Pedro J. Giovanetti Y Otra v. E.L.A. De P.R.s.

2004 TSPR 46

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: March 29, 2004
• Docket: CC-1999-0064
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Pedro J. Giovanetti y la SLG compuesta por él y su esposa María de los Ángeles Lugo

Demandantes-Peticionarios

v. Certiorari

Estado Libre Asociado de Puerto 2004 TSPR 46 Rico, Centro de Fomento de Empresas para Jóvenes, Inc. y Compañía de 161 DPR ____ Fomento Industrial de Puerto Rico

Demandados-Recurridos

Número del Caso: CC-1999-64

Fecha: 29 de marzo de 2004

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I

Juez Ponente:

Hon. Miguel A. Giménez Muñoz

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Lcdo. Alfredo Ortiz Ortiz

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Héctor Clemente Delgado Procurador General Auxiliar

Materia: Acción Civil

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Pedro J. Giovanetti y la SLG compuesta por el y su esposa María de los Ángeles Lugo

vs. CC-1999-64 CERTIORARI

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Centro de Fomento de Empresas para Jóvenes, Inc. y Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico

OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 29 de marzo de 2004

Mediante el presente recurso se nos solicita

que revisemos una sentencia del Tribunal de

Apelaciones que confirma la desestimación de la

reclamación por despido por razón de discrimen

político de un empleado transitorio dictada por

el Tribunal de Primera Instancia. Mediante dicha

sentencia el foro apelativo intermedio concluyó

que el peticionario --empleado por contrato de

una entidad creada por fondos gubernamentales

determinados-- no tenía una expectativa legítima

de continuidad en el empleo, por lo cual carecía

de un interés en la retención del mismo, y que

tampoco demostró la existencia de discrimen CC-1999-64 3

político. Por los fundamentos que expondremos a

continuación, confirmamos.

I

La Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (en

adelante Compañía de Fomento) es una corporación pública

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con personalidad

jurídica independiente y separada de éste y con capacidad

para demandar y ser demandada, ello en virtud de las

disposiciones de Ley Núm. 188 del 11 de mayo de 1942, según

enmendada, conocida como la Ley de la Compañía de Fomento

Industrial de Puerto Rico, 23 L.P.R.A. sec. 271, et seq. En

virtud de la facultad delegada por la referida Ley,1 esta

corporación pública autorizó, mediante la Resolución

Corporativa Núm. 86-53 de 12 de junio de 1986, la creación

de una corporación subsidiaria sin fines de lucro llamada

“Centro de Fomento de Empresas Para Jóvenes, Inc.” (en

adelante el Centro). Según el certificado de incorporación,

dicha subsidiaria corporativa se creó para “[p]romover,

organizar, administrar y desarrollar todo tipo de actividad

económica con el objeto de crear nuevas fuentes de empleo”

1 23 L.P.R.A. sec. 278(l). Dicha sección dispone lo siguiente en cuanto a las facultades de la Compañía de Fomento: “obtener la organización de acuerdo con la ley y ejercer dominio parcial o total sobre compañías, asociaciones o corporaciones subsidiarias, con fines pecuniarios o no pecuniarios, afiliadas o asociadas, siempre que, a juicio de la Junta, tal arreglo sea necesario, apropiado o conveniente, para efectuar los fines de la Compañía o el ejercicio de sus derechos, poderes ...” CC-1999-64 4

y para “[o]frecer adiestramientos y asesoramientos

necesarios para crear nuevas fuentes de empleos en pequeñas

empresas o negocios, cooperativas de bienes y servicios,

talleres de servicios y/o de reparaciones y/o...cualquier

tipo de actividad que genere empleo o autoempleo.” (énfasis

suplido). El Centro, como corporación subsidiaria, se regía

por una Junta compuesta de no menos de tres directores y su

único socio era la Compañía de Fomento. De los autos del

caso surge que el primer año el Centro funcionó con fondos

asignados por el Departamento del Trabajo. Ello en virtud

de un contrato suscrito entre éste y el Centro al amparo de

la Sección 10 (e) de la Ley Núm. 139 de 26 de junio de

1968, según enmendada por la Ley Núm. 82 de 3 de junio de

1980.2 Transcurrido este año el Centro funcionó con fondos

determinados asignados por la Asamblea Legislativa.

Por otro lado, el Programa del Cuerpo de Voluntarios

al Servicio de Puerto Rico (en adelante el Cuerpo de

Voluntarios) fue creado por la Ley Núm. 1 del 23 de junio

de 1985, según enmendada, antes conocida como la Ley del

Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico, 18

2 La referida disposición de ley autoriza al Secretario del Departamento del Trabajo a utilizar los fondos devengados del programa de beneficios por incapacidad para programas de adiestramiento y readiestramiento de empleados. Sección 10 (e) de la Ley Núm. 139 de 26 de junio de 1968, según enmendada por la Ley Núm. 82 de 3 de junio de 1980, 11 L.P.R.A. sec. 210 (e). De los términos del referido contrato surge que éste fue otorgado para asignar unos fondos iniciales al Centro para el adiestramiento de los empleados a contratar; por ello su vigencia fue de poco más de un año(entró en vigencia el 9 de junio de 1986 y permaneció vigente hasta el 31 de agosto de 1987). CC-1999-64 5

L.P.R.A. sec. 1411, et seq.3 Este programa tenía por

objetivo el “desarrollar un programa vasto e innovador de

actividades de formación del carácter y capacitación

técnico-vocacional para el desarrollo integral de la

juventud más necesitada del país . . . .” 18 L.P.R.A. sec.

1412. Otro de sus objetivos era el extender “un amplísimo

programa de obras, servicios y acción comunal por los

jóvenes participantes donde éstos contribuyan con su

esfuerzo y trabajo a resolver problemas y mitigar

necesidades de la comunidad en general...” Ibid.

