Pérez Rodríguez v. López Rodríguez Y Otros

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: July 12, 2022
• Docket: CC-2020-157
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Melissa Pérez Rodríguez

Peticionaria Certiorari v. 2022 TSPR 95 Sasha Marie López Rodríguez; Jaso J. Ramos López; Luis Antonio Negrón 209 DPR ____ Romero, por sí y en representación del menor E.N.L.

Recurridos

Número del Caso: CC-2020-157

Fecha: 12 de julio de 2022

Tribunal de Apelaciones:

Panel VIII

Abogados de la parte peticionaria:

Lcda. Glenda Labadie Jackson Lcdo. Ismael García Ortega Lcdo. Paul Rodríguez Vélez

Abogadas de los recurridos:

Lcda. Blanca Sáez Ortiz Lcda. Angel E. Vega Ramos Lcda. Esperanza Buxó Castro

Materia: Derecho de Familia – Reconocimiento voluntario materno es el mecanismo disponible para establecer la filiación materna de menores gestados mediante técnicas de subrogación tradicional.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Peticionaria

v. CC-2020-0157 Sasha Marie López Rodríguez; Jason J. Ramos López; Luis Antonio Negrón Romero, por sí y en representación del menor E.N.L.

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Martínez Torres

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de julio de 2022.

En RPR & BJJ Ex parte, infra, resolvimos que el

reconocimiento voluntario es el mecanismo para

establecer la filiación materna de menores gestados

mediante técnicas de subrogación gestacional. Cónsono

con esto, ahora resolvemos que ese mecanismo está

disponible, igualmente, para la subrogación

tradicional. En este caso, por sus particularidades,

el procedimiento judicial que validó el

reconocimiento voluntario efectuado fue el mecanismo

idóneo para la inscripción registral de un menor

nacido por subrogación tradicional.

I

A. Trámite procesal inicial del pleito

El Sr. Luis Negrón Romero y la Sra. Melissa Pérez CC-2020-0157 2

Rodríguez (matrimonio Negrón-Pérez), casados entre sí,

puertorriqueños y residentes en el estado de Florida, estaban

imposibilitados de procrear por razón de una histerectomía

total (remoción de órganos reproductivos) que se le realizó a

la señora Pérez Rodríguez. Ante el deseo de la pareja de tener

hijos, la hermana de vínculo sencillo por vía materna de la

señora Pérez Rodríguez, la Sra. Sasha López Rodríguez, les

planteó la posibilidad de gestar una criatura para ellos. La

señora López Rodríguez, quien está casada con el Sr. Jason J.

Ramos López (matrimonio Ramos-López), ofreció someterse a un

procedimiento de reproducción asistida de maternidad

subrogada tradicional.

Así las cosas, el 30 de septiembre de 2015 la señora

López Rodríguez suscribió un documento titulado

Consentimiento, exoneración y relevo de responsabilidad por

donante para el uso de sus óvulos. Ap. del certiorari, pág.

687. En este, accedió a que le extrajeran sus óvulos para que

luego de fertilizados, se transfirieran a su útero, con el

propósito de engendrar en ella una criatura. Además de prestar

su consentimiento para someterse a los procesos médicos de

rigor para la extracción y donación de óvulos, el documento

consignaba la siguiente renuncia de derechos de la donante:

Renuncia de Derechos de la DONANTE – Por la presente para siempre renuncio a todo y/o cualquier derecho legal, moral, filosófico, patrimonial, filial, de custodia, sentimental, emocional, y/o Divino que pudiese tener sobre las MUESTRAS y/o sobre la criatura humana que tales MUESTRAS pudiesen engendrar en el futuro y, por ende, por y para siempre renuncio reclamar tales posibles derechos, tanto contra el EQUIPO IN- VITRO, así como contra los últimos usuarios de CC-2020-0157 3

las MUESTRAS. Renuncio además a jamás requerir la identidad de la DONATARIA en quien se utilizarán las MUESTRAS, ni la identidad de los últimos usuarios de las MUESTRAS, si la DONATARIA ha expresado mantener su identidad confidencial y secreta de toda persona. Íd., pág. 688

Una vez realizada la extracción de los óvulos, el

matrimonio Negrón-Pérez firmó un Consentimiento para

fertilización in-vitro, en el que dispuso que mediante un

proceso de fertilización in vitro, se fusionarían los

gametos masculinos del señor Negrón Romero con los óvulos

donados por la señora López Rodríguez. Este documento lo

firmó la señora López Rodríguez en calidad de testigo.

Posteriormente, la señora López Rodríguez suscribió un

recipiente de embriones, gestadora o madre subrogada

tradicional, en el que accedió a que la sometieran a

tratamientos médicos con el propósito de salir embarazada

y gestar una criatura para otra persona. Los esposos Negrón-

Pérez firmaron este documento como padres intencionales. En

este, se reiteró el propósito de que la criatura fuera

engendrada con espermatozoides del señor Negrón Romero y

los óvulos de la señora López Rodríguez (quien también lo

gestaría en su vientre) para ser reconocido y entregado al

matrimonio Negrón-Pérez.

El inciso G del documento establecía que “[e]s un

consentimiento médico y no pretende ser un acuerdo legal

entre la MADRE SUBROGADA TRADICIONAL y/o GESTADORA, y el

PADRE y la MADRE INTENCIONAL.” Ap. del certiorari, pág. CC-2020-0157 4

690. Ahora bien, en el último párrafo del documento se

expresó que la madre subrogada tradicional renunciaba a

[t]odo y/o cualquier derecho legal, moral, filosófico, patrimonial, filial, de custodia, sentimental, emocional y/o Divino que pudiese tener sobre los embriones o las criaturas humanas engendradas y/o nacidas y, por ende, renuncio para siempre [a] reclamar tales posibles derechos, tanto contra el EQUIPO IN-VITRO, as[í] como contra los PADRES INTENCIONALES”. Íd., pág. 691.

Luego del procedimiento de reproducción asistida, el

menor E.N. nació el 29 de junio de 2016. Este fue entregado

al matrimonio Negrón-Pérez y permaneció bajo su custodia

con el consentimiento de todas las partes. Días después, el

matrimonio Negrón-Pérez suscribió una declaración jurada en

la que ambos reconocieron voluntariamente al menor E.N.

como hijo suyo. Entre otras cosas, expresaron:

[…]3. Esta declaración jurada es una expresa fidedigna que reconoce con la firme voluntad de realizarlo, de forma auténtica y fehaciente, el reconocimiento de [E.N.] como nuestro hijo, al que hemos tenido bajo nuestra protección y cuidado desde su nacimiento y al que reconocemos como nuestro hijo natural. […] 5. Que hacemos este reconocimiento de forma voluntaria como lo dispone el Código Civil de Puerto Rico, según enmendado, en su Artículo 125 (31 LPRA sec. 504); Ramos v. Rosario, 67 D.P.R. 683 (1947). Íd., pág. 692

Posteriormente, el matrimonio Negrón-Pérez acudió al

Registro Demográfico y solicitó que se inscribiera al menor

E.N. como su hijo con los apellidos Negrón Pérez. Sin

embargo, la entonces directora del Registro Demográfico

concluyó que solamente era válido el reconocimiento

voluntario paterno. Expresó que la declaración jurada no CC-2020-0157 5

era suficiente para que se perfeccionara el reconocimiento

voluntario materno. Por tal motivo, procedió a inscribir al

menor con los dos apellidos del padre.

Inconforme, el matrimonio Negrón-Pérez instó ante el

Tribunal de Primera Instancia una Petición urgente de

mandamus en la que solicitaron que se ordenara al Registro

Demográfico a inscribir al menor con los apellidos de ambos.

Por su parte, el Estado presentó una Moción de desestimación

en la que alegó que el Registro Demográfico se encontraba

impedido de inscribir al menor según la petición y que no

había un deber ministerial que cumplir. Por tanto, adujo

que el mandamus no era el remedio adecuado. Se basó en que

en Puerto Rico no existía regulación sobre la maternidad

subrogada. Sin embargo, puntualizó que si se llevaban a

cabo actos conducentes a la adopción del menor por parte de

la señora Pérez Rodríguez, podían obtener un certificado de

nacimiento del que surgieran como padres tanto ella como su

esposo.

Entonces, el foro primario celebró una vista en la que

comparecieron los matrimonios Negrón-Pérez y Ramos-López.

Estos últimos intervinieron en calidad de testigos y

declararon sobre el acuerdo entre las partes. Así, bajo

juramento, la señora López Rodríguez expresó que su

intención siempre fue y continuaba siendo, que el menor

pasara a ser hijo del matrimonio Negrón-Pérez. Además,

sostuvo que nunca tuvo, ni tenía la intención de hacerse CC-2020-0157 6

cargo de la custodia del menor, ni de ser reconocida como

su madre jurídica, pues lo consideraba su sobrino.

Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia ordenó

al Registro Demográfico a aceptar el reconocimiento

voluntario de la señora Pérez Rodríguez como la madre del

menor, e inscribir al menor con los apellidos de ambos

padres intencionales. En desacuerdo, la Oficina del

Procurador General presentó un recurso apelativo ante el

Tribunal de Apelaciones. Expresó que el único remedio que

tenía la señora Pérez Rodríguez era la adopción.

El matrimonio Negrón-Pérez se opuso. Sin embargo,

mientras el trámite apelativo se encontraba pendiente, el

matrimonio Negrón-Pérez, que residía en el estado de

Florida, comenzó a atravesar problemas matrimoniales que

culminaron en un divorcio. Entonces, el señor Negrón

Romero, sin el consentimiento de la señora Pérez Rodríguez,

extrajo al menor E.N. de la jurisdicción de Florida y lo

trasladó a Puerto Rico. Como consecuencia, surgieron

controversias en torno a la custodia del menor que fueron

atendidas por un tribunal en el estado de Florida.

Sucesivamente, mientras se encontraba pendiente el

trámite apelativo, la señora López Rodríguez presentó una

Urgente Solicitud de Intervención por ser la madre

biológica del menor. Adujo que tenía un genuino interés en

el asunto objeto del litigio y que se oponía a la

inscripción ordenada, por entender que el Registro

Demográfico actuó conforme a nuestro ordenamiento jurídico, CC-2020-0157 7

al denegar la inscripción de una mujer que no es la madre

biológica del menor. Asimismo, distinto a lo testificado en

la vista de mandamus, adujo que fue coaccionada por la

señora Pérez Rodríguez para que renunciara al menor, por lo

que solicitó la revocación del dictamen impugnado.

De igual forma, el señor Negrón Romero presentó una

solicitud de desistimiento de la reclamación pendiente.

Indicó que adoptaba en su totalidad la posición del Estado

y solicitó la revocación de la sentencia del Tribunal de

Primera Instancia. Así, sostuvo que era incorrecto

inscribir al menor como hijo de la señora Pérez Rodríguez,

ya que ella no es la madre biológica del menor. No obstante,

esta solicitud fue denegada.

Entonces, el Tribunal de Apelaciones revocó la

determinación del foro primario. Fundamentó su decisión en

que procedía la desestimación del pleito, sin perjuicio,

por falta de parte indispensable, pues no se incluyeron

como partes a la señora López Rodríguez ni a su esposo,

sino que estos comparecieron en calidad de testigos.

Inconforme, la señora Pérez Rodríguez acudió ante este

Tribunal para que revisara esa determinación, pero

denegamos el recurso.

B. Tracto procesal de este recurso

El 25 de enero de 2017, el señor Negrón Romero y la

señora López Rodríguez demandaron a la señora Pérez

Rodríguez ante el Tribunal de Primera Instancia.

Solicitaron que se privara a esta última de la custodia del CC-2020-0157 8

menor. De igual forma, acudieron al Registro Demográfico

para que el menor fuera inscrito como hijo de la señora

López Rodríguez, su madre biológica. Entonces, el Registro

Demográfico expidió un certificado de nacimiento para el

menor E.N., en el que la señora López Rodríguez figuraba

como madre.

Más tarde, el señor Negrón Romero junto a la señora

López Rodríguez (madre biológica), instaron una petición de

custodia compartida por estipulación, que les fue

adjudicada según solicitada. En desacuerdo, la señora Pérez

Rodríguez (madre intencional) presentó una moción de relevo

de sentencia que fue declarada no ha lugar. Por otro lado,

el tribunal de Florida se declaró sin jurisdicción para

considerar la controversia de filiación y custodia del

menor E.N.

A raíz de lo anterior, la señora Pérez Rodríguez instó

una Demanda de sentencia declaratoria y petición urgente de

remedio provisional contra la señora López Rodríguez y los

señores Ramos López y Negrón Romero. Esto tenía el fin de

que se le reconocieran sus derechos como madre intencional.

En la demanda, impugnó la determinación del Registro

Demográfico que le vedaba de la posibilidad de reconocer

voluntariamente al menor E.N. Alegó que esta decisión

estaba basada exclusivamente en su sexo y por tanto era

inconstitucional. Así, expresó que el Art. 113 del Código

Civil de 1930, 31 LPRA sec. 461, entonces vigente, era

inconstitucional porque, a su entender, contemplaba que un CC-2020-0157 9

hombre reconociera como hijo a un menor, a sabiendas de que

no es su hijo biológico y, sin embargo, le negaba esa

posibilidad a una mujer. Además, indicó que no estaba en

controversia la capacidad legal de la señora López

Rodríguez y que esta nunca quiso que se le asignara la

filiación materna. Además, arguyó que las declaraciones

juradas prestadas eran suficientes para que se validara su

reconocimiento voluntario en el Registro Demográfico.

Finalmente, suplicó que se rectificara el certificado de

nacimiento del menor -donde figuraba el apellido de la madre

biológica (señora López Rodríguez)- para que reflejara su

apellido y que se tomaran las medidas necesarias para

iniciar la transferencia de la custodia.

