En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
RAFAEL COLON PRIETO Demandante-Recurrido REVISION .V 98TSPR69 WILFREDO A. GEIGEL
Demandado-Recurrente
Número del Caso: RE-89-0096
Abogados Parte Recurrente: LCDO. BENITO I. RODRIGUEZ MASSO
Abogados Parte Recurrida: LCDO. SAMUEL TORRES CORTES
Tribunal de Instancia: Superior, Sala de San Juan
Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Wilfredo Alicea López
Fecha: 6/11/1998
Materia: Mala Práctica Legal
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Rafael Colón Prieto, por sí; la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por Rafael Colón Prieto y su esposa Nilda González Casañas, por sí; María Dolores Colón González y Rafael Colón González, representados por su padre con patria potestad, Rafael Colón Prieto RE-89-98 Revisión
Demandantes-Recurridos
v.
Wilfredo A. Géigel
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico a 11 de junio de 1998
Los demandantes-recurridos presentaron una causa de
acción exigiéndole resarcimiento al abogado demandado
por los daños que les causó su impericia profesional al
provocar la desestimación y archivo del caso en el que
reclamaban daños por impericia médica. (Colón Prieto v.
Ark, CS-73-3814, Tribunal Superior, Sala de Mayagüez).
Alegan que el Lcdo. Géigel negligentemente violó el
deber de información y el deber de salvaguardar su
derecho a apelar y que a causa de esta negligencia se
vio malograda su reclamación de impericia médica contra
el Dr. Phillip R. Ark. El antigüo Tribunal Superior,
Sala de San Juan (Hon. Flavio E. Cumpiano), declaró con
lugar la demanda y condenó al demandado a indemnizarle a
los demandantes $60,000.00 en daños con intereses al 11.5% desde la
radicación de la demanda, las costas del procedimiento, más $8,000.00 por
concepto de honorarios de abogado. De dicha sentencia recurrió ante nos
el demandado, el Lcdo. Wilfredo A. Géigel, solicitándonos que la
revoquemos por no existir prueba suficiente para sustentarla. Por
entender que tiene razón el recurrente, revocamos.
Los hechos pertinentes a este caso son los siguientes. El 10 de
noviembre de 1971, Rafael Colón Prieto fue sometido a una intervención
por parte del cirujano dental, Dr. Phillip R. Ark, para extraerle cuatro
(4) cordales impactados. Al despertarse de esta intervención, el Sr.
Colón Prieto percibió que estaba sangrando y que tenía una herida en la
lengua que le producía una sensación de ardor, quemadura intensa e
insensibilidad. Esa noche el Dr. Ark lo examinó y le indicó que la
herida era resultado de una mordida autoinfligida mientras se encontraba
bajo los efectos de la anestesia y que los síntomas eran consecuencias
normales de la intervención y desaparecerían con el tiempo. No obstante,
el tiempo pasó pero el dolor agudo continuó, a consecuencia de lo cual se
vieron afectadas las actividades ordinarias del Sr. Colón Prieto y de sus
familiares.
Tras varias visitas a la oficina del Dr. Ark para darle seguimiento
a los síntomas que había desarrollado, en marzo de 1972, el Dr. Ark le
informó al Sr. Colón Prieto que de persistir los síntomas sería necesario
cortarle un pedazo de la lengua. Inconforme con este diagnóstico, el Sr.
Colón Prieto decidió acudir a otro cirujano dental, quien a su vez lo
refirió al neurocirujano Max Ramírez de Arellano. Luego de realizar los
estudios pertinentes, el 10 de noviembre de 1972, este último concluyó
que la lesión sufrida por el Sr. Colón Prieto no fue causada por una
mordida autoinfligida, sino por una cortadura o cercenación del nervio
lingual derecho. Como resultado, el 10 de septiembre de 1973, el Sr.
Colón Prieto, su esposa y sus hijos presentaron demanda por impericia
médica contra el Dr. Ark. Estando pendiente este caso ante el antigüo Tribunal Superior, Sala
de Mayagüez, la representación legal del Sr. Colón Prieto renunció y fue
sustituida por el Lcdo. Géigel, aquí demandado. Los trámites en el caso
continuaron y se señaló la vista en su fondo para el 18 de abril de 1978.
Esta vista luego fue pospuesta por acuerdo de las partes y con el visto
bueno del Juez Superior Juan E. Lugo Rodríguez, con el propósito de
dilucidar la defensa de prescripción que había sido levantada por la
parte demandada. Sin embargo, llegado el día de la vista que había sido
pospuesta, ante la incomparecencia de las partes, otro juez ajeno al
acuerdo de posposición dispuso el archivo de la demanda e impuso a los
abogados una sanción económica para beneficio del Estado. Como
resultado, el Lcdo. Géigel presentó un total de siete (7) mociones
objetando la sanción impuesta y solicitando que se dejara sin efecto la
sentencia dictada, pero en ninguna tuvo éxito. Tampoco solicitó revisión
de estas resoluciones ante este tribunal apelativo ni le informó a su
cliente, el Sr. Colón Prieto, que su causa de acción había sido
desestimada.
Al advenir en conocimiento de que su demanda había sido archivada y
de que el período para solicitar revisión de la sentencia de archivo ya
había transcurrido, el Sr. Colón Prieto, su esposa y sus hijos
presentaron demanda por mala práctica legal contra el Lcdo. Géigel ante
el antiguo Tribunal Superior, Sala de San Juan, alegando que a causa de
la negligencia de éste habían perdido su causa de acción contra el Dr.
Ark. Previo ciertos trámites de rigor, la Sala de San Juan desestimó
sumariamente la demanda al resolver que la reclamación contra el Dr. Ark
estaba prescrita y que, por tanto, la reclamación contra el Lcdo. Géigel
no tenía posibilidades de prevalecer. Además, resolvió que el Lcdo.
Géigel había sido diligente en la tramitación del pleito, ya que solicitó
que se dejara sin efecto la sentencia presentando múltiples mociones. De
dicha determinación del tribunal de instancia acudió ante nos el
demandante presentando solicitud de Certiorari. El 29 de marzo de 1984, revocamos la sentencia dictada por el
tribunal de instancia y resolvimos que la reclamación contra el Dr. Ark
no estaba prescrita. Además, aclaramos la diferencia entre la facultad
que tiene un abogado para decidir si apela las determinaciones de un
tribunal y su obligación de salvaguardar el derecho de apelar de su
cliente, y emitimos una orden de continuar los procedimientos ante el
Tribunal Superior para que se determinara si el abogado demandado
incurrió en mala práctica profesional. También establecimos que al igual
que en todo caso de daños y perjuicios contra un profesional, para que
proceda una causa de acción por mala práctica de un abogado bajo el
artículo 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 5141, es necesario que se
configuren los siguientes elementos básicos:
1. la existencia de una relación de abogado-cliente que genere un
deber;
2. que el abogado, por acción u omisión, viole ese deber;
3. que esa violación sea la causa próxima del daño al cliente; y
4. que el cliente, como reclamante, sufra un daño o pérdida.
Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232 (1984).
Una vez abiertas las vías forenses nuevamente, el tribunal de
instancia procedió a fraccionar el pleito, juzgando primeramente el
aspecto sobre la responsabilidad del Lcdo. Géigel. En esta primera etapa
el tribunal dictó sentencia en la cual determinó que entre los
demandantes y el demandado existía una relación de abogado-cliente,
mediante la cual los demandantes le encomendaron al demandado la
representación legal de sus derechos en la reclamación por impericia
médica contra el Dr. Ark. Esta relación generó para el Lcdo. Géigel la
obligación de cumplir con los deberes que le impone el Código de Etica
Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, particularmente aquellos deberes del
abogado para con su cliente. La sentencia también estableció que el
letrado faltó a varios de estos deberes. Primero, violó el deber de
mantener informado a su cliente, Canon 19, porque no le informó al
demandante que se había archivado su demanda contra el Dr. Ark. Segundo, violó el principio de diligencia del Canon 18 porque no informó ni
instruyó a su cliente sobre los derechos de apelación que podría tener
respecto a dicha sentencia de archivo, ni recurrió por su propia cuenta
ante este tribunal. Finalmente, resolvió que el Lcdo. Géigel vendría
obligado a indemnizar a los demandantes si en la segunda etapa del pleito
se demostraba que tal conducta
culposa les había causado daños.1
En la segunda etapa del pleito el tribunal de instancia concluyó que
a no ser por la mala práctica legal del Lcdo. Géigel, la reclamación de
los demandantes contra el Dr. Ark hubiera prosperado. Determinó que el
Dr. Ark operó al Sr. Colón Prieto sin haber obtenido su consentimiento
informado; que fue negligente al no recomendarle a tiempo que visitara a
un neurocirujano; y que por su negligencia durante la extracción de los
cordales le cercenó el nervio lingual derecho. Como resultado de ello,
condenó al Lcdo. Géigel a compensarle a los demandantes los daños que le
causó el Dr. Ark con su impericia médica. Es de esta sentencia que
recurre ante nos el Lcdo. Géigel solicitándonos que dejemos sin efecto
las determinaciones del tribunal de instancia.
II
El recurrente sostiene que erró el tribunal de instancia al
concluir que no obtuvo el consentimiento informado del Sr. Colón Prieto.
En primer lugar, señala que el tribunal no debió admitir evidencia sobre
la falta de un consentimiento informado y que dicha admisión errónea fue
un factor decisivo en la determinación a la que llegó el tribunal.
Arguye que ni en la demanda original presentada contra el Dr. Ark ni en
momento alguno antes del día del juicio en el caso por mala práctica
legal, se solicitó enmienda alguna a las alegaciones para incluir una
reclamación por falta de consentimiento informado. Asimismo, alega que
al momento de presentarse dicha evidencia el día del juicio, la misma fue
objetada rigurosamente por el fundamento de que era ajena a las
1 Esta sentencia advino final y firme sin que sus determinaciones fueran cuestionadas por ninguna de las partes. alegaciones hechas por las partes. Finalmente, sostiene que al admitir
dicha evidencia, el tribunal le causó un perjuicio sustancial porque
añadió una controversia al pleito. Siendo ello así, expone que no podía
el tribunal de instancia admitir la misma ni ordenar que se compensaran
los daños alegadamente causados por la falta de consentimiento informado.
Luego de revisar el expediente en el caso de Colón Prieto v. Ark,
Caso Civil Núm. CS-73-3814, y de examinar las transcripciones de
evidencia del caso de Colón Prieto v. Géigel, Caso Civil Núm. 79-2460,
concluimos que el recurrente no tiene razón. Es cierto que en ninguna de
las alegaciones de la demanda contra el Dr. Ark se plantea la existencia
de una controversia relacionada con el consentimiento prestado por el Sr.
Colón Prieto para someterse a la operación por la que se reclama.
Tampoco surge de los autos del caso que luego de la presentación de la
demanda y dentro del término para solicitar enmiendas a las alegaciones
la parte recurrida haya intentado incluir una reclamación al respecto.
Sin embargo, en este caso hubo una enmienda implícita a las alegaciones
conforme a la Regla 13.2 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap.
III R. 13.2.
En Vélez Torres v. Latimer, 125 D.P.R. 109, 111 (1990), indicamos
que el propósito de las alegaciones es bosquejar a grandes rasgos todas
las controversias planteadas en un caso, de modo que la parte contraria
sea notificada de las contenciones y reclamaciones que se presentan en su
contra para que pueda comparecer a defenderse de lo que se le reclama.
No obstante, aun cuando no se incluyan todas las reclamaciones en las
alegaciones, la Regla 13.2 permite que éstas queden enmendadas por la
prueba al momento del juicio si la parte contra quien se presenta
consiente a ello expresa o implícitamente o si el tribunal así lo
autoriza.
Surge de la misma regla que el consentimiento implícito para
enmendar las alegaciones se obtiene cuando la parte contra quien se
presenta la evidencia que resulta ajena a las alegaciones, no objeta la
presentación de la misma. Pero cuando el ofrecimiento o presentación de tal evidencia es objetado, el tribunal sólo autorizará la enmienda a los
fines de que se facilite la presentación del caso si determina que la
parte que se opone no habrá de sufrir perjuicio en su reclamación o
defensa. Por el contrario, si determina que dicha parte habrá de sufrir
tal perjuicio, deberá rechazar la evidencia o podrá conceder una
posposición para permitir a la parte opositora controvertir la misma.
En el caso de autos, el recurrente señala que al ofrecerse el
testimonio del Dr. Martin Stern, objetó rigurosamente a su admisibilidad
porque el mismo estaba relacionado únicamente al asunto de consentimiento
informado.2 Pero antes de que testificara el Dr. Stern, el demandante
había testificado sobre la información que le brindó el Dr. Ark en cuanto
a los riesgos y consecuencias de la operación de los cordales.
(Transcripción de evidencia de la vista celebrada el 8 de septiembre de
1987, páginas 21 a la 23). Ante este testimonio, el abogado del
demandado sólo levantó una objeción por el fundamento de que el
testimonio constituía prueba de referencia. En ningún momento adujo como
fundamento para su objeción que el testimonio trataba sobre prueba ajena
a las alegaciones. Por tanto, prestó su consentimiento implícito a que
se enmendaran las alegaciones para incluir una reclamación por falta de
consentimiento informado.