El 15 de agosto de 1986, el Centro y el Cuerpo de

Voluntarios suscribieron un acuerdo titulado “Contrato de

Desarrollo Conjunto y Administración.” Según estipularon

las partes, el Programa de Autoempresas del Cuerpo de

Voluntarios pasó a ser parte del Centro como resultado de

tal contrato. Ello debido a los propósitos del Centro en

relación con programas como el de Autoempresas. De este

modo, el Centro administró el Programa de Autoempresas

desde agosto de 1986 hasta el 1ro de julio de 1993, fecha

en que cesó sus operaciones por falta de fondos. Debido al

cierre del Centro, el Programa de Autoempresas volvió a ser

parte de los múltiples programas que integraban al Cuerpo

3 La Ley Número 224 del 6 de agosto de 1999 redenominó esta Ley como “Ley Orgánica de la Administración para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores”.

De igual forma, toda referencia al Programa del Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico se sustituyó por la “Administración para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores.” CC-1999-64 6

de Voluntarios. Antes de la disolución, el 26 de mayo de

1993, se les informó a sus ciento treinta y cinco (135)

empleados que no se les renovaría el contrato, pero que se

efectuaría una reevaluación de sus puestos para determinar

cuáles de ellos serían trasladados para trabajar bajo el

Programa de Autoempresas, el cual pasaría a funcionar

dentro del Cuerpo de Voluntarios. De alrededor de ciento

treinta y cinco (135) empleados, el Cuerpo de Voluntarios

contrató setenta y dos (72) empleados.4

II

Según las determinaciones de hecho realizadas por el

Tribunal de Primera Instancia, el demandante, señor

4 Algunos de estos empleados radicaron demanda alegando discrimen. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda y ordenó la restitución de los empleados al encontrar que medió discrimen. El Tribunal de Circuito de Apelaciones consolidó ambos casos y revocó, al encontrar que la presunción de discrimen no quedó demostrada. Este Tribunal, luego de expedir el recurso de Certiorari, y mediante sentencia de 27 de abril de 2000, Rivera v. Estado Libre Asociado, Núm. CC-99-65, revocó al Circuito de Apelaciones, al concluir que medió discrimen político. En este caso se determinó que los empleados tenían una expectativa de continuidad de empleo. En específico, en dicha sentencia se indicó que en los contratos de empleo de los allí demandantes existía una cláusula donde el Centro se comprometía a retenerlos permanentemente. Bajo el entendido de que los demandantes conocían de la referida cláusula desde sus comienzos como empleados del Centro, y que la misma formaba parte de sus contratos de empleo, una mayoría de este Tribunal determinó que ello contribuyó a la formación de su expectativa de continuidad. Ello no obstante, y como detallaremos más adelante, aunque en el caso de marras existe una cláusula análoga, la misma no se encuentra en ninguno de los contratos de empleo del peticionario, sino en un contrato suscrito entre el Centro y el Departamento del Trabajo. CC-1999-64 7

Giovanetti, estaba afiliado al Partido Popular Democrático

y comenzó a trabajar para el Centro como parte del Programa

de Adiestramiento y Empleo para Trabajadores Desplazados.

La primera relación contractual entre el demandante y el

Centro surgió bajo los términos del mencionado programa de

adiestramiento. El aludido contrato entró en efecto el 16

de junio de 1986 con duración hasta el 31 de agosto de

1986. El demandante se desempeñó inicialmente como Director

Regional del Centro para el área regional de Bayamón con un

salario de $1,400.00 mensuales. Después de este primer

contrato se otorgó el segundo por un año a partir del 1ro

de septiembre de 1986, y así año tras año hasta el 30 de

junio de 1993, que expiró luego que una nueva

administración asumiera el control del Gobierno después de

las elecciones de 1992, en las cuales resultó victorioso el

Partido Nuevo Progresista (P.N.P.). Todos los contratos de

empleo firmados entre el demandante-peticionario, señor

Giovanetti, y el Centro tenían términos fijos de un año.

Así las cosas, el 26 de mayo de 1993, se le informó al

señor Giovanetti que a partir del 1ro de julio de 1993 el

Centro no recibiría más fondos para su operación, por lo

que no se le renovaría el contrato. Al recibo de la antes

mencionada comunicación el demandante le expresó a la Sub-

Directora Ejecutiva del Cuerpo de Voluntarios, la señora

Mirinda Y. Vicenty, su deseo de trabajar para esta entidad.

El 1ro de junio de 1993, la señora Vicenty le comunicó al

señor Giovanetti que habían evaluado su solicitud para CC-1999-64 8

ingresar al Cuerpo y que la misma había sido considerada

favorablemente. A tales fines fue referido a la oficina del

señor Elí Martínez y recibió instrucciones de regresar a

trabajar el 1ro de julio de 1993.

Llegado este día, el demandante se personó a la

oficina del señor Elí Martínez. Pasada la mañana, el

demandante recibió una llamada de un ayudante del Director

Ejecutivo del Cuerpo de Voluntarios. Se le informó que se

realizaría una evaluación de su puesto y se le notificaría

el resultado dentro de un término de quince días, por lo

que el demandante no debía volver a la oficina hasta que se

le informara el resultado. Al finalizar tal periodo, la

Sub-Directora le informó que no podía concederle de nuevo

su plaza y le ofreció un puesto en el Registro de la

Propiedad. El señor Giovanetti lo rechazó por no estar

relacionado con su trabajo reciente.

En vista de lo anterior, el 23 de junio de 1994, el

señor Giovanetti, su esposa, y la Sociedad Legal de

Gananciales compuesta por ambos presentaron demanda ante el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.

En síntesis, y en aquí lo pertinente, adujeron que las

verdaderas razones para el despido del señor Giovanetti

fueron de índole política. Además, alegaron que cierto

contrato suscrito entre el Departamento del Trabajo y el

Centro tuvo el efecto de crear puestos permanentes en el

servicio de carrera para todos los empleados reclutados por

el Centro. CC-1999-64 9

Luego de los trámites de rigor, el juicio se realizó

el 2 y 3 de octubre de 1996. Durante el mismo la parte

demandante presentó un solo testigo, el aquí peticionario

señor Giovanetti. Éste testificó sobre sus años de trabajo

para el Centro. Declaró sobre las circunstancias en que no

se le renovó su último contrato anual. Durante el juicio,

los demandantes argumentaron que el señor Giovanetti era

propiamente un empleado regular de carrera o, en la

alternativa, que las circunstancias de su empleo le crearon

una expectativa de continuidad en su empleo. Finalmente,

los demandantes también argumentaron durante la vista en su

fondo que el Centro y el Cuerpo de Voluntarios constituían

una sola entidad y, por lo tanto, el Cuerpo de Voluntarios

era responsable de cualquier incumplimiento o violación de

ley por parte del Centro. A esos efectos invocaron la

doctrina de descorrer el velo corporativo.

Por otro lado, la parte demandada presentó un único

testigo, la señora María Dolores Santiago, quien figuraba

en ese momento como Directora del Área de Desarrollo

Económico del Cuerpo de Voluntarios. La señora Santiago

declaró en torno a las diferencias en identidad entre el

Cuerpo de Voluntarios y Centro y sobre las razones del

cierre de este último.

Luego de analizar y evaluar toda la prueba presentada

por las partes, el Tribunal de Primera Instancia declaró

sin lugar la demanda radicada. Dicho foro determinó, como

cuestión de hecho, que la disolución del Centro se debió, CC-1999-64 10

estrictamente, a razones presupuestarias. Determinó que del

testimonio de la Sra. Santiago surgía con meridiana

claridad que la escasez de fondos fue la razón principal

para el cierre del Centro. Resulta importante destacar que

el tribunal de instancia encontró probado que una vez el

Centro “dejó de existir”, por falta de fondos, también

“dejó de “existir” el puesto que ocupaba el señor

Giovanetti; esto es, éste no fue sustituido por ninguna

otra persona. Debe enfatizarse, por último, que el foro

sentenciador determinó que el señor Giovanetti no probó que

se le hiciera promesa alguna de permanencia en el empleo

y/o de creársele una plaza de carrera y que, aun más

importante, éste conocía plenamente el carácter transitorio

del puesto que ocupaba, razón por la cual determinó que

éste no tenía, ni existía, expectativa alguna de

continuidad en su empleo.5

Inconformes, los demandantes, aquí peticionarios,

acudieron ante el Tribunal de Apelaciones. El foro

apelativo intermedio confirmó el dictamen del foro de

instancia, por lo que los peticionarios acuden ante nos

--vía certiorari-- imputándole al Tribunal de Apelaciones

haber errado al:

...no descorrer el velo corporativo y como consecuencia de dicha negativa concluir que el señor Giovanetti trabajaba para el Centro y no para el Cuerpo de Voluntarios.

5 El foro de instancia basó esta determinación en las propias declaraciones del señor Giovanetti y en los términos de los contratos que el mismo firmaba. CC-1999-64 11

...concluir que el señor Giovanetti no tenía una expectativa razonable de permanencia en el empleo.

...concluir que no quedó demostrado el prejuicio por razones políticas.

Expedimos el auto. Contando con las comparecencias de

las partes, y estando en condición de resolver, procedemos

a así hacerlo.

III

La parte peticionaria alega, como primer señalamiento

de error, que incidió el Tribunal de Apelaciones al negarse

a descorrer el velo corporativo y, como consecuencia,

concluir que el señor Giovanetti trabajaba para el Centro y

no para el Cuerpo de Voluntarios. Invoca la parte

peticionaria la doctrina de descorrer el velo corporativo,

argumentando que siendo el Cuerpo de Voluntarios su

verdadero patrono, éste debe responder por cualquier

actuación incorrecta por parte del Centro. En síntesis

aduce que la prueba documental y testifical desfilada ante

el Tribunal de Primera Instancia demuestran que el patrono

del señor Giovanetti era el Cuerpo de Voluntarios y no el

Centro. No le asiste la razón. El Centro y el Cuerpo de

Voluntarios no se pueden considerar la misma entidad porque

la doctrina aludida no es de aplicación al presente caso y,

además, porque existe prueba en el expediente que demuestra

lo contrario. Veamos. CC-1999-64 12

En el campo laboral, la doctrina de descorrer el velo

corporativo (álter ego) se utiliza cuando una corporación

toma control de otra entidad que usualmente desaparece, y

se demuestra que ese cambio de mando tiene propósitos

ilegales, constituye una violación a la política pública,

se perpetuaría una injusticia o un fraude o se incumpliría

con una obligación. El análisis en tal caso requiere que se

demuestren propósitos o intentos de cometer actos ilegales.

Véase: Rodríguez v. Banco Gubernamental de Fomento, res. el

19 de junio de 2000, 2000 TSPR 93; J.R.T. v. Asoc. C. Playa

Azul I, 117 D.P.R. 20 (1986); J.R.T. v. Marex Const. Co.,

Inc., 103 D.P.R. 135 (1974). En este caso, el expediente

no demuestra propósitos o intentos de cometer actuaciones

ilegales; por el contrario, las actuaciones tanto del

Centro como del Cuerpo de Voluntarios estaban autorizadas

por las leyes habilitadoras correspondientes.

Por otro lado, el distintivo fundamental para que una

corporación pública sea considerada subsidiaria de otra

consiste en que el estatuto en virtud del cual existe la

primera le imparta a ésta dicha característica y tenga

personalidad jurídica propia. Rodríguez v. Banco

Gubernamental de Fomento, ante. En el caso de autos, la

Compañía de Fomento está facultada por su estatuto

habilitador a obtener la organización y el dominio parcial

o total sobre compañías, asociaciones o corporaciones

subsidiarias, con o sin fines pecuniarios, siempre que a

juicio de la Junta tal arreglo sea necesario, apropiado o CC-1999-64 13

conveniente para efectuar los fines de la Compañía. 23

L.P.R.A. sec. 278(l). Es en virtud de esta facultad que la

Compañía de Fomento creó el Centro, con personalidad

jurídica propia y amplias facultades para ejecutar sus

objetivos de crear nuevas fuentes de empleo y de

autoempleo.