Entretanto, el Estado, en representación del Registro

Demográfico, compareció de manera especial al amparo de la

Regla 21.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, toda vez

que, en la acción civil, la peticionaria impugnó la

constitucionalidad de una disposición del entonces vigente

Código Civil de 1930. La Oficina del Procurador General

instó al tribunal a autolimitar su intervención y a evadir

la cuestión constitucional, pues, según su parecer, la

legislación del Registro Demográfico bastaba para la

resolución de la controversia. Planteó que el estado de

derecho permite que una mujer reconozca voluntariamente a

un menor y que así se inscriba en el Registro Demográfico,

al presentar la documentación requerida, tal como una

declaración jurada. CC-2020-0157 10

En su contestación a la demanda, la señora López

Rodríguez aceptó que su intención inicial era ceder la

criatura como hijo del entonces matrimonio Negrón-Pérez.

Sin embargo, narró que la señora Pérez Rodríguez cambió su

conducta y suspendió todo tipo de comunicación con ella.

Indicó que reconoció al menor E.N. porque era su derecho

como madre biológica. Como defensa afirmativa, expresó que

el acuerdo que invocó la señora Pérez Rodríguez era inmoral

y contrario al bien público.

Por su parte, el señor Negrón Romero adujo que los

documentos suscritos eran únicamente consentimientos

médicos y que no constituían un compromiso de entrega del

menor. Expuso que la acción de su exesposa, la señora Pérez

Rodríguez, madre intencional de la criatura, era cosa

juzgada y planteó que esta carecía de legitimación activa

ya que no cumplía con lo dispuesto en los Arts. 113 y 115

del entonces vigente Código Civil de 1930, 31 LPRA secs.

461 y 463.

Más adelante, la señora Pérez Rodríguez (madre

intencional) presentó una Moción de Sentencia Sumaria y

solicitó que el caso se resolviera según la postura que el

Estado presentó. En síntesis, planteó que según el Art. 31

de la Ley del Registro Demográfico, infra, una mujer puede

reconocer voluntariamente a un menor por medio de una

declaración jurada y que esto era suficiente para proceder

con la inscripción. Explicó que tan pronto reconoció al

menor, mediante declaración jurada, se convirtió, para CC-2020-0157 11

todos los fines legales pertinentes, en su madre jurídica.

Por ende, adujo que el funcionario del Registro Demográfico

no tenía discreción para negarse a inscribir su

reconocimiento voluntario.

Por su parte, la señora López Rodríguez (madre

biológica) manifestó que nunca se negó a reconocer al menor

y que tampoco fue orientada sobre el proceso de inscripción

que los exesposos llevaron a cabo. El señor Negrón Romero

afirmó que dada la conducta de la señora Pérez Rodríguez

(madre intencional), en alegada contravención a los

intereses del menor, apoyó la determinación de la señora

López Rodríguez de desistir a la renuncia de los derechos

que ostentaba. Así pues, decidió ejercer sus derechos de

patria potestad y custodia compartida junto a la madre

biológica y gestante del menor E.N. Por tal motivo, solicitó

que se desestimara la solicitud de la señora Pérez

Rodríguez.

Entonces, el foro primario concluyó que bastaba con la

declaración jurada para que la señora Pérez Rodríguez

pudiera reconocer al menor. Además, entendió que la señora

López Rodríguez -madre biológica- renunció a sus derechos

sobre el menor. Por eso, ordenó al Registro Demográfico a

inscribir al menor con los apellidos de sus padres

intencionales. Además, le impuso al señor Negrón Romero y

a la señora López Rodríguez el pago de $5,000 por concepto

de honorarios y costas, al determinar que actuaron

temerariamente. CC-2020-0157 12

En desacuerdo, el señor Negrón Romero presentó un

recurso de apelación ante el foro apelativo intermedio. De

igual forma, el matrimonio Ramos-López instó otro recurso

apelativo que fue consolidado con el primero. Estos

alegaron que el Tribunal de Primera Instancia erró al

declarar que la madre intencional, señora Pérez Rodríguez,

era la madre registral del menor. También, arguyeron que

ese foro erró al determinar que existió un contrato de

maternidad subrogada e imponerles honorarios de abogado. El

7 de febrero de 2020, el Tribunal de Apelaciones revocó al

foro primario. Razonó que la Sentencia apelada era

contraria a derecho. Así, expresó que permanecía inalterado

el certificado de nacimiento del menor E.N. con los

apellidos de sus padres biológicos.

Inconforme, la madre intencional, señora Pérez

Rodríguez, compareció ante nos mediante escrito de

certiorari. Esbozó que el Tribunal de Apelaciones erró al

considerar la apelación del señor Negrón Romero. A su

entender, ese foro no tenía jurisdicción porque el señor

Negrón Romero cuestionó la filiación materna en su

capacidad personal. A su vez, planteó que se determinó que

solo los hombres, y no las mujeres, tienen derecho a

reconocer voluntariamente a un menor y que eso contraviene

la prohibición constitucional de discrimen por razón de

sexo. Además, alegó que el Tribunal de Apelaciones erró al

aplicar las disposiciones legales referentes a la adopción. CC-2020-0157 13

Por último, arguyó que se erró al revocar la determinación

del pago de honorarios de abogado por temeridad.

Expedido el auto y con el beneficio de la comparecencia

de todas las partes, procedemos a resolver.

II

Como primer señalamiento de error, la madre

intencional (señora Pérez Rodríguez) arguyó que el padre

(señor Negrón Romero) carecía de legitimación para

cuestionar, en su capacidad personal, la determinación

judicial que adjudicó la filiación materna del menor E.N.

Adicionalmente arguyó que esto nos dejaba sin jurisdicción

para atender los planteamientos que él esbozó. No le asiste

la razón.

Los asuntos relacionados con la jurisdicción de un

tribunal son privilegiados y deben atenderse con

preeminencia. Allied Mgmt. Grp., Inc. v. Oriental Bank, 204

DPR 386 (2020). La jurisdicción de un tribunal consiste en

el poder que tiene para atender y decidir casos y

controversias. Íd.; Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186

DPR 239, 249 (2012); S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra,

182 DPR 675, 682 (2011). La ausencia de esta no es

susceptible de ser subsanada, por lo que una sentencia

dictada por un tribunal sin jurisdicción es nula e

inexistente en derecho. Allied Mgmt. Grp., Inc. v. Oriental

Bank, supra; Cruz Padilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393,

403 (2012). Por eso, cada foro adjudicativo tiene el deber

de examinar su propia jurisdicción y la del foro de donde CC-2020-0157 14

procede el recurso que tiene ante sí. Allied Mgmt. Grp.,

Inc. v. Oriental Bank, supra; Peerless Oil v. Hnos. Torres

Pérez, supra; S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR

873, 883 (2007).

De igual forma, la legitimación que posee una parte

merece consideración prioritaria. La legitimación activa de

una parte reside en su capacidad para realizar con eficacia

actos procesales como litigante. Lozada Tirado et al. v.

Testigos de Jehová, 177 DPR 893 (2010). Esta presupone

capacidad para demandar y la tenencia de un interés legítimo

en la controversia. Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual

Center, 124 DPR 559, 563 (1989). El propósito de la

legitimación activa es que el tribunal se asegure de que:

el reclamante tiene un interés genuino; va a perseguir su

causa vigorosamente, y que todos los asuntos pertinentes

serán colocados ante la consideración del tribunal. Muns.

Aguada y Aguadilla v. JCA, 190 DPR 122, 132 (2014).

Los menores no emancipados carecen de capacidad para

obrar, pero pueden comparecer y ser parte de un litigio si

son representados por quienes ostentan su patria potestad

o tutela. Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 667, 678

(2012); Álvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, 175 DPR 398,

425 (2009). Particularmente, en las acciones de impugnación

de filiación, aunque se demanda a quien ostenta la patria

potestad del menor, este último es la parte realmente

perjudicada. Bonilla Ramos v. Dávila Medina, supra. En ese

sentido, ya que el estado civil del menor puede verse CC-2020-0157 15

perjudicado, corresponde que este sea representado por el

padre con patria potestad o por conducto de un defensor

judicial si se estima que entre ellos hay intereses

encontrados. Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 203 DPR

462 (2019). Incluso el derogado Art. 115 del Código Civil

de 1930, 31 LPRA sec. 463, reconoce que el presunto padre

puede impugnar la maternidad de un menor.

Del expediente surge que la señora Pérez Rodríguez

incluyó en su reclamación al señor Negrón Romero en su

capacidad personal y como representante de su hijo menor de

edad, porque este es el padre biológico del menor y ostenta

su patria potestad. Como consecuencia, aun cuando la

filiación paterna no está en controversia, el señor Negrón

Romero ostentaba legitimación para instar el recurso

apelativo en representación del menor E.N., la parte

incluida y realmente perjudicada en el pleito de filiación

materna. No nos convence el argumento de que el señor Negrón

Romero carecía de legitimación debido a que, en algunas

mociones, en la parte correspondiente a la comparecencia,

no incluyó que acudía “por sí y en representación del menor

E.N.”. De los escritos que obran en autos surge que tanto

el menor E.N. como el señor Negrón Romero fueron parte en

los procedimientos y que este último compareció en ambas

capacidades: por sí y en representación del menor. Por ende,

el primer señalamiento de error no se cometió. CC-2020-0157 16

III

El segundo señalamiento de error exige que contestemos

la interrogante de si el mecanismo de reconocimiento

voluntario ─como medio para establecer la filiación─ está

disponible para que a una mujer se le atribuya la maternidad

jurídica de un menor nacido mediante técnicas de

subrogación tradicional. Contestamos en la afirmativa.1

Cuando hablamos de la figura de la filiación, nos

referimos a la relación jurídica procedente del vínculo

entre padres e hijos. Rivera Marrero v. Santiago Martínez,

supra, pág. 476. En ese sentido, esta “sintetiza el conjunto

de relaciones jurídicas, que determinadas por la paternidad

y la maternidad, vinculan a los padres [y a las madres] con

los hijos dentro de la familia”. RPR & BJJ Ex parte, 207

DPR 389, 410 (2021). Véase, además, Sánchez v. Sánchez, 154

DPR 645, 660 (2001).

Es menester señalar que, debido a que la relación

biológica no siempre coincide con la relación jurídica, la

filiación en su concepto más amplio denota el estado que se

le asigna a una persona dentro de una familia por haber

sido engendrada en ella o ser parte como resultado de una

adopción o de otro hecho legalmente suficiente en derecho.

Castro v. Negrón, 159 DPR 568, 579-580 (2003). Véase: Peña

Bernaldo de Quirós, Derecho de familia, Madrid, Sección de

1 Adviértase que, como los hechos de este caso se originaron bajo la vigencia del derogado Código Civil de 1930, haremos referencia a este cuerpo normativo debido a que es el aplicable para disponer de la controversia. CC-2020-0157 17

Publicaciones, Facultad de Derecho, Universidad

Complutense, 1989, págs. 402–403.

Como se percibe, el vínculo biológico es insuficiente

por sí mismo para que nazca el vínculo jurídico filiatorio.

Álvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, supra, pág. 411. Por

eso, cuando no conste quiénes son los padres de una persona

puede darse una filiación biológica pero no jurídica.

También puede darse el caso de que quien figura como padre

jurídico no lo sea biológicamente.

A tales efectos, hemos reconocido que existen dos tipos

de filiaciones: la natural y la adoptiva. AAR, Ex parte,

187 DPR 835, 856 (2013); Beníquez et al. v. Vargas et al.,

184 DPR 210, 228 (2012). En lo pertinente a la controversia

ante nos, en la filiación natural se encuentran subsumidos

dos medios para establecer la filiación: (a) el

reconocimiento voluntario, y (b) el reconocimiento forzoso,

el cual se materializa como consecuencia de un decreto

judicial.2 Véase: Beníquez et al. v. Vargas et. al., supra,

págs. 228-231.

El reconocimiento voluntario es aquel acto jurídico que

consiste en una “declaración hecha por ambos padres (o por

uno de ellos aisladamente), por cuya virtud acreditan que

una persona es hijo o hija suya, siempre que ello se haga

2 El reconocimiento forzoso se refiere a aquel reconocimiento declarado mediante dictamen judicial que toma como base el hecho filiatorio. Beníquez et al. v. Vargas et al., 184 DPR 210, 231 (2012). Véase: R.E. Ortega-Vélez, La filiación: apuntes y jurisprudencia, San Juan, Ed. Scisco, 1997, pág. 44. CC-2020-0157 18

en las condiciones y mediante las formas prescritas por

las leyes”. RPR & BJJ Ex parte, supra, págs. 416-417.

Véase, González Rosado v. Echevarría Muñiz, 169 DPR 554,

563 (2006) (citando a F. Puig Peña, Compendio de Derecho

Civil Español, Madrid, Ed. Pirámide, Vol. V, pág. 394).

Queda al margen la cuestión de si hay vínculo biológico

entre el reconocido y el reconocedor. Almodóvar v. Mendez

Román, 125 DPR 218, 250 (1990). Sin embargo, es posible

impugnar el reconocimiento voluntario por su inexactitud

con la realidad biológica. Mayol v. Torres, 164 DPR 517

(2005).

En nuestro ordenamiento, la base jurídica del

reconocimiento voluntario es el Código Civil. Véase, Art.

125 del Código Civil de 1930 (derogado), 31 LPRA sec. 504.

El acto de reconocimiento voluntario se caracteriza por

ser individual, personalísimo, unilateral, formal, puro e

irrevocable. Álvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, supra,

págs. 412-413. En Almodóvar v. Mendez Román, supra, pág.

236 (citando a Albaladejo, Curso de derecho civil, 2da

ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1984, T. IV, pág. 226),

enunciamos, al aludir a la figura del reconocimiento

voluntario, que “[l]as personas que carecen de filiación

conocida paterna o materna o de ambas, pasan a ostentar

una u otra o las dos cuando los reconoce un varón, una

mujer o una pareja”.

