin justa
causa […]”. Informe de la Comisión de Trabajo y Asuntos
del Veterano de la Cámara de Representantes sobre P. del
S. 1112 de abril de 1976.
Si tomamos en consideración el lenguaje de la Ley,
el historial legislativo y, a su vez, tenemos presente
que el Departamento de Salud es una agencia de la Rama
Ejecutiva1 y no un negocio o empresa privada, debemos
concluir que las disposiciones de la Ley Núm. 80, supra,
no se extienden a las relaciones laborales entre dicha
entidad y sus empleados2.
El Departamento de Salud es una agencia del 1
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que tiene a su cargo todos los asuntos que por ley se le encomienden relacionados a la salud, sanidad y beneficencia pública. Véase Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, 3 L.P.R.A. Sec. 171 et seq. 2 El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos también entiende que la Ley Núm. 80, supra, no cubre a los empleados de Gobierno. No obstante, considera que las disposiciones de la Ley protegen a los empleados de las corporaciones públicas que funcionan como empresas privadas. Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, CC-2005-1229 7
Ya desde Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, 125 D.P.R.
486 (1990), nos habíamos referido a dicho estatuto como
una legislación protectora del empleado de la esfera
privada, de forma contrapuesta a la normativa que cobija
a los empleados públicos3. Dicho análisis también lo
dimos por cierto recientemente en Prudencio v. Municipio
de San Juan, res. el 2 de febrero de 2007, 2007 TSPR 19,
nota núm. 7. Y es que, precisamente, la distinción entre
el empleo público y el empleo privado es lo que explica
la inaplicabilidad de la Ley Núm. 80, supra, en contextos
como el que nos ocupa. Dicha distinción está basada,
entre otras cosas, en el hecho de que el empleado público
tiene un reconocido interés en la retención de su empleo,
en tanto dicho interés esté protegido por ley (como el
caso del empleado de carrera4) o cuando las
___________________ Guía Revisada para la aplicación de la Ley Núm. 80, pág. 24. A pesar de ello, en esta ocasión no nos corresponde expresarnos en cuanto a la extensión de la Ley Núm. 80, supra, a ese tipo de entidad, toda vez que ese asunto no se encuentra ahora ante nuestra consideración. 3 En específico, indicamos que “[…] a diferencia del caso de la acción por razón de despido injustificado que le concede al empleado de la empresa privada la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 --al amparo de la cual el remedio que, de ordinario, se concede lo es el pago de la "mesada"-- aquí [situación de despido de un empleado público] se trata de una conducta que viola un mandato expreso de nuestra Constitución, con el agravante de que es el Estado el violador, el cual se supone sea el primero en defender los derechos constitucionales de nuestra ciudadanía”, Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, supra, pág. 524, (énfasis suplido). 4 Los empleados de carrera “[s]on aquellos que han ingresado al servicio público en cumplimiento cabal de lo establecido por el ordenamiento jurídico vigente y aplicable a los procesos de reclutamiento y selección del CC-2005-1229 8
circunstancias crean una expectativa de continuidad.
Giovannetti v. E.L.A., res. el 29 de marzo de 2004, 2004
TSPR 46; García v. Mun. de Arroyo, 140 D.P.R. 750 (1996).
De existir tal interés, la entidad gubernamental de que
se trate tiene que seguir ciertos procedimientos para
privar al empleado de su puesto, de forma tal que se
cumpla con todas las garantías del debido proceso de ley.
Giovannetti v. E.L.A, supra.
Las protecciones aludidas emanan de la Ley de
Personal del Servicio Público, hoy Ley de la
Administración de Recursos Humanos, Ley Núm. 184 de 3 de
agosto de 2004. Conforme a dicha legislación, los
empleados públicos son seleccionados, ascendidos,
retenidos y tratados en todo lo referente a su empleo en
base al principio de mérito; esto es, sobre la base de su
capacidad, sin discrimen por razón de raza, color, sexo,
nacimiento, edad, origen, condición social, ideas
políticas, religiosas, condición de veterano o
impedimento físico o mental. 3 L.P.R.A. Sec. 1461(41).
A tenor con esta normativa, los empleados de carrera
gozan de seguridad en el empleo, siempre que satisfagan
los criterios de productividad, eficiencia, hábitos,
actitudes, orden y disciplina que deben prevalecer en el
servicio público. En vista de ello, dichos empleados
sólo pueden ser destituidos por justa causa, previa ___________________ servicio de carrera al momento de su nombramiento. Tales empleados tienen derecho a permanecer en el servicio conforme se dispone en la sec. 1462e de este título”. 3 L.P.R.A. Sec. 1465(1). CC-2005-1229 9
formulación de cargos y apercibimiento de su derecho a
solicitar una vista previa. 3 L.P.R.A. Sec. 1462,
1462e(4). Además de lo anterior, los empleados cobijados
por esta Ley cuentan con un foro que revisa cualquier
determinación que afecte sus derechos al amparo de la
misma, a saber, la Comisión Apelativa del Sistema de
Administración de Recursos Humanos del Servicio Público
[antes Junta Apelativa del Sistema de Administración de
Personal], la cual –entre otras cosas- puede ordenar su
reposición en el empleo. 3 L.P.R.A. Sec.1468(l),
1468h(9).
En vista de lo anterior, debemos concluir que el
legislador no extendió las protecciones de la Ley Núm.
80, supra, al empleado de Gobierno porque dichos
empleados están debidamente protegidos por las garantías
que les concede el principio de mérito, al extremo de que
–en caso de despido injustificado- éstos tienen derecho a
ser reinstalados en sus puestos. Eso explica que las
disposiciones de la Ley se hayan destinado esencialmente
al empleado de la empresa privada y que no se deba
extender su aplicación a la esfera gubernamental.
Aclarado lo anterior, debemos analizar el Art. 6 de
la Ley Núm. 80, supra, con el fin de determinar si dicha
disposición aplica en el contexto del traspaso de una
entidad gubernamental. Como indicamos antes, el referido
artículo dispone que:
“En el caso del traspaso de un negocio en marcha, si el nuevo adquirente continúa CC-2005-1229 10
utilizando los servicios de los empleados que estaban trabajando con el anterior dueño, se les acreditará a éstos el tiempo que lleven trabajando en el negocio bajo anteriores dueños”. 29 L.P.R.A. Sec. 185f. (Énfasis suplido).
En esencia, la disposición transcrita le concede al
empleado retenido por el adquirente de un negocio en
marcha el derecho a trasladar consigo los años trabajados
a favor del patrono anterior. Ese beneficio, sin
embargo, no aplica en todo contexto. Más bien,
entendemos que la posibilidad de trasladar esos años de
servicio constituye un beneficio de antigüedad, entre
otras cosas, complementario al pago de la mesada que
supone, por tanto, que el empleado que lo invoca ya
estaba protegido por las disposiciones de la Ley. En
vista de que la disposición aludida forma parte de las
medidas que viabilizan el pago de la mesada, lógicamente
debemos entender que la misma se refiere a un empleado
que ya estaba protegido por la Ley antes del traspaso del
negocio en marcha, y que ahora invoca esta disposición
para que la protección que ya poseía no se vea afectada
por el traspaso en cuestión. Sólo de esa forma se
justifica que el empleado traslade consigo los años de
servicio ofrecidos al patrono anterior.
Concluir lo contrario produciría el contrasentido de
que un empleado que no tenía derecho al pago de la mesada
antes del traspaso, tendría un beneficio mayor que
cualquier otro empleado, toda vez que podría ser acreedor
al pago de la mesada en el nuevo sitio de empleo y, CC-2005-1229 11
adicional a eso, se vería favorecido por haber prestado
servicios en una entidad donde no tenía derecho al pago
de la mesada. Así, el mero hecho del traspaso haría que
los empleados de Gobierno, que no tenían derecho al pago
de la mesada porque su status laboral les provee unas
garantías mayores, tengan acceso a ello por el período
que duró su permanencia en el Gobierno, pero de forma
retroactiva. Entonces, para todos los fines prácticos,
es como si siempre hubieran estado cobijados por las
protecciones de la Ley Núm. 80, supra. Claramente ese
resultado no es cónsono con el resto del ordenamiento ni
con los propósitos mismos de la Ley Núm. 80, supra.
