EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Jesús Sánchez Rivera
Recurrido
v. Certiorari Yajaida Malavé Rivera, por sí y en representación del menor JJSM 2015 TSPR 37
Peticionaria 192 DPR ____
v.
Luis Osvaldo Torres León
Tercer Demandado
Número del Caso: CC-2014-71
Fecha: 9 de abril de 2015
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan y Guayama, Panel VI
Abogada de la Parte Peticionaria:
Lcda. Carmen S. Santiago Lizardi
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Milton D. Roque García Lcda. María Díaz Pérez
Materia: Procedimiento Civil – Regla 44 de Procedimiento Civil: Emplazamiento a menores de edad, emplazamiento a menor de 14 años de edad.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Yajaida Malavé Rivera, por sí y en representación del CC-2014-071 Certiorari menor JJSM
Peticionaria
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ
San Juan, Puerto Rico, a 9 de abril de 2015.
En esta ocasión nos corresponde interpretar el
alcance de las normas que rigen el emplazamiento a menores
de catorce años de edad y precisar si una demanda contra
tercero, instada por una madre con patria potestad,
equivale a someter a su hijo menor de edad a la
jurisdicción del tribunal. Ello, para dirimir si procede
como cuestión de derecho desestimar una demanda de
impugnación de paternidad por razón de caducidad.
Bajo los hechos particulares del caso ante nuestra
consideración, procede desestimar la demanda de
impugnación de paternidad incoada por el presunto padre CC-2014-071 2
del menor. Los hechos particulares demuestran que el menor
no fue debidamente emplazado y tampoco se sometió a la
jurisdicción del tribunal dentro del término de caducidad
que rige la acción de impugnación de paternidad.
I
Los acontecimientos relacionados a la controversia
ante nuestra consideración tienen su origen cuando el 14
de abril de 2011, el Sr. Jesús Sánchez Rivera (señor
Sánchez Rivera) presentó una demanda de impugnación de
paternidad contra la Sra. Yajaida Malavé Rivera (señora
Malavé Rivera) en su carácter personal y, a su vez, como
representante de su hijo menor de catorce años de edad
JJSM. El señor Sánchez Rivera adujo que el 6 de enero de
2011, durante una discusión sobre asuntos de relaciones
paternofiliales, la señora Malavé Rivera le manifestó que
el menor JJSM no era su hijo. Como consecuencia, el señor
Sánchez Rivera solicitó que se ordenaran las pruebas de
histocompatibilidad para demostrar que no es el padre
biológico de JJSM. Conjunto con la demanda, presentó el
emplazamiento correspondiente dirigido solamente a la
señora Malavé Rivera en su carácter personal.1
El 26 de abril de 2011, el señor Sánchez Rivera
emplazó a la señora Malavé Rivera. Del encabezamiento del
emplazamiento surge que la parte demandada es la señora
Malavé Rivera por sí y en representación del menor. Sin
1 Véase, Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 90- 91. CC-2014-071 3
embargo, el emplazamiento sólo está dirigido a la señora
Malavé Rivera.2
Luego de emplazada, el 31 de mayo de 2011, la señora
Malavé Rivera contestó la demanda en su carácter personal
e instó una reconvención solicitando el divorcio por la
causal de separación. Asimismo, alegó la ausencia de una
parte indispensable porque no se emplazó al menor JJSM
conforme a derecho. Igualmente, indicó que procedía
desestimar la acción de impugnación de paternidad por
caducidad. La señora Malavé Rivera alegó que el señor
Sánchez Rivera conocía desde que inscribió al menor sobre
la posibilidad de que no fuera su hijo.3 El 15 de
septiembre de 2011, el señor Sánchez Rivera contestó la
reconvención presentada. En lo pertinente, negó que
hiciera falta una parte indispensable y, en la
alternativa, solicitó autorización para enmendar la
demanda y proceder como lo ordenara el tribunal.
El 5 de diciembre de 2011, la señora Malavé Rivera
presentó un escrito intitulado Moción solicitando radicar
2 Íd. 3 Esta alegación no fue atendida por ninguno de los foros recurridos. Al disponer de la solicitud de desestimación, los foros recurridos se enfocaron y limitaron a dilucidar si se adquirió jurisdicción sobre la persona del menor de edad. La razón para ello es que ante una solicitud de desestimación se presumen como ciertos los hechos bien alegados. Ante ese cuadro, nos limitaremos a atender si bajo las circunstancias ante nuestra consideración procedía la desestimación de la demanda de impugnación de paternidad presentada por el señor Sánchez Rivera. Reiteramos, que no estamos prejuzgando si el señor Sánchez Rivera conocía antes de la fecha por él señalada que el menor JJSM no era su hijo. CC-2014-071 4
demanda contra terceros y Demanda contra Terceros. En ésta
solicitó, como madre con patria potestad del menor JJSM,
incluir al Sr. Luis Osvaldo Torres León como parte en el
pleito por existir la posibilidad de que éste fuera el
padre biológico del menor. A este momento, el menor no
contaba con un defensor judicial.4
El foro primario nada dispuso sobre las contenciones
de las partes, por lo que el 4 de abril de 2013, la señora
Malavé Rivera presentó una Moción solicitando
desestimación de demanda en la que argumentó que procedía
desestimar la causa de acción presentada por el señor
Sánchez Rivera, pues el menor no formaba parte del pleito.
Nuevamente señaló que faltaba una parte indispensable, por
lo que solicitó la desestimación de la demanda incoada.