Recientemente, en RPR & BJJ Ex Parte, supra,

reafirmamos que una mujer puede reconocer voluntariamente CC-2020-0157 19

a una persona para así considerarla como su hijo o hija.

Incluso, enunciamos que la Ley del Registro Demográfico -

legislación que, entre otros asuntos, procesalmente

instrumenta el reconocimiento voluntario-, permite tal

proceder. Íd., pág. 417.3 Cónsono con esto, la Ley del

Registro Demográfico también dispone, en su Art. 31, que:

[C]uando el reconocimiento de un hijo natural se hiciere en documento público o en una declaración jurada bastará la presentación de dicho documento o declaración para que el encargado del Registro Demográfico proceda a inscribir el mismo, y a ese efecto, se llenará el correspondiente certificado de inscripción; Disponiéndose, además, que en caso de que el nacimiento de tal hijo hubiera sido previamente inscrito se llevará al certificado los datos adicionales que resulten de tal reconocimiento[…]. 24 LPRA sec. 1231.

Tras realizar un ejercicio hermenéutico del articulado

de Código Civil de 1930 y de la Ley del Registro Demográfico

sobre la procedencia del reconocimiento voluntario por

parte de una mujer, en RPR & BJJ Ex Parte, supra, pautamos

que el reconocimiento voluntario es el mecanismo para

establecer la filiación materna de forma directa para los

menores gestados mediante subrogación gestacional, cuando

3 En particular, el Artículo 19-A de la Ley del Registro Demográfico reza:

Si el nacimiento es reconocido por uno solo de los padres será obligación del Registro Demográfico, cuando así lo requiera dicho padre o madre al momento de la inscripción, realizar la inscripción haciendo constar los dos apellidos del único que lo reconoce.

Si con posterioridad a la inscripción surgiera la intención de un reconocimiento voluntario, el Registro Demográfico viene en la obligación de sustituir el apellido del padre o la madre de acuerdo [con] la documentación evidenciada. 24 LPRA sec. 1133a. (Énfasis suplido). Véase, además, RPR & BJJ Ex parte, supra, pág. 417. CC-2020-0157 20

la mujer gestante no está vinculada genéticamente con el

menor.4 También aclaramos que, para que ello sea así, el

menor no puede tener un estado filiatorio anterior o

contradictorio al pretendido por el reconocimiento. Íd.,

pág. 418.

Hoy aplicamos ese razonamiento a la controversia de

autos. De esta forma, instauramos la norma de que el

reconocimiento voluntario materno es el mecanismo

disponible para establecer la filiación materna de menores

gestados mediante técnicas de subrogación tradicional. Es

decir, por medio de este mecanismo la madre intencional del

menor puede convertirse en su madre jurídica.

En el trasfondo fáctico de la controversia ante nos,

la señora Pérez Rodríguez alegó que el señor Negrón Romero

fue inscrito como padre jurídico, por el mero hecho de que

reconoció al menor E.N. mediante una declaración jurada,

pero que a ella se le negó esa vía para ser inscrita como

madre jurídica. El Tribunal de Apelaciones señaló que nada

impide que una mujer pueda reconocer voluntariamente a su

hijo mediante la presentación de una declaración jurada u

otra evidencia documental. Sin embargo, puntualizó que esa

inscripción procede si la reconocedora es quien dio a luz

al niño, o en la alternativa, quien lo adoptó. Esta

conclusión se basa principalmente en la presunción de

4 Para ello, bastará que se manifieste tal reconocimiento voluntario en una declaración jurada y esta se presente ante el Registro Demográfico, en cumplimiento con las formalidades que establece la Ley del Registro Demográfico. CC-2020-0157 21

maternidad contenida en el derogado Art. 113 del Código

Civil de 1930, 31 LPRA sec. 461.

Según expusimos, las disposiciones de la ley del

Registro Demográfico así como las del Código Civil de 1930

contemplan el reconocimiento voluntario materno. Al

interpretar tales disposiciones, en RPR & BJJ Ex parte,

supra, págs. 432-433, este Tribunal adoptó la teoría de que

el mecanismo para establecer la filiación original debe ser

el menos oneroso posible. En ese caso, el Tribunal le dio

especial énfasis a que el reconocimiento voluntario se hizo

antes de que el nacimiento del menor fuese inscrito a nombre

de la mujer que le dio a luz. También, el Tribunal razonó

que la controversia trataba sobre la inscripción registral

por reconocimiento al amparo del derogado Art. 125 del

Código Civil de 1930, supra, antes de que se diera otra

declaración, informe o inscripción en el Registro

Demográfico. RPR & BJJ Ex parte, supra, pág. 435. Aunque

allí nos referimos específicamente al reconocimiento

voluntario cuando la mujer gestante no tiene vínculo

genético con el menor, se abundó en que:

desde 1942, a pesar de la presunción de filiación matrimonial del artículo 113 del derogado Código Civil, era posible que dos hombres inscribieran a un menor como hijo suyo, pero prevalecía como padre quien primero lo inscribiera en el Registro Demográfico hasta tanto la presunción o el reconocimiento voluntario fuera impugnado con éxito en el tribunal por inexactitud con la realidad biológica. Así, no vemos razón para que al amparo del artículo 19-A de la Ley del Registro Demográfico, y por el principio constitucional de igualdad, rechacemos esa posibilidad respecto a la mujer. Lo que hoy pautamos responde a principios de orden constitucional que no podemos CC-2020-0157 22

obviar y elimina uno de los últimos reductos de discrimen sobre la mujer en materia filiatoria. Íd., pág. 433.

En RPR & BJJ Ex parte, supra, esta Curia expresó que

llegó a su determinación tras aplicar las disposiciones del

derogado Código Civil de 1930. En ese sentido, el Código

Civil de 1930 no contenía un pronunciamiento específico

para la maternidad subrogada. Tampoco distinguía entre los

tipos de maternidad subrogada. Por eso, no encontramos

precepto legal que impidiera que se aplicara el

reconocimiento voluntario bajo el derogado Art. 125 del

Código Civil de 1930, supra, a la maternidad subrogada

gestacional.

En este caso, al momento en que la madre intencional,

la señora Pérez Rodríguez, presentó la declaración jurada

en el Registro para inscribir su reconocimiento voluntario,

no había otra inscripción que estuviera en conflicto con su

pretensión, por lo que podía ser inscrita válidamente.5 No

obstante, el Registro denegó la inscripción y la señora

Pérez Rodríguez se vio obligada a acudir al foro judicial

para solicitar que fuera inscrita como la madre jurídica

del menor E.N. Procede, pues, que se corrijan las

constancias del Registro de modo que se anule la inscripción

hecha por la señora López Rodríguez y, en cambio, se le dé

cabida a la realizada por la señora Pérez Rodríguez. Debe

5 Fue posterior a este suceso que la señora López Rodríguez, como gestante del menor, le solicitó al Registro –de manera improcedente y en contra de las representaciones que le hizo a la señora Pérez Rodríguez– que la inscribiera como su madre, lo que ocurrió. CC-2020-0157 23

quedar meridianamente claro que esto es lo procedente en

derecho, además la señora López Rodríguez (madre biológica)

testificó bajo juramento –en el pleito de mandamus- que su

intención era que la señora Pérez Rodríguez fuera la madre

del menor.

IV

El tercer señalamiento de error nos lleva a un análisis

de dos partes. Primero debemos contestar la interrogante de

si los actos, declaraciones y los acuerdos suscritos por la

señora López Rodríguez perfeccionaron una renuncia a los

derechos que ostentaba sobre el menor E.N., quien es su

hijo genético y a quien dio a luz. De contestar

afirmativamente, debemos evaluar en segundo lugar si el

Tribunal de Apelaciones incidió al aplicar las

disposiciones legales referentes a adopción.

-A-

Para propósitos de la primera cuestión, conviene

esbozar que la presunción de maternidad por razón de parto,

recogida en el Artículo 113 del Código Civil de 1930

(derogado), supra, no es irrebatible. Como bien esta Curia

reconoció en RPR & BJJ Ex Parte, supra, pág. 413, es posible

que, tras recibir cualquier prueba idónea y concluyente, el

tribunal descarte la presunción de maternidad de la mujer

que alumbró al menor.

Esto es relevante porque la señora López Rodríguez

pretende, esencialmente, ampararse en esa presunción del

parto –además de su vínculo biológico con el menor— para CC-2020-0157 24

que se le considere la madre jurídica del menor. Como se

expondrá detalladamente a continuación, la realidad

ineludible es que esa presunción quedó derrotada, pues los

actos y manifestaciones de la señora López Rodríguez,

unidos a los acuerdos que suscribió, indudablemente

evidenciaron su renuncia a los derechos maternales.

Incluso, entre la señora Pérez Rodríguez y la señora López

Rodríguez se perfeccionó un contrato de maternidad

subrogada. Veamos.

No hay duda de que existe un contrato cuando concurren

los elementos de consentimiento, objeto y causa. Art. 1213

del Código Civil de 1930 (derogado), 31 LPRA sec. 3391.

Específicamente, los contratos se perfeccionan con el mero

consentimiento -concurso de la oferta y la aceptación- y

desde entonces las partes involucradas quedan obligadas a

las condiciones y los términos pactados. Arts. 1210 y 1214

del Código Civil de 1930 (derogado), 31 LPRA secs. 3375 y

3401. Como norma general, estos serán obligatorios sin

importar la forma en que se celebraron, si concurren las

condiciones esenciales para su validez. Art. 1230 del

Código Civil de 1930 (derogado), 31 LPRA sec. 3451.

En ocasiones no es posible determinar la voluntad de

los contratantes al meramente revisitar los términos de lo

pactado. Por ello, en tal circunstancia será necesario

tomar en cuenta sus actos anteriores, coetáneos y

posteriores al perfeccionamiento del acuerdo para constatar

la verdadera intención contractual. Art. 1234 del Código CC-2020-0157 25

Civil de 1930 (derogado), 31 LPRA sec. 3472. Véase, además,

Suárez Figueroa v. Sabanera Real, Inc., 173 DPR 694, 711

(2008); García López v. Méndez García, 102 DPR 383, 394

(1974); Merle v. W. Bend Co., 97 DPR 403, 410 (1969).

En nuestro ordenamiento impera la libertad de

contratación. Ello consiste en que los contratantes pueden

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan

por conveniente. Ahora bien, la autonomía que brinda la

libertad de contratación tiene límites. La facultad para

contratar no puede ejercerse abusivamente ni en oposición

a una disposición legal. Esto es compatible con el principio

de que los derechos son renunciables, siempre que la ley no

prohíba su renuncia o no sea en perjuicio de tercero.

Véanse: Arts. 4 y 1207 del Código Civil de 1930 (derogado),

31 LPRA secs. 4 y 3372. Independientemente del tipo de

contrato y de la importancia que este merezca para las

partes, si resulta contrario a las leyes, la moral o al

orden público, es nulo y, por lo tanto, inexistente. De

Jesús González v. A.C., 148 DPR 255, 264 (1999).

El concepto de orden público puede definirse como el

conjunto de valores eminentes que guían la existencia y

bienestar de una sociedad, que ampara un interés social

dominante por los derechos que tiende a proteger. Consejo

de Titulares v. C.R.U.V., 132 DPR 707 (1993); Unisys v.

Ramallo Brothers, 128 DPR 842 (1991); Hernández v. Méndez

& Assoc. Dev. Corp., 105 DPR 149, 153-154 (1976). Por eso,

es un medio para conseguir un balance entre la autonomía de CC-2020-0157 26

la voluntad y la imprescindible protección del bienestar

común. Hernández v. Méndez & Assoc. Dev. Corp., supra, pág.

266. A tales efectos, debido a que este podría ser un

concepto difuso que no se limita a la ley vigente, los

tribunales deben darle concreción en cada caso. Consejo de

Titulares v. C.R.U.V., supra.

La señora Pérez Rodríguez (madre intencional) arguyó

que la intervención de la señora López Rodríguez (madre

biológica) en la etapa apelativa fue en abierta

contradicción a: (1) los acuerdos que antes suscribió, (2)

el testimonio que ofreció bajo juramento ante el foro

primario, y (3) todos los actos y manifestaciones que hizo

por aproximadamente año y medio. Indicó que la

manifestación unilateral de la señora López Rodríguez a

favor de que se reconociera a E.N. como su hijo es de

carácter vinculante. Por otra parte, la contención de la

señora López Rodríguez es que no renunció válida ni

legalmente a los derechos y obligaciones que le asisten

sobre el menor. Insiste en que el procedimiento de adopción

y el reconocimiento voluntario materno no son mecanismos

optativos a los que se pueda acudir indistintamente y que

posteriormente reconoció al menor porque era su derecho

como madre biológica.

De entrada, no cabe hablar de que los acuerdos de

maternidad subrogada tradicional son inválidos o contrarios

a la ley, moral u orden público. En este caso, aunque

concluyéramos que los acuerdos firmados son meramente CC-2020-0157 27

consentimientos médicos, es forzoso concluir que la señora

López Rodríguez renunció en más de una ocasión a los

derechos que podrían asistirle.

Como mencionamos, procede validar el reconocimiento

voluntario efectuado por la señora Pérez Rodríguez. Esto

resulta forzoso, al considerar las actuaciones, expresiones

y acuerdos entre las partes. La posibilidad del nacimiento

del menor surgió cuando la señora López Rodríguez, por

iniciativa propia, le planteó a su hermana, la señora Pérez

Rodríguez, que deseaba hacerle un “regalo de amor”. Por

eso, se suscribieron todos los consentimientos médicos para

que se llevara a cabo el proceso de fertilización in vitro.

