EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Felipe Rivera Prudencio, et al
Recurrido Certiorari v. 2007 TSPR 19 Municipio de San Juan, et al 170 DPR ____ Peticionario
Número del Caso: CC-2003-520
Fecha: 2 de febrero de 2007
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial San Juan, Panel I
Juez Ponente:
Hon. Roberto González Rivera
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Simone Cataldi Malpica
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcda. Lourdes G. Aguirrechu Salom Lcdo. Guillermo Ramos Luiña
Materia: Acción Civil
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Recurrido CC-2003-520 v.
Municipio de San Juan, et al
Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 2 de febrero 2007
La controversia medular que tenemos que atender
en el presente caso gira en torno al alcance de la
Ley Núm. 115 del 20 de diciembre de 1991, según
enmendada, 29 L.P.R.A. secs. 194 et seq., comúnmente
conocida como “Ley de Represalias”. Específicamente,
debemos resolver si dicha ley protege a empleados
municipales y al testimonio que presten ante un foro
administrativo municipal.
I
El señor Felipe Rivera Prudencio (“Rivera
Prudencio” o el “recurrido”) comenzó a trabajar el 18
de enero de 1994 en el Departamento de Vivienda y
Desarrollo Comunal del Municipio de San Juan (el CC-2003-520 2
“Municipio”), como funcionario ejecutivo III.1 Dos años más
tarde, se le informó que sería asignado al Programa de
Sección 8. Inconforme con dicha determinación, el recurrido
presentó una querella ante la Oficina de Igualdad en el
Empleo y Relaciones Laborales adscrita a la Comisión para
Ventilar Querellas y Asuntos de Personal del Municipio el 25
de junio de 1996, alegando que su reubicación respondía a una
acción discriminatoria y caprichosa de la entidad nominadora.
Aproximadamente seis (6) meses mas tarde y pendiente aun
la querella instada, el Municipio le informó que sería
reubicado en el área de autosuficiencia a partir del 27 de
enero de 1997. Al año siguiente, el recurrido fue asignado
al área de inspección. Dos años después, se le reubicó en el
programa de implantación de ordenanzas. Al cabo de tres
meses de estar allí el recurrido recibió una carta en la que
le notificaban que a partir del 12 de mayo de 1999, sería
trasladado al área de inspección por necesidades del
servicio.
El 17 de mayo de 1999 se le reubicó en el programa de
rehabilitación de vivienda. Sin embargo, una semana después,
el señor Rivera Prudencio fue reasignado nuevamente en esta
ocasión al programa de adquisición y realojo.
El 30 de junio de 1999, se le informó que conforme el
Plan de Clasificación y Retribución del Municipio, su puesto
estaba catalogado como oficial administrativo I y dicha
1 Debido a la etapa procesal que el caso nos llega, la relación de hechos se basa en las alegaciones contenidas en la demanda instada en este caso. CC-2003-520 3
designación era retroactiva al 1ero de marzo de 1999. El
recurrido impugnó la clasificación de su puesto señalando que
la misma obedecía a las funciones que desempeñaba en ese
momento y no al puesto que en efecto ostentaba bajo el
anterior plan de clasificación de funcionario ejecutivo III.
Señaló que el nuevo plan le ubicó en un puesto de inferior
jerarquía que el que le correspondía; lo que a su vez
conllevaba una reducción de su salario.
En vista de todo lo anterior, el señor Rivera Prudencio
junto a su esposa, la señora Norma Santiago Colón, y en
representación de la sociedad de gananciales compuesta por
ambos, presentaron una demanda contra el Municipio por
represalia al amparo de la Ley Núm. 115 del 20 de diciembre
de 1991, 29 L.P.R.A. sec. 194 et seq., (“Ley Núm. 115” o “Ley
de Represalias”). En la misma, el recurrido alegó que fue
trasladado a diferentes posiciones en represalia por haber
instado una querella contra el Municipio ante la Comisión
para Ventilar Querellas y Asunto de Personal, Oficina de
Igualdad en el Empleo y Relaciones Laborales (la “Comisión”)
del Municipio. Solicitó ser ubicado en un puesto con
funciones compatibles con su clasificación como funcionario
ejecutivo III, así como la correspondiente compensación en
daños y perjuicios. A su vez, su esposa reclamó bajo el
Artículo 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141, por
los daños y perjuicios que alegadamente sufrió debido a los
distintos traslados de su esposo. CC-2003-520 4
Como parte del trámite procesal ante el foro de
instancia, el recurrido cursó un interrogatorio y un
requerimiento de admisiones al Municipio. Pasado varios
meses sin que el Municipio contestara los mismos el tribunal
los dio por admitidos. Luego de solicitar reconsideración y
de un largo trámite judicial, el 22 de marzo de 2002, el
Municipio finalmente contestó el requerimiento de admisión,
pero sin juramentar el mismo. En vista de lo anterior, la
parte recurrida solicitó que no se aceptara la respuesta del
Municipio y se diera por admitido el requerimiento de
admisiones.
El Municipio presentó sendas mociones solicitando la
desestimación de la demanda instada. En la primera, alegó
falta de jurisdicción sobre la materia por entender que la
Comisión para Ventilar Querellas y Asuntos de Personal del
Municipio no era un “foro administrativo” para efectos de la
Ley de Represalias. Ello, en virtud que la Comisión no era
un ente administrativo bajo la Ley de Procedimientos
Administrativos Uniforme (la “LPAU”), 3 L.P.R.A. secs. 2101
et seq. Adujo además que la Ley Núm. 115 no aplicaba a los
empleados públicos que ostenten nombramiento de carrera,
conforme lo establece la definición de empleado que provee la
propia ley.