Por su parte, el señor Sánchez Rivera se opuso a la
desestimación. Éste adujo que en el encabezamiento del
emplazamiento expedido contra la señora Malavé Rivera se
establecía que la parte demandada lo era ésta por sí y en
representación del menor JJSM. Por tanto, arguyó que el
menor JJSM fue debidamente emplazado al diligenciar el
emplazamiento a su madre con patria potestad. Asimismo,
argumentó que cuando la señora Malavé Rivera contestó la
demanda lo hizo por sí y en representación del menor al
comparecer como “la parte demandada en el caso de
epígrafe”, y que no fue hasta el párrafo once de su
contestación que levanta la defensa de parte 4 Desde el 21 de marzo de 2014 se designó al Lcdo. Victor Antonio Brenes Concepción como defensor judicial. CC-2014-071 5
indispensable. Como consecuencia, el señor Sánchez Rivera
adujo que bastaba el diligenciamiento a la madre del menor
JJSM para adquirir jurisdicción sobre éste por ser menor
de catorce años de edad. Además, sostuvo que la madre
sometió al menor a la jurisdicción del tribunal cuando
contestó la demanda y presentó la demanda contra tercero.
Trabada así la controversia en torno a si procedía
desestimar la demanda de impugnación de paternidad, el 28
de mayo de 2013 el Tribunal de Primera Instancia adjudicó
que la señora Malavé Sánchez realizó actos que sometieron
al menor a la jurisdicción del tribunal. Específicamente,
el foro de instancia identificó la Moción solicitando
radicar demanda contra terceros y la Demanda contra
Terceros. Así, concluyó que no procedía la desestimación
de la acción de impugnación de paternidad por falta de
parte indispensable y caducidad.5
Inconforme, la señora Malavé Rivera solicitó
oportunamente reconsideración y determinaciones de hechos
adicionales. Particularmente, objetó la decisión del foro
primario al reiterar que el menor JJSM era parte
indispensable y que no se adquirió jurisdicción sobre
éste, pues no fue debidamente emplazado. El señor Sánchez
Rivera se opuso a la reconsideración al reiterar que se
adquirió jurisdicción sobre el menor JJSM al emplazar a su
madre con patria potestad. El 12 de agosto de 2013,
notificada el 14 de ese mes, el Tribunal de Primera
5 Véase, Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 84. CC-2014-071 6
Instancia declaró no ha lugar la solicitud de la señora
Malavé Rivera, lo que propició que ésta acudiera ante el
Tribunal de Apelaciones para solicitar la revisión de la
denegatoria a desestimar la demanda de impugnación de
paternidad.
Tras una serie de consideraciones exógenas al
planteamiento jurídico sobre si procedía desestimar la
impugnación de paternidad por caducidad estatutaria, y
luego de evaluar las posturas de las partes, el 18 de
noviembre de 2013 una mayoría del Tribunal de Apelaciones
expidió el recurso y confirmó al Tribunal de Primera
Instancia.6
En síntesis, el foro apelativo intermedio reconoció
que la acción de impugnación de paternidad está atada a un
término de caducidad. Determinó que la demanda de
impugnación de paternidad fue presentada en el referido
término y que el emplazamiento diligenciado en la madre
del menor era suficiente para adquirir jurisdicción sobre
el menor JJSM. Fundamentó su conclusión en que surge del
“propio emplazamiento que este fue dirigido a la señora
Malavé Rivera, seguido por la frase „o sea a la parte
demandada arriba mencionada‟. Es decir, la parte demandada
compuesta por la señora Malavé Rivera por sí y en
representación del menor”. (Énfasis en el original).7 Ello,
pues en el epígrafe de la demanda se identificó a la madre
6 La Jueza Fraticelli Torres emitió un Voto Disidente. 7 Véase, Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 27. CC-2014-071 7
como demandada en su carácter personal y en representación
del menor JJSM. De esta forma, la mayoría del Tribunal de
Apelaciones concluyó que el menor JJSM fue traído como
parte indispensable. A su vez, destacó que la señora
Malavé Rivera sometió al menor JJSM a la jurisdicción del
Tribunal de Primera Instancia cuando presentó la demanda
contra tercero.
En desacuerdo, la señora Malavé Sánchez presentó un
oportuno recurso de certiorari ante este Tribunal en el
que argumentó que erró el Tribunal de Apelaciones al
declarar no ha lugar la desestimación de la demanda sobre
impugnación de paternidad por falta de parte indispensable
del menor JJSM y caducidad.
El 20 de mayo de 2014 emitimos una Resolución en la
que paralizamos los procedimientos y ordenamos al señor
Sánchez Rivera mostrar causa por la cual no procedía
revocar al Tribunal de Apelaciones. Con el beneficio de su
comparecencia, procedemos a resolver el asunto ante
nuestra consideración.
II
Para la correcta dilucidación de la polémica
presentada, es necesario comprender que la filiación es la
“condición a la cual una persona atribuye el hecho de
tener a otras u otros por progenitores suyos: es un hecho
biológico consistente en la procreación de una persona por
otras, una inicial realidad biológica recogida y regulada
por el ordenamiento jurídico con el fin de distribuir CC-2014-071 8
derechos y obligaciones”. Sánchez v. Sánchez, 154 DPR 645,
660 (2001), citando a L. Díez-Picazo y A. Gullón, Sistema
de Derecho Civil, 7ma ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1997, Vol.