Por otro lado, precisamente la inaplicabilidad de la
Ley Núm. 80, supra, en las relaciones laborales entre el
Gobierno y sus empleados, así como el hecho de que el
Departamento de Salud es una agencia del Gobierno y no un
negocio, nos ofrece otra razón para concluir que el Art.
6 de dicho estatuto resulta inaplicable a los hechos de
este caso. Ello en vista de que, si la Ley Núm. 80,
supra, no le aplica al Gobierno y, además, dicha entidad
no constituye un negocio, entonces cuando se habla de
“traspaso de negocio en marcha”5, se hace referencia al
traspaso de un negocio privado, y no a la transferencia
de una entidad u organismo gubernamental, como lo era el
5 “Negocio en marcha” se ha definido como aquel que se mantiene operando de forma continua y con la expectativa de seguir funcionando indefinidamente. Montalbán Ruiz v. Rodríguez Navarro, res. el 23 de marzo de 2004, 2004 TSPR 42. CC-2005-1229 12
Hospital Tito Mattei perteneciente a, y operado por, el
Siendo así, resolvemos que la norma contenida en el
de este caso. Por lo tanto, la señora Mercado Ortiz no
puede ampararse en ella para solicitar que, en el cómputo
de la mesada a la que pudiera tener derecho, se tomen en
cuenta los años que trabajó para el Departamento de
Salud.
B
Ahora bien, el Art. 6 de la Ley Núm. 80, supra, no
es la única fuente en la que se ampara la señora Mercado
Ortiz para solicitar que –en el cómputo de la mesada- se
tomen en cuenta los años trabajados para el Departamento
de Salud. Su reclamo está basado también en la doctrina
del “patrono sucesor”. Dicha doctrina nos ha servido en
ocasiones anteriores para atender situaciones donde una
operación comercial cambia de propietario y surgen
problemas respecto a los derechos de los empleados frente
al nuevo patrono. Bruno López v. Motorplan, 134 D.P.R.
111 (1993). Conforme a la misma, cuando un patrono
sustituye a otro por fusión corporativa o transferencia
de activos, se estima que el nuevo patrono asumirá las
obligaciones pertinentes contraídas por el anterior. Id.
En Puerto Rico, hemos aplicado la doctrina del
patrono sucesor para hacer valer los términos de un
convenio colectivo, Beaunit of Puerto Rico v. J.R.T., 93 CC-2005-1229 13
D.P.R. 509 (1966); J.R.T. v. Coop. Azucarera, 98 D.P.R.
314 (1970); para imponer responsabilidad a un patrono
sucesor por las prácticas ilícitas del trabajo cometidas
por el patrono anterior, J.R.T. v. Club Náutico, 97
D.P.R. 386 (1969); para imponer responsabilidad a un
patrono sucesor por despidos discriminatorios realizados
por el predecesor, Bruno López v. Motorplan, supra; Belk
Arce v. Martínez, 146 D.P.R. 215 (1998) y para imponerle
responsabilidad al nuevo adquirente de un negocio por
despidos injustificados cometidos por el patrono
anterior, Piñero v. Int’l Air Serv. of. P.R., 140 D.P.R.
343 (1996); Rodríguez Oquendo v. Petrie Retail Inc., res.
el 11 de abril de 2006, 2006 TSPR 56.
A la luz de esta doctrina, hemos examinado si existe
una similaridad sustancial en la operación de la empresa
y continuidad en su identidad antes y después del cambio
corporativo. Piñero v. Int’l Air Serv. of. P.R., supra.
En específico, auscultamos la presencia de los siguientes
factores para determinar la aplicabilidad de la doctrina:
(1) la existencia de una continuación sustancial de la
misma actividad de negocios; (2) la utilización de la
misma planta para las operaciones; (3) el empleo de la
misma o sustancialmente la misma fuerza obrera; (4) la
conservación del mismo personal de supervisión; (5) la
utilización del mismo equipo y maquinaria y el empleo de
los mismos métodos de producción; (6) la producción de
los mismos productos y la prestación de los mismos CC-2005-1229 14
servicios; (7) la retención del mismo nombre; y (8) la
operación del negocio durante el período de transición.
Rodríguez Oquendo v. Petrie Retail Inc., supra; Piñero v.
Int’l Air Serv. of P.R., supra.
Al amparo de la referida doctrina, la señora Mercado
Ortiz alega que Adventist Health advino patrono sucesor
del Departamento de Salud ya que mantuvo los mismos
servicios, la misma planta física y esencialmente el
mismo personal. Por consiguiente, la recurrida sostiene
que trasladó consigo los años trabajados para dicha
entidad. No podemos darle la razón.
Hasta el momento, hemos aplicado la doctrina del
patrono sucesor en casos particulares donde existe un
reclamo de un empleado que está basado en un acto u
obligación originalmente imputable al patrono predecesor.
Es decir, sólo hemos utilizado dicha doctrina para
imponerle responsabilidad a un nuevo patrono que ha
mantenido la continuidad del negocio adquirido, pero en
ocasiones en que se le reclama a ese nuevo patrono por un
acto u obligación del que debió responder el patrono
anterior. De ahí la necesidad misma de recurrir a dicha
doctrina.
En este caso, sin embargo, se invoca la referida
doctrina, no para que se le imponga responsabilidad al
nuevo dueño por un acto u obligación imputable al patrono
predecesor, sino para que se le imponga una mayor
responsabilidad al nuevo patrono por un acto cometido por CC-2005-1229 15
él mismo. Así, en este caso no se cumple el requisito de
umbral que hasta el momento ha hecho necesaria la
aplicación de la doctrina del patrono sucesor, a saber,
la existencia de una reclamación basada en un acto u
obligación contraída por el patrono predecesor
(Departamento de Salud) que pueda ser oponible ante el
nuevo patrono (Adventist Health) por virtud de esta
Por el contrario, el único reclamo de la señora
Mercado Ortiz es contra su patrono actual, Adventist
Health, y el mismo no está basado en un acto u obligación
atribuible al Departamento de Salud. En vista de ello,
concluimos que la doctrina del patrono sucesor no es
aplicable a los hechos de este caso, toda vez que aquí no
se encuentran presentes los factores o circunstancias que
generalmente han dado lugar a su aplicación6.
Por otro lado, aún si se pudiera entender que la
doctrina del patrono sucesor se extiende a este tipo de
reclamación, entendemos que las disposiciones de la Ley
Núm. 190, supra, impiden su aplicación a los hechos de
este caso. Dicha legislación se creó con el fin de
reglamentar el proceso de privatización de las
instalaciones de salud gubernamentales que se estaba
desarrollando bajo el palio de la Ley de la
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, Ley
6 No estamos resolviendo –por no estar ante nuestra consideración en esta ocasión- si en otro contexto podría aplicar la doctrina del patrono sucesor cuando el patrono predecesor es el Gobierno. CC-2005-1229 16
Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según enmendada.
Exposición de Motivos, Ley Núm. 190, supra. Mediante su
aprobación, el legislador pretendió crear un marco
estatutario para el desarrollo de la privatización, de
manera que se pudieran implementar los cambios
introducidos por la Ley Núm. 72, supra, a saber, (1)
permitirle al Gobierno de Puerto Rico abandonar su
función tradicional de proveedor de servicios, para
convertirse en agente fiscalizador, evaluador y regulador
de los sistemas de salud y asumir el papel de promotor de
la salud y procurador del paciente; y (2) permitirle al
Gobierno arrendar o, de otra forma, transferir a
entidades privadas las instalaciones de salud pública,
para que estas entidades las operen como empresas
privadas, sujeto a las leyes del mercado y la libre
competencia. Exposición de Motivos, Ley Núm. 190, supra.
A tono con esta política pública, se incluyó en la
Ley Núm. 190, supra, una disposición que impide que se
entablen reclamaciones en contra del adquirente de la
facilidad privatizada que estén basadas en hechos o
eventos que hubieran sido imputables al Gobierno de
Puerto Rico. En específico, el Artículo 22 del
estatuto7, dispone –en lo pertinente- lo siguiente:
“La entidad contratante o intereses privados que adquieran cualesquiera de las instalaciones de salud en virtud de lo dispuesto en este capítulo, estarán inmunes
7 Enmendado mediante la Ley Núm. 31 de 6 de julio de 1997 para incluir, entre otras cosas, la inmunidad aludida. CC-2005-1229 17
o exentos de reclamaciones de cualquier índole que de otro modo ser[í]an atribuibles al Gobierno de Puerto Rico, incluyendo, pero no limitándose a reclamaciones laborales, contractuales, torticeras, o extra contractuales siempre y cuando dichas reclamaciones estuviesen relacionadas con hechos o eventos ocurridos con anterioridad a la firma de los contratos de privatización”. 24 L.P.R.A. Sec. 3320.
