Carmen I. Montalvan Ruiz v. Tomas Rodriguez Navarro
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Opinion
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carmen I. Montalván Ruiz Certiorari Demandante-Peticionaria 2004 TSPR 42 v. 161 DPR ____ Tomás Rodríguez Navarro
Demandado-Recurrido
Número del Caso: CC-1999-150
Fecha: 23 de marzo de 2004
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional VI
Juez Ponente:
Hon. Ismael Colón Birriel
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. José M. Ramírez Hernández Lcdo. José A. Figueroa Sánchez
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. José L. Novas Dueño
Materia: Liquidación de Sociedad Legal de Gananciales
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carmen I. Montalván Ruiz
Demandante-Peticionaria
v. CC-1999-150 Certiorari Tomás Rodríguez Navarro
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Hernández Denton
San Juan, Puerto Rico, a 23 de marzo de 2004.
La sociedad de gananciales concluye al disolverse el matrimonio [mediante el divorcio legalmente obtenido]. El divorcio lleva consigo la ruptura completa del vínculo matrimonial y la separación de propiedad y bienes de todas clases entre los cónyuges. Art. 1315, 95 y 105 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3681, 301 y 381.
Aunque el divorcio conlleva la terminación del
régimen de sociedad de gananciales, la liquidación
del capital común entre ex cónyuges no siempre
ocurre simultáneamente con la disolución del
matrimonio. En esos casos sobreviene un periodo en
que se mezclan y confunden provisionalmente los
bienes de los ex cónyuges hasta que se liquida
finalmente la comunidad de bienes posganancial que CC-1999-150 3
se crea entre ellos acaecido el divorcio. ¿Cómo es que se
liquida esa comunidad de bienes posganancial cuando se ha
mantenido en indivisión por varios años, durante los cuales
ha sido administrada por solamente uno de los ex cónyuges?
¿Debe ser dicha liquidación efectuada automáticamente en
partes iguales o debe tomarse en consideración las
aportaciones individuales de los ex cónyuges al capital
posganancial? El caso de autos nos permite contestar estas
interrogantes.
I
El Sr. Tomás Rodríguez Navarro y la Sra. Carmen I.
Montalván Ruiz se casaron el 23 de marzo de 1975 bajo el
régimen de sociedad legal de gananciales. Luego de dos (2)
años de casados, la pareja estableció un negocio de
avicultura con la ayuda del padre del señor Rodríguez
Navarro, Sr. Tomás Rodríguez Díaz. Éste pagó la
construcción de cinco (5) ranchos para la crianza de pollos,
los cuales se ubicaron en una finca propiedad del mismo
señor Rodríguez Díaz. En 1980, el matrimonio obtuvo un
préstamo comercial de Small Business Administration –S.B.A.-
por la cantidad de $150,000 para invertir en el negocio de
avicultura, en el cual figuraban como codeudores el Sr.
Tomás Rodríguez Díaz y su esposa, la Sra. Manuela Navarro
Barros. Además, éstos garantizaron el pago de dicho
préstamo con una hipoteca sobre un inmueble de su propiedad.
El producto de este préstamo se utilizó para construir cinco
(5) ranchos adicionales para la crianza de pollos y se pagó CC-1999-150 4
con la producción del propio negocio de avicultura del
matrimonio.
En junio de 1983 el Tribunal de Primera Instancia
decretó el divorcio de Montalván Ruiz y Rodríguez Navarro.
Luego de disuelto el matrimonio, se acordó que la señora
Montalván Ruiz residiría con los dos (2) hijos menores de
edad que procreó el matrimonio en una casa propiedad del
padre de Rodríguez Navarro.1 Asimismo, estipularon que
Rodríguez Navarro pagaría todas las deudas del matrimonio,
incluido el balance pendiente del préstamo comercial de
$150,000, el cual se pagaría de lo que produjera el negocio
de crianza de pollos.
Así las cosas, el señor Rodríguez Navarro se encargó
personalmente de la operación del negocio avícola, que
constituía esencialmente el único bien de la comunidad de
bienes posganancial. En 1986, tres (3) años después de
disuelta la sociedad legal de gananciales, el señor
Rodríguez Navarro gestionó un préstamo comercial por la
cantidad de $282,150, cuyo pago se garantizó con los
ingresos del negocio avícola. Este segundo préstamo se
1 Durante la vigencia del matrimonio, la familia Rodríguez Navarro-Montalván Ruiz residió, primero, en una propiedad del señor señor Rodríguez Díaz, padre de Rodríguez Navarro, y luego en otra estructura ubicada en el Barrio Montellano de Cidra perteneciente también a éste mismo. Posteriormente, y hasta la fecha del divorcio, la pareja residió en una casa que construyeron en terrenos del señor Rodríguez Díaz, quien además pagó todos los gastos de la edificación. Esta última es la propiedad que la señora Rodríguez Navarro se queda ocupando de manera gratuita luego del divorcio. CC-1999-150 5
utilizó para la construcción de seis (6) ranchos adicionales
para la crianza de pollos.
Once (11) años después de disuelto el matrimonio, en
agosto de 1994, la señora Montalván Ruiz solicitó ante el
Tribunal de Primera Instancia la disolución de la comunidad
de bienes que mantenía con el señor Rodríguez Navarro.
Sostuvo, (i) que durante el matrimonio adquirieron un solar
en el barrio Montellano de Cidra donde construyeron una
vivienda de bloques y hormigón valorada aproximadamente en
$200,000; (ii) que el señor Rodríguez Navarro retuvo la
administración exclusiva de dicha propiedad, la cual
mantiene arrendada desde entonces; (iii) que el señor
Rodríguez Navarro también administra de manera exclusiva,
desde la fecha del divorcio, el negocio de crianza de pollos
establecido durante la vigencia del matrimonio, que le
servía a la compañía To-Ricos, Inc. como contratista
independiente; (iv) que el valor de los diez (10) ranchos de
crianza de pollos existentes, el equipo y las ganancias del
referido negocio excedía a los $500,000. La señora
Montalván Ruiz también reclamó el cincuenta por ciento (50%)
de la participación sobre el valor y las ganancias del
negocio avícola ascendentes, según alegó y estipuló con la
otra parte, a $631,715 para los años del 1983-1993.
Vistos los argumentos de las partes, el Tribunal de
Primera Instancia resolvió que a la señora Montalván Ruiz le
correspondía el cincuenta por ciento (50%) de los ingresos
netos del negocio avícola, según reportados en las Planillas CC-1999-150 6
de Contribución Sobre Ingresos, de acuerdo a la estipulación
de las partes, luego de deducir el ingreso correspondiente a
los seis (6) ranchos que se construyeron después de disuelto
el matrimonio en 1986 y de deducir, además, el importe del
préstamo de $150,000 que hicieron los ex cónyuges vigente el
matrimonio. Al respecto, el tribunal de instancia expresó
que:
Todos los ingresos de Rodríguez [Navarro] provienen de su trabajo como avicultor y se estipularon a base de las planillas de contribución sobre ingresos de Rodríguez [Navarro] para los años de 1983 a 1993. En estas [sic] sólo se reduce [sic] los intereses pagados de los préstamos, no el principal.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carmen I. Montalván Ruiz Certiorari Demandante-Peticionaria 2004 TSPR 42 v. 161 DPR ____ Tomás Rodríguez Navarro
Demandado-Recurrido
Número del Caso: CC-1999-150
Fecha: 23 de marzo de 2004
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional VI
Juez Ponente:
Hon. Ismael Colón Birriel
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. José M. Ramírez Hernández Lcdo. José A. Figueroa Sánchez
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. José L. Novas Dueño
Materia: Liquidación de Sociedad Legal de Gananciales
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carmen I. Montalván Ruiz
Demandante-Peticionaria
v. CC-1999-150 Certiorari Tomás Rodríguez Navarro
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Hernández Denton
San Juan, Puerto Rico, a 23 de marzo de 2004.
La sociedad de gananciales concluye al disolverse el matrimonio [mediante el divorcio legalmente obtenido]. El divorcio lleva consigo la ruptura completa del vínculo matrimonial y la separación de propiedad y bienes de todas clases entre los cónyuges. Art. 1315, 95 y 105 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3681, 301 y 381.
Aunque el divorcio conlleva la terminación del
régimen de sociedad de gananciales, la liquidación
del capital común entre ex cónyuges no siempre
ocurre simultáneamente con la disolución del
matrimonio. En esos casos sobreviene un periodo en
que se mezclan y confunden provisionalmente los
bienes de los ex cónyuges hasta que se liquida
finalmente la comunidad de bienes posganancial que CC-1999-150 3
se crea entre ellos acaecido el divorcio. ¿Cómo es que se
liquida esa comunidad de bienes posganancial cuando se ha
mantenido en indivisión por varios años, durante los cuales
ha sido administrada por solamente uno de los ex cónyuges?
¿Debe ser dicha liquidación efectuada automáticamente en
partes iguales o debe tomarse en consideración las
aportaciones individuales de los ex cónyuges al capital
posganancial? El caso de autos nos permite contestar estas
interrogantes.
I
El Sr. Tomás Rodríguez Navarro y la Sra. Carmen I.
Montalván Ruiz se casaron el 23 de marzo de 1975 bajo el
régimen de sociedad legal de gananciales. Luego de dos (2)
años de casados, la pareja estableció un negocio de
avicultura con la ayuda del padre del señor Rodríguez
Navarro, Sr. Tomás Rodríguez Díaz. Éste pagó la
construcción de cinco (5) ranchos para la crianza de pollos,
los cuales se ubicaron en una finca propiedad del mismo
señor Rodríguez Díaz. En 1980, el matrimonio obtuvo un
préstamo comercial de Small Business Administration –S.B.A.-
por la cantidad de $150,000 para invertir en el negocio de
avicultura, en el cual figuraban como codeudores el Sr.
Tomás Rodríguez Díaz y su esposa, la Sra. Manuela Navarro
Barros. Además, éstos garantizaron el pago de dicho
préstamo con una hipoteca sobre un inmueble de su propiedad.
El producto de este préstamo se utilizó para construir cinco
(5) ranchos adicionales para la crianza de pollos y se pagó CC-1999-150 4
con la producción del propio negocio de avicultura del
matrimonio.
En junio de 1983 el Tribunal de Primera Instancia
decretó el divorcio de Montalván Ruiz y Rodríguez Navarro.
Luego de disuelto el matrimonio, se acordó que la señora
Montalván Ruiz residiría con los dos (2) hijos menores de
edad que procreó el matrimonio en una casa propiedad del
padre de Rodríguez Navarro.1 Asimismo, estipularon que
Rodríguez Navarro pagaría todas las deudas del matrimonio,
incluido el balance pendiente del préstamo comercial de
$150,000, el cual se pagaría de lo que produjera el negocio
de crianza de pollos.
Así las cosas, el señor Rodríguez Navarro se encargó
personalmente de la operación del negocio avícola, que
constituía esencialmente el único bien de la comunidad de
bienes posganancial. En 1986, tres (3) años después de
disuelta la sociedad legal de gananciales, el señor
Rodríguez Navarro gestionó un préstamo comercial por la
cantidad de $282,150, cuyo pago se garantizó con los
ingresos del negocio avícola. Este segundo préstamo se
1 Durante la vigencia del matrimonio, la familia Rodríguez Navarro-Montalván Ruiz residió, primero, en una propiedad del señor señor Rodríguez Díaz, padre de Rodríguez Navarro, y luego en otra estructura ubicada en el Barrio Montellano de Cidra perteneciente también a éste mismo. Posteriormente, y hasta la fecha del divorcio, la pareja residió en una casa que construyeron en terrenos del señor Rodríguez Díaz, quien además pagó todos los gastos de la edificación. Esta última es la propiedad que la señora Rodríguez Navarro se queda ocupando de manera gratuita luego del divorcio. CC-1999-150 5
utilizó para la construcción de seis (6) ranchos adicionales
para la crianza de pollos.
Once (11) años después de disuelto el matrimonio, en
agosto de 1994, la señora Montalván Ruiz solicitó ante el
Tribunal de Primera Instancia la disolución de la comunidad
de bienes que mantenía con el señor Rodríguez Navarro.
Sostuvo, (i) que durante el matrimonio adquirieron un solar
en el barrio Montellano de Cidra donde construyeron una
vivienda de bloques y hormigón valorada aproximadamente en
$200,000; (ii) que el señor Rodríguez Navarro retuvo la
administración exclusiva de dicha propiedad, la cual
mantiene arrendada desde entonces; (iii) que el señor
Rodríguez Navarro también administra de manera exclusiva,
desde la fecha del divorcio, el negocio de crianza de pollos
establecido durante la vigencia del matrimonio, que le
servía a la compañía To-Ricos, Inc. como contratista
independiente; (iv) que el valor de los diez (10) ranchos de
crianza de pollos existentes, el equipo y las ganancias del
referido negocio excedía a los $500,000. La señora
Montalván Ruiz también reclamó el cincuenta por ciento (50%)
de la participación sobre el valor y las ganancias del
negocio avícola ascendentes, según alegó y estipuló con la
otra parte, a $631,715 para los años del 1983-1993.