IV, pág. 249. Véase, además, Castro v. Negrón, 159 DPR
568, 579-580 (2003). A tono con esta definición, hemos
sido diáfanos en establecer que la filiación se desdobla
en la filiación jurídica y la filiación biológica, las
cuales están vinculadas entre sí. Mayol v. Torres, 164 DPR
517, 529 (2005). La filiación es de suma importancia,
pues, ésta no se limita a establecer vínculos con el
propósito de identificar relaciones entre partes de la
sociedad, sino que va dirigida a imponer derechos y
obligaciones concretas de consecuencias permanentes. Íd.,
pág. 531.
En nuestro ordenamiento se contemplan tres clases de
acciones judiciales disponibles para asuntos relacionados
con la filiación, a saber: (1) acciones de afirmación de
filiación; (2) acciones de impugnación; y (3) acciones
mixtas. En ésta última se busca la declaración de
determinada filiación mientras que se niega otra
contradictoria; ambas son declaraciones interdependientes
entre sí. Álvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, 175 DPR
398, 413-414 (2009); Sánchez v. Sánchez, supra, pág. 670.
Ante la importancia de la relación filial, la norma
jurídica reconoce que el elemento biológico no es el único
a considerarse al momento de atender controversias
filiales. Por ello, no vacilamos al dictaminar que “los CC-2014-071 9
criterios biológicos son los básicos, aunque éstos no
siempre entran en acción”. Castro v. Negrón, 159 DPR 568,
580 (2003). Más aún, “el vínculo biológico no basta por sí
mismo para hacer nacer el vínculo jurídico”. Íd., pág.
580. Véase R. Ortega-Vélez, La filiación: apuntes y
jurisprudencia, 1ra ed., Ed. Scisco, 1997, pág. 5.
Empero, y en la medida de lo posible, este Tribunal
ha abierto camino en materia de filiación para lograr que
la realidad biológica coincida con la jurídica. Mayol v.
Torres, supra, pág. 532; Ramos v. Marrero, 116 DPR 357,
358 (1985). Ello responde a las influencias de las
corrientes jurídicas sobre la filiación, a saber: la
corriente realista y la formalista. Véase Vázquez Vélez v.
Caro Moreno, 182 DPR 803 (2011). La corriente realista
está predicada en el llamado principio de la veracidad.
Por su parte, la corriente formalista otorga mayor peso a
otros elementos o principios como la paz familiar y la
seguridad jurídica, colocando la verdad y la realidad
biológica en un segundo plano. Mayol v. Torres, supra,
págs. 532-533. Véase M. Fraticelli Torres, Relevancia
actual y secuela jurisprudencial de Ocasio v. Díaz, 50
Rev. Der. P.R. 101, 108 (2010).
Ahora bien, este Tribunal no ha dejado de reconocer
la importancia de velar porque se propenda una seguridad
jurídica en materia de filiación para responder a la
preocupación en lo que respecta a la identidad del
individuo desde su aspecto jurídico y sicológico. Mayol v. CC-2014-071 10
Torres, supra, pág. 553. Así, en ocasiones, la filiación
jurídica no coincide con la filiación biológica. Calo
Morales v. Cartagena Calo, 129 DPR 102, 112 (1991). Ello,
pues “[l]o funcional y lo social tiene a veces mayor
trascendencia que el mero elemento natural o biológico”.
J. Rams Albesa y R. Moreno Flórez, Comentarios al Código
Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 2000, T. II, Vol. 2, pág.
1077. En este sentido, aspiramos a lograr una
reconciliación de la necesidad de identificar la verdadera
filiación biológica y, a su vez, propiciar una estabilidad
filial. Esa aspiración está enmarcada en una firme
política pública que nos obliga a velar por el interés
prioritario de proteger a la niñez por encima del interés
particular del presunto padre o la presunta madre.
Con el fin de lograr ese balance, hemos optado por
liberalizar la búsqueda de la verdad mientras esté vigente
el plazo de caducidad para ello. Mayol v. Torres, supra,
pág. 554. De esta forma, acatamos la política pública en
cuanto a los términos de caducidad impuestos para
ejercitar la acción de impugnación de paternidad o
reconocimiento y logramos proteger el interés apremiante
en la estabilidad del estado filial. Álvareztorre Muñiz v.
Sorani Jiménez, supra, pág. 416; Mayol v. Torres, supra,
pág. 553. Los términos de caducidad, en esencia, responden
a la consideración de los efectos negativos sobre la
estabilidad familiar que conlleva el ejercicio de estas
acciones y procura evitar que el asunto en torno a la CC-2014-071 11
filiación permanezca abierto indefinidamente. González
Rosado v. Echevarría Muñiz, 169 DPR 554, 562 (2006);
Castro v. Negrón, supra, págs. 595-596.
Al establecerse un término de caducidad para las
acciones de filiación se pretende propiciar una
estabilidad. Ello, pues, la caducidad no admite
interrupción y se utiliza para marcar la decadencia de un
derecho, o su pérdida por no haber cumplido la formalidad
o condición exigida dentro del plazo determinado. Castro
v. Negrón, supra, pág. 596, esc. 25, citando a R. Ortega-
Vélez, Compendio de derecho de familia, San Juan,
Publicaciones JTS, 2000, T. I, pág. 393. Su propósito es
establecer de antemano hasta cuándo se puede ejercer un
derecho. Muñoz v. Ten General, 167 DPR 297, 302 (2006).
Una vez transcurrido un término de caducidad, se extingue
el derecho a la causa de acción por el mero transcurso del
tiempo.