En la segunda moción de desestimación, el Municipio
planteó que los daños reclamados por el señor Rivera
Prudencio antes del 14 de julio de 1997 estaban prescritos,
como también los daños reclamados por la señora Santiago CC-2003-520 5
Colón. En esta moción el Municipio solicitó también que no
se diera por admitido el requerimiento de admisiones que le
cursó la parte demandante.
La parte recurrida se opuso a ambas mociones alegando,
entre otras cosas, que el foro de instancia tenía
jurisdicción para atender la reclamación instada al amparo de
la Ley Núm. 115. Además, adujo que los daños que se
reclamaban en la demanda no estaban prescritos toda vez que
el término prescriptivo para una reclamación bajo la Ley Núm.
115 era de tres (3) años computados desde la fecha en que
ocurrió la violación. Se adujo que el término comenzó a
computarse a partir del 24 de enero de 1997, fecha en que
comenzó la cadena de traslados y movimientos de personal.
Habiéndose presentado la demanda el 14 de julio de 1999, la
misma no estaba prescrita.
Sobre los daños reclamados por la señora Santiago Colón,
la parte recurrida alegó que éstos eran de carácter
continuado por lo que su causa de acción se presentó
oportunamente. Asimismo, la parte recurrida reiteró su
solicitud de que no se aceptara la contestación tardía del
Municipio a los requerimientos de admisiones.
Trabada así la controversia, el foro de instancia
mediante sendas resoluciones, proveyó no ha lugar a las
solicitudes de desestimación presentadas por el Municipio.2
2 Anteriormente, el Municipio había renunciado a su planteamiento de prescripción en cuanto a la reclamación del señor Rivera Prudencio por entender que había cometido un error al efectuar el cómputo de la prescripción. Pero, CC-2003-520 6
El tribunal resolvió que la reclamación bajo la Ley Núm. 115
no estaba prescrita y además, que los daños reclamados por la
señora Santiago eran de carácter continuo por lo que tampoco
estaban prescritos. En cuanto al requerimiento de
admisiones, el foro de instancia, luego de resaltar el
trámite accidentado de la solicitud de requerimiento de
admisiones, concluyó que el Municipio había sido displicente
y no había contestado el mismo a tiempo por lo que lo dio por
admitido.3
Luego de notificada ambas resoluciones, el Municipio
solicitó oportunamente reconsideración al foro de instancia
de su decisión de dar por admitido el requerimiento de
admisiones. El 18 de diciembre de 2002, el tribunal acogió
la moción de reconsideración. Sin embargo, dos días antes --
el 16 de diciembre de 2002-- el Municipio ya había presentado
su recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.4
En su recurso ante el foro apelativo, el Municipio cuestionó
___________________________ respecto a la reclamación de la señora Santiago Colón reiteró su alegación de que estaba prescrita. 3 Respecto a la moción de desestimación por falta de jurisdicción sobre la materia, el Tribunal de Primera Instancia la declaró no ha lugar sin más. 4 Hemos establecido que el Tribunal de Primera Instancia puede considerar una oportuna moción de reconsideración luego de transcurrido el término que provee la regla para atenderla, siempre que dicho foro no haya sido privado de jurisdicción por razón de haberse interpuesto contra la sentencia un recurso de apelación o de certiorari o no haya expirado el término para interponer dichos recursos. El Mundo v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 791, 801 (1965), reafirmado en Caro Ortiz v. Cardona Rivera, res. 11 de febrero de 2003, 158 D.P.R. ___ (2003), 2003 T.S.P.R. 11, 2003 J.T.S. 13. De ahí que, en el presente caso el foro de instancia carecía de jurisdicción cuando acogió la moción de reconsideración, por haberse interpuesto previamente un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. CC-2003-520 7
la determinación del tribunal de instancia denegando las
solicitudes de desestimación y al haber ordenado que se diera
por admitido el requerimiento de admisiones.
El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto
presentado por entender que no se cometieron los errores
señalados. Según el foro apelativo los términos de la Ley
Núm. 115 eran claros. La intención del legislador fue
proteger a todo empleado por expresiones vertidas en
cualquier foro administrativo sin excepción de persona y sin
exceptuar aquellos foros administrativos creados mediante
ordenanza municipal que no estuviesen cubiertos por la LPAU.
Asimismo, el foro apelativo subrayó que los daños reclamados
por la señora Santiago Colón eran de naturaleza continua, por
lo que éstos no habían prescrito al momento de presentarse la
demanda. Finalmente, dicho foro concluyó que procedía que se
diera por admitido el requerimiento cursado, en vista del
reiterado incumplimiento del Municipio en contestar el mismo
para ello y a pesar de los múltiples apercibimientos del
Tribunal sobre las consecuencias de no contestarlo
oportunamente.
Insatisfecho, el Municipio de San Juan acudió ante
nosotros.5 El 5 de septiembre de 2003 expedimos el auto
5 En el escrito presentado se señalaron los siguientes errores:
Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al concluir que la Comisión para Ventilar Querellas y Asuntos de Personal del Municipio de San Juan es un foro administrativo. CC-2003-520 8
presentado. Las partes han comparecido por lo que estamos en
posición de resolver y pasamos a así hacerlo.
II
Los primeros tres errores señalados por el Municipio de
San Juan en su recurso se refieren al alcance de la Ley Núm.
115. El Municipio sostiene que la Ley Núm. 115 no aplica a
los municipios por éstos no haber sido incluidos en la
definición de “patrono” que dispone la ley. Además, planteó
que la Comisión no era una agencia administrativa conforme
las disposiciones de la LPAU, por lo que el testimonio que el
señor Rivera Prudencio ofreció ante dicho organismo no era
una actividad comprendida dentro del ámbito de protección de
la Ley Núm. 115. Pasemos entonces a discutir este asunto.
A
La Ley Núm. 115 es un estatuto de carácter reparador que
prohíbe el discrimen contra un empleado por ofrecer o
___________________________ Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al concluir que un testimonio ofrecido ante la Comisión para Ventilar Querellas y Asuntos de Personal del Municipio - es una actividad comprendida en el ámbito de protección de la Ley 115 de 20 de diciembre de de 1991.
Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al concluir que el Tribunal de Primera Instancia tiene jurisdicción para entender sobre la reclamación de los recurridos bajo la Ley 115, supra.
Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al concluir que la reclamación de la Sra. Santiago Colón no está parcialmente prescrita.
Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al concluir que el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en error al dar por admitidos el requerimiento de admisiones. CC-2003-520 9
intentar ofrecer información o testimonio ante un foro
legislativo, administrativo o judicial en Puerto Rico. La
ley provee para que todo empleado que fuere despedido,
amenazado o que fuere objeto de discrimen en el empleo por
motivo de represalia, pueda instar una acción civil en contra
del patrono dentro de los 3 años próximos a la fecha en que
ocurrió dicha violación. 29 L.P.R.A. 194a. Véase sobre el
particular, Cintrón Díaz v. Ritz Carlton, res. 26 de mayo de
2004, 161 D.P.R.___, 2004 T.S.P.R. 82; Marín Kuilan v. Díaz
Fastening System, 142 D.P.R. 499 (1997). Véase también, A.
Acevedo Colom, Legislación Protectora del Trabajo Comentada,
Ramallo Print. Bros., San Juan, 1999, 6ta Ed., pág. 250.
La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 115 indica
claramente que con esta ley se procura ratificar “la
protección de los empleos de los trabajadores, tanto de las
instrumentalidades del Estado Libre Asociado como del sector
privado, cuando comparecen ante la Legislatura o alguna de
sus comisiones, y ante foros administrativos o judiciales
para colaborar con dichos foros.” (Énfasis suplido.) Este
texto es claro y no admite confusión y apunta a que el
legislador tenía la intención de hacer extensiva la
protección conferida por la Ley Núm. 115 al sector
gubernamental. Como sabemos, de ordinario, la exposición de
motivos de un estatuto recoge el propósito del mismo. No
obstante, del texto de la ley no surge expresamente o con
total claridad lo que se declara en la exposición de motivos.
Nos explicamos. CC-2003-520 10
La ley define patrono como: “cualquier persona que tenga
uno o más empleados.” Art. 1, Ley Núm. 115, 29 L.P.R.A. 194.
Persona, por su parte, se define como: “individuo, sociedad,
corporación, asociación, así como cualquier entidad
jurídica.”6 Íbid. Empleado, aparece definido de la
siguiente manera: “cualquier persona que preste servicios a
cambio de salarios, o cualquier tipo de remuneración,
mediante un contrato oral, escrito, explícito o implícito.”
Como puede observarse, aunque la exposición de motivos hace
alusión al sector gubernamental, la falta de precisión en las
definiciones contenidas en la ley dejan margen para una
interpretación en contrario.
El historial legislativo pone de manifiesto esta falta
de claridad sobre la aplicabilidad de la ley al sector
gubernamental. A esos efectos, en la ponencia del
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos sobre el P del S.
987, --que luego se convertiría en la Ley Núm. 115—- se
indicó lo siguiente: “debido a que de las definiciones de
empleado y patrono no se hace exclusión alguna[,]
[e]tendemos (sic) que la ley especial resultante será de
aplicación a todo tipo de empleado de la empresa privada y de
6 No estimamos que la expresión “entidad jurídica” comprenda al sector gubernamental lo que incluye claro está al municipio pues como se sabe, cuando las palabras generales siguen a las palabras específicas en un enumeración descriptiva, las palabras generales se interpretan para que incluyan solamente asuntos similares en su naturaleza a los enumerados en forma específica. Autoridad sobre Hogares v. Tribunal Superior, 82 D.P.R. 344, 358-359 (1961); Puerto Rico Ilustrado v. Buscaglia, 64 D.P.R. 914, 921-923 (1945). L. Elfren Bernier, Aprobación e interpretación de las Leyes en Puerto Rico, pág. 341. CC-2003-520 11
gobierno, sin importar el nivel de gobierno (central o
municipal) ni el tipo de agencia (tradicional o corporación
pública semejante a negocio o empresa privada). Nótese la
expresión que en ese sentido se hace en el segundo párrafo de
la Exposición de Motivos. Si la intención de la medida no
fuere como hemos dejado expuesto, corresponde hacer las
aclaraciones de rigor.” (Énfasis nuestro.)
La Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico
expresó igual preocupación ante la Comisión de lo Jurídico
del Senado. En su ponencia expresó: “dado que la Exposición
de Motivos indica el deseo de proteger a los trabajadores,
tanto de las instrumentalidades del Estado Libre Asociado
(ELA) como del sector privado, entiendo que la definición de
“Patrono” (Artículo 1(b) de la proyectada ley) debe incluir,
específicamente, a las instrumentalidades del E.L.A.”
(Énfasis nuestro.) El texto del proyecto de ley no se
modificó conforme habían sugerido tanto el Secretario del
Trabajo como la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo.
El Secretario de Justicia sin embargo, da por sentado
que la misma aplica tanto al sector público como al privado,
al indicar en su ponencia expresamente: “[e]l P. del S. 987
propone ratificar y confirmar la política pública que ofrece
protección a los empleados de los trabajadores, tanto de las
agencias e instrumentalidades públicas como del sector
privado. . . .” (Énfasis nuestro.)
Esta ambivalencia se ha reflejado en leyes posteriores.
Por ejemplo, la exposición de motivos de Ley Núm. 426 de 7 de CC-2003-520 12
noviembre de 2000, conocida como la “Ley para la protección
de los derechos de empleados y funcionarios públicos
denunciantes, querellantes o testigos de alegados actos
constitutivos de corrupción”, expresa lo siguiente: “en lo
que respecta a los empleados del sector privado, la Ley Núm.
115 de 20 de diciembre de 1991 establece una protección
adicional cuando un empleado ofrezca o intente ofrecer
información sobre el mal manejo de una empresa. La misma
establece las prohibiciones, así como las violaciones y la
responsabilidad civil y criminal contra cualquier patrono que
exhiba esa conducta. Es imperativo que al sector público se
le extienda una protección similar.” La Ley Núm. 426 se
aprobó para ofrecer protección a empleados y funcionarios
públicos que denuncien o sean testigos de actos constitutivos
de corrupción en el gobierno. Evidentemente, el legislador
al aprobar la Ley Núm. 426 partió de la premisa que la Ley de
Represalias sólo era de aplicación al sector privado.
Por el contrario, la exposición de motivos de la Ley
Núm. 14 de 11 de abril de 2001, conocida como la “Ley de
protección y compensación a personas denunciantes actos de
corrupción contra fondos y propiedad pública”, señala que en
Puerto Rico se ha aprobado legislación para proteger a los
empleados públicos que divulguen información dirigida a
combatir los actos ilegales de los funcionarios
gubernamentales y para sostener esta proposición se cita
expresamente, la Ley Núm. 115 y la Ley Núm. 426. La Asamblea
Legislativa por lo tanto, no ha hablado con una voz uniforme CC-2003-520 13
respecto la aplicabilidad de la Ley Núm. 115 al sector
gubernamental.
Existe un evidente desfase entre lo que aparenta ser la
intención legislativa según consta en la exposición de
motivos de la Ley Núm. 115 y el contenido mismo de la ley,
según ejemplificado por la interpretación hecha por la
Asamblea Legislativa sobre el alcance de dicha ley. Al
dilucidar estas incongruencias lo hacemos tomando en cuenta
que, por ser la Ley Núm. 115 un estatuto de carácter laboral,
toda duda en cuanto a su interpretación y alcance debe
resolverse a favor del obrero o empleado, para de esta forma
adelantar los principios reparadores y sociales que animan
nuestra legislación laboral. Así se logra garantizar la
mayor protección de los derechos a nuestras trabajadoras y
trabajadores. E.g., Rosario Toledo v. Distribudora Kikuet,
151 D.P.R. 634 (2000); Irizarry v. Johnson & Johnson Consumer
Products Co., 150 D.P.R. 155, 164 (2000); Méndez v. Fondo del
Seguro del Estado, 140 D.P.R. 375 (1996).
El antecedente de la Ley Núm. 115 lo encontramos en la
Ley Núm. 65 de 3 de julio de 1986. Irizarry v. Johnson &
Johnson, supra, pág. 166. Esta última enmendó el Art. 2 Ley
Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 L.P.R.A. sec. 185b, para
disponer que no sería justa causa para el despido de un
empleado sus “expresiones relacionadas con el negocio de su
patrono, en una investigación ante cualquier foro
administrativo, judicial o legislativo en Puerto Rico. . . .” CC-2003-520 14
29 L.P.R.A. sec. 185b.7 Del texto de la Ley Núm. 65 y su
propia exposición de motivos surgía que el alcance de la
enmienda era limitar la protección ofrecida a expresiones
hechas por el empleado en el curso de una investigación del
negocio del patrono.
En Irizarry, al enfrentamos a un cuestionamiento sobre
el alcance de la Ley Núm. 115 concluimos, luego de analizar
detalladamente el historial legislativo así como los
antecedentes de la ley, que el propósito del legislador al
aprobar la Ley Núm. 115 fue crear una ley general de
represalias y ampliar la protección que ofrecía el Art. 2 de
la Ley Núm. 80, según enmendada por la Ley Núm. 65. Ello
así, al eliminar el requisito de que el testimonio protegido
fuera, exclusivamente, aquél ofrecido durante el curso de una
investigación al patrono.8 El historial legislativo sí es
claro al expresar que la Ley Núm. 115 pretende conferirle la
mayor protección posible a los trabajadores.
Al establecer un amplio entramado de protección a los
trabajadores, es razonable concluir que se pretendió, tal y
como se explica en la exposición de motivos de la ley, hacer
extensiva la protección que ofrece la ley al sector
gubernamental. La falta de especificidad en los artículos de
7 Como sabemos, la Ley Núm. 80 aplica con carácter de exclusividad a la empresa privada y a los entes gubernamentales que operan como corporaciones públicas. Guía Revisada, para la interpretación y aplicación de la Ley Núm. 80, 30 de mayo de 1976, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, pág. 24. 8 Véase, Memorando de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico sobre el P. del S. 987. CC-2003-520 15
la ley no detracta de lo que pretendió hacer el legislador al
aprobar esta ley y de cuál fue su verdadero alcance. Una
interpretación como la propuesta por el Municipio dejaría
fuera del ámbito de protección a un sector importante de la
clase trabajadora puertorriqueña, lo que sería contrario a la
intención legislativa. No podemos avalar por lo tanto la
interpretación propuesta por el Municipio de San Juan.
Concluimos por lo tanto, que a la luz del historial
legislativo, las normas de hermenéuticas aplicables y la mas
reciente expresión legislativa respecto el alcance de la Ley
Núm. 115, ésta ofrece protección a los empleados municipales.
B
El Municipio de San Juan también arguyó que en vista que
la LPAU no le aplica a un municipio y, toda vez que en
Irizarry v. Johnson & Johnson concluimos que expresiones ante
el Fondo del Seguro del Estado estaban protegidas por la Ley
Núm. 115 al aplicarle al Fondo la definición de foro
administrativo de la LPAU, expresiones hechas ante los foros
municipales no están cobijadas por la protección que ofrece
la Ley Núm. 115. No tiene razón el Municipio.
La Comisión para Ventilar Querellas y Asuntos de
Personal, adscrita a la Oficina de Igualdad de Oportunidades
en el Servicio del Municipio de San Juan, fue creada mediante
la Ordenanza Municipal Núm. 32, serie 1985-86, de 13 de
noviembre de 1985. La ordenanza dispone que dicha Comisión
será “el foro administrativo adecuado ante el cual puede
recurrir todo empleado municipal para ejercer su derecho a CC-2003-520 16
solicitar una vista administrativa para dilucidar la
controversia y controvertir los cargos formulados en su
contra, en aquellos casos en los que se ha generado contra
éste una acción disciplinaria que puede resultar en una
suspensión de empleo y sueldo por un término no mayor de 30
días o en una destitución”. Además, dispone que la Comisión
es “el foro administrativo adecuado que le garantiza a todo
empleado municipal el derecho a ventilar sus querellas por
alegado discrimen . . . en relación con la obtención o
tenencia de un empleo en el Municipio de San Juan.”
Aunque la Ley Núm. 115 no define el concepto de “foros
administrativos”, lo cierto es que conforme señalamos
anteriormente, con ésta el legislador pretendió conferirle a
los obreros o empleados la protección más amplia en contra de
las represalias que pudiera tomar su patrono ante las
expresiones vertidas por sus empleados en distintos foros
incluyendo los foros administrativos. Sería un
contrasentido, dejar fuera del ámbito de protección la
entidad administrativa creada por el Municipio precisamente
para escuchar y atender las quejas del empleado municipal en
contra del propio Municipio. Siendo la Comisión, por sus
propios términos, un foro administrativo, no debemos
excluirla de la Ley Núm. 115 y ponerle trabas a esta ley que
no fueron concebidas por el legislador. Por lo tanto, no
erró el foro apelativo intermedio al disponer que en efecto
la presentación de una querella por parte de un empleado ante
la Comisión para Ventilar Querellas y Asuntos de Personal del CC-2003-520 17
Municipio de San Juan era una de las “actividades protegidas”
por la Ley Núm. 115.
III
El próximo señalamiento de error del Municipio se
refiere a que erró el tribunal a quo al concluir que la
reclamación extracontractual de la señora Santiago Colón, no
estaba prescrita toda vez que los daños por los que se
reclamaba eran de carácter continuo. El Municipio alegó por
el contrario, que los mismos eran daños sucesivos y como tal,
aquéllos que, alegadamente, la señora Santiago sufrió antes
del año en que se presentó la demanda estaban prescritos.
Las acciones para exigir el resarcimiento del daño
sufrido como consecuencia de la culpa o negligencia de un
tercero posee una vida limitada y se extingue una vez
transcurrido el plazo estatuido sin que se interrumpa
eficazmente. Art. 1873 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 5303.
El propósito de la prescripción es fomentar el pronto reclamo
de los derechos a la vez que se protege al obligado de la
eterna pendencia de un reclamo en su contra. Como en tantas
ocasiones hemos dicho, en Puerto Rico la prescripción
constituye un derecho sustantivo y acarrea la desestimación
de cualquier demanda presentada fuera del término previsto
para ello. Maldonado v. Russe, 153 D.P.R. 342, 347 (2001).
De ordinario, el término prescriptivo comienza a
transcurrir desde que el agraviado tuvo conocimiento del daño
y pudo ejercer su causa de acción, lo que no necesariamente CC-2003-520 18
coincide con el momento en que se sufre el daño resarcible.
Santiago v. Ríos Alonso, 156 D.P.R. 181, 189 (2000). Por
ello, es menester identificar el tipo de daño que se trate
para poder establecer el punto de partida o momento inicial
del cómputo y de esta forma conocer con certeza cual será su
momento final. J. Puig Brutau, Caducidad y Prescripción
Extintiva, Barcelona, Ed. Bosch, 1986, pág. 7. Cintrón v.
ELA, 127 D.P.R. 582, 593 (1990).
Entre las diversas categorías de daños, hemos
identificado los llamados daños continuados y los daños
sucesivos.9 Rivera Encarnación v. E.L.A., 113 D.P.R. 383,
386 (1982). Hemos señalado que los daños continuados son
“aquellos producidos por uno o más actos culposos o
negligentes imputables al actor, coetáneos o no, que resultan
en consecuencias lesivas ininterrumpidas, sostenidas,
duraderas sin interrupción, unidas entre sí, las cuales al
ser conocidas hacen que también se conozca --por ser
previsible-- el carácter continuado e ininterrumpido de sus
efectos, convirtiéndose en ese momento en un daño cierto
compuesto por elementos de un daño actual (aquel que ya ha
acaecido), y de daño futuro previsible y por tanto cierto."
Galib Frangie v El Vocero, 138 D.P.R. 560, 575 (1995);
Santiago v. Ríos Alonso, ante.
9 Véase sobre el particular, Q.M. Scaevola, Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1965, T. XXXII, Vol. 2, pág. 881; A. Borrell Macia, Responsabilidad derivada de culpa extracontractual civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1958, pág. 344 et seq; J. Castán Tabeñas, Derecho Civil Español, Común y Foral, 12ma ed., Madrid, Ed. Reus, 1978, T. I, Vol. 2, pág. 963. CC-2003-520 19
Los daños continuados se distinguen por ser daños
derivados de acto ilícito como unidad y no como una
pluralidad de daños particulares. Por su naturaleza, el
plazo prescriptivo para reclamar por daños de naturaleza
continua comienza a transcurrir cuando se verifique el último
de los actos o se produzca el resultado definitivo. Véase
además, Santiago v. Ríos Alonso, 156 D.P.R. 181, 192 (2002).
Por otro lado, los daños sucesivos se definen como
aquella “secuencia de reconocimientos de consecuencias
lesivas por parte del perjudicado, las que se producen y
manifiestan periódicamente, o aún continuamente, pero que se
van conociendo en momentos distintos entre los que medió un
lapso de tiempo finito, sin que en momento alguno sean
previsibles los daños subsiguientes, ni sea posible
descubrirlos empleando diligencia razonable.” H. Brau del
Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto
Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, Vol. II, Cap. X,
pág. 643.
De lo anterior se desprende que los daños sucesivos
constituye una cadena de daños unitarios, individuales y
concretos que se producen en intervalos finitos de tiempo y
producen efectos jurídicos distintos. Lo que distingue a los
llamados daños sucesivos de los daños continuados es que los
sucesivos son daños ciertos que se van repitiendo, sin que
necesariamente sean idénticos, de forma tal que no son
previsibles o susceptibles de ser descubiertos empleando
diligencia razonable. Brau del Toro, op. cit., 643. Es CC-2003-520 20
decir, el rasgo determinante de esta categoría es que la
repetición del daño no es previsible. No puede considerarse
que la secuencia de los daños ciertos son previsible cuando
la repetición de los episodios lesivos es meramente
especulativa. Id., pág. 644.
Nos explica el profesor Brau del Toro que la causa que
propicia los daños sucesivos puede ser “una secuencia de
actos culposos o negligentes del actor,” o por el contrario,
puede tratarse de “un acto único o varios coetáneos que no se
repiten pero pueden seguir ejerciendo su efecto lesivo en
forma sostenida y duradera, cuyos actos no son previsibles en
supuesto alguno.” Brau del Toro, op. cit., pág. 643. En
ambos casos los actos u omisiones negligentes por parte del
autor, que se repiten periódicamente, o el acto generador de
las correspondientes consecuencias lesivas, hacen que cada
daño se manifieste y sea reconocido cada vez que ocurre.
Por consiguiente, en los "daños sucesivos", cada
reconocimiento de una lesión a causa de un acto culposo o
negligente produce un daño distinto, generando así cada acto
una causa de acción independiente. De allí que el término
prescriptivo para el ejercicio de cada una de ellas comienza
a contar en el momento en que el daño se manifiesta y el
perjudicado tiene conocimiento del mismo. Brau del Toro, op
cit., pág. 644. De esta forma, si el perjudicado interpone
una “acción resarcitoria transcurrido más de un año del acto
dañoso original, su acción estará limitada a los daños CC-2003-520 21
ocurridos durante el último año únicamente, ya que las
ocurridas con anterioridad están prescritas.” Id, pág. 645.
Lo anterior es cónsono con la teoría general de daños
que dispone que el periodo prescriptivo de un año para
acciones de responsabilidad civil extracontractual comienza a
transcurrir en la fecha en que el perjudicado conoce del daño
y quién fue su autor, y además conoce los elementos
necesarios para ejercer efectivamente su causa de acción.
Santiago Rivera v. Ríos Alonso, supra, pág. 189. En ese
sentido, hemos establecido que el término prescriptivo de la
acción para exigir de la autoridad nominadora la
responsabilidad civil extracontractual que pueda surgir por
un traslado ilegal y discriminatorio de un empleado público
comenzará a transcurrir a partir del momento en que el
empleado es notificado de la decisión decretando finalmente
el traslado. Véase, Cintrón v. ELA, 127 D.P.R. 582, 594
(1990); Delgado Rodríguez v. Nazario Ferrer, 121 D.P.R. 347
(1988. Ello es así, debido a que es a partir de este momento
que el agraviado adviene en conocimiento de los daños que le
ocasionó la actuación arbitraria. Ríos v. Administración de
Servicios Agrícolas, 140 D.P.R. 868, 872, (1996).
En el presente caso la parte recurrida argumentó que los
distintos traslados constituyeron un “daño continuo e
ininterrumpido” y por lo tanto, el plazo prescriptivo de su
causa de acción comenzó a transcurrir el día de la producción
del resultado dañoso definitivo. Alegó que todos los CC-2003-520 22
traslados fueron producto de una acción en represalia de la
autoridad nominadora, por su esposo haber presentado una
querella ante un foro administrativo alegando que fue objeto
de un traslado discriminatorio y caprichoso. Ello produjo
que se suscitaran los posteriores traslados. No tiene razón.
Somos del criterio que los posibles daños resultantes de
la secuencia de traslados que se suscitaron en el presente
caso por alegada represalia son de carácter sucesivo.10
Estamos ante una serie de daños ciertos, individuales y
concretos, los cuales no hubiesen podidos ser previstos por
el más diligente de la persona prudente y razonable. Es
decir, los traslados que se repitieron periódicamente y sus
posibles consecuencias lesivas se manifestaron y fueron
reconocidos cada vez que ocurrieron. No eran jurídicamente
previsibles, sino que por el contrario, la creencia de que
ocurrirían subsiguientes traslados era meramente
especulativa.
En el presente caso, contrario a lo que decidieron los
foros inferiores, los daños alegados en la demanda son
producto de una secuencia de actos independientes que
conformaron los llamados daños sucesivos. De modo que, cada
traslado produjo un daño distinto que generó una causa de
acción independiente desde que la autoridad nominadora
notificó los mismos. Resolvemos, por lo tanto, que los daños
reclamados por la señora Santiago Colón que fueron producto
10 Las expresiones que hacemos hoy no deben entenderse como una adjudicación en los méritos de la causa de acción por la que se reclama en el presente caso. Ello le competerá al Tribunal de Primera Instancia dirimir en su día. CC-2003-520 23
de actuaciones realizadas anterior al año en que se presentó
la demanda de epígrafe están prescritos.
IV
Finalmente, nos resta determinar si de acuerdo a los
hechos del presente caso procedía dar por admitido el
requerimiento de admisiones que le fue cursado al Municipio
de San Juan. Los requerimientos de admisiones cumplen una
función importante en nuestro sistema adversativo pues sirven
como un instrumento sencillo y económico para delimitar las
controversias del caso. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de
Derecho Procesal Civil, Tomo I, Publicaciones JTS, San Juan,
2000, pág. 565. Así lo reconocimos en Audiovisual Lang. v.
Sist. Est. Natal Hnos., 144 D.P.R. 562 (1997), donde
expresamos que la Regla 33 de Procedimiento Civil, 32
L.P.R.A. Ap. III, que regula lo relativo al requerimiento de
admisiones, persigue “aligerar los procedimientos, definiendo
y limitando las controversias del caso, proporcionando así un
cuadro más claro sobre las mismas.” Audiovisual Lang., ante,
pág. 571.
A través de un requerimiento de admisiones una parte
puede requerir a la otra que admita la veracidad de cualquier
materia que esté dentro del alcance de la Regla 23-1 de
Procedimiento Civil, respecto a cuestiones u opiniones de
hechos o con la aplicación de la ley a los hechos, o que
admita la autenticidad de cualquier documento que se acompañe
con el requerimiento. Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal
Hnos., supra, pág. 572. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 565. CC-2003-520 24
El efecto de dicha admisión es que releva a la parte adversa
de tener que presentar en el juicio prueba del hecho admitido
y de esta forma propicia que se acorte la audiencia y no se
incurran en gastos innecesarios. Cuevas Segarra, op. cit.,
pág. 566. Por lo tanto, la admisión de un requerimiento se
considerará definitiva, salvo que el tribunal permita su
retiro o una enmienda a ésta.
La parte interpelada tiene que admitir o negar lo
requerido bajo juramento o presentar una objeción escrita
sobre la materia en cuestión dentro del término de 20 días.
Si ésta no cumple con este término, “las cuestiones sobre las
cuales se solicitó la admisión, automáticamente se tendrán
por admitidas.” Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos.,
ante, pág. 573. El requerido tiene un deber afirmativo de
responder y de efectuar las gestiones necesarias para obtener
la información para admitir o negar.
En el presente caso, en apretada síntesis y según el
tracto fáctico recogido en la resolución del Tribunal de
Primera Instancia, el 13 de octubre de 2000 la parte
recurrida le envió por correo ordinario al Municipio de San
Juan el primer pliego de interrogatorios, producción de
documentos y requerimiento de admisiones.11 El 1 de
11 El requerimiento de admisiones enviado al Municipio contenía lo siguiente: 1) Admita que el demandante Felipe Rivera comenzó a trabajar el 18 de enero de 1994 en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunal del Municipio de San Juan.
2) Admita que para el 18 de enero de 1994, el demandante Felipe Rivera se desempeñaba como CC-2003-520 25
diciembre de 2000 el Municipio presentó una moción de
prórroga de 45 días para contestar los requerimientos de
admisiones. Inmediatamente, el recurrido se opuso a la ___________________________ Funcionario Ejecutivo III en el Programa de Rehabilitación de Vivienda encargado del almacén y devengando un salario de [sic] mensual de $905.00 [sic]
3) Admita que efectivo el 20 de junio de 1996 el demandante Felipe Rivera fue reubicado en el Programa de Sección 8.
4) Admita que el demandante Felipe Rivera presentó la Querella número 1712-096-083 ante la Oficina de Igualdad en el Empleo y Relaciones Laborales.
5) Admita que efectivo el 27 de enero de 1997, el demandante Felipe Rivera ocupó el puesto de Técnico del Área de Autosuficiencia o “Self Sufficiency”.
6) Admita que efectivo el 1ro. De febrero de 1998 el demandante Felipe Rivera trabajó en el área de Inspección.
7) Admita que efectivo el 12 de enero de 1999, el demandante Felipe Rivera estuvo asignado al Programa de Ordenanzas.
8) Admita que efectivo el 12 de mayo de 1999 el demandante Felipe Rivera estuvo asignado al Área de Inspección.
9) Admita que efectivo el 18 de mayo de 1999 el demandante Felipe Rivera trabajó en el Programa de Rehabilitación de Vivienda.
10)Admita que efectivo el 27 de mayo de 1999 el demandante Felipe Rivera estuvo asignado al Programa de Adquisición y Realojo.
11)Admita que retroactivo al 1ro. de marzo de 1999 al demandante Felipe Rivera se le asignó el puesto de Oficial Administrativo I con escala de 5 devengando un sueldo de $1,225.00.
12)Admita que bajo el actual Plan de Reclasificación el sueldo del Funcionario Ejecutivo III es mayor que el de Oficial Administrativo 1. CC-2003-520 26
prórroga solicitada alegando que la misma se había solicitado
fuera del término y en su lugar solicitó que se dieran por
admitidos los requerimientos. El tribunal, aunque reconoció
que el Municipio no presentó oportunamente su moción de
prórroga, le concedió hasta el 22 de febrero de 2001 para
contestar los mismos, apercibiéndole que de no contestar o
solicitar prórroga dentro del término se darían por
admitidos.
Según el expediente de autos, la abogada del Municipio
solicitó al tribunal de instancia el 23 de febrero de 2001
autorización para renunciar a la representación legal.
Varios días después y ante el incumplimiento del Municipio
con la orden del tribunal, la parte recurrida nuevamente
solicitó que se dieran por admitidos los requerimientos. El
Municipio no presentó oposición. Finalmente, el 4 de mayo de
2001 el foro de instancia dictó la orden según lo intimado
por la parte recurrida.
El 17 de mayo de 2001, el Municipio presentó una moción
en cumplimiento de orden y otros extremos, la cual se acogió
como una solicitud de reconsideración. En dicha moción se
solicitó que se dejara sin efecto la referida orden del 4 de
mayo de 2001. La parte recurrida se opuso y alegó que el
Municipio estaba impedido por sus propios actos de solicitar
que se dejara sin efecto dicha orden cuando aún no había
contestado los requerimientos.
El 13 de diciembre de 2001, sin haberse tomado acción
alguna sobre el asunto de los requerimientos, la nueva CC-2003-520 27
representación legal del Municipio renunció a la misma. Así
las cosas, no es hasta el 22 de febrero de 2002 que el
Municipio finalmente notificó la contestación a los
requerimientos, pero, sin juramentar. En atención a ello, la
parte recurrida presentó la correspondiente oposición
solicitando que no se aceptara dicha contestación por ser
tardía.
Una lectura del anterior tracto procesal pone de
manifiesto la falta de diligencia de la representación legal
del Municipio en cumplir con las órdenes del tribunal y con
las Reglas de Procedimiento Civil que establecen un término
mandatario de 20 días para admitir o negar un requerimiento
de admisiones. No podemos refrendar la dejadez y desidia de
una parte que con sus actuaciones promueve la dilación de los
procedimientos judiciales. Ante el incumplimiento del
Municipio en realizar actos afirmativos para responder el
requerimiento cursado, a pesar de haber sido apercibido de
las consecuencias de no actuar cumplidamente, entendemos que
no erró el foro apelado en mantener vigente la orden de dar
por admitidos el requerimiento de admisiones.
Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la
determinación del Tribunal de Apelaciones respecto a que el
Tribunal de Primera Instancia posee jurisdicción sobre la
materia y la determinación de que procede dar por admitidos
los requerimientos de admisiones que fueron cursados al
Municipio de San Juan. No obstante, se revoca la
determinación del tribunal recurrido en cuanto a que no está CC-2003-520 28
parcialmente prescrita la reclamación de la señora Santiago
Colón. Devolvemos los autos al Tribunal de Primera Instancia
para la continuación de los procedimientos conforme a lo aquí
resuelto.
Se dictará sentencia de conformidad.
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Recurrido
v. CC-2003-520
SENTENCIA
Por los fundamentos antes expuestos en la Opinión que antecede, los cuales se incorporan íntegramente a la presente, se confirma la determinación del Tribunal de Apelaciones respecto a que el Tribunal de Primera Instancia posee jurisdicción sobre la materia y la determinación de que procede dar por admitidos los requerimientos de admisiones que fueron cursados al Municipio de San Juan. No obstante, se revoca la determinación del tribunal recurrido en cuanto a la reclamación de la Sra. Norma Santiago Colón. Resolvemos que los daños de ésta son de carácter sucesivo y no continuos por lo que su reclamación está parcialmente prescrita. Devolvemos los autos al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Fiol Matta, inhibida.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo