Pueblo v. De Jesús Carrillo; International Fidelity Insurance Company

2009 TSPR 189

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: December 30, 2009
• Docket: CC-2008-486
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido Certiorari

v.

Javier De Jesús Carrillo 2009 TSPR 189

Acusado

International Fidelity 177 DPR ____

Insurance Company

Fiadora-Peticionaria

Número del Caso: CC-2008-486

Fecha: 30 de diciembre de 2009

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Carolina, Panel XIII

Juez Ponente:

Hon. Luis A. Rosario Villanueva

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcda. Magda Enid Ralat Ballester

Oficina del Procurador General:

Lcda. María T. Caballero García Procuradora General Auxiliar

Materia: Art. 401 SC, Art. 252 CP, Art. 284 CP

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correccione s del proceso de compilación y publicación oficial de las decisio nes del Tribunal. Su istribución electrónica se hace como u n servicio público a la comunidad. ? EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Recurrido

Javier De Jesús Carrillo CC-2008-486 Certiorari

International Fidelity Insurance Company

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 30 de diciembre de 2009.

En esta ocasión nos corresponde resolver si

procede confiscar la fianza prestada a favor de un

acusado cuando éste deja de comparecer y luego se

descubre que la identidad que proveyó a las

autoridades era falsa. Por entender que en las

circunstancias de este caso el error en la identidad

del acusado constituyó un vicio del consentimiento

que invalidó el contrato de fianza, y que la fiadora

descansó razonablemente en la identificación provista

por el Estado, revocamos la sentencia del Tribunal de

Apelaciones que confirmó la confiscación de la

fianza. CC-2008-846 2

I.

En abril de 2007 la Policía de Puerto Rico arrestó a un

individuo por una alegada infracción al Art. 401 de la Ley de

Sustancias Controladas, 24 L.P.R.A. sec. 2401. Tras ser

intervenido por los agentes, éste indicó que su nombre era

Javier De Jesús Carrillo y proveyó una licencia de conducir

del estado de California con su foto y firma. Además,

presentó una tarjeta de identificación del estado de Nevada

con foto y firma y una tarjeta de seguro social con su

nombre, número y firma. Según sus identificaciones y

manifestaciones a los agentes, nació el 26 de octubre de 1970

en Río Grande, Puerto Rico. Asimismo, indicó que residía en

un condominio en el área de Isla Verde y proveyó la dirección

correspondiente.

Con esta información, los agentes de la Policía

presentaron la denuncia y se celebró una vista de causa para

arresto, al amparo de la Regla 6 de Procedimiento Criminal,

34 L.P.R.A. Ap. II. Luego de encontrarse causa probable para

el arresto del individuo por el delito de posesión de

sustancias controladas con intención de distribuir bajo el

Artículo 401 de la Ley de Sustancias Controladas, supra, se

le fijó una fianza de $100,000.

En vista de ello, se le condujo a la Oficina de Servicios

con Antelación al Juicio (O.S.A.J.), donde se verificó su

información personal. Al no poder prestar la fianza, fue

referido a la Oficina de Servicios Técnicos de la Policía, en

donde fue fichado y se le tomaron las correspondientes CC-2008-846 3

fotografías y huellas digitales. Por último, fue llevado a

la Administración de Corrección donde nuevamente fue

fotografiado y se le tomaron las huellas digitales, para ser

posteriormente ingresado al Centro de Detención Correccional

de Bayamón.

Iniciado el proceso criminal en su contra, el imputado

compareció en varias ocasiones al Tribunal de Primera

Instancia en distintas etapas del procedimiento. En mayo de

2007 se celebró la vista preliminar, en la cual se encontró

causa probable para acusarlo por el delito de posesión de una

sustancia controlada con intención de distribuirla. En junio

del mismo año se realizó el acto de lectura de acusación y se

señaló la fecha para el juicio. Pendiente de la celebración

del juicio y aproximadamente tres meses luego de su arresto,

en julio de 2007 el acusado prestó la fianza fijada a través

de International Fidelity Insurance Company (International) y

se ordenó su excarcelación.

Llegado el día señalado para el juicio en agosto de 2007,

el acusado no compareció, por lo que el foro de instancia

emitió una orden de mostrar causa por la cual no se debía

confiscar la fianza. International compareció al tribunal y

solicitó un término para investigar sobre el paradero de De

Jesús Carrillo.

Al realizar la correspondiente investigación, la fiadora

se percató de que el acusado había provisto una identidad

falsa y se desconocía su verdadero nombre y paradero. Cuando

se comunicaron con la madre de Javier De Jesús Carrillo, ésta CC-2008-846 4

le indicó que el hombre que aparecía en las fotos no era su

hijo y que su hijo vivía en Estados Unidos y estaba dispuesto

a venir a Puerto Rico para probarlo y aclarar el asunto sobre

su identidad aparentemente robada.

International también descubrió que las huellas digitales

que se le tomaron al acusado no correspondían con las del

verdadero Javier De Jesús Carrillo. De igual forma, al

acudir al condominio en Isla Verde que el acusado había

provisto como su dirección residencial, el administrador del

edificio les indicó a los investigadores que el acusado era

un extranjero de nacionalidad mexicana que había alquilado un

apartamento allí en diciembre de 2006 para participar de un

evento deportivo que se llevó a cabo en Carolina, pero se

había marchado del lugar.

Así, pues, en la vista celebrada por el foro de instancia

para dilucidar el asunto de la confiscación de la fianza,

International aceptó que no pudo dar con el paradero del

acusado y que presumía que éste se había evadido de la

jurisdicción. No obstante, la fiadora alertó al tribunal que

había descubierto que la información provista por el acusado

era falsa y se trataba de un aparente robo de identidad. Por

ello, International solicitó que se le permitiera presentar

prueba sobre el asunto del aparente fraude de identidad

cometido por el acusado en aras de eximirle del pago de la

fianza. El foro de instancia, sin embargo, no accedió a esta

petición. En su lugar, decretó la confiscación de la fianza

ya que la compañía no había podido presentar al acusado. CC-2008-846 5

Inconforme, International acudió ante el Tribunal de

Apelaciones, el cual confirmó la sentencia dictada por el

foro de instancia y determinó que la fiadora debió ser más

diligente para corroborar la identidad del acusado.

Insatisfecha aún, International presentó el recurso que

nos ocupa y señaló la comisión de varios errores. En

síntesis, alegó que los tribunales a quo erraron al no

exonerarla de la fianza y al no decretar la nulidad del

contrato por razón de vicios del consentimiento, toda vez que

medió un error esencial en la identidad del acusado.

International señaló también que el foro apelativo intermedio

incidió al determinar que ésta no había sido diligente al

identificar al acusado previo a fiarlo y al concluir que no

era suficiente descansar en la información provista en la

denuncia, pues ésta era susceptible de ser enmendada en

cualquier momento. Del mismo modo, adujo que el Tribunal de

Apelaciones erró en su determinación de que la fiadora no

había ejercido la diligencia requerida para asegurar la

comparecencia del fiado según se comprometió a hacerlo. Por

último, sostuvo que el foro de instancia debió permitirle a

la fiadora presentar evidencia sobre la nulidad del contrato

por vicios del consentimiento.

Examinado el recurso, expedimos el auto. Con el

beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a

resolver. CC-2008-846 6

II.

A.

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

garantiza a todo acusado en un proceso criminal el derecho a

permanecer en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo

condenatorio. Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo

1. Del mismo modo, la Regla 218 de Procedimiento Criminal

dispone que toda persona arrestada por cualquier delito

tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza hasta tanto

recaiga una condena en su contra. 34 L.P.R.A. Ap. II, R.

218. El propósito de dicho derecho es garantizar la

comparecencia del acusado en las diversas etapas del

procedimiento criminal celebrado en su contra y asegurar su

sumisión a las órdenes y citaciones del tribunal. 34 L.P.R.A.

Ap. II, R. 219(a); Pueblo v. Negrón Vázquez, 109 D.P.R. 265,

266-67 (1979).

Conforme al ordenamiento procesal vigente, la fianza se

podrá prestar por una compañía autorizada para prestar

fianzas o por un fiador residente en Puerto Rico que posea

bienes inmuebles en la isla. Además, ésta deberá ser suscrita

o reconocida ante un magistrado o secretario de un tribunal.

34 L.P.R.A. Ap. II, R. 220.

En virtud de lo anterior, hemos resuelto que el contrato

de fianza en el contexto de un procedimiento criminal es un

acuerdo entre el Estado y el fiador mediante el cual éste

último se compromete a garantizar la presencia del imputado

de delito en todas las etapas del proceso judicial llevado en CC-2008-846 7

su contra. Pueblo v. Colón, 161 D.P.R. 254, 260 (2004);

Pueblo v. Cía. de Fianzas de P.R., 139 D.P.R. 206, 211

(1995); Pueblo v. Félix Avilés, 128 D.P.R. 468, 480 (1991).

Como parte de dicho acuerdo, el fiador accede a la

confiscación del monto de la fianza a favor del Estado si la

persona fiada incumple con las órdenes del tribunal. Pueblo

v. Soto Ortiz, 151 D.P.R. 619, 626 (2000); Pueblo v. Félix

Avilés, supra. En vista del compromiso que hace el fiador de

garantizar la comparecencia del acusado, hemos resuelto que

su responsabilidad va más allá de prestar la fianza. En

específico, queda obligado a tomar parte activa en el proceso

penal para estar al tanto del paradero del fiado y así poder

asegurarse que éste comparecerá al tribunal cuando se le

requiera. Pueblo v. Colón, supra, págs. 260-61.

Según las Reglas de Procedimiento Criminal, ante la

incomparecencia o incumplimiento del acusado con las

condiciones impuestas por el tribunal, se le ordenará al

fiador mostrar causa por la cual no deba confiscarse la

fianza. Si la explicación resulta satisfactoria para el

tribunal, podrá dejar la fianza sin efecto. De lo contrario,

dictará sentencia sumaria en contra del fiador y ordenará su

confiscación. No obstante, la sentencia dictada no será

firme ni ejecutable hasta cuarenta días después de haberse

notificado, por lo que podrá dejarse sin efecto si el fiador

lleva al acusado ante el tribunal en dicho término. 34

L.P.R.A. Ap. II, R. 227(a); Pueblo v. Rivera Segarra, supra; CC-2008-846 8

Pueblo v. Newport Bonding & Surety Co., 145 D.P.R. 546

(1998).

De modo similar, se dispone que, antes de que sea

ejecutada dicha sentencia, el tribunal tendrá discreción para

dejarla sin efecto si el fiador ha llevado al acusado ante el

tribunal y éste puede constatarlo a su satisfacción. Dicha

solicitud deberá hacerse dentro de un término razonable, pero

nunca después de transcurridos seis meses de haberse

registrado la sentencia. 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 227(a).

A pesar de que la fianza para garantizar la comparecencia

de un acusado se suscita en el contexto de un procedimiento

criminal, su confiscación y ejecución se rigen por un

procedimiento especial de carácter civil cuya finalidad es

hacer cumplir una obligación contractual del fiador a favor

del Estado. Pueblo v. Martínez Hernández, 158 D.P.R. 388, 397

(2003).

B.

Por otro lado, el contrato de fianza es un acuerdo entre

dos partes regulado por los preceptos del derecho civil. En

lo pertinente, el Código Civil dispone que la fianza es el

mecanismo mediante el cual una parte se obliga a pagar o

cumplir por un tercero, en caso de que éste no lo haga. 31

L.P.R.A. sec. 4871. Se trata de un contrato consensual que

se perfecciona por el mero consentimiento, sin estar sujeto a

requisitos de forma o exigencias particulares. J. Puig

Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Tomo II, Vol. II, 1982,

pág. 590; J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil: Derecho CC-2008-846 9

de Contratos, Tomo IV, Vol. II, 1990, pág. 536. Véase,

además, Professional Underwriters v. Dis. Automotriz, 121

D.P.R. 536, 543 (1988). No obstante, la fianza siempre debe

ser expresa, pues su existencia no se presume. 31 L.P.R.A.

sec. 4876.

En lo que respecta al contrato de fianza otorgado en el

contexto de un procedimiento penal, dicho contrato es sui

géneris, ya que en su interpretación y ejecución se combinan

asuntos de derecho civil y de derecho procesal penal. Así lo

hemos destacado en el pasado al reconocer que, a pesar de que

su existencia y eficacia están supeditadas a las

eventualidades de un proceso criminal, se trata de una

obligación contractual que otorga una garantía de carácter

monetario. Pueblo v. Martínez Hernández, supra, pág. 401.

En virtud de ello, surge una figura de naturaleza mixta que

integra aspectos de derecho civil con elementos propios de

las acciones penales.1

De manera particular, en el contrato de fianza suscitado

en el ámbito del procedimiento criminal se impone el

mencionado requisito de que un magistrado o secretario de un

tribunal autorice la fianza. Regla 220 de Procedimiento

Criminal, supra. Ello así, en aras de que éste verifique si

se cumplen las exigencias que se requieren para que una

persona o entidad pueda fungir como fiador. Véase, además,

Regla 221 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

1 Cabe señalar que los contratos de fianza criminal se rigen también por las disposiciones del Código de Seguros referentes a los contratos de garantía. Véase 26 L.P.R.A. secs. 2201-05. CC-2008-846 10

Asimismo, las Reglas de Procedimiento Criminal que

disponen el proceso para la confiscación de la fianza ante la

incomparecencia del acusado nos refieren a las Reglas de

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, y establecen que,

una vez la sentencia confiscatoria adviene firme y

ejecutoria, ésta se hará valer del modo ordinario que se

ejecutan las sentencias civiles. Véanse, Regla 227 de

Procedimiento Civil, supra; Pueblo v. Del Valle, 35 D.P.R.

478, 480 (1926). En ese sentido, hemos resuelto que la

ejecución de la sentencia confiscatoria de la fianza es un

proceso civil en el cual se admite la imposición de intereses

según dispone la Regla 44.3 de Procedimiento Civil, 32

L.P.R.A. Ap. III, para todas aquellas sentencias en las

cuales se ordene el pago de dinero. Pueblo v. Martínez

Hernández, supra, pág. 402.

Así, pues, el ordenamiento procesal relacionado con la

fianza incorpora asuntos propios del derecho civil en lo

referente a la ejecución del referido contrato. En atención

a que la prestación de la fianza se perfecciona mediante un

contrato, debemos examinar los elementos de dicho acuerdo a

la luz de la doctrina general de la contratación.

C.

Es una norma ampliamente conocida que existen tres

requisitos indispensables para la validez de los contratos:

consentimiento de los contratantes, objeto cierto que sea

materia del contrato y causa de la obligación que se

establezca. 31 L.P.R.A. sec. 3391; Acevedo Mangual v. SIMED, CC-2008-846 11

res. el 14 de julio de 2009, 2009 T.S.P.R. 122; Quiñones

López v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 139, 154 (1996).

En vista de lo anterior, se ha establecido que el

consentimiento será nulo cuando se preste por error,

violencia, intimidación o dolo. 31 L.P.R.A. sec. 3404; Pérez

Rosa v. Morales Rosado, res. el 28 de septiembre de 2007,

2007 T.S.P.R. 171. El Artículo 1218 del Código Civil

establece, en lo pertinente, que para que el error invalide

el consentimiento deberá recaer sobre la sustancia de la cosa

que fuere objeto del contrato o sobre aquellas condiciones

esenciales de ésta que principalmente hubiesen dado motivo a

celebrarlo. 31 L.P.R.A. sec. 3405. Véanse, además, Girod

Lube v. Ortiz Rolón, 94 D.P.R. 406, 414 (1967); Capó

Caballero v. Ramos, 83 D.P.R. 650, 672 (1961).