Vistos los argumentos de las partes, el Tribunal de
Primera Instancia resolvió que a la señora Montalván Ruiz le
correspondía el cincuenta por ciento (50%) de los ingresos
netos del negocio avícola, según reportados en las Planillas CC-1999-150 6
de Contribución Sobre Ingresos, de acuerdo a la estipulación
de las partes, luego de deducir el ingreso correspondiente a
los seis (6) ranchos que se construyeron después de disuelto
el matrimonio en 1986 y de deducir, además, el importe del
préstamo de $150,000 que hicieron los ex cónyuges vigente el
matrimonio. Al respecto, el tribunal de instancia expresó
que:
Todos los ingresos de Rodríguez [Navarro] provienen de su trabajo como avicultor y se estipularon a base de las planillas de contribución sobre ingresos de Rodríguez [Navarro] para los años de 1983 a 1993. En estas [sic] sólo se reduce [sic] los intereses pagados de los préstamos, no el principal.
El demandado [Rodríguez Navarro] recibió exclusivamente los beneficios de un negocio de crianza de pollos desde el 1983 al 1993, de lo que tiene derecho la demandante [Montalván Ruiz] a recibir la mitad luego de deducirse la suma proporcional producida por los ranchos que construyó el demandado [Rodríguez Navarro] luego del divorcio (6/16 ó 3/8 partes) y los pagos del principal del préstamo ganancial para el negocio que hizo el demandado al S.B.A. y no se incluyó como deducción para estimar el ingreso neto ($150,000). Por lo tanto, de los $631,715 debemos deducir 3/8 partes correspondientes a los seis ranchones construidos $236,893.12 para un sobrante de $394,821.88. De esta suma procede deducir los $150,000 del préstamo, lo que deja un caudal neto de $244,821.88. Por ende, corresponde a la demandante la suma de $122,410.94.
En cuanto al reclamo de la participación de la señora
Montalván Ruiz en la residencia ubicada en el Barrio
Montellano de Cidra, el foro de instancia resolvió que dicha
propiedad no era ganancial. Determinó que esta propiedad
pertenecía al señor Rodríguez Díaz y a su esposa porque
éstos fueron los que proveyeron el terreno y sufragaron los
gastos de construcción. No conforme con la decisión del CC-1999-150 7
tribunal de instancia, el señor Rodríguez Navarro acudió al
Tribunal de Apelaciones.2 El foro apelativo intermedio
resolvió que, debido a que el pasivo de la sociedad legal de
gananciales excedía los activos al momento de la disolución
del matrimonio, en la actualidad no había bienes que
liquidar entre las partes. Determinó, además, que como el
señor Rodríguez Navarro asumió el pago del balance del
préstamo ganancial de $150,000 de la S.B.A., con ello se
liquidó implícitamente el haber ganancial y el negocio de
crianza de pollos se convirtió en un bien privativo de éste.
Oportunamente, la señora Montalván Ruiz recurrió ante
nos de la decisión del Tribunal de Apelaciones. Vista su
solicitud, expedimos el auto de certiorari solicitado. Con
el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos
a resolver los planteamientos presentados.
II
La sociedad legal de gananciales es el régimen
matrimonial favorecido por nuestro ordenamiento jurídico.
Está principalmente reglamentado por los Arts. 1295 al 1326
de nuestro Código Civil. 31 L.P.R.A. secs. 3621-3624.
Supletoriamente, al régimen de sociedad legal de gananciales
le aplican las disposiciones del contrato de sociedad. Art.
2 Para la fecha de los referidos procedimientos, el ahora Tribunal de Apelaciones se llamaba Tribunal de Circuito de Apelaciones. No obstante, haremos referencia a dicho tribunal como Tribunal de Apelaciones conforme se dispone en la Ley de la Judicatura de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, y el Reglamento Transitorio Para el Tribunal de Apelaciones aprobado el 18 de noviembre de 2003, 2003 TSPR 167. CC-1999-150 8
1298 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 3624. Tiene como causa,
no el ánimo de lucro, como es usualmente el caso de la
sociedad ordinaria, sino la consecución de los fines
particulares del matrimonio. Int’l. Charter Mortgage Corp.
v. Registrador, 110 D.P.R. 862, 866 (1981); García v.
Montero Saldaña, 107 D.P.R. 319, 322 (1978).
Durante la existencia de la sociedad legal de
gananciales, los cónyuges son codueños y coadministradores
de la totalidad del patrimonio matrimonial, sin distinción
de cuotas. “[L]a masa ganancial está compuesta por bienes y
derechos, que estando directa e inmediatamente afectos al
levantamiento de las cargas familiares, son de titularidad
conjunta de los cónyuges sin especial atribución de cuotas”.
Joaquín J. Rams Albesa, La Sociedad de Gananciales, pág. 28
(1992). (Énfasis en el original).
De otra parte, la disolución del matrimonio provoca
ipso facto la extinción de la sociedad legal de gananciales,
pues la causa de esta institución, la consecución de los
propósitos del matrimonio, se desvanece ante la rotura del
vínculo civil entre los cónyuges. “El divorcio lleva
consigo la ruptura completa del vínculo matrimonial y la
separación de propiedad y bienes de todas clases entre los
cónyuges.” Art. 105 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 381.
De esa manera, surge entonces una comunidad de bienes
compuesta por todos los bienes del haber antes ganancial, en
la cual cada partícipe posee una cuota independiente e
alienable con el correspondiente derecho a intervenir en la CC-1999-150 9
administración de la comunidad y a pedir su división. J. L.
Lacruz Berdejo, Elementos de Derecho Civil IV, Derecho de
Familia, Ed. José María Bosch, Madrid, 1997, pág. 353.
No obstante esta separación de bienes y de propiedad
provista con el divorcio y el surgimiento de una comunidad
de bienes, en la práctica, la liquidación de los bienes
comunes entre los ex cónyuges no es necesariamente
contemporánea a la disolución del vínculo matrimonial. A
esos efectos, Manresa explica que:
[Una vez deja de existir la sociedad legal de gananciales,] [m]ezclados y confundidos quedan provisionalmente los intereses de los socios y los de los terceros, el capital privativo y el capital común. Forzosamente ha de venir un período transitorio y anormal hasta tanto que se haga la oportuna liquidación, se separe y deduzca lo que a cada cual corresponde, se averigüe si existen o no ganancias, y se dividan y adjudiquen los bienes, ya determinados, de que cada interesado ha de ser exclusivo propietario. José María Manresa y Navarro, IX Comentarios al Código Civil Español, pág. 861 (6ª ed., 1969). (Énfasis suplido).
Así también lo reconoce nuestra doctrina
jurisprudencial. Calvo Mangas v. Aragonés Jiménez, 115
D.P.R. 219, 228 (1984); García López v. Méndez García, 102
D.P.R. 383, 395 (1974); Vega v. Tossas, 70 D.P.R. 393, 395
(1949). Al decretarse disuelta la sociedad legal de
gananciales, surge una comunidad de bienes ordinaria entre
los ex cónyuges, que se rige, a falta de contrato o
disposiciones especiales, por las normas dispuestas en los
Arts. 326 al 340 de nuestro Código Civil referentes a la
figura de la comunidad de bienes. 31 L.P.R.A. secs. 1271-
1285. García López v. Méndez García, supra, pág. 395. CC-1999-150 10
Véase además, García v. Montero Saldaña, supra, págs. 331-
332; Calvo Mangas v. Aragonés Jiménez, supra, pág. 228.
Se trata de un patrimonio en liquidación que se rige
por normas distintas a las de la sociedad legal de
gananciales. J.L. de los Mozos, Comentarios al Código Civil
y Compilaciones Forales (dirigidos por Manuel Albaladejo),
Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado y Editoriales
de Derecho Reunidas, 1984, Tomo XVIII, pág. 458. Esta
comunidad de bienes posganancial o posmatrimonial existe
hasta que se liquida finalmente la sociedad de gananciales y
puede, por tanto, extenderse indefinidamente, pues la acción
para liquidar la cosa común nunca prescribe. Art. 1865 del
Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5295. No obstante, cabe
mencionar que los ex cónyuges no están obligados a
permanecer en comunidad. Art. 334 del Código Civil 31
L.P.R.A. sec. 1279. Cualquiera de ellos puede pedir la
división de la cosa común en cualquier momento. Id.
Incluso, mientras exista la comunidad de bienes
posganancial, uno de los ex cónyuges puede pedir al tribunal
que se nombre un administrador judicial. Art. 332 del
Código Civil, 31 L .P.R.A. sec. 1277. Podría, además,
ejercer su derecho de coadministrar los bienes comunes y
hasta interponer acciones de desahucio y reivindicación.
Véase, Soto López v. Colón Meléndez, 143 D.P.R. 282 (1997),
nota alcalce número 7.
Conforme a lo anterior, al momento de disolverse la
sociedad de gananciales subsisten sus activos y pasivos, CC-1999-150 11
pero en renglones separados, pendientes de liquidación. Si
esta última operación se pospone, el monto de los activos y
de los pasivos puede variar; pueden producirse frutos,
saldarse deudas, sufrirse pérdidas, obtenerse ganancias o
incurrirse en gastos con relación al caudal común. Por
consiguiente, en la adjudicación final de la participación
que le corresponde a cada ex cónyuge, debe tomarse en
consideración, de acuerdo a la evidencia sometida, si uno de
los ex cónyuges puede interponer frente al otro un crédito
por los cambios y operaciones ocurridas en el haber común.
Igualmente, conforme se dispone en el Art. 328 del Código
Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1273, hay que considerar cualquier
efecto adverso que cualquiera de los ex cónyuges cause al
haber común.3
III
Por su parte, la comunidad de bienes existe “cuando la
propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso
a varias personas”. Art. 326 del Código Civil, 31 L.P.R.A.
3 El artículo citado dispone que:
Cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los copartícipes utilizarlas según su derecho.
De acuerdo a este postulado, los comuneros deben proteger de buena fe el bien común, máxime cuando dicho bien se encuentra de facto bajo su control y administración exclusiva pues llegado el momento de la división, tendrá que entregar lo que por derecho corresponda a cada comunero codueño. González v. Quintana, 145 D.P.R. 463 (1998); López v. Meléndez, 143 D.P.R. 282 (1997). Ello significa que si un partícipe de la comunidad causa algún CC-1999-150 12
sec. 1271. La participación de los comuneros en la
administración de la cosa tenida en común, así como su parte
en el activo y pasivo de esta cosa, será proporcional a sus
respectivas cuotas, que “[s]e presumirán iguales, mientras
no se pruebe lo contrario”. Art. 327 del Código Civil, 31
L.P.R.A. sec. 1272. (Énfasis suplido). Para la liquidación
de la comunidad de bienes se recurre supletoriamente, a su
vez, a las disposiciones sobre la partición de la comunidad
hereditaria. Art. 340 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.
1285. En el caso específico de la comunidad posganancial,
hemos resuelto que los preceptos aplicables a su
liquidación, en atención a los pasos que dispone el Código
Civil, “son las disposiciones relativas a la aceptación de
la herencia a beneficio de inventario y el derecho a
deliberar”. Janer Vilá v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 281,
300 (1964).
De acuerdo al Art. 1322 del Código Civil, la división
de los bienes que componen la comunidad de bienes
posganancial al momento de la disolución del matrimonio, se
hará por partes iguales entre los ex cónyuges.
Específicamente, se provee que luego del inventario y del
pago de los pasivos gananciales, “[e]l remanente líquido de
los bienes gananciales se dividirá por mitad entre marido y
mujer o sus respectivos herederos”. 31 L.P.R.A. sec. 3696.
No obstante, para atenerse a lo que establece el Código
Civil, es forzoso comprender que la igualdad de cuotas -
_______________________ daño al bien común responderá individualmente por el daño CC-1999-150 13
derivada de la equiparación de los cónyuges bajo el régimen
ganancial- es presunta bajo el régimen de comunidad de
bienes y, por tanto, sujeta a rebatirse por prueba
pertinente. Art. 327 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.
1272 (“[s]e presumirán iguales, mientras no se pruebe lo
contrario, las porciones correspondientes a los partícipes
en la comunidad”).
Al tratar el tema de la cuota que finalmente debe
adjudicarse a cada ex cónyuge al dividirse el remanente
líquido de la comunidad posganancial, Díez-Picazo y Gullón
explican que los efectos de dicha comunidad al momento de su
liquidación pueden examinarse desde dos vertientes
distintas. La primera sostiene que, a pesar de haberse
decretado el divorcio, la sociedad legal de gananciales no
se extingue hasta que no se realiza la liquidación. L.
