Union De Trabajadores Ind. Electrica v. Aee
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Opinion
CC-1998-324 1
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, etc. Recurridos Certiorari
V. 99 TSPR 155
Autoridad de Energía Eléctrica, etc. Peticionarios
Número del Caso: CC-1998-0324
Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. Roberto Corretjer Piquer Lcdo. Juan Villafañe López
Abogado de la Parte Recurrida: Lcdo. José Velaz Ortiz
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan
Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Carmen Rita Vélez Borrás
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I
Panel Integrado por: Hon. Fiol Matta Hon. Rodríguez de Oronoz Hon. López Vilanova
Fecha: 10/13/1999
Materia: Derecho Constitucional
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. CC-1998-324 2
Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Etc.
Recurridos
vs. CC-1998-324 Certiorari
Autoridad de Energía Eléctrica; Cordero, Etc.
Peticionarios
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor FUSTER BERLINGERI.
San Juan, Puerto Rico, a 13 de octubre de 1999.
Al amparo de la disposición constitucional que prohíbe
la interceptación de las comunicaciones telefónicas, nos toca
dilucidar la validez de un sistema de auditoría de llamadas
por teléfono.
I
Los hechos pertinentes a la controversia del caso de
autos fueron estipulados por sus partes, y dicha estipulación
fue acogida por el foro de instancia como sus determinaciones
de hechos. Conforme a tales determinaciones, los recurridos,
que comparecieron por sí mismos algunos y otros representados
por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y
Riego (UTIER), al iniciarse el pleito eran o habían sido empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (A.E.E.).
Como empleados se desempeñaban en el Centro de Servicios al Cliente
(Centro) de la A.E.E. Se dedicaban a atender las llamadas telefónicas
de aquellos clientes de la A.E.E. que se comunicaban con dicha entidad
para conversar sobre determinados asuntos, tales como quejas sobre los
servicios recibidos de la A.E.E., problemas de facturación excesiva o
pagos no acreditados, desganche de árboles que interferían con el
tendido eléctrico, apagones, emergencias, contadores defectuosos, hurto
de servicios y otros. Los empleados referidos, quienes rendían sus
labores en calidad de “representantes de servicio al cliente”, tenían
asignados al azar determinadas unidades de teléfono del cuadro
telefónico de la A.E.E., destinadas al tipo de llamadas en cuestión.
Al comenzar a laborar en el Centro en enero de 1993, la A.E.E. les
comunicó a los empleados recurridos que, como parte de sus funciones,
estarían integrados a un sistema de auditoría de las llamadas
telefónicas que ellos atendiesen. Se les indicó a estos empleados que
mediante el sistema aludido unos supervisores podrían escuchar las
conversaciones de dichos empleados con los clientes que llamasen a la
A.E.E. El sistema referido se utilizaría a discreción de los
supervisores y sin el consentimiento del empleado. Los supervisores
escucharían las llamadas en cuestión con el fin de evaluar la calidad de
los servicios prestados por los empleados y para determinar si requerían
adiestramiento; para mejorar tales servicios; y para la reclasificación
de plazas de empleo.
En julio de ese mismo año, la A.E.E. le informó a los empleados
referidos que las llamadas personales a través del cuadro telefónico del
Centro estaban prohibidas; y que para hacer llamadas personales, los
empleados debían utilizar otros teléfonos designados para ello, que los
supervisores no podían escuchar.
Debe destacarse que inicialmente los clientes que llamaban a la
A.E.E., pero que tenían que esperar en línea para ser atendidos,
recibían el siguiente aviso o mensaje grabado: Para mejorar la calidad del servicio, su llamada será escuchada por un supervisor. Cualquier duda, si necesita, solicite la atención de un supervisor.
Por otro lado, los clientes que eran atendidos inmediatamente, no
recibían un mensaje previo que les informase sobre la posibilidad de que
su llamada fuese escuchada por un supervisor, en cuyo caso dicha llamada
podía ser escuchada por éste sin que el cliente supiera de ello. Sin
embargo, a partir del 21 de agosto de 1995 todos los clientes que
llamaban a la A.E.E. siempre recibían el siguiente aviso o mensaje:
Para poder brindar un mejor servicio, un supervisor podría estar escuchando su llamada.
Por razón de su inconformidad con el sistema de auditoría aludido,
el 17 de noviembre de 1993 varios empleados y antiguos empleados de la
A.E.E. incoaron una causa de acción1 en contra de la antedicha
corporación pública. Alegaron, inter alia, que sus derechos
constitucionales y los de los clientes de la A.E.E., al amparo de la
Sección 10, Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, estaban siendo violados por el sistema de auditoría de
llamadas de la A.E.E. Luego de los procedimientos de rigor, el 7 de
noviembre de 1996 el Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia
parcial y en lo pertinente determinó que el sistema de auditoría en
cuestión era contrario al derecho de los clientes y de los empleados de
la A.E.E. a que no se interceptarán sus comunicaciones telefónicas sin
su consentimiento. Resolvió de modo expreso “que la instalación de un
mecanismo de auditoría de llamadas telefónicas por los funcionarios de
la [A.E.E.]... constituyó una actuación inconstitucional.” Inconforme
con tal dictamen, el 12 de diciembre de 1996 los peticionarios-–la
A.E.E., los supervisores demandados y otros-–presentaron una solicitud
de certiorari ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. El 30 de
marzo de 1998 dicho foro confirmó la sentencia apelada y adoptó por
referencia los fundamentos expuestos en ésta. Por estar en desacuerdo
1 “Petición de Injunction Preliminar y Permanente, Sentencia Declaratoria, Daños y Perjuicios, Derechos Constitucionales, Derechos Civiles”. también con este otro dictamen, los peticionarios acudieron ante nos y
señalaron la comisión de los siguientes errores:
1. Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al adoptar por referencia los fundamentos del Tribunal de Primera Instancia y no resolver en sus méritos la novel cuestión constitucional que envuelve el caso de marras, pasando por alto el historial constitucional de la cláusula sobre interceptación de llamadas telefónicas.
2. Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al negarse a revisar la determinación del Tribunal de Primera Instancia que declaró que la instalación de un mecanismo de auditoría de llamadas telefónicas por los funcionarios de la A.E.E. en el Centro de Servicios al Cliente de dicha corporación pública constituye una actuación inconstitucional violadora de lo dispuesto en las secciones 1, 8 y 10 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Erró además el Tribunal de Circuito de Apelaciones al negarse a entender en la cuestión constitucional sustancial que envuelve la acción de epígrafe.
3.
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CC-1998-324 1
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, etc. Recurridos Certiorari
V. 99 TSPR 155
Autoridad de Energía Eléctrica, etc. Peticionarios
Número del Caso: CC-1998-0324
Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. Roberto Corretjer Piquer Lcdo. Juan Villafañe López
Abogado de la Parte Recurrida: Lcdo. José Velaz Ortiz
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan
Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Carmen Rita Vélez Borrás
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I
Panel Integrado por: Hon. Fiol Matta Hon. Rodríguez de Oronoz Hon. López Vilanova
Fecha: 10/13/1999
Materia: Derecho Constitucional
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. CC-1998-324 2
Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Etc.
Recurridos
vs. CC-1998-324 Certiorari
Autoridad de Energía Eléctrica; Cordero, Etc.
Peticionarios
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor FUSTER BERLINGERI.
San Juan, Puerto Rico, a 13 de octubre de 1999.
Al amparo de la disposición constitucional que prohíbe
la interceptación de las comunicaciones telefónicas, nos toca
dilucidar la validez de un sistema de auditoría de llamadas
por teléfono.
I
Los hechos pertinentes a la controversia del caso de
autos fueron estipulados por sus partes, y dicha estipulación
fue acogida por el foro de instancia como sus determinaciones
de hechos. Conforme a tales determinaciones, los recurridos,
que comparecieron por sí mismos algunos y otros representados
por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y
Riego (UTIER), al iniciarse el pleito eran o habían sido empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (A.E.E.).
Como empleados se desempeñaban en el Centro de Servicios al Cliente
(Centro) de la A.E.E. Se dedicaban a atender las llamadas telefónicas
de aquellos clientes de la A.E.E. que se comunicaban con dicha entidad
para conversar sobre determinados asuntos, tales como quejas sobre los
servicios recibidos de la A.E.E., problemas de facturación excesiva o
pagos no acreditados, desganche de árboles que interferían con el
tendido eléctrico, apagones, emergencias, contadores defectuosos, hurto
de servicios y otros. Los empleados referidos, quienes rendían sus
labores en calidad de “representantes de servicio al cliente”, tenían
asignados al azar determinadas unidades de teléfono del cuadro
telefónico de la A.E.E., destinadas al tipo de llamadas en cuestión.
Al comenzar a laborar en el Centro en enero de 1993, la A.E.E. les
comunicó a los empleados recurridos que, como parte de sus funciones,
estarían integrados a un sistema de auditoría de las llamadas
telefónicas que ellos atendiesen. Se les indicó a estos empleados que
mediante el sistema aludido unos supervisores podrían escuchar las
conversaciones de dichos empleados con los clientes que llamasen a la
A.E.E. El sistema referido se utilizaría a discreción de los
supervisores y sin el consentimiento del empleado. Los supervisores
escucharían las llamadas en cuestión con el fin de evaluar la calidad de
los servicios prestados por los empleados y para determinar si requerían
adiestramiento; para mejorar tales servicios; y para la reclasificación
de plazas de empleo.
En julio de ese mismo año, la A.E.E. le informó a los empleados
referidos que las llamadas personales a través del cuadro telefónico del
Centro estaban prohibidas; y que para hacer llamadas personales, los
empleados debían utilizar otros teléfonos designados para ello, que los
supervisores no podían escuchar.
Debe destacarse que inicialmente los clientes que llamaban a la
A.E.E., pero que tenían que esperar en línea para ser atendidos,
recibían el siguiente aviso o mensaje grabado: Para mejorar la calidad del servicio, su llamada será escuchada por un supervisor. Cualquier duda, si necesita, solicite la atención de un supervisor.
Por otro lado, los clientes que eran atendidos inmediatamente, no
recibían un mensaje previo que les informase sobre la posibilidad de que
su llamada fuese escuchada por un supervisor, en cuyo caso dicha llamada
podía ser escuchada por éste sin que el cliente supiera de ello. Sin
embargo, a partir del 21 de agosto de 1995 todos los clientes que
llamaban a la A.E.E. siempre recibían el siguiente aviso o mensaje:
Para poder brindar un mejor servicio, un supervisor podría estar escuchando su llamada.