Según indica Puig Brutau, cuando ocurre este tipo de

error –llamado error propio o vicio del consentimiento- la

declaración de la voluntad de la parte contratante concuerda

con su intención de contratar, mas su decisión se basa en una

representación que no es real, provocada por ignorancia o

información falsa. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho

Civil, Tomo II, Vol. I, 1988, pág. 81. Es decir, la parte

tiene la intención de llevar a cabo el contrato sobre

determinado objeto, pero desconoce que éste, o sus

condiciones esenciales, no son las que se le representan. Por

tanto, de haber sabido de antemano la verdadera situación, no

habría realizado el negocio jurídico. CC-2008-846 12

Así, pues, se han establecido ciertos requisitos para que

el error propio invalide el consentimiento del contratante de

forma tal que el contrato sea ineficaz. En primer lugar, el

error ha de ser esencialmente determinante de la voluntad del

que lo alega, de modo que de haber conocido la inexactitud

que dio lugar al error, la voluntad del contratante sería

distinta. De otra parte, debe existir una relación causal

entre el error y la finalidad que perseguía el contratante,

de manera que el propósito que éste tenía se vea frustrado

como consecuencia del error que afectó su voluntad. Por

último, el error nunca se presumirá y deberá ser excusable,

por lo que aquel que alegue su existencia tendrá la carga de

probarlo. Vélez Torres, op. cit., págs. 51-53.

A su vez, para determinar si el error es excusable,

debemos evaluar si se pudo haber evitado mediante una

diligencia razonable por la parte que lo invoca, tomando en

cuenta si las personas involucradas en la contratación son

conocedoras o expertas en la materia objeto del contrato.

Capó Caballero v. Ramos, supra, pág. 677; Puig Brutau, op.

cit., Vol. I, pág. 91. De esta forma, aun cuando el error

recaiga sobre un elemento esencial, sólo será suficiente para

anular el negocio si se considera que es un error excusable,

causado por hechos desconocidos que la parte que lo invoca no

pudo descubrir mediante un grado mediano de cuidado. Rosa

Valentín v. Vázquez Lozada, 103 D.P.R. 796, 812 (1975); Girod

Lube v. Ortiz Rolón, supra, págs. 414-15; Capó Caballero v.

Ramos, supra, pág. 673. CC-2008-846 13

Con estos preceptos en mente, pasemos a analizar

concretamente la controversia ante nuestra consideración.

III.

International alega, esencialmente, que los foros

inferiores erraron al determinar la validez del contrato de

fianza y ordenar su confiscación, toda vez que al momento de

suscribir dicho acuerdo mediaron vicios del consentimiento en

cuanto a la identidad de la persona fiada. En atención a

ello, aduce que el contrato de fianza es nulo. Para evaluar

tales aseveraciones, debemos considerar si se configuraron

los tres requisitos esenciales que exige el Código Civil para

todos los contratos: consentimiento, objeto y causa. 31

L.P.R.A. sec. 3391.

El consentimiento en estos casos es aquel que prestan el

Estado y la compañía de fianzas al acordar que, ante la

incomparecencia del acusado, la fiadora entregará la cantidad

acordada a favor del Estado. En el caso de autos, dicha

intención quedó evidenciada mediante la comparecencia de

ambas partes al otorgamiento del documento de fianza, en el

cual International ofreció garantizar la comparecencia del

acusado, y el Estado, a través del juez o secretario que

suscribe el documento, aceptó que se prestara la referida

fianza. Véase 31 L.P.R.A. sec. 3401. De otra parte, el

objeto del contrato en este tipo de acuerdos es la

comparecencia del acusado que la fiadora se compromete a

garantizar. Íntimamente relacionado con ello, la causa de CC-2008-846 14

dichos contratos es la garantía de que, en caso de que el

acusado no comparezca a los señalamientos del tribunal, la

fiadora entregará la cantidad pactada al Estado. Así, pues,

de primera intención, el contrato de fianza otorgado por

International a favor de Javier De Jesús Carrillo aparenta

cumplir con los tres requisitos antes mencionados.

Ahora bien, la fiadora alega que su consentimiento estuvo

viciado al haber prestado la fianza por una persona que

aparentemente cometió fraude en cuanto a su identidad. Para

atender dicho señalamiento, debemos evaluar si, en efecto, el

error en la identidad del fiado constituyó un error propio

sobre el objeto del contrato o sobre sus condiciones

esenciales que invalidó el consentimiento prestado por la

compañía, según dispone el Artículo 1218 del Código Civil,

supra.

Según mencionáramos, el objeto del contrato fue la

comparecencia del acusado que garantizó la fiadora. Sin

duda, la identidad de la persona es una condición esencial

que da motivo a la celebración del contrato de fianza entre

el fiador y el Estado, toda vez que es imposible garantizar

la comparecencia de alguien sin conocer su nombre,

información y circunstancias personales. Por lo tanto, el

hecho de que la persona a ser fiada no era quien dijo ser y

su información y datos personales correspondían a un tercero

ajeno al proceso ciertamente constituye un error sobre las

condiciones esenciales del objeto del contrato. Se trata,

pues, del error propio capaz de invalidar el consentimiento CC-2008-846 15

de quien accede a prestar la fianza. No obstante, a la luz

de la doctrina antes esbozada, corresponde evaluar si dicho

error cumple con los requisitos necesarios para que se

invalide el contrato.

En primer lugar, debemos determinar si se trata de un

error sobre un elemento del contrato que fue esencialmente

determinante de la voluntad de quien reclama la existencia

del error. En el caso de autos, al ser la comparecencia de un

acusado el propósito central del contrato, resulta evidente

que la identidad de la persona es un factor esencial para

decidir si se presta o no la fianza a su favor, por lo que

entendemos que dicho requisito fue satisfecho.

Asimismo, hay que considerar si existe un nexo causal

entre el error alegado y la finalidad de la contratación. Si

la finalidad del contrato de fianza es garantizar la

comparecencia de una persona, y resulta que la identidad de

ésta es errónea, dicho error crea un impedimento para llevar

a cabo el fin del contrato. Por tanto, este factor también

está presente en el caso ante nuestra consideración.

De otra parte, la condición de que el que alegue el error

tenga el peso de la prueba para demostrar su existencia –pues

el error no se presume- también se ha cumplido en el caso de

autos. Es evidente que la fiadora es quien tiene el peso de

la prueba de demostrar que el error alegado efectivamente

ocurrió y que no pudo evitarlo. International descubrió el

error luego de una investigación realizada para dar con el

paradero de Javier De Jesús Carrillo una vez éste dejó de CC-2008-846 16

comparecer al procedimiento y así lo ha intentado demostrar

ante los foros judiciales. En la vista ante el Tribunal de

Primera Instancia, la fiadora solicitó la oportunidad de

presentar prueba sobre las diligencias realizadas que le

llevaron al descubrimiento del error en la identidad del

fiado, así como de sus esfuerzos para identificarlo

correctamente y localizarlo.2 No obstante, el foro de

instancia no lo permitió.

A pesar de ello, entendemos que surge del expediente que

la fiadora ha cumplido con probar satisfactoriamente que, en

efecto, el acusado proveyó una identidad falsa que vició su

consentimiento al suscribir el contrato de fianza. Además,

el Procurador General ha admitido en sus comparecencias que

se trató de un fraude de identidad que no pudo ser detectado

ni por el Estado ni por el fiador hasta que el acusado

desapareció, por lo que estimamos que la existencia del error

ha quedado probada.

Por último, resta determinar si se trata de un error

excusable. Como señaláramos, ello conlleva realizar una

evaluación de la diligencia desplegada por el que invoca el

error y constatar que éste no fue causado por la negligencia

de dicha parte. Específicamente, debemos resolver si

International fue diligente al identificar al fiado previo a

2 Para ello, se propuso presentar los testimonios de la Sra. Rosa Carrillo Feliciano, madre del verdadero Javier De Jesús Carrillo, el Sr. José Rivera, administrador del Condominio La Mancha en Isla Verde, y los Sres. Daniel Pizarro Flores y Frankie López Bonano, agente investigador y apoderado, respectivamente, de la compañía fiadora. Consta en el expediente un resumen de lo que hubiese declarado cada uno de estos testigos. CC-2008-846 17

otorgar el contrato de fianza. Para ello, debemos examinar

las circunstancias particulares del caso y los hechos

pertinentes relacionados con la prestación de la referida

fianza.

En el caso de autos, International prestó la fianza a

favor de Javier De Jesús Carrillo poco más de tres meses

luego de que éste fuera arrestado por la Policía de Puerto

Rico. Durante esos tres meses, el acusado estuvo todo el

tiempo bajo la custodia del Estado. En particular, luego de

su arresto por la Policía de Puerto Rico, el Departamento de

Justicia –a través de sus fiscales-, la Oficina de Servicios

con Antelación al Juicio y, finalmente, la Administración de

Corrección tuvieron su control y, de hecho, permaneció

confinado suficiente tiempo para que el Estado investigara

sobre su identidad. Por lo tanto, debemos evaluar si fue

razonable que la fiadora descansara en la identificación que

realizó el Estado al momento de prestar su consentimiento al

contrato de fianza, en aras de determinar si tal error fue

excusable para fines de la validez del contrato.

Para ello, resulta pertinente destacar que en su

comparecencia ante nos el Procurador General señala que el

Estado no cometió un error al identificar al acusado, sino

que fue víctima del fraude perpetrado por éste al apropiarse

de la identidad de un tercero. El Estado admite que el

fraude fue imposible de detectar, aun cuando verificó la

identidad del acusado mediante los mecanismos disponibles: el CC-2008-846 18

requerimiento de los documentos de identificación, la toma de

fotografías y huellas digitales y la verificación de la

información por la O.S.A.J.3 Así, pues, cuando International

prestó la fianza, el acusado llevaba tres meses encarcelado

en una institución penal y durante ese período el Estado no

se percató de que se trataba de una identidad falsa. Fue

precisamente en estos hechos que descansó la fiadora al

suscribir el contrato de fianza en nombre del acusado.

Adviértase, además, que no se trata de un mero error en

el nombre de la persona, sino de toda una identidad falsa,

incluyendo direcciones, fecha y lugar de nacimiento y número

de seguro social, herramientas esenciales para localizar a

una persona. En este caso, al utilizar dicha información,

International dio con el paradero del verdadero Javier De

Jesús Carrillo. De haber sido el acusado realmente Javier De

Jesús Carrillo, International habría cumplido con el deber de

garantizar su comparecencia. Se trata, sin embargo, de un

aparente robo de identidad en el que la persona acusada

asumió la identidad de otro, proveyó todos los documentos

corroborativos de ésta como si fueran suyos y logró burlar a

todas las partes involucradas en este proceso.

3 Cabe señalar que una de las funciones principales de dicha oficina es “recopilar y verificar información sobre el historial socioeconómico, escolaridad, empleo, residencia, lazos con la comunidad y cualquier otra información, incluyendo la adicción o dependencia del alcohol o sustancias controladas, que le sirva al tribunal de guía para determinar los medios para poner en libertad provisional a toda persona arrestada por imputársele la comisión de un delito.” 4 L.P.R.A. sec. 1304. CC-2008-846 19

En ese sentido, el Tribunal de Apelaciones concluyó que

la información y los datos contenidos en la denuncia y la

acusación –los cuales International entendió correctos- no

son garantía absoluta de su corrección, pues éstos podrían

ser modificados mediante la enmienda correspondiente. No

obstante, somos del criterio que lo anterior pierde de

perspectiva que no estamos ante un error en el nombre que

aparece en los referidos documentos, el cual ciertamente se

puede enmendar en cualquier momento, sino ante un fraude de

identidad que impidió a la fiadora cumplir con su deber.

En vista de estos hechos particulares, no podemos

exigirle a la fiadora que llevara a cabo gestiones

extraordinarias para detectar el fraude perpetrado previo a

otorgar el contrato de fianza, ni cuestionar la confianza en

los métodos de identificación y procesos de corroboración

utilizados por al menos cuatro entidades del Estado para

mantener al acusado en una institución penal aguardando su

día en corte. Por ello, entendemos que la fiadora fue

razonablemente diligente al tomar como cierta la

identificación realizada por el Estado.

En su sentencia, el Tribunal de Apelaciones expuso que la

fiadora “debió hacer un ejercicio razonable de solicitarle al

imputado una identificación con foto u otro medio de

identificación para asegurarse que era quien decía ser o

corroborara su verdadera identidad”. Sentencia del Tribunal

de Apelaciones, pág. 14. No obstante, debemos recalcar que,

en este caso, el acusado se encontraba confinado en una CC-2008-846 20

institución penal. Como es sabido, al ingresar a la cárcel,

los confinados son despojados de todas sus pertenencias,

incluyendo sus documentos de identificación, y éstas pasan a

la custodia del Estado. Es el Estado, entonces, quien provee

a la fiadora los mencionados documentos. En vista de ello,

las identificaciones con foto fueron provistas a

International y de éstas no se desprendía que fueran falsas o

correspondieran a una identidad robada. Si la diligencia

exigible en estos casos se limitara a verificar las tarjetas

de identificación, es evidente que ello, no sólo se cumplió,

sino que fue insuficiente para advertir el error en la

identidad del acusado.

En el caso de autos, el individuo que se hizo llamar

Javier De Jesús Carrillo incurrió en conducta que afectó los

intereses de todas las partes involucradas en el proceso. El

Estado vio afectado su interés y objetivo de enjuiciar a las

personas que cometen delitos, mientras que la fiadora puso en

riesgo una cantidad sustancial de dinero para garantizar un

deber imposible de cumplir. El mero hecho de que la fiadora

reciba una prima a cambio de prestar la fianza no es razón

suficiente para castigarle por las acciones de un acusado que

engañó a todos y evadió su responsabilidad ante el proceso

criminal instado en su contra. Ello, más aún, cuando la

fiadora descansó razonablemente en la información recopilada,

verificada y provista por el Estado, el cual, dicho sea de

paso, es la otra parte contratante. CC-2008-846 21

Las Reglas de Procedimiento Criminal no contemplan

expresamente la situación de invalidez del contrato de fianza

por fraude en la identidad del fiado como una situación que

exima al fiador de pagar la cantidad fijada. Sin embargo, y

según analizáramos anteriormente, la fianza en el contexto

del proceso penal no se presta en el vacío, sino que se

viabiliza a través de un contrato. Pueblo v. Colón, supra,

pág. 260. Es por esto que la doctrina general de contratos

en este caso nos obliga a concluir que el consentimiento

prestado por la fiadora estuvo viciado por el error en la

identidad del acusado. En vista de ello, y tras determinar

que el error fue excusable, no podemos sujetar a la compañía

de fianzas al cumplimiento de los términos de un acuerdo en

el cual no contaba con todos los elementos necesarios para

prestar su anuencia adecuadamente.4

4 A modo ilustrativo, consideramos prudente señalar que en algunas jurisdicciones de Estados Unidos se ha aceptado la falsedad o fraude en la identidad del fiado como una justificación válida para eximir a las fiadoras del pago de la fianza. Por ejemplo, en el estado de Georgia existe legislación que establece que los tribunales podrán, discrecionalmente, relevar de responsabilidad a un fiador cuando el fiado utilizó un nombre falso mientras estuvo encarcelado, excepto cuando el fiador sabía o debió haber sabido tal hecho, siempre que le demuestre al tribunal que actuó diligentemente. Véase O.C.G.A. sec. 17-6-31 (d)(2); R. Bozman, Criminal Procedure: Bonds and Recognizances: Release Surety from Liability at Discretion of the Court When the Principal Uses a False Name, 14 Ga. St. U.L. Rev. 106 (1997).