En lo concerniente a las acciones de filiación, la
ley establece los términos de caducidad que aplican a las
reclamaciones de filiación de los hijos y las acciones de
impugnación de los padres. Ambas están regidas por
términos de caducidad distintos, ya que los hijos no están
igualmente situados en nuestro ordenamiento jurídico, por
lo que se les reconoce a éstos un trato diferencial en los
plazos para instar sus acciones de filiación. Calo Morales
v. Cartagena Calo, supra, págs. 121-122. CC-2014-071 12
En cuanto a los hijos, los términos de caducidad para
éstos son más amplios que el de impugnación de los padres,
pues el Art. 126 del Código Civil, 31 LPRA sec. 505,
dispone que el hijo puede establecer la acción de
reconocimiento contra sus padres en: (1) vida de éstos;
(2) dentro del año siguiente a la muerte de éstos, excepto
cuando el padre o madre haya muerto y el hijo sea menor de
edad, en cuyo caso podrá instarla hasta cuatro años
siguientes de haber alcanzado la mayoría de edad; o (3)
dentro de seis meses siguientes a que, luego de la muerte
del padre o la madre, apareciera algún documento del que
no se hubiera sabido y en el cual se le reconozca como
hijo. Calo Morales v. Cartagena Calo, supra, págs. 119-
121. Véanse: Texidor Díaz v. Tribunal Superior, 94 DPR 666
(1967); Ortiz Rivera v. Sucn. González Martínez, 93 DPR
562 (1966). Éstos son los términos que le aplican al hijo
que inste una acción mixta. El fundamento para ello
consiste en que la acción mixta es primordialmente una de
filiación como pretensión principal y una impugnación
accesoria de lo que ya se posee contradictoriamente. Se
trata de una acción de filiación principal de la cual la
impugnación es accesoria. Sánchez v. Sánchez, supra, pág.
673.
Por su parte, los términos de caducidad de los padres
están regidos por el Art. 117 del Código Civil, 31 LPRA CC-2014-071 13
sec. 465, según enmendado por la Ley Núm. 215-2009,8 el
cual dispone cuándo debe ejercitarse la acción para
impugnar al establecer lo siguiente:
La acción para impugnar la presunción de paternidad o maternidad, por parte del padre legal deberá ejercitarse dentro del plazo de caducidad de seis meses, contados a partir de la fecha de que advenga en conocimiento de la inexactitud de la filiación ….
La acción para impugnar la presunción de paternidad o maternidad, por parte del padre o la madre biológica(o), así como la madre legal, deberá ejercitarse dentro del plazo de caducidad de un año, contado a partir de la inscripción del nacimiento del menor en el Registro Demográfico.
Cuando la acción de impugnación se refiere a un hijo que no ha alcanzado la mayoría de edad, el Tribunal velará por el interés prioritario del estado de proteger la niñez sobre el interés del presunto padre o de la presunta madre de conformar la realidad jurídica con la biológica. (Énfasis suplido).
8 La Ley Núm. 215-2009, incorporó varios cambios trascendentales al esquema de impugnación de paternidad. Entre otros y en concreto, se apartó del factor de ubicación geográfica para establecer el término de caducidad para la impugnación de filiación y se enfocó en la persona que promueve la reclamación al establecer términos para el padre legal y para la madre o padre biológico. Véase Vázquez Vélez v. Caro Moreno, 182 DPR 803, 817-819 (2011). Asimismo, la mencionada ley considera los avances científicos y los cambios sociales para prolongar el término de caducidad para las distintas personas con legitimación para ello. Específicamente, el término de caducidad para el padre legal se debe computar desde que éste adviene en conocimiento de la inexactitud biológica. Por su parte, la madre o padre biológico tendrá un año a partir de la inscripción en el Registro Demográfico para instar su acción de impugnación de paternidad. Véanse: Informe Positivo del Senado de Puerto Rico sobre el P. del S. 1195 de octubre de 2009, 2da Sesión Ordinaria, 16ta Asamblea Legislativa; Informe Positivo de la Cámara de Representantes sobre el P. del S. 1195 de 9 de noviembre de 2009, 2da Sesión Ordinaria, 16ta Asamblea Legislativa. CC-2014-071 14
Como consecuencia, la Ley Núm. 215, supra, dispuso un
término de caducidad de seis meses desde que el padre
legal se entere de la inexactitud en la filiación. Por su
parte, el padre o la madre biológica o la legal, tendrán
un término de caducidad de un año a partir de la
inscripción del menor en el Registro Demográfico. La
prolongación de los términos de caducidad está encaminada
a promover que la realidad biológica coincida con la
registral manteniendo un balance en la búsqueda de la
estabilidad de los derechos y obligaciones nacidos de la
filiación. Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 667,
674-675 (2012). Empero, la Ley Núm. 215, supra, estableció
claramente que en el caso de menores de edad el norte de
los tribunales es proteger la niñez sobre el interés del
presunto padre o madre de conformar la realidad jurídica
con la biológica.
Transcurridos los términos dispuestos en la Ley Núm.
215, supra, si no se promueve la acción de impugnación de
paternidad dentro del plazo señalado, ocurre la caducidad
y queda consolidada la paternidad para todos los efectos.
Véase Ortega-Vélez, op. cit., pág. 21. En otras palabras,
no presentar la acción en el tiempo de caducidad dispuesto
implica que “el hijo, aunque biológicamente no lo sea,
jurídicamente se reputará suyo, con todos los efectos que
conlleva tal estado civil. Tal resultado es el efecto del
carácter de caducidad del término”. Calo Morales v.