Díez-Picazo y Antonio Gullón, Sistema de Derecho Civil –
Derecho de Familia. Derecho de Sucesiones-, Vol. IV, Ed.
Tecnos, Madrid, 1984, pág. 271. Según los autores citados,
este primer escenario:
[dispone una especie de] sociedad de gananciales continuada, de manera que continúan rigiendo entre los partícipes las mismas reglas de la sociedad. Ello llevaría como consecuencia el que los frutos y rentas de capital y trabajo continuarían incrementando la sociedad y el régimen de responsabilidad, gestión y disposición continuaría siendo el mismo que anteriormente. Esta tesis no parece sostenible. No hay razón para continuar incrementando el patrimonio común con las rentas del trabajo e industria o con las rentas de capital de los bienes que nos sean comunes, sino privativos; y falta toda posibilidad de aplicar las reglas sobre gestión, administración y _______________________ causado. Véase, casos citados anteriormente. CC-1999-150 14
disposición de los gananciales, que presuponen la subsistencia del matrimonio [...].
Por ello, parece más correcto entender que estamos en presencia de un patrimonio colectivo o comunidad de bienes cuya naturaleza se transforma. Es un patrimonio formado por lo bienes que fueron gananciales, cuya titularidad la ostentan los [ex cónyuges] [...]. Id., a la pág. 271-272.
Conforme a esta segunda vertiente, se dispone, entre
otras cosas, que la comunidad de bienes posganancial “no se
ve aumentada con las rentas de trabajo ni con la de capital,
que serán en todo caso privativas” del ex cónyuge que las
produzca. Id., a la pág. 272. Esto implica que en el
inventario que precede la división de la comunidad de bienes
posganancial sólo se incluyen los bienes y frutos del
patrimonio común existentes al momento de la disolución del
matrimonio. J.L. Lacruz Berdejo, Elementos de Derecho
Civil, supra, pág. 361. No obstante, hay que hacer la
salvedad que deberán excluirse del inventario, “en cambio,
cuantos bienes no existan entonces, aunque formaran parte
del consorcio al disolverse [...]. Id. Siguiendo este
mismo razonamiento, se aclara además que las obligaciones
que contraiga cualquier partícipe de la comunidad con
posterioridad a la disolución del matrimonio, recaen sobre
su capital privativo. Id.; M. Rivera Fernández, La Comunidad
Postganancial, Ed. J.M. Bosh Editor, Barcelona, España,
1997, pág. 85.
En cuanto a la situación particular que surge cuando se
adquieren nuevos bienes durante la vigencia de la comunidad CC-1999-150 15
de bienes posganancial con capital procedente de la
comunidad misma, se expresa lo siguiente:
Las soluciones al respecto son dos. La primera es la rigurosa aplicación del principio de subrogación real: el bien adquirido entra a formar parte del patrimonio colectivo, cualquiera que sea el adquiriente, si la contraprestación que se paga procedía de aquél. La segunda solución es entender que el adquiriente se hace deudor de la sociedad por el valor de los bienes de que dispuso para adquirir, pero que el bien adquirido es suyo propio. Id., a la pág. 273.
Con relación a esto, Manuel Rivera Fernández sostiene
en su obra La Comunidad Postganancial que en los casos en
que uno de los copartícipes de la comunidad posganacial
adquiere para sí otros bienes con fondos comunes, ésta nueva
adquisición le pertenece a dicho comunero exclusivamente,
sin perjuicio del “crédito a favor de la comunidad
posganacial por el importe actualizado de los fondos comunes
utilizados”. M. Rivera Fernández, supra, a la pág. 82. De
esta manera se rechaza la aplicación de la doctrina de
subrogación real cuando no existe una sociedad de
gananciales. Id., a la pág. 83. “[E]l que se apropi[a] de
frutos o rentas comunes, debe, simplemente, devolverlas,
pero no está obligado a más, conservando el dominio de lo
adquirido.” Id. a la págs. 79-80. Al respecto, se explica
además que:
[...] la subrogación real opera constante la sociedad legal de gananciales [...], algo lógico ante la existencia de un patrimonio con un particular destino: levantamiento de las cargas del matrimonio y participación de los cónyuges en los beneficios derivados del consorcio. Pero no existe apoyo legal que nos induzca a afirmar su operatividad una vez disuelta ésta. Por CC-1999-150 16
ello, estimamos que debe primar la titularidad formal, a menos que una regla disponga la subrogación real. De este modo, la adquisición practicada debe estimarse en todo momento privativa, quedando siempre a salvo la obligación de devolver, en su caso, con intereses lo que tomó prestado, y con independencia en la responsabilidad en que hubiese incurrido por haber tomado dinero, sin tomar en consideración a los demás, de una comunidad de la que él sólo era uno de los partícipes. Id., a la pág. 83.
En vista de todo lo anterior, la división de los bienes
adquiridos, vigente el matrimonio, bajo el régimen ganancial
y la de los frutos correspondientes resulta sencilla de
efectuarse rápidamente después de la disolución del
matrimonio. En tanto se prolongue la existencia de la
comunidad posganancial, no obstante, se complica el cálculo
de las cuotas, particularmente si uno solo de los cónyuges
dedica su esfuerzo y trabajo al mantenimiento y acrecimiento
del haber común. M. Rivera Fernández, supra, a la págs. 9,
111.
Cuando la liquidación de los bienes gananciales se
realice una vez disuelto el vínculo matrimonial, la
proporción correspondiente a cada ex cónguye es en partes
iguales. Ahora, si se mantiene la indivisión de la
comunidad, dicha proporción puede variar, ya sea por el
aumento en el valor de los bienes incluidos en el inventario
original, por el aumento en su nivel de producción de
frutos, o por nuevas adquisiciones.
En este último caso, en el que no se liquida la
comunidad de bienes inmediatamente cuando termina el
matrimonio, al determinarse la participación de cada ex CC-1999-150 17
cónyuge es preciso distinguir entre el valor de los bienes
existentes al momento de la disolución de la sociedad legal
de gananciales vis a vis el valor al momento de su
liquidación. Hay que examinar entonces el cambio –aumento o
disminución- en el valor al momento de la liquidación que se
da como consecuencia del mero pasar del tiempo o la
naturaleza misma de la cosa en común y el aumento en el
valor de estos mismos bienes, o el aumento de los frutos
producidos por éstos, que se deban a la gestión exclusiva de
uno de los ex cónyuges.
En caso de desigualdad en las aportaciones o gestiones
que realice cada uno de los ex cónyuges, la presunción de
equivalencia de cuotas en la comunidad posganancial podría
ser rebatida, mediante prueba de que algunos o todos los
frutos de los bienes habidos en común o el aumento en el
valor de la cosa en común per se son producto de la labor
exclusiva de uno de los ex cónyuges, o más de uno que del
otro. En esas circunstancias, el aumento en el valor de los
bienes o en su producción de frutos se dividirá conforme a
las aportaciones de gestión y trabajo de cada ex cónyuge a
la cosa en común. De otra parte, el aumento en el valor del
haber común o el aumento en el nivel de su producción de
frutos luego de disuelto el matrimonio que sea resultado del
mero pasar del tiempo, corresponde a ambos comuneros por
partes iguales.
Esta norma responde al hecho de que una vez disuelto el
matrimonio, los ingresos de un ex cónyuge producidos por su CC-1999-150 18
esfuerzo y trabajo no son gananciales. Al concluir la
sociedad legal de gananciales, se forma con los bienes
existentes hasta ese momento una comunidad ordinaria, la
cual no se rige por las normas de la sociedad legal de
gananciales. Por ende, los bienes que cada ex cónyuge
produzca de ahí en adelante son privativos. Véase, Soto
López v. Colón Meléndez, 143 D.P.R. 282 (1997); Raúl Serrano
Geyls, Derecho de Familia de Puerto Rico y Legislación
Comparada, Ed. U.I.A., San Juan, P.R., Vol. I, 1997, pág.
457. Lo anterior supone que, disuelta la sociedad de
gananciales, los frutos de los bienes privativos y los
ingresos procedentes del trabajo o industria de los ex
cónyuges dejan de ser comunes. J.L. de los Mozos, supra,
pág. 457. Como consecuencia lógica cesa, además, la
presunción de ganancialidad que dispone el Art. 1307 del
Código Civil. 31 L.P.R.A. 3647.4 Id. Por lo tanto, si
luego de disuelto el matrimonio el aumento en el valor de
los bienes en comunidad o el aumento en la producción de
frutos se debe a la gestión exclusiva de uno de los ex
cónyuges, dicho aumento no puede adjudicarse automáticamente
como parte de la propiedad en común. Se trata de una
participación que le corresponde privativamente en su
totalidad al ex cónyuge que la produjo con su trabajo
individual.
4 Dicho artículo dispone que “[s]e reputan gananciales todos los bienes del matrimonio, mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al marido o a la mujer”. CC-1999-150 19
Con relación a esto, la profesora Fraticelli Torres
explica que:
La división de los bienes de la sociedad por mitad, como norma mandatoria, se dará sobre el activo inventariado a la fecha de la disolución de la sociedad, pero, si la liquidación no se da con premura, no debe ser necesariamente esa proporción en que ha de repartirse lo que se produzca a partir de ese avalúo, ya sea por nuevas adquisiciones o por el incremento en valor de los bienes incluidos en el inventario original. La importancia de establecer esta distinción consiste en que la distribución del exceso o incremento no necesariamente es igual bajo un régimen de gananciales que bajo el régimen de comunidad ordinaria. La participación por mitad en los bienes que genere la comunidad es presunta, y puede cualquiera de ellos probar que el aumento en valor se debe a participaciones y esfuerzos desiguales de los comuneros en la gestión de los bienes después de la disolución. (Énfasis suplido). Migdalia Fraticelli Torres, Un nuevo acercamiento a los Regímenes económicos en el Matrimonio: La sociedad legal de Gananciales en el Derecho Puertorriqueño, 29 Rev. Jur. U.I.P.R. 413, 506-507 (1995)
De igual forma se pronuncia el profesor Rams Albesa,
quien añade además la necesaria sugerencia de remitir los
conflictos sobre valoración del trabajo en pro de la
comunidad y la adjudicación de los frutos de éste a los
tribunales de instancia.
Esta comunidad [posganancial] estará integrada por los bienes que en el momento de la disolución de la sociedad de gananciales –coincidente con el del nacimiento de esta específica comunidad— constituían el activo de la masa común y, por los frutos netos que estos bienes produzcan, consecuentemente se incluirán en ella los subrogados a que dé lugar el tráfico de unos y otros. Se trata, en todo caso, de mantener un contenido lo más estático posible, aunque sin impedir, en modo alguno, el natural desenvolvimiento de la actividad económica, por lo que habrán de continuarse las operaciones pendientes. CC-1999-150 20
No obstante lo anterior, resulta muy difícil determinar a quién y en qué proporción, en su caso, corresponden los resultados obtenidos en las operaciones y trabajos en curso en el momento de la disolución, por lo que en los escasos supuestos de conflicto entre los copartícipes habrá de reconocerse un alto grado de discrecionalidad al juzgador de instancia en la valoración de las pruebas y argumentos en pro y en contra que se le ofrezcan por las partes en conflicto. El pasivo vendrá constituido por el que lo fuera común también al tiempo de la disolución del consorcio y por el que se genere, como en cualquier comunidad, por la administración de los bienes y derechos que la constituyan; en este sentido se admite por la generalidad que el administrador tiene un efectivo derecho a que su trabajo se remunere. Joaquín J. Rams Albesa, La Sociedad de Gananciales, págs. 418-419 (1992). (Énfasis suplido).
El trabajo de cada ex cónyuge, demás está decir, es la
propiedad individual por antonomasia, por lo que procede
valorarse como tal. Resolver de otro modo conllevaría la
desvalorización del valor intrínseco del trabajo del ser
humano, del sudor y del esfuerzo, que merecen igual o mayor
consideración que la impersonal aportación pecuniaria.5
Esta aportación que hace un ex cónyuge a la
administración y desarrollo de la comunidad posganancial
mediante su trabajo y gestión debe distinguirse de la
obligación que tienen los comuneros de contribuir a la
conservación del haber común. Véase Art. 329 del Código
5 En el contexto de alimentos a hijos comunes hemos resuelto similarmente “que la labor personal de un cónyuge que al administrar la pensión la convierte y destina a todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica de sus hijos (Art. 142 Código Civil) debe estimarse como descargo de su propia obligación de alimentar y constituye elemento apreciable por el juzgador al dirimir la reclamación de crédito entre alimentantes solidarios”. Mundo v. Cervoni, 115 D.P.R. 422 (1984). CC-1999-150 21
Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1274. Ningún comunero está obligado
a desarrollar la cosa en común de manera que produzca frutos
en exceso de los que se producirían por el mero pasar del
tiempo. Incluso, de optar por hacerlo, dicho comunero
respondería individualmente si ocasiona algún menoscabo al
bien común. Art. 328 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.