Asimismo, en Louisiana se resolvió que, en un caso en que el imputado proveyó el nombre de su hermano a las autoridades, la fiadora “reasonably relied on the information obtained by the Sheriff’s Office; thus, it should not be penalized because that information was erroneous”. State v. Turner, 893 So. 2d 900, 904 (2004). CC-2008-846 22

En el curso ordinario de sus negocios, International

otorgó su consentimiento para otorgar un contrato con el

Estado con el fin de prestar la fianza para garantizar la

comparecencia de Javier De Jesús Carrillo. No obstante, su

decisión de prestar la referida fianza estuvo basada en una

falsa representación en cuanto a la identidad de dicha

persona. Por consiguiente, resolvemos que en vista de que el

acusado estuvo bajo la custodia del Estado durante tres meses

y su identidad fue verificada y aceptada por varios

organismos gubernamentales –incluyendo aquellos cuya función

principal es corroborar la información personal de los

acusados-, International no incurrió en falta de diligencia

al identificar y fiar a Javier De Jesús Carrillo. Ello

constituyó un error excusable que vició su consentimiento al

momento de suscribir el contrato de fianza, por lo que éste

es nulo. En vista de lo anterior, no procede la confiscación

de la fianza ante la incomparecencia del acusado.

Ahora bien, aclaramos que lo resuelto en el día de hoy no

constituye –de forma alguna- una carta blanca a las fiadoras

para descansar ciegamente en la información recopilada por el

Estado y dejar de ejercer un esfuerzo diligente y razonable

para identificar adecuadamente a las personas cuya

____________________________ Otras jurisdicciones utilizan el criterio de la discreción judicial al momento de determinar si procede exonerar a un fiador de responsabilidad, aun cuando no se haya podido entregar al acusado al tribunal. Véanse, e.g., Fed. R. Crim. P., Rs. 46(f)(2)(B), 46(g); Colorado Revised Statues sec. 16- 4-112 (5)(h); Idaho Code sec. 19-2917, Idaho Crim. Rule 46 (e)(4); Utah Code Ann. sec. 77-20b-101 (4)(e); State v. Beck, 167 P.3d 788 (Idaho App. 2007); People v. Escalera, 121 P.3d 306 (Colo. App. 2005). CC-2008-846 23

comparecencia garantizan. Tampoco se debe considerar como

una norma absoluta que exima de responsabilidad a las

fiadoras en cualquier instancia en que resulte que el fiado

proveyó información falsa o cometió fraude de identidad. Los

tribunales deberán evaluar los hechos de cada caso para

determinar si la diligencia desplegada fue razonable a la luz

de la totalidad de las circunstancias.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la

sentencia del Tribunal de Apelaciones y la confiscación de la

fianza ordenada por el Tribunal de Primera Instancia.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora

Pabón Charneco emitió Opinión Disidente a la cual se unen los

Jueces Asociados señores Martínez Torres y Kolthoff

Caraballo.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

International Fidelity

Opinión disidente emitida por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco a la que se le une el Juez Asociado señor Martínez Torres y el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo.

Disiento de la Sentencia dictada por el

Tribunal respecto a la determinación de que no

procede la confiscación de la fianza por existir un

vicio en el consentimiento que invalidó el

contrato. Esto tras descubrirse que la identidad

que el acusado proveyó a las autoridades era falsa;

información en la que descansó la fiadora para

medir su riesgo. Discrepo por entender que, aunque

el error cometido es uno esencial o determinante

para la celebración del contrato, la fiadora no

desplegó la diligencia exigible a una persona

conocedora de este negocio ni cumplió con sus

obligaciones según dispuesto en las Reglas de CC-2008-846 2

Procedimiento Criminal pertinentes y las interpretaciones

provistas por este Tribunal.

I

El 13 de abril de 2007, un individuo identificado como

Javier De Jesús Carrillo fue intervenido y arrestado por

alegada violación al Artículo 401 de la Ley Núm. 4 de 23 de

junio de 1971, según enmendada, conocida como Ley de

Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. sec.

2401. Esta persona proveyó al agente del orden público una

licencia de conducir con foto y firma del estado de

California, una tarjeta de seguro social con su nombre,

número y firma, y una tarjeta de identificación del estado

de Nevada con foto y firma. Además, informó que residía en

un condominio ubicado en el área de Isla Verde. Cabe

apuntar que ninguno de los documentos presentados

corroboraba la dirección ofrecida verbalmente por el

acusado.

El 14 de abril de 2007, el Ministerio Público sometió

la denuncia a base de la información suministrada. Ese

mismo día fue celebrada la vista de determinación de causa

para arresto, en la que se determinó causa probable para el

mismo y se fijó una fianza por la suma de cien mil

($100,000) dólares. Conforme al proceso correspondiente, el

individuo fue entrevistado e investigado por un oficial de CC-2008-846 3

la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ).5

Al no poder prestar la cantidad impuesta, éste fue fichado

por la Oficina de Servicios Técnicos de la Policía y,

posteriormente, ingresado al Centro de Detención

Correccional de Bayamón.

El 23 de julio de 2007, International Fidelity

Insurance Company (International o “la fiadora”), prestó la

fianza correspondiente a favor del acusado tras descansar

en la información obtenida por el Estado. No obstante,

5 El procedimiento de evaluación e investigación de la información suministrada por los imputados es llevado conforme al Reglamento sobre procedimientos uniformes para la evaluación, recomendación de libertad provisional, supervisión y seguimiento de imputados de delito bajo la jurisdicción de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, Reglamento Núm. 5991, Departamento de Estado, 6 de julio de 1999. Éste incluye una entrevista inicial con un Oficial de la Unidad de Evaluación y Recomendación de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ) quien recoge la información demográfica ofrecida por el imputado y la verifica en los sistemas de información disponibles. Tal como expone el Artículo 6(c) de la Ley Núm. 177 de 12 de agosto de 1995, según enmendada, conocida como Ley de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, 4 L.P.R.A. sec. 1307, éstos incluyen el Sistema de Información de Justicia Criminal (SIJC), el National Crime Information Center (NCIC), el Vehicle and Driver Information System (VADIS/DAVID), la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT) y cualesquiera otros sistemas de información análogos. Una vez realizada dicha búsqueda, el Oficial cumplimenta el formulario Informe (que se nutre también de información provista por el imputado en una segunda entrevista) y que se somete con las debidas recomendaciones al tribunal luego de evaluar la información de acuerdo con los Criterios de Evaluación de Riesgo para Recomendaciones al Tribunal y supervisión por OSAJ. No obstante, no es hasta que el tribunal decreta la libertad provisional bajo la jurisdicción de la Oficina que ésta toma fotografías del liberado y las registra en el Registro de Cámara Instantánea. Además, le solicita al liberado en la denominada “entrevista social” ciertos documentos con el propósito de verificar sus datos personales. Éstos incluyen: cartas de recomendación de vecinos, amigos o familiares con dirección y teléfonos distintos, recibo reciente de luz, agua o teléfono, certificado de buena conducta, acta de nacimiento, entre otros. Es en esta etapa que las referencias y la información provistas por el liberado son, pues, verificadas por los recursos humanos de la Oficina, incluyendo la realización de las investigaciones de campo pertinentes. Esta información sirve para determinar los niveles de supervisión requeridos. Reglamento sobre procedimientos uniformes para la evaluación, recomendación de libertad provisional, supervisión y seguimiento de imputados de delito bajo la jurisdicción de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, supra, págs. 42-43, 54. CC-2008-846 4

éste no compareció al juicio en su fondo. Como

consecuencia, el tribunal emitió una orden de mostrar causa

por la cual no se debía confiscar la fianza, siendo

notificada ésta el 13 de agosto de 2007. En dicha fecha

International comenzó una investigación para dar con el

paradero del acusado. La fiadora, entonces, se percató de

que la identidad ofrecida por éste no concordaba con la del

verdadero Javier De Jesús Carrillo y lo comunicó al

tribunal.