Destacamos que, en el Consentimiento, exoneración y relevo

de responsabilidad por recipiente de embriones, gestadora

o madre subrogada tradicional, la madre biológica, señora

López Rodríguez, consignó que sabía que la criatura se

engendró y gestó con el único propósito de que naciera un

bebé para que fuera entregado y reconocido por los padres

intencionales.

A tono con lo anterior, durante el embarazo la señora

López Rodríguez reiteró que se consideraba tía de la

criatura. De hecho, en el procedimiento judicial inicial

relacionado con la inscripción del menor, ella

voluntariamente y bajo juramento ratificó que no deseaba

reconocer al menor. Además, recalcó “[m]i único deseo es

que mi hermana tenga ese bebé y su esposo. Es un regalo que

le hice yo a mi hermana, nadie me lo pagó, nadie me lo CC-2020-0157 28

pidió, nadie me está obligando. Mi único deseo es que ese

niño sea de mi hermana”. Ap. del certiorari, pág. 575.

No fue hasta que el menor tenía aproximadamente siete

meses de nacido que la señora López Rodríguez reconoció al

menor como su hijo. Queda claro que esta acción no procedía

ya que fue en abierta contradicción con sus actos,

declaraciones y renuncia. Más importante aún, del conjunto

de incidencias fácticas dimana que entre las partes se

perfeccionó un contrato de maternidad subrogada válido.

Ciertamente, el contrato en este caso no fue uno

convencional, pues no se redujo a escrito. No obstante,

además de que los contratos en nuestro ordenamiento pueden

ser verbales, los de maternidad subrogada no tienen

requisito de forma. Así, de los actos y representaciones de

las partes queda claro que se configuró un contrato.

Particularmente, la señora López Rodríguez se ofreció a

gestar al menor, y evidentemente, la señora Pérez Rodríguez

tuvo que aceptar esa oferta para que continuaran los

procedimientos reproductivos ulteriores. Es decir, se

suscitó un concurso entre la oferta y la aceptación, lo que

redundó en el consentimiento de ambas para llevar a efecto

lo pactado: la gestación de un menor que, para todos los

fines, iba a ser considerado hijo de la señora Pérez

Rodríguez. Con este cuadro, se manifestó el consentimiento

a que se gestara el menor para que fuera hijo de la señora CC-2020-0157 29

Pérez Rodríguez (objeto), y la señora López Rodríguez lo

haría por su mera liberalidad (causa).6

Por eso, aunque al momento de los hechos no había un

procedimiento específico para que la madre intencional

pasara a ser la madre legal del menor, concluimos que la

señora López Rodríguez, con sus actos anteriores, coetáneos

y posteriores al acuerdo evidenció que no sería la madre

jurídica del menor que gestó. En este caso, es palmario que

la señora López Rodríguez renunció a los derechos que

podrían asistirle sobre el menor E.N. Esta renuncia, unida

a la autorización judicial de reconocimiento voluntario en

este caso incluyó implícitamente cualquier acción futura de

impugnación de filiación por inexactitud.

-B-

Los procesos de adopción son un ejemplo de los

procedimientos que viabilizan y permiten la renuncia de

derechos paternofiliales. La adopción es un “acto jurídico

solemne, en el cual luego de una ruptura total del vínculo

jurídico existente entre un individuo y sus padres

biológicos, se forma una nueva filiación entre este y las

personas que han expresado su voluntad para adoptarlo como

hijo”. AAR, Ex parte, supra, pág. 856. El fin primordial de

6 Dado a la particularidad de la controversia ante nos, es prudente recurrir a las doctrinas de derecho contractual para brindar una solución. No obstante, no nos corresponde dictaminar el contenido de los contratos de maternidad subrogada. La cuestión de cómo estos contratos se regulan en nuestra jurisdicción es una tarea que recae en la Asamblea Legislativa. Independientemente de ello, apuntalamos que, ante lo sensitivo de los intereses involucrados en este tipo de pactos, sería sensato e incluso aconsejable que estos se reduzcan a escrito. CC-2020-0157 30

esta figura es el mejor bienestar del menor. Por eso sus

procesos están rigurosamente reglamentados. Íd., pág. 857.

El Art. 587 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec.

7188, reconoce que la adopción por decreto final y firme

extingue todo vínculo jurídico entre el adoptado y su

familia biológica o adoptiva anterior. Por eso, una vez

decretada la adopción, el adoptado es considerado para

todos los efectos legales como hijo del adoptante. Íd.

La señora Pérez Rodríguez arguyó que el Tribunal de

Apelaciones erró al aplicar la figura de adopción a su

caso. Este error se cometió. Según expuesto, el proceso

de adopción no era un requisito sine qua non para que el

menor gestado por el mecanismo de subrogación tradicional

pasara a ser hijo legal de la señora Pérez Rodríguez.

En RPR & BJJ Ex parte, supra, reconocimos que el

mecanismo de adopción es el más oneroso para establecer o

sustituir la filiación original de un menor nacido por

procreación asistida.

En tal circunstancia, por principios fundamentales como la intimidad familiar y el derecho del menor a adquirir con prontitud el estado civil para el desarrollo integral de su personalidad en el entorno familiar, el mecanismo para establecer la filiación original debe ser el menos oneroso posible, como lo son el reconocimiento voluntario y la presunción matrimonial estatuida en nuestro Código Civil. Íd., pág. 45.

Cónsono con tal pronunciamiento, es imperativa

nuestra intervención en este caso. Debemos imprimirle

validez al reconocimiento voluntario que realizó la señora

Pérez Rodríguez. Para esto, no es necesario recurrir a la CC-2020-0157 31

figura de la adopción. La señora Pérez Rodríguez fue

quien, con su voluntad manifiesta, inició el conjunto de

eventos que redundaron en el nacimiento del menor. Así,

al ser esta la madre intencional, es necesario permitir

la inscripción de su filiación, la que evidenció sin

ambages en la declaración jurada que presentó ante el

Registro.

Recordemos que, al momento del reconocimiento

voluntario de la señora Pérez Rodríguez no había un título

registral que estableciera una filiación contradictoria

que requiera la ruptura por el acto solemne de adopción.

Véase: Íd., pág. 44. Según nuestro precedente, en RPR &

BJJ Ex parte, supra, en ausencia de un título anterior

inscrito que acredite otra filiación, basta con que se

presente una declaración jurada ante el Registro

Demográfico para hacer valer el reconocimiento voluntario.

En ese sentido, establecemos que ello es igualmente

aplicable para la inscripción de la filiación materna de

menores gestados mediante técnicas de subrogación

tradicional. Ciertamente, como reseñamos, en este caso ese

trámite no fue posible ante la acción de la señora López

Rodríguez de inscribir al menor como su hijo. Debido a

eso, es necesario que, mediante nuestra intervención, las

constancias del Registro reflejen la realidad extra

registral. A saber, que la señora Pérez Rodríguez

reconoció voluntariamente al menor E.N. y que, a causa de

este acto, ella es su madre jurídica. CC-2020-0157 32

V

Por último, debemos evaluar si la conducta desplegada

por los demandantes fue temeraria o frívola. La Regla

44.1(d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, regula la

concesión de honorarios de abogado. El tribunal impondrá el

pago de una suma por este concepto cuando determine que

cualquier parte o su abogado actuó temerariamente. Esta

determinación es un asunto que descansa en la discreción

del tribunal. P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005).

Sin embargo, si el tribunal entiende que se actuó

temerariamente la imposición de honorarios de abogado es

mandatoria. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123,

211 (2013); Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764 (2001).

A grandes rasgos, incurre en conducta temeraria una

parte que alargue innecesariamente un pleito o que

interponga pleitos frívolos que obliguen a la otra parte a

incurrir en gastos innecesarios o gestiones evitables.

Nieves Huertas et al. v. ELA I, 189 DPR 611, 624 (2013);

Domínguez v. GA Life, 157 DPR 690, 706 (2002). Mediante la

imposición de estos honorarios se busca penalizar al

“[l]itigante perdidoso que, por su obstinación, terquedad,

contumacia e insistencia en una actitud desprovista de

fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a

asumir las molestias, los gastos, el trabajo y los

inconvenientes de un pleito”. P.R. Oil v. Dayco, supra,

págs. 511-512. CC-2020-0157 33

Debido a que su imposición es un asunto discrecional,

los tribunales revisores solo intervendrán cuando surja en

tal concesión un claro abuso de discreción. Rodríguez de

Oller v. T.O.L.I.C., 171 DPR 293, 312 (2007). A pesar de

que el concepto de temeridad es amplio, es improcedente en

litigios que encierran planteamientos complejos y novedosos

aún no resueltos en nuestra jurisdicción. Gómez Márquez v.

El Oriental, 203 DPR 783, 807 (2020); Blanco Matos v. Colón

Mulero, 200 DPR 398, 429 (2018); Maderas Tratadas v. Sun

Alliance et al., 185 DPR 880 (2012). Asimismo, no se actúa

con temeridad si se poseen argumentos para rebatir lo que

sostiene la parte contraria. Gómez Márquez v. El Oriental,

supra.

Apelaciones erró al revocar la determinación del foro a quo

de imponer el pago de honorarios de abogado a raíz de la

conducta temeraria desplegada por las otras partes. Planteó

que el foro primario determinó la imposición de honorarios

de abogado por la conducta de la parte recurrida y no porque

se tratara de un asunto novedoso de derecho.

Analizando el caso en su totalidad, es forzoso concluir

que las cuestiones planteadas tratan sobre un asunto

novedoso de derecho. Además, nuestra determinación

demuestra que los argumentos de los recurridos tienen una

interpretación plausible. Por ende, no erró el Tribunal de

Apelaciones al revocar la concesión de honorarios de

abogado. CC-2020-0157 34

VI

Nuestra determinación establece un balance entre los

variados intereses que matizan esta controversia. En RPR &

BJJ Ex parte, supra, atendimos la inscripción registral de

un menor nacido por técnicas de reproducción asistida. Allí

se tomó en consideración el acuerdo de subrogación, la

declaración jurada de la gestante y que esta testificó y

ratificó ante el juez su renuncia a los derechos que tenía

por razón del parto. Por eso, determinamos que ese tipo de

renuncia se puede validar con una autorización judicial en

un procedimiento no contencioso. Asimismo, afirmamos que la

inscripción directa del reconocimiento voluntario materno

era viable -sin necesidad de acudir a un tribunal- si se

hacía mediante una declaración jurada, y la inscripción no

estaba en conflicto con una anterior.

Hoy, al igual que en aquel entonces, no vemos por qué

imponer un proceso distinto al reconocimiento voluntario

para que el estado filiatorio del menor advenga final.

Reiteradamente enfatizamos el valor que posee el

precedente en nuestro ordenamiento jurídico. Rivera Ruiz v.

Mun. De Ponce, 196 DPR 410, 429 (2016). “La doctrina del

stare decisis establece que, como norma general, un

tribunal debe seguir sus decisiones en casos posteriores a

fin de lograr estabilidad y certidumbre legal”. Com. CNP v.

CEE, 197 DPR 914, 922-923 (2017).

Sin embargo, esta doctrina no supone que la opinión

del tribunal es un dogma que deba seguirse aun cuando se CC-2020-0157 35

convenza posteriormente de que su decisión anterior es

errónea y no resiste un análisis cuidadoso. Íd., pág. 923;

Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 391

(2012); Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 922 (2009).

Procederá dejar a un lado el precedente solo si: (1) la

decisión anterior fue claramente errónea; (2) sus efectos

son adversos para el resto del ordenamiento, y (3) una

cantidad limitad de personas confió en ella. Rivera Ruiz et

al. v. Mun. de Ponce et al., 196 DPR 412, 431 (2016); Pueblo

v. Diaz De León, 176 DPR 913, 922 (2009). Aclarado esto,

resolvemos que RPR & BJJ Ex parte, supra, es doctrina

reciente que debemos seguir, dándole así estabilidad al

Derecho.

Por todo lo anterior, concluimos que el reconocimiento

voluntario que hizo la señora Pérez Rodríguez con

autorización judicial fue suficiente para que esta sea

considerada como la madre legal del menor E.N. Entre las

partes se perfeccionó un contrato de maternidad subrogada.

A tales efectos, la señora López Rodríguez, con sus actos

previos y posteriores al embarazo, renunció a los derechos

que podrían asistirle por su vínculo genético con el menor.

Sus actos tienen consecuencias jurídicas. Su renuncia quedó

evidenciada por los acuerdos que suscribió, el testimonio

que ofreció bajo juramento ante el foro primario, así como

todas las participaciones y manifestaciones que hizo por

aproximadamente año y medio. Por eso, se encontraba

impedida de posteriormente reconocer al menor E.N. CC-2020-0157 36

Siguiendo nuestro precedente, resulta claro que en los

casos de maternidad subrogada no es necesario que se

complete un proceso de adopción para que el menor sea

inscrito a nombre de la madre intencional. En esos casos,

indistintamente de si se trata de subrogación gestacional

o tradicional, el reconocimiento voluntario de la madre

intencional -con el fin de establecer su filiación- se puede

practicar mediante una declaración jurada presentada

directamente al Registro Demográfico, si la inscripción no

está en conflicto con una anterior. Aquí, por los hechos

específicos de este caso, bastaba el reconocimiento

voluntario sin oposición y con autorización judicial para

que el estado filiatorio del menor adviniera final.

Asimismo, no podemos pasar por alto que el menor lleva

más de 5 de sus 6 años de vida bajo la custodia compartida

de la señora López Rodríguez y el señor Negrón Romero.

Tampoco podemos ignorar que la señora Pérez Rodríguez

incesantemente ha procurado que el menor E.N. vuelva a su

compañía. Por eso, lo relacionado a patria potestad y

custodia deberá dilucidarse en el proceso correspondiente

de relaciones de familia, con la sensibilidad que el asunto

merece y para atender el mejor bienestar del menor.

Por los fundamentos expuestos, se revoca la Sentencia

del Tribunal de Apelaciones. Por consiguiente, prevalece la

decisión del Tribunal de Primera Instancia y se ordena la

inscripción del menor E.N. como hijo de la señora Pérez

Rodríguez. CC-2020-0157 37

Se dictará Sentencia de Conformidad.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

v. CC-2020-0157 Sasha Marie López Rodríguez; Jason J. Ramos López; Luis Antonio Negrón Romero, por sí y en representación del menor E.N.L.

SENTENCIA

Por los fundamentos antes expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de esta Sentencia, se revoca la Sentencia del Tribunal de Apelaciones. Por consiguiente, prevalece la decisión del Tribunal de Primera Instancia y se ordena la inscripción del menor E.N. como hijo de la señora Pérez Rodríguez.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió una Opinión de conformidad a la que se unió el Juez Asociado señor Estrella Martínez. El Juez Asociado señor Colón Pérez emitió una Opinión de conformidad a la que se unió el Juez Asociado señor Estrella Martínez. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco emitió una Opinión de conformidad en parte y disidente en parte a la que se unió el Juez Asociado señor Rivera García.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Melissa Pérez Rodríguez Peticionaria v. Sasha Marie López Rodríguez; CC-2020-0157 Certiorari Jason J. Ramos López; Luis Antonio Negrón Romero, por sí y en representación del menor E.N.L. Recurridos

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió una Opinión de Conformidad a la cual se unió el Juez Asociado señor Estrella Martínez

En esta ocasión, este Tribunal emprendió un rumbo

justiciero, sensible y correcto al disponer de la

controversia de epígrafe. Debido a que la solución que

hoy se brinda es cónsona con lo resuelto en RPR & BJJ

Ex parte, infra, y a tono con mi postura en ese

precedente, estoy conforme con la decisión

mayoritaria. De esta forma, abonamos a la certeza y a

la estabilidad en un área del Derecho de Familia que

adolece de un vacío regulatorio que, de conformidad

con nuestro rol constitucional de dirimir casos y

controversias, nos corresponde suplir. Así, nuestro

ordenamiento jurídico alcanza a las nuevas

realidades científicas, en particular, a las técnicas de CC-2020-0157 2

reproducción asistida, las cuales, como vemos, tienen un

impacto en la esfera del Derecho. Hoy pautamos que el

reconocimiento voluntario es el mecanismo disponible para

establecer la filiación materna de un menor nacido mediante

subrogación tradicional. Con este proceder, validamos la

voluntad clara de la madre intencional y le imprimimos

obligatoriedad a los acuerdos que esta perfeccionó junto con

la mujer gestante para dar vida a su hijo. Así, reafirmamos

que es a través de este trámite ─y no mediante la adopción─

que la madre intencional ─quien, con su acto volitivo inició

la cadena de eventos que redundaron en el nacimiento del

menor─ puede lograr la validez de un vínculo jurídico con

este.

Dado a que el trasfondo fáctico de este caso yace

certeramente en la Opinión Mayoritaria, me doy a la tarea de

exponer una serie de cuestiones neurálgicas sobre esta

materia.

A. La subrogación como técnica de reproducción asistida

Como punto de partida, es menester señalar que, entre

las técnicas de reproducción asistida reconocidas y

practicadas, se encuentra la subrogación.1 Esta, a su vez, se

divide en dos categorías: la gestacional y la tradicional.2

En la subrogación gestacional se implantan los gametos

1 Joseph F. Morrissey, Surrogacy: The Process, the Law, and the Contracts, 51 WILLAMETTE L. REV. 459(2015). 2 Íd. CC-2020-0157 3

masculinos en la mujer gestante mediante fertilización in

vitro.3 En este escenario, el óvulo puede pertenecer a la

madre intencional o a una donante, pero no a la gestante, y

el esperma al padre intencional o a un donante.4 En el caso

en que el óvulo provenga de una donante, la madre genética,

la gestante y la comitente, son tres personas diferentes. En

esta última configuración, ni la madre intencional ni la mujer

gestante guardan vínculo genético con el embrión.

Con base en el panorama anterior se resolvió la

controversia en RPR & BJJ Ex parte, 207 DPR 389 (2021). Allí,

un matrimonio recurrió a la subrogación gestacional con el

fin de tener un hijo propio debido a que la madre intencional

tenía dificultades reproductivas. En específico, este acordó

con la mujer gestante que les portara el embarazo de una

criatura, cuyo embrión estaría formado por los

espermatozoides del padre intencional y el óvulo de una

donante anónima. El menor no tendría vínculo genético con la

madre intencional ni con la mujer gestante.

Una vez nació el menor, surgió la disputa sobre cómo la

madre intencional podría vincularse jurídicamente con este,

sin tener que recurrir a un proceso adoptivo. Por un lado, la

3 Glenda Labadie-Jackson, Los derechos reproductivos de las latinas y los acuerdos comerciales de maternidad subrogada, 14 TEX. HISP. J. L. & POL'Y 29, 34 (2008).

Cabe aclarar que, en esta disciplina, cuando se menciona a la madre o al padre intencional —también se les conoce como madre o padre comitente—, son aquellas personas que entablaron un acuerdo con una tercera persona para que les gestara una criatura que, cuando naciera, les fuera entregada. Esto, para que la criatura sea considerada, para todos los efectos, como hijo o hija de los padres intencionales. Véase: Isis Ramos, Madres subrogadas: un método de adopción temprana, 3 REV. CLAVE, REV. ESTUDIOS CRÍTICOS DER. 233, 236 (2008). 4 Véase: Labadie-Jackson, supra, pág. 34. CC-2020-0157 4

madre intencional tenía a su haber el acuerdo que suscribió

con la mujer gestante para llevar el embarazo a término y

entregarle el menor una vez ocurriera el alumbramiento, y el

hecho de que esta última no tenía vínculo genético con el

menor. Por el otro, contaba con una declaración jurada de la

mujer gestante en la que renunciaba a todo derecho que podría

tener sobre el menor. Asimismo, la madre intencional debía

enfrentarse a la presunción de maternidad por razón de parto

recogida en el Artículo 113 del Código Civil de 1930, 31 LPRA

ant. sec. 461.

Trabada así la controversia, le correspondía al Tribunal

General de Justicia resolverla. Cuando esta Curia la atendió,

para rebatir la referida presunción imperante en nuestro

ordenamiento, dictaminamos que esta era controvertible tras

recibirse cualquier prueba idónea y concluyente a tal efecto.

RPR & BJJ Ex parte, supra.5 De esta forma, y luego de reconocer

que nuestro Derecho de Familia y Derecho Registral Civil

permitía el reconocimiento voluntario materno, establecimos

que mediante el procedimiento judicial de reconocimiento

voluntario que allí se originó la madre intencional podría

lograr su filiación. Ello, claro está, si a satisfacción del

juzgador aportaba la prueba necesaria para derrotar la

presunción prescrita y manifestaba su intención inequívoca de

5 Sépase que, en ese caso, uno de los elementos probatorios que pesó para así entender rebatida la presunción fue que la mujer gestante, además de no tener vínculo genético con la criatura, había renunciado voluntariamente a los derechos y responsabilidades que surgieran por razón del parto. Véase: RPR & BJJ Ex parte, 207 DPR 389, 398-400 (2021). CC-2020-0157 5

reconocer voluntariamente al menor como su hijo. Íd.6 Es

importante destacar que la decisión se fundamentó

principalmente en lo resuelto en Ocasio v. Díaz, 88 DPR 676

(1963), por lo que se reiteró y se le dio “plena vigencia al

axioma constitucional que prohíbe el discrimen por razón de

nacimiento y proclamó la igualdad y dignidad del ser humano

en materia filiatoria […]”. RPR & BJJ Ex parte, supra, págs.

411-412.

Obsérvese que en esa controversia ─al igual que en la

del recurso de epígrafe─ eran de aplicación las disposiciones

del Código Civil de 1930 y, a base estas, resolvimos. No

obstante, en RPR & BJJ Ex parte, supra, sirvieron como fuente

persuasiva e ilustrativa las nuevas disposiciones del Código

Civil de Puerto Rico de 2020 sobre filiación. 31 LPRA sec.

5311 et seq. Ciertamente, el articulado de este cuerpo

normativo denota un cambio de paradigma ─anclado en

concepciones modernas─ vis a vis la cosmovisión decimonónica

que permeaba en la legislación civil anterior.

En particular, el Código Civil de 2020 reconoce que: (a)

la filiación puede tener lugar por métodos de reproducción

asistida; (b) una declaración judicial del estado filiatorio

no hará pronunciamiento sobre las circunstancias del

nacimiento o el estado civil de los progenitores; (c) la

filiación puede establecerse con cualquier prueba admisible

6 Es menester aclarar que, en sí, para el perfeccionamiento del reconocimiento voluntario, como regla general, no es necesaria la intervención judicial. Dada la naturaleza y particularidad de la controversia que atendimos en ese recurso, fue necesario que el Tribunal General de Justicia validara el reconocimiento voluntario que efectuó la madre intencional. CC-2020-0157 6

en un tribunal conforme a las Reglas de Evidencia; (d) la

presunción de maternidad por razón de parto contiene una

excepción en los casos de maternidad subrogada en los cuales

la mujer gestante no tiene vínculo genético alguno con el

hijo que se desprende de su vientre y desde un principio su

intención original fue llevar el embarazo a término para otra

persona; (e) esta presunción admite prueba en contrario (se

preceptúa expresamente), y (f) que la maternidad puede

impugnarse por la existencia de un acuerdo de maternidad

subrogada y la madre intencional está legitimada a realizar

tal impugnación. Artículos 556, 564-565, 567, 569-570, 31

LPRA secs. 7102, 7114-7115, 7121, 7123-7124.

Ahora bien, el caso de epígrafe planteó una situación

distinta al tratarse de subrogación tradicional. En esta

categoría, la mujer gestante aporta el óvulo y es quien gesta

al menor.7 Usualmente, los gametos masculinos utilizados son

los del padre intencional.8 Lo que la distingue principalmente

de la gestacional es que mientras la madre intencional no

tiene vínculo genético con el embrión, la mujer gestante sí.9

Ese es, precisamente, el cuadro al que nos enfrentamos en la

presente controversia.

Vemos, nuevamente, cómo la madre intencional se

confronta con una barrera para filiar jurídicamente con una

criatura que, si no hubiese sido por su deseo manifiesto e

7 Elizabeth Nicholson, Protecting the Alabama Surrogate: A Legislative Solution, 69 ALA. L. REV. 701, 703 (2018). 8 Íd. 9 Íd. CC-2020-0157 7

intención, no se hubiese concebido. Sin importar su carencia

de conexión genética, ella descansó en los acuerdos que

suscribió con la mujer gestante y en las representaciones que

esta le hizo. Además, la madre intencional tenía un interés

genuino de que, al recurrir a esta técnica de reproducción

asistida ─por su situación reproductiva─, el menor nacido iba

a ser su hijo para todos los efectos, tanto jurídicos como

sociales. Así, no podíamos resolver esta controversia de otro

modo que no fuera la más cabal y justa posible.

En virtud de ello, la mayoría razonó que ─al igual que

en RPR & BJJ Ex parte, supra─ la filiación mediante

reconocimiento voluntario estaba al alcance de la madre

intencional, incluso en circunstancias donde el menor se

concibió mediante subrogación tradicional. Para ello

convergieron dos aspectos importantes. Primero, la

posibilidad del reconocimiento voluntario materno, según lo

permitían el Código Civil de 1930 y la legislación registral

civil. Segundo, que la presunción de maternidad por razón de

parto podía controvertirse. Consecuentemente, al aplicar

estos postulados al caso, se coligió que: (a) la madre

intencional se había convertido en la madre jurídica del menor

E.N.L. tras reconocerlo voluntariamente ─sin que, al momento

de tal reconocimiento, existiera en el Registro Demográfico

un título anterior oficialmente inscrito que acreditara otra

filiación─, y (b) se derrotó la presunción de maternidad por

razón de parto, pues los actos, acuerdos y manifestaciones de

la mujer gestante eran indicativos de que renunció a todo CC-2020-0157 8

derecho habido sobre el menor y lo gestó con el único fin de

entregarlo a la madre intencional.

Aclarado el alcance de nuestra decisión, conviene

discutir brevemente ─por ser en extremo pertinente─ la

naturaleza de los acuerdos de maternidad subrogada.

B. Acuerdos de maternidad subrogada

Al aproximarme a este tema, resulta necesario mencionar

que considero atinada la utilización de la doctrina del

derecho de contratos en el caso de epígrafe. Como bien se

formuló en el dictamen mayoritario, entre la Sra. Melissa

Pérez Rodríguez y la Sra. Sasha Marie López Rodríguez se

perfeccionó, inequívocamente, un acuerdo de maternidad

subrogada.10

Ante todo, es imperativo enunciar lo siguiente: los

acuerdos de maternidad subrogada son contratos ─como

cualquier otro, pero con sus particularidades─ que, una vez

estén presentes los elementos necesarios para su validez, son

vinculantes entre las partes contratantes.11 En este se

consignan los términos y condiciones por los cuales se regirá

la relación entre la madre y el padre intencional, y la mujer

gestante.12

Primeramente, es necesario proveer una definición de

este acuerdo. De manera general, es aquel:

10 Si bien en este acápite se hace referencia a las disposiciones sobre derecho contractual del Código Civil de 1930 ─por ser el aplicable a la controversia─, el articulado análogo del Código Civil de 2020 conduce al mismo análisis. 11 Morrissey, supra, pág. 515. 12 Íd. CC-2020-0157 9

[Por] medio del cual una mujer acepta quedar embarazada mediante un[a] [técnica de reproducción asistida] [-ya sea a través de un]procedimiento de inseminación artificial, [fertilización in vitro, u otro-], para que luego, una vez que se produzca el nacimiento del bebé, lo entregue […] [a los padres intencionales], renunciando para ello a los derechos que la ley le confiere sobre el recién nacido, y en contraprestación, [como] regla general, [recibe][e]l pago de una compensación, generalmente consistente en una suma de dinero.13

Adicionalmente, estos contratos pueden clasificarse

entre altruistas y comerciales.14 Los primeros “a menudo

ocurren entre amistades cercanas o familiares y la [mujer

gestante] no recibe compensación alguna más allá de lo

razonablemente necesario para cubrir el cuidado médico”.15

Los segundos son aquellos en los que la mujer gestante “sí

recibe un pago como contraprestación de las obligaciones

derivadas del contrato, pago que puede consistir, no

solamente en una suma de dinero, sino también en la entrega

de objetos, servicios o cualquier otra cosa de valor

pecuniario”.16

En diversas jurisdicciones ─estadounidenses y

extranjeras─ se han regulado estos acuerdos mediante

13 Camilo A. Rodríguez-Yong & Karol X. Martínez-Muñoz, El contrato de maternidad subrogada: La experiencia estadounidense. Revista de derecho (Valdivia), 25(2), pág. 63 (2012). Esta definición, aunque genérica, tiene el propósito de dar un atisbo sobre este tipo de contratos y su trascendencia. Según se expuso, estos pueden establecerse para las distintas categorías de subrogación. 14 Íd. 15 Lily Johnson, Commercial Surrogacy Is the Sale of Children?: An Argument

That Commercial Surrogacy Does Not Violate International Treaties, 28 WASH. INT'L L.J. 701, 704-705 (2019) (Traducción suplida). 16 Rodríguez-Yong & Martínez-Muñoz, supra, pág. 64 (citando a Hugh V.

McLachlan & J. Kim Swales, Commercial Surrogate Motherhood and the Alleged Commodification of Children: A Defense of Legally Enforceable Contracts, 72 Law and Contemporary Problems 91, 92 (2009)). CC-2020-0157 10

legislación o jurisprudencia, o ambos.17 En otras ─como en

Puerto Rico─, no existe reglamentación específica alguna.

Ciertamente, en donde sí hay pronunciamientos al respecto,

los acuerdos deberán regirse por los parámetros allí

establecidos.18 En muchas instancias, estos suelen tener un

contenido pro forma.19

17Morrissey, supra. 18 Valga señalar que, en los Estados Unidos, no hay un acercamiento uniforme entre los estados en cuanto a la validez de los contratos de maternidad subrogada. Algunos estados prohíben categóricamente este tipo de acuerdos, mientras otros los permiten con ciertas condiciones y limitaciones. Véase: Margaret Ryznar, International Commercial Surrogacy and Its Parties, 43 J. MARSHALL L. REV. 1009, 1013–14 (2010). También, la proscripción dependerá de si se trata de un acuerdo comercial o altruista. Asimismo, de si tiene que ver con un acuerdo de subrogación gestacional o tradicional. A tal efecto, se ha esbozado que:

States can either declare surrogacy contracts enforceable, void and unenforceable, or enforceable only if noncommercial.

Some state legislatures, however, have entirely abstained from action, leaving the matter to the courts. Other state legislatures have been active on the subject. Nevada, New Hampshire, and Virginia, [among others], for example, have statutorily permitted the enforceability of surrogacy contracts […]. [Florida &] Illinois permits both surrogacy contracts and reasonable compensation. On the other hand, many jurisdictions have attempted, with varying degrees of success, to legislatively prohibit the enforcement of surrogacy contracts entirely, whether by banning or voiding them. This group includes Arizona […], Indiana […], Michigan [and] Nebraska. Íd.

19 Frecuentemente, los acuerdos de maternidad subrogada incorporan las cláusulas siguientes:

(a) Cláusulas expositivas donde se identifican detalladamente a las partes contratantes y la capacidad en la que comparecen.

(b) Cláusulas en las que los padres intencionales y la mujer gestante convienen someterse a exámenes y pruebas médicas con el fin de establecer su aptitud para los procedimientos ulteriores. Asimismo, acuerdan compartirse información al respecto. A base de los resultados, se determina si se continúa con el próximo paso o si se da por terminado el acuerdo.

(c) Cláusulas sobre procedimientos médicos en sí para que la mujer gestante quede embarazada (por ejemplo, la transferencia de los embriones, el embarazo y el proceso de gestación). Aquí, la mujer gestante acuerda someterse a CC-2020-0157 11

A pesar de lo anterior, es necesario examinar los

acuerdos de maternidad subrogada al amparo de la teoría

general de los contratos de Puerto Rico. En nuestro

ordenamiento, los contratos son otra de las fuentes de las

obligaciones. Artículo 1041 del Código Civil de 1930, 31 LPRA

ant. sec. 2992. Estos existen desde que una o varias personas

consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna

cosa, o prestar algún servicio. Artículo 1206 del Código Civil

de 1930, 31 LPRA ant. sec. 3371; Rodríguez Ramos v.

E.L.A., 190 DPR 448, 454 (2014). Un contrato nace a la vida

jurídica cuando se configuran los siguientes requisitos: (a)

consentimiento de los contratantes;(b) objeto cierto que sea

materia del contrato, y (c) causa de la obligación que se

establezca. Artículo 1213 del Código Civil de 1930, 31 LPRA

ant. sec. 3391; Díaz Ayala v. ELA, 153 DPR 675 (2001). Por

tanto, una vez concurren las condiciones esenciales para su

estos procedimientos. Adicionalmente, los padres intencionales pueden requerirle a la mujer gestante que se abstenga de incurrir en ciertas conductas que pueden poner en riesgo el embarazo.

(d) Cláusulas relativas a quiénes y cómo se tomarán las decisiones médicas durante el embarazo.

(e) Cláusulas sobre el alumbramiento en sí del menor y su separación de la mujer gestante. En este extremo, tanto los padres intencionales como la mujer gestante acuerdan lo relativo a los derechos parentales sobre el menor. Específicamente, los padres intencionales afirman su reconocimiento de su responsabilidad parental y la asunción de la custodia. También, la mujer gestante se obliga a que ni ella ni su pareja ejercerán derechos parentales algunos sobre el menor ni ostentarán su custodia. Esta sección constituye una de las partes medulares del acuerdo.

(f) Cláusulas sobre la compensación de la mujer gestante, de haber alguna.

Morrissey, supra, págs. 515-538 CC-2020-0157 12

validez, estos son obligatorios y tienen fuerza de ley entre

las partes contratantes. Artículos 1044 y 1230 del Código

Civil de 1930, 31 LPRA ant. secs. 2994 & 3451.

A su vez, cuando examinamos cada uno de los requisitos,

es norma establecida que el consentimiento se manifiesta por

el concurso de la oferta y la aceptación sobre la cosa y la

causa que ha de constituir el contrato. Artículo 1214 del

Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 3401. Prods. Tommy

Muñiz v. COPAN, 113 DPR 517, 521 (1982). Por otro lado, en

cuanto al objeto, el Código Civil de 1930 dispone que pueden

ser objeto de los contratos aquellos servicios que no sean

contrarios a la ley o las buenas costumbres. Artículo 1223

del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 3421. No podrán

ser objeto de contrato las cosas o servicios imposibles. Íd.

La imposibilidad de proporcionar determinada cosa o de

prestar algún servicio, significa que la obligación no podrá

existir por no ser de posible ejecución. José Puig

Brutau, Compendio de Derecho Civil, Vol. II, BOSH, Casa

Editorial, S.A., Barcelona, pág. 198.

Sobre la causa, el Código Civil preceptúa que, “[e]n

los contratos onerosos se entiende por causa, para cada parte

contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio

por la otra parte; en los remuneratorios, el servicio o

beneficio que se remunera, y en los de pura beneficencia, la

mera liberalidad del bienhechor”. Artículo 1226 del Código

Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 3431. Concretamente, la causa

es “el ‘por qué’ de la existencia del acto, su razón de ser, CC-2020-0157 13

el fin determinante, la justificación o fundamento de la

declaración de voluntad”.20

Es doctrina firme en nuestro derecho contractual que

“[l]os contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas

y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean

contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”.

Artículo 1207 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec.

3372. Esta norma reconoce el doble postulado de la teoría

general de la contratación que rige localmente: de un lado,

la libertad de contratación, de otro, la total autonomía de

la voluntad de los contratantes que han escogido obligarse

mutuamente para determinar el contenido de dicha relación

jurídica. Es decir, una vez los contratantes eligen pactar

entre sí, pueden pautar el contenido y el alcance normativo

de su relación jurídica, sin otra intromisión del Estado que

la impuesta por los parámetros de la ley, la moral social y

el orden público. Un extenso desarrollo jurisprudencial

ratifica la vigencia de estos principios esenciales. Véanse:

Rodríguez García v. Universidad Carlos Albizu, Inc., 200 DPR

929, 943 (2018); Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, 184 DPR

169, 173-174 (2011); Luan Inv. Corp. v. Rexach Const. Co.,

152 DPR 652, 659 (2000); Umpierre v. Torres Díaz, 114 DPR

449, 459 (1983); Hernández v. Méndez & Assoc. Dev. Corp., 105

DPR 149, 153 (1976).

20 Norma Juanes, La causa del contrato, Revista de la Facultad De Derecho, 3(1), Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, pág. 42. CC-2020-0157 14

Al evaluar un acuerdo de maternidad subrogada a través

del crisol de estos lineamientos, claramente este tiene

cabida en nuestro ordenamiento. Los padres intencionales y la

mujer gestante deben estipular el alcance y contenido de su

relación jurídica, y consentir a esta. Igualmente, el acuerdo

tiene como objeto evidente la gestación de una criatura para

que, cuando nazca, sea entregado a los padres intencionales

y, así, estos ejerzan sobre este todos los derechos

parentales. Sobre la causa, se puede apuntalar que los

acuerdos que son comerciales son onerosos, pues la madre

intencional gesta al bebé a cambio de una contraprestación.

Por su parte, aquellos que son altruistas tiene como causa la

mera liberalidad. Lo esbozado es cónsono con las doctrinas

jurídicas reseñadas.

Además, los acuerdos de maternidad subrogada no están

prohibidos y en el Código Civil de 2020 se hace un

reconocimiento expreso de estos. Véase: Artículo 570 del

Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 7124. Ello supone una

demostración por parte de la Asamblea Legislativa de su

intención de abrir camino a estos negocios jurídicos, los

cuales son esenciales para viabilizar la maternidad subrogada

como técnica de reproducción asistida.

Con lo expuesto en mente, afirmo que los acuerdos de

maternidad subrogada son perfectamente válidos en nuestra

jurisdicción y completamente exigibles.21 Más aún, debido a

21Es meritorio mencionar también que, en Puerto Rico, los contratos de maternidad subrogada no son contrarios al orden público. Recordemos que el concepto “orden público” se define como el “conjunto de valores CC-2020-0157 15

que por virtud de estos se posibilita el uso de las técnicas

de reproducción asistida, constituyen “un vehículo para hacer

efectiva la igualdad reproductiva entre parejas fértiles e

infértiles, heterosexuales y homosexuales[,]lo cual se ancla

en la inviolabilidad de la dignidad y los derechos humanos”.

RPR & BJJ Ex parte, supra, pág. 439 (Opinión de Conformidad

de la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez).

C. Adjudicación con perspectiva de género y el análisis constitucional del principio de igualdad No puedo finalizar esta labor sin expresarme en cuanto

a un tema que considero apremiante. Esta controversia pone de

relieve cómo los asuntos de género impactan ineludiblemente

la forma en que adjudicamos y disponemos de diversos casos

que se nos presentan.22 En este caso la peticionaria y madre

intencional planteó desde un inicio que las disposiciones del

Código Civil derogado contravenían la prohibición

constitucional de discrimen por razón de sexo pues, a su

entender, contemplaba que un hombre reconociera

voluntariamente como hijo a un menor, a sabiendas de que no

es su hijo biológico y, sin embargo, le negaba esa posibilidad

eminentes que guían la existencia y bienestar de una sociedad” y “[e]n gran medida el orden público es acopio de normas de moral y de ética pública que en ocasiones alcanzan su exposición en ley”. De Jesús González v. A.C., 148 DPR 255, 264 (1999). Cuando la Asamblea Legislativa reconoce una figura jurídica en nuestro ordenamiento, el uso de esta por parte de la ciudadanía no constituye una contravención al orden público. En otras palabras, la maternidad subrogada en Puerto Rico es parte del orden público tal y como reconocimos jurisprudencialmente, y según la Asamblea Legislativa esbozó en su legislación sobre la materia en el Código Civil de Puerto Rico de 2020. 22 Véase: Equipo Sanjuaneras de la Capital v. Federación Puertorriqueña

de Voleibol, 2021 TSPR 143 (Voto particular disidente de la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez) (donde expongo la importancia de la adjudicación con perspectiva de género al abordar controversias donde tal elemento es jurídicamente relevante y preponderante para solucionarlas). CC-2020-0157 16

a una mujer. Si bien es cierto que esta presentó

planteamientos constitucionales de peso, el tribunal validó

que nuestro ordenamiento jurídico permite el reconocimiento

voluntario materno. Lamentablemente, el Tribunal de

Apelaciones aplicó el raciocinio equivocado, basado en una

lectura rígida de las disposiciones del anquilosado Código

Civil de 1930, cuya base es claramente de origen patriarcal.

Por ello, precisa realizar unos apuntes sobre la

adjudicación con perspectiva de género. Debo mencionar que en

este caso es necesario utilizar esta metodología adjudicativa

que tiene su base en que “[t]odos los seres humanos nacen

libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están

de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los

unos con los otros.” Artículo 1 de la Declaración Universal

de los Derechos Humanos.23 Véase: Equipo Sanjuaneras de la

Capital v. Federación Puertorriqueña de Voleibol, 2021 TSPR

143 (Voto particular disidente de la Jueza Presidenta Oronoz

Rodríguez).

Como bien han señalado diversos autores en esta área, y

han adoptado otras cortes supremas:

El derecho que ha dado sustento a la necesidad de incorporar este método de análisis para los casos en los que el género se configura como un factor determinante en la toma de decisiones, ha sido el de acceso a la justicia en condiciones de igualdad y sin discriminación, el cual permite tutelar y hacer efectivos el resto de derechos a favor de las personas, tales como el derecho a la igualdad y la

23Tal máxima tiene su equivalente en nuestra Constitución en la Sección 1, Artículo II, que dispone que “[l]a dignidad del ser humano es inviolable.” Const. PR, Art. II, Sec. 1, LPRA, Tomo 1. CC-2020-0157 17

no discriminación, el de las mujeres a una vida libre de violencia, entre otros. 24

De ahí la necesidad de replantearse el acercamiento a

las distintas dinámicas y situaciones de nuestra sociedad ─en

nuestro caso, a las controversias legales─, habida cuenta de

la pluralidad de realidades que se viven actualmente.

Asimismo, no podemos perder de perspectiva que la mujer ha

estado históricamente minusvalorada y rezagada frente al

hombre; por ello la procedencia de estos nuevos enfoques,

para propender a la igualdad.25

Al analizar la intersección entre la perspectiva de

género y la faena adjudicativa judicial, debe notarse que la

primera “debe ser utilizad[a] por las personas operadoras de

justicia en todos aquellos casos en los que el género puede

ocasionar un impacto diferenciado”.26 Por consiguiente, la

adjudicación con perspectiva de género implica que el juez o

la jueza, en su ejercicio hermenéutico, debe evaluar si, al

aplicar la norma al caso concreto:

24 Protocolo para juzgar con perspectiva de género (2020), Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, pág. 120, https://www.scjn.gob.mx/derechos- humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2020- 11/Protocolo%20para% 20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20g%C3%A9nero%20%28191120%29.pdf. 25 Anclados en la perspectiva de género, se puede dar una mirada a un

fenómeno que logre:

(i) [V]isibilizar a las mujeres, sus actividades, sus vidas, sus necesidades específicas y la forma en que contribuyen a la creación de la realidad social[; y (ii)] mostrar cómo y por qué cada fenómeno concreto está atravesado por las relaciones de poder y desigualdad entre los géneros, características de los sistemas patriarcales y androcráticos.

Estela Serret & Jessica Méndez Mercado, Sexo, género y feminismo (2011), Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, pág. 40.

26 Protocolo para juzgar con perspectiva de género, op. cit., pág. 123. CC-2020-0157 18

[P]rovoca una violación directa al derecho de igualdad al introducir impactos diferenciados por razón de género, y si lo hace, entonces, es [su] obligación […] preferir la opción interpretativa que elimine tal discriminación […].27

En la controversia ante nos, es palmario que el género

es un elemento que resulta esencial para su resolución. Los

acuerdos de maternidad subrogada ─y la subrogación en sí─

siempre involucrarán a mujeres. Dada esa inescapable

realidad, el Poder Judicial debe contar con las herramientas

para abordar estas disputas de modo que imparta justicia

equitativa, completa y verdadera.

Téngase en cuenta que la interrogante que se nos pidió

contestar en el recurso de epígrafe trató sobre la filiación

materna de una criatura nacida mediante subrogación

tradicional. Esta, sin duda, ameritó que se le diera una

mirada integrada y crítica con el fin de dotar su respuesta

de elementos de igualdad, al ser un asunto que únicamente

afecta a las mujeres (madres intencionales) que aspiran a un

vínculo jurídico con su hijo o hija.

Después de todo, el Derecho no puede ser utilizado para

invisibilizar estas realidades. Debe aspirarse a que se pueda

obtener una igualdad real y no meramente formal.28 Esto

implica reconocer la existencia de diferencias relacionadas

con el género de las personas y resolver al amparo de la

totalidad de las circunstancias que rodean el caso. Adjudicar

con equidad y perspectiva de género es buscar disolver la

27Íd., págs. 123-124. 28Véase: Efrén Rivera Ramos, La igualdad: un enfoque multidimensional, 2000 REV. JUR. DE LA UNIV. DE PALERMO 49 (2000) (Argentina). CC-2020-0157 19

asimetría sistémica y jurídica a favor de establecer las bases

jurisprudenciales de un país realmente igualitario. Ello

responde a la imperiosa necesidad de fomentar el derecho

fundamental y constitucional a la dignidad humana.

En fin, este Tribunal dio un paso de avanzada. Con este

dictamen, desmitificamos las técnicas de reproducción

asistida ─en particular, la subrogación─, abrimos espacio a

su utilización jurídicamente certera en nuestra jurisdicción,

y aclaramos su repercusión en el Derecho de Familia, en

materia de filiación materna. No podía ser de otra manera. El

Derecho puertorriqueño es dinámico y lleno de vitalidad y

estamos llamados a adjudicar en sintonía a los tiempos que

vivimos. Este debe responder a las exigencias que provocan

los cambios sociales, culturales y científicos.

Nuestra aspiración como Estado democrático es la

búsqueda de la igualdad jurídica real y la protección de la

dignidad humana. Nosotros, como miembros de esta Curia,

interpretamos los textos legislativos a la luz de la

Constitución. No somos intérpretes de una “lengua extinta,

ardu[a] de descifrar y referente a asuntos esotéricos”, pues

lo que interpretamos es el Derecho de manera plenaria. Véase:

P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 DPR 328, 350 (1983).

En cuanto a los pormenores de este caso, debíamos otorgar

un remedio que fuera cónsono con las relaciones jurídicas que

aquí se desarrollaron y con la intención inequívoca de la CC-2020-0157 20

madre intencional para traer a la vida al menor. Al así

dispensar justicia, damos paso al afianzamiento de nuevos

paradigmas en este renglón del Derecho y a la materialización

de la igualdad de la mujer.

Maite D. Oronoz Rodríguez Jueza Presidenta EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

v. CC-2020-0157 Certiorari

Sasha Marie López Rodríguez; Jason J. Ramos López; Luis Antonio Negrón Romero, por sí y en representación del menor E.N.L.

Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ a la cual se une el Juez Asociado señor ESTRELLA MARTÍNEZ.

“[M]adre es quien desea y quiere ser madre, quien tiene la voluntad procreacional, independientemente de su aporte genético y/o biológico”.1

Hace unos meses atrás -- en RPR v. BJJ, Ex parte, 207

DPR 389 (2021) (Colón Pérez, opinión de conformidad) --,

anticipábamos que, al momento de abordar las noveles

controversias que subyacen en casos como el de marras, no

podíamos adscribirnos a aquella visión socio-jurídica que,

con el paso del tiempo, ha ido perdiendo adeptos y que ve

solo en el parto, o en el vínculo genético, las únicas

instancias que verdaderamente acreditan la maternidad.2 Hoy

nos reafirmamos en ese enunciado. La maternidad, a raíz de

1 E. Lamm, Gestación por sustitución: ni maternidad subrogada ni alquiler de vientres, Ed. Universitat Barcelona, 2012, pág. 42.

2 Véase, RPR & BJJ, Ex parte, supra (Colón Pérez, opinión de conformidad). CC-2020-0157 2

los avances científicos y las técnicas de reproducción

asistida -- como lo es la gestación subrogada --, ha dejado

de implicar necesariamente una relación de filiación

predicada exclusivamente en un reduccionismo genético o

biológico, para pasar a construirse sobre un elemento

volitivo o, lo que es igual, desde una voluntad

procreacional que, insistimos, debe ser protegida.

Con ello en mente, y en lo relacionado a la causa de

epígrafe, este Tribunal tuvo la oportunidad de dirimir,

entre otras cosas, si una madre intencional podía reconocer

voluntariamente a un menor de edad procreado por subrogación

tradicional, para establecer así la filiación materna. Es

decir, si ausente el vínculo genético entre la madre

intencional y la criatura, el referido reconocimiento

voluntario -- mediante determinada declaración jurada -- era

suficiente para que el Registro Demográfico de Puerto Rico

inscribiese al menor de edad como hijo de esta última; en

aquellos escenarios en donde, en dicha instrumentalidad

gubernamental, no existiese ninguna inscripción anterior en

conflicto.

Al acercarse a dicha controversia, una mayoría de esta

Curia -- cónsono con lo recientemente sentenciado en RPR &

BJJ, Ex parte, supra, donde determinamos que el

reconocimiento voluntario es el mecanismo menos oneroso

para establecer la filiación de menores gestados mediante

técnicas de subrogación gestacional -- acertadamente

concluye que la Sra. Melissa Pérez Rodríguez (en adelante, CC-2020-0157 3

“la señora Pérez Rodríguez”), madre intencional, ante la

ausencia de título anterior que acreditara en el Registro

Demográfico otra filiación, tenía disponible el mecanismo

de reconocimiento voluntario para inscribir al menor E. N.

como su hijo. Menor de edad que fue procreado mediante un

proceso de subrogación tradicional en el cual la mujer

gestante también aportó el óvulo, estableciéndose así el

vínculo genético entre éstos.3 Estamos conformes.

Ahora bien, por entender que la controversia de

epígrafe nos permitía profundizar un poco más sobre algunos

aspectos constitucionales de particular importancia cuando

se trata el tema bajo estudio -- según habíamos adelantado

en RPR v. BJJ, Ex parte, supra --, emitimos la presente

3 Conviene recordar que la gestación subrogada es “una forma de reproducción asistida, por medio de la cual una persona, denominada gestante, acuerda con otra persona, o con una pareja, denominadas comitente, gestar un embrión con el fin de que la persona nacida tenga vínculos jurídicos de filiación con la parte comitente”. (Cita omitida). S. Vilar González, La gestación subrogada en España y en el derecho comparado, Madrid, Ed. Wolters Kluwer España, 2018, pág. 29.

Particularmente, en la subrogación tradicional -- modalidad empleada en el caso de autos --, la persona gestante no tan solo gesta a la criatura, sino que también aporta el material genético. Véase, RPR & BJJ, Ex parte, supra (Colón Pérez, opinión de conformidad); A. J. Vela Sánchez, La maternidad subrogada: estudio ante un reto normativo, Granada, Ed. Comares, S. L., 2012, pág. 16. Así, en escenarios como éstos, la madre intencional no tiene una conexión genética con la criatura. Íd. Véase, además, G. Labadie Jackson, Bioética y Derecho de Familia: acotaciones y clareos de la gravidez subrogada, 76 Rev. Jur. UPR 1291, 1293 (2007). En consecuencia, indiscutiblemente, la maternidad ya deja de considerarse una relación de filiación basada en el reduccionismo genético o biológico y se abre paso a la imposición de una realidad no genética, determinada por la contribución del elemento volitivo, es decir, de la intención última de ser madre. Véase, F. Notrica, F. Cotado & P.J. Curti, La figura de la gestación por sustitución, 11 Revista IUS 157 (2017).

Adviértase que, en este tipo de escenario, “la maternidad no se subroga, sino la gestación, es decir, se gesta para otros. La gestante no tiene voluntad de tener un hijo; lo que hace es justamente gestar para que el otro sea padre o madre. Por ende, se debe dilucidar la división entre maternidad y gestación”. (Énfasis suplido). Íd., pág. 156. CC-2020-0157 4

Opinión de Conformidad. Y es que, no podemos pasar por alto

las importantes ramificaciones de índole constitucional que

plantea el presente litigio.

Como es sabido, el Art. II, Sec. 1, de la Constitución

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico promulga que la

dignidad del ser humano es inviolable y que todos los

hombres y las mujeres son iguales ante la ley. Art. II,

Sec. 1, Const. ELA, LPRA, Tomo I. A tenor con ello, nuestra

Ley Suprema prohíbe expresamente el establecimiento de

“discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo,

nacimiento, origen o condición social e ideas políticas o

religiosas”. (Énfasis suplido). Íd. Además, dicha sección

establece que las leyes formuladas y aplicables en nuestra

jurisdicción deberán encarnar este principio de esencial

igualdad humana. Íd. Véase, J. B. Fuster, Derechos

fundamentales y deberes cívicos de las personas, Puerto

Rico, 2013, pág. 43.

Tanto es así que, de un estudio detenido de la

discusión acontecida en la Asamblea Constituyente con

relación al Art. II, Sec. 1, de la Constitución del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, surge que la Comisión de

Carta de Derechos informó que el propósito de esa cláusula

fue “fijar claramente como base consustancial de todo lo

que sigue el principio de la dignidad del ser humano y,

como consecuencia de ésta, la igualdad esencial de todas

las personas dentro de nuestro sistema constitucional”. 4

Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto CC-2020-0157 5

Rico 2561 (ed. 1961). En ese sentido, el delegado señor

Jaime Benítez Rexach, al revelar los cimientos en que se

fundó nuestra Carta de Derechos, manifestó que, “además de

sentar inicialmente esta base de la igualdad profunda del

ser humano —igualdad que trasciende cualquier diferencia,

bien sea diferencia biológica, […] ideológica, religiosa,

política o cultural— por encima de tales diferencias está

el ser humano en su profunda dignidad trascendente”. Diario

de Sesiones, supra, T. 2, pág. 1103. La dignidad del ser

humano es, pues, piedra angular de nuestro ordenamiento

constitucional. Íd.

Cónsono con el principio previamente ilustrado, es

preciso señalar que el Art. II, Sec. 7, de nuestra Ley

Suprema consagra el derecho a la igual protección de las

leyes. En específico, la referida disposición

constitucional instituye que no “se negará a persona alguna

en Puerto Rico la igual protección de las leyes”. Art. II,

Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

La cláusula de referencia “se activa cuando nos

enfrentamos a una legislación o a una acción estadual que

crea clasificaciones entre grupos, discriminando a unos

frente a otros”. (Énfasis suplido). Garib Bazaín v. Hosp.