1273. González v. Quintana, supra; López v. Meléndez,
supra. Por lo tanto, si un ex cónyuge se dedica a
acrecentar con su gestión y trabajo la comunidad de bienes
posganancial, debe entenderse que su esfuerzo personal va
dirigido a beneficiar su haber privativo en la porción que
le corresponde de dicha comunidad.
En resumen, las cuotas de los ex cónyuges en la
comunidad posganancial -antes de inventariar los activos y
pasivos, computar los posibles créditos que uno u otro ex
cónyuge tenga contra la sociedad, determinar si hay deudas
privativas incurridas durante el matrimonio, etc.- se
presumen iguales al momento de disolverse la sociedad de
gananciales. Esta presunción es rebatible respecto a las
situaciones mencionadas anteriormente, y también sobre toda
deuda, gasto, esfuerzo o crédito legítimo incurrido durante
el período de vida transitorio de la comunidad posganancial.
Procedería entonces valorar el incremento o la disminución
del haber posganancial, según sea el caso, que corresponda a
la aportación real o gestión de cada uno de los ex cónyuges
para así determinar el cambio, de haber alguno, en la
proporcionalidad de las cuotas de cada comunero. CC-1999-150 22
Vista la normativa anterior, veamos los hechos del
presente caso.
IV
El 17 de junio de 1983, fecha en que se decretó el
divorcio y simultánea disolución de la sociedad legal de
gananciales compuesta por Montalván Ruiz y Rodríguez
Navarro, las deudas del patrimonio ganancial sobrepasaban
los activos.6 De haberse entonces liquidado la sociedad,
cada ex cónyuge habría tenido que asumir, en igual
proporción, tanto los activos como los pasivos del
patrimonio adquirido vigente su matrimonio. Sin embargo, al
posponerse la liquidación por más de diez años,7 se abrió
paso a las fluctuaciones naturales que todo negocio ha de
experimentar en el mercado.
El resultado de estas fluctuaciones es el objeto de la
presente controversia. A estos efectos cabe recalcar que
los deberes del ex cónyuge que conserva la administración de
un negocio en marcha tenido en comunidad pos ganancial, no
son más ni menos que los de cualquier otro comunero respecto
a un bien objeto de tal forma de propiedad: “servirse de
las cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme a
su destino y de manera que no perjudique el interés de la
comunidad, ni impida a los copartícipes utilizarlas según su
6 La pareja estuvo casada desde el 23 de marzo de 1975. 7 El divorcio se decretó en 1983 y Montalván Ruiz presentó la demanda de división de bienes en 1994. CC-1999-150 23
derecho”, no “hacer alteraciones en la cosa común” sin
mediar el consentimiento de los demás y contribuir a los
gastos de conservación de la cosa común de acuerdo a su
participación en la comunidad. 31 L.P.R.A. secs. 1273,
1274, 1276. No existe deber alguno de contribuir a
incrementar el valor de la cosa. Cualquier participación o
esfuerzo que conlleve tal incremento trasciende la
obligación mínima de los comuneros, por lo que se crea un
derecho de remuneración para el mayor contribuyente.
V
A
Entendemos entonces que el foro apelativo intermedio
actuó correctamente en cuanto reconoció -a base de las
diferencias entre la sociedad legal de gananciales y
comunidad posganancial- que las ganancias que se derivaron
de bienes originalmente gananciales después de la disolución
de la sociedad no son automáticamente divisibles por mitad
sin tomar en consideración las aportaciones de cada uno de
los ex cónyuges durante la existencia de la comunidad. Así
subsanó, en parte, el error del tribunal de instancia, que
adjudicó sin más, la mitad de las ganancias del negocio de
crianza de pollos a la señora Montalván Ruiz.
De los principios que rigen la comunidad de bienes, se
desprende que la aportación de los comuneros en la comunidad
posganancial afecta la adjudicación final del haber común.
Esta norma aplica y afecta dicha distribución final de la
comunidad posganancial de manera independiente al crédito CC-1999-150 24
que puede surgir a favor del ex cónyuge que se ha
desempeñado como único administrador de los bienes en
comunidad, el cual es resultado de la compensación debida
por la contribución desigual de labores. Ante esta realidad
jurídica, un posible remedio sería asignarle un sueldo o
retribución razonable al señor Rodríguez Navarro como
administrador del negocio de avicultura y distribuir los
bienes adquiridos durante la vigencia de la sociedad legal
de gananciales y aquellos adquiridos con el trabajo y
gestión exclusiva del señor Rodríguez Navarro, luego de
disuelta dicha sociedad, en partes iguales.
Lo anterior, sin embargo, sería un remedio incompatible
con nuestro ordenamiento civilista pues extiende
indefinidamente el régimen económico de sociedad de
gananciales después de disuelto el matrimonio. Ello tendría
el efecto de mantener a las partes “casadas” para efectos de
su propiedad y bienes, a pesar de su divorcio. No habría
entonces diferencia en la manera en que se han de dividir
los bienes bajo el régimen de gananciales y bajo el régimen
de comunidad de bienes. De igual forma, sería injusto
tratar la labor del señor Rodríguez Navarro en el negocio de
avicultura como una gestión de un negocio ajeno. Dicha
labor se trata mas bien de una asunción exclusiva de los
deberes y gastos del negocio común por parte de uno de los
copropietarios que resultó, en el presente caso, en el
acrecimiento de la empresa y la producción de frutos. CC-1999-150 25
Sin dudas, la señora Montalván Ruiz tiene derecho a
reclamar que el señor Rodríguez Navarro reintegre al haber
comunal los frutos y utilidades que hubiere tomado en exceso
a su cuota, de ser éste el caso. Sin embargo, previo a esa
determinación, será necesario delimitar cuál es la justa
proporción de cuotas entre los ex cónyuges al momento de
liquidar la sociedad, i.e. si en el transcurso de estos
veinte (20) años de indivisión se ha rebatido la presunción
inicial de igualdad de cuotas que establece el Código Civil.
A este fin, el señor Rodríguez Navarro tiene derecho a
reclamar de la señora Montalván Ruiz una contribución
equivalente a la mitad de los gastos de conservación y
administración del negocio, incluso la mitad del justo valor
de su labor como administrador, incurridos en los años en
los que se mantuvo en comunidad posganancial, si esa es la
participación que finalmente se le adjudica. Para ella
eximirse de alguna parte de esa reclamación, deberá
renunciar a la correspondiente parte de la comunidad que le
pertenece en dominio. Así lo dispone el Art. 329 del Código
Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1274.
B
Debe tomarse en cuenta, por supuesto, que el bien común
administrado tiene un valor inicial, separado de la labor de
administración, y que no empece cualquier gestión de buena o
mala administración, continúa siendo común. El aumento en
el valor del bien por razón de una buena administración
corresponde a los comuneros en proporción a sus cuotas; la CC-1999-150 26
disminución en el valor, por mala administración, corre por
cuenta del comunero que la administró mal.
No obstante, la ganancia del negocio de crianza de
pollos no es un aumento en el valor de los ranchos que en su
origen eran gananciales. Ello se trata de un fruto
industrial, que se percibirá de acuerdo, no sólo a las
cuotas de los partícipes, sino también a la aportación
privativa invertida en su obtención, esto es, en este caso,
al trabajo personal y aportación económica privativa del
señor Rodríguez Navarro.
VI
Conforme a lo anterior, pasemos a determinar cómo deben
adjudicarse las participaciones del señor Rodríguez Navarro
y la señora Montalván Ruiz en vista de los hechos ante nos.
A. Los cinco (5) ranchos iniciales construidos por el
Sr. Tomás Rodríguez Díaz
Los cinco (5) primeros ranchos de crianza de pollos
fueron construidos a costa del padre del demandado, señor
Rodríguez Díaz. Como bien indicó el foro apelativo, no se
cumple el requisito de haber sido “adquiridos por título
oneroso durante el matrimonio a costa del caudal común, bien
se haga la adquisición para la comunidad, bien para uno sólo
de los esposos”. Art. 1301 del Código Civil, 31 L.P.R.A.
sec. 3641. Por tanto, el valor de estos primeros cinco (5)
ranchos de crianza de pollos no puede estimarse ganancial.
No obstante, el señor Rodríguez Navarro devengaba un
beneficio económico de la administración de esos cinco (5) CC-1999-150 27
ranchos, y este beneficio era ganancial por haberse
“obtenido[] por la industria, sueldo o trabajo de los
cónyuges o de cualquiera de ellos”. 31 L.P.R.A. sec. 3641.
Al disolverse la sociedad de gananciales, sin embargo, cesa
el carácter ganancial de los ingresos de los cónyuges y cada
uno devenga beneficio económico de su empresa para sí.
En conclusión, los primeros cinco (5) ranchos no son y
nunca fueron gananciales, sino propiedad de Tomás Rodríguez
Díaz. No obstante, el señor Rodríguez Navarro administraba
estos ranchos y, por su labor y esfuerzo, devengaba un
beneficio económico. La porción de ese beneficio devengado
durante la duración del matrimonio es ganancial. Aquella
devengada después de disuelto el matrimonio es privativa,
pues dichos cinco (5) ranchos no forman ni formaron parte
del haber ganancial ahora mantenido en comunidad. En vista
de ello, en cuanto a estos cinco primeros ranchos, le
corresponde a la demandada únicamente la mitad de la porción
del beneficio económico devengado en concepto de la labor
del señor Rodríguez Navarro como administrador de estos
cinco (5) ranchos desde su construcción hasta el momento del
divorcio, que no hubiese sido consumida por los cónyuges
durante el matrimonio.
B. Los ranchos construidos durante el matrimonio
Los cinco (5) ranchos construidos posteriormente,
vigente el matrimonio, con el dinero del préstamo del S.B.A.
eran gananciales. Por ello, la mitad del valor de la
estructura física de los ranchos y del valor del negocio en CC-1999-150 28
sí de estos cinco (5) ranchos al momento de la disolución
del matrimonio le corresponde a la señora Montalván Ruiz.
De igual forma, le corresponde la mitad del aumento en el
valor de dicha propiedad inmueble y del negocio en sí que se
deba al mero pasar del tiempo. Claro está, luego de que se
sustraigan los gastos de conservación y mantenimiento y
demás costos del negocio. Demás está decir, que todas las
ganancias obtenidas de la operación de los ranchos durante
el matrimonio son gananciales y a ella corresponden por
mitad.
En cuanto a las ganancias obtenidas en la operación de
estos cinco (5) ranchos gananciales luego de disuelto el
matrimonio, a Montalván Ruiz le corresponde el cincuenta por
ciento (50%) de las ganancias resultantes de la producción
existente al momento del divorcio hasta el día en que sea
efectiva la división de bienes. Esto es, para computar la
participación en las ganancias de Montalván Ruiz debe
considerarse cuál era la producción al momento del divorcio
de estos cinco ranchos y computarse las ganancias resultado
de dicho nivel de producción hasta la fecha de división de
la comunidad de bienes en cuestión. De esa cantidad, a
Montalván Ruiz le corresponde el cincuenta por ciento (50%).
Aquí no hay que descontar gastos de conservación y
mantenimiento porque para llegar al cómputo de las ganancias
ya esa deducción, como los restantes costos y deudas CC-1999-150 29
atribuibles a estos ranchos en particular,8 debió de haberse
hecho en la proporción correspondiente. Como parte de
dichas deducciones, además, debe incluirse el pago al señor
Rodríguez Navarro de una cantidad por su labor al
administrar la participación de la señora Montalván Ruiz en
este negocio, equivalente a la mitad del salario promedio
que recibiría un administrador de cinco ranchos como éstos.9
Valga señalar que cualquier ganancia resultado del
aumento en el valor del negocio en sí o el aumento en la
producción de estos cinco ranchos que exceda la capacidad de
producción o valor del negocio existente al momento del
divorcio, que se demuestre se deba a la gestión de Rodríguez
Navarro, le corresponde a éste exclusivamente. Ello es el
resultado de la norma que establece que la distribución del
exceso o el incremento en la comunidad de bienes no
necesariamente es igual bajo el régimen de gananciales que
bajo el régimen de comunidad ordinaria. En la comunidad
ordinaria, los comuneros trabajan para su beneficio
individual. La demostración de que hubo inversión de
esfuerzo y gestión desigual de los comuneros rebate la
8 Como, por ejemplo, el pago del principal del préstamo ganancial a S.B.A. 9 A Rodríguez Navarro le corresponde recibir sólo la mitad del salario promedio que recibiría un administrador de cinco ranchos como los aquí en cuestión, debido a que en su labor como administrador él también administraba su participación en el negocio, esto es, el cincuenta por ciento (50%) de la operación comercial de estos cinco (5) ranchos. CC-1999-150 30
presunción de participación por la mitad en la comunidad de
bienes.