Por razón de su inconformidad con el sistema de auditoría aludido,
el 17 de noviembre de 1993 varios empleados y antiguos empleados de la
A.E.E. incoaron una causa de acción1 en contra de la antedicha
corporación pública. Alegaron, inter alia, que sus derechos
constitucionales y los de los clientes de la A.E.E., al amparo de la
Sección 10, Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, estaban siendo violados por el sistema de auditoría de
llamadas de la A.E.E. Luego de los procedimientos de rigor, el 7 de
noviembre de 1996 el Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia
parcial y en lo pertinente determinó que el sistema de auditoría en
cuestión era contrario al derecho de los clientes y de los empleados de
la A.E.E. a que no se interceptarán sus comunicaciones telefónicas sin
su consentimiento. Resolvió de modo expreso “que la instalación de un
mecanismo de auditoría de llamadas telefónicas por los funcionarios de
la [A.E.E.]... constituyó una actuación inconstitucional.” Inconforme
con tal dictamen, el 12 de diciembre de 1996 los peticionarios-–la
A.E.E., los supervisores demandados y otros-–presentaron una solicitud
de certiorari ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. El 30 de
marzo de 1998 dicho foro confirmó la sentencia apelada y adoptó por
referencia los fundamentos expuestos en ésta. Por estar en desacuerdo
1 “Petición de Injunction Preliminar y Permanente, Sentencia Declaratoria, Daños y Perjuicios, Derechos Constitucionales, Derechos Civiles”. también con este otro dictamen, los peticionarios acudieron ante nos y
señalaron la comisión de los siguientes errores:
1. Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al adoptar por referencia los fundamentos del Tribunal de Primera Instancia y no resolver en sus méritos la novel cuestión constitucional que envuelve el caso de marras, pasando por alto el historial constitucional de la cláusula sobre interceptación de llamadas telefónicas.
2. Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al negarse a revisar la determinación del Tribunal de Primera Instancia que declaró que la instalación de un mecanismo de auditoría de llamadas telefónicas por los funcionarios de la A.E.E. en el Centro de Servicios al Cliente de dicha corporación pública constituye una actuación inconstitucional violadora de lo dispuesto en las secciones 1, 8 y 10 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Erró además el Tribunal de Circuito de Apelaciones al negarse a entender en la cuestión constitucional sustancial que envuelve la acción de epígrafe.
3. Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al negarse a revisar la determinación del Tribunal de Primera Instancia que resuelve que los recurridos son “parte” en la comunicación telefónica con derecho a albergar una expectativa razonable de intimidad en las llamadas que se reciben en el Centro de Servicios al Cliente, cuando las llamadas están dirigidas a la A.E.E. y se relacionan con los servicios esenciales que dicha corporación pública tiene que prestar, por mandato expreso de ley.
4. Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al negarse a revisar la determinación del Tribunal de Primera Instancia que determinó que la A.E.E. es un tercero que intercepta las llamadas telefónicas que se dirigen a dicha corporación pública bajo la protección constitucionalmente reconocida, obviando el hecho de que la A.E.E. es parte en la comunicación y es a ésta que va dirigida la llamada telefónica, que se recibe en un número telefónico asignado a la A.E.E., el cual está conectado a un cuadro telefónico propiedad de dicha corporación pública y el que es atendido por los empleados de la A.E.E. Constituye un error del Tribunal negarse a revisar la determinación del Tribunal de Primera Instancia que determinó que la A.E.E. la práctica era ilegal, cuando el número telefónico en cuestión está dedicado único y exclusivamente a recibir llamadas a la A.E.E. en solicitud de servicios y/o para reportar querellas. Dicho número telefónico se contesta por empleados allí asignados al azar y la Autoridad les provee a dichos empleados otros teléfonos no sujetos al sistema de monitoreo para que éstos puedan hacer y recibir llamadas personales o de aquél tipo donde puedan tener una expectativa de privacidad.”
El 30 de junio de 1998, expedimos el recurso solicitado a los fines
de resolver las cuestiones planteadas por los peticionarios y pautar las normas aplicables a la importante y novel cuestión constitucional ante
nos. El 14 de septiembre de 1998 la parte peticionaria sometió su
alegato, y el 2 de noviembre de ese año la parte recurrida sometió el
suyo. Con el beneficio de ambas comparecencias, pasamos a resolver.
II
Según hemos indicado antes, “la sección 8 de la Carta de Derechos
(Art. II) de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
dispone que toda persona tiene derecho a protección de ley contra
ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o
familiar. Esta sección junto con el principio de inviolabilidad de la
dignidad del ser humano contenida en la primera sección del referido
Artículo es la fuente en nuestro ordenamiento jurídico del derecho a la
intimidad, derecho fundamental que goza de la más alta jerarquía en
nuestro entramado de derechos constitucionales.” Pueblo v. Santiago
Feliciano, opinión del Tribunal de 14 de noviembre de 1995, 139 D.P.R.
___, 95 J.T.S. 154. Este derecho opera ex proprio vigore y puede hacerse
valer aun entre personas privadas. Arroyo v. Rattan Specialties, Inc.,
117 D.P.R. 355, 64 (1986); Colón v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 573, 576
(1982); Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250, 259 (1978); E.L.A. v.
Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436, 440 (1975); Alberio Quiñonez v.
E.L.A., 90 D.P.R. 812, 816 (1964); González v. Ramírez Cuerda, 88 D.P.R.
125, 133 (1963).
También hemos resuelto que como parte integral del referido derecho
a la intimidad, la Sección 10 del Art. II de nuestra Constitución
dispone que “no se interceptará la comunicación telefónica.” El derecho
de una persona a que no se le intercepten sus comunicaciones telefónicas
es parte esencial del derecho a la intimidad; Pueblo v. Colón Rafucci,
Op. del Tribunal del 25 de enero de 1996, 139 D.P.R. ____, 96 JTS 10;
P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 D.P.R. 328 (1983). Es una manifestación
específica de éste. P.R. Tel. Co. v. Martínez, supra, a la pág. 341. La
Sección 10 aludida “responde a la intención específica de vedar, sin lugar a dudas, la intromisión no consentida en las comunicaciones
telefónicas.” Id, a la pág. 340. El mandato constitucional respecto a
la protección de la intimidad en las llamadas telefónicas es tajante.
Id, a la pág. 341. Está formulado en el lenguaje más limitativo, y se
trata de una prescripción que exige celoso cumplimiento. Id, a la pág.
336. Se trata de un mandato constitucional que es aún más riguroso que
el que se refiere al derecho fundamental a la protección de la intimidad
de las personas contra requisitos y allanamientos irrazonables porque,
como señaláramos en Pueblo v. Santiago, supra, la prescrita
interceptación de la comunicación telefónica no se permite ni aun
mediante orden judicial. “La comunicación telefónica ocupa un lugar
particularísimo dentro del esquema establecido en la Sección 10, que no
se extiende a comunicaciones de otra índole”, Pueblo v. Santiago, supra.
La garantía constitucional en contra de la interceptación telefónica,
pues, no puede obviarse, “a menos que medie el consentimiento de sus
titulares.” Id.
El propósito central de la prohibición de la Sec. 10 referida es
proteger la secretividad de la conversación telefónica. 3 Diario de
Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, pág. 1586
(1961). Se busca asegurar que lo conversado entre la persona que
origina una llamada telefónica y la persona destinataria de esa llamada
quedará entre ellos. La interceptación prohibida ocurre de ordinario
cuando un tercero, extraño a la comunicación voluntaria entre las dos
partes aludidas, escucha, se inmiscuye o divulga tales conversaciones
por cualesquier medios. Pueblo v. Colón Rafucci, supra, a la pág. 619;
P.R. Tel. Co. v. Martínez, supra, a las págs. 342-343, y 347.
Para que la interceptación telefónica pueda permitirse lícitamente,
se requiere que las dos partes protegidas renuncien a su derecho. Hemos
resuelto antes que se trata de un derecho renunciable. P.R. Tel. Co. v.
Martínez, supra, a la pág. 343. Pero tal renuncia, para ser válida y
eficaz, tiene que ser “patente, específica e inequívoca”. Id. Cómo
ocurre con todas las renuncias a los derechos constitucionales fundamentales, la renuncia debe ser clara, voluntaria, y efectuada con
pleno conocimiento de causa. Pueblo v. Morales, 100 D.P.R. 436 (1972).
Además, “no es suficiente la renuncia de una sola parte para convalidar,
ipso jure, una interceptación telefónica. Es menester que se configure
una renuncia bilateral. . .”, P.R. Tel. Co. v. Martínez, supra, a la
pág. 342. Si no están presentes las renuncias aludidas, el Estado y
cualquier persona o entidad particular están impedidos, sin excepción,
de interceptar o permitir que se escuche una comunicación telefónica.
Id, a la pág. 343.
A la luz de esta bien establecida normativa constitucional, pasemos
a considerar la situación particular ante nos en el caso de autos.
III
Es menester comenzar nuestro análisis resaltando que tenemos ante
nos una situación que es distinta de la instancia común a la que aplica
el derecho garantizado por la Sec. 10 referida. La prohibición de la
interceptación telefónica se refiere de ordinario a la conversación
entre dos personas humanas. Como se ha señalado antes, la Sec. 10
referida pertenece a la esfera del derecho que persigue proteger la
intimidad de la vida privada o familiar. P.R. Tel. Co. v. Martínez,
supra, a la pág. 338 y 340. En lo más fundamental, lo que se busca
proteger es la inviolabilidad y dignidad del ser humano. Id, a la pág.
344. Por eso, hemos resuelto expresamente que el derecho en cuestión
“presupone y se extienda únicamente a conversaciones ...[realizadas]...
en el curso ordinario de las relaciones bilaterales humanas...” Id, a
la pág. 344.
En el caso de autos, las llamadas en cuestión siempre tenían como
destinatario a una entidad corporativa. La parte que originaba la
comunicación telefónica llamaba a la A.E.E. para discutir algún asunto
referente al servicio que presta la A.E.E., que es una persona jurídica.
No se trataba, pues, de la situación ordinaria referente al derecho en
cuestión, que usualmente involucra llamadas entre dos personas naturales. En este contexto, los peticionarios alegan que los
dictamenes impugnados por ellos son erróneos porque los empleados
recurridos no eran los destinatarios del derecho constitucional de
intimidad que invocaron. Aducen que las llamadas telefónicas en cuestión
iban dirigidas a la propia A.E.E. como parte receptora y no a los
empleados recurridos como tal. Enfatizan que los empleados en cuestión
eran sólo un instrumento o canal de la A.E.E. para contestar las
llamadas telefónicas que los clientes de dicha entidad le hacían a ésta.
Señalan que como las llamadas referidas no se le hacían a los empleados
de la A.E.E. en su carácter personal, la parte con interés real en tales
llamadas era la propia A.E.E., a quien dichas llamadas iban dirigidas.
Concluyen que la A.E.E. no puede haber incurrido en una interceptación
de comunicaciones telefónicas, debido a que las comunicaciones en
cuestión eran llamadas a la propia A.E.E.
Es evidente que los peticionarios tienen razón en cuanto a que la
A.E.E. era una de las dos partes en las llamadas telefónicas que nos
conciernen aquí. Los clientes que llamaban a la A.E.E. para alguno de
los fines antes reseñados ciertamente no tenían interés alguno en
conversar con uno u otro empleado particular de la A.E.E. Si acaso, su
interés era el de hablar con un funcionario de la A.E.E. que tuviese la
autoridad necesaria para resolver el asunto que motivó su llamada, por
lo que debe suponerse que preferirían hablar con un supervisor, más que
con sólo un “representante de servicio”. Es claro que las llamadas en
cuestión las hacían los clientes aludidos para tratar algún asunto con
la A.E.E. en sí y el empleado que las atendía era sólo el conducto para
el cliente traer a la atención de la A.E.E. el asunto concernido. Como
la llamada del cliente que el empleado de la A.E.E. recibía no iba
dirigida a éste en su carácter personal sino sólo como empleado de la
A.E.E., no cabe duda alguna de que la otra parte en dicha llamada no era
el empleado en sí sino la propia A.E.E. Es obvio que una entidad
corporativa como la A.E.E., que es una persona jurídica, sólo puede
actuar a través de sus empleados, sean estos “representantes de servicio” o “supervisores”. Unos y otros recibían las llamadas de los
clientes a nombre y en representación de la A.E.E. Actuaban por la
A.E.E. En términos operacionales, los empleados aludidos eran la A.E.E.
En este sentido, daba igual hablar con un “representante de servicio”
que hablar con un supervisor, como podía ocurrir a veces, porque en uno
u otro caso con quien se hablaba era con la A.E.E. No tendría ningún
sentido suponer que la conversación del cliente con un supervisor que
interviniece en la llamada era esencialmente distinta a la conversación
habida con el representante de servicio, debido a que en ambos casos la
comunicación era realmente con la A.E.E.
Por otro lado, debe tenerse en cuenta que recientemente, en Pueblo
v. Colón Rafucci, supra, resolvimos que cuando un agente de la Policía
atiende una llamada hecha a un teléfono perteneciente al Estado, el
Estado es la parte en la llamada y el agente actúa sólo como su
representante. Por analogía, a igual conclusión debemos llegar en el
caso de autos respecto a la A.E.E. y sus empleados. Resolvemos, pues,
que en la situación de autos, la parte receptora en las llamadas
telefónicas en cuestión, la que jurídicamente recibía tales llamadas,
era la A.E.E. y no los empleados por conducto de los cuales dicha
entidad actuaba.
Lo anterior significa que en la situación concreta que aquí nos
concierne los recurridos, como empleados de la A.E.E., no eran titulares
del derecho que establece la Sección 10 del Artículo II de nuestra
Constitución. Al atender las llamadas cursadas a la A.E.E., no estaba
en riesgo alguno su propia intimidad como personas. Como no se trataba
de llamadas personales de los empleados, no puede decirse que éstos
tenían un derecho de intimidad del Art. II, Sección 10 de nuestra
Constitución que les fuera violado. El trabajo que tenían estos
empleados era precisamente el de recibir las llamadas que los clientes
les hacían a la A.E.E., para resolver el asunto que el cliente planteaba
si el empleado podía hacerlo por su cuenta, o para referirlo a otros
funcionarios de la A.E.E. cuando ello fuera necesario. El asunto conversado por el empleado, pues, no sólo nada tenía que ver con la vida
privada o familiar de éste sino que, por su propia naturaleza, era uno
que dicho empleado probablemente tenía que divulgar a otros en la
empresa. No aplica a esta situación el mandato constitucional de que no
se interceptará las llamadas telefónicas de las personas humanas.2
Debe notarse, además, que en lo único que podía afectar
personalmente a los empleados recurridos el sistema de auditoría que
aquí nos concierne, era en la evaluación de su trabajo. La A.E.E.
obtenía de dicho sistema información sobre el desempeño laboral de sus
empleados. Pero ello no presenta un problema jurídico relativo a lo que
está ante nuestra consideración en este caso, que es la protección a la
intimidad de la persona en llamadas telefónicas. Los empleados
recurridos podrían tener cuestiones jurídicas válidas sobre si dicho
tipo de supervisión estaba previsto en los términos de empleo acordados
por ellos con la A.E.E., o en cuanto a si estaba o debió estar
autorizado en el convenio colectivo de la A.E.E. con la UTIER, u otras.
Podrían incluso haber problemas de intimidad si el patrono, en este caso
la A.E.E., divulga la información obtenida sobre el desempeño laboral de
los empleados a terceras personas, o más allá de lo necesario para
propósitos legítimos del patrono. Véase, L. Brunn, Privacy and The
Employment Relationship, 25 Houston Law Rev. 389 (1988). Ello no se ha
planteado en el caso de autos. Nada de lo anterior está ante nuestra
consideración ahora, en vista de que lo que se ha impugnado aquí no es
una cuestión de relaciones obrero-patronales, ni del uso indebido por el
patrono de la información obtenida por los supervisores, sino sólo sobre
la validez constitucional en sí del sistema de auditoría referido, al
amparo de la prohibición de la interceptación telefónica dispuesta en la
Sección 10, Artículo II de nuestra Constitución. No hay nada en el
2 Más aún, los empleados referidos sabían al asignársele sus labores que las llamadas podían ser escuchadas por sus supervisores. Conocía del sistema de auditoría de antemano, por lo que tampoco no podían tener una expectativa de intimidad respecto a ello. Véase, Simmons v. historial de esa disposición, o en nuestros pronunciamientos sobre el
particular, que permitan suponer que la prohibición de la interceptación
telefónica ordenada por la referida Sección 10, Artículo II de la
Constitución, persigue proscribir la supervisión patronal del desempeño
laboral de los empleados en la situación particular que aquí nos
concierne. No se estableció la prohibición constitucional en cuestión
con el propósito de evitar que un patrono verifique si sus empleados
atienden bien las llamadas telefónicas que por su conducto los clientes
le hacen al patrono. En este aspecto no hay propiamente involucrado un
derecho a la intimidad. Reiteramos, por tanto, que a los empleados
recurrentes como tal no se les ha violado su derecho a no sufrir la
interceptación indeseada de sus comunicaciones telefónicas, debido a que
en la situación del caso de autos no están involucradas comunicaciones
telefónicas que sean propiamente suyas.
IV
Lo anterior, claro está, no concluye nuestro examen del asunto ante
nos. Como señaláramos antes, los recurridos impugnaron la validez
constitucional del referido sistema de auditoría de llamadas telefónicas
no sólo al amparo del alegado derecho propio como empleados de la A.E.E.
a no sufrir la interceptación indeseada de sus comunicaciones
telefónicas, sino además al amparo de su alegado derecho como clientes
de la A.E.E. a no sufrir tal interceptación. La parte recurrida estaba
integrada no sólo por empleados de la A.E.E. sino también por antiguos
empleados de ésta. Los recurridos que estaban empleados aún por la
A.E.E. eran además clientes de la empresa, por lo que demandaron en su
carácter dual de empleados y clientes. Los recurridos que ya no eran
empleados de la A.E.E. comparecieron sólo como abonados o clientes de
ésta. Unos y otros alegaron específicamente haberse visto afectados en
su carácter de abonados por las prácticas de la A.E.E. impugnadas en el
Southwestern Bell Tel. Co., 452 F. Supp. 392(1978), Aff’d 611 F2d 342 (1979). caso de autos. Adujeron haber sufrido la supuesta intercepción
telefónica en llamadas propias que originaron desde sus hogares en
calidad de abonados.
En vista del referido planteamiento de los recurridos, el foro de
instancia resolvió expresamente que el sistema de auditoría de llamadas
telefónicas en cuestión violaba el derecho a la intimidad de los
clientes de la empresa. En el dictamen aludido, que fue confirmado por
el foro apelativo en su totalidad, se decretó que la interceptación en
cuestión violaba tanto los derechos de los empleados recurridos como los
de los clientes de la A.E.E. Debemos, pues, examinar ahora esta otra
parte del dictamen aludido, que se refiere a la supuesta violación del
derecho de los clientes o abonados de la A.E.E. a no sufrir la
interceptación telefónica que prohibe nuestra Constitución.3
V
Nos toca examinar ahora si el sistema de auditoría impugnado en el
caso de autos constituía una interceptación no consentida de las
llamadas telefónicas de los clientes de la A.E.E. Estos clientes eran
los que hacían u originaban las llamadas a la A.E.E. Eran la otra parte
en la comunicación telefónica bilateral referida. Estos clientes de la
A.E.E. sí son titulares del particularísimo derecho consagrado en la
Sección 10 del Art. II de nuestra Constitución que de manera tajante
prohíbe que se pueda interceptar sus llamadas telefónicas sin su previo
consentimiento.
Como se ha señalado ya, para que exista una “interceptación” de la
comunicación telefónica entre las dos partes de tal comunicación,
usualmente es necesario que exista un tercero que es quien intercepta la
comunicación. La interceptación ocurre de ordinario cuando tal tercero,
extraño a la comunicación voluntaria entre las dos partes de la llamada
telefónica, escucha o capta por su cuenta lo con- versado por esas dos
partes, sin el consentimiento de éstas. En el caso de autos, como el asunto concreto que nos concierne es
la intervención de un supervisor de la A.E.E. en una conversación entre
un cliente y otro empleado de la A.E.E., no puede decirse propiamente
que existía aquí el “tercero” que es necesario de ordinario para que se
configurase una interceptación telefónica ilícita. Como hemos visto
antes, el supervisor en cuestión no era de modo alguno un tercero,
extraño a la comunicación entre el cliente y el representante de
servicio. Era más bien un doble del representante de servicio; una
especie de alter ego de éste; otro instrumento de la A.E.E., semejante
al que atendió la llamada telefónica en cuanto a su capacidad para
actuar a nombre y por la A.E.E., y que servía para el mismo fin. Para
los propósitos de la llamada, eran la misma persona.
Más importante aun, cuando un cliente de la A.E.E. llamaba a dicha
entidad por conducto de un empleado de ésta, su intención evidente era
que intervinieran respecto al asunto planteado por dicho cliente todos
aquellos empleados de la A.E.E. que debían intervenir para que dicho
asunto se atendiera adecuadamente. El cliente obviamente sabía, porque
había sido avisado de ello, que su planteamiento podía ser referido a
otros funcionarios de la empresa con autoridad para intervenir. Su
llamada no tenía el propósito meramente de relacionarle al asunto en
cuestión al particular representante de servicio que la atendió. No era
una llamada personal a éste. Al hacer el cliente las llamadas en
cuestión a la A.E.E. evidentemente estaba consintiendo de modo tácito a
que lo comunicado fuese divulgado a todos aquellos en la A.E.E. que
tenían injerencia respecto al asunto planteado por el cliente que llamó
a la A.E.E. Por ello el cliente no tenía ninguna intención o expectativa
de que lo conversado con tal representante habría de quedar sólo entre
ellos dos. Todo lo contrario, como consecuencia inevitable de la
naturaleza de la A.E.E. como entidad corporativa, y del aviso que le
daba la propia A.E.E., el cliente estaba de acuerdo en que su
conversación telefónica se transmitiese y divulgase a otros en la
3 Véase, además, E.L.A. v. P.R. Telephone Co., 114 D.P.R. 394 (1983). empresa a quienes les correspondía atender el asunto que dicho cliente
había planteado mediante su llamada telefónica. En este sentido, pues,
no podía configurarse aquí una interceptación ilícita de la llamada del
cliente por el mero hecho de que un supervisor la escuchase. No sólo
dicho supervisor no era un “tercero” que interceptase la llamada sino
que, además, el cliente había consentido a que interviniese en la
llamada.
Ahora bien, lo señalado antes respecto a que no se configuraba aquí
una violación al derecho consagrado en la Sección 10 del Art. II de la
Constitución con respecto a las conversaciones telefónicas referidas de
un cliente con empleados de la A.E.E., parte del supuesto esencial de
que lo escuchado por dichos empleados habrá de utilizarse únicamente
para darle la consideración debida al asunto concreto que el cliente
trajo a la atención de la A.E.E. Lo comunicado por el cliente al
representante de servicio está sujeto a ser revelado a otros
funcionarios de la A.E.E., y aun a determinados terceros, sólo en la
medida en que ello sea necesario para tramitar y atender propiamente el
asunto planteado por dicho cliente. Hasta ahí llega la identidad
funcional entre el representante de servicios y los otros funcionarios
de la A.E.E.; hasta ahí llega el consentimiento prestado por el cliente
en tales llamadas. Cualquier otro uso de la comunicación del cliente
por la A.E.E. requeriría el consentimiento “patente, específico e
inequívoco” del cliente sobre dicho otro uso. Ello, porque cualquier
otro uso de la comunicación del cliente rebasaría la identidad de los
funcionarios de la A.E.E., y el consentimiento del cliente a que lo
conversado fuese divulgado a otros en la A.E.E. sólo a los fines de
atender adecuadamente el propósito de la llamada telefónica. En
situaciones como las del caso de autos, la identidad referida y el
consentimiento del cliente que origina una llamada telefónica están
limitados por la naturaleza misma de tal llamada. No se extienden más
allá de la razón o propósito por el cual el cliente hizo la llamada en
cuestión. Siempre queda el derecho residual de intimidad del cliente de que lo conversado no se divulgará más allá de lo que requiere la
finalidad de la llamada en cuestión. En situaciones como las del caso
de autos, pues, por analogía podría decirse que el cliente conserva una
expectativa razonable de intimidad de que la otra parte en la
comunicación, aquí la A.E.E., no ha de revelar o utilizar lo conversado
más allá de lo necesario para tramitar y atender propiamente el
propósito de dicha comunicación.
De lo señalado antes se desprende concretamente que la A.E.E. podía
utilizar supervisores que escucharan la conversación del cliente con el
representante de servicio, como medio para resolver o darle una
respuesta expedita al asunto concreto planteado por el cliente. También
podía hacerlo como medio para mejorar los servicios de la A.E.E. al
abonado, o para perfeccionar el desempeño del representante de servicio
en su función de atender las llamadas de los clientes. Cualquier otro
uso requeriría otro acto de consentimiento claro y consciente del
cliente o abonado.
En el caso de autos no se ha alegado que la A.E.E. haya utilizado
su sistema de auditoría de llamadas telefónicas más allá de los
propósitos legítimos del cliente al hacer las llamadas en cuestión. Por
ello, resolvemos que en el caso de autos no se ha violado el derecho a
la intimidad que asiste a los clientes de la A.E.E. en situaciones como
las que aquí nos concierne.
VI
Para concluir la consideración del asunto ante nos, debe atenderse
otro aspecto particular de éste. En casos como el de autos podría
configurarse otro tipo de interceptación telefónica ilícita, diferente a
la que es normativamente lo más común. Como se sabe, poco después de
adoptarse por el pueblo la Constitución del Estado Libre Asociado, el 10
de junio de 1953 se aprobó en Puerto Rico la Ley Núm. 66, vigente aún,
con el propósito de darle apoyo penal al mandato de la Sec. 10 del Art.
II de nuestra Constitución que prohíbe la interceptación no consentida de las comunicaciones telefónicas. Dicha legislación se aprobó para
imponer sanciones penales a la violación del mandato constitucional. La
Ley Núm. 66 referida reflejaba el entendido contemporáneo que existía en
el país sobre el alcance de dicho mandato constitucional. Pueblo v.
De León Martínez, 132 D.P.R. 746, 751-752 (1993).4 En el Art. 3 de la
Ley Núm. 66, 33 L.P.R.A., Sec. 2160, se dispuso:
Ninguna persona que participe en una comunicación telefónica ni ninguna otra persona extraña a la misma, grabará ninguna comunicación telefónica, mediante ningún procedimiento mecánico, ni permitirá que dicha comunicación sea oída por ninguna persona, por medio de una extensión del teléfono, o por cualquier otro medio, a no ser con el consentimiento expreso de todas las partes que intervienen en dicha comunicación telefónica. (Enfasis suplido).
Es evidente que conforme a dicho Art. 3, puede configurarse una
interceptación telefónica ilícita no sólo en la situación común, cuando
un tercero se inmiscuye en la llamada, sino además cuando alguna de las
dos partes de la propia comunicación telefónica la graba sin el
consentimiento
de la otra, o permite que dicha comunicación sea oida por terceros
mediante una extensión o cualquier otro medio sin el consentimiento de
la otra parte. Este Art. 3 de la Ley Núm. 66 alude, pues, a otras
instancias de la interceptación telefónica prohibidas por la Sec. 10 del
Artículo II de nuestra Constitución. En consecuencia, cada una de las
partes en una llamada telefónica tiene derecho a que su conversación con
la otra parte no ha de ser grabada por ésta,
ni transmitida por ésta a terceros extraños a la conversación, mediante
extensiones del teléfono o otros medios similares, sin su
consentimiento. Puede configurarse una interceptación telefónica
ilícita, pues, no sólo en la situación ordinaria en que un tercero,
extraño a la conversación, la escucha o capta por su cuenta sino también
cuando alguna de las mismas partes de la conversación la graba, o
permite que terceros la escuchen, sin el consentimiento de la otra.
4 Véase, además, la opinión concurrente del Juez Presidente Trías Monge en P.R. Tel. Co. v. Martínez, supra, a la pág. 357. En el caso de autos, el foro de instancia discutió en su dictamen
la posible grabación por la A.E.E. de una llamada de un cliente suyo sin
el consentimiento de éste. Dicho foro, sin embargo, no concluyó en sus
determinaciones de hecho que hubo tal grabación, ni ello se menciona en
la estipulación de los hechos de las partes. No tenemos ante nos, pues,
una alegación de que la A.E.E. en efecto haya grabado las llamadas en
cuestión. No obstante, debe quedar claro de lo señalado antes en este
acápite de la opinión que el aviso que la A.E.E. le daba a sus clientes
en las situaciones impugnadas en el caso de autos no era suficiente para
inferir que el cliente, al continuar con la llamada, había consentido
también a que ésta se grabase. La información que se le proveía al
cliente por la A.E.E. no permite concluir que el cliente tenía pleno
conocimiento de que su inferida renuncia al derecho de intimidad incluía
este extremo también. No puede decirse que consintió a que se grabase la
llamada. La actuación del cliente, de seguir adelante con la llamada
luego de escuchar el aviso referido, no configura una renuncia “patente,
específica e inequívoca” de todo el derecho a la intimidad del cliente.
No es claro que éste entendiese que estaba en efecto renunciando a todos
los aspectos de su derecho a la intimidad. Ciertamente no puede
inferirse que el cliente haya consentido tácitamente a que se grabase su
llamada. Para grabar las llamadas aludidas, o para usarlas de algún modo
que exceda los propósitos que tuvo el cliente al hacer tal llamada, la
A.E.E. tiene que dar aviso previo de ello a sus abonados, más precisos
que los que ha utilizado hasta ahora, a fin de permitir que haya una
renuncia esclarecida por el cliente de su derecho a la intimidad con
respecto a tales extremos.
VII
Al formular las pautas sobre el alcance del derecho de una persona
a no sufrir una interceptación indeseada de sus conversaciones
telefónicas que hemos anunciado antes en esta opinión, hemos tenido muy
en cuenta las consideraciones de orden público sobre la protección del derecho a la intimidad en el mundo contemporáneo tan henchido de avances
tecnológicos, que mencionáramos en Arroyo v. Rattan Specialties, supra,
a las págs. 54-58. Vivimos en una época en la que los rápidos
desarrollos tecnológicos presentan crecientes y continuos riesgos a la
intimidad de las personas. Aspectos del quehacer cotidiano quedan
irremediablemente registrados en los modernos mecanismos de comunicación
que utilizan los propios individuos, las empresas y el Estado para
atenderlos. Tales registros, por muchos que sean, son susceptibles de
ser acopiados a través de los eficientes sistemas de compilación de
información que la cibernética ha hecho posible. Los múltiples actos y
transacciones que una persona realiza a diario van dejando así una
estela de numerosos rastros que pueden recopilarse electrónicamente para
configurar un perfil de la vida privada de la persona, que terceros
extraños pueden tratar de usar entonces para toda clase de fines. Y
así, junto con las muchas y variadas formas de vigilancia que la
tecnología ha hecho posible, la intimidad del ser humano se encuentra
cada día en mayor peligro de perderse o quedar intolerablemente
menoscabada.
Los cambios tecnológicos, claro está, tienen valores positivos
importantes e innegables. Ofrecen medios más eficaces de realizar
labores legítimas de los individuos, las empresas y el Estado. Por
ello, encaramos la necesidad de armonizar el fundamental derecho a la
intimidad, cuya protección nos es ineludible, en todas sus vertientes,
con los beneficios valiosos de la tecnología moderna. Como dijimos en
Arroyo v. Rattan Specialties, supra, “tenemos el deber de canalizar los
desarrollos tecnológicos y científicos de forma tal que derivemos sus
beneficios sin que se le aseste un golpe mortal a lo más preciado en la
vida de todo ser humano en una sociedad democrática: su dignidad,
integridad e intimidad”.