En una segunda vista para mostrar causa – celebrada

el 13 de noviembre de 2007 luego de que la fiadora

solicitara tiempo adicional para localizar al fiado – el

tribunal consideró que no medió explicación satisfactoria

para el incumplimiento de las condiciones de la fianza por

lo que dictó sentencia sumaria contra la fiadora

confiscando el importe de la referida fianza. Ésta fue

notificada el 6 de diciembre de 2007.

Inconforme, International recurrió al Tribunal de

Apelaciones y tras la confirmación de la sentencia

recurrida por tal foro, acude ante nos.

II

En estrecha relación con la presunción de inocencia

que cobija a todo acusado, la Sección 11 del Artículo II de

la Constitución de Puerto Rico garantiza que: CC-2008-846 5

Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio.

La detención preventiva antes del juicio no excederá de seis meses. Las fianzas y las multas no serán excesivas. Art. II, Sec. 11, Const. P.R, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008, pág. 343.

En nuestro ordenamiento este derecho se hace efectivo

a través del contrato de fianza, sujeto a las exigencias de

las Reglas de Procedimiento Criminal, ya sea mediante el

reconocimiento de un fiador o por medio del depósito del

importe de la fianza por el acusado. No obstante, del

acusado no prestar la misma, el Estado lo mantendrá bajo su

custodia por un periodo que – por disposición

constitucional – no podrá exceder de los seis meses.

Sánchez Álvarez v. González, 78 D.P.R. 849 (1955).

El contrato de fianza criminal es uno sui generis

entre el fiador y el Estado por el que el Estado transfiere

la custodia del acusado al fiador y éste último se

compromete a garantizar la comparecencia del acusado

durante todo el procedimiento criminal seguido en su

contra. Pueblo v. Colón, 161 D.P.R. 254 (2004); Pueblo v.

Martínez Hernández, 158 D.P.R. 388 (2003); Pueblo v.

Newport Bonding & Surety Co., 145 D.P.R. 546 (1998). No

obstante, como todo contrato de fianza siempre hay tres

partes involucradas – acreedor, deudor-fiado y fiador – lo CC-2008-846 6

que da lugar a una serie de relaciones jurídicas entre

dichos sujetos que no pueden ser descartadas ligeramente.6

J. Alventosa del Río, La Fianza: Ámbito de Responsabilidad,

Granada, Ed. Comares, 1988, pág. 11.

En el contexto criminal, el contrato de fianza tiene

como objetivo asegurar la comparecencia de la persona

acusada ante el tribunal a todas las etapas del proceso

judicial. Regla 219 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A.

Ap. II, R.219. Es por tal motivo que la responsabilidad del

fiador no se limita a la prestación de la fianza. Como

parte de las particularidades del contrato de fianza

criminal, el fiador está obligado a tomar parte activa en

todo el proceso penal para estar al tanto del paradero del

imputado de delito y asegurar su sumisión al proceso

criminal pendiente. Pueblo v. Colón, supra, págs. 260-61;

Pueblo v. Martínez Hernández, supra. Esto presupone, por

tanto, un alto grado de diligencia de su parte,

particularmente en aquellos casos en los que la fiadora es

una corporación que se dedica lucrativamente a ese negocio.

Pueblo v. Colón, supra, pág. 266.

6 “Es normal que el contrato de fianza se celebre entre el acreedor de otro y el fiador, por ser las partes acreedora y deudora en la relación accesoria de fianza. Sin embargo, la razón o causa determinante de que alguien se obligue a pagar una deuda ajena está en la relación que media entre el fiador y el deudor principal, que deberá calificarse en cada caso según su propia naturaleza […], con independencia de la relación de fianza que es la existente entre acreedor y fiador”. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 3ra. ed. Barcelona, Ed. Bosch, 1988, Tomo II, vol. I pág. 596. CC-2008-846 7

Toda vez que la custodia del acusado ha sido

transferida al fiador, la incomparecencia del custodio ante

el tribunal representa el incumplimiento del fiador de sus

obligaciones. Pueblo v. Colón, supra. Por dicho

incumplimiento deberá responder con la garantía ofrecida

según el procedimiento de confiscación de fianza

establecido en la Regla 227(a) de Procedimiento Criminal,

supra, R. 227(a). Dicho precepto dispone que de no mediar

una explicación satisfactoria para el incumplimiento, el

tribunal procederá a dictar una sentencia sumaria contra

los fiadores y confiscará el importe de la fianza.

III

En el caso de autos, la fiadora aduce que medio vicio

en su consentimiento por error y que éste conlleva la

anulabilidad del contrato. Esto porque confió en la

identificación provista por el Estado que mediante varias

de sus instituciones intervino, entrevistó y mantuvo la

custodia del individuo bajo una identidad falsa. Apunta,

además, que le es imposible ubicar y arrestar al acusado

debido al error de identidad cometido por la “crasa falta

de diligencia” del Estado que le “indujo a error”

haciéndola entrar a un contrato bajo falsa creencia. Por

tanto, procedemos a profundizar en el estudio del vicio en

el consentimiento por error y su aplicación en el contrato

de fianza. CC-2008-846 8

Todo contrato requiere del consentimiento de los

contratantes, de un objeto cierto que sea materia del

contrato y de causa. 31 L.P.R.A. sec. 3391. A tenor con

estos requisitos, el Artículo 1217 del Código Civil expone

que “[s]erá nulo el consentimiento prestado por error,

violencia, intimidación o dolo”. 31 L.P.R.A. sec. 3404. En

particular, el error como vicio en el consentimiento ocurre

cuando, “la ignorancia o una falsa información ha inducido

al declarante a decidir algo que no es lo que realmente le

hubiese interesado”. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho

Civil, supra, pág. 81. No obstante, no todo error invalida

el consentimiento y, por consiguiente, el contrato.

Nuestro ordenamiento requiere, en lo pertinente, que éste

recaiga:

…sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo.

El error sobre la persona sólo invalidará el contrato cuando la consideración a ella hubiere sido la causa principal del mismo.

El simple error de cuenta sólo dará lugar a su corrección. 31 L.P.R.A. sec. 3405.

Cónsono con lo anterior, el error como causa de

invalidación del contrato es excepcional por presumirse la CC-2008-846 9

validez del contrato y del consentimiento. Por tanto, quien

invoca el error tiene la carga de probarlo. Capó Caballero

v. Ramos, 83 D.P.R. 650, 673 (1961); L. Díez-Picazo,

Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, 6ta ed. Madrid,

Ed. Thomson/Civitas, 2007, pág. 209; J.R. Vélez Torres,

Curso de Derecho Civil: Derecho de Contratos, San Juan,

Revista Jurídica de la Universidad Interamericana de Puerto

Rico, 1990, pág. 53. Asimismo, y conforme nos hemos

expresado en distintas ocasiones, para que éste anule un

negocio jurídico, se requiere principalmente que el error

sea uno esencial y excusable. Capó Caballero v. Ramos,

supra, pág. 673; Díez-Picazo, op. cit., pág. 213.

A. Error esencial

El error –sobre la sustancia de la cosa que fuere

objeto del contrato o sobre aquellas condiciones de la

misma– es esencial cuando fue determinante para la

celebración del negocio por la parte contratante que lo

alega. Coop. La Sagrada Familia v. Castillo, 107 D.P.R. 405

(1978). El error esencial incluye el error en la identidad,

la materia o las cualidades esenciales de la cosa, siempre

y cuando, éstas fueran especialmente tenidas en cuenta.

Puig Brutau, op. cit., pág. 85. A esos efectos, lo

importante es que el tribunal quede convencido de que del

contratante haber conocido su error, éste no hubiese

celebrado el contrato. Coop. La Sagrada Familia v.

Castillo, supra. Asimismo, hemos expresado que “la CC-2008-846 10

apreciación de la esencialidad del error requiere prueba y

constancia del nexo que en cada caso tenga aquél con los

fines y objeto que las partes hayan perseguido y tenido en

cuenta al contratar”. Coop. La Sagrada Familia v.

Castillo, supra.

B. Error excusable

Por otro lado, es preciso que el error sea excusable,

esto es que derive de actos desconocidos del obligado sin

que tal desconocimiento haya podido ser evitado con mediana

prudencia o diligencia, que no sea imputable al que lo

sufre. Capó Caballero v. Ramos, supra; Díez-Picazo, op.

cit., pág. 215. En Capó Caballero v. Ramos, supra, citando

con aprobación las manifestaciones del Tribunal Supremo de

España expresamos que “es mucho menos admisible el error

«cuando quienes contratan son personas peritas o

conocedoras del respectivo negocio»”. Id., pág. 677.

Respecto a diligencia exigible y la distribución de

las cargas precontractuales de información entre las

partes, Díez-Picazo expresa que:

…cada parte debe informarse de las circunstancias y condiciones que son esenciales o relevantes para ella, desde luego en los casos en que tal información le es fácilmente accesible. La diligencia se aprecia, además, teniendo en cuenta las condiciones de las personas. Es exigible mayor diligencia cuando se trata de un profesional o de un experto. La diligencia exigible es, por el contrario, menor, cuando se trata de persona inexperta que entre en CC-2008-846 11

negociaciones con un experto. Díez-Picazo, op. cit., pág. 216.

Por tanto, cada parte contratante tiene el deber de

informarse. No obstante, esto no limita el análisis de los

tribunales sobre la diligencia y conducta de la otra parte

contratante.

IV

En el caso de autos, el acusado proveyó una identidad

falsa a las autoridades y actuó en todo momento bajo tal

identidad, incluso durante el periodo en el que estuvo bajo

la custodia del Estado. El Estado utilizó los mecanismos

acostumbrados y requeridos para corroborar la información y

no advirtió la falsedad. Posteriormente, International,

compañía experta en este tipo de transacciones, prestó una

fianza por la cantidad de cien mil dólares ($100,000.00) en

efectivo como garantía de la comparecencia del acusado tras

haber confiado en la identidad provista por el Estado. Por

tal motivo, se le transfirió a la fiadora su custodia.

No nos cabe duda de que el engaño cometido por el

individuo lesiona tanto los intereses del Estado, que quedó

imposibilitado de procesarlo criminalmente, como los

intereses económicos de la compañía fiadora. No obstante,

considerando el conflicto de intereses existente entre

ambas partes y conforme a la jurisprudencia y la doctrina CC-2008-846 12

antes descritas, debemos examinar si el error que aduce la

fiadora fue uno esencial; cuál es la diligencia debida por

la fiadora, y si conlleva la excusabilidad de dicho error.

El objeto del contrato de fianza suscrito por

International era garantizar la presentación ante el

tribunal del individuo que usurpó la identidad del señor

Javier De Jesús Carrillo. Estamos contestes con la

determinación de que hubo error esencial respecto al objeto

del contrato. Entendemos que de la fiadora haber conocido

que no estaba garantizando al verdadero señor De Jesús, no

hubiese celebrado el mismo porque al cambiar la identidad

del sujeto cuya presencia garantizaba, los elementos a

considerar para medir su riesgo se trastocaban totalmente.

No obstante, éste no es el único criterio para conceder la

anulación del contrato de fianza. El error, además de ser

esencial, debe ser excusable.

Para que un error en la formación de un contrato sea

excusable, la parte contratante que aduce el error tiene el

deber de informarse de forma diligente. Como discutiéramos

anteriormente, tal deber recae sobre ambas partes.

De los hechos del caso surge que el Estado realizó la

investigación correspondiente al proceso criminal en contra

del fiado. Lamentablemente, a pesar de su gestión, no pudo CC-2008-846 13

descubrir la falsedad de la información suministrada por el

acusado. Sin embargo, aunque el Estado no logró percatarse

de que el acusado había falsificado su identidad, su

actuación reflejó la diligencia debida. En lo concerniente

a la evaluación e investigación llevadas a cabo por OSAJ,

dicha Oficina utiliza unos sistemas de información para

verificar la información provista. A tenor con en el

Reglamento sobre procedimientos uniformes para la

evaluación, recomendación de libertad provisional,

supervisión y seguimiento de imputados de delito bajo la

jurisdicción de la Oficina de Servicios con Antelación al

Juicio, Reglamento Núm. 5991, Departamento de Estado, 6 de

julio de 1999, es ya cuando el tribunal decreta la libertad

provisional del individuo bajo la jurisdicción de OSAJ que

ésta corrobora – por medio de mecanismos adicionales e

inclusive mediante investigaciones de campo - la

información proporcionada, así como las recomendaciones y

otros documentos posteriormente solicitados con el

propósito de verificar datos personales y así determinar

los niveles de supervisión requeridos para cada individuo.

Por otro lado, la fiadora simplemente descansó en la

información provista por el Estado, particularmente en la

denuncia, sin realizar una investigación independiente que

satisficiera sus necesidades como negocio y asumió la

custodia y el riesgo por la incomparecencia del acusado.

La confianza que pudiera suscitarle la denuncia, documento CC-2008-846 14

que puede ser enmendado por defectos de forma como defectos

sustanciales, no le exime de la diligencia que le es

exigible como perita. Reglas 38(a) y 38(b) de Procedimiento

Criminal, supra, Reglas 38(a) y 38(b).

Todos los argumentos presentados por la fiadora, y

avalados por la Sentencia, imponen sobre el Estado el peso

de la corroboración de la identidad del acusado.

Erróneamente, ésta arguye que en un contrato de fianza el

Estado asume la responsabilidad contractual de identificar

al imputado, sin necesidad de ésta verificarla, mientras

que ella solamente se obliga a fiar y garantizar la

comparecencia del fiado. Toma, por tanto, el riesgo de la

incomparecencia a base de dicha información. Esto porque no

es parte de la pericia requerida a este tipo de compañías

la identificación de a quien fía tales sumas. No podemos

avalar tales argumentos.

Precisamente, si la obligación de la fiadora consiste

en fiar y garantizar la comparecencia del fiado, entonces

para cumplir satisfactoriamente con esa obligación,

consustancialmente, debe procurar, cuando menos, constatar

la identidad del fiado. Lo anterior no requiere de una

constatación empírica con bases científicas. Basta con

llevar a cabo aquella gestión razonable que le permita

asegurarse de que el fiado es quién dice ser. ¿Cómo una

compañía fiadora puede prestar una fianza de una cantidad CC-2008-846 15

sustancial de dinero sin siquiera constatar la identidad

del fiado, máximo, cuando la información que le

proporcionan a la fiadora antes de tomar su decisión de

afianzar al acusado, denota, prima facie, la posibilidad de

que el candidato a fianza haya falsificado su identidad o

que pueda evadir la jurisdicción estatal?7 Los argumentos

de la fiadora, no sólo desconocen las distintas relaciones

jurídicas existentes de un contrato de fianza, sino que

ignoran el deber de informarse que tienen las partes

contratantes y escudan la falta de diligencia de la fiadora

tras la supuesta crasa falta de diligencia de la otra parte

Cabe señalar que a una compañía fiadora se le exige

mayor diligencia por su condición de experta en la materia

objeto de contrato que a una persona sin conocimiento de la

misma. Como expresáramos en Pueblo v. Martínez Hernández,

supra, pág. 400, n. 10, las compañías fiadoras “[p]reviendo

la eventualidad de tener que pagar en caso de

incomparecencia del fiado, […] le exigen [al fiado] el pago

de primas y el otorgamiento de garantías colaterales para

7 Como parte de la información a la que tuvo acceso la fiadora antes de tomar su decisión de afianzar al acusado, pudo inspeccionar dos tarjetas de identificación aparentemente emitidas por dos estados de los Estados Unidos con distintas direcciones, así como una tercera dirección en Puerto Rico ofrecida verbalmente por el acusado. Podemos razonablemente inferir que fue por esta misma falta de nexos con la comunidad, evidenciada por documentos de otros estados, que OSAJ no le ofreció a éste otros de sus servicios. CC-2008-846 16

cubrir el monto de la fianza, de manera que su riesgo quede

asegurado.” Por tanto, no es un negocio que se realice sin

las debidas salvaguardas y menos ante una suma tan

considerable.

Por tanto, somos de opinión que no es suficientemente

diligente una fiadora que descarga su responsabilidad de

revisar datos esenciales para la formación del contrato de

fianza en el Estado. Sostener lo contrario, le impondría la

responsabilidad absoluta al Estado (es decir, a una de las

partes contratantes) de asegurarse que la información sobre

el potencial fiado sea correcta. Tal contención,

refrendaría hasta la más absurda indolencia del ente fiador

en procurar la corroboración de la información suministrada

por el Estado sobre el candidato a ser fiado. Ese proceder

no sería justo. Por eso, somos del parecer, que aunque el

elemento bajo el que recayó el error era uno esencial -

determinante para la celebración del negocio – éste no es

un error excusable debido a la falta de diligencia exigible

a una corporación que se dedica lucrativamente a ese

negocio.

La Sentencia señala que lo que resuelve no autoriza a

las fiadoras a no “ejercer un esfuerzo diligente y

razonable para identificar adecuadamente a las personas

cuya comparecencia garantizan” ni a que se interprete como

“norma absoluta que exima de responsabilidad a las fiadoras CC-2008-846 17

en cualquier instancia en que resulte que el fiado proveyó

información falsa o cometió fraude de identidad”. No

obstante, es un contrasentido que no le exija tal esfuerzo

a International y determine que no procede la confiscación

de la fianza por ésta haber descansado tanto en la

identificación – según los mecanismos disponibles – del

Estado, como en que el acusado estuviera bajo su custodia

por tres meses. Es decir, si este no es el caso apropiado

para resolver que la fiadora no puede ser eximida de

responsabilidad al no ejercer un grado mínimo de diligencia

para constatar que el fiado proveyó información falsa sobre

su identidad, entonces nos preguntamos ¿cuál será ese caso?

¿Hasta dónde habrá de extenderse la desidia de la fiadora

para resolver que su omisión fue inexcusable? Además, la

Sentencia tiene el efecto de descargar totalmente sobre el

Estado el deber de informarse que ambos contratantes se

supone compartan como parte de la diligencia debida en la

formación de todo contrato.

De forma alguna deseamos que se interprete que todo el

peso sobre la identidad del fiador recae en la fiadora

simplemente porque ésta deriva lucro de dicho negocio.

Somos conscientes de que una fiadora diligente puede no

percatarse de este tipo de error como le sucedió al Estado.

No obstante, la fiadora debe demostrar actuaciones

diligentes que sean, a su vez, evaluadas al tenor con los CC-2008-846 18

hechos de cada caso. Éstas no están presentes en el caso

de autos.

De los hechos y admisiones de International surge que

ésta no llevó a cabo ninguna averiguación independiente de

la información suministrada, esencial para el contrato, y

por la que asumió un riesgo por la suma de cien mil dólares

($100,000). Asimismo, se desentendió del imputado hasta

que el Tribunal de Primera Instancia le notificó una Orden

para Mostrar Causa ante la incomparecencia del individuo al

juicio en su fondo, fecha en que la fiadora admite que

comenzó su investigación para dar con su paradero y por la

que se enteró de que la identidad suministrada por éste era

falsa. La investigación que realizó la fiadora en este caso

luego de su incumplimiento, que incluyó la visita a la

residencia informada por el acusado y por la que se

enterara de la falsa identidad provista, no puede

considerarse como una gestión extraordinaria. Esto máxime

cuando la fiadora decidió no corroborar previamente la

dirección de la residencia en Puerto Rico a pesar de haber

tenido acceso a esta información y cuando solamente contaba

con dos identificaciones vigentes del acusado - que fueran

supuestamente expedidas por los estados de Nevada y

California y en las que aparecían direcciones del acusado

en ambos estados. Ante este cuadro somos de opinión que la

gestión mínima que podía realizar la compañía fiadora era

verificar la dirección provista por el acusado dada la CC-2008-846 19

inexistencia de una identificación que contara con una

dirección física en Puerto Rico.

Ahora, sin embargo, ésta solicita que se le exonere

del cumplimiento de su obligación puesto que prestó tal

fianza confiando en la información provista por el Estado

en la denuncia que, según alega, tiene el deber contractual

de identificar al fiado.

El error en la formación del contrato pudo haberse

evitado por el ejercicio de una diligencia razonable a la

hora de contratar sus servicios. La fiadora, que se lucra

por la asunción del riesgo de la no comparecencia de los

acusados al sustituir al Estado, asumió un riesgo y

solicitó la custodia del acusado, quien de otra forma

hubiese permanecido bajo la custodia del Estado dentro de

los límites constitucionales. No podemos sancionar el que

el Estado asuma este riesgo por la falta de diligencia de

la fiadora, particularmente cuando se presume que ésta es

experta en la materia. Es por su condición de experta que

ésta determina los riesgos que toma, así como los medios e

información que utiliza para evaluarlos. En este caso

erróneamente descansó en el supuesto de que no le

corresponde contractualmente identificar ni investigar a

quién fiaba. Asimismo, International expresó que luego de

haber evaluado la información provista por el Estado, CC-2008-846 20

consideró que ésta era razonablemente confiable para

prestar dicha fianza.

Sería ingenuo de nuestra parte liberar del pago de la

fianza a una compañía especialista en la materia que fía a

un individuo por semejante cantidad en las circunstancias

antes descritas. Tal proceder podría tener efectos nocivos

en los contratos de fianza criminal, pudiendo prestarse

para un uso inescrupuloso que, además, impone al Estado

todas las consecuencias. Al fin y al cabo, nuestra postura

es cónsona con el raciocinio lógico e inteligible de que

para cumplir con determinada obligación, es preciso

realizar ciertos actos para lograr su consecución.

En esencia, estamos contestes con la Sentencia dictada

con relación a que el error en la identidad del acusado es

uno de carácter esencial o sustancial en la formación del

contrato de fianza. No obstante, disentimos por entender

que el error sufrido en el caso de autos no es uno

excusable. La fiadora no demostró ni un mínimo de

diligencia al momento de su formación. Por tanto,

concluimos que tal error no anula el referido contrato.

V

Por los argumentos antes expresados, disiento

respetuosamente de la Sentencia emitida por el Tribunal.

El Tribunal de Apelaciones actuó correctamente al confirmar CC-2008-846 21

la sentencia de confiscación de la fianza. No se puede

responsabilizar al Estado por un riesgo asumido por la

aseguradora.

Mildred G. Pabón Charneco Jueza Asociada