Claro está, si la capacidad de producción de estos
cinco (5) ranchos y el valor del negocio en sí son los
mismos a la fecha de distribución de los bienes en comunidad
que la existente al momento del divorcio, o si el aumento en
estas partidas se debe a factores ajenos a la gestión
personal del señor Rodríguez Navarro, entonces su
distribución debe ser de igual forma por la mitad.
Por último, al determinar la participación de Montalván
Ruiz en las ganancias de estos cinco (5) ranchos adquiridos
con una deuda ganancial, además, se le deberá abonar a ésta
un crédito por concepto del pago de intereses por el uso del
dinero que le correspondía como copropietaria del negocio y
que Rodríguez Navarro retuvo. Para ello, se deberá calcular
la cantidad que Montalván Ruiz hubiese recibido anualmente
si Rodríguez Navarro hubiese optado por distribuir las
ganancias que el negocio en su momento produjo conforme a
las cuotas de cada codueño, según se determinen de acuerdo a
los criterios antes enunciados. Véase a esos efectos, Soto
López v. Colón Meléndez, supra.10 Como no lo hizo, deberá
10 En este caso, se resolvió que la participación de un ex cónyuge en la administración y disfrute de la comunidad de bienes posganancial es un derecho propio que puede hacerse valer sin que se tenga que evidenciar el requisito de “necesidad” provisto para los casos de alimentos. Se determinó que no procedía concederle pensión alimentaría a la ex cónyuge pues ésta poseía bienes suficientes para vivir consistentes en su participación en la comunidad de bienes posganancial. Así, se concluyó que un ex cónyuge partícipe de una comunidad posganancial, aunque no tiene derecho a recibir “alimentos” de su ex cónyuge por contar CC-1999-150 31
pagar intereses al por ciento entonces vigente en el mercado
por el uso del dinero que le pertenecía a Montalván Ruiz y
que él utilizó para desarrollar su participación en el
negocio. De esta forma, en estos casos particulares de
comunidad posganancial, se hace justicia a aquel comunero
que tolera que su capital sea utilizado para el
enriquecimiento exclusivo del otro comunero, y no se premia
a quien teniendo el control absoluto de la comunidad de
bienes no opta por dividirla.
C. Los ranchos construidos después del divorcio
Por último, tanto el valor como la ganancia de los seis
(6) ranchos construidos después del divorcio ha de
presumirse privativo del demandado Rodríguez Navarro. Este
resultado responde a que, como explicamos anteriormente, una
vez disuelta la sociedad legal de gananciales, los bienes
que cada ex cónyuge produzca de ahí en adelante son
privativos y, por consiguiente, no procede aplicar la
doctrina de subrogación real en estos casos. En vista de
ello, a la comunidad de bienes posganancial no le
_______________________ con bienes suficientes para vivir, sí tiene derecho como comunero a recibir del ex cónyuge administrador de la comunidad de bienes una suma líquida periódica, la cual se ajustará en el momento en que se liquide la comunidad. Ello como parte del disfrute de los bienes en comunidad a que todo comunero tiene derecho.
Al respecto se citó el Art. 333 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1278, que dispone que:
[t]odo condueño tendrá la plena propiedad de su parte y la de los frutos y utilidades que le correspondan, pudiendo en su consecuencia enajenarla, cederla o hipotecarla, y aun sustituir otro en su aprovechamiento[...]. CC-1999-150 32
corresponde la titularidad de los bienes adquiridos para sí
por uno de sus partícipes, aun cuando se obtuvieron con los
frutos de la comunidad. M. Rivera Fernández, supra. Estos
ranchos se tratan de bienes adquiridos por Rodríguez Navarro
con su trabajo y el capital que él mismo gestionó. Por
consiguiente, independientemente de la fuente de ingreso que
le facilitó desarrollar esta industria, la propiedad y las
ganancias producidas por esta partida le corresponden a éste
privativamente en su totalidad pues las produjo con su
trabajo individual. Estos ranchos deben entenderse como un
beneficio económico personal para el señor Rodríguez
Navarro, por lo que, de haber empleado para el pago del
préstamo obtenido para su construcción una cantidad de
bienes mayor a la que le correspondía como comunero, habrá
de resarcir el exceso.
VII
En resumen, resolvemos que cuando se mantiene la
indivisión de la comunidad de bienes posganancial por cierto
tiempo después del divorcio, su liquidación no tiene que ser
automáticamente por partes iguales. En estos casos, la
presunción legal que dispone nuestro ordenamiento civilista
de que dicha división debe hacerse en partes iguales puede
ser rebatida por cualquiera de los ex cónyuges si se
demuestra que el aumento en el valor del bien común o en el
nivel de producción de los frutos industriales se debe a la
gestión y trabajo de uno solo de los comuneros. CC-1999-150 33
Por lo tanto, se revoca la sentencia dictada por el
Tribunal de Apelaciones y se remite el caso de autos al
Tribunal de Primera Instancia para que continúen los
procedimientos de forma compatible con lo aquí dispuesto.
FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON Juez Asociado CC-1999-150 34
v. CC-1999-150 Certiorari
Tomás Rodríguez Navarro
Demandado- Recurrido
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integral de la presente, se revoca la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones y se remite el caso de autos al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos de forma compatible con lo aquí dispuesto.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta señora Naveira Merly emitió Opinión Disidente.
Patricia Otón Olivieri Secretaria del Tribunal Supremo CC-1999-150 35
Peticionaria
v. CC-1999-150 Tomás Rodríguez Navarro
Recurrido
Opinión Disidente emitida por la Jueza Presidenta Señora NAVEIRA MERLY
San Juan, Puerto Rico a 23 de marzo de 2004
El recurso ante nos plantea una de las
controversias que frecuentemente se suscitan cuando
quedan disueltos los lazos de afecto y solidaridad en un
matrimonio: la liquidación de la comunidad de bienes que
surge al dejar de existir la sociedad legal de
gananciales por razón de haberse decretado el divorcio.
Por entender que la conclusión a que llega la
mayoría del Tribunal despoja a un comunero de su derecho
de propiedad, al reconocer una participación mayor al
condueño que ha tenido el control absoluto de lo bienes
del caudal, disentimos. CC-1999-150 36
A continuación detallaremos al trasfondo fáctico y procesal
que da lugar al presente recurso.
El Sr. Tomás Rodríguez Navarro y la Sra. Carmen I. Montalván
Ruiz contrajeron matrimonio el 23 de marzo de 1975 bajo el régimen
de sociedad legal de gananciales. Al momento del matrimonio ambos
eran estudiantes a tiempo completo, por lo cual dependían
económicamente del padre del señor Rodríguez Navarro, Don Tomás
Rodríguez Díaz (en adelante Don Tomás), y residían en una estructura
y terreno propiedad de este último. Posteriormente y coetáneo al
nacimiento de su primera hija, el matrimonio se trasladó a otra
residencia también propiedad de Don Tomás, ubicada en el Barrio
Montellano de Cidra.
Entre 1977 y 1978 el matrimonio Rodríguez-Montalván comenzó a
operar un negocio de avicultura con la ayuda de Don Tomás, quien
costeó los materiales y la mano de obra para la construcción de
cinco (5) ranchos destinados a la crianza de pollos. Los ranchos
fueron levantados en la misma finca donde ubicaba la residencia
conyugal. En 1980 el matrimonio obtuvo un préstamo comercial de la
Administración de Pequeños Negocios (en adelante S.B.A., por sus
siglas en inglés) por la cantidad de $150,000.00 para el negocio de
avicultura.11 Para la obtención de dicho préstamo Don Tomás y su
esposa, Doña Manuela Navarro Barros, comparecieron como codeudores
garantizando la deuda con una hipoteca sobre un inmueble de su
propiedad. El dinero del préstamo fue utilizado en su totalidad
11 Ésta es una agencia federal que se dedica principalmente a ayudar a pequeños negocios concediendo préstamos a intereses bajos y ofreciendo ayuda técnica. CC-1999-150 37
para la construcción de cinco (5) ranchos adicionales para el
negocio de avicultura. Este préstamo se pagó con los ingresos del
negocio avícola del matrimonio Rodríguez-Montalván.12 Durante ese
mismo año dicho matrimonio construyó una nueva residencia en un
terreno propiedad de Don Tomás, quien sufragó todos los gastos de
edificación.
Así las cosas, mediante sentencia de 17 de junio de 1983, se
decretó el divorcio del matrimonio Rodríguez-Montalván por la causal
de separación. De esta forma quedó disuelta la sociedad legal de
gananciales y surgió una comunidad de bienes compuesta por los ex
cónyuges. En el proceso de divorcio se acordó que la señora
Montalván Ruiz continuaría residiendo con los dos (2) hijos menores
de edad habidos durante el matrimonio “en [la] propiedad ganancial
de ambos, demandante y demandado”.13 Además, se acordó que el señor
Rodríguez Navarro asumiría el pago de todas las deudas del
matrimonio.14 El préstamo comercial de $150,000.00 de la S.B.A. se
continuaría pagando con los ingresos del negocio avícola.
Luego de decretado el divorcio, y de haber dejado de existir la
sociedad de gananciales, el señor Rodríguez Navarro asumió el
control absoluto y la administración de la comunidad de bienes,
constituida principalmente del negocio de avicultura. Esto le
permitió disponer de todos los ingresos de dicho negocio.15 La
señora Montalván Ruiz, por su parte, se trasladó a residir de forma
12 Transcripción de la vista en su fondo, testimonio del señor Rodríguez Navarro, pág. 123. 13 Así se expresó en la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, el 8 de octubre de 1997. 14 Esta información surge de la sentencia emitida por el foro apelativo intermedio, de la cual se recurre. 15 Transcripción, supra, pág. 211. CC-1999-150 38
gratuita junto a sus dos (2) hijos a un inmueble propiedad de Don
Tomás. El 7 de agosto de 1986 el señor Rodríguez Navarro, dentro de
sus gestiones como único administrador del negocio, obtuvo para éste
un préstamo comercial de la Corporación de Crédito y Desarrollo
Comercial (en adelante C.C.D.C.) por la cantidad de $282,150.00, a
ser pagado con los ingresos del negocio avícola. Esta suma fue
invertida para ampliar el negocio mediante la construcción de seis
(6) ranchos adicionales de avicultura. Para diciembre de 1993 el
balance de este préstamo era de $198,726.50.
El 5 de agosto de 1994, aproximadamente diez (10) años después
de la disolución del matrimonio, la señora Montalván Ruiz presentó
una demanda ante el tribunal de instancia en la que, aunque se hace
referencia a la liquidación de la sociedad legal de gananciales,
realmente se trata de la liquidación de la comunidad de bienes
postganancial de los ex cónyuges Montalván Ruiz y Rodríguez Navarro.
Alegó, en síntesis: (1) que durante el matrimonio las partes
adquirieron bienes muebles e inmuebles que gozaban de la naturaleza
de gananciales; (2) que entre tales bienes se encuentra un solar
donde fue construida una estructura de bloques y hormigón dedicada a
vivienda, localizada en el Barrio Montellano, valorada
aproximadamente en $200,000.00, que quedó bajo el dominio y
administración del señor Rodríguez Navarro desde el 1985 y que éste
ha mantenido arrendada desde esa fecha; (3) que luego de decretado
el divorcio el señor Rodríguez Navarro ha tenido bajo su control y
dominio el negocio de avicultura que establecieron los ex cónyuges
durante el matrimonio compuesto de diez (10) ranchos con maquinaria
y equipo para la crianza de pollos que mantenía como contratista
independiente con la Compañía To-Ricos, Inc.; (4) que el valor de
los ranchos, el equipo y las ganancias del negocio excedían la CC-1999-150 39
cantidad de $500,000.00; (5) que los bienes muebles adquiridos
durante el matrimonio quedaron bajo el absoluto control y dominio
del señor Rodríguez Navarro; (6) que el valor total de los bienes de
la comunidad excedía la cantidad de $500,000.00. Además, la señora
Montalván Ruiz reclamó la participación del cincuenta por ciento
(50%) sobre el valor y las ganancias del negocio avícola ascendentes
a $631,715.00 para el período comprendido entre 1983 y 1993.
Luego de aquilatar los argumentos de las partes, el foro de
instancia emitió sentencia el 8 de octubre de 1997 y determinó que:
Rodríguez [Navarro] tuvo ingresos netos de
$631,715 de 1983 a 1993 y la reclamación de la
demandante [señora Montalván Ruiz] se limita a esos
años. Todos los ingresos de Rodríguez provienen de su
trabajo como avicultor y se estipularon a base de las
planillas de contribución sobre ingresos de Rodríguez
para los años de 1983 a 1993. En estas [sic] sólo se
reduce [sic] los intereses pagados de los préstamos, no
el principal.
El demandado [Rodríguez Navarro] recibió
exclusivamente los beneficios de un negocio de crianza
de pollos desde el 1983 al 1993, de lo que tiene derecho
la demandante [Montalván Ruiz] a recibir la mitad luego
de deducirse la suma proporcional producida por los
ranchos que construyó el demandado [Rodríguez Navarro]
luego del divorcio (6/16 ó 3/8 partes) y los pagos del
principal del préstamo ganancial para el negocio que
hizo el demandado al S.B.A. y no se incluyó como
deducción para estimar el ingreso neto ($150,000). Por CC-1999-150 40
lo tanto, de los $631,715 debemos reducir 3/8 partes
correspondientes a los seis ranchones construidos
$236,893.12 para un sobrante de $394,821.88. De esta
suma procede deducir los $150,000 del préstamo, lo que
deja un caudal neto de $244,821.88. Por ende,
corresponde a la demandante la suma de $122,410.94.
(Énfasis suplido y citas omitidas.)
Con relación a la residencia construida durante el
matrimonio, el foro sentenciador determinó que no era ganancial.
Resolvió que pertenecía a Don Tomás y su esposa por haber sido
éstos quienes sufragaron los gastos para su edificación.
De esta determinación recurrió el señor Rodríguez Navarro
ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones (en adelante Tribunal
de Circuito). El foro apelativo, mediante sentencia de 26 de
enero de 1999, revocó la emitida por el foro de instancia y
resolvió que al ser superior el pasivo de la sociedad legal de
gananciales a su activo a la fecha de su disolución, no existían
bienes que liquidar. De otra parte, determinó que, por haber
asumido el señor Rodríguez Navarro el remanente de la deuda de
$150,000.00 del préstamo con S.B.A., se había liquidado
implícitamente el haber ganancial y los ranchos de crianza de
pollos habían pasado a su patrimonio privativo.
Inconforme, la señora Montalván Ruiz acudió ante nos
aduciendo que el Tribunal de Circuito había errado al determinar
que los ingresos percibidos por el señor Rodríguez Navarro eran
personales y no frutos generados por la comunidad de bienes entre
las partes luego del divorcio.16
16 La peticionaria también planteó los siguientes errores que, por la conclusión a la que llegamos, no es necesario discutirlos: CC-1999-150 41
Expedimos el auto solicitado y con el beneficio de los
argumentos de las partes procedemos a resolver.
En síntesis, el recurso ante nos requiere que determinemos la
naturaleza privativa o ganancial de un negocio avícola en marcha, a
los fines de liquidar una comunidad de bienes que surgió al
extinguirse por divorcio la sociedad de bienes gananciales. De
determinarse que el negocio avícola era un bien ganancial,
tendríamos que precisar la forma más adecuada para llevar a cabo el
avalúo del negocio y las ganancias percibidas del mismo.
A. La sociedad legal de gananciales
La sociedad legal de gananciales es el régimen económico
supletorio, establecido por disposición de ley, a falta de
estipulación en contrario o cuando dicha estipulación es ineficaz o
insuficiente. Ésta se encuentra definida en el Código Civil por los
efectos que produce al momento de su disolución. De esta forma, el
Art. 1295, 31 L.P.R.A. sec. 3621, dispone que los cónyuges, a la
disolución del matrimonio, harán suyos por mitad las ganancias y
_______________________
Abusó de su discreción el Tribunal de Circuito de Apelaciones al solicitar la transcripción de la vista cuando las partes habían dado como correctas las determinaciones de hechos de la sala sentenciadora, causándole con ello perjuicio a la [peticionaria] al traer un hecho nuevo no concluido por instancia que causó la revocación del remedio solicitado y adjudicado.
Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al resolver[,] en ausencia de prueba[,] que el demandado- recurrido derrotó la presunción de ganancialidad de los bienes existentes al momento del divorcio de las partes. CC-1999-150 42
beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos durante
el matrimonio. Explica el profesor Diez-Picazo que:
[S]e trata de un sistema en que la ganancia o beneficio se hace común, pero que no se atribuye a cada cónyuge sino hasta la disolución de la sociedad de gananciales, y se parte del presupuesto de que aquella ganancia o beneficio es de ambos porque aun cuando un cónyuge haya tenido una intervención decisiva en la adquisición... la contabilización como ganancia es obra del ahorro y sacrificio también del otro. Luis Diez-Picazo y Antonio Gullón, Sistema de Derecho civil, Vol. IV, 7ma ed., Tecnos, 1997, pág. 175. (Énfasis suplido.)17
El régimen de la sociedad legal de gananciales comienza el día
de la celebración del matrimonio y concluye con la disolución de
éste ya sea por muerte, nulidad o divorcio. Art. 1296 del Código
Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3622. Mientras exista la sociedad de
gananciales, ambos cónyuges serán los administradores de ésta y sólo
por mandato expreso o tácito de uno de ellos, el otro podrá ejercer
la administración exclusiva. Arts. 91 y 93 del Código Civil, 31
L.P.R.A. secs. 284 y 286.
Nuestro ordenamiento jurídico reconoce como axioma primordial
el patrimonio individual de los cónyuges separado del de la
sociedad. Pujol Betancourt v. Gordon Menéndez, res. el 3 de
noviembre de 2003, _____ D.P.R._____ (2003), 2003 T.S.P.R. 156, 2003
J.T.S. _____; García v. Montero Saldaña, 107 D.P.R. 319, 335 (1978).
Cónsono con lo anterior, el carácter ganancial o privativo de los
17 Sobre la sociedad de bienes gananciales véanse además, Bidot Almodóvar v. Urbino Valle, res. el 13 de diciembre de 2002, 158 D.P.R. _____ (2002), 2002 T.S.P.R. 151, 2002 J.T.S. 157; Int’l Charter Mortgage Corp. v. Registrador, 110 D.P.R. 862, 866 (1981); Raúl Serrano Geyls, Derecho de familia de Puerto Rico y legislación comparada, Vol. I, Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1997, pág. 338; José María Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil español, Tomo IX, 6ta ed., Reus, 1969, págs. 633, 638; Francisco Fortuny Comaposada, Régimen de bienes en el matrimonio, Colección Nereo, 1962, págs. 213-225; José María Reyes Monterreal, El régimen legal de gananciales, Gráficas Menor, 1962, pág. 454. CC-1999-150 43
bienes de un matrimonio contraído bajo el régimen de gananciales se
ha establecido en el Código Civil. Así, el Art. 1301, 31 L.P.R.A.
sec. 3641, declara como bienes gananciales: los adquiridos por
título oneroso a costa del caudal común, independientemente que la
adquisición sea para beneficio de la sociedad o de uno solo de los
cónyuges; los obtenidos por la industria, sueldo o trabajo de
cualquiera de los cónyuges; y los frutos, rentas o intereses
percibidos o devengados durante la vigencia del matrimonio,
provenientes de los negocios u otros bienes gananciales o
privativos.18
De otra parte, los bienes del matrimonio se presumirán
gananciales mientras no se demuestre que pertenecen privativamente
al marido o a la mujer, a tenor del Art. 1307, 31 L.P.R.A. sec.
3647. El peso de la prueba para rebatir el presunto carácter
ganancial recae sobre quien sostiene la naturaleza privativa del
bien objeto del litigio. González Cruz v. Quintana Cortés, 145
D.P.R. 463, 468-469 (1998); Echevarría Jiménez v. Scn. Pérez Meri,
123 D.P.R. 664, 681 (1989); Espéndez v. Vda. de Espéndez, 85 D.P.R.
437, 441-442 (1962). Ahora bien, a los fines de satisfacer la
conciencia del juzgador, el rigor de la prueba es menor cuando se
trata de un pleito entre ex cónyuges o entre los herederos de uno y
el cónyuge supérstite, que cuando se litigan intereses de terceros.
García v. Montero Saldaña, supra, pág. 322.
18 De acuerdo con Manresa:
Es ganancial lo que pertenece a la sociedad conyugal o a ambos esposos en común, y no privativamente a cualquiera de ellos. Es ganancia el sobrante del activo sobre el pasivo de la comunidad al tiempo de la liquidación, el beneficio resultante después de reintegrar a cada cónyuge su capital propio y cubrir todas las obligaciones de la sociedad. Manresa, supra, pág. 639. (Énfasis suplido.) CC-1999-150 44
El matrimonio compuesto por el señor Rodríguez Navarro y la
señora Montalván Ruiz inició un negocio de avicultura entre 1977 y
1978. Don Tomás, el padre del señor Rodríguez Navarro, los ayudó
costeando los materiales y la mano de obra para la construcción de
cinco (5) ranchos para la crianza de pollos.19 Posteriormente, en
1980 el matrimonio Rodríguez-Montalván obtuvo un préstamo comercial
de la S.B.A. por la cantidad de $150,000.00. El importe del
préstamo fue utilizado por el matrimonio para ampliar el negocio
mediante la construcción de cinco (5) ranchos dedicados a la crianza
de pollos. Dicho préstamo fue pagado en su totalidad con los
ingresos del negocio avícola. A la luz de los preceptos previamente
discutidos, resulta forzoso concluir que los cinco (5) ranchos
construidos con el préstamo de la S.B.A. durante la vigencia de la
sociedad de gananciales pertenecen a la extinta sociedad y, por
ende, a la comunidad de bienes postganancial y al momento de llevar
a cabo la liquidación de ésta será necesario dividirlos por mitad
entre los ex cónyuges. Resuelto este extremo, debemos dilucidar la
naturaleza de los otros ranchos construidos una vez disuelta la
sociedad de gananciales, pero vigente la comunidad de bienes
postganancial.
B. La comunidad postganancial
Como previamente indicamos, la sociedad de bienes gananciales
concluye con la disolución del matrimonio. Art. 1215 del Código
Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3681. Sin embargo, puede ocurrir que su
liquidación no sea coetánea con el divorcio y que, ante la
_______________________ 19 La titularidad de estos primeros cinco (5) ranchos no está en controversia. Éstos pertenecen a Don Tomás, padre del señor CC-1999-150 45
inexistencia de un plazo legal para solicitar tal liquidación, se
prolongue un estado de indivisión de los bienes que antes
pertenecían a la sociedad conyugal por un tiempo relativamente
largo. Este estado de indivisión ha sido denominado por algunos
autores como la comunidad postganancial. Manuel Rivera Fernández,
La comunidad postganancial, J.M. Bosch Editor, 1997, págs. 9, 26.
“La comunidad postganancial constituye una comunidad de bienes
en estado de liquidación entre quienes ostentan su titularidad
activa o pasiva (...los ex cónyuges, un cónyuge y los herederos del
otro, o los herederos de uno y otro cónyuges)....”. Joaquín J. Rams
Albesa, La sociedad de gananciales, Tecnos, 1992, pág. 416. En
repetidas ocasiones hemos señalado que luego de extinta la sociedad
de gananciales nace una comunidad de bienes de la cual los ex
cónyuges son comuneros hasta que se liquide la misma.20
Como bien indica Rivera Fernández, “nos encontramos con un
patrimonio cuyo destino natural es su liquidación, caracterizado por
la nota esencial de la existencia de una situación de cotitularidad
sobre el mismo”. Rivera Fernández, supra, pág. 28. (Énfasis
suplido y en el original.) A la comunidad de bienes que surge entre
los ex cónyuges no le serán aplicables las normas relacionadas con
la sociedad de gananciales, sino aquellas referentes a la
copropiedad que, en ausencia de pacto o de disposiciones especiales,
está regida por los Arts. 326 al 340 del Código Civil, 31 L.P.R.A.
secs. 1271-1285. En el caso de marras el matrimonio Rodríguez-
_______________________ Rodríguez Navarro, por haber sido quien asumió los costos para su construcción. 20 Véanse Asoc. Residentes Urb. Sagrado Corazón, Inc. v. Juan A. Arzuaga Álvarez, res. el 24 de septiembre de 2003, 160 D.P.R. _____ (2003), 2003 T.S.P.R. 141, 2003 J.T.S. _____; Bidot Almodóvar v. Urbino Valle, supra; López v. Meléndez, supra, pág. CC-1999-150 46
Montalván quedó disuelto mediante sentencia de divorcio emitida el
17 de junio de 1983, extinguiéndose de esta forma la sociedad de
gananciales compuesta por ambos. La extinta sociedad de gananciales
no fue liquidada luego de disuelto el vínculo matrimonial. En
consecuencia, entre la señora Montalván Ruiz y el señor Rodríguez
Navarro surgió una comunidad de bienes consistente principalmente en
el negocio avícola que administraba el señor Rodríguez Navarro. Nos
corresponde ahora examinar la naturaleza de los bienes adquiridos
luego del divorcio a la luz de los preceptos aplicables a la nueva
relación jurídica postmatrimonial surgida entre los ex cónyuges.