Cartagena Calo, supra, págs. 122-123. Véanse: Bonilla CC-2014-071 15
Ramos v. Dávila Medina, supra, págs. 675-677; Vázquez
Vélez v. Caro Moreno, 182 DPR 803, 814-817 (2011); B.B.V.
v. E.L.A., 180 DPR 681, 688 (2011); Álvareztorre Muñiz v.
Sorani Jiménez, supra, pág. 411; Sánchez v. Sánchez,
supra, pág. 675; Almodóvar v. Méndez Román, 125 DPR 218,
252-253 (1990).9 De igual manera sucede si el hijo no
entabla la acción dentro del término dispuesto en el Art.
126 del Código Civil, supra. Transcurrido ese término se
consolida su estado filial.
III
Una vez establecida la naturaleza de la filiación y
el plazo de caducidad para ejercitarla, debemos analizar
cómo se tramita la impugnación de paternidad de un menor
de menos de catorce años de edad.
Recientemente, en Bonilla Ramos v. Dávila Medina,
supra, atendimos una situación similar a la que tenemos
ante nuestra consideración. En aquella ocasión, se trataba
de la impugnación de paternidad de un menor de dieciséis
años de edad que no fue incluido en el pleito al momento
de presentar la demanda. Tampoco fue emplazado conforme
disponen las reglas procesales dentro del término de
caducidad.10
9 Un pleito se inicia con la presentación de una demanda en el tribunal. Regla 2 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 2. 10 En Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 667, esc. 1 (2012), se solicitó incluir al menor transcurrido el plazo dispuesto en la Ley Núm. 215. CC-2014-071 16
A base de esos hechos, y como controversia medular,
este Tribunal determinó que el menor cuya paternidad se
impugna es parte indispensable en una acción de
impugnación de paternidad y no basta con demandar a quien
ostenta su patria potestad. Bonilla Ramos v. Dávila
Medina, supra, págs. 679, 682. Aclaramos que la madre es,
a lo sumo, una parte demandada apropiada. Véanse: Chabrán
v. Méndez, 74 DPR 768, 778-780 (1953); Robles López v.
Guevárez Santos, 109 DPR 563 (1980). Como consecuencia,
determinamos que procedía desestimar la acción presentada
por no haberse demandado al menor dentro del término de
caducidad dispuesto en la Ley Núm. 215, supra. Bonilla
Ramos v. Dávila Medina, supra, pág. 670.
En esta ocasión, nos corresponde establecer cómo el
tribunal adquiere jurisdicción sobre la persona de un
menor, de menos de catorce años de edad, que fue incluido
en el pleito de impugnación de paternidad instado en su
contra. A estos efectos, debemos recordar que aunque los
menores de edad poseen personalidad jurídica, carecen de
capacidad de obrar, por lo que éstos deben comparecer a
los procedimientos judiciales representados por su padre o
madre con patria potestad, su tutor general o un defensor
judicial. Bonilla Ramos v. Dávila Medina, supra, pág. 678;
Álvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, supra, pág. 419;
Art. 153 del Código Civil, 31 LPRA sec. 601; Regla 15.2 de
las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R.
15.2; R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto CC-2014-071 17
Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Ed.
Lexisnexis, 2010, Sec. 1110, pág. 149. Ante ello, cuando
el menor es demandado se debe incluir en la demanda a su
madre o padre con patria potestad como parte formal del
proceso. Hernández Colón, op.cit., pág. 149.
Ahora bien, el mero hecho de que se incluya al menor
de edad en la demanda y a su madre o padre con patria
potestad en ésta, no confiere jurisdicción al tribunal
sobre su persona. Para que el menor advenga en
conocimiento de la acción instada en su contra, resulta
necesario acudir a las disposiciones procesales
relacionadas con el emplazamiento. Veamos.
El emplazamiento constituye el acto procesal mediante
el cual se le informa al demandado sobre la demanda
presentada en su contra y se le requiere comparecer para
formular la alegación que corresponda. Mediante el
emplazamiento, es que se adquiere jurisdicción sobre la
persona del demandado. Márquez v. Barreto, 143 DPR 137,
142 (1997). Por tal razón, los demandados tienen un
derecho a ser emplazados conforme a derecho.
El emplazamiento está regido por las disposiciones
contenidas en la Regla 4 de las de Procedimiento Civil de
2009, 32 LPRA Ap. V, R. 4. Estas disposiciones son de
estricto cumplimiento, y no puede eximirse su observancia
por responder al imperativo constitucional del debido
proceso de ley. Íd., pág. 143; Hernández Colón, op. cit.,
Sec. 2001, pág. 221. Véase Medina v. Medina, 161 DPR 806, CC-2014-071 18
818-819 (2004). A raíz de ello, existe una política
pública de que la parte demandada sea emplazada
debidamente. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho
Procesal Civil, Tomo I, (2011), pág. 298; Quiñones Román
v. Cía. ABC, 152 DPR 367, 374 (2000) citando a First Bank
of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 DPR 901, 916 (1998) (Per
Curiam). Conforme con lo anterior, “no es hasta que se
diligencia el emplazamiento y se adquiere jurisdicción que
la persona puede ser considerada propiamente parte; aunque
haya sido nombrada en el epígrafe de la demanda, hasta ese
momento sólo es parte nominal”. (Énfasis suplido). Cuevas
Segarra, op. cit., pág. 307. Véanse: Medina v. Medina,
supra, págs. 822-823; Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927,
931 (1997).
El emplazamiento debe diligenciarse dentro del
término de ciento veinte días a partir de la presentación
de la demanda. Transcurrido ese periodo, sin que se haya
diligenciado el emplazamiento, el tribunal “deberá dictar
sentencia decretando la desestimación y archivo sin
perjuicio”. Regla 4.3 (c) de las de Procedimiento Civil de
2009, 32 LPRA Ap. V., R. 4.3(c). Véase Cuevas Segarra, op.
cit., pág. 313.11
11 Al instar la demanda el demandante tiene la obligación de presentar el formulario del emplazamiento y es el deber de la Secretaría expedir el emplazamiento que se acompaña con la demanda en la misma fecha en que ésta se presenta. Véase Regla 4.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 4.1. Por su parte, el demandante tiene el deber de gestionar que así se haga. Banco de Desarrollo Económico v. A.M.C. Surgery, 157 DPR 150 (2002). La prórroga para emplazar sólo se concede en CC-2014-071 19
En su aspecto formal, las Reglas de Procedimiento
Civil de 2009 acogieron las recomendaciones del Comité
Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Civil para
que se uniformara el formulario para emplazar. Por
consiguiente, las nuevas reglas procesales contienen el
Formulario 1, que expone el contenido que debe tener todo
emplazamiento. Concretamente, se indica que el
emplazamiento “se dirigirá a la parte demandada”, por lo
que el Formulario 1 advierte que se debe expresar el
nombre de la parte demandada que se emplaza, independiente
del encabezamiento de la acción. Así, habrá que “acompañar
con la demanda para su expedición un emplazamiento por
separado para cada parte demandada”, es decir, “el
emplazamiento debe ser expedido por cada parte que est[é]
nombrada en el epígrafe de la demanda como demandado”.
Véanse: Cuevas Segarra, op. cit., págs. 307-308; Regla
4.2 y Formulario 1 de las de Procedimiento Civil de 2009,
32 LPRA Ap. V, R. 4.2, Formulario 1.
Una vez expedido el emplazamiento para cada parte
demandada, las reglas procesales disponen cómo debe
diligenciarse. En lo pertinente, la Regla 4.4 (a) y (b) de
las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 4.4
(a) y (b) rigen el emplazamiento a una persona mayor de
edad y a los menores, respectivamente. Puntualizamos que
caso de tardanza en la expedición del emplazamiento; de lo contrario, estamos ante un término improrrogable. R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 5ta ed., San Juan, Ed. Lexisnexis, 2010, sec. 2007, pág. 230. CC-2014-071 20
para emplazar a un mayor de edad es suficiente que se
entregue copia del emplazamiento y de la demanda al
demandado personalmente, a un agente autorizado por éste,
o designado por ley. Regla 4 (a) de las de Procedimiento
Civil de 2009, supra.
De otra parte, en cuanto a los menores de menos de
catorce años de edad se dispone que se entregará copia del
emplazamiento y de la demanda a su padre o madre con
patria potestad, o tutor(a). Regla 4 (b) de las de
Procedimiento Civil de 2009, supra. Así, el
diligenciamiento del emplazamiento a un menor de catorce
años de edad se hace con entrega personal a la madre o
padre con patria potestad o tutor(a).12
Ahora bien, cuando en un pleito se demanda al padre o
madre con patria potestad de un menor de menos de catorce
años de edad en su carácter personal y, a su vez, se
demanda a ese menor como parte del proceso, se requiere
que cada uno de los demandados sea debidamente emplazado.
Véase Cuevas Segarra, op. cit., págs. 307-308. Por lo
tanto, para que el tribunal adquiera jurisdicción sobre
todos, es necesario que se les emplace. Véanse: Vega v.
12 Ello se diferencia de lo dispuesto durante la vigencia del Art. 93 del Código de Enjuiciamiento Civil, 1904 Leyes de Puerto Rico 177, 197, que establecía que el emplazamiento a menores de edad debía notificarse al padre, madre o tutor(a) y personalmente al menor. Véanse: Biaggi v. Corte, 68 DPR 407 (1948); Federal Land Bank of Baltimore v. Corte, 45 DPR 117 (1933); Rodríguez Soler v. Alonso, 37 DPR 344 (1927); Vías v. Sucesión Pérez et al., 15 DPR 732 (1909); Orcasitas v. Márquez et al., 19 DPR 477 (1913); Gaudier v. Sucn., García, 10 DPR 26 (1906). CC-2014-071 21
Bonilla, 153 DPR 588, 592 (2001) (Per Curiam); Pauneto v.
Nuñez, 115 DPR 591, 594 (1984).
En estos casos, el diligenciamiento del emplazamiento
al padre o madre con patria potestad en su carácter
personal debe cumplir con las disposiciones de la Regla
4.4 (a) de las de Procedimiento Civil de 2009, supra y el
del menor de edad con la Regla 4.4(b) de ese cuerpo
procesal. Como consecuencia, el emplazamiento del padre o
madre en su carácter personal no resulta suficiente para
adquirir jurisdicción sobre el menor de edad. Ello, pues
el menor de edad es una persona con capacidad jurídica
independiente a la de su padre o madre con patria
potestad. Así, se debe cumplir con la Regla 4.4 (b) de las
Reglas de Procedimiento Civil de 2009 que exige que el
menor de edad sea emplazado por conducto de su padre o
madre con patria potestad o tutor(a). Ahora bien, esto no
necesariamente implica ni impone la entrega de dos
emplazamientos a la misma persona. Bastaría con que se
diligencie el emplazamiento en su carácter personal al
padre o madre con patria potestad y que, a su vez, surja
del emplazamiento que se le emplazó y diligenció como
representante del menor de edad, es decir, “por sí y en
representación de”.