En el caso de autos, hemos intentado establecer el balance propio
entre los intereses legítimos contrapuestos, pautando los límites del
uso válido del sistema de auditoría impugnado ante nos. VIII
En resumen, con arreglo a los hechos estipulados por las partes, no
podemos resolver que carece de validez constitucional el sistema de
auditoría de llamadas telefónicas que se ha impugnado en el caso de
autos. No surge de dicha estipulación que la A.E.E. grababa las
llamadas en cuestión. Tampoco surge que la A.E.E. usaba dicho sistema
para fines que fuesen más allá de los propósitos legítimos consentidos
por los clientes que llamaban. Un sistema como el de autos podría ser
contrario al mandato de la Sec. 10 del Art. II de nuestra Constitución,
no por las razones señaladas por el foro de instancia que fueron
expresamente acogidas por referencia por el foro apelativo, sino por las
que hemos pautado en esta opinión. Pero no están presentes aquí ninguna
de las situaciones de invalidez referidas, por lo que debemos concluir
que no tenían razón los recurridos en ninguno de sus planteamientos.
Por todo lo anterior, se dictará sentencia para dejar sin efecto
las del foro de instancia y del foro apelativo.
JAIME B. FUSTER BERLINGERI JUEZ ASOCIADO EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Janice L. Morales Figueroa, Roberto Guevara Santiago, et al CC-1998-324 Certiorari Recurridos
v.
Autoridad de Energía Eléctrica, etc.
Opinión Concurrente del Juez Asociado señor Negrón García
San Juan, Puerto Rico, a 13 de octubre de 1999
Dos factores distantes se unen para servir de
trasfondo circunstancial a esta controversia. Primero, el
constante reclamo del ciudadano por una mejor eficiencia en
los servicios esenciales que presta el gobierno central,
municipios, agencias, corporaciones, etc., frente a una
burocracia gerencial, administrativa y laboral, que muchas
veces, se percibe ineficiente por ser impersonal, esto es,
innominada e inaccesible.
Segundo, los avances en el campo de las comunicaciones
telefónicas con el desarrollo de unos medios más
sofisticados. Al teléfono tradicional de CC-1998-324 22
líneas conectadas por una “primitiva” red de alambres, se añadió el sistema multiplicador de fibra óptica. Siguieron los teléfonos inalámbricos, los celulares, la industria de llamadas-mensajes (“beepers”), los cuadros múltiples, la identificación de llamadas (“I.D. Caller”), el telefax, las llamadas conferencias (“conference call”) que viabiliza conversaciones simultáneas entre más de dos personas, las grabadoras que automáticamente reciben y dan mensajes, etcétera. Hoy día existe el potencial de establecer un diálogo telefónico oral y escrito desde prácticamente cualquier lugar. Puerto Rico no ha estado ajeno a ese progreso; miles de personas dentro y fuera de la industria, banca y negocios privados y, el gobierno, agencias, corporaciones públicas y municipios –para una mejor calidad de vida y desempeño de sus operaciones- disfrutan diariamente de la magia de esas telecomunicaciones instantáneas. La aplicación de esta nueva tecnología, frente a los mecanismos
clásicos de comunicación, genera natural y ocasionalmente conflictos e
interrogantes jurídicas de lo que es permisible bajo las normas
constitucionales y legales vigentes. Es legítima pues, la preocupación
de que su utilización irrestricta pueda representar el peligro de una
sociedad “Orweliana”, en particular una amenaza sobre el fundamental
derecho a la intimidad,5 cuya esencia se inspira en el principio
humanitario de que la dignidad personal es inviolable y, por ende, todo
individuo es acreedor a ser protegido “contra ataques abusivos a su
honra, a su reputación y a su vida privada o familiar.” Art. II, Secs. 1
y 8, Constitución del E.L.A. Su importancia es tal, que reinvindicarlo
judicialmente no precisa legislación habilitadora; opera ex propio
vigore.6
Se trata de un derecho intrínsecamente personalísimo, no absoluto,
pues sólo es susceptible de ser invocado por quien en determinado
escenario circunstancial tiene una expectativa real de que su reclamo de
intimidad se respete y, a la par, la sociedad la reconozca como legítima
y razonable.7
Se acepta que aunque las mencionadas Secs. 1 y 8 de nuestra Carta
de Derechos limitan lo que puede el Estado hacer para salvaguardar e
E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 107 D.P.R. 250 (1978); P.R. 5
Telephone Co. v. Martínez, 114 D.P.R. 328 (1983); Arroyo v. Rattan Specialties, 117 D.P.R. 35 (1986). 6 Colón v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 573 (1982).
Pueblo v. Luzón, 113 D.P.R. 315 (1982); E.L.A. v. P.R. Telephone 7
Co., 114 D.P.R. 394 (1983). CC-1998-324 23
imponer el orden público sin violar el derecho ciudadano a la intimidad,
no prohiben tajantemente la intromisión en la vida privada si es un
imperativo resultante de una investigación o procedimiento criminal. De
sus textos se desprende que, como regla general, la protección
constitucional es contra la intromisión abusiva o irrazonable.8
En lo pertinente al caso de autos, la Sec. 10 del Art. II contiene
una veda específica a los efectos de que “[n]o se interceptará la
comunicación telefónica”. Como regla general, hay interceptación cuando
un tercero subrepticiamente, utiliza aparatos o dispositivos
electrónicos, mecánicos, o de otra índole para inmiscuirse o escuchar
una conversación que sostienen dos personas a través de las líneas
telefónicas. Pueblo v. Colón Rafucci, res. 25 de enero de 1996, 139
D.P.R. ___ (1996).
En P.R. Telephone Co. v. Martínez, supra, describimos sus contornos
y ubicación dentro de nuestro esquema constitucional. Primero, la
cláusula de interceptación telefónica, por propia naturaleza, pertenece
a la esfera del derecho a la intimidad consagrado en la Sec. 8 y forma
parte integral de la misma. Segundo, la Sec. 10, aunque aislada, no
representa un derecho distinto al derecho a la intimidad en sí, sino que
es una de sus manifestaciones. Tercero, su prohibición expresa refleja
que los constituyentes tuvieron la intención específica de vedar la
intromisión no consentida en las comunicaciones telefónicas. Pero, al
igual que otros derechos es renunciable.
II Con el objetivo de contrarrestar el impersonalismo burocrático
antes aludido y mejorar sus servicios utilizando esta nueva tecnología,
los ejecutivos de la Autoridad de Energía Eléctrica establecieron el
Centro de Servicios al Consumidor, que funciona como importante enlace
Pueblo v. Santiago Feliciano, res. en 9 de noviembre de 1995, 139 8
D.P.R. ___ (1992). CC-1998-324 24
telefónico con los abonados sobre asuntos relacionados con el servicio
esencial que dicha entidad presta.9
El Centro se subdivide en tres áreas: pagos por Correo;
Correspondencia y Teléfonos. En el área de Teléfonos se reciben llamadas
de los clientes sobre los más variados asuntos rutinarios y urgentes, a
saber: problemas con las cuentas, facturación, quejas, emergencias
situacionales de peligro, apagones, desenganches de árboles, informes de
robo de servicio, etc. Sus empleados están asignados individualmente a
unidades de teléfonos en los cuales reciben las llamadas y entablan
comunicación con los abonados que usan dicho cuadro telefónico.
En el caso de autos, dentro de sus prerrogativas gerenciales, la
Autoridad concluyó que era necesario escuchar las llamadas oficiales (no
personales) que se recibían en el Centro como método de supervisión para
mejorar la calidad de sus servicios y, a la vez, evaluar el
readiestramiento de los empleados allí asignados o posibles
reclasificaciones de sus plazas.
De ordinario, en el ámbito laboral, no detectamos violación
constitucional per se, como condición de empleo en la tarea funcional de
operar un sistema de auditorías de llamadas no personales o alguno otro
9 La respetable tesis mayoritaria visualiza que la parte receptora de las llamadas es la Autoridad de Energía Eléctrica como ente corporativo. Bajo esta premisa, sus empleados, como representantes de dicha entidad corporativa, no son titulares del derecho a que no se intercepten llamadas telefónicas. De esta forma se elimina de la ecuación a la Autoridad como tercero, fundiendo a sus empleados, supervisores y a la Autoridad en una misma y sola persona jurídica. Aunque se concluye que no existe propiamente un tercero –de modo que no puede configurarse una interceptación-, como alternativa a ese análisis, se utiliza el examen de expectativa razonable de intimidad.
En P.R. Telephone Co. v. Martínez, supra, decidimos que “[b]ajo la política pública constitucional vigente, a menos que haya una renuncia patente, especifica e inequívoca, el Estado no puede inmiscuirse el la comunicación. Salvo esto, el derecho a la intimidad en inviolable y el Estado, una entidad particular, o cualquier ciudadano están impedidos, sin otras excepciones, de interceptar o permitir que se intercepte o escuche una comunicación telefónica.” Pág. 343. Ese mismo método analítico se sigue con relación a los abonados: no existe tercero y no hay expectativa razonable de intimidad en cuanto a la comunicación por ellos originada.
Por vía distinta llegamos al mismo resultado mayoritario. Bajo P.R. Telephone Co. v. Martínez, supra, la auditoria de llamadas telefónicas no conflige con las referidas disposiciones constitucionales. CC-1998-324 25
parecido al de autos. No es condición patronal arbitraria ni irrazonable
tal asignación entre los deberes y funciones de un empleo, aún cuando
ello incidentalmente conlleve la renuncia a determinado derecho
constitucional. Múltiples solicitudes de empleo público y privado,
requieren exámenes médicos, evaluaciones psicológicas, y divulgar,
investigar y confirmar información estrictamente privada. En la rama
judicial, ciertos funcionarios que actúan directamente bajo un Juez,
están obligados por los Cánones de Ética Judicial y otras normas de
conducta, limitativos del ejercicio de los derechos constitucionales de
asociación y expresión. (Canon 11 de Ética Judicial).10
Bajo este prisma evaluamos el caso de autos. De los documentos
admitidos en evidencia11 surge incontrovertidamente que desde julio de
198812 los empleados que se desempeñaban como representantes de servicio
del Centro fueron informados que sus funciones estarían integradas al
mecanismo de auditoría de llamadas telefónicas.
Los términos de las comunicaciones gerenciales aludidas fueron claros. No se instaló el sistema subrepticiamente. Desde sus inicios los empleados conocieron su propósito legítimo en la prestación de los servicios normales de la Autoridad. Ante esta realidad, ciertamente aquellos empleados que tenían reparo u objeción a desempeñar esa nueva tarea –bajo la pretendida hipótesis de que ello incidía en su derecho constitucional a la intimidad-, muy bien pudieron plantearlo y la gerencia, por tratarse de una nueva metodología en las funciones, adoptar discrecionalmente la alternativa de relevarlos de esa encomienda y trasladarlos a otras tareas. No surge de los autos que empleado alguno manifestara su oposición al implantarse por primera vez el sistema de auditorías y viabilizar el curso de acción alterno aludido. Concluimos que inequívocamente aceptaron prestar esa tarea receptora
Finkin, Matthew 10 W., Privacy in Employment Law, Bureau of Nat. Affairs, Inc., (1995).
Memorando de Consulta jurídica de la A.E.E. sobre “Monitoreo de 11
Llamadas Telefónicas”, 20 octubre de 1987; Comunicación a Representantes de Servicio, 15 julio de 1988; Comunicación a Supervisores de Servicios por Teléfono, 30 agosto de 1990; Comunicación a todo el Personal Unidad de Servicios por Teléfono, 15 enero de 1991; y Memorando a Representantes de Servicio, 18 de mayo de 1993.
En contestación a una carta cursada por los Representantes de 12
Servicio del Centro de Servicios al Consumidor, la A.E.E. explica que el error que se cometió al grabarse el mensaje para los abonados sobre la posibilidad de que la llamada podía ser escuchada por un supervisor, había sido corregido. CC-1998-324 26
en llamadas oficiales y la gerencia de la Autoridad no infringió disposición constitucional alguna. III Lo expuesto no dispone nuestro análisis, pues, para convalidar una
interceptación telefónica es necesario se configure una renuncia
bilateral, es decir, una aceptación tanto del originador como del
receptor.
Los peticionarios son o fueron empleados de la Autoridad que
ocuparon puestos como representantes de servicios en el Centro. El 18 de
noviembre de 1993 comparecieron e invocaron en su demanda la calidad
dual de empleados-abonados, para cuestionar la “práctica [que] se
realiza desde hace tiempo”. Oportunamente las partes estipularon que
hasta el 20 de agosto de 1995, las personas y clientes que originaron
llamadas a la Autoridad -y tenían que esperar que se desocupara un
Representante de Servicio-, escuchaban un anuncio grabado que decía
“Para mejorar la calidad del servicio, su llamada será escuchada por un
supervisor. Cualquier duda, si necesita, solicite la atención de un
supervisor.” Sin embargo, cuando habían empleados disponibles para
atenderla inmediatamente, el cliente no escuchaba mensaje alguno antes
de que fuera atendido. Como resultado, en esas situaciones particulares
la llamada era escuchada sin advertencia alguna al abonado.
Puede apreciarse, que durante ese tiempo el sistema mensaje grabado
tenía la deficiencia constitucional de que algunas llamadas fueron
escuchadas sin la advertencia previa de que ante cualquiera duda se
solicitara la atención (intervención) de un supervisor.
Aún así, la causa de acción de los peticionarios en su condición de
abonados es improcedente. Conocían del sistema de auditorías, y aunque
ocasionalmente llamaran desde sus hogares al Centro y no escucharan el
mensaje antes mencionado, no pueden pretender que para la concesión de
un remedio obviemos ese conocimiento, y por ende, la configuración de
una renuncia implícita al originar sus llamadas.
Valga aclarar que a partir del 20 de agosto de 1995, con el nuevo
sistema de cuadro telefónico, los clientes siempre han escuchado el CC-1998-324 27
siguiente mensaje: “Para poder brindar un mejor servicio un supervisor
podría estar escuchando su llamada. Cualquier duda, si necesita,
solicite la atención de un supervisor.” Se eliminó así la posibilidad de
que una conversación fuera escuchada sin advertencia previa y el
consentimiento necesario.
Ante estas realidades no cabe el reclamo de daños y perjuicios,
como tampoco el injunction solicitado; éste último por haberse
convertido la reclamación en académica.
ANTONIO S. NEGRÓN GARCÍA Juez Asociado CC-1998-324 28
Unión de Trabajadores Industria Eléctrica y Riego (UTIER)
Demandante
Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)
Demandado
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor Hernández Denton
Este recurso nos presenta la oportunidad de
contestar la siguiente interrogante, ¿es constitucional
un sistema de auditoría de llamadas mediante el cual la
gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica escucha
las llamadas entre sus empleados y clientes sin el
consentimiento de dichos empleados?
Por considerar que dicho sistema constituye una
interceptación de una comunicación telefónica, y que
los titulares de la protección constitucional no
renunciaron a dicha protección, disentimos. Distinto a
la Opinión de este Tribunal, confirmaríamos la
Sentencia del Tribunal de CC-1998-324 29
Circuito de Apelaciones, y declararíamos que el sistema de auditoría de
llamadas impugnado en este recurso viola nuestra Constitución.
I.
Con el propósito de evaluar la calidad de los servicios al
cliente, la Autoridad de Energía Eléctrica (“la Autoridad”) estableció
un sistema de auditoría de llamadas en el Centro de Servicios al
Cliente (“Centro de Servicios”). En virtud de dicho sistema, ciertos
oficiales y supervisores de la empresa pueden escuchar las llamadas
entre los clientes y los empleados respecto a problemas con cuentas,
informes de robo de servicio, facturación excesiva, quejas de servicio,
etc. Los oficiales y supervisores deciden discrecionalmente cuáles
llamadas escuchar, y al así hacerlo no informan a, o solicitan el
consentimiento de los empleados que atienden al público.
Los consumidores que llaman al Centro de Servicios son advertidos
del uso del sistema de auditoría de llamadas a través del siguiente
mensaje: “Para poder brindar un mejor servicio un supervisor podría
estar escuchando su llamada”. Este mensaje lo escuchan los abonados de
la Autoridad antes de ser atendidos por un representante de servicio.13
Los empleados fueron informados del sistema de auditoría de
llamadas cuando comenzaron a laborar en el Centro de Servicios en enero
de 1993. Además, en julio de ese mismo año se les prohibió que
utilizaran las líneas telefónicas del Centro de Servicios para llamadas
personales.14
13 El mensaje que escuchan los clientes que llaman a la Autoridad no es el mensaje original que utilizó dicha entidad al implantar el sistema de auditoría. El mensaje original, vigente desde enero de 1993 hasta agosto de 1995, era: “Para mejorar la calidad del servicio su llamada será escuchada por un supervisor. Cualquier duda, si necesita, solicite la atención de un supervisor”. Además, dicho mensaje original no era escuchado por todos los clientes que llamaban a la corporación pública. Durante la vigencia del mismo, los únicos clientes que lo escuchaban eran los que no eran atendidos inmediatamente, y que tenían que esperar que un representante de servicio se desocupara. 14 Entre enero y julio de 1993, los empleados recibían llamadas personales por el teléfono del Centro de Servicios, y también por otro teléfono separado que no está incluido en el sistema de auditoría. Desde julio, las llamadas personales se pueden atender sólo en el teléfono referido que no forma parte del sistema de auditoría. CC-1998-324 30
Oportunamente los empleados presentaron una demanda contra la
Autoridad en la que alegaron que el sistema de auditoría de la
Autoridad viola la prohibición de interceptar comunicaciones
telefónicas de nuestra Constitución, y solicitaron una sentencia
declaratoria, un entredicho preliminar y otro permanente, y
compensación por los daños alegadamente sufridos.
El Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (Hon.
Carmen R. Vélez Borrás), mediante una sentencia bien fundamentada
declaró que el mecanismo de auditoría de llamadas de la Autoridad
constituye una interceptación telefónica, al amparo del Art. II, Sec.
10 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 1
L.P.R.A. (1982). Dicho foro concluyó que para escuchar las llamadas
entre los abonados y los empleados de la Autoridad se requería el
consentimiento tanto de los empleados como de los clientes de la
Autoridad. Entendió el tribunal de instancia que los clientes y los
empleados de la entidad demandada no dieron su consentimiento a la
interceptación, por lo que se violó la Constitución.
Inconforme, la Autoridad acudió al Tribunal de Circuito de
Apelaciones, Circuito Regional de San Juan, panel integrado por su
Presidenta la Juez Fiol Matta, y las Juezas Rodríguez de Oronoz y López
Vilanova. Dicho tribunal confirmó la sentencia del tribunal de
instancia.
Insatisfecha con tal determinación, la Autoridad acudió ante nos
mediante certiorari, y nos solicita la revocación de la sentencia del
Tribunal de Circuito de Apelaciones. La Opinión mayoritaria revoca la
sentencia recurrida y resuelve que, ante los hechos de este caso, los
empleados no tenían una expectativa de intimidad sobre sus
comunicaciones telefónicas en el trabajo y, por lo tanto, no hubo una
interceptación inconstitucional de sus llamadas.
II.
El derecho a la intimidad está consagrado en Puerto Rico en las
Secs. 1, 8 y 10 del Art. II de nuestra Constitución. 1 L.P.R.A. La CC-1998-324 31
trascendencia de dicho derecho es tal que opera por su propia fuerza y
vigor, y se puede hacer valer entre partes privadas. Colón v. Romero
Barceló, 112 D.P.R. 573, 576 (1982); Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107
D.P.R. 250, 259 (1978). La Sección 10 del Art. II de la Constitución
provee, en lo pertinente a este recurso, que ”[n]o se interceptará la
comunicación telefónica”. Hemos dicho anteriormente que el derecho de
una persona a que no se le intercepte la comunicación telefónica no es
uno distinto al derecho a la intimidad, sino que es una de sus
manifestaciones. P.R.T.C. v. Martínez, 114 D.P.R. 328, 340-41 (1983).
La prohibición constitucional bajo discusión “es parte esencial del
derecho mayor a la protección de la ley contra ataques abusivos a [la]
honra, reputación y vida privada o familiar” dispuesto en la Sec. 8 del
Art. II. P.R.T.C. v. Martínez, supra, pág. 341; 3 Diario de Sesiones de
la Convención Constituyente de Puerto Rico 1586.
La Convención Constituyente redactó la cláusula de interceptación
de comunicaciones telefónicas “mediante una prohibición terminante
concebida en términos definitivos no cualificados”. P.R.T.C. v.
Martínez, supra, pág. 341. La intención de dicho ilustre cuerpo fue
plasmar el ideal constitucional de mantener el derecho a la intimidad
de todo ciudadano cuando utiliza las vías de comunicación telefónica,
id., pág. 342, y hacer claro que el texto constitucional se
interpretase de la manera más amplia posible en protección de la
ciudadanía. José Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico,
T. III, 1982, pág. 192. En armonía con esa realidad jurídica e
histórica es que este Tribunal ha expresado que, bajo nuestro esquema
constitucional, tanto el Estado, como una entidad particular, o
cualquier ciudadano, están impedidos de inmiscuirse en las
comunicaciones telefónicas de otras personas ya sea escuchando,
interceptando o permitiendo que cualquiera escuche o intercepte una
comunicación telefónica. Esta prohibición no admite excepciones.
P.R.T.C. v. Martínez, supra, págs. 342-43. CC-1998-324 32
El lenguaje utilizado por la Convención Constituyente en la
redacción de este artículo, exige que para convalidar una
interceptación telefónica exista una renuncia al derecho constitucional
por parte de todas las personas que utilizan dicha vía de comunicación.
P.R.T.C. v. Martínez, supra, pág. 342; Pueblo v. Santiago Feliciano,
res. el 9 de noviembre de 1995, 139 D.P.R. (1995), escolio 16. De
esta manera la Convención Constituyente rechazó que se pudiese escuchar
o interceptar una comunicación telefónica mediante la renuncia de una
sola parte, tal y como era bajo el estatuto federal vigente en aquel
entonces. P.R.T.C. v. Martínez, supra, pág. 341.15 La renuncia del
derecho a la no interceptación telefónica, aparte de ser voluntaria,
tiene que ser “patente, específica e inequívoca”, aunque puede
expresarse de manera explícita o implícita. P.R.T.C. v. Martínez,
supra, pág. 342-43.
Reseñados los principios cardinales del derecho a la intimidad, en
su manifestación de no interceptar comunicaciones telefónicas,
examinemos la controversia del caso de autos.
III.
La Opinión mayoritaria concluye que no estamos ante una
interceptación de una comunicación telefónica. Fundamenta su
determinación en dos premisas. La primera es que el supervisor que
escucha las referidas llamadas no es un “tercero” para propósitos de la
prohibición constitucional sobre interceptaciones telefónicas, pues “la
parte receptora en las llamadas telefónicas en cuestión, la que
15 Bajo la ley federal todavía vigente, puede efectuarse una interceptación de una comunicación telefónica con el consentimiento de una sola persona que participe en dicha comunicación, si se cumplen ciertos requisitos. Véase el Título III del Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968, según enmendado, 18 U.S.C.A. § 2510 et seq., § 2511(2)(d)(Sup. 1998). No obstante, los estados y Puerto Rico pueden promulgar leyes que ofrezcan más protección a la intimidad que la que ofrece el estatuto federal citado. Matthew W. Finkin, Privacy in Employment Law, Washington, 1995, pág. 118. En Puerto Rico, por nuestra Constitución de factura más ancha, E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436, 440 (1975), disfrutamos de protección adicional, ya que se requiere el CC-1998-324 33
jurídicamente recibía tales llamadas, era la A.E.E. y no los empleados
por conducto de los cuales dicha entidad actuaba”. La segunda premisa
es que no existía “expectativa de intimidad” sobre estas llamadas
porque “[c]omo no se trataba de llamadas personales de los empleados,
no puede decirse que éstos tenían una expectativa de intimidad que les
fuera violada”.
Consideramos incorrectas ambas premisas, y contrario a la mayoría,
entendemos que los empleados afectados no perdieron sus derechos
constitucionales al aceptar un trabajo en el Centro de Servicios al
Cliente. Concluimos que el sistema establecido por la Autoridad
constituye una interceptación inconstitucional de las comunicaciones
telefónicas.
-A-
En primer lugar, la Opinión mayoritaria descansa en la premisa
equivocada de que para determinar si hay una interceptación, se tiene
que examinar si existe una expectativa de intimidad.
A diferencia de la cláusula contra registros, arrestos y
allanamientos, que sólo prohibe los que sean irrazonables, Art. II,
sec. 10, la cláusula sobre interceptación de comunicación telefónica se
redactó de manera categórica. La diferencia en la redacción de cada
cláusula demuestra que la Convención Constituyente consideró que la
prohibición a la interceptación de una comunicación telefónica debía de
ser absoluta, distinto a los registros, arrestos y allanamientos, los
cuales sí pueden efectuarse mediante orden judicial.
A tenor con lo dispuesto por la Convención Constituyente, este
Tribunal afirmó en Pueblo v. Santiago Feliciano, supra, que la
protección ofrecida por la cláusula constitucional prohibiendo la
interceptación telefónica es de tal envergadura que no cede ni aún ante
una orden judicial, a menos que medie el consentimiento de sus
titulares.
consentimiento de todas la personas que intervienen en la comunicación telefónica para que la misma pueda ser interceptada. CC-1998-324 34
Una enmienda que proveía específicamente que las interceptaciones
telefónicas podrían efectuarse mediante orden judicial fue expresamente
rechazada por la Convención Constituyente. 3 Diario de Sesiones de la
Convención Constituyente de Puerto Rico 1581-1585; P.R.T.C. v.
Martínez, supra, escolio número 1; Trías Monge, supra, pág. 192,
escolio 148; y Pueblo v. Santiago Feliciano, supra. La enmienda fue
sugerida por el Sr. Fernández Méndez, el cual era del criterio de que:
“...si en el recinto del hogar con la declaración jurada y la orden del tribunal se puede allanar el hogar, el Estado debe tener el derecho también de allanar los cables del teléfono y los cables telegráficos cuando cumple los mismos requisitos que cumple para allanar un hogar.” 3 Diario de Sesiones, supra, págs. 1583-84.
En respuesta a la enmienda sugerida, el Sr. Reyes Delgado expresó,
entre otras cosas:
“...[d]esde luego, la enmienda va dirigida a destruir el alcance de la garantía en cuanto respecta a la comunicación telefónica. Ahora, o se concede la garantía de manera que sea eficaz o no se concede...¡[s]i precisamente lo que hemos tenido en mente al disponer esto aquí, es que no estemos dando oportunidad a que en las cortes de justicia se sostengan casos con informaciones sobre intercepciones, lo que se llama wire tapping...de conversaciones telefónicas, donde hay que estar dependiendo del crédito que se le dé a una parte interesada [que testifica ante el (la) juez que expediría la orden]...” 3 Diario de Sesiones, supra, págs. 1584- 85.
Por su parte, el Sr. Trías Monge expresó:
“En contra de la enmienda. Para indicar solamente que [e]n la proposición recomendada por la [Comisión de] Carta de Derechos, de adoptarse la enmienda sugerida por el compañero Fernández Méndez, quedaría destruido definitivamente el propósito de la misma.” 3 Diario de Sesiones, supra, pág. 1585.
Al rechazar la enmienda, la Convención Constituyente dejó plasmada
su clara intención de que cada cláusula constitucional tenga un alcance
diferente y se analice de manera distinta. Por lo tanto, antes de
decidir el criterio de análisis a utilizar, se tiene que identificar
cuál es la cláusula constitucional aplicable.
Por un lado, la cláusula sobre arrestos, registros y allanamientos
autoriza un análisis de “razonabilidad” al decidir si se violó dicha
cláusula, y permite que se pueda efectuar dicha intervención mediando
una orden judicial. El análisis de “razonabilidad” mencionado, CC-1998-324 35
comprende un examen de la expectativa de intimidad de la persona objeto
de la intervención impugnada, considerando los hechos particulares del
caso. Véase, Ernesto L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto
Rico y Estados Unidos, Vol. 1, § 6.9, 1991, págs. 344-49; Pueblo v.
Santiago Feliciano, supra; y Pueblo v. Camilo Meléndez, res. el 16 de
junio de 1999, 99 TSPR 94.
En cambio, la cláusula prohibiendo la interceptación de la
comunicación telefónica, redactada de manera categórica, no autoriza
ningún tipo de interceptación, por “razonable” que sea; ni siquiera
autoriza una interceptación mediante orden judicial, excepto si media
el consentimiento de todas las partes en la comunicación. Pueblo v.
Santiago Feliciano, supra; y P.R.T.C. v. Martínez, supra. Bajo esta
cláusula no cabe hablar de “razonabilidad” al contestar si ha ocurrido
una interceptación. Por consiguiente, al contestar dicha interrogante,
no se entra en el examen de la “expectativa de intimidad” que tienen
las personas que se comunican telefónicamente.
La Opinión mayoritaria, al recurrir al análisis de “expectativa de
intimidad” cuando contesta la interrogante de si estamos ante una
interceptación de una comunicación telefónica, ignora tanto la
redacción clara que utilizó la Convención Constituyente, como el
contexto histórico, socioeconómico y político que inspiró dicha
cláusula.
-B-
Por otro lado, la mayoría también concluye que no estamos ante una
interceptación porque los supervisores de la Autoridad que escuchan las
llamadas no son “terceros” a la comunicación. Según la Opinión
mayoritaria, dichos supervisores no son “terceros” porque las únicas
“partes” en la comunicación telefónica son, por un lado el abonado y
por el otro la Autoridad. Señala además, que el hecho de que del lado
de la Autoridad haya dos (2) personas, una comunicándose con el cliente
(el empleado), y otra escuchando (el supervisor), no altera el CC-1998-324 36
resultado porque de cualquier manera la Autoridad es la “parte
receptora” de la llamada.
Esta conclusión está basada en una ficción jurídica del derecho
corporativo, la cual dispone como regla general que una corporación se
considera legalmente una “persona” que actúa sólo a través de sus
oficiales, empleados o representantes autorizados. A ese tipo de
persona se le conoce como “persona jurídica”. William M. Fletcher,
Fletcher Cyclopedia of the Law of Private Corporations, Vol. 1, 1999 §§
5 y 7, pág. 411 y 414, respectivamente; Vega v. Adm. Servs. Médicos,
117 D.P.R. 138, 146 (1986).
La ficción jurídica mencionada no se aplica automáticamente en
toda interpretación legal. No puede considerarse a una corporación como
“persona” si al hacerlo se desvirtúa el propósito y espíritu de la ley
o constitución que se interpreta. Fletcher, supra, §§ 7.05 y 7.15,
págs. 416 y 424, citando inter alia a Long v. Cooperative League of
America, 140 N.E. 811 (1923), Personal Finance Co. of New York v.
N.Y.U. Garage, Inc., 44 N.Y.S. 2d. 353 (1943), Country Motors, Inc. v.
Friendly Finance Corp., 109 N.W. 2d 137 (1961), State Electro-Medical
Institute v. State, 103 N.W. 1078 (1905), Divine v. Watauga Hospital,
Inc., 137 F. Supp. 628 (1956) y Power Mfg. Co. v. Saunders, 274 U.S.
490 (1927).
La Opinión mayoritaria desvirtúa el propósito y espíritu de
nuestra Constitución cuando fundamenta su criterio de que no hay
interceptación, en la “personalidad jurídica” separada de la Autoridad.