La comunidad de bienes, en sentido genérico, es la situación
que ocurre “cuando la propiedad de una cosa o de un derecho
pertenece pro indiviso a varias personas”. Art. 326 del Código
Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1271. La comunidad puede recaer sobre toda
clase de derechos. Por otro lado, la copropiedad o condominio se
refiere a la misma situación de cotitularidad cuando se presenta en
el derecho de propiedad y únicamente puede recaer sobre cosas
específicas y determinadas. Federico Puig Peña, Compendio de
Derecho civil español, 3ra ed., Ediciones Pirámide, 1976, págs. 259-
260; José Ramón Vélez Torres, Curso de Derecho civil, Tomo II,
Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1983, págs. 143-144. En
este sistema cada comunero posee una parte alícuota, no concreta, en
la cosa.21 José Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y
foral, Tomo 2, Vol. I, Reus, 1992, pág. 460.
Conforme el Art. 327 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1272,
la participación de los comuneros, tanto en los beneficios como en
_______________________ 287-288; Calvo Mangas v. Aragonés Jiménez, 115 D.P.R. 219, 228-229 (1984); García López v. Méndez García, 102 D.P.R. 383, 395 (1974). CC-1999-150 47
las cargas, será en proporción a sus cuotas. En casos como el de
autos, la participación de los comuneros, es decir, de los ex
cónyuges, será por partes iguales. Calvo Mangas v. Aragonés
Jiménez, supra, pág. 228. Cada uno de los ex cónyuges ostenta “una
cuota abstracta sobre el ‘totum’ ganancial subsistente mientras
perviva la expresada comunidad postganancial y hasta que, mediante
las oportunas operaciones de liquidación-división, se materialice en
una parte individualizada y concreta de bienes para cada uno de los
comuneros”. Rivera Fernández, supra, pág. 34. (Énfasis en el
original.)
Las cuotas de los ex cónyuges recaerán sobre los bienes que
antes pertenecían a la sociedad de gananciales. Lo anterior obedece
a que precisamente la comunidad está integrada por los bienes que en
el momento de la disolución de la sociedad constituían la masa común
y por los frutos que tales bienes produjeron. Díez-Picazo y Gullón,
supra, pág. 215; Rams Albesa, supra, pág. 418; Rivera Fernández,
supra, pág. 72.22 De otra parte, resulta importante señalar que “si
se parte de la admisión de que sobre la masa ganancial tienen ambos
cónyuges una directa e inmediata titularidad activa y pasiva... no
se pueden presentar cuestiones o interrogantes artificiosos sobre la
posición de los cónyuges, ex cónyuge o herederos respecto de tales
bienes: son titulares de una comunidad”. Rams Albesa, supra, pág.
417. (Énfasis suplido.)
_______________________ 21 Ésta es la comunidad romana, que es la reglamentada por nuestro Código Civil. 22 Sobre los bienes que integran la comunidad de bienes, señala Albaladejo que: “la masa ganancial no se transforma, es su régimen el que cambia, aplicado a los bienes existentes (o, eventualmente, sus subrogados), que siguen gravados con las mismas deudas, conservando la misma coherencia externa e idéntica autonomía....”. Manuel Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones CC-1999-150 48
El Art. 333 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1278, dispone
que los condueños tendrán la plena propiedad de su cuota, así como
de los frutos y utilidades que les correspondan. En vista de este
derecho de propiedad, mientras subsista la comunidad de bienes, cada
uno de los ex cónyuges podrá servirse de las cosas comunes, siempre
que disponga de ellas conforme a su destino y no se vea perjudicado
el interés de la comunidad, ni se impida a los demás copartícipes
utilizarlas según su derecho. Art. 328 del Código Civil, 31
L.P.R.A. sec. 1273. De lo anterior se puede colegir que las
facultades atribuidas a los comuneros sobre la cosa común “están
necesariamente subordinadas al derecho de todos los demás”. Asoc.
Residentes Urb. Sagrado Corazón, Inc. v. Juan A. Arzuaga Álvarez,
supra. (Énfasis en el original.)
Sobre este particular, Santos Briz, según citado en Soto López
v. Colón, 143 D.P.R. 282, 289 (1997), aclara que “[u]sar las cosas
de manera que perjudi[que] al interés de la comunidad es, desde
luego, que uno de los condóminos la posea todo ella excluyendo a los
demás”. Jaime Santos Briz, Derecho civil: Teoría, y práctica, Tomo
II, Ed. Rev. Der. Privado, 1973, pág. 323. (Énfasis suplido.) El
citado tratadista expone, además, que “el condómino que ocupe la
mayor parte de la cosa común ha de devolverla a la masa común para
el disfrute de sus copartícipes y el suyo propio, en la proporción
que le corresponda....”. Santos Briz, supra, pág. 324. Mientras
exista la comunidad de bienes, “ninguno de los ex cónyuges puede
_______________________ forales, Tomo XVIII, Vol. 2, 2da. ed., Ed. Revista de Derecho Privado, 1999, págs. 592-593. (Énfasis suplido.) CC-1999-150 49
tener el monopolio de ella”. Soto López v. Colón Meléndez, supra,
pág. 289. (Énfasis suplido.)23
Durante el período de indivisión de la comunidad postganancial
podría ocurrir que se lleven a cabo adquisiciones con bienes
procedentes de la extinta sociedad de gananciales para incrementar
el bien común, que se incorporen nuevos bienes al patrimonio
provenientes de los que pertenecían a la sociedad conyugal o, como
ocurrió en el caso ante nos, que la adquisición se lleve a cabo por
cuenta y en representación de la comunidad postganancial.24 En este
23 Con el objetivo de evitar que uno de los comuneros ejerza el control absoluto de los bienes en copropiedad, el Código Civil establece las normas referentes a la autoridad que tienen los condueños sobre ésta. Así, cualquier comunero podrá obligar a los demás a contribuir con los gastos que genere la conservación de los bienes que integran la comunidad. Art. 329, 31 L.P.R.A. sec. 1274. En aquellos casos donde se trate de un acto de administración, serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los comuneros. Art. 332, 31 L.P.R.A. sec. 1277. Se entenderá por mayoría los participantes que representen la mayor cantidad de los intereses por los que esté compuesta la comunidad. Id. Cuando el acto que se pretenda llevar a cabo conlleve una alteración de la cosa común, se requerirá el consentimiento unánime de los condueños, aun cuando de dicho acto se deriven ventajas para todos los comuneros. Art. 331, 31 L.P.R.A. sec. 1276. Sobre este particular, véase Asoc. Residentes Urb. Sagrado Corazón v. Juan A. Arzuaga Álvarez, supra. 24 Atendiendo a esta circunstancia, indica el tratadista Díez- Picazo que existen dos (2) soluciones.
La primera es la rigurosa aplicación del principio de subrogación real: el bien adquirido entra a formar parte del patrimonio colectivo si la contraprestación que se paga procedía de él. La segunda es entender que la sociedad es acreedora simplemente de lo que se dispuso para adquirir, pero el bien adquirido no es suyo. ...Nos inclinamos por la primera solución. Díez-Picazo y Gullón, supra, págs. 216-217. (Énfasis suplido.)
El tratadista Rivera Fernández, también se ha ocupado de examinar la controversia que nos atañe. De acuerdo con su posición, cuando un ex cónyuge tiene el control de todos los bienes de la comunidad postganancial y adquiere bienes a título oneroso a costa del caudal común, hay que optar entre dos (2) preceptos legales: el de la subrogación real; y el principio de que el que percibe rentas y frutos de la comunidad postganancial, tiene que devolverlos. A tenor del primero de estos preceptos, el CC-1999-150 50
último caso, señala el tratadista Rivera Fernández que “a falta de
voluntad en contrario, el bien adquirido entraría a formar parte del
patrimonio colectivo indiviso”. Rivera Fernández, supra, pág. 80.
(Énfasis suplido.)
En el caso de autos, luego de quedar disuelto el matrimonio
Rodríguez-Navarro, no se llevó a cabo la correspondiente liquidación
de la sociedad de gananciales. En consecuencia, los bienes
pertenecientes a la sociedad, así como las cargas, pasaron a formar
una comunidad de bienes donde la cuota de ambos ex cónyuges es por
partes iguales, conforme surge de las normas reseñadas. Los bienes
y cargas que antes conformaban el haber ganancial sufrieron
transformaciones. En primer lugar, el negocio avícola en marcha
quedó bajo la exclusiva administración del señor Rodríguez Navarro.
Éste, como parte normal de las operaciones y administración del
negocio, obtuvo un préstamo comercial por la cantidad de
$282,150.00. El importe del préstamo fue utilizado para ampliar el
_______________________ de la subrogación real, lo adquirido se integra a la masa patrimonial común, viniendo a sustituir la prestación. Respecto a la segunda alternativa, el que se apropió “de frutos y rentas comunes, debe, simplemente devolverlas, pero no está obligado a más, conservando el dominio de los adquiridos”. Rivera Fernández, supra, págs. 79-80. Rams Albesa ha asumido una postura similar a la del profesor Díez-Picazo al indicar que al régimen de copropiedad existente entre los ex cónyuges se integrarán los bienes “subrogados a que dé lugar el tráfico de unos y otros”. Rams Albesa, supra, pág. 418. Igual solución proveen Albaladejo y LaCruz Berdejo al indicar que a la masa común pertenecen los bienes que pertenecían a la sociedad ganancial, así como los bienes subrogados. Albaladejo, supra; José Luis LaCruz Berdejo, Elementos de Derecho civil, Tomo IV, 4ta ed., J.M. Bosch Editor, 1997, pág. 354. Al referirnos a la subrogación real es menester señalar que ésta implica la permanencia de una misma condición jurídica sobre un elemento patrimonial que sustituye o reemplaza a un elemento anterior. Aunque se opera un cambio de cosas, producto, por ejemplo, de una enajenación, tal cambio deja inalterada la situación jurídica preexistente que calificaba a la cosa sustituida o cambiada. Véase Ramón Ma. Roca Sastre, Estudios varios, Instituto de España, 1988, págs. 30-31. CC-1999-150 51
negocio mediante la construcción de seis (6) ranchos adicionales.
En vista de las anteriores transacciones, tanto la deuda común como
los bienes del negocio aumentaron. Así es que para 1993 el negocio
avícola propiedad de ambos ex cónyuges contaba con un total de once
(11) ranchos. A su vez, la deuda del préstamo tenía un balance de
$198,726.50.
Así, los seis (6) ranchos, construidos con el préstamo
comercial otorgado al negocio por C.C.D.C., entraron a formar parte
del patrimonio colectivo pro indiviso de la comunidad de bienes
postganancial y los ex cónyuges son dueños de una cuota sobre éstos
en partes iguales. Como podrá observarse, nos encontramos ante una
ampliación de un negocio avícola perteneciente al patrimonio común.
La construcción de los seis (6) ranchos fue viable mediante un
préstamo comercial obtenido por el negocio que, a su vez, fue pagado
con los ingresos provenientes de éste.
No cabe duda que el señor Rodríguez Navarro llevó a cabo la
ampliación del negocio avícola en el ejercicio de sus funciones como
administrador de este bien común con la aprobación tácita de la
condueña, la señora Montalván Ruiz, y en representación de la
comunidad postganancial.25 De lo anterior se colige que no estamos
meramente ante un aumento en el valor del caudal común producto del
trabajo de uno de los condueños, como ha resuelto la mayoría del
Tribunal. En el caso de autos el señor Rodríguez Navarro llevó a
cabo gestiones administrativas, de forma unilateral, en
25 Un examen de la transcripción de la vista en su fondo que consta en autos revela que la señora Montalván Ruiz, a pesar de conocer la ampliación que experimentó el negocio, no se opuso ni impidió las gestiones de su ex esposo. Como señala Beltrán de Heredia, en los actos de administración donde haya inercia por parte del otro cotitular, se estimará que ha mediado aprobación tácita de los actos del otro comunero. José Beltrán de Heredia, CC-1999-150 52
representación de la comunidad, las cuales repercutieron no
solamente en la edificación de nuevos ranchos para la crianza de
pollos, sino en el acrecentamiento del deuda común.
Ante estas circunstancias, adjudicar un carácter privativo a
los seis (6) ranchos equivaldría a despojar a la señora Montalván
Ruiz de la titularidad que tanto la ley como nuestra jurisprudencia
reiteradamente han reconocido. Más aún, sería condonar el monopolio
que un condueño ejerce sobre prácticamente el único bien de la
comunidad, relegando al ex cónyuge, la señora Montalván Ruiz,
únicamente a recibir el beneficio de vivir sin la obligación de
pagar un canon de arrendamiento en un inmueble propiedad de su ex
suegro, Don Tomás. Tal solución es improcedente, pues la
peticionaria señora Montalván Ruiz, como cotitular, tiene derecho a
percibir los frutos producto del negocio avícola y a servirse de él
sin menoscabar, a su vez, los derechos del otro comunero, el señor
Rodríguez Navarro. Esta alternativa no pretende prolongar la
existencia de la sociedad legal de gananciales que, por mandato de
ley, quedó extinta con el divorcio, sino que aspira a adjudicar la
participación por partes iguales que la ley reconoce a cada
comunero, a falta de prueba en contrario. Tal solución se hace
forzosa cuando es uno solo de los condueños quien tiene el control
de los bienes comunes y quien ha hecho gestiones por las cuales ha
resultado obligada la comunidad. Sostenemos, por tanto, que erró el
Tribunal de Circuito al resolver que por el solo hecho de ser el
señor Rodríguez Navarro administrador del negocio avícola, los
ranchos construidos con los préstamos comerciales que a su vez
_______________________ La comunidad de bienes en Derecho español, Ed. RDP, 1954, págs. 298-310. CC-1999-150 53
fueron pagados con los ingresos de dicho negocio, pasaron a formar
parte de su patrimonio privativo.
Ahora bien, resulta incontrovertible el hecho de que el señor
Rodríguez Navarro se ha desempeñado como único administrador del
negocio perteneciente a la comunidad. De esta forma él ha aportado
su esfuerzo y trabajo para el acrecentamiento del acervo común.
Como previamente señalamos, las gestiones administrativas realizadas
por el señor Rodríguez Navarro tuvieron la aprobación tácita de su
ex cónyuge, la señora Montalván Ruiz.
Actualmente existe un silencio legislativo en cuanto a
disposiciones que reglamenten la administración de la comunidad
postganancial. El legislador parece haber tenido en mente que la
liquidación se produciría de forma inmediata con la disolución de la
sociedad de bienes gananciales. La realidad, sin embargo, ha sido
otra. El estado de indivisión suele perdurar un tiempo prolongado
haciendo necesario el uso de otras figuras jurídicas para regir sus
actividades. Puede haber una designación expresa o tácita de un
administrador por parte de los ex cónyuges cotitulares del
patrimonio. También puede ocurrir que la administración recaiga
sobre uno de los ex cónyuges, quien se convertiría en un “mandatario
con mandato tácito o... [en] un gestor de negocios sin mandato, para
los actos de administración urgente,... que es propia de un
comunero”. Rams Albesa, supra, pág. 419. (Énfasis suplido.)
En tales circunstancias, el administrador “está sometido a las
reglas propias del mandatario con mandato tácito o las reglas
relativas a la gestión de negocios ajenos... pudiéndosele exigir
responsabilidades por su gestión”. Rivera Fernández, supra, pág.
112. Por lo tanto, en atención al trabajo y esfuerzo desplegados
por el señor Rodríguez Navarro, debemos reconocerle un derecho a ser CC-1999-150 54
remunerado por sus gestiones administrativas. Como expone el
tratadista Rams Albesa, “el administrador tiene un efectivo derecho
a que su trabajo se remunere”. Rams Albesa, supra, pág. 419. Así
lo reconoce el Código Civil al disponer que el mandato puede ser
remunerado o gratuito. Art. 1602 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.
4423. Al momento de la liquidación debe asignársele a éste un
sueldo razonable como retribución de sus gestiones administrativas.
Ahora bien, como surge del testimonio del propio señor
Rodríguez Navarro, éste percibía en su totalidad los ingresos
producto del negocio,26 por lo tanto, es menester determinar si se
benefició con una cantidad mayor a la que tiene derecho como
remuneración razonable por su trabajo administrativo. Para ello es
necesario examinar sus planillas de contribución sobre ingresos, que
fueron admitidas en evidencia. En la eventualidad que el análisis
de los ingresos reportados por éste arrojara que utilizó para su
beneficio personal una cantidad mayor a la que le correspondía como
sueldo, el señor Rodríguez Navarro tendría que restituir al acervo
común la porción utilizada en exceso. Si ocurriese el caso
contrario, es decir, que éste hubiere utilizado una cantidad menor a
la que le correspondía como remuneración razonable por sus
servicios, al hacerse la liquidación de la comunidad habría que
restituírsele tal cantidad. Con esta solución aseguramos que cada
uno de los ex cónyuges pueda beneficiarse de los bienes comunes y, a
su vez, que se retribuya a uno de ellos su trabajo administrativo
que, aunque ha sido llevado a cabo de forma unilateral y absoluta,
indudablemente merece ser compensado.
Una vez determinado el carácter común de los bienes que
componen el negocio avícola y reconocida la gestión administrativa CC-1999-150 55
del señor Rodríguez Navarro como un derecho a ser remunerado, nos
corresponde examinar los preceptos aplicables para llevar a cabo la
liquidación del negocio.
La liquidación de la sociedad de gananciales, y de la comunidad
de bienes que surge luego de su disolución, comprende todas las
operaciones necesarias para determinar la existencia e
identificación de los bienes que componen el haber común. Luego se
procederá a su división por partes iguales entre ambos ex cónyuges o
sus sucesiones en interés. A esta cantidad o valor final, a ser
dividido por mitad, se llega después de deducir y adjudicar los
créditos correspondientes a cada uno. Lo anterior conlleva la
necesidad de identificar aquellos bienes que corresponden
privativamente a cada uno de los ex cónyuges, así como aquella parte
de los bienes comunes que haya sido utilizada para beneficio
exclusivo de uno de los comuneros y de las responsabilidades
imputables al caudal común. En términos generales, la liquidación
puede resumirse en tres (3) operaciones: (1) formación de inventario
con avalúo y tasación; (2) determinación del haber social o del
balance líquido partible; y (3) división y adjudicación de los
bienes gananciales. Rosa Resto v. Rodríguez Solís, 111 D.P.R. 89,
91 (1981); Janer Vilá v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 281, 300-301
(1964).27
El inventario es la fase inicial del proceso. Se le define
como la relación detallada del activo (bienes y derechos) y pasivo
(obligaciones y cargas) de la comunidad en el momento de su
_______________________ 26 Transcripción, supra, pág. 211. 27 Véase además, Fraticelli Torres, supra, págs. 506-509. CC-1999-150 56
disolución, acompañada de su tasación. Quetglas v. Carazo, 134
D.P.R. 644, 657 (1993). En el activo se deberá incluir el conjunto
de los bienes comunes, incluyendo los privativos de cada ex cónyuge,
a los fines de conocer las posibles transformaciones que éstos
sufrieran y que repercuten en los gananciales y su determinación.
Serrano Geyls, supra, pág. 458.
Concluido el inventario, se procederá al avalúo o tasación de
los bienes. Aunque la referencia a esta operación surge de modo
incidental en el Art. 1324 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3699,
ésta podrá llevarse a cabo utilizando peritos o mediante acuerdo de
los interesados, “el cual, obviamente, nunca sustituye los derechos
que puedan realmente existir”. Serrano Geyls, supra, pág. 459.
(Énfasis suplido.) Una vez pagadas las deudas, cargas y
obligaciones de la comunidad de bienes, se hará la liquidación y se
les repartirá por partes iguales el remanente a los ex cónyuges.
Id.; Art. 1319 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3694.
Del expediente no surge un inventario de todos los bienes de la
pareja al decretarse el divorcio y disolverse la sociedad de bienes
gananciales. Ante la inexistencia de un inventario y por tratarse
el bien en controversia de un negocio en marcha, resulta necesario
hacer algunos señalamientos sobre los factores que deben tomarse en
consideración a los fines de determinar el valor de dicho negocio.
Un negocio en marcha (going concern) se ha definido como aquel
que se mantiene operando de forma continua y con la expectativa de
seguir funcionando indefinidamente. B. Garner, Black’s Law CC-1999-150 57
Dictionary, 7ma ed., 1999, pag. 699.28 El valor de un negocio en
marcha (going concern value) comprende no sólo el valor de los
bienes muebles e inmuebles que en particular componen los haberes
del negocio, sino también los bienes muebles intangibles, como lo
sería su plusvalía (goodwill). Id. A su vez, la plusvalía ha sido
definida como el acrecentamiento del valor de un negocio por causas
extrínsecas, tales como la buena reputación y el patrocinio, entre
otras. Ignacio Rivera García, Diccionario de términos jurídicos,
2da ed. rev., 1985, pág. 207.
Para determinar el valor de un negocio en marcha es necesario
tomar en consideración factores, tales como: (1) el historial
financiero del negocio; (2) la proyección futura de las ventas y los
gastos del negocio; (3) la inversión de capital requerida por el
negocio en el futuro; (4) el historial general del negocio; (5) los
productos que mercadea; (6) información sobre competencia,
suplidores, contratos, licencias, certificaciones y reclamaciones,
si alguna. V. Smith Gordon, Corporate Valuation: A Business and
Professional Guide, Wiley, 1988, pág. 11. Dentro del proceso de
avalúo del negocio en marcha, es decir, de la determinación de su
justo valor en el mercado, deberán identificarse: los activos
tangibles,29 como por ejemplo terrenos, mejoras al terreno,
edificaciones, maquinarias y equipo, muebles de oficina,
herramientas, vehículos y construcciones en progreso; y los activos
28 En inglés se define: “a commercial enterprise actively engaging in business with the expectation of indefinite continuance”. Id. 29 Activos tangibles son aquellos sujetos a ser percibidos por el tacto. M. Moliner, Diccionario de uso del español, Gredos, 1991, pág. 1259. CC-1999-150 58
intangibles,30 entre los que se incluyen patentes, contratos y mano
de obra. Smith Gordon, supra, pág. 46. Asimismo, deberán formar
parte del avalúo los activos y pasivos corrientes y la plusvalía que
el negocio ha generado a través de los años.31
Conviene puntualizar que el valor, tanto del negocio en marcha
como del resto de los bienes y cargas que integran la comunidad de
bienes postganancial a ser liquidada, debe estimarse hasta el
momento en que se lleve a cabo la liquidación. Debido a lo
anterior, el avalúo de los bienes, incluyendo el negocio avícola,
así como de sus obligaciones, debe computarse hasta el momento en
que se decrete la liquidación y, por ende, no debe limitarse hasta
1993 como solicitó la peticionaria, señora Montalván Ruiz. Es
menester reiterar que los tribunales concederán el remedio que en
Derecho proceda, aun cuando las partes no lo hayan solicitado o
hayan solicitado uno distinto. Regla 43.6 de Procedimiento Civil,
32 L.P.R.A. Ap. III; Marín v. Fastening Systems, Inc., 142 D.P.R.
499, 513 (1997).
En síntesis, entendemos que los ranchos del negocio avícola
construidos durante la vigencia del matrimonio Rodríguez Montalván
pertenecen a los ex cónyuges en partes iguales por tener la
naturaleza de bienes gananciales. De otra parte, los ranchos
construidos luego de decretado el divorcio pertenecen a la comunidad
30 Activos intangibles son aquellos que carecen de sustancia física. Smith Gordon, supra, pág. 129. 31 En los activos corrientes están incluidos el efectivo, las inversiones a corto plazo, las cuentas por cobrar, el inventario (materia prima, bienes en proceso y bienes terminados). Los pasivos corrientes incluyen las cuentas por pagar y las porciones de deudas a pagar a largo plazo, entre otros. CC-1999-150 59
postganancial surgida entre la señora Montalván Ruiz y el señor
Rodríguez Navarro. Cada uno de éstos tiene una cuota por partes
iguales en los bienes que integran dicha comunidad. Además, en
vista de las gestiones administrativas que como mandatario ejerció
el señor Rodríguez Navarro, debería asignársele una remuneración
razonable por sus servicios. Posteriormente, deberían liquidarse
los bienes que componen la comunidad postganancial a la luz de los
factores expuestos sobre la valoración de un negocio en marcha.
Este proceder salvaguarda el derecho de propiedad de cada uno de los
ex cónyuges –sin prolongar por fiat judicial la existencia de una
sociedad legal de gananciales que la ley declara extinta- y, a su
vez, protege los intereses del comunero que no tuvo participación en
la administración del caudal que permaneció en copropiedad.
Por los fundamentos antes expuestos, revocaríamos la sentencia
emitida por el Tribunal de Circuito y devolveríamos el caso al
Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los
procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.
MIRIAM NAVEIRA MERLY Jueza Presidenta
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2004 TSPR 42, Counsel Stack Legal Research, https://law.counselstack.com/opinion/carmen-i-montalvan-ruiz-v-tomas-rodriguez-navarro-prsupreme-2004.