En fin, el emplazamiento personal al padre o madre
con patria potestad de un menor de menos de catorce años
de edad, quien es a su vez parte demandada en su carácter
personal, no puede conllevar que automáticamente el menor CC-2014-071 22
de edad demandado haya quedado emplazado o sometido a la
jurisdicción del tribunal. Para que el menor quede
emplazado tiene que surgir del emplazamiento que éste va
dirigido al menor de edad por conducto de su padre o madre
con patria potestad, o tutor(a). Lo contrario implicaría
abdicar el hecho de que el menor de edad goza de una
personalidad propia y distinta a la de su representante.
Finalmente, no podemos pasar por alto que el derecho
al emplazamiento es renunciable. Tal renuncia puede
suceder cuando la parte demandada se somete
voluntariamente a la jurisdicción del Tribunal. Vázquez v.
López, 160 DPR 714, 721 (2003); Qume Caribe, Inc. v. Srio.
de Hacienda, 153 DPR 700, 711 (2001). La sumisión
voluntaria suple la omisión del emplazamiento, ya que
tiene el efecto de que el tribunal adquiera jurisdicción
sobre la persona. Una parte puede someterse al tribunal de
forma explícita o implícita. Sterzinger v. Ramírez, 116
DPR 762, 789 (1985). La sumisión voluntaria puede suceder
cuando comparece voluntariamente y realiza algún acto
sustancial que la constituya parte en el pleito. Álvarez
v. Arias, 156 DPR 352, 373 (2002); Qume Caribe, Inc. v.
Srio. de Hacienda, supra, pág. 711.
A base del estado de derecho expuesto, debemos
determinar si procede la desestimación de la demanda de
paternidad presentada por el señor Sánchez Rivera por
falta de parte indispensable del menor JJSM y caducidad. CC-2014-071 23
IV
En el caso de autos, y a base de sus alegaciones, el
señor Sánchez Rivera presentó una acción de impugnación de
paternidad contra el menor JJSM y su madre con patria
potestad dentro del plazo de caducidad de seis meses
dispuesto en la Ley Núm. 215-2009. De esta forma, se
presentó una demanda de impugnación de paternidad el 14 de
abril de 2011 en la que el señor Sánchez Rivera sostuvo
que el 6 de enero de 2011 la señora Malavé Rivera le
manifestó que JJSM no era su hijo. A base de tales
alegaciones, el plazo de caducidad para impugnar la
paternidad del menor culminó el 5 de julio de 2011. No
obstante, se cuestiona si procedía la desestimación de la
demanda porque el menor no fue emplazado conforme a
derecho y el tribunal no adquirió jurisdicción sobre éste.
Para atender la polémica suscitada, debemos dilucidar
si el menor JJSM fue debidamente emplazado. El señor
Sánchez Rivera sostiene que las alegaciones de la demanda
son claras y precisas con relación a su reclamo contra la
señora Malavé Rivera y contra el menor JJSM. Como
consecuencia, arguye que el emplazamiento diligenciado a
la señora Malavé Rivera era suficiente para emplazar al
menor JJSM porque de éste surge que va dirigido a la
señora Malavé Rivera, “o sea la parte arriba demandada” y
en el encabezado de la demanda se incluyó al menor JJSM
representado por su madre. No nos persuade su argumento. CC-2014-071 24
Como expusimos, la Regla 4.2 de las de Procedimiento
Civil de 2009, supra, expresamente dispone el contenido
del emplazamiento. A estos efectos, establece que el
emplazamiento “se dirigirá a la parte demandada”.
Igualmente, del Formulario 1 de ese cuerpo de reglas
procesales se desprende que en éste se escribe el nombre
de la parte demandada que se emplaza. Estos requisitos son
de estricto cumplimiento.
A poco se examine el emplazamiento que obra en autos,
resalta que el formulario presentado únicamente está
dirigido a la señora Malavé Rivera en su carácter personal
como parte demandada. En ningún momento el emplazamiento
está dirigido a la señora Malavé Rivera por sí y en
representación del menor JJSM, como tampoco fue
diligenciado de esta forma. El sólo hecho de que en el
encabezado de la demanda se identifique a la parte nominal
y el emplazamiento haga referencia a ésta no justifica el
incumplimiento con las normas procesales referentes a que
la parte contra quien se diligencia el emplazamiento debe
constar en el formulario para ello. No podemos olvidar que
el emplazamiento responde a un imperativo constitucional
del debido proceso de ley. Mucho menos podemos ignorar la
realidad de que el menor de edad posee una capacidad
jurídica independiente de la de su madre o padre con
patria potestad. Por lo tanto, el emplazamiento por el
cual se adquiere jurisdicción sobre la persona del
representante de un menor, por sí sólo, no puede CC-2014-071 25
comprender al menor representado cuando ambos son parte
demandada en una acción. Para que se adquiera jurisdicción
sobre el menor demandado, es necesario que se le emplace
expresamente por conducto de su representante legal. Sin
embargo, si su representante legal también figura como
parte demandada no bastará que se adquiera jurisdicción
sobre éste para que se entienda que el menor fue
debidamente emplazado. Es necesario que se haga constar
que tanto el representante legal como el menor
representado fueron debidamente emplazados. Lo contrario
sólo repercute en el diligenciamiento del emplazamiento en
una de las partes demandadas, es decir, en este caso, la
madre con patria potestad en su carácter de parte
demandada personalmente. Como consecuencia, el
emplazamiento a la señora Malavé Rivera no fue suficiente
para adquirir jurisdicción sobre el menor JJSM.
Por ende, el tribunal de instancia estaba obligado,
por imperativo de las reglas procesales, a desestimar la
acción de impugnación de paternidad presentada por el
señor Sánchez Rivera. Véase Regla 4.3(c) de las de
Procedimiento Civil de 2009, supra.
Por otra parte, el menor no fue sometido a la
jurisdicción del tribunal cuando su madre contestó la
demanda. La razón para esto consiste en que de la propia
contestación a la demanda surge inequívocamente que la
parte demandada que contestó fue la señora Malavé Rivera.
Nótese que ésta juramentó su contestación aduciendo que CC-2014-071 26
era ella quien comparecía e incluso solicitó el divorcio
del señor Sánchez Rivera. De igual forma, es en la propia
contestación que la señora Sánchez Rivera afirmó que
faltaba una parte indispensable debido a que el menor JJSM
no fue traído al pleito ni emplazado. Dadas estas
circunstancias, sería un contrasentido entender que
mediante su contestación sometió al menor JJSM a la
jurisdicción del tribunal. De otra parte, la demanda
contra tercero presentada el 5 de diciembre de 2011 no
tuvo el efecto que pretende adjudicarle el señor Sánchez
Rivera a los efectos de someter al menor JJSM a la causa
de impugnación de paternidad en su contra. La razón para
ello es muy sencilla.
La acción de impugnación de paternidad del señor
Sánchez Rivera es una independiente a la demanda contra
tercero presentada por la señora Malavé Rivera en
representación del menor JJSM. No debe existir duda de que
la presentación de una demanda contra tercero constituye
un acto sustancial por el cual una parte puede someterse
voluntariamente ante un tribunal. Sin embargo, el caso de
autos presenta una situación fáctica muy particular que no
produce el efecto de revivir la demanda de impugnación de
paternidad presentada por el señor Sánchez Rivera. Veamos.
Para que la demanda contra tercero tuviera el efecto
de evitar la desestimación de la acción del señor Sánchez
Rivera, ésta debía someter al menor a la jurisdicción del
tribunal dentro del plazo de caducidad. Recordemos que la CC-2014-071 27
acción del padre tiene un término de caducidad menor al
que tiene la acción de un hijo para reclamar su estado
filial. Así, la acción del presunto padre caduca
transcurrido el término dispuesto en la Ley Núm. 215,
supra, mientras que la del hijo no caduca en ese tiempo,
pues éste la puede ejercer incluso hasta luego de la
muerte de su presunto padre, conforme dispone el Art. 126
del Código Civil, supra. Véanse: Sánchez v. Sánchez,
supra, págs. 672-673; González Rosado v. Echevarría Muñiz,
supra, pág. 572 esc. 7. Bajo ninguna circunstancia la
acción del menor JJSM contra un tercero puede dar vida al
término de caducidad que gozaba su presunto padre para
ejercer la suya. Avalar tal actuación sería abdicar
nuestra función judicial de velar por la política pública
promulgada por la Ley Núm. 215, supra, de proteger
prioritariamente la niñez sobre el interés del presunto
padre de conformar la realidad jurídica con la biológica.
Cuando la madre del menor JJSM presentó por sí y en
representación de su hijo su demanda contra tercero el 5
de diciembre de 2011, ya había caducado la acción de
impugnación de su presunto padre. Ante tal realidad, el
tribunal venía obligado a desestimar la acción del señor
Sánchez Rivera. Ello, pues aunque ejerció su acción a
tiempo, el foro primario nunca adquirió jurisdicción sobre
el menor JJSM por lo que procedía la desestimación de la
demanda. El menor tampoco se sometió a la jurisdicción del
tribunal dentro del término de caducidad que tenía el CC-2014-071 28
señor Sánchez Rivera para instar su reclamo. Ante tal
escenario, es un hecho indubitado que procedía la
desestimación de la impugnación de paternidad presentada
por el señor Sánchez Rivera, independientemente del
resultado que en su día pueda tener la acción ejercitada
por el menor JJSM.
Como corolario, erró el Tribunal de Apelaciones al no
desestimar la demanda de impugnación de paternidad
presentada por el señor Sánchez Rivera.
V
Por las razones que anteceden, expedimos el recurso
de certiorari, revocamos al Tribunal de Apelaciones y
desestimamos la demanda de impugnación de paternidad,
presentada por el señor Sánchez Rivera, ya que no existe
razón para posponer tal dictamen. Devolvemos el caso de
epígrafe al Tribunal de Primera Instancia para la
continuación de los procedimientos pendientes ante su
consideración, conforme a lo aquí resuelto.
Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Yajaida Malavé Rivera, por sí y en representación del CC-2014-071 Certiorari menor JJSM
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se expide el recurso de certiorari, se revoca al Tribunal de Apelaciones y se desestima la demanda de impugnación de paternidad, presentada por el señor Sánchez Rivera, ya que no existe razón para posponer tal dictamen. Se devuelve el caso de epígrafe al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos pendientes ante su consideración, conforme a lo aquí resuelto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez Asociado señor Rivera García disienten sin opiniones escritas. El Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo