EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Wilfredo Rivera Menéndez
Peticionario
v.
Action Service Corp. Certiorari
Recurrido 2012 TSPR 73
185 DPR ____ Action Service Corp.
Recurrido
Número del Caso: CC-2010-74 Cons. CC-2010-82
Fecha: 13 de abril de 2012
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Utuado, Panel XI CC-2010-74
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. José Martínez Custodio
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcda. Olga Yolanda Cabrera Ramos Lcda. Martha L. Martínez Rodríguez
CC-2010-82
Abogada de la Parte Peticionaria:
Lcda. Olga Yolanda Cabrera Ramos
Abogado de la Parte Recurrida.
Materia: Despido Injustificado
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Action Service Corp. CC-2010-74 Certiorari Recurrido Cons. con
Action Service Corp. CC-2010-82 Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo
En San Juan, Puerto Rico, a 13 de abril de 2012.
En el presente caso nos corresponde atender dos
controversias. En la primera, debemos determinar cuáles son
las consecuencias de que las partes en un pleito estipulen
un expediente médico, sin ninguna declaración adicional
sobre los fines de esa estipulación. Por su parte, en la
segunda controversia debemos resolver si erró el Tribunal
de Apelaciones al determinar que un empleado no fue
despedido como represalia por reportarse a la Corporación
del Fondo del Seguro del Estado para recibir beneficios por
un accidente ocurrido en el trabajo. CC-2010-74 Cons. CC-2010-82 2
I.
El Sr. Wilfredo Rivera Menéndez comenzó a trabajar en
el 2006 como empleado de mantenimiento de la compañía
Action Service, Corp. (Action). Sus funciones se
concentraban en realizar labores de limpieza en el Edificio
Cortés y en las instalaciones de la Puerto Rico Telephone
Company (P.R.T.C.), ambos ubicados en el municipio de
Utuado.1 En el ejercicio de dichas funciones, el 24 de
agosto de 2006 el señor Rivera Menéndez sufrió un accidente
laboral.2 Por ello, el 29 de agosto de 2006 reclamó a la
Corporación del Fondo del Seguro del Estado (C.F.S.E.) y,
tras evaluar su situación, le ordenaron recibir tratamiento
médico en descanso. Posteriormente, el 3 de octubre de ese
mismo año, la C.F.S.E. examinó nuevamente al señor Rivera
Menéndez y determinó que este podía continuar con el
tratamiento mientras trabajaba. Sin embargo, a pesar de los
múltiples requerimientos para que le devolvieran su empleo,
entre ellos una carta con fecha de 14 de noviembre de 2006,
Action no reinstaló al señor Rivera Menéndez en su trabajo
como empleado de mantenimiento.
Ante tales circunstancias, el 9 de febrero de 2007 el
señor Rivera Menéndez presentó una demanda en el Tribunal
de Primera Instancia, Sala Superior de Utuado. Su acción se
sustentó en reclamaciones al amparo de la Ley Núm. 45 del
1 Apéndice de la Petición de certiorari presentada por Action, pág. 159. 2 El accidente se produjo cuando un compañero de trabajo del señor Rivera Menéndez lo roció accidentalmente en varias ocasiones con un detergente (Doctor Mecánico). Ello provocó que la salud del señor Rivera Menéndez se afectara por la inhalación de esa sustancia química. CC-2010-74 Cons. CC-2010-82 3
18 de abril de 1935, según enmendada, “Ley de
Compensaciones por Accidentes del Trabajo”, 11 L.P.R.A.
sec. 1 et seq.; la Ley Núm. 115 del 20 de diciembre de
1991, conocida como la “Ley de Acción por Represalia del
Patrono”, 29 L.P.R.A. sec. 194 et seq. (Ley Núm. 115); y de
la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, “Ley de Despido
Injustificado”, 29 L.P.R.A. sec. 185 et seq.
En la demanda, el señor Rivera Menéndez alegó que fue
despedido injustamente por su patrono y en represalia por
haber acudido a recibir tratamiento ante la C.F.S.E. Por
consiguiente, solicitó ser restituido en su empleo y que se
le pagaran los salarios dejados de recibir, las angustias
mentales, los beneficios marginales y los honorarios de
abogado. El 21 de marzo de 2007 Action contestó la demanda.
Alegó que cuando el peticionario solicitó la reinstalación
en su empleo se le ofreció ser reinstalado como empleado de
mantenimiento, pero en un edificio de la P.R.T.C. radicado
también en el Municipio de Utuado. Action, además, negó que
el peticionario fuera despedido en represalia por haber
acudido a recibir tratamiento en la C.F.S.E. y arguyó que
este no fue despedido, sino que abandonó su empleo.
Cardinal a la controversia que nos ocupa es el hecho
de que, como parte del proceso judicial, las partes
estipularon como prueba documental el expediente del señor
Rivera Menéndez en la C.F.S.E. En ese expediente consta un
formulario de declaración voluntaria y una declaración
jurada, ambas cumplimentadas y firmadas alegadamente por el CC-2010-74 Cons. CC-2010-82 4
señor Rivera Menéndez, en las que declaró que trabajaba 29
horas semanales (7 horas los lunes, miércoles y viernes, y
4 horas los martes y los jueves).3
Así las cosas, el 19 de febrero de 2009 se celebró la
vista en su fondo. De las determinaciones de hechos
realizadas por el Tribunal de Primera Instancia, surge que
entre las personas que testificaron se encontraba la Sra.
Nitzaydee Avilés, gerente de recursos de Action. La señora
Avilés testificó que al señor Rivera Menéndez se le ofreció
empleo en el edificio de la P.R.T.C. pero se rehusó a
aceptarlo. Además, señaló que el señor Rivera Menéndez
trabajaba 29 horas semanales. Sin embargo, el tribunal de
instancia no le brindó credibilidad a lo expuesto por la
señora Avilés en el sentido del ofrecimiento de empleo ya
que no pudo armonizar su aseveración con la carta del señor
Rivera Menéndez, admitida en evidencia, en la que
solicitaba su reinstalación para el mismo tiempo. El
tribunal tampoco le dio credibilidad al testimonio de la
señora Avilés sobre las horas trabajadas, porque esta nunca
produjo las nóminas firmadas por el señor Rivera Menéndez.
Por su parte, el señor Rivera Menéndez, testificó, entre
otras cosas, que trabajaba 40 horas semanales.
Luego de escuchar a los testigos y de evaluar la
prueba documental presentada por las partes, el Tribunal de
Primera Instancia dictó sentencia el 5 de junio de 2009. En
esta, determinó que el peticionario fue despedido
3 Apéndice de la Petición de certiorari presentada por el señor Rivera Menéndez, págs. 94 y 98. CC-2010-74 Cons. CC-2010-82 5
injustificadamente por haber acudido a la C.F.S.E. y que le
cobijaban, entre otros remedios, los concedidos a la luz de
la Ley Núm. 115. Con relación a las horas que el señor
Rivera Menéndez trabajó, el Tribunal de Primera Instancia
realizó el cálculo de la compensación basándose en una
jornada de 40 horas semanales. En específico, el tribunal
concedió la compensación siguiente: $35,845.90 por los
salarios dejados de percibir y beneficios marginales; así
como $5,000 por las angustias mentales, que sumaron
$40,845.90. Conforme a la Ley Núm. 115, esa cantidad se
duplica como penalidad, por lo que el tribunal elevó la
compensación a $81,691.18, más el 25% por concepto de
honorarios de abogado, costas e interés legal por cantidad
de $20,422.80.
El 24 de julio de 2009 Action acudió mediante recurso
de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Alegó que el
Tribunal de Primera Instancia erró al determinar que el
señor Rivera Menéndez fue objeto de represalias. Añadió que
incidió ese Foro al calcular los honorarios de abogado
concedidos y al descartar la prueba documental estipulada
por las partes. Asimismo, expuso que se equivocó también al
calcular las partidas de ingresos dejados de devengar que
incluía una jornada de trabajo mayor a la que el empleado
tenía (40 horas en vez de 29).
El 20 de noviembre de 2009 el Tribunal de Apelaciones
emitió sentencia. Concluyó que el despido del señor Rivera
Menéndez, aunque injustificado y en contravención con el CC-2010-74 Cons. CC-2010-82 6
Art. 5-A de la Ley Núm. 45, supra, no fue en represalia por
acudir a la C.F.S.E. Por otro lado, ese tribunal le brindó
deferencia a la apreciación de los testimonios orales
aquilatados por el Tribunal de Primera Instancia en cuanto
a la jornada de trabajo y sostuvo que la compensación debía
calcularse a base de una jornada semanal de 40 horas. El 23
de diciembre de 2009 el Tribunal de Apelaciones notificó
una Resolución en la que declaró No Ha Lugar a la moción de
reconsideración presentada oportunamente por el señor
Rivera Menéndez.
Inconformes, tanto el señor Rivera Menéndez como
Action, presentaron sendas peticiones de certiorari ante
este Tribunal en los que solicitaron la revisión de la
sentencia del Tribunal de Apelaciones.
En el recurso CC-10-0082 Action señaló la comisión
del error siguiente:
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE APELACIONES AL SOSTENER LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE DESCARTAR LA PRUEBA DOCUMENTAL ESTIPULADA POR LAS PARTES Y CALCULAR LAS PARTIDAS DE INGRESOS DEJADOS DE DEVENGAR INCLUYENDO UNA JORNADA DE TRABAJO MAYOR A LA QUE EL EMPLEADO TENÍA.
Por otra parte, en el recurso CC-10-0074, el señor
Rivera Menéndez señaló la comisión del error siguiente:
ERR[Ó] EL HONORABLE TRIBUNAL DE APELACIONES AL DETERMINAR, EN SU SENTENCIA, QUE EL DESPIDO DE LA PARTE RECURRENTE AUNQUE INJUSTIFICADO Y EN CONTRAVENCI[Ó]N CON EL ART. 5-1 DE LA LEY N[Ú]M. 45, NO FUE EN REPRESALIA POR ACUDIR AL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO. CC-2010-74 Cons. CC-2010-82 7
Posteriormente, el señor Rivera Menéndez presentó una
“Moción solicitando consolidación de recursos de
certiorari”. El 11 de enero de 2011 emitimos una resolución
en la que ordenamos que se consolidaran los recursos por
tratarse ambos del mismo pleito, y a su vez, expedimos. El
peticionario y Action presentaron sus alegatos el 24 de
septiembre de 2010 y 29 de noviembre de 2010,
respectivamente. Así, con el beneficio de ambas
comparecencias, procedemos a resolver.
II.
Pasemos a considerar el planteamiento de Action que
sostiene que erró el Tribunal de Apelaciones al descartar
una prueba estipulada y rendirle deferencia al Tribunal de
Primera Instancia.
A. Las estipulaciones
Las estipulaciones son admisiones judiciales que
implican un desistimiento formal de cualquier contención
contraria a ellas.4 Estas son favorecidas en nuestro
ordenamiento porque eliminan desacuerdos, y de esa forma,
facilitan y simplifican la solución de las controversias
jurídicas.5 Por ello, las estipulaciones son herramientas
esenciales en las etapas iniciales del proceso judicial y
su uso es promovido por las Reglas de Procedimiento Civil.6
4 Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 D.P.R. 219, 238 (2007); P.R. Glass Corp. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 223, 231 (1975). 5 Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 153 D.P.R. 675, 693 (2001). 6 Véanse, por ejemplo, las Reglas 37.2, 37.4 y 37.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. CC-2010-74 Cons. CC-2010-82 8
En nuestra jurisdicción hemos reconocido tres clases
de estipulaciones: (1) las que constituyen admisiones de
hechos y dispensan del requisito de probarlos; (2) las que
reconocen derechos y tienen el alcance de una adjudicación;
y (3) las que proponen determinado curso de acción, como
por ejemplo, que se celebre una conferencia con antelación
al juicio, que se someta una cuestión a un comisionado
especial, o para que se admitan determinadas pruebas.7
La primera clase, por lo visto, trata sobre las
estipulaciones de hechos. Estas tienen el efecto de
dispensar el requisito de probar tales hechos. Es decir,
cuando se admite o estipula un hecho, la parte está
relevada de probarlo.8 En esas situaciones, la estipulación
sustituye la prueba que se presentaría en la vista del
caso.9 Una vez estipulado un hecho, la parte no puede
impugnarlo posteriormente.10 La estipulación de un hecho,
como regla general, constituye una admisión sobre su
veracidad y obliga tanto al tribunal como a las partes.11
Como segunda clase, está la estipulación que tiene el
efecto de poner fin a un pleito o a un incidente dentro de
este. En ese tipo de casos, hemos resuelto que esa
7 Mun. de San Juan v. Prof. Research, supra, pág. 238; P.R. Glass Corp. v. Tribunal Superior, supra, pág. 230. 8 Díaz Ayala et al. v. E.L.A., supra; Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 D.P.R. 560, 571 n. 11 (1998); Regla 5.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 5.2. 9 Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 D.P.R. 733, 752 (1987); Vda. de Rivera v. Pueblo Supermarkets, 102 D.P.R. 134, 139 (1974).
10 Maldonado v. Consejo de Titulares, 111 D.P.R. 427, 434–435 (1981).
11 Coll v. Picó, 82 D.P.R. 27, 36 (1960). CC-2010-74 Cons. CC-2010-82 9
estipulación obliga a las partes y tiene el efecto de cosa
juzgada.12 Incluso, esa clase de estipulación podría
catalogarse como un contrato de transacción si cumple con
los requisitos de ese tipo de contrato.13 Ello, porque no
toda estipulación implica necesariamente la existencia de
un contrato de transacción.14
Por otro lado, la tercera clase de estipulación es la
que trata sobre materias procesales. La Regla 26 de
Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III R. 26, por
ejemplo, contempla que las partes puedan estipular la forma
y manera de tomar deposiciones, así como la modificación
del procedimiento para cualquier otro mecanismo de
descubrimiento de prueba. Asimismo, como ya hemos expuesto,
las partes en un pleito pueden estipular la admisión de
determinada prueba, entre otros asuntos.15
Ahora bien, a base de la controversia que nos ocupa,
debemos aclarar que entre los asuntos procesales que pueden
estipularse también se permite la autenticación de
evidencia. La Regla 901 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI,
dispone el requisito de autenticación como condición previa
a la admisibilidad de evidencia. A esos efectos, el inciso
12 Mun. de San Juan v. Prof. Research, supra; Rodríguez Rosado v. Zayas Martínez, 133 D.P.R. 406, 410 (1993); Magee v. Alberro, 126 D.P.R. 228, 232 (1990); Negrón Rivera y Bonilla, Ex Parte, 120 D.P.R. 61, 74 (1987); Sucn. Román v. Shelga Corp., 111 D.P.R. 782, 786–787 (1981); P.R. Glass Corp. v. Tribunal Superior, supra, 231. Véase, además, Art. 1709 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4821. 13 Mun. de San Juan v. Prof. Research, supra. 14 Íd. 15 P.R. Glass Corp. v. Tribunal Superior, supra. CC-2010-74 Cons. CC-2010-82 10
(B) de esa regla establece un listado de los métodos que se
pueden utilizar para realizar la autenticación. No
obstante, la propia Regla 901, supra, establece que dicho
listado no es taxativo, por lo que la autenticación no
tiene que realizarse mediante un método específico.16
Precisamente, en el comentario a la Regla 901 que
realizó el Comité Asesor Permanente de Reglas de Evidencia
se confirma que la autenticación de evidencia puede
lograrse mediante la estipulación o admisión de las
partes.17 En ese comentario, incluso se cita como base
análoga el comentario a la Regla 901 Federal en la que se
promueve el uso de la estipulación para autenticar como
forma de agilizar los procesos.18 Es decir, dentro del
tercer tipo de estipulaciones (las procesales), podemos
incluir la autenticación de evidencia. Ello es cónsono, no
solo con la normativa general que promueve el uso de las
estipulaciones como herramientas de simplificación
procesal, sino además, con nuestras Reglas de Procedimiento
Civil.
Así, una vez se estipula la autenticación de una
evidencia, las partes están imposibilitadas de controvertir
su autenticidad. En otras palabras, para fines del proceso
judicial, la evidencia es lo que se dice que es. Sin
16 Pueblo v. Santiago Feliciano, 139 D.P.R. 361, 424 (1995). 17 Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, Informe de las Reglas de Derecho Probatorio, San Juan, Tribunal Supremo de Puerto Rico, 2007, pág. 626. 18 Íd. CC-2010-74 Cons. CC-2010-82 11
embargo, es importante señalar que la estipulación sobre
autenticación de evidencia no debe confundirse con la
estipulación de hechos. La primera, a menos que las partes
clara y expresamente dispongan lo contrario, solo releva
del proceso de autenticar esa evidencia.
B.
Como ya hemos expuesto, las estipulaciones tienen
distintos efectos y propósitos, por tanto, las partes deben
establecer con claridad su alcance. En lo pertinente al
caso de autos, debemos establecer qué efectos tiene la sola
estipulación de un expediente médico (de la C.F.S.E.) sin
ninguna expresión adicional sobre el alcance de dicha
estipulación.
En su recurso, Action arguye que erró el Tribunal de
Apelaciones al rendir deferencia a la decisión del foro
primario que concluyó que la indemnización que debía
recibir el empleado se calcularía a base de una jornada de
trabajo semanal de 40 horas. Ello, porque consideró que el
foro primario llegó a esa conclusión a pesar de que existía
prueba documental estipulada por las partes de la que
surgía que el empleado trabajaba 29 horas semanales. No le
asiste la razón. Veamos.
De entrada, es importante destacar que el expediente
de la C.F.S.E. que correspondía al señor Rivera Menéndez
fue estipulado por ambas partes, sin aclarar con qué fines
se hacía. De ese expediente estipulado es que surge el
documento de la C.F.S.E. que Action utiliza para sustentar CC-2010-74 Cons. CC-2010-82 12
su reclamación. En ese documento, alegadamente, el señor
Rivera Menéndez declaró que trabajaba 29 horas semanales.19
Específicamente, en el documento se declaró que el horario
de trabajo del empleado era: lunes, miércoles y viernes de
8:00 a.m. a 4:00 p.m. y, martes y jueves de 8:00 a.m. a
12:00 p.m. No obstante, en el juicio, el peticionario
testificó que trabajaba 40 horas semanales. Para
contradecir el testimonio antedicho, la gerente de recursos
de Action testificó que el señor Rivera Menéndez trabajaba
29 horas semanales. Sin embargo, la gerente de recursos no
proveyó ninguna evidencia documental a su favor, ni hizo
referencia a documento alguno en el expediente del señor
Rivera Menéndez. Así, pues, luego de evaluar ambos
testimonios, el Tribunal de Primera Instancia adjudicó
entera credibilidad a las declaraciones del empleado.
Ahora bien, de los autos del caso no surgen con
claridad los motivos de la estipulación del expediente de
la C.F.S.E., ni la información o hechos precisos que se
querían estipular. Tampoco surge estipulación alguna, o que
se haya pasado prueba, sobre la veracidad del contenido de
la declaración jurada del empleado que obra en el
expediente de la C.F.S.E., y que hoy es utilizada por
Action. La estipulación de un hecho, contrario a la
estipulación sobre la autenticación de evidencia, implica
el relevo de prueba de ese hecho, por tal razón, los
tribunales no debemos dar un hecho por estipulado si ello
19 Apéndice de la Petición de certiorari presentada por el señor Rivera Menéndez, págs. 94 y 98. CC-2010-74 Cons. CC-2010-82 13
no surge claramente de lo acordado por las partes. Por lo
tanto, debemos concluir que el motivo de la estipulación
del expediente tuvo como fin la admisibilidad del
documento, como copia fiel y exacta del mismo, y no la
veracidad del contenido. Es decir, solo se estipuló la
autenticidad del expediente. Contrario a lo expuesto por
Action, la estipulación del expediente del empleado fue del
tipo de estipulación que versa sobre asuntos procesales
(autenticación) y no sobre admisiones de hechos.
Por otro lado, del expediente del caso surge que
Action no objetó que se pasara prueba del alegado “hecho
estipulado” sobre las horas trabajadas. Al contrario, solo
se dedicó a pasar prueba en contrario sobre el mismo asunto
de las horas. Ello demuestra la existencia de una
controversia sobre la cantidad de horas trabajadas por el
empleado y, que a su vez, no existía una estipulación al
respecto. Lo anterior también demuestra el hecho de que
Action no tuvo problemas con que se pasara prueba sobre el
asunto. Incluso, al realizar el contrainterrogatorio,
Action no confrontó al empleado con el documento que hoy
utiliza como fundamento de su reclamación. La contención
sobre dicho documento, precisamente, lo utilizó por primera
vez en su reclamación ante el Tribunal de Apelaciones.
Por todo lo anterior, podemos concluir que no existía
impedimento para que el Tribunal de Primera Instancia
permitiera que se pasara prueba sobre un hecho que no fue
estipulado. Así, luego de evaluar los testimonios CC-2010-74 Cons. CC-2010-82 14
presentados, el foro primario acogió la versión del señor
Rivera Menéndez y adjudicó la indemnización a base de un
periodo laboral de 40 horas semanales.20 El Tribunal de
Apelaciones le brindó deferencia a esa decisión y estamos
conformes con su apreciación.
Como es sabido, los tribunales apelativos no debemos
intervenir con las determinaciones de hechos ni con las
adjudicaciones de credibilidad realizadas por el foro
primario, a menos que este último haya incurrido en error
manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad.21 Y es que
cuando la evidencia directa de un testigo le merece entero
crédito al juzgador de hechos, ello es prueba suficiente de
cualquier hecho.22 De esa forma, la intervención con la
evaluación de la prueba testifical procedería en casos en
los que luego de un análisis integral de esa prueba, nos
cause una insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal
que estremezca nuestro sentido básico de justicia.23 Por
consiguiente, al considerar que en este caso el Tribunal de 20 De igual forma, vale señalar que de los autos del caso surge un Informe de Conferencia con Antelación al Juicio en el que ambas partes estipularon que el señor Rivera Menéndez trabajaba para Action de
lunes a viernes en el edificio en donde ubican las facilidades de la Fiscalía de Utuado, ubicadas en el Edificio Cortés en Utuado y además, laboraba durante dos días a la semana, en las facilidades de la Puerto Rico Telephone Company en Utuado Puerto Rico.
Evidentemente, la estipulación anterior es conciliable con el testimonio brindado por el empleado. Además, esa estipulación la utilizó el Tribunal de Primera Instancia en la determinación de hechos número 3 en su Sentencia.
21 S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 D.P.R. 345, 356 (2009); Flores v. Soc. de Gananciales, 146 D.P.R. 45, 49 (1998). 22 S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra, pág. 357. 23 Íd., pág. 356; Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645, 648 (1986). CC-2010-74 Cons. CC-2010-82 15
Primera Instancia no incurrió en ninguna de las actuaciones
antedichas, confirmamos la decisión del foro apelativo
intermedio de brindarle deferencia a las determinaciones de
hechos y a la adjudicación de credibilidad realizada por el
foro primario.
III
A. La Ley de Represalias.
Al presentar una causa de acción al amparo de la Ley
Núm. 115 del 20 de diciembre de 1991, conocida como la Ley
de Acción por Represalia del Patrono (Ley Núm. 115), el
empleado tiene dos vías probatorias, a saber: (1) la
directa –en la que el demandante deberá probar su caso a
través de evidencia directa o circunstancial con la que
demuestre un nexo causal entre la conducta del demandado y
el daño sufrido- y (2) la indirecta.24 Si el empleado optare
por la vía indirecta, significa que deberá establecer un
caso prima facie de represalia mediante evidencia que
demuestre que, (1) participó en una actividad protegida por
la Ley Núm. 115; y (2) que fue subsiguientemente despedido,
amenazado o discriminado en su contra por su patrono (nexo
causal).25
En cuanto al primer criterio, que el empleado haya
participado en una actividad protegida por la Ley Núm. 115,
es principio reiterado que cuando un empleado acude a la
24 Feliciano Martes v. Sheraton, res. el 29 de junio de 2011, 2011 T.S.P.R. 97, 182 D.P.R. __; Rentas Santiago v. Autogermana, res. el 8 de septiembre de 2011, 2011 T.S.P.R. 131, 182 D.P.R. __ (Sentencia). 25 Rentas Santiago v. Autogermana, supra. CC-2010-74 Cons. CC-2010-82 16
Corporación del Fondo del Seguro del Estado para acogerse a
sus beneficios, tal acción constituye una actividad
protegida por la Ley Núm. 115.26
Por su parte, el segundo criterio es el que requiere
que el empleado haya sido despedido, amenazado o
discriminado en el empleo, subsiguientemente a su incursión
en la actividad protegida. Precisamente, en nuestra
reciente decisión de Feliciano Martes v. Sheraton, res. el
29 de junio de 2011, 2011 T.S.P.R. 97, 182 D.P.R. __,
tuvimos la oportunidad de examinar a cabalidad dicho
criterio, así como el término “subsiguientemente”.
Resolvimos que al establecer un caso prima facie, bastará
que el empleado compruebe “que la acción adversa que
experimentó ocurrió al poco tiempo de haber incurrido en la
alegada actividad protegida”.27 Es decir, para cumplir con
el segundo criterio que requiere la Ley Núm. 115, para
establecer un caso prima facie es suficiente con que se
establezca la proximidad temporal.
En síntesis, tal y como señalamos en Feliciano Martes
v. Sheraton, supra, citando a Marín v. Fastening Systems,
Inc., 142 D.P.R. 499, 511 (1997)
la Ley Núm. 115, supra, crea una presunción juris tantum de violación a la misma a favor del querellante, al disponer que éste establece un caso prima facie una vez prueba que participó en una actividad protegida y que fue subsiguientemente despedido, amenazado o
26 Irizarry v. J&J Cons. Prods. Co., Inc., 150 D.P.R. 155, 165 (2000). Véase además, Feliciano Martes v. Sheraton, supra; Rentas Santiago v. Autogermana, supra. 27 Feliciano Martes v. Sheraton, supra. CC-2010-74 Cons. CC-2010-82 17
discriminado en su contra en el empleo. Ya el querellante habiendo establecido de forma prima facie su caso, el patrono deberá alegar y fundamentar que tuvo una razón legítima y no discriminatoria para el despido. Ante esto, el empleado, aún puede prevalecer si prueba que la razón alegada por el patrono es un simple pretexto para el despido discriminatorio.28
A base del Derecho expuesto, pasemos a considerar el
segundo error, en el que el señor Rivera Menéndez arguye
que el Tribunal de Apelaciones incidió al concluir que no
logró probar que fue despedido en represalia por haber
acudido a la C.F.S.E. Le asiste la razón. Veamos.
De los hechos del caso de autos surge que el señor
Rivera Menéndez sufrió un accidente en el lugar de trabajo
el 24 de agosto de 2006. A causa de ello, acudió a la
C.F.S.E. para recibir tratamiento. Luego, poco más de un
mes después, el 3 de octubre de 2006 la C.F.S.E. determinó
que el empleado podía continuar con el tratamiento médico
mientras trabajaba. Según determinó el Tribunal de Primera
Instancia, el señor Rivera Menéndez realizó varias
gestiones para comenzar a trabajar nuevamente, pero no
recibió contestación de Action sobre cuándo podía ser
reinstalado en su empleo. El 14 de noviembre de 2006 el
señor Rivera Menéndez envió una carta a su patrono en la
que solicitó que se le reinstalara en su empleo, sin
embargo, Action no lo reinstaló. Por ello, el Tribunal de
Primera Instancia resolvió, entre otras cosas, que el
28 Véanse, Feliciano Martes v. Sheraton, supra; Rentas Santiago v. Autogermana, supra, para un análisis más detallado sobre la Ley Núm. 115. CC-2010-74 Cons. CC-2010-82 18
despido del señor Rivera Menéndez fue en represalias por
haber acudido a la C.F.S.E. a recibir tratamiento.
Por su parte, el Tribunal de Apelaciones no estuvo de
acuerdo con la determinación y resolvió que el señor Rivera
Menéndez no probó que sufrió un despido por represalias.
Ese foro, aunque reconoció que el señor Rivera Menéndez fue
despedido sin justa causa29 y que Action incumplió con su
deber de reinstalarlo, señaló que tal incumplimiento no
activaba una causa de acción por represalia en contra de su
patrono al amparo de la Ley Núm. 115. De esa forma, al
llegar a esa conclusión, el foro apelativo intermedio
omitió entrar en los méritos de la controversia que versa
sobre la Ley Núm. 115. Sin embargo, consideramos que la
normativa expuesta en ese estatuto es aplicable al caso de
autos.
En primer lugar, es importante señalar que cuando el
señor Rivera Menéndez acudió a la C.F.S.E. para acogerse a
los beneficios provistos por la Ley Núm. 45,30 su proceder
constituyó una actividad protegida por la Ley Núm. 115. En
segundo lugar, quedó probado que el señor Rivera Menéndez,
luego de que la C.F.S.E. determinó que podía volver a
trabajar, realizó las gestiones necesarias para regresar a
su empleo rápidamente. Además, vale destacar que la
determinación de la C.F.S.E. se realizó a solo un mes y
varios días después de la fecha del accidente. No obstante,
29 La determinación de despido injustificado no está en controversia. 30 Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935, 11 L.P.R.A. sec. 1 et seq. CC-2010-74 Cons. CC-2010-82 19
las gestiones del empleado no surtieron frutos, pues Action
nunca le devolvió su puesto de trabajo.
En vista de lo anterior, el señor Rivera Menéndez
logró probar que participó de una actividad protegida y que
subsiguientemente fue despedido por su patrono, ya que
nunca lo reinstaló. De esa forma, el señor Rivera Menéndez
configuró un caso prima facie de represalias que activó una
presunción juris tantum de violación a la Ley Núm. 115, en
contra de Action. Ante tal presunción, le correspondía a
Action articular una razón justificada que legitimara el
despido del señor Rivera Menéndez. No lo hizo.
Con la intención de dar una razón justificada, y
destruir la presunción a favor del señor Rivera Menéndez,
Action alegó que no lo había despedido, sino que él había
abandonado el empleo. Adujo, además, que al empleado se le
ofreció ser reinstalado en otros lugares y no lo aceptó. No
obstante, cuando el Tribunal de Primera Instancia evaluó
toda la prueba testimonial y documental, consideró que las
alegaciones de Action no le convencieron al punto de lograr
rebatir la presunción a favor del señor Rivera Menéndez.
Por consiguiente, concedió los remedios correspondientes
que permitía la Ley Núm. 115.
Como ya hemos expuesto, es norma altamente reiterada
que los tribunales apelativos no debemos intervenir con las
determinaciones de hechos, ni con la adjudicación de
credibilidad del foro primario a menos que este último haya
incurrido en error manifiesto, pasión, prejuicio o CC-2010-74 Cons. CC-2010-82 20
parcialidad.31 Así, pues, de la única manera en que podemos
intervenir con la determinación realizada por el foro
primario, sería porque entendiésemos que este último
incurrió en error manifiesto, pasión, prejuicio o
parcialidad. Sin embargo, al examinar el expediente surge
que el peticionario logró establecer un caso prima facie de
represalias que el patrono no pudo rebatir. De esa forma,
la actuación del foro primario de conceder los remedios
dispuestos en la Ley Núm. 115, fue acertada. Por ende,
revocamos la decisión del Tribunal de Apelaciones en lo
pertinente.
IV.
En armonía con lo antes señalado, se revoca en parte
la Sentencia del Tribunal de Apelaciones y se reinstala la
determinación del Tribunal de Primera Instancia que otorgó
los remedios bajo la Ley Núm. 115, y así modificada, se
confirma.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo Juez Asociado
31 S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra, pág. 356. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Action Service Corp. CC-2010-74 Certiorari Recurrido Cons. con
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se revoca en parte la Sentencia del Tribunal de Apelaciones y se reinstala la determinación del Tribunal de Primera Instancia que otorgó los remedios bajo la Ley Núm. 115, y así modificada, se confirma.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo, Interina.
Larissa Ortiz Modestti Secretaria del Tribunal Supremo, Interina