Resulta evidente que mediante la introducción de esa
disposición el legislador quiso evitar reclamos laborales
cimentados, precisamente, en la doctrina del patrono
sucesor. A esos fines, dispuso que el adquirente de la
facilidad privatizada no será responsable por hechos o
eventos atribuibles al Gobierno. De esa forma, despejó
cualquier interrogante que pudiera surgir con respecto a
las responsabilidades que asumen los adquirentes de las
facilidades de salud transferidas dentro del esquema
contemplado en la Ley.
No cabe duda, por tanto, que el Art. 22 de la Ley
Núm. 190, supra, establece la inaplicabilidad de la
doctrina del patrono sucesor en el contexto de los
procesos de privatización. Por consiguiente, y en vista
de que tampoco aplica en este contexto el Art. 6 de la
Ley Núm. 80, supra, resulta forzoso concluir que no se
pueden tomar en consideración, para efectos del cómputo
de la mesada a la que pueda tener derecho la señora
Mercado Ortiz, los años que ésta trabajó para el
Departamento de Salud antes de que el Hospital pasara a
manos de la empresa privada. CC-2005-1229 18
III
Por los fundamentos que anteceden, revocamos la
Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y, en su
lugar, reinstalamos el dictamen emitido por el Tribunal
de Primera Instancia.
Se dictará sentencia de conformidad.
Federico Hernández Denton Juez Presidente EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se revoca la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y, en su lugar, reinstalamos el dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia.
Así lo pronuncia y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Fiol Matta disiente con Opinión escrita a la cual se une el Juez Asociado señor Fuster Berlingeri.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Adventist Health System Corp. Peticionaria
v.
CC-2005-1229 Certiorari Lourdes Mercado Ortiz Recurrida
Opinión disidente emitida por la Jueza Asociada señora FIOL MATTA a la cual se une el Juez Asociado señor FUSTER BERLINGERI
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de mayo de 2007.
Para el trabajador, partícipe menor en los frutos de la empresa, para quien no hay liquidación de dividendos, ni beneficios, ni intereses acumulados en la digna faena de ganar con sus esfuerzos el pan que parte en la mesa con los suyos, para quien el ahorro es ilusión devorada por la estrechez, la indemnización por despido injustificado es importante evento de la justicia social debida al hombre como factor de producción.
—Secretario del Trabajo v. I.T.T., 108 D.P.R. 536, 547 (1979)
La decisión que toma hoy una mayoría de los
miembros de esta Curia cierra de forma lamentable
un capítulo en la vida de los empleados públicos CC-2005-1229 2
que se han visto afectados por la privatización de
distintos servicios prestados hasta hace poco por el
Estado. Nuestras decisiones respecto a ellos no deben
socavar la política pública a favor de la clase trabajadora
puertorriqueña proclamada en nuestra legislación laboral y
respaldada por nuestra jurisprudencia. Menos aún, cuando
ello resulta en una injusticia contra antiguos empleados
públicos que ya sufren los perjuicios de perder un trabajo
sobre el cual tenían un interés jurídicamente reconocido.
La Opinión de este Tribunal coloca a estos empleados en una
situación indudablemente desventajosa porque no solo han
perdido los beneficios que disfrutaban como empleados
públicos sino que se les niegan derechos reconocidos a los
demás empleados del sector privado. Ante el sombrío
precedente sentado por este Tribunal, es mi obligación
disentir vigorosamente. A continuación explico mis razones.
Desde 1930, existe en Puerto Rico una fuerte
política pública laboral a favor de la protección
efectiva del empleo y de los trabajadores despedidos sin
justa causa o caprichosamente por sus patronos. Conforme
a esta política, se adoptó en 1949 la primera Ley de la
mesada, la Ley núm. 50 del 20 de abril de 1949, que fue
sustituida por la ley vigente actualmente, la Ley núm. 80
del 30 de mayo de 1976, 29 L.P.R.A. secs. 185a-185m. Ésta
provee un remedio de aturaleza económica, conocido como
la mesada, para que los empleados así despedidos reciban CC-2005-1229 3
una compensación por los daños que les causa su patrono con
su acción injustificada. Por lo general, el patrono deberá
indemnizar al empleado despedido sin justa causa con una
mesada proporcional a los años de servicios rendidos para
su propio establecimiento o empresa. 29 L.P.R.A. sec. 185a.
Sin embargo, el artículo 6 de la Ley núm. 80 permite
transferir la responsabilidad de un patrono a otro, cuando
se transfiere un establecimiento en marcha y el segundo
patrono decide mantener en la nómina a los empleados del
anterior. La Ley formula esta doctrina de la siguiente
manera:
En el caso del traspaso de un negocio en marcha, si el nuevo adquirente continúa utilizando los servicios de los empleados que estaban trabajando con el anterior dueño, se les acreditará a éstos el tiempo que lleven trabajando en el negocio bajo anteriores dueños. 29 L.P.R.A. sec. 185f.
De esta forma, si el adquirente de un establecimiento que
retiene a empleados del patrono anterior despide sin justa
causa a alguno de estos empleados, se incluirá en el
cálculo de la mesada los años que éstos trabajaron para el
patrono anterior.
La Ley núm. 80 no define concretamente qué
constituye un “negocio en marcha” para efectos de la
mesada. La Opinión mayoritaria, por su parte, le niega esta
categoría a las instalaciones de salud del Gobierno
adquiridas por empresas privadas mediante el esquema de
privatización implementado por la Ley núm. 190 del 5 de
septiembre de 1996. Concluye que los empleados que sean CC-2005-1229 4
despedidos sin justa causa de una instalación de esta
naturaleza no tienen derecho a que se tomen en
consideración, para computar la mesada, los años de
servicio prestados previamente al Departamento de Salud del
Estado Libre Asociado.
La mayoría razona que la Ley núm. 80 no cubre a los
empleados gubernamentales porque éstos ya están protegidos
por un interés jurídicamente reconocido en la retención de
su empleo y por las garantías que les concede el principio
del mérito y la legislación aplicable al personal del
servicio público. Entiende entonces que incluir los años de
servicio público en el cómputo de la mesada que debe pagar
el nuevo patrono brindaría a estos empleados un beneficio
mayor al de cualquier otro empleado de la empresa privada.
Por eso, concluye que cuando una entidad pública se
convierte en una empresa privada, el derecho a la mesada de
los ex empleados públicos que sean despedidos
injustificadamente por el nuevo patrono no debe incluir los
años de servicio público trabajados previamente en el mismo
establecimiento. En esencia, la Opinión mayoritaria
resuelve que los años de servicios prestados a un patrono
anterior se tomarán en cuenta al computar la mesada sólo si
el empleado despedido sin justa causa estaba protegido por
la Ley núm. 80 antes que se traspasara la empresa al nuevo
patrono. CC-2005-1229 5
Según la Opinión, el propósito de la doctrina del
negocio en marcha es evitar que las protecciones que provee
la Ley núm. 80 al empleado se vean afectadas por el
traspaso de titularidad de su lugar de empleo. Ello implica
que si la Ley núm. 80 no cobija inicialmente a estos
empleados, no hay protección estatutaria que se afecte por
la venta o transferencia de la empresa. De esta forma, el
empleado de una institución perteneciente a una agencia
gubernamental que sea privatizada pierde esos años de
servicio público para efectos de la mesada, al ser retenido
por la empresa privada que adquirió dicha facilidad
pública. Como a su lugar anterior de empleo no le aplicaba
la Ley núm. 80, el ex-empleado público no puede trasladar
los años de servicio ofrecidos a su patrono anterior.
Por otro lado, la Mayoría del Tribunal resuelve que
una entidad gubernamental no es ni puede ser un “negocio
en marcha” según se contempla en la Ley núm. 80. Razona
la mayoría que la Ley regula “esencialmente” las
relaciones laborales de las empresas privadas lucrativas,
y que las disposiciones de la Ley núm. 80 no se extienden
a las relaciones laborales entre el Departamento de Salud
y sus empleados. Al no aplicar la Ley a las agencias del
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, éstas
tampoco pueden estar incluidas en el concepto de negocio
en marcha del artículo 6 de la Ley. Por consiguiente, la
doctrina del negocio en marcha solo puede referirse al CC-2005-1229 6
traspaso de negocios privados y no a la transferencia de
entidades gubernamentales, incluso cuando éstas sean
vendidas mediante un proceso de privatización. Cabe
señalar que se llega a esta conclusión sin examen alguno de
ese proceso.