En segundo lugar, el recurrente señala que aun si la evidencia sobre
la falta de un consentimiento informado fue correctamente admitida, el
tribunal erró en la aplicación del derecho. La doctrina de
consentimiento informado le impone al médico el deber de informarle a su
paciente sobre la naturaleza y riesgos del tratamiento médico que le
2 La parte demandada también objetó a la presentación de dicho testimonio porque la parte demandante no suplementó su contestación a los interrogatorios para notificarle al demandado que había contratado al perito. También objetó porque, aun si dicho perito había hecho una determinación de negligencia, la misma fue muchos años después de los hechos. Dicha objeción fue declarada sin lugar por el Tribunal Superior porque más de dos años antes de la vista, los demandantes presentaron una moción ante el tribunal informándole que se había contratado al Dr. Stern para que fuera perito en el caso. Nos parece que esta determinación fue acertada porque la moción presentada por los demandantes cumplió con el propósito de informarle al demandado quiénes serían peritos en el caso, además de que entendemos que el momento en que fue contratado el perito, si bien podría afectar la credibilidad de su testimonio, no incide sobre su admisibilidad. propone, de manera que el paciente se encuentre en una posición adecuada
para tomar una decisión inteligente e informada. Al discutir las
exigencias de dicha doctrina, en Rodríguez Crespo v. Hernández, 121
D.P.R. 639 (1988), y en Sepúlveda v. Barreto, 94 JTS 158, opinión del 23
de diciembre de 1994, resolvimos que el médico debe d previsibles, así
como los beneficios del tratamiento propuesto, las consecuencias
probables de no someterse al mismo y las alternativas disponibles. No
tiene que revelarle riesgos remotos o aquellos riesgos que razonablemente
no pueda prever.
La prueba presentada en este caso demuestra que al obtener el
consentimiento del Sr. Colón Prieto, el Dr. Ark no le reveló la
existencia de un riesgo de que durante la extracción de los cordales se
le cercenara el nervio lingual, a pesar de que dicho riesgo era
completamente previsible y de que la práctica prevaleciente de la
profesión exigía su revelación. Dicha omisión constituyó una violación a
las normas de consentimiento informado. Sin embargo, no fue suficiente
para imponer responsabilidad civil. En casos en que se reclamen
daños por la falta de un consentimiento informado, el artículo 1802 del
Código Civil, 31 L.P.R.A. § 5141, exige que, además de demostrar que ha
habido un daño y un incumplimiento con el deber de informar, el
demandante pruebe que dicho incumplimiento fue lo que le causó el daño.
Para demostrar este elemento de causalidad, el demandante tiene que
colocar al tribunal en una posición que le permita determinar si en el
curso normal de los acontecimientos le era exigible al doctor prever que
la falta de información debida llevaría a su paciente a adoptar una
decisión distinta a la que tomaría de haber estado adecuadamente
informado. Sepúlveda v. Barreto, supra a la pág. 548. Es decir, que en
casos como el de autos, donde el consentimiento se estaba solicitando
para someter al paciente a una operación para removerle los cordales, el
demandante tiene que presentar evidencia que permita al tribunal evaluar
cómo se hubiera afectado su decisión de haber conocido el riesgo que no
le fue informado y si dicho efecto era previsible desde el punto de vista de su dentista. El demandante en este caso no aportó dicha prueba. De
hecho, el Sr. Colón Prieto ni siquiera alegó (mucho menos probó) que si
hubiera conocido este riesgo no hubiera consentido a la operación. Por
tanto, no podemos confirmar la determinación del tribunal de instancia
que ordenó al demandado a compensarle a los demandantes los daños que les
causó la falta de un consentimiento informado.
III
En la sentencia impugnada por el recurrente, el tribunal de
instancia determinó que la sintomatología de la que se queja el
demandante es resultado de la laceración que sufrió en la lengua, que
ésta se la ocasionó el Dr. Ark mientras le extraía los cordales y que
“evidentemente” el doctor no ejerció el grado de cuidado, las destrezas y
previsiones que la operación exigía porque no es usual que en este tipo
de operación se ocasionen daños al nervio lingual.
No podemos estar de acuerdo con la inferencia a la que llega el
tribunal de instancia. El artículo 1802, supra, le exige a los dentistas
las mismas normas mínimas de cuidado, de conocimiento y destrezas que le
exige al resto de la profesión médica. Por tanto, la atención que se les
requiere es aquella que, a la luz de los modernos medios de comunicación
y enseñanza, y conforme a los conocimientos de la ciencia y prácticas
prevalecientes en la comunidad médica, satisface las exigencias que la
propia profesión ha establecido para el tratamiento de enfermedades
iguales o parecidas. Rodríguez Crespo v. Hernández, supra, Medina
Santiago v. Vélez, 120 D.P.R. 380 (1988), Pérez Torres v. Bladuell Ramos,
120 D.P.R. 295 (1988), Ríos Ruiz v. Mark, 119 D.P.R. 816 (1987) y
Oliveros v. Abréu, 101 D.P.R. 209 (1973). También se exige del dentista
que al atender a sus pacientes aplique sus conocimientos y destrezas con
el grado de cuidado que se espera ejerza un profesional con su misma
preparación. Medina Santiago v. Vélez, supra.
Al igual que con los demás médicos, al dentista le cobija una
presunción de que administró el tratamiento adecuado a su paciente, por
lo que le corresponde al demandante presentar evidencia suficiente para demostrar lo contrario. Medina Santiago v. Vélez, supra, Sáez v.
Municipio de Ponce, 84 D.P.R. 535 (1962), Ramos Orengo v. La Capital, 88
D.P.R. 315 (1963). Ello requiere que la relación de causalidad y la
determinación de negligencia no se establezcan a base de meras
especulaciones o conjeturas. La negligencia del médico tampoco se puede
presumir por el mero hecho de que el paciente haya sufrido un daño o
porque el tratamiento no haya tenido éxito. El demandante tiene que
establecer mediante la preponderancia de la evidencia que el daño
ocurrido se debió con mayores probabilidades a la negligencia del
demandado. Para ello, tiene que presentar prueba pericial sobre las
normas mínimas de conocimiento y cuidado médico aplicables a esta rama de
la medicina; tiene que demostrar que el demandado incumplió con estas
normas en el tratamiento del paciente; y demostrar que dicho
incumplimiento fue la causa de la lesión que sufrió. Rodríguez Crespo v.
Hernández, supra, Medina Santiago v. Vélez, supra. Esta prueba podrá
obviarla sólo cuando la falta de cuidado sea tan evidente como para
inferir negligencia. Quiñones v. Duarte Mendoza, 112 D.P.R. 223 (1982).
Un análisis cuidadoso de la transcripción de evidencia revela que
los demandantes no aportaron la evidencia necesaria para probar que el
Dr. Ark incurrió en negligencia al extraerle los cordales al Sr. Colón
Prieto. Tampoco surgen circunstancias que nos permitan obviar la
presentación de evidencia sobre la negligencia del Dr. Ark. De hecho, el
propio perito de los demandantes, el Dr. Martin Stern, aceptó que la
extracción se hizo bajo métodos aceptables y que, a pesar de que el
nervio no debía lacerarse porque había un diente presente, podía ocurrir
aun en las manos más expertas. (Transcripción de evidencia a las págs.
242-243 y 269).
En cuanto a la negligencia post-operatoria, la prueba sí estableció
que el Dr. Ark debió haberle indicado al Sr. Colón Prieto que había
sufrido una laceración en la lengua y que era recomendable que visitara a
un neurocirujano. Al no hacerlo se apartó de las normas exigibles a un dentista. (Transcripción de la evidencia a las págs. 227, 238, 246-247 y
271). Sin embargo, no se estableció el nexo de causalidad entre dicha
negligencia y los daños que sufrió y continúa sufriendo el Sr. Colón
Prieto.
Según la evidencia aportada, cuando ocurre este tipo de laceración
la práctica prevaleciente es esperar de seis meses a un año antes de
hacer intentos por reparar el nervio lingual, porque generalmente el
problema se corrige con el paso del tiempo. Es luego de este período
que, si la condición persiste, interviene un neurocirujano para tratar de
reparar el nervio. En el caso que nos ocupa, la prueba demostró que
dentro de este período de seis (6) meses a un (1) año el Sr. Colón Prieto
visitó a un especialista en cirugía oral por su propia cuenta. Tal como
indica el testimonio del Dr. Stern, a pesar de que el Dr. Ark fue
negligente al no referirle a un especialista, “el [sic] paciente de una
manera u otra se le estaban [sic] viendo por el problema”, por lo que no
existe causalidad entre la omisión negligente del doctor y los daños que
sufre el Señor Colón Prieto. (Transcripción de evidencia a la pág. 247).
Habiendo determinado que no se estableció responsabilidad alguna por
parte del Dr. Ark frente al Sr. Colón Prieto y sus familiares, no podemos
confirmar la sentencia del antiguo Tribunal Superior que condenó al Lcdo.
Géigel a indemnizar a los demandantes. Procede, pues, la revocación de la
sentencia dictada por el ilustrado tribunal de instancia.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del
Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Negrón García emitió opinión
disidente. Los Jueces Asociados señores Fuster Berlingeri y Corrada del
Río disientieron sin opinión escrita.
Isabel Llompart Zeno Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Rafael Colón Prieto, et als. Demandantes-Recurridos
v. RE-89-96 Revisión Wilfredo A. Géigel
Opinión Disidente del Juez Asociado señor Negrón García
San Juan, Puerto Rico, a 11 de junio de 1998
Constituye una nota irónica que hiere nuestra
conciencia judicial, que hoy la Sentencia mayoritaria
favorezca al Lcdo. Wilfredo A. Géigel, quien como
abogado de Rafael Colón Prieto ayer asumió una
postulación totalmente contraria, a saber, que el Dr.
Ralph Ark negligentemente le cortó el nervio lingual.
Parafraseando la clásica aseveración de que justicia
tardía no es justicia, resumimos así nuestra
insatisfacción: injusticia tardía es doble injusticia.
No podemos suscribir que un cuarto de siglo
después, sin fundamentos válidos, se exonere de
responsabilidad civil por mala práctica (negligencia)
profesional al Dr. Ark y al Lcdo. Géigel. La propia Sentencia mayoritaria reconoce que el Dr. Ark omitió explicarle a su
paciente Colón Prieto el riesgo de laceración del nervio lingual que
conllevaba extraerle los cuatro cordales bajo anestesia general,
infringiendo así el principio de consentimiento informado; que
efectivamente, el 10 de noviembre de 1971, el Dr. Ark le cercenó a nivel
de los cordales el nervio arveolar del lado izquierdo, causándole una
insensibilidad permanente en la lengua que le ha producido innumerables
mordidas y heridas sangrantes, constante sensación de quemazón,
incomodidad, mala alimentación, insomnio crónico, depresión, y otros
daños más; que el Dr. Ark fue advertido de la situación ese mismo día y
desde ese momento, por más de un año, le ocultó a Colón Prieto la
verdadera causa, gravedad y consecuencias de la lesión, demorando así
que éste acudiera a tiempo a tratarse con otros especialistas para
remediar el daño principal y mitigar sus males secundarios.
Decimos injusticia doble, pues en virtud de las conclusiones
erróneas mayoritarias, se libera de responsabilidad al Lcdo. Géigel, aún
cuando la Sentencia también acepta –con carácter final y firme-, que
negligentemente dicho abogado incumplió con el principio de información
y deber de diligencia en torno al archivo de la demanda original de
Colón Prieto contra el Dr. Ark presentada el 10 de septiembre de 1973.
(Civil Núm. 73-3814).
La injusta Sentencia mayoritaria relaja los criterios de excelencia
profesional médica y legal a unos niveles inimaginables. Bajo sus
parámetros, resulta sumamente difícil, sino imposible demostrar la
responsabilidad de un médico o abogado, por impericia o descuido
profesional.
Expongamos sucintamente los hechos según el elaborado dictamen del
Tribunal Superior, Sala de San Juan (Hon. Wilfredo Alicea López),
avalados en una reflexiva aquilatación y esmerado análisis de la prueba
testifical y documental.
I Colón Prieto padecía de cuatro (4) cordales impactados. El 28 de
octubre de 1971, el cirujano dental Dr. Ark le recomendó operárselos.
Fue advertido de que después de la operación tendría dolor temporal, se
iba a hinchar y pondría trinco, pero que en dos o tres días estaría
bien. Colón Prieto accedió.
Bajo anestesia general, la operación se realizó el 10 de noviembre
en el Hospital La Concepción de Mayagüez. Colón Prieto despertó y
recobró totalmente conciencia a las 4:00 P.M. Tenía dolor en el área de
los cordales, estaba bien hinchado, sentía tirantez en la barbilla
izquierda, la cara trinca; y sufría una sensación de quemadura en el
lado derecho de la lengua. Se levantó, fue al baño y al mirarse la
lengua, se percató que tenía una laceración en el lado derecho que le
ardía mucho y medía como tres cuartos de pulgada (3/4) de largo.
Esa noche le relató al Dr. Ark esas dolencias y le mostró la
laceración en la lengua. El Dr. Ark le dijo que posiblemente se había
mordido la lengua, pero que ello pasaría; le recetó Demerol. Al otro
día, Colón Prieto reiteró esas dolencias y el Dr. Ark le indicó que con
el tiempo desaparecerían.
El 13 de noviembre lo dio de alta y para removerle los puntos lo
citó a su oficina. Así lo hizo el día 17. Durante este período, la
inflamación y el dolor en el área de los cordales disminuyeron, pero no
el problema de la barbilla y lengua. Tenía la lengua inflamada e
insensible, la herida abierta; al morderse, sangraba. El Dr. Ark le dijo
que había que esperar. No le recetó ningún medicamento y lo citó para el
30 de noviembre. Entre estas fechas, se le alivió la hinchazón y ya no
estaba trinco. Sin embargo, continuó la tirantez e insensibilidad en el
lado izquierdo de la barbilla. La mayor molestia y dolores lo producían
la insensibilidad en la lengua, pues se mordía y abría la herida. Para
ese entonces comenzó a padecer y se le desarrolló un problema serio de
insomnio.
El día 30, el Dr. Ark le recetó cápsulas de Nembutal para dormir y
pastillas de Dilantin para el ardor de la lengua. Fijó la próxima cita para el 14 de diciembre. Subsistieron los mismos problemas: los
medicamentos no produjeron ninguna mejoría. Para el 14 de diciembre, los
cordales habían cicatrizado bien, pero el problema de la lengua
persistía. El Dr. Ark no le recetó nada y lo citó para el 13 de enero de
1972. El insomnio se le agudizó y despertó varias veces con la lengua
mordida. Al 13 de enero seguía con la insensibilidad en la lengua. El
Dr. Ark le recetó Oretin para ver si le ayudaba a crecer el nervio de la
mandíbula; para el problema de la lengua no le recetó nada y le dijo que
tenía que esperar. La cita para febrero fue cancelada por Colón Prieto y
transferida para el 15 de marzo. Ésta fue la última cita de Colón Prieto
como paciente del Dr. Ark. Otra vez le relató el mismo problema de la
lengua: insensibilidad con sensación de quemadura. El Dr. Ark le dijo
que esperara cuatro (4) meses, y si continuaba igual, volviera para
cortarle ese pedazo de la lengua. Para ese entonces, el insomnio era
crónico y continuaba mordiéndose.3
Transcurrieron once (11) meses desde la operación –incluyendo
los cuatro (4) meses recomendados por el Dr. Ark-, y Colón Prieto
seguía igual. Ante el temor real de que el Dr. Ark le cortara un pedazo
de la lengua, el 13 de octubre de 1972, por propia iniciativa acudió
donde el dentista4 Ricardo Pesquera. Luego de realizarle un historial y
examinar unas placas que le envió el Dr. Ark con una carta explicativa,
el 31 de octubre lo refirió al especialista Dr. Max Ramírez de
Arellano, cirujano neurológico. El 10 de noviembre –al año exacto de la
operación-, el Dr. Ramírez de Arellano lo examinó y le rindió un
informe al Dr. Pesquera. Días después, el Dr. Pesquera le recetó
vitamina B-12 y le dijo que no podía hacer ninguna intervención
quirúrgica.
3 Debido a este problema de salud y a los insomnios, Colón Prieto asistió poco al trabajo. Ello generó fricciones con su socio quien le dijo que no volviera a trabajar. 4 La evidencia en autos identifica al Dr. Pesquera simplemente como dentista, no especialista. Las vitaminas recetadas por el Dr. Pesquera no dieron resultado. A
sugerencias del propio Colón Prieto, el Dr. Pesquera lo refirió al
Dr. Rafael Longo, neurocirujano. Éste, en cita del 24 de noviembre lo
examinó y recetó Protamide y vitaminas B-12; dichos medicamentos no le
mejoraron. Después, fue evaluado por el neurocirujano Dr. Nathan
Rifkinson, quien le hizo una evaluación neurológica similar a las de los
galenos Ramírez de Arellano y Longo. Le recetó pastillas Mysoline pero
tampoco dieron resultados positivos.
El Dr. Pesquera lo refirió al otorrinolaringólogo Dr. Juan H.
Font quien le recetó Noctec y Tegretal, sin éxito.
Para el 12 de julio de 1973 el Dr. Pesquera le hizo cita con el Dr.
Carlos Valls, cirujano oral, quien lo examinó pero no le recetó. El 26
de septiembre de 1973 visitó el Dr. Marcos A. Dones, cirujano oral en el
Hospital Presbiteriano. Dicho médico llegó a la conclusión de que con
cirugía no había nada que hacer. Le recetó Kemplex en inyecciones, pero
no dieron resultado positivo.
Para el año 1974, el Dr. Pesquera y Colón Prieto concluyeron que
habían agotado todas las alternativas en Puerto Rico y decidieron acudir
a otros profesionales en los Estados Unidos.5 Después de veinticinco
5 El primero fue el Dr. Alex M. Mohnac, Jefe de Departamento de Dentistería, Temple University. Fue examinado el 14 de abril de 1974 por el Dr. Mohnac y tres médicos más. Le recetó Mincoplex y prescribió un tratamiento de dos meses, pero el mismo no le dio resultados positivos. Después, el Dr. Pesquera le consiguió cita con el Dr. Donald Mulder, Pres. Staff, Clínica Mayo de N.Y. para el 6 de mayo de 1975. El Dr. Mulder lo refirió al Dr. Stanley Lovestedt, cirujano oral. Éste lo examinó y no le recetó nada porque halló que no había forma alguna de corregir su condición de la lengua. El 9 de mayo, el Dr. Mulder concluyó que no había medicina ni cirugía alguna correctiva.
Nuevamente Colón Prieto obtuvo una cita con el Dr. Eugene D. Lyon, Jefe Depto., Hospital John Hophins para el 30 de mayo de 1975. En el ínterin, el 9 de abril de 1975, el Dr. Valls le recetó vitamina C, pastillas para dormir y Valium. En la cita con el Dr. Lyon, le tomaron placas y previo examen; éste coincidió con los médicos anteriores y no le recetó nada.
Subsiguientemente vio al Dr. Walter Guralenick, cirujano oral el 9 de junio de 1975 en el Mass. General Hospital, Boston. Llegó a las mismas conclusiones. También recibió tratamientos los días 4, 5, 11 y 12 de junio de 1975, sin mejoría, en el Depto. de Acupuntura del Hospital de Philadelphia. (25) años de la operación y de haber consultado a muchos médicos,
incluso cirujanos orales, el problema de la lengua persiste y ha
desarrollado una fibrosidad.
Antes de la operación, Colón Prieto y su esposa Nilda González
Casañas llevaban una vida normal, compartían la misma habitación, salían
con amistades, pasaban fines de semana en San Juan con sus familiares,
iban al teatro en San Juan, etc. Luego de la operación, el matrimonio
no comparte la misma habitación, pues duermen en camas separadas por el
problema del insomnio. Consume los alimentos solo para no distraerse y
morderse la lengua. Se levanta y desayuna tarde, se siente de mal humor,
se pone violento, aborrecido, sus hijos le molestan, han surgido
problemas y disgustos en su casa, ya no comparten socialmente. Los
viajes a San Juan se acabaron, hay tristeza en el hogar, no hay la unión
y paz familiar de antes.
Distinto al criterio mayoritario, la responsabilidad profesional
del Dr. Ark y, en consecuencia del Lcdo. Géigel, se impone bajo tres (3)
distintos y separables fundamentos. Expongámoslos.
A. Falta de Consentimiento Informado:-
Correctamente la Sentencia mayoritaria concluye que la prueba
enmendó las alegaciones de la demanda
En el año 1976, el Dr. Pesquera consultó el caso con otros cirujanos orales prominentes: Dr. Spatz, Jefe Depto. de Dentistería de la Univ. De Pittsburg, Dr. Daniel E. Waite, cirujano oral Univ. De Minnesota, y Dr. Wendell E. Bell, cirujano oral Univ. de Texas. Todos contestaron; los resultados fueron negativos.
En 1978 Colón Prieto fue a la Clínica Mayo y fue examinado por el Dr. Lofler, cirujano oral. Le dijo que no podía hacer nada. En 1985 volvió a dicha Clínica el Dr. Don Tollman le indicó que nada podía hacerse. Consultó además, al Dr. Hoffman en dicha clínica y éste lo refirió al Pain Center. Fue hospitalizado en Sleep Disorder Center del Hospital Saint Mary, bajo el cuidado del Dr. Richard Son. Le recetó Pretictelina, sin resultado. También fue referido al Depto. de Sicología y atendido por el Sicólogo Schwartz, cuyo tratamiento tampoco le dio resultado.
En Puerto Rico, el Dr. H. Mercado le recetó Dilantin para el problema de la lengua, pero no le alivió el dolor. En noviembre de 1985 fue a New York y se entrevistó con el Dr. Martin Stern, Jefe Cirugía Oral, Univ. de N.Y. al respecto. (Págs. 8-9). Además, que se demostró que el Dr. Ark no
le reveló a Colón Prieto la existencia del riesgo de que durante la
extracción podía cercenarle el nervio lingual, a pesar de que dicho
riesgo era completamente previsible y la buena práctica prevaleciente
profesional así lo exigía. “Dicha omisión constituyó una violación a
las normas de consentimiento informado.” (Pág. 9).
Sin embargo, la Sentencia mayoritaria resuelve que Colón Prieto no
demostró causalidad. Aduce que tenía que presentar prueba de cómo se
hubiera afectado su decisión de haber conocido el riesgo, cosa que no
hizo. (Pág. 10). Discrepamos.
Sobre este extremo, debemos aclarar que los autos originales del
caso inicial, (Civil Núm. 73-3814, Colón Prieto v. Ark), fueron objeto
de discusión en conferencia con antelación al juicio en el caso que
ahora nos ocupa, Civil Núm. 79-2460, Colón Prieto v. Géigel. Celebrada
por los abogados el 6 de abril de 1981, conforme su Acta, éstos
convinieron la admisibilidad de aquellos autos originales, “incluyendo
interrogatorios y admisiones”. Subsiguientemente, durante el juicio el
4 de marzo de 1987, presentaron formalmente esos autos originales en
evidencia. (Exh. I, ambas partes). Entre los interrogatorios aludidos,
cabe destacar la contestación núm. 37 de Colón Prieto, en la cual –
luego de reiterar que el Dr. Ark no le advirtió que la remoción de los
cordales podía ocasionarle un daño al nervio-, consignó que de haberlo
hecho, “nunca me hubiese decidido a operarme en ese mismo momento, al
contrario, le hubiese pedido tiempo al Dr. Ark para considerarlo y
hubiese acudido a otros especialistas. Es obvio que de haberme
advertido de que él podía ocasionarme una lesión de tales
consecuencias, yo nunca me hubiese operado de los cordales con el Dr.
Ark.” (A.O., 69).
Es incorrecta pues, la conclusión mayoritaria sobre ausencia de
esa prueba. Bajo los lineamientos jurisprudenciales recogidos en
Sepúlveda v. Barreto, res. en 23 de diciembre de 1994, se demostró
satisfactoriamente el elemento de “causalidad adecuada” entre la omisión informativa del Dr. Ark y el daño sufrido por falta de
consentimiento informado de Colón Prieto.
B. Negligencia Durante la Operación:-
En cuanto a la operación en sí, la Sentencia mayoritaria sostiene
que Colón Prieto, “no aport[ó] evidencia necesaria para probar que el
Dr. Ark incurrió en negligencia al extraerle los cordales...” (Pág.
12). Inmediatamente afirma que, “tampoco surgen circunstancias que nos
permitan obviar la presentación de evidencia sobre la negligencia del
Dr. Ark”. Ambas conclusiones son totalmente erróneas.
Primero, la mayoría ignora el testimonio no contradicho del
cualificado perito neurólogo Dr. Boris Rojas Rodríguez, quien
contundentemente estableció que el evento que con mayor probabilidad
causó la lesión al nervio arveolar fue “la cirugía de los cordales”.
(T.E., 90-92; 154-156; 159). Dicho perito descartó, por ser físicamente
imposible, esto es increíble, la versión de mordida auto infligida
promovida desde el principio por el Dr. Ark. Como explicó el Dr. Rojas
Rodríguez, por estar el nervio lingual atrás, “tendría que morderse un
sitio que ningún ser humano podía morderse”. (T.E., 172).
Esa prueba, unida al testimonio pericial del Dr. Martin Stern
(T.E., 239) -que le mereció enteró crédito al ilustrado Tribunal de
instancia-, estableció concluyentemente que toda la sintomatología que
ha aquejado a Colón Prieto desde la operación provino de la laceración
de la lengua ocasionada por las manos del Dr. Ark mientras le extraía
los cordales bajo anestesia total.
La Sentencia mayoritaria trata de refutar esta realidad
enfatizando que en su testimonio el Dr. Stern contestó que la
laceración “podía ocurrir aun en las manos más expertas”. (T.E., 242,
243; 269). El argumento no es persuasivo. Olvida que aun las manos
“más expertas” de un cirujano pueden ser descuidadas y, ciertamente, no
se probó que las del Dr. Ark fueran de aquellas cualidades.
Nuestra jurisprudencia sobre impericia médica sólo exige que el
actor demuestre, mediante preponderancia de prueba, que la conducta negligente del demandado fue el factor que con mayor probabilidad causó
el daño. Castro Ortiz v. Municipio, res. en 7 de diciembre de 1993;
Pagán Rivera v. Municipio, 127 D.P.R. 538 (1990); Torres Ortiz v. Plá,
123 D.P.R. 637 (1989); Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 D.P.R. 639
(1988); Cruz v. Centro Médico, 113 D.P.R. 719, 745 (1983); Pérez Cruz
v. Hospital La Concepción, 115 D.P.R. 721, 740 (1984). Colón Prieto
satisfizo esta medida (“test”) y probó la negligencia durante la
operación.
Segundo, reconocemos que el aquí directamente demandado es el Lcdo.
Géigel y, Colón Prieto tiene que probar que tenía una causa de acción
válida contra el Dr. Ark malograda por la negligencia del Lcdo. Géigel.
“Esta exigencia peculiar, de perfiles propios, denominada por los
tratadistas ‘un caso dentro del caso’ significa que ‘el cliente debe
establecer que él debió ganar el primer caso como paso previo para ganar
el segundo’. J. Wade, The Attorney’s Liability for Negligence en
Professional Negligence (Roady & Andersen eds.), Tennessee, Vanderbilt
Univ. Press, 1960, pág. 231. La necesidad de litigar el caso previo
alegadamente frustrado para abrir las puertas al segundo implica
ventilar todos los puntos y elementos clásicos de un proceso ordinario,
con la única variante que, de hallarse probada la causa original, no
podrá exigirse de la parte culposa resarcimiento. Simplemente habrá
terminado el prólogo del proceso para entonces comenzar la segunda etapa
e intentar establecer la responsabilidad del abogado.” Colón Prieto v.
Géigel, 115 D.P.R. 232, 242-243 (1984).
La justicia es una avenida en dos direcciones. Del mismo modo que
el Lcdo. Géigel levantó numerosas defensas que propiamente correspondían
al Dr. Ark -precisamente adujo que la demanda original contra el Dr. Ark
estaba prescrita, planteamiento resuelto en su contra en Colón Prieto
v. Géigel, supra-, en recta lógica Colón Prieto pudo beneficiarse y el ilustrado tribunal de instancia justicieramente aplicar al caso de
autos, la doctrina de res ipsa loquitur.6 Expongamos sus contornos.
Como regla general, corresponde a todo demandante probar la
actuación negligente de un médico demandado. La doctrina res ipsa
loquitur, por excepción, traslada el
6 En su elaborada sentencia, dicho foro concluyó:
“La prueba que le mereció entero crédito al Tribunal demuestra que toda la sintomatología de que se queja el demandante le proviene de la laceración de la lengua y que ésta se la ocasionó el Dr. Ark mientras le extraía los cordales. Si al llevar a cabo dicha extracción el Dr. Ark le ocasionó al demandante la referida laceración, evidentemente que no ejerció el grado de cuidado, las destrezas y previsiones que la operación requería, pues no es usual que en operaciones de tal naturaleza se ocasionen lesiones al nervio lingual. La prueba aportada por la parte demandante, que no fue desmentida ni impugnada por la parte demandada, demuestre que en operaciones de los cordales no son frecuentes las lesiones al nervio lingual. Es decir, la falta de cuidado del Dr. Ark fue tan evidente, que la misma es suficiente para inferir que incurrió en negligencia mientras llevaba a cabo la extracción de los cordales.” (Énfasis nuestro). peso de la prueba al médico, quien entonces debe demostrar que no actuó
negligentemente. “[D]ispone que una vez el demandante establece los
hechos que justifican su aplicación queda relevado de probar la
negligencia del demandado, surgiendo en su lugar una inferencia
permisible que pasa al demandado el peso de continuar con la prueba
quien debe demostrar que empleó el debido cuidado.” Herminio Brau del
Toro, Daños y Perjuicios Extracontractuales de Puerto Rico, Vol. I, pág.
396.
Su aplicación requiere establecer los siguientes requisitos: 1) la
existencia y circunstancias bajo las cuales se produjo un daño; 2) que
éste no ocurra en el curso ordinario de los eventos a no ser por la
negligencia de otra persona quien tiene control exclusivo de la causa
del daño; 3) que circunstancialmente pueda inferirse razonablemente, que
de no haber sido por la negligencia del demandado, el daño no hubiese
ocurrido; 4) la prueba pericial para demostrar las causas del daño
está bajo el control del demandado; 5) el daño no debe ocurrir por
acción voluntaria del demandante; y 6) la inexistencia de otra causa
probable del daño de la cual pueda inferirse que no hubo negligencia por
parte del demandado. Hermida v. Feliciano, 62 D.P.R. 55 (1943). Sociedad
de Gananciales Huyke Souffront v. Hospital Presbiteriano, 88 D.P.R. 391
(1963). Véase, Vda. de Torres v. Womble, 99 D.P.R. 859 (1971) y Ramos
Orengo v. La Capital, 88 D.P.R. 315 (1963). Este último caso ejemplariza
las siguientes situaciones específicas que no requieren prueba pericial
para invocarla: 1) objetos dejados dentro del cuerpo; 2) daño causado a
una parte del cuerpo sana; 3) remoción de una parte sana del cuerpo; y
4) dientes dejados por la tráquea del paciente, entre otros. José Cuevas
Segarra, Res Ipsa Loquitur y los Casos de Impericia Médica, Revista
Forum, julio-sept. 1991, págs. 22-23.
Bajo este sucinto análisis, el caso de autos es uno clásico al cual
le aplica res ipsa loquitur. Primero, Colón Prieto sufrió un daño: la
cortadura del nervio lingual que le insensibilizó la lengua y causó se
la mordiera y lacerara. Esta laceración le produjo sensación de ardor y tirantez en la lengua y otras lesiones posteriores. Antes de la
operación, su lengua y sensibilidad era normales. Indiscutiblemente, el
daño lo produjo el Dr. Ark al extraer los cordales: le cortó el nervio
durante la intervención. Segundo, aunque probable, la cortadura de dicho
nervio es un evento que ordinariamente no sucede (ni debe suceder) en
una operación de cordales. En vista de que el daño ocurrió durante la
operación, estando Colón Prieto anestesiado, el Dr. Ark tenía el control
exclusivo de la situación. Tercero, si el Dr. Ark no hubiese cortado el
nervio lingual, el paciente no se hubiese mordido ni lacerado la lengua.
Cuarto, Colón Prieto en nada contribuyó al daño pues se encontraba
anestesiado. Aunque después, al morderse se laceró la lengua, esto fue
en reacción al daño inicial ocasionado por el médico al darle muerte al
nervio. Es decir, cuando Colón Prieto se mordió la lengua, el daño ya
existía.
En virtud de la doctrina de res ipsa loquitur, se activó una
inferencia de negligencia del Dr. Ark. Para rebatirla, tenía que
presentar prueba estableciendo que actuó con debido cuidado y la
laceración y demás lesiones no fueron causadas por haberle cortado el
nervio de la lengua a Colón Prieto. No lo hizo; el daño habla por sí
solo y su negligencia es incuestionable.
C. Negligencia Post-Operatoria:-
Aparte de haberse probado negligencia durante la extracción –por
testimonio pericial directo y la aplicación de la doctrina de res ipsa
loquitur-, la Sentencia mayoritaria acepta que posteriormente el Dr.
Ark se apartó de las normas exigentes a los dentistas al nunca
indicarle a Colón Prieto que le había lacerado el nervio lingual y
debía visitar un neurocirujano. (Pág. 12). Aun así, nuevamente lo
eximen de responsabilidad bajo la tesis de que no estableció nexo de
causalidad entre dicha negligencia y los daños que sufrió y continúa
sufriendo. La mayoría se basa en que la prueba demostró que la práctica
médica es esperar de seis (6) a un (1) año antes de intentar reparar un nervio lingual y Colón Prieto, por su cuenta, visitó un especialista
“dentro de este período”. (Pág. 13). Incide otra vez.
Primero, el perito Dr. Stern aclaró que el término de seis (6) a
un (1) año, era “un tiempo límite”. O sea, “sería el tiempo ideal para
reparar el nervio, pero hasta este tiempo era apropiado observar al
paciente. (T.E., 246-247).
Así aclarado, quedó demostrado que desde el principio el Dr. Ark
ocultó a Colón Prieto la verdadera causa de la laceración: su propio
descuido. Durante los primeros cuatro (4) meses le dijo que los
síntomas eran “normales”. Pasados esos cuatro (4) meses, le informó que
esperara cuatro (4) más y le advirtió la posibilidad de cortarle un
pedazo de la lengua. Atemorizado, Colón Prieto decidió acudir donde el
dentista Dr. Pesquera a los once (11) meses de operado. Todavía el Dr.
Ark, en su carta fechada 19 de octubre de 1972 –once (11) meses después
de la operación- al remitirle al Dr. Pesquera las placas de Rayos X,
continuaba insistiendo en su increíble versión de que “en el salón de
recuperación el paciente [Colón Prieto] aparentemente se mordió el área
anterior derecha de la lengua...” (Énfasis original; traducción
nuestra).
Ante esta situación, el Dr. Pesquera, que no era especialista,
prudencialmente lo refirió al neurocirujano Ramírez de Arellano el 10
de noviembre de 1972, o sea, al año exacto de la operación.
Con vista a esta cronología, ¿cómo puede la mayoría premiar la
omisión (por no decir mentira) del Dr. Ark y concluir que no existe
causalidad en los daños posteriores que aquejan a Colón Prieto?
Dieciocho (18) años después, el 17 de diciembre de 1990, en su
testimonio judicial –no obstante existir consenso unánime en contrario
de múltiples especialistas en y fuera de Puerto Rico- reiteraba lo
imposible; que el corte de nervio no fue con sus manos durante la
operación, sino resultado de una mordida auto infligida. (T.E., 125-
126).
III En resumen, el tribunal a quo determinó que el Dr. Ark, como
dentista, incurrió en impericia profesional y causó un daño que hubiese
justificado la imposición de responsabilidad civil. Correctamente expuso
que el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141, impone a los
odontólogos un deber profesional idéntico al resto de la clase médica en
general, lo cual conlleva ofrecer aquella atención que a la luz de los
medios modernos de comunicación y conocimiento de la ciencia satisface
las exigencias que la profesión reconoce para el tratamiento de
padecimientos similares. Medina Santiago v. Vélez, 120 D.P.R. 380
(1988). Coincidimos plenamente. Al tribunal de instancia también le
mereció entero crédito la prueba ofrecida por Colón Prieto de que todos
sus padecimientos se han debido a la laceración de la lengua por el Dr.
Ark. Éste, luego de ampararse en la confianza depositádale, atribuyó tal
laceración a un imposible: mordida autoinfligida que eventualmente
sanaría. No fue así. Esa demora, produjo incluso la advertencia de que
sería necesario cortarle un pedazo de lengua.
No existen fundamentos válidos para variar la conclusión de la
ilustrada sala sentenciadora de que el Dr. Ark incurrió en un acto de
impericia que generó a su vez una causa de acción meritoria a favor de
Colón Prieto y, por ende, el Lcdo. Géigel es responsable.
IV
Finalmente, los argumentos del Lcdo. Géigel en torno al
señalamiento de error -evaluación en $60,000.00, más intereses, de los
padecimientos de Colón Prieto y su esposa Nilda-, no ameritan mayor
consideración. Si acaso, el ilustrado Tribunal de instancia los estimó
moderadamente.
La discusión que hace en el último señalamiento, denota
precisamente la temeridad que justificó la condena de $8,000.00 en
honorarios de abogado.7 Basta señalar, el lento y costoso peregrinaje
7 Ramos Báez v. Bossolo López, res. en 13 de junio de 1997; Méndez de Rodríguez v. Morales Molina, res. en 15 de noviembre de 1996; Cándido Oliveras, Inc. v. Universal Insurance Company, res. en 7 de judicial de Colón Prieto, que incluye el recurso de revisión del 1984 y
la dilucidación en sus méritos, con prueba testifical y pericial, de
“dos casos”: el primero para demostrar la mala práctica del Dr. Ark y,
el segundo, la del Lcdo. Géigel.
Como abogado, el Lcdo. Géigel tenía conocimiento del estado
de derecho al celebrarse las vistas del caso en su fondo –días 8 y
9 de septiembre, 15 y 17 de diciembre de 1987, y 2 de marzo de
1988-, que culminaron con la justiciera y balanceada sentencia del
tribunal de primera instancia. No puede ahora quejarse.
Es lamentable que la mayoría, infundada e injustificadamente, la
revoque.
ANTONIO S. NEGRON GARCIA Juez Asociado
noviembre de 1996; Corpak, Art Printing v. Ramallo Brothers, 125 D.P.R. 724 (1990) y casos allí citados.