Asimismo, la Ley del Cuerpo de Voluntarios al Servicio

de Puerto Rico, ante, facultaba al Cuerpo de Voluntarios a

“ceder, sujeto a la aprobación del Gobierno del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, cualesquiera fondos,

propiedad, personal u otros recursos que estime conveniente

para que dicha agencia se haga cargo de la administración

de proyectos o programas establecidos de acuerdo a las

disposiciones y los propósitos de [dicha ley].” 18 L.P.R.A.

sec. 1441 (b).

En virtud de esta Ley es que el Cuerpo de Voluntarios

y el Centro otorgaron un acuerdo de colaborar juntos. A

esos efectos, el Artículo 13 de la referida Ley, 18

L.P.R.A. sec. 1441 (a), disponía que: “[e]l Programa

podr[ía] utilizar, mediante convenio con cualquier agencia

del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ...

cualesquiera fondos, propiedad personal u otros recursos

que [fuesen] necesarios para realizar conjuntamente

cualquier proyecto o actividad dentro de la encomienda del

Programa establecido por [la ley].”

De lo expuesto anteriormente se colige que el Centro

era una corporación subsidiaria creada por la Compañía de CC-1999-64 14

Fomento. El señor Giovanetti contrató directamente con el

Centro y, además, el Centro fue la entidad que inicialmente

recibió fondos para la creación de empleos directamente del

Departamento del Trabajo.

Por otro lado, tenemos que los objetivos y propósitos

del Centro y el Cuerpo eran similares en ciertos aspectos,

más no idénticos.6 Por un lado, el Centro se dedicaba a

crear nuevas fuentes de empleo, mientras el Cuerpo de

Voluntarios se dedicaba a crear programas de capacitación

técnico-vocacional y a preparar a la juventud para el

autoempleo y el empleo remuneratorio. El hecho de que el

Centro y el Cuerpo de Voluntarios tuviesen propósitos

similares, y llegaran a un acuerdo de colaboración, no

demuestra en forma alguna que ello se haya elaborado con el

fin de defraudar o violentar la ley, o que ambas entidades

constituyan una sola. Por el contrario, entendemos que la

creación del Centro se debió a la disposición de fondos

para ello. Luego de su creación, y conforme a su Ley

habilitadora, el Cuerpo de Voluntarios aprovechó dicha

situación para así delegar en el Centro la administración

de uno de sus múltiples programas. Al surgir el recorte de

fondos, el Centro dejó de existir y el programa pasó

nuevamente a manos del Cuerpo de Voluntarios. Todo lo

anterior se realizó de forma lícita.

6 De las determinaciones de hecho realizadas por el tribunal de instancia no surge que éste haya encontrado que las funciones del Centro y el Cuerpo de Voluntarios fueran idénticas, ni similares. CC-1999-64 15

En virtud de lo antes expuesto, concluimos que la

doctrina de descorrer el velo corporativo no es de

aplicación al presente caso7 y, además, que el Centro y el

Cuerpo de Voluntarios eran entidades distintas e

independientes.

IV

Como segundo señalamiento de error alegan los

peticionarios que erró el Tribunal de Apelaciones al

concluir que el señor Giovanetti no tenía una expectativa

razonable de continuidad en el empleo ya que las funciones

y el tipo de trabajo que ejercía eran propias de un

empleado permanente. Argumentan que las circunstancias

particulares del caso son suficientes para crear en el

señor Giovanetti una expectativa razonable de permanencia

en el empleo. Aducen que, teniendo una expectativa de

continuidad, el señor Giovanetti tenía un interés

reconocido en la retención de su empleo. En tal virtud,

alegan los peticionarios que dicho interés no podía serle

7 Resulta preciso aclarar que existe otra doctrina, no invocada por el peticionario, la cual ha sido adoptada por este Tribunal para atender casos de obligaciones contraídas por patronos antecesores, cuando los patrones sucesores se niegan a acatar las mismas. Dicha doctrina es la del “patrono sucesor” (successorship). No obstante, entendemos que la misma no es de aplicación al caso de autos ya que no se ha demostrado que éste sea uno en que haya ocurrido una venta o transferencia de activos o una reorganización de un negocio. Tampoco se probó una similaridad sustancial en la operación de la empresa, ni continuidad en el identidad de la misma antes y después del cambio. Véase: Piñeiro v. Int’l Air Serv. Of P.R., Inc., 140 D.P.R. 343 (1996). CC-1999-64 16

privado sin un debido proceso de ley ni podía ser

cesanteado sin seguirse las disposiciones del Reglamento de

Personal aplicable a los empleados públicos. No les asiste

la razón. Veamos porqué.

A

Reiteradamente hemos resuelto que un empleado público

tiene un reconocido interés en la retención de su empleo,

en tanto dicho interés esté protegido por ley, como ocurre

con los empleados de carrera, o las circunstancias del

empleo le creen una expectativa de continuidad. Depto.

Recs. Naturales v. Correa, 118 D.P.R. 689, 693 (1987);

García v. Mun. de Arroyo, 140 D.P.R. 750, 754 (1996). De

existir este interés, la agencia nominadora tendría que

seguir ciertos procedimientos para privar al empleado de su

empleo, de forma que se cumpla con el debido proceso de

ley. Perry v. Sindermann, 408 U.S. 593. 599 (1972). Además,

tendría que acatar las disposiciones para cesantías

establecidas en el Reglamento de Personal de la

Administración Central. Veamos, en primer lugar, si el

señor Giovanetti tenía un interés en la retención de su

empleo protegido por ley.

La Ley de Personal del Servicio Público de Puerto

Rico, 3 L.P.R.A. sec. 1301, et seq.,8 aprobada el 14 de

8 Quare si esta legislación es de aplicación a los empleados de la Compañía de Fomento Industrial, sus subsidiarias y a los empleados del antes existente Cuerpo de Voluntarios (Continúa . . .) CC-1999-64 17

octubre de 1975, según enmendada, establece dos categorías

básicas de empleados públicos, a saber: empleados de

carrera y empleados de confianza. 3 L.P.R.A. sec. 1349. La

mayor diferencia entre estas dos categorías de empleados es

que los primeros deben pasar por el proceso de

reclutamiento y selección que detalla la antes mencionada

Ley. 3 L.P.R.A. sec. 1333. Este tipo de empleado, una vez

reclutado como empleado de carrera, goza de seguridad en el

empleo y sólo puede ser destituido por justa causa y previo

a ciertos trámites de rigor. 3 L.P.R.A. sec. 1336.

La Ley de Personal provee, además, para una tercera

categoría de empleado, éstos son los llamados empleados

transitorios. 3 L.P.R.A. secs. 1333(12) y 1336 (9). Al

momento de la creación del Centro, en el año 1986, la

Sección 4.3 (12) de la referida Ley, 3 L.P.R.A. 1333 (12),

disponía lo siguiente: “[l]as personas nombradas en puestos

de duración fija tendrán status transitorio. La duración de

estos nombramientos corresponderá al período por el cual se

cree el puesto. Podrán efectuarse nombramientos

transitorios en puestos permanentes según se determine

mediante reglamento.”9 (énfasis nuestro).

_______________________ (adscrito a la Oficina del Gobernador). Véase: 3 L.P.R.A. sec. 1338, donde se disponen las entidades excluidas de la Ley de Personal. 9 A pesar de que la Ley Núm. 56 de 16 de agosto de 1989, 3 L.P.R.A. sec. 1333(12), enmendó en parte la Sección 4.3 (12) de la Ley de Personal, ante, la misma continuó disponiendo que “[l]as personas nombradas en puestos de duración fija tendrán status transitorio.”(énfasis (Continúa . . .) CC-1999-64 18

Es importante señalar que en el año 1989 la Sección

4.2 de la Ley de Personal fue enmendada mediante la Ley

Núm. 56 del 16 de agosto de 1989, 3 L.P.R.A. sec. 1332

(12), a los fines de aclarar y detallar la razón de ser de

este tipo de empleado.10 A tales efectos, el Inciso 12 de la

mencionada sección actualmente dispone lo siguiente:

Cuando surjan necesidades temporeras, de emergencia, imprevistas o de una duración determinada se crearán puestos de duración cuya vigencia no será mayor de veinticuatro (24) meses... Las agencias podrán crear puestos de duración fija por un período mayor de veinticuatro (24) meses, previa aprobación del Director; en el caso de programas o proyectos de duración determinada financiados con fondos federales, estatales o combinados. En este último caso, los puestos se podrán extender por la duración del programa o proyecto. 3 L.P.R.A. sec. 1332 (12). (énfasis nuestro).

La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 56, ante,11

dispone lo siguiente en cuanto a los motivos de las

enmiendas antes discutidas:

Los nombramientos transitorios de duración fija corresponden al periodo para el cual se cree el puesto. Este mecanismo debe utilizarse en situaciones imprevistas o de emergencia, tales como aumentos periódicos en el volumen de

_______________________ nuestro). Dicha Ley enmendó, además, el inciso 13 de esta Sección 4.3, ante, a los fines de establecer que “[l]os nombramientos transitorios en puestos de duración fija se efectuar[ían] por el período por el cual se cre[ara] el puesto... Dichos nombramientos no podrán exceder de veinticuatro (24) meses, excepto en los puestos autorizados para programas o proyectos de duración determinada.” 10 De esta forma se añadió el Inciso doce (12). De igual forma, la Ley Núm. 3 del 29 de diciembre de 1989 sustituyó “dieciocho (18) meses” por “veinticuatro (24) meses”. 11 P. de la C. 445, Ley Núm. 56 del 16 de agosto de 1989. CC-1999-64 19

trabajo, sustitución de empleados en licencia con paga, en el inicio de nuevos programas o necesidades mientras se crean puestos, y proyectos especiales de duración determinada. (énfasis nuestro).

A tono con tal intención legislativa podemos concluir

que mediante la aprobación de la Ley Núm. 56, ante, la

Asamblea Legislativa tuvo el propósito de aclarar que los

puestos transitorios pueden ser utilizados, no sólo para

necesidades temporeras, de emergencia o imprevistas, sino

también para proveer flexibilidad en la creación de empleos

en programas creados con fondos particulares, con los

cuales no se contará indefinidamente.12

En resumen, y en vista del término fijo del contrato

de empleo del señor Giovanetti, así como de las

12 Así lo reconoció el Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito en Arbona Torres v. Aponte Roque, 831 F. 2d 26, 27-28 (1er Cir., 1987). Dicho foro judicial, al reconocer el uso de empleados transitorios en entidades que funcionan con fondos asignados en forma determinada, ya que dependen de la asignación de los mismos para su funcionamiento, expresó:

Because the School Lunch Program ("Program") is financed entirely with federal funds, the amount of which may vary from year to year, plaintiffs were among the hundreds of Program employees who receive "transitory," one-year appointments that are renewed as a matter of course if funding permits. Such transitory employees are to be distinguished from career employees, who must compete for their positions but who may only be discharged for cause. The use of transitory employees thus gives the Program more flexibility to reduce its workforce in the event of a cutback in federal funding. The arrangement also saves the Program the expense of contributing to the more generous benefits enjoyed by career employees.(énfasis nuestro). CC-1999-64 20

circunstancias en que su empleo fue creado, concluimos que

éste ostentaba un nombramiento de carácter transitorio.

Durante un periodo de siete años el señor Giovanetti estuvo

año tras año firmando contratos de empleo donde se

estipulaba expresamente cuál sería el término de duración

de su contrato de empleo, disponiéndose claramente una

fecha de comienzo y una de terminación del mismo. Hemos

realizado un estudio minucioso de cada uno de estos

contratos y estamos convencidos de que en ninguno de ellos

se le ofreció al señor Giovanetti algo más que un

nombramiento de carácter transitorio.

Ahora bien, lo anteriormente expuesto no dispone

completamente del asunto ante nos, es necesario que

determinemos, además, si los empleados transitorios tienen,

o no, un interés en la retención de su empleo que esté

reconocido por ley. La respuesta a esta interrogante es en

la afirmativa, aunque, únicamente, durante la duración de

su nombramiento. Veamos.

El Reglamento de Personal de la Administración

Central, sec. 7.9, claramente establece que los empleados

con nombramiento transitorio no se consideran empleados de

carrera. Igualmente indica que ninguna persona que haya

recibido nombramiento de ese tipo puede ser nombrada a

desempeñar puestos en el servicio de carrera a no ser que

pase por el proceso de reclutamiento y selección que

establece la Sección 4.3 de la Ley de Personal, ante.

Reglamento de Personal, ante. Cf. Depto. Recs. Naturales v. CC-1999-64 21

Correa, ante, a la pág. 695. Véase además: 3 L.P.R.A. sec.

1333 (14).

No obstante lo anterior, este Tribunal ha reconocido

que los empleados transitorios gozan de una expectativa de

retención de empleo durante el término de su nombramiento

mas no cuando el mismo ha vencido. A esos efectos en Dept.

Recs. Naturales v. García, ante, a la pág. 697, expresamos

que:

Examinada la Ley de Personal, el reglamento y el historial legislativo de esa medida, concluimos que un nombramiento transitorio genera expectativa de retención en el empleo sólo durante el término del nombramiento. Ante el claro mandato legislativo, resulta inescapable concluir que bajo las disposiciones de la Ley de Personal del Servicio Público un empleado transitorio no goza de derecho a permanencia en su puesto ni tiene expectativa legítima de retención en el mismo una vez vencido el nombramiento. (citas omitidas y énfasis suplido).

Debido a que la expectativa de retención de empleo de

un empleado transitorio se extiende únicamente durante la

duración de su nombramiento, de ser cesanteado dentro del

mismo, la autoridad nominadora viene obligada a seguir los

procedimientos de la Sección 9.3 del Reglamento de

Personal, ante. Ello obedece a que el principio de mérito

cobijado por dicha Sección abriga a todos los empleados

públicos y a que la retención de empleo es un área esencial

del mérito.

Ahora bien, cuando un nombramiento transitorio vence y

el mismo no se le extiende al empleado nuevamente, ya no

existe la expectativa de retención. Por tal razón, la CC-1999-64 22

agencia nominadora no adviene obligada a seguir los

Personal, ante, cuando decide no renovar un nombramiento

transitorio.13 Cónsono con lo anterior en Depto. Recs.

Naturales v. Correa, ante, a la pág. 700, concluimos que

“[e]xpirado el término de un nombramiento transitorio, la

agencia no viene obligada a demostrar justa causa para no

renovar el nombramiento.” (énfasis suplido).

En virtud de lo anterior, resulta inescapable la

conclusión de que la ley no le reconoce un interés en la

retención de empleo al señor Giovanetti. Ello no obstante,

debemos examinar si las circunstancias de su empleo le

crearon una expectativa de continuidad. De ser ello así, el

señor Giovanetti tendría un interés en la retención de su

empleo y, por tanto, estaría protegido por el debido

proceso de ley y las disposiciones de cesantías antes

mencionadas.

B

Tal y como señaláramos anteriormente, el Centro para

el cual trabajaba el peticionario fue creado por la

Compañía de Fomento Industrial. Dicho Centro funcionaba de

acuerdo a ciertos fondos asignados anualmente. De esta

13 Recordemos que abstenerse de extender un nuevo nombramiento transitorio no constituye una suspensión o destitución. Véase: Depto. Recs. Naturales v. Correa, ante; Martínez v. Colom, Comisionado del Interior, 51 D.P.R. 417, 421 (1937). Véase además: 3 L.P.R.A. sec. 1336 (6(a). CC-1999-64 23

asignación de fondos dependía directamente, no sólo la

contratación de los empleados del Centro, sino también la

propia existencia del mismo. Es por ello que en cada uno de

los contratos suscritos entre el Centro y sus empleados se

hacía referencia a la procedencia de los fondos en virtud

de los cuales se realizaba la contratación. El señor

Giovanetti leyó y firmó cada uno de estos contratos, razón

por la cual debemos razonablemente presumir que conocía

sobre la fragilidad de su puesto. No podemos perder de

perspectiva el hecho de que Giovanetti contaba con una

preparación en Derecho, la cual lo colocaba en una posición

privilegiada al momento de analizar e interpretar cada una

de las cláusulas de los contratos por él firmados.14

Asimismo, el peticionario tenía pleno conocimiento de

la duración fija de su puesto y de su carácter transitorio.

A esos efectos, el tribunal de instancia indicó en su

sentencia que: “[d]esde el comienzo de su relación

contractual el Sr. Giovanetti estaba consciente del

carácter transitorio de sus nombramientos. En todos los

contratos claramente se establecía la duración de los

mismos por un término de un año.” (énfasis nuestro). Más

aún, de la Exposición Narrativa de la Prueba se desprende

que el señor Giovanetti firmaba contratos anuales,

14 Surge de los autos que el señor Giovanetti fue admitido por este Tribunal al ejercicio de la abogacía el 4 de enero de 1974 y al del notariado el 16 de enero de 1975. CC-1999-64 24

conociendo que éstos se extendían por un término fijo.

Además, surge que éste visitó personalmente a varios

legisladores con el propósito de cabildear para que su

puesto, y el de otros empleados, se convirtieran en

permanentes. Evidentemente el peticionario conocía que su

empleo era uno con status transitorio por lo que no puede

sostener válidamente que tenía una expectativa real de que

su nombramiento podía tener permanencia. A esos mismos

efectos, en Dept. Recs. Naturales v. Correa, ante, a la

pág. 694, reiterado por Orta v. Ayala, ante, a la pág. 245,

expresamos:

Por el contrario, el recurrido era consciente de que la plaza que ocupaba era una transitoria, y a término fijo. El que ostenta un nombramiento transitorio, con el conocimiento de que el mismo vence transcurrido el término para el cual fue expedido, no puede sostener válidamente que tiene una expectativa real de que dicho tipo de nombramiento le brinda permanencia en su empleo o derecho a que el mismo se le extienda constantemente.

Por otro lado, los peticionarios argumentan que la

renovación continua del contrato de empleo del señor

Giovanetti aportó a su alegada expectativa de retención de

empleo. Hemos resuelto, sin embargo, que “el mero hecho de

ocupar una posición por un prolongado periodo de tiempo no

crea por sí solo un interés propietario...”. Orta v. Ayala,

ante; Dept. Recs. Naturales v. Correa, ante, a la pág. 699,

citando a Morales Narváez v. Gobernador, 112 D.P.R. 761,

768 (1982). CC-1999-64 25

Más aún, y como señaláramos anteriormente, el

peticionario no demostró que se le hiciera promesa alguna

de permanencia, o de obtener un puesto de carrera. Y, de

existir dicha promesa, de todos modos la misma sería

insuficiente para crear una expectativa de continuidad en

el empleo. Depto. Recs. Naturales v. Correa, ante, a la

pág. 699. Sobre ese punto, el tribunal de instancia

correctamente expresó que: “[e]n primer lugar, no se

demostró que se le hubiere ofrecido un puesto de carrera y

aun de haber existido tal promesa no se demostró como en el

caso de Lupiáñez que se hubiese efectuado un trámite

dirigido a efectivamente concederle la permanencia.”

A tenor con lo expresado anteriormente, resolvemos que

el peticionario, señor Giovanetti, ocupaba un puesto

transitorio y las circunstancias de su empleo no ameritan

que se reconozca una expectativa legítima de continuidad en

el mismo. Resolvemos, además, que al no renovársele su

contrato no se tenían que seguir las disposiciones de

cesantías dispuestas en el Reglamento de Personal ni

tampoco se le violó su debido proceso de ley.

Por último, resulta importante destacar que en el caso

de autos el señor Giovanetti ocupó su puesto hasta

finalizado su contrato y, entonces, el mismo dejó de

existir ya que por acción legislativa se eliminó la

asignación de fondos. Incluso, la entidad para la que

trabajaba fue disuelta en su totalidad. Por esta razón,

entendemos que no existe realmente un interés propietario CC-1999-64 26

del que se le haya privado al peticionario, señor

Giovanetti, sin un debido proceso de ley. De existir un

interés propietario, el mismo dejó de existir una vez el

Centro cesó sus funciones por falta de fondos y el puesto

transitorio que ocupaba desapareció.15

C

cláusula quinta del contrato suscrito entre el Departamento

del Trabajo y el Centro tuvo el efecto automático de crear

15 En el caso de Vargas v. Barceló, 385 F. Supp. 879 (D. P.R. 1974), confirmado en Muñoz Vargas v. Romero Barceló, 532 F. 2d 765 (1er Cir., 1976), la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico resolvió que era muy distinto un reclamo de debido proceso de ley cuando una persona es despedida, o no se le renueva un contrato, a cuando un puesto que ocupa un empleado deja de existir. A esos efectos la corte de distrito indicó:

In a case in which executive action is taken to terminate an individual from a job in which he has a property interest, the courts can and will require that such an interest not be taken without due process of law. Perry v. Sindemann, 408 U.S. 593 (1972). In such a case, the individual is afforded notice, an evidentiary hearing and reasons for the action taken.

However, the case at bar in which certain jobs were eliminated by legislative action is obviously different. The ‘process’ which was ‘due’ in this case was simply that the legislation in question be duly enacted and executed…but the court is aware of no reason or authority why as a matter of procedural due process elected representatives should have to otherwise justify their decision to the individuals holding public jobs which are eliminated. CC-1999-64 27

puestos permanentes en el servicio de carrera para todos

los empleados a ser contratados.16 En tal virtud, argumentan

que el señor Giovanetti era propiamente un empleado regular

de carrera. No les asiste la razón. Veamos.

En primer lugar, es importante recordar que al momento

en que se firmó el contrato aquí en controversia, la Ley de

Personal, ante, disponía para tres tipos de empleados: los

de confianza, los transitorios y los de carrera. Somos del

criterio que si la intención de las partes hubiese sido que

los puestos que creara el Centro fueran, automáticamente,

regulares en el servicio de carrera, así se hubiese

dispuesto expresamente en el contrato.

Sobre este particular el Artículo 1233 del Código

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3471, dispone que “[s]i los

términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la

intención de los contratantes, se estará al sentido literal

de sus cláusulas.” Asimismo, el Artículo 1235 del Código

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3473, establece que “[c]ualquiera

que sea la generalidad de los términos de un contrato, no

deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y

casos diferentes de aquellos sobre que los interesados se

propusieron contratar.” (énfasis nuestro).

16 Cabe señalar que el peticionario no arguye que la referida cláusula le haya creado algún tipo de expectativa de retención en el empleo. CC-1999-64 28

El contrato aquí en controversia disponía claramente

que “El ‘PATRONO’ se compromet[ía] a retener

permanentemente en el empleo a la persona por la cual

[hubiese] recibido el subsidio salarial, después de

finalizar la fecha de vigencia del contrato, excepto en los

casos en que haya justa causa para no retenerlo, conforme a

la legislación laboral.” (énfasis nuestro). Es de advertir

que en ningún momento las partes pactaron que los puestos a

ser creados por el Centro para los empleados cuyos sueldos

subvencionó el Departamento del Trabajo serían en el

servicio de carrera. Esto es, la cláusula en cuestión no

tuvo el efecto de crear ipso facto un puesto permanente en

el servicio de carrera para Giovanetti. Dicha

interpretación sería contraria a los claros términos del

contrato ante nos.

Ahora bien, sin lugar a dudas, la cláusula en cuestión

sí podría ser interpretada como una a favor de terceros.

Véase: Artículo 1209 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.

3374; Bco. Central Corp. v. Yauco Homes, Inc., 135 D.P.R.

858 (1994). Ello no obstante, debe quedar claro que la

obligación contractual del Centro se enfocaba en retener a

los empleados para los cuales recibió el subsidio salarial

inicial, subsidio que fue la razón medular del contrato, y

no en otorgar puestos permanentes en el servicio de

carrera. La razón es sencilla: se trataba de unos puestos

que dependían de asignaciones económicas anuales para las

cuales no existía seguridad alguna ni certeza de ser CC-1999-64 29

recibidas. El Centro no podía comprometerse a otorgar a los

empleados adiestrados puestos permanentes de carrera, pues

su existencia era incierta. A lo único que podía obligarse

era a lo que en efecto se obligó, a retener esos empleados

por todo el tiempo que durara su existencia.

En conclusión, conforme los hechos del caso ante

nuestra consideración, el Centro cumplió cabalmente con lo

estipulado en el contrato aquí en controversia al retener

al señor Giovanetti en su empleo hasta que, por razón de

falta de fondos, se vio en la necesidad de no renovarle su

contrato. La falta del subsidio, o de los fondos provistos,

constituye la justa causa de que habla la antes citada

cláusula quinta. Queda claro, entonces, que Giovanetti no

tiene derecho alguno a exigir un puesto permanente en el

servicio de carrera que su patrono nunca se obligó a

otorgar y en relación con el cual él nunca tuvo expectativa

de continuidad.

V

Como último error, aducen los peticionarios que quedó

demostrado el prejuicio por razones políticas porque

durante el juicio en su fondo desfiló evidencia suficiente

a esos efectos. Argumentan que tanto el tribunal de

instancia como el de apelaciones erraron al no concluir que

la presunción de discrimen, según reconocida en Orta v.

Padilla Ayala, ante, quedó establecida. Tampoco les asiste

la razón. Veamos porqué. CC-1999-64 30

La Sección 1 del Artículo II de la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico prescribe en forma

clara que “no podrá establecerse discrimen alguno por

motivo de raza, color, ... ideas políticas o religiosas”.

Debido al lenguaje terminante de esta Sección, en

reiteradas ocasiones, hemos reconocido que no cabe el

discrimen político contra un empleado público, incluyendo

tanto los de confianza, los irregulares como los

transitorios. Aponte Burgos v. Aponte Silva, res. el 7 de

mayo de 2001, 2001 TSPR 66; Alberty v. Bco. Gub. de

Fomento, 149 D.P.R. 655 (1999).

Ahora bien, un empleado transitorio sólo tendrá un

remedio ante los tribunales por un reclamo de despido por

discrimen político si las razones por las cuales fue

despedido son exclusivamente políticas. Es decir, si la

agencia nominadora puede demostrar, mediante preponderancia

de la prueba, que el contrato no se renovó por otras

razones, entonces, no cabe hablar de un remedio por

discrimen político. Aponte Burgos v. Aponte Silva, ante.

Estas razones pueden ser: i.) la falta de fondos; ii.) el

desempeño inadecuado del empleado en cuanto a sus funciones

se refiere; o iii.) cualquier otra razón justificada. Ibid.

En el caso de autos el peticionario no presentó prueba

demostrativa alguna de que fuese despedido por su

afiliación política. Por el contrario, de los autos surge

que luego de informársele que el Centro sería disuelto por

falta de fondos fue considerado para un puesto en el Cuerpo CC-1999-64 31

de Voluntarios e incluso se le ofreció un puesto regular en

el Registro de la Propiedad que éste no aceptó. Más aún, el

peticionario no demostró que existiera un puesto igual al

que él ocupaba en el Centro y, mucho menos, que haya sido

sustituido por alguien de una afiliación política

diferente. Sobre este punto, el foro de instancia expresó:

El demandante no presentó prueba demostrativa de que fue suspendido por su afiliación política. Por el contrario, fue llamado con posterioridad al vencimiento de su contrato para ser evaluado para un puesto en el Cuerpo de Voluntarios. En efecto se le ofreció un puesto de Registrador de la Región de San Juan. El motivo de la no renovación del contrato fue la disolución del Centro por lo que el puesto que ocupó el Sr. Giovanetti dejó de existir y no fue sustituido por alguien ya fuera de igual o de diferente afiliación política. Orta v. Ayala, supra.

De hecho, de los autos surge claramente que entre los

reclutados por el Cuerpo de Voluntarios, una vez disuelto

el Centro, se encontraban personas identificadas con todas

las ideologías políticas, incluso partidarios del Partido

Popular Democrático.

En cuanto al cierre del Centro por razones

presupuestarias y de política pública, el tribunal

sentenciador entendió que ello quedó demostrado por el

testimonio de la señora María Dolores Santiago, quien en

esos momentos se desempeñaba como Directora del Área de

Desarrollo Económico del Cuerpo de Voluntarios. Sobre ello,

el tribunal sentenciador expresó que “quedó demostrado que

la determinación de la disolución del Centro fue una

fundada en razones presupuestarias y de política pública.” CC-1999-64 32

En vista de que el peticionario era un empleado

transitorio, y existía una causa justificada para no

renovársele el contrato, no cabe hablar de despido por

discrimen político en este caso.

A esos efectos, debemos recordar la norma de

deferencia que deben tener los foros apelativos en cuanto a

las determinaciones de hecho y la apreciación de la prueba

que realiza un tribunal de instancia. En ausencia de

pasión, prejuicio, error manifiesto o parcialidad este

Tribunal no intervendrá con las determinaciones de hecho y

la apreciación de la prueba que realizan los foros de

instancia. Trinidad García v. Chade, res. el 18 de enero de

2001, 2001 TSPR 7; Arguello López v. Arguello García, res.

el 31 de agosto de 2001, 2001 TSPR 124. En el caso de

autos, el tribunal sentenciador no actuó con prejuicio,

pasión o parcialidad y tampoco cometió error manifiesto,

razón por la cual no debemos intervenir con sus

determinaciones. Al contrario, un examen sereno y minucioso

de los autos nos convence de que la determinación del foro

de instancia fue una racional, justiciera y jurídica.

Procede la confirmación de la sentencia recurrida.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Pedro J. Giovanetti y la SLG compuesta por el y su esposa María de los Ángeles Lugo

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Centro de Fomento de Empresas para Jóvenes, Inc. y Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se dicta Sentencia confirmatoria de la emitida en el presente caso por el Tribunal de Apelaciones.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo La Juez Presidenta señora Naveira Merly concurre en el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri disiente sin opinión escrita.

Patricia Otón Olivieri Secretaria del Tribunal Supremo