Adoptar esta tesis significa que cada vez que una persona llame por
teléfono a una corporación, o a cualquier entidad con personalidad
jurídica propia, y entable una conversación con un representante de
dicha entidad, otra persona, que no es el representante con el que está
conversando, podría escuchar dicha llamada sin violar la Constitución.
Bastaría con que la persona que escucha sea empleado de la entidad
corporativa, y que la llamada esté dirigida a dicha entidad corporativa
y no al empleado en su calidad personal. CC-1998-324 37
Bajo la premisa del Tribunal en las circunstancias descritas, la
persona que escucha no sería un “tercero” y no se configuraría entonces
una interceptación. Por consiguiente, ni el cliente que llama a la
corporación, ni el empleado de la corporación que conversa con dicho
cliente, disfrutarían de la protección constitucional. El efecto de
esta premisa es que, de ahora en adelante, las personas que utilicen
nuestras vías de comunicación telefónica continuarán disfrutando de la
protección constitucional, excepto si dirigen sus llamadas a una
corporación, o si se trata de empleados de una corporación cuyas
labores incluyen atender llamadas dirigidas a dicha entidad.
La Opinión mayoritaria tiene como resultado que la cláusula que
antes protegía a todo ciudadano, y la cual no cedía ni ante una orden
judicial, ahora se desintegra ante la aplicación inadecuada y
desacertada de una ficción jurídica, sin que medie una renuncia al
derecho constitucional por parte de las personas que se comunican
telefónicamente. Es insostenible concebir que la protección que
diseñaron los miembros de la Convención Constituyente sea tan frágil.
En atención a principios básicos de interpretación
constitucional16, al historial legislativo, texto y jurisprudencia
previa sobre la cláusula constitucional objeto de este pleito, somos de
la opinión que dicha cláusula protege a todas las personas naturales
que participan en una conversación telefónica. Si dos personas
naturales se comunican telefónicamente, aunque una sea empleado de una
corporación, cualquier persona que no sea una de estas dos personas
naturales que se está comunicando, será un “tercero” para propósitos de
este análisis constitucional.17
16 Véase sobre el tema de interpretación constitucional en nuestra jurisdicción a Nogueras v. Hernández Colón, 127 D.P.R. 405, 410-12 (1990). 17 Aclaramos que bajo nuestra interpretación, se mantiene la protección constitucional de las “personas jurídicas”. Si se protege la comunicación telefónica de toda “persona natural”, se protege automáticamente la comunicación telefónica de toda “persona jurídica”, debido a que las personas jurídicas actúan a través de personas CC-1998-324 38
Nuestra interpretación, contrario a la interpretación de este
Tribunal, no hace depender la eficacia de la protección constitucional
al tipo de “persona” que se llame (e.g., natural o jurídica), o a la
calidad en la que la persona natural se comunique telefónicamente
(e.g., como representante de una entidad, o como individuo). Por el
contrario, nuestra interpretación está en armonía con la intención de
la Convención Constituyente y la normativa de este Tribunal de que
dicha prohibición constitucional es terminante, y está redactada “en
términos definitivos no cualificados”, y con el ideal constitucional de
extender el derecho a la intimidad a todo ciudadano que utiliza las
vías de comunicación telefónica. P.R.T.C. v. Martínez, supra, págs.
341-42.
En el caso particular ante nos debemos también señalar que surge de
los documentos que obran en autos, que la Autoridad contempló que como
parte del sistema de evaluación de llamadas implantado, el mecanismo de
auditoría de llamadas pudiera ser utilizado como un mecanismo de
evaluación del trabajo y desempeño del empleado auditado. El Memorando
de la Sra. Haydeé Rivera, Administradora del Centro de Servicios al
Consumidor dirigido a los Representantes de Servicio del Centro de
Servicios con fecha del 18 de mayo de 1993, les informó a dichos
empleados que "De surgir alguna situación en la evaluación de llamadas
en que entendamos que pueda dar inicio a una investigación formal, así
se lo informaremos, de manera que se protejan los derechos de todos los
empleados".
Así también, mediante Memorando del 27 de enero de 1994, la Sra.
Haydeé Rivera, Administradora del Centro de Servicios al Consumidor, y
la Sra. Gladys Colón, Supervisora de Servicios al Abonado le
comunicaron a la Sra. Nélida Olivo, Representante de Servicios por
Teléfono, que, con el propósito de evaluarla como empleada temporera,
naturales. Fletcher, supra, Vol. 1, § 5, pág. 411. Lo que no podemos refrendar en el caso de autos es la interpretación de que la “persona natural” del empleado de una corporación es absorbida por la personalidad jurídica de la corporación. CC-1998-324 39
se dispusieron a auditar sus llamadas y encontraron que estuvo
atendiendo una llamada personal a través del cuadro por espacio de
nueve minutos. Dicho memorando se unió al expediente personal de dicha
empleada.18
Dichos documentos demuestran que es insostenible el argumento
mayoritario de que las únicas "partes" en la comunicación telefónica
auditada lo eran el abonado y la Autoridad y que los supervisores no
eran "terceros" a la comunicación. Como parte del sistema de auditoría
implantado, la interceptación de las llamadas dirigidas a la autoridad,
además de perseguir el ofrecer un mejor servicio a los abonados,
pretendía servir como un mecanismo para la evaluación del desempeño
profesional del empleado que fungía como representante de servicios.
Correspodía al supervisor que auditaba las llamadas, de encontrar que
el trabajo del empleado era insatisfactorio, tomar las medidas
necesarias, ya fuese iniciar una investigación, o enviar un memorando
al expediente personal del empleado. Ante esta situación de hechos es
forzoso concluir que en representación de la Autoridad había dos
"partes" en la comunicación, el representante y el supervisor, cuyos
intereses en algunos casos podían estar encontrados.
Nos preocupa de sobremanera avalar un sistema de evaluación de
empleados que descansa, en gran medida, en el monitoreo e
interceptación de comunicaciones telefónicas en las que interviene
dicho empleado.
Por todo lo anteriormente expuesto, concluimos que el supervisor
de la Autoridad es un “tercero” para propósitos del análisis
constitucional de este recurso. La prohibición a la interceptación
protege tanto a los empleados como a los clientes que llaman a la
Autoridad, ya que esas son las personas naturales que se comunican
telefónicamente.
IV.
18 Exhibit 5 y Exhibit 9. CC-1998-324 40
En el caso de autos, la gerencia de la Autoridad le comunicó a los
empleados demandantes que como parte de sus labores en el Centro de
Servicios, estarían integrados al sistema de auditoría de llamadas. De
los hechos estipulados y de los documentos que obran en el expediente,
no surge que los empleados renunciaron a su derecho constitucional de
que no le interceptaran sus llamadas, o que dichos empleados fueran de
alguna manera consultados, sea antes o después de su reclutamiento,
sobre si autorizaban que se escucharan dichas llamadas.
Según hemos expresado, sólo si existe una “renuncia” al derecho a la
no interceptación de comunicaciones telefónicas por todas las partes,
es que puede convalidarse que el Estado, una entidad particular, o
cualquier ciudadano escuche, intercepte o permita que se escuche o
intercepte una comunicación de esta índole. P.R.T.C. v. Martínez,
supra, págs. 343. Dicha renuncia, aparte de ser voluntaria, debe ser
una “patente, específica e inequívoca”, y puede llevarse a cabo expresa
o implícitamente. P.R.T.C. v. Martínez, supra, págs. 342-43.
La Opinión mayoritaria concluye que, ante los hechos de este
recurso, los empleados “no eran titulares del derecho que establece la
Sección 10 del Artículo II de nuestra Constitución”. Por dicha razón,
ni siquiera ponderó discutir si los empleados demandantes renunciaron
al derecho constitucional objeto de este recurso.
La Autoridad se limitó a comunicar a los empleados que sus llamadas
serían interceptadas aleatoriamente. En sus comunicaciones internas,
dicha agencia caracterizó el sistema de auditoría como "una labor de
supervisión y del ejercicio ordinario de la discreción administrativa".
Véase, Exhibit Núm. 5. de la Oposición a Solicitud de Certiorari.
Es insostenible que meras comunicaciones de la gerencia sobre la
implantación del sistema constituyan la renuncia “voluntaria, patente,
específica e inequívoca” necesaria para renunciar el derecho a la no
interceptación de comunicación telefónica. Convalidar esta actuación
de la Autoridad significa que un derecho de rango constitucional, que CC-1998-324 41
no cede ni ante una orden judicial, se desploma ante un memorando
interno de una corporación pública.
En consideración a que una interceptación telefónica se convalida
sólo con el consentimiento de todas las partes envueltas, y a nuestra
conclusión de que en este recurso una de las partes no consintió a
dicha interceptación, entendemos innecesario pronunciarnos sobre si los
clientes de la Autoridad consintieron a la interceptación referida.
Por los fundamentos expuestos, confirmaríamos la Sentencia del
Tribunal de Instancia, y la del Tribunal de Circuito de Apelaciones, y
declararíamos que la actuación de los supervisores de la Autoridad
impugnada en este recurso viola la cláusula de nuestra Constitución que
prohibe la interceptación de las comunicaciones telefónicas.
Emitiríamos además el interdicto permanente solicitado, y al igual que
el foro de instancia, concederíamos término a las partes para que
informen a dicho tribunal si se tiene que celebrar una vista
evidenciaria para determinar los daños sufridos, si alguno, por los
demandantes.
Nos resta expresar que al emitir este disenso, somos conscientes del
peligro que representa, para el disfrute de la libertad y de nuestro
sistema democrático, el mal uso de la tecnología por parte del Estado.
En 1949 George Orwell estremeció a sus lectores con su novela de
ciencia ficción Nineteen Eighty-Four, donde se describe una sociedad
futura que es víctima de la tecnología mal utilizada. El siguiente
pasaje ilustra ese aterrador mundo futuro:
“...BIG BROTHER IS WATCHING YOU...
...There was of course no way of knowing whether you were being watched at any given moment. How often, or on what system, the Thought Police plugged in on any individual wire was guesswork. It was even conceivable that they watched everybody all the time. But at any rate they could plug in your wire whenever they wanted to. You had to live—did live, from habit that became instinct—in the assumption that every sound you made was overheard, and, except in darkness, every movement scrutinized.” George Orwell, Nineteen Eighty-Four, 1949, pág. 4. CC-1998-324 42
Este Tribunal abre hoy las puertas para que este caso sea el
presagio de un futuro donde la sociedad descrita por George Orwell deje
de ser ficción, y pase a formar parte de nuestra realidad.
FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON JUEZ ASOCIADO
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