Además de lo anterior, la Mayoría del Tribunal también
descarta la aplicación al caso de autos de la doctrina del
patrono sucesor, establecida y desarrollada en nuestra
jurisprudencia. Véase, e.g., Piñeiro v. International Air
Services of Puerto Rico, Inc., 140 D.P.R. 343 (1996); Bruno
López v. Motorplan, Inc., 134 D.P.R. 111 (1993); Beaunit of
Puerto Rico v. Junta de Relaciones del Trabajo, 93 D.P.R.
509 (1966). Determina en cuanto a esta doctrina que en “los
hechos de este caso... no se encuentran presentes los
factores o circunstancias que generalmente han dado lugar a
su aplicación”. Opinión mayoritaria, pág. 15. A su vez,
concluye que la inmunidad concedida por el artículo 22 de
la Ley núm. 190 contra reclamaciones laborales basadas en
hechos o eventos que sean imputables al Gobierno de Puerto
Rico impide la aplicación de la doctrina del patrono
sucesor a las empresas que adquieran alguna instalación
pública de salud al amparo de esta Ley.8
8 El artículo 22 dispone en lo pertinente:
La entidad contratante o intereses privados que adquieran cualesquiera de las instalaciones de salud en virtud de lo dispuesto en este capítulo, estarán inmunes o CC-2005-1229 7
Esta interpretación de la Ley núm. 80, desvinculada
del proceso de privatización y en extremo mecánica,
contradice la política pública ínsita a dicha Ley, además
de que trastoca las normas de hermenéutica aplicables a
reclamaciones laborales. Hemos reconocido consistentemente
que las leyes laborales, al ser instrumentos de justicia
social, deben ser interpretadas liberalmente para cumplir
sus propósitos reparadores de garantizar la mayor
protección de los derechos de la clase trabajadora. El
efecto de esta norma liberal de interpretación es que toda
duda en cuanto a la aplicación de una disposición legal
laboral debe resolverse a favor del empleado. Jiménez
Marrero v. General Instruments, Inc., 2007 T.S.P.R. 13;
Cintrón Díaz v. The Ritz Carlton San Juan Spa Hotel &
Casino, 2004 T.S.P.R. 82; Piñero González v. A.A.A., 146
D.P.R. 890, 902 (1998); Muñoz Hernández v. Policía de
Puerto Rico, 134 D.P.R. 486, 495-96 (1993). En el caso de
autos, este principio exegético fue desatendido por la
mayoría de este Tribunal. Veamos.
___________________ exentos de reclamaciones de cualquier índole que de otro modo serán atribuibles al Gobierno de Puerto Rico, incluyendo, pero no limitándose a reclamaciones laborales, contractuales, torticeras, o extracontractuales siempre y cuando dichas reclamaciones estuviesen relacionadas con hechos o eventos ocurridos con anterioridad a la firma de los contratos de privatización. 24 L.P.R.A. sec. 3320. CC-2005-1229 8
La aprobación de la Ley núm. 80 del 30 de mayo de 1976
representó un paso significativo en la política laboral
puertorriqueña de protección del empleo. Su propósito
principal es proteger al trabajador en la tenencia de su
empleo y, a su vez, desalentar los despidos caprichosos e
injustificados. Por eso, la Ley provee una indemnización a
los empleados que hayan sido despedidos injustificadamente,
siendo justa causa para el despido aquellas circunstancias
prescritas en el propio estatuto. El remedio de la mesada
sirve de resarcimiento al empleado por los daños y
perjuicios sufridos a consecuencia del despido
injustificado, no constituye una remuneración o salarios
por servicios prestados. Alvira v. SK & F Laboratorios
Co., 142 D.P.R. 803, 810 (1997). La mesada se estableció
como un alivio parcial a la situación de desamparo que
enfrenta un empleado al perder su medio habitual de
sustento, permitiéndole una ayuda económica para sostener a
su familia en la transición a un nuevo empleo sin tener que
convertirse en carga para el Estado. Secretario del Trabajo
v. I.T.T., 108 D.P.R. 536, 547 (1979).
La Ley núm. 80 es el estatuto general de despido,
que aplica a todo despido injustificado, excepto en
aquellas situaciones que están cobijadas por alguna otra
ley laboral específica de carácter excluyente. En esos
contextos fácticos protegidos por esas otras leyes, los
remedios provistos pueden ser superiores a los de la Ley CC-2005-1229 9
núm. 80, ya que pueden incluir la reposición del trabajador
en su empleo. Sin embargo, en situaciones no cubiertas por
alguna otra legislación, la mesada es el remedio
estatutario para los empleados despedidos sin justa causa.
Véase Oficina del Procurador del Trabajo del Departamento
del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, Guías para
la interpretación y aplicación de la Ley núm. 80, aprobada
el día 30 de mayo de 1976, 1979, pág. 6; Ruy N. Delgado
Zayas, Apuntes para el Estudio de la Legislación Protectora
del Trabajo en el Derecho Laboral Puertorriqueño, San Juan,
2005, págs. 114-115.
Hemos visto que la Ley núm. 80 también protege a los
empleados de una empresa que son retenidos en su empleo por
un nuevo dueño, haciendo responsable a éste del pago de la
mesada como si dichos empleados le hubiesen prestado
servicios desde que comenzaron a trabajar para el patrono
anterior. Art. 6 Ley núm. 80, 29 L.P.R.A. sec. 185f; Guías
para la interpretación y aplicación de la Ley núm. 80, pág.
44. Cuando el nuevo dueño adquiere el negocio en marcha,
los empleados del patrono anterior que sean retenidos
mantienen el mismo estatus que tenían cuando se trasladó la
titularidad de su lugar de empleo. En otras palabras, si al
ser retenido por el adquirente el empleado tenía carácter
de permanente en el negocio en marcha, mantendrá esta
condición ante el nuevo patrono. Id., pág. 47. CC-2005-1229 10
La razón de ser de esta doctrina es que estos
empleados retenidos, a través de su antigüedad y los años
de trabajo con el dueño anterior, han adquirido unos
derechos que no pueden ser ignorados cuando su patrono opta
por traspasar el lugar de empleo a un nuevo dueño. Véase
Charles Zeno Santiago & Víctor M. Bermúdez Pérez, Tratado
de Derecho del Trabajo, San Juan, Publicaciones JTS, 2003,
Tomo I, pág. 135. Cuando el nuevo dueño mantiene en la
nómina de la entidad adquirida a empleados del dueño
anterior, se beneficia de la experiencia y conocimiento
específico adquiridos por éstos a través de los años,
además de la plusvalía por razón de su trabajo. Esto,
indudablemente, redunda en beneficio del negocio y del
nuevo patrono, por lo que si éste despide a alguno de ellos
injustificadamente debe pagar la indemnización completa que
exige la Ley, tomando en consideración los años servidos al
Ahora bien, la Ley no distingue entre tipos de
empresa para limitar su aplicación. No requiere que la
entidad adquirida sea de determinada naturaleza. La Ley
dispone escuetamente que se le acreditará en la mesada “
el tiempo que [los empleados] lleven trabajando en el
negocio bajo anteriores dueños”. 29 L.P.R.A. sec. 185f
(énfasis suplido). Específicamente, no requiere que el
patrono anterior tuviera la obligación legal de pagar
mesada ante un despido injustificado. El artículo 6 se
refiere al “traspaso de un negocio en marcha” sin CC-2005-1229 11
precisar si dicho “negocio” traspasado debe ser privado,
lucrativo o comercial, ni prohibir expresamente que sea una
entidad pública de naturaleza privatizable.
Provoca confusión el énfasis que da la Opinión
mayoritaria al interés “lucrativo” que deben tener las
empresas a las cuales les aplica la Ley núm. 80. La Opinión
da a entender que las disposiciones de la Ley sólo aplican
a entidades de “índole comercial y empresarial” y alude a
la mención en la Ley de entidades de “comercio, industrias
y negocios”. Para apoyar su conclusión, cita del historial
legislativo de la Ley núm. 80, que a su entender demuestra
que la Asamblea Legislativa pretendía, con este lenguaje,
que las disposiciones de la Ley sólo protegieran a
empleados de “comercio, industria o cualquier otro negocio
lucrativo”. Opinión mayoritaria, pág. 6 (citando a Informe
de la Comisión de Trabajo y Asuntos del Veterano de la
Cámara de Representantes de Puerto Rico sobre el P. del S.
1112).
Esta es una interpretación desafortunada del
historial legislativo, pues la frase del Informe que cita
la Opinión mayoritaria no se refería a la Ley núm. 80. Lo
que se indica en el Informe citado es que la predecesora
de la Ley núm. 80, la Ley núm. 50, protegía a los
empleados de negocios lucrativos, y que uno de los
propósitos de la nueva Ley era eliminar este requisito de
lucro sin el cual la Ley núm. 50 no aplicaba. Véase CC-2005-1229 12
Informe de la Comisión de Trabajo y Asuntos del Veterano
de la Cámara de Representantes de Puerto Rico sobre el P.
del S. 1112, pág. 2.9 Por eso, mientras que la Ley núm.
50 sólo cobijaba al empleado “de comercio, industria o
cualquier otro negocio lucrativo”, la Ley núm. 80 eliminó
la condición de “lucrativo” y añadió “cualquier otro
negocio o sitio de empleo”. 29 L.P.R.A. sec. 185a
(énfasis suplido). En fin, la Opinión mayoritaria
restringe excesivamente el alcance de la palabra
“negocio” sin tomar en consideración que una
interpretación teleológica, es decir, verdaderamente
guiada por el propósito de la Ley núm. 80, demuestra que
9 En el Informe presentado ante la Cámara de Representantes sobre el Proyecto de Senado 1112, que se aprobaría como la Ley núm. 80 del 30 de mayo de 1976, se señala:
La ley actual [Ley núm. 50] protege a los empleados de comercio, industira o cualquier otro negocio lucrativo que estén contratados sin tiempo determinado contra la eventualidad de ser despedidos de su cargo sin justa causa, pero solamente concede una indemnización equivalente a un mes de sueldo en el supuesto de que se produzca el despido bajo las indicadas circunstancias.
El proyecto que estamos considerando elimina el requisito de lucro sin el cual la ley actual no aplica y establece por primera vez en nuestra jurisdicción la indemnización progresiva por el despido injustificado, consistente dicha indeminización progresiva en una indemnización básica equivalente al sueldo de un mes y una indemnización progresiva adicional equivalente a una semana por cada año de servicios. Informe de la Comisión de Trabajo y Asuntos del Veterano de la Cámara de Representantes de Puerto Rico sobre el P. del S. 1112, págs. 1-2 (énfasis suplido). CC-2005-1229 13
ésta buscaba expandir el ámbito de protección laboral,
descartando el ánimo de lucro como medida de aplicación,
para así asegurar la protección más efectiva a los
empleados despedidos injustificadamente.
En el caso de autos, la Opinión mayoritaria desdeña el
principio liberal de exégesis reconocido en nuestro
ordenamiento que nos obliga a interpretar todo estatuto
laboral de la forma más justiciera y remedial posible.
Esta metodología de interpretación liberal nos impide
introducir restricciones al alcance de una disposición
estatutaria laboral, cuando dichas limitaciones no están
contenidas expresamente en la propia Ley. La exclusión de
un empleado de los beneficios de la legislación laboral
debe desprenderse de forma clara y manifiesta de sus
disposiciones, y en todo caso de interpretarse
restrictivamente. Muñoz Hernández v. Policía de Puerto
Rico, supra, pág. 496; López Vega v. F. Vega Otero, Inc.,
103 D.P.R. 175, 177 (1974).
Para situaciones como la que aquí tenemos que
resolver, la doctrina del “traspaso de un negocio en
marcha”, según estatuida en el artículo 6 de la Ley núm.
80, expone de forma clara los elementos para su
aplicación. En primer lugar, tiene que haber un patrono
anterior, dueño de un establecimiento que sea lugar de
trabajo para determinados empleados. Luego, el
establecimiento laboral o “negocio en marcha” debe ser
adquirido por un nuevo dueño. En tercer lugar, el nuevo CC-2005-1229 14
adquirente debe optar por conservar en la empresa adquirida
a los empleados del dueño anterior, adviniendo de esta
forma a ser su nuevo patrono. Por último, se requiere que
el nuevo patrono despida sin justa causa a alguno de estos
empleados retenidos, siendo así responsable de pagar la
indemnización conforme lo requiere la Ley, incluyéndose en
el cómputo de la mesada los años de servicio prestados al
En cuanto al patrono anterior la Ley no establece
condición alguna. En particular, la disposición estatutaria
no requiere que el patrono anterior estuviera sujeto a la
Ley núm. 80. Sin embargo, la Opinión mayoritaria suple el
silencio legislativo en cuanto a este aspecto introduciendo
una limitación al alcance de la Ley. Con ello se aparta de
los principios generales de interpretación de leyes
laborales, y adopta una interpretación que es contraria a
la política pública de la Ley, que aspira a brindar la
protección más eficaz posible a la seguridad del empleo de
los trabajadores en Puerto Rico. El resultado es añadir al
artículo 6 de la Ley núm. 80 algo que el legislador no
contempló, dos tipos de negocio en marcha para efectos de
la mesada: uno en el cual los empleados acreditan el tiempo
que trabajaron para el patrono anterior, y otro en el cual
los empleados simplemente pierden estos años de servicio.
Sin embargo, en la médula del razonamiento de la
Opinión mayoritaria se encuentra, realmente, su CC-2005-1229 15
convencimiento de que una facilidad pública, aun cuando sea
vendida a un ente privado, no es ni puede ser un “negocio
en marcha” para efectos de la Ley núm. 80. Como hemos
señalado, llega a esta conclusión utilizando un método
contrario a los principios básicos de interpretación de la
legislación laboral. Pero llama la atención también la
ausencia de un análisis de las particularidades del proceso
de privatización. Ese análisis, que me parece insoslayable,
demuestra que estas entidades privatizadas constituyen un
negocio en marcha para efectos de la Ley.
La privatización de empresas públicas cobró auge
durante la segunda mitad del siglo XX. Particularmente,
los decenios finales del milenio pasado fueron testigos de
la transferencia por diversos estados de funciones y
activos públicos al sector privado. Esta transformación
gubernamental que se conoce como privatización es una
combinación de fenómenos y procesos diferentes, en los
cuales se destaca la participación del sector privado en
campos tradicionalmente ocupados por la acción
gubernamental, disminuyéndose de esta forma el rol
participante del Estado en los asuntos socioeconómicos.
Ramón J. Cao García, Planificación y Privatización, 1 (Núm.
2) Ceteris Paribus: Revista de Investigaciones
Socioeconómicas 113, 117 (1991). Por tanto, la
privatización funciona como un proceso de reorganización CC-2005-1229 16
de las prioridades sociales de un gobierno, para someter
ciertas actividades gubernamentales y la prestación de
ciertos servicios públicos a las dinámicas económicas del
mercado. De esta forma, el sistema burocrático
gubernamental es reemplazado por empresas privadas, y los
favorecidos por estos servicios públicos son transformados
en clientela. Kevin R. Kosar, Privatization and the Federal
Government: An Introduction, Congressional Research
Service, 28 de diciembre de 2006, pág. 6.
Las teorías normativas que justifican la doctrina de
la privatización se originan en el siglo XVIII. La política
pública que apoya el proceso de privatizar servicios
gubernamentales está inspirada en la visión individualista
del laissez faire y las teorías económicas del libre
mercado, que promueven la competencia en el mercado y la
disminución de la intervención gubernamental. También
promueve la privatización el pensamiento neoconservador,
desarrollado durante las últimas décadas del siglo XX, que
visualiza la privatización como una estrategia política
para reducir la llamada “sobrecarga” del Estado. Paul
Starr, The Meaning of Privatization, 6 Yale L. & Pol’y Rev.
6, 20 (1988).
No obstante, la privatización, tal y como se ha
desarrollado actualmente, funciona como un instrumento de
ejecución del neoliberalismo y al igual que éste aspira a CC-2005-1229 17
restablecer plenamente los mecanismos del mercado,
disminuir el rol decisorio del Estado en los mercados de
bienes y servicios, encauzar la economía en manos privadas,
encontrar acceso al capital del comercio internacional, y
permitir el funcionamiento de una llamada libertad
económica. Hernando Agudelo Villa, Estado, política de
desarrollo y privatización, en ¿Privatización o
estatización? Perspectivas de un debate, Bogotá,
Departamento de Publicaciones de la Cámara de Comercio de
Bogotá, 1989, págs. 42-44. La premisa clásica a favor de la
privatización es el argumento de que las empresas privadas,
compelidas por el ánimo del lucro y la maximización de
ganancias, son más eficaces que el Estado para ofrecer
servicios a la ciudadanía. Héctor A. Ríos Maury,
Privatización: Formas, mitos y aspectos gerenciales, Puerto
Rico, Ediciones Nueva Aurora, 1998, pág. 47. Se basa, pues,
en una visión escéptica del Estado en su rol de proveedor
de servicios y en una percepción del mismo como un
empresario incompetente e improductivo.
Son numerosas las explicaciones y justificaciones para
la adopción de la privatización como una opción para la
reconfiguración de las relaciones entre el gobierno y el
sector privado. En Puerto Rico, se ha defendido la
implantación de esta política basada en las condiciones
socioeconómicas prevalecientes desde las últimas décadas
del siglo pasado. Éstas, a su vez, se han identificado CC-2005-1229 18
por algunos economistas como resultado de políticas
gubernamentales intervencionistas adoptadas en respuesta a
la desaceleración de la economía a partir de los años
sesenta. Estas políticas, junto a otros factores,
resultaron en una nómina pública abultada y recursos que se
percibían mal distribuidos y utilizados.10 Véase Cao García,
supra, págs. 127; Consejo de Planificación Estratégica del
Sector Privado, Informe Final: Privatización de los
Servicios Públicos (Fase 2), Cámara de Comercio de Puerto
Rico, 1989, págs. 7-9.
Como respuesta a esta situación, se ha planteado la
idea de redefinir el papel del Estado como proveedor de
servicios. Así, se propuso el proceso de privatización en
Puerto Rico como una forma de atraer recursos del sector
privado para proveer determinados servicios públicos e
incrementar la eficiencia de éstos, además de proveer
10 Los economistas señalan que a pesar de que Puerto Rico disfrutó de una tasa rápida de crecimiento económico durante las décadas siguientes a la posguerra, a partir de los años setenta, la economía registró una desaceleración severa que llevó a un estancamiento recesivo. Cao García, supra, págs. 121-122. Recalcan que por ello, el sector gubernamental puertorriqueño adquirió una importancia creciente al intentar inyectarle dinamismo a la actividad económica mediante la estimulación de la producción y la creación de nuevos empleos. También señalan una serie de causas para que este rol protagónico llevara a hacer atractiva, décadas después, la alternativa de la privatización. En particular, destacan el aumento en gastos corrientes del gobierno, específicamente en empleos públicos, y la desatención en las inversiones de infraestructura, lo que trajo como resultado una nómina gubernamental abultada y recursos mal distribuidos y utilizados. Cao García, supra, págs. 127; Informe Final: Privatización de los Servicios Públicos (Fase 2), op. cit., págs. 7-9. CC-2005-1229 19
métodos alternos de financiamiento y aumentos en los
recursos fiscales del gobierno. Informe Final:
Privatización de los Servicios Públicos (Fase 2), op. cit.,
pág. 9.
La privatización es un proceso que puede manifestarse
en diversas formas.11 De los numerosos modelos de
privatización disponibles, el más utilizado en Puerto Rico
y en la mayoría de los países que han optado por acogerse a
este proceso es el del traspaso de actividades
gubernamentales al sector privado mediante la venta de
activos de una agencia o corporación pública.12 En esencia,
la venta de una entidad gubernamental lo único que altera
es el estado legal de ésta, ya que pasa de ser propiedad
pública a propiedad privada. En el caso de la
11 Entre los modelos de privatización más utilizados se encuentran: la subcontratación de actividades al sector privado; el uso de cupones (vouchers); la responsabilidad compartida del gobierno y el sector privado para ofrecer un servicio, ya sea mediante empresas conjuntas, división de fases o incluso la competencia directa en el mercado; la liquidación de empresas o actividades gubernamentales; la acción comunitaria con estímulo gubernamental, donde el Estado dona activos, provee incentivos o traslada la administración de una actividad a comunidades; y el permitir que asociaciones voluntarias o filantrópicas provean determinados servicios públicos. Informe Final: Privatización de los Servicios Públicos (Fase 2), op. cit., pág. 5. Véase también Consejo de Planificación Estratégica del Sector Privado, Informe Final: Privatización de los Servicios Públicos (Fase 1), Cámara de Comercio de Puerto Rico, 1988, págs. 4-9. 12 Las alternativas dentro de este modelo son la venta total o parcial de la empresa a una entidad privada, la venta de acciones al público en general, o la venta o donación de la empresa a empleados, para que estos la administren. Informe Final: Privatización de los Servicios Públicos (Fase 2), op. cit., pág. 5. CC-2005-1229 20
venta total de una entidad pública, el traspaso de
titularidad indica usualmente sólo un cambio en la
administración y gerencia de la entidad pero no en su
estructura y, en ocasiones, tampoco en su personalidad.
Consejo de Planificación Estratégica del Sector Privado,
Informe Final: Privatización de los Servicios Públicos
(Fase 1), Cámara de Comercio de Puerto Rico, 1988, pág. 5.
Ello se debe a que son precisamente la estructura y la
personalidad de una entidad pública las que atraen la
atención de los licitadores para su compra. De la misma
forma, éstos también buscan adquirir como clientela suya a
aquellos ciudadanos que utilizan estos servicios públicos.
En la situación descrita, y como cuestión de
realidad, la entidad pública se vende como un negocio en
marcha (ongoing business o going concern), o sea
transfiriéndola en su totalidad como una unidad
comerciable. Otra opción sería no venderla como un todo
sino disolverla como empresa, y, de esta forma, vender
sus bienes y activos de forma individual. Emmanuel S.
Savas, Privatization and Public-Private Partnerships, New
York, Chatham House Publishers, 2000, págs. 129-132;
Charles Vuylsteke, Techniques of Privatization of State-
Owned Enterprises: Methods and Implementation, 2da
impresión, Washington, D.C., World Bank Technical Paper
Number 88, 1989, Volumen I, págs. 20-21. Bajo esta
segunda opción, el organismo público se desintegra como CC-2005-1229 21
entidad, sus partes son vendidas de forma individual, y no
hay continuidad de servicios, sino una venta de bienes y
activos.13 Así, mientras en la opción de la venta como
negocio en marcha se traspasa una operación para su
continuación, en la segunda hay una desintegración total.
Es la venta de la entidad pública como negocio en
marcha lo que permite a la empresa privada adquirente
asumir la identidad del establecimiento vendido. En estos
casos, la nueva empresa continúa ofreciendo servicios de
igual o similar naturaleza a los ofrecidos por el Estado.
A su vez, utiliza la misma estructura para sus operaciones,
con el mismo equipo y usualmente métodos de producción
similares. En ocasiones, además, conserva la misma fuerza
obrera para la operación de la empresa, ahora manejada con
ánimo de lucro. Es precisamente por estas razones, que los
estudiosos del tema hablan de la entidad pública vendida
como un negocio en marcha.14
13 La liquidación de una empresa pública como una modalidad de privatización es utilizada por el Estado cuando, entre otras cosas, el propósito funcional de la entidad ya no es relevante, inversionistas privados no están interesados en la compra de la entidad como un negocio en marcha, o la planta física de la empresa a ser vendida tiene mayor valor comercial que el negocio como tal. Emmanuel S. Savas, Privatization and Public-Private Partnerships, New York, Chatham House Publishers, 2000, pág. 217. 14 El concepto negocio en marcha, como going concern, se usa también cuando el Estado vende todas o algunas de sus acciones en una empresa gubernamental. Esta forma de privatización requiere que el negocio en venta sea una corporación debidamente incorporada. Véase Charles Vuylsteke, Techniques of Privatization of State-Owned Enterprises: Methods and Implementation, 2da impresión, CC-2005-1229 22
IV
El sistema de servicios de salud público es uno de los
sectores gubernamentales que se ha privatizado en épocas
recientes. Como parte de la “reforma de salud” realizada en
la década del noventa, se inició un proceso de
privatización de algunos hospitales y facilidades de salud
operados por el Departamento de Salud y la Administración
de Facilidades y Servicios de Salud de Puerto Rico. Con
este propósito se aprobó la Ley núm. 190 del 5 de
septiembre de 1996, 24 L.P.R.A. secs. 3301-3325, para
permitir y reglamentar la transferencia de titularidad de
las facilidades públicas de salud al sector privado para
que sean operadas como empresas privadas. Uno de los
objetivos primordiales de la Ley es permitir que la libre
competencia en la prestación de los servicios de salud
sirva de aliciente para mejorar su calidad. Otro objetivo
es retirar al Gobierno de su rol de proveedor de servicios,
para entonces fortalecer su función de agente fiscalizador,
evaluador y regulador de los sistemas de salud. Véase
Informe de la Comisión de Gobierno de la Cámara de
Representantes de Puerto Rico sobre el P. de la C. 2479, 13
de junio de 1996; Informe de la Comisión de Gobierno del
Senado de Puerto Rico sobre el P. de la C. 2479, 21 de
junio de 1996.
___________________ Washington, D.C., World Bank Technical Paper Number 88, 1989, Volumen I, págs. 11-20. CC-2005-1229 23
A diferencia de legislaciones anteriores, la Ley núm.
190 permite delegar o ceder la operación de instalaciones
de salud a empresas privadas, así como arrendarlas o
traspasar su titularidad. Id. La Ley le concede al
Secretario de Salud la discreción necesaria para arrendar,
subarrendar, vender, ceder, permutar o transferir
permanentemente las instalaciones de salud cuya titularidad
pertenezca al Gobierno, sus agencias o instrumentalidades.
24 L.P.R.A. sec. 3320. En la Ley se adopta como definición
de “instalación de salud”, la que dispone la Ley de
Facilidades de Salud, 24 L.P.R.A. secs. 331-334j. El
concepto es tan amplio como para abarcar cualesquiera de
los establecimientos que se dedican a la prestación de
servicios de salud, sean hospitales, centros de salud,
centros de diagnóstico y tratamiento, casas de salud,
centros de rehabilitación, facilidades de cuidado de larga
duración, entre otros. 24 L.P.R.A. sec. 331a. Ahora bien,
la Ley núm. 190 expande esta definición, para incluir
dentro del concepto de “instalación de salud” al “equipo y
el inventario instalado en, o utilizado en relación con la
operación de la misma”. 24 L.P.R.A. sec. 3301.
La Ley ordena que todo acuerdo de transferencia de
una instalación de salud pública a una entidad privada
deberá seguir las disposiciones que la misma Ley
establece. 24 L.P.R.A. sec. 3302. En particular, las
entidades privadas contratantes están obligadas a CC-2005-1229 24
utilizar las instalaciones adquiridas en un ambiente de
cuidado de salud dirigido que sea cónsono con los
propósitos de la Ley y la filosofía de la reforma de salud.
24 L.P.R.A. sec. 3305. En cuanto a la operación de las
facilidades privatizadas, las disposiciones estatutarias
son muy cuidadosas al disponer que los servicios médicos
que ofrecen las instalaciones de salud serán continuos y no
se verán afectados por el proceso de transferencia a
entidades privadas.
En primer lugar, la Ley indica que toda propuesta de
las entidades interesadas debe tomar en consideración la
organización estructural y funcional de los servicios de
salud de la instalación particular. A base de esto, se
hará un plan de trabajo divido en fases para entonces
poder implantar la organización y los servicios que
contemple establecer el licitador. 24 L.P.R.A. sec. 3307.
En segundo lugar, al evaluar las propuestas sometidas
para adquirir una instalación, el Secretario de Salud
debe determinar qué modelo de transferencia será el más
apropiado según la instalación de salud que se trate, las
circunstancias económicas de la región en que se ubique y
las necesidades y características de la población que
sirve. 24 L.P.R.A. sec. 3308. Incluso, la Ley establece
expresamente que como único se podrá eximir a la entidad
contratante de continuar ofreciendo servicios de cuidado de
salud en la instalación adquirida es mediante una
determinación del Secretario de Salud y del Banco CC-2005-1229 25
Gubernamental de Fomento a estos efectos y que indique que
la región en la que está localizada la instalación ya está
adecuadamente servida por otras facilidades de salud. 24
L.P.R.A. sec. 3305.
Cabe destacar otro asunto en cuanto al proceso de
privatización de las instalaciones de salud públicas. La Ley
núm. 190 señalaba originalmente, en su artículo 21, que el
precio mínimo de venta de la facilidad sería aquel que por
tasación dispusiera el Departamento de Hacienda o el de Salud.
No obstante, la Ley núm. 31 del 6 de julio de 1997 enmendó esta
disposición para establecer el valor de mercado como el precio
de venta de cada instalación. 24 L.P.R.A. sec. 3320. Tanto la
exposición de motivos de la Ley núm. 31 como su historial
legislativo muestran que la intención del legislador era que el
precio de la facilidad no fuese un valor de tasación de
reemplazo de un inmueble. Por el contrario, se entendió que
durante la venta de las facilidades de salud deberían tomarse en
cuenta otros factores adicionales, entre ellos el equipo a
transferirse y otras variables del mercado. Véase Informe de
las Comisiones de Gobierno y de Salud de la Cámara de
Representantes de Puerto Rico sobre el P. de la C. 691, 17 de
junio de 1997. Así, al momento de determinar el precio de venta
de la instalación se estimará su valor global, tomando en
consideración la estructura, organización, potencial, y los
otros factores ya mencionados. CC-2005-1229 26
Conforme a lo anterior, se colige forzosamente que las
disposiciones de la Ley núm. 190 disponen para la venta de
las facilidades de salud públicas como negocios en marcha.
Primeramente, la Ley da énfasis a que la entidad
contratante no interrumpa los servicios médicos que ofrece
la instalación vendida durante el proceso de privatización,
y que luego del traspaso su operación se mantenga ajustada
a las necesidades y características de la población servida
por cada instalación. El estatuto no le concede discreción
a la entidad contratante para darle otro uso a la facilidad
adquirida que no sea aquel indicado en la Ley, salvo
autorización expresa del Secretario de Salud y el Banco
Gubernamental de Fomento. En otras palabras, la facilidad
que sea privatizada deberá continuar utilizándose para
ofrecer servicios de cuidado de salud conforme a la
política estatal de salud pública. Ello asegura una
continuidad estable entre los servicios que antes ofrecía
el Gobierno y los que ofrecerá posteriormente la entidad
privada adquirente, además de servir de barómetro para
asegurar que la operación de la facilidad adelante los
propósitos primordiales de la Ley y la filosofía de la
llamada reforma de salud.
Segundo, el proceso de privatización de la Ley núm.
190 no sólo incluye la venta de estructuras físicas sino
que incluye el equipo e inventario ya instalado en la
facilidades para ofrecer los servicios de salud. A esto CC-2005-1229 27
se le puede añadir el que la Ley también dispone
expresamente para la retención por la entidad contratante
de los empleados que trabajaban para el Gobierno en la
instalación adquirida. 24 L.P.R.A. sec. 3318. Así, la
venta de las facilidades que hace el Gobierno no es una de
activos o bienes individuales sino de un establecimiento,
con todos sus componentes, transferidos como una unidad
integral.
Lo último, mas no menos importante, son los factores a
considerarse al determinar el precio de venta. Como parte
de esta determinación, no sólo se consideran los elementos
estructurales y operativos de la facilidad sino también el
valor en el mercado que posee dicha entidad. Fijar el valor
del mercado también requiere evaluar otros factores de
índole económica, como son los rendimientos financieros que
genera o podría generar la actividad desde un punto de
vista privado. O sea para obtener el máximo valor de
retorno, el precio se fija considerando la instalación como
una unidad comercial integra y como un negocio continuo.
La venta de una instalación de salud pública como un
negocio en marcha asegura la maximización de las
ganancias que puede obtener el Gobierno en la
transacción. Precisamente, en Puerto Rico, una de las
razones de peso para privatizar es la de adquirir fondos
con la venta de la entidad para intentar aliviar la
crisis fiscal del Estado. Véase Edwin Irizarry Mora, CC-2005-1229 28
Privatización de empresas públicas: Apuntes teóricos
pertinentes al caso de Puerto Rico, 1 (Núm. 1) Ceteris
Paribus: Revista de Investigaciones Socioeconómicas 151,
152 (1991). Debido a sus propósitos intrínsecamente
económicos, la privatización requiere la transformación de
funciones estatales de beneficencia y asistencia social en
servicios y productos comerciales. No nos debe extrañar,
por tanto, que para que el Gobierno pueda vender una
entidad de servicios públicos tenga que mercadearla como un
negocio rentable. Aunque nos parezca incómodo asignarle un
valor económico a servicios de naturaleza benéfica y
filantrópica, como lo son los servicios médicos primarios,
la privatización requiere adoptar una visión negociable de
estas instituciones.
V
Aplicando este marco teórico y jurídico a
situaciones como la del caso de autos, no podemos
concluir otra cosa que no sea resolver que una
instalación gubernamental de salud que ha estado sujeta a
un proceso de privatización es vendida, de hecho, como un
negocio en marcha. De otro modo, estaríamos hablando de
una venta pública de bienes gubernamentales. Como hemos
discutido, la Ley núm. 190 no establece un proceso de
liquidación de entidades públicas para vender sus parte
como bienes o activos individualizados. Por el contrario,
la Ley formula una oferta de venta globalizada y obliga a
que los adquirentes mantengan una continuidad en la CC-2005-1229 29
prestación de servicios de la facilidad que les sea
transferida. La oferta de compra no sólo incluye el equipo
que utilizaba el gobierno para ofrecer los mismos
servicios, sino que permite además que las entidades
contratantes retengan en su nómina a los empleados públicos
que laboraban originalmente para el Departamento de Salud.
La entidad pública se traspasa al sector privado en
función de una unidad integral, o como apropiadamente lo
han llamado los estudiosos del fenómeno de la
privatización, la venta de un negocio en marcha (ongoing
business). Es claro que bajo la Ley núm. 190 la entidad
contratante al adquirir una facilidad de salud pública
asume su identidad como proveedor de servicios de cuidado
de salud. Estos establecimientos se adquieren con la
intención de continuar proveyendo servicios de la misma
naturaleza que los que ofrecía el Estado, porque así lo
requiere la Ley, y utilizando la misma estructura física,
con el mismo equipo e incluso la misma fuerza obrera en las
operaciones diarias de la entidad. En conclusión, la venta
de una instalación de salud pública presenta varios de los
factores que apoyan la aplicación de la doctrina del
traspaso de un negocio en marcha según dispuesta en el
artículo 6 de la Ley núm. 80.15
15 Tengo, además, grandes reparos en cuanto a la conclusión mayoritaria respecto a la inmunidad brindada por el artículo 22 de la Ley núm. 190 y la doctrina del patrono sucesor. Ello porque la controversia particular CC-2005-1229 30
Por todo lo anterior, resolvería que al momento de
computar la mesada a la que pueda tener derecho la señora
Mercado Ortiz, se deben tomar en consideración los años que
esta empleada trabajó para el Departamento de Salud antes
que la facilidad de salud en la que laboraba pasara a manos
de una empresa privada. La señora Mercado Ortiz fue
servidora pública por casi dos décadas antes que el
Hospital de Área Tito Mattei de Yauco, que servía como su
lugar de empleo, fuera privatizado en 1998, según lo
permite la Ley núm. 190. Al comprar el hospital, la entidad
contratante, Adventist Health System Corp., advino patrono
de la señora Mercado Ortiz, ya que retuvo sus servicios
junto a los de otros empleados del Departamento de Salud.
Sin embargo, en el 2001 el nuevo patrono de la señora
Mercado Ortiz la despidió. Antes del despido, Adventist
Health se benefició de la experiencia y conocimiento
especializado de la señora Mercado Ortiz, al igual que se
sirvió de su familiaridad con la instalación en la que
trabajaba y de la plusvalía que su labor representaba.
___________________ del caso autos se resuelve mediante la aplicación adecuada de la Ley núm. 80 y nuestros principios básicos de hermenéutica judicial y no requería, por tanto, que este Tribunal se expresara en cuanto al efecto que tiene la Ley núm. 190 sobre la posible aplicación de la doctrina del patrono sucesor en el contexto de un proceso de privatización. La Mayoría de este Tribunal se excedió en su función adjudicadora al resolver que en cualquier contexto de privatización de instalaciones de salud públicas la Ley núm. 190 hace inaplicable la doctrina del patrono sucesor. CC-2005-1229 31
Indudablemente, y como explicamos anteriormente, al
utilizar el procedimiento de la Ley núm. 190, Adventist
Health adquirió del gobierno el Hospital Tito Mattei de
Yauco como un negocio en marcha. Por tanto, le aplicaba el
artículo 6 de la Ley núm. 80. Por tal razón, debimos
confirmar al Tribunal de Apelaciones en cuanto resolvió que
el legislador no excluyó la consideración de los servicios
prestados a patronos anteriores por un empleado que fue
retenido por la entidad adquirente de un hospital público
para los efectos de terminar su mesada bajo la Ley núm. 80.
En ausencia de una exclusión categórica, la señora Mercado
Ortiz tiene un derecho estatutario a que se le aplique la
fórmula de cálculo de la mesada tal y como está establecida
en la Ley núm. 80. Como la Opinión mayoritaria llega a un
resultado que ignora estas consideraciones y que es
contrario a la naturaleza justiciera y remedial de nuestras
leyes laborales, me veo obligada a disentir.
VI
Por último, debo puntualizar otra razón para mi
disenso. No podemos perder de perspectiva que la
privatización, como proceso político y socioeconómico,
afecta la seguridad de empleo de miles de empleados
públicos. Cuando se vende una instalación de salud
pública, la entidad adquirente puede retener a todos, a
algunos o a ninguno de los empleados públicos que
laboraban en el establecimiento adquirido. Debemos CC-2005-1229 32
reconocer que ante el acontecimiento de un proceso de
privatización el estatus laboral de estos empleados
públicos sufrirá un cambio drástico y es, cuando menos,
incierto.
De no ser retenidos por la empresa adquirente, estos
empleados serán cesanteados con la sola promesa, no
garantizada, de que serán reubicados en algún otro
organismo público o empresa privada.16 24 L.P.R.A. sec.
3318. Por otro lado, los “afortunados” que sean
reclutados por la entidad adquirente perderán su estatus
de empleados públicos, con todo lo que ello conlleva.
Estos empleados dejarán de ser miembros del servicio
público y perderán las garantías que les provee el
principio de mérito y los beneficios y protecciones del
sistema de empleados del Gobierno. Como empleados del
sector privado, aun cuando estén protegidos por otras
16 Los empleados públicos que no sean reclutados por el nuevo patrono podrían ser cesanteados por el Gobierno. Ante estas circunstancias, la Ley núm. 190 sólo ofrece como salvaguarda la política pública observada en Puerto Rico en los casos de reorganización y disolución de organismos gubernamentales. Bajo esta política, el empleado así cesanteado puede elegir entre acogerse a un retiro temprano, solicitar alguna compensación por el tiempo de servicio al Gobierno o solicitar su reubicación el servicio público. Para aquellos empleados que ejerzan esta última opción, la Ley núm. 190 sólo dispone que se creará un registro especial para concederle preferencia a estos servidores públicos para ser reubicados, según la disponibilidad que permitan las plazas, a través de los diferentes organismos gubernamentales y en la empresa privada. 24 L.P.R.A. sec. 3318. Esta disposición estatutaria no garantiza a estos empleados cesanteados un empleo seguro en el Gobierno, ni siquiera que serán reclutados para cualquier otro trabajo. CC-2005-1229 33
leyes laborales, estarán en una posición menos ventajosa
que antes en cuanto a la seguridad de su empleo.
La Opinión que suscribe una mayoría de este Tribunal
perjudica aún más a estos empleados retenidos al resolver
que de ser despedidos injustificadamente por su nuevo
patrono, no tendrán acceso completo a la legislación social
que protege a los demás empleados del sector privado. En
otras palabras, estos otrora servidores públicos no estarán
cobijados por las garantías y derechos que provee el
sistema del mérito, pero tampoco serán protegidos
totalmente por aquella legislación que le aplica a la
empresa privada. Como la Opinión mayoritaria traza una ruta
decisoria injusta para estos ex-empleados públicos y
contraria a la legislación social en protección de los
trabajadores en Puerto Rico, yo disiento.
Liana Fiol Matta Jueza Asociada
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