Aux. Mutuo et al., 204 DPR 601, 689 (2020) (Colón Pérez,

opinión disidente); San Miguel Lorenzana v. E.L.A., 134 DPR

405, 424 (1993); Berberena v. Echegoyen, 128 DPR 864, 878

(1991). No obstante, ello no exige un trato igual para todos

los ciudadanos y todas las ciudadanas, sino que más bien CC-2020-0157 6

prohíbe el trato desigual injustificado. Garib Bazaín v.

Hosp. Aux. Mutuo et al., supra (Colón Pérez, opinión

disidente); Berberena v. Echegoyen, supra; Zachry

International v. Tribunal Superior, 104 DPR 267, 276-277

(1975).

En ese sentido, se ha dicho que “el problema central

que plantea la aplicación de la igual protección de las

leyes es el de diseñar normas que permitan al gobierno

establecer clasificaciones pero que a la vez protejan a las

personas contra desigualdades indebidas o irrazonables u

odiosas”. R. Serrano Geyls, Derecho Constitucional de

Estados Unidos y Puerto Rico, San Juan, Ed. C. Abo. P.R.,

1988, Vol. II, págs. 1081. Lo anterior, pues, la igual

protección de las leyes encuentra su base constitucional en

el principio cardinal de trato similar para personas

similarmente situadas. Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I,

178 DPR 1, 70 (2010); López v. E.L.A., 165 DPR 280, 297

(2005); Serrano Geyls, op. cit., págs. 1081-1082.

En consecuencia, cuando los tribunales se enfrenten a

clasificaciones sospechosas o que afecten derechos

fundamentales, deberán aplicar un análisis de escrutinio

estricto o riguroso. AAR, Ex parte, 187 DPR 835, 864 (2013);

Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, supra, pág. 73; San

Miguel Lorenzana v. E.L.A., supra, pág. 425; J. J. Álvarez

González, Derecho Constitucional de Puerto Rico y

Relaciones Constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá,

Ed. Temis, 2009, pág. 816. Especialmente, ese enfoque CC-2020-0157 7

estricto se utilizará cuando, por ejemplo, se trate de una

clasificación por razón de sexo ya que “resulta una

clasificación sospechosa, en particular cuando la misma

tiende a relegar a un estado legal de inferioridad a una

clase con abstracción de las potencialidades y

características individuales de sus miembros”. Zachry

International v. Tribunal Superior, supra, pág. 282.

En esa dirección, al implementar el análisis de

escrutinio estricto, se presumirá que la clasificación en

cuestión es inconstitucional. Domínguez Castro et al. v.

E.L.A. I, supra, págs. 73-74; San Miguel Lorenzana v.

E.L.A., supra; Berberena v. Echegoyen, supra, pág. 879.

Para sostener la constitucionalidad de la legislación,

actuación o clasificación bajo ataque, es necesario que el

Estado demuestre que tiene un interés estatal apremiante

que la justifique, que el medio seleccionado para adelantar

ese interés está estrechamente relacionado con éste y que

no existe una alternativa menos onerosa que no sea la que

está bajo análisis para promover o alcanzar el interés

involucrado. AAR, Ex parte, supra, pág. 865; Domínguez

Castro et al. v. E.L.A. I, supra; San Miguel Lorenzana v.

E.L.A., supra.

Dicho ello, si bien estamos conscientes de la

existencia de la norma de autolimitación judicial -- que,

como regla general, procura que los planteamientos

constitucionales no sean considerados cuando un asunto

pueda resolverse mediante un análisis estatutario --, somos CC-2020-0157 8

de la opinión que hay determinadas controversias que, por

vía de excepción, requieren ser estudiadas desde el crisol

de los derechos consagrados en nuestra Ley Suprema.4 Véase,

Rosario Rodríguez v. Rosselló et al. II, 207 DPR 870, 876

(2021) (Colón Pérez, voto particular disidente) (Citas

omitidas). La controversia que hoy nos ocupa es una de

éstas.

Y es que, como parte de este litigio y, a nuestro

juicio, correctamente, la señora Pérez Rodríguez -- tras

invocar los derechos constitucionales que le asisten --

impugna la presunción de maternidad establecida en el Art.

113 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA ant.

sec. 461.5 Tal presunción, en escenarios como el aquí bajo

4 Sobre ello, hemos expresado que:

Si bien reconocemos que existe una norma de autolimitación judicial que, como regla general, procura que los planteamientos constitucionales no sean abordados cuando una controversia pueda resolverse mediante un análisis estatutario, opinamos que existen determinados asuntos de tan alto interés público que, por vía de excepción, deben mover a este Tribunal, como intérpretes finales de nuestra Carta Magna, a intervenir en estos.

Recordemos que, con el paso del tiempo, la aplicación automática de la norma de autolimitación judicial, en distintos escenarios, ha perpetuado la indiferencia, la ilegalidad y la injusticia. (Énfasis suplido). Rosario Rodríguez v. Rosselló et al. II, supra (Colón Pérez, voto particular disidente).

5 En lo aquí pertinente, la referida disposición estatutaria dictaba que el parto determinaba la maternidad. 31 LPRA ant. sec. 461. Lo anterior encontraba apoyo en el principio romano mater semper certa est el cual suponía la identificación de la maternidad con aquella persona que alumbraba a la criatura, pues hace años era inverosímil plantearse que la mujer que alumbraba no fuera, a su vez, la madre genética; mucho menos la intencional. Véase, M. J. Moro Almaraz, Aspectos civiles de la inseminación artificial y la fecundación «in vitro», Barcelona, Librería Bosch, 1988, pág. 208.

Es menester señalar, además, que la presunción de maternidad a la que hemos hecho referencia encuentra su equivalencia en el Art. 567 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, 31 LPRA sec. 7121. Ahora bien, el texto del referido artículo fue enmendado para excluir únicamente CC-2020-0157 9

estudio, y previo a las decisiones que ha emitido este

Tribunal sobre el particular, se ha entendido que requería

que una madre intencional se sometiese al proceso de

adopción para que se le reconociese como la madre jurídica

de determinada criatura, lo cual tenía el grave efecto de

imponer una carga mayor a ésta y revelar un trato totalmente

desigual en comparación con el del padre intencional, en el

presente caso, también biológico.

Al igual que la señora Pérez Rodríguez, albergamos

serias dudas respecto a la constitucionalidad de la

mencionada disposición estatutaria; una que, a todas luces,

establece una clasificación por razón de sexo.

Correspondía, pues, que este Tribunal, en su rol de último

intérprete de la Constitución del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, pasara juicio sobre lo anterior.

Lamentablemente, no se hizo así. Abandonamos una gran

oportunidad.

Recordemos que, hasta hace poco tiempo, “las normas

existentes para determinar la filiación por naturaleza

tenían su fundamento, única y exclusivamente, en la verdad

biológica con respecto de la madre, estableciéndose, con

respecto del padre, diversos mecanismos jurídicos dirigidos

a propiciar la adecuación entre la filiación jurídica y la

biológica, que hacía posible investigar la paternidad”. S.

Vilar González, La gestación subrogada en España y en el

aquellos casos de subrogación gestacional por lo que la mencionada presunción aún persiste en nuestro ordenamiento jurídico. CC-2020-0157 10

derecho comparado, Madrid, Ed. Wolters Kluwer España, 2018,

pág. 25.

Como bien se advirtió en este milenio por el Juez

Asociado señor Estrella Martínez: “En el pasado era

imposible desprender el hecho de la gestación y el parto

del hecho de la concepción. También era impensable para

propósitos de los vínculos de filiación natural desprender

el hecho de la gestación del material genético particular

de los individuos que formarían la familia inmediata del

menor. Pero hoy la realidad es distinta”. AAR, Ex parte,

supra, pág. 1087 (Estrella Martínez, opinión disidente).

Toca, pues, asumirla.

Ángel Colón Pérez Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Peticionaria CC-2020-0157 v.

Sasha Marie López Rodríguez; Jason J. Ramos López; Luis Antonio Negrón Romero, por sí y en representación del menor E.N.L.

Opinión de conformidad en parte y disidente en parte emitida por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco al cual se une el Juez Asociado señor Rivera García.

Al ponderar detenidamente los asuntos de alto interés

público sobre Derecho de Familia que reviste el presente

caso, coincido en parte y respetuosamente disiento en parte

del curso de acción tomado por la Mayoría de este Tribunal.

Nuevamente navego con cautela y sensibilidad por uno los

vínculos más íntimos y trascendentales en la humanidad: la

filiación materna.

Luego de analizar puntillosamente el presente caso,

coincido con la Opinión Mayoritaria en que el padre

intencional y biológico ostenta legitimación activa para

presentar un recurso judicial en representación del menor

E.N. Asimismo, concuerdo en que resulta improcedente la CC-2021-0157 2

imposición de honorarios de abogado por temeridad por

tratarse de un asunto novel y complejo.

Sin ánimo de obviar la realidad socio jurídica actual

que incluye nuevas formas para reconocer el vínculo materno,

sostengo que ni el Código Civil de 1930 -cuyo cuerpo

normativo estaba vigente al momento de los hechos- ni el

ordenamiento vigente permiten a la madre intencional

reconocer voluntariamente a un menor en los casos de

maternidad subrogada tradicional. Distinto al precedente RPR

& BJJ, ex parte, infra, en el que estaba involucrada una

madre subrogada gestacional y a la que el ordenamiento

jurídico vigente le exceptúa expresamente de la presunción

de maternidad por parto, este caso versa sobre una madre

subrogada tradicional quien alumbra y tiene vínculo genético

con el menor nacido. A este último caso la Asamblea

Legislativa no le otorgó el mismo tratamiento jurídico. No

obstante, ello no implica que la madre intencional queda

desprovista de una relación filial con el menor nacido

mediante la madre subrogada. Esto es posible mediante la

filiación adoptiva ante la insuficiencia de prueba que pueda

rebatir que la madre subrogada tradicional alumbró al menor

E.N.

Asimismo, dado al alto interés público y social que

reviste la doctrina de filiación en Puerto Rico, así como el

mejor bienestar del menor, no concuerdo en aplicar la

doctrina de declaración unilateral y la doctrina de actos CC-2021-0157 3

propios para validar la renuncia de la madre subrogada

gestacional. Por ello, disiento.

Debido a que los hechos que dieron génesis a la presente

controversia están expuestos correctamente en la Opinión

Mayoritaria, procedo a discutir el derecho aplicable y mi

postura al respecto. Corresponde atender el segundo y tercer

error que trae ante nuestra consideración la madre

intencional, esto es: si tiene el derecho al reconocimiento

voluntario maternofilial del menor E.N. y si el foro

apelativo intermedio incidió al aplicar la Ley de Adopción.

A.

La filiación consiste en “el estado civil de una

persona, determinado por la situación que, dentro de una

familia, le asigna el haber sido engendrada en ella o el

estar en ella en virtud de la adopción o de otro hecho

legalmente suficiente al efecto”. Castro v. Negrón, 159 DPR

568, 579-580 (2003). La filiación concede derechos y

obligaciones a las madres y a los padres con relación a sus

hijos, y viceversa. Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 203

DPR 462, 476 (2019). Por lo cual, la doctrina de filiación

ciertamente responde a imperativos de política pública en el

Derecho de Familia. González Rosado v. Echevarría Muñiz, 169

DPR 554, 561 (2006).

Resulta necesario señalar que al momento en que

ocurrieron los hechos del presente caso estaba vigente el

Código Civil de 1930. En ese entonces, nuestro ordenamiento CC-2021-0157 4

reconocía dos (2) tipos de filiación: la natural y la

adoptiva. Rivera Marrero v. Santiago Martínez, supra;

A.A.R., Ex parte, 187 DPR 835, 856 (2013). La filiación

natural refleja la realidad biológica entre los padres con

el menor. A.A.R., Ex parte, supra. Mientras, la filiación

adoptiva nace mediante una ruptura total del vínculo

jurídico con parentela biológica, de modo que se crea una

nueva filiación entre el menor con la persona adoptante.

Beníquez et al. v. Vargas et al., 184 DPR 210, 233 (2012).

En ese sentido, la filiación puede presentar una realidad

biológica que no coincida con la jurídica. Íd., pág. 227.

Sin embargo, ambos tipos de filiación producen los mismos

derechos y obligaciones entre padres e hijos. A.R.R., Ex

parte, supra, pág. 857; Zapata et al. v. Zapata et al., 156

DPR 278, 286 (2002).

Nuestro ordenamiento establece tres (3) acciones

judiciales respecto a la filiación, estas son: (1) la

afirmación de filiación; (2) la acción de impugnación, y (3)

la mixta. Rivera Marrero v. Santiago Martínez, supra, pág.

477. La afirmación de filiación consiste en un

pronunciamiento judicial que determina la filiación de una

persona que no tenía. Álvarez Torre Muñiz v. Sorani Jiménez,

175 DPR 398, 414 (2009). Por su parte, la acción de

impugnación estriba en negar una filiación preexistente. En

cambio, en la acción judicial mixta “se busca la declaración

de determinada filiación mientras que se niega otra CC-2021-0157 5

contradictoria, ambas son interdependientes entre sí”.

Rivera Marrero v. Santiago Martínez, supra.

Respecto a la filiación materna, el Art. 113 del

entonces Código Civil, 31 LPRA sec. 461, disponía lo

siguiente:

Se presumen hijos del marido de la mujer casada los nacidos durante el matrimonio y los nacidos antes de los trecientos días siguientes a su disolución. El reconocimiento voluntario crea una presunción de paternidad a favor de reconocedor. El parto determina la maternidad. (Énfasis suplido).

En la confección del precitado artículo, se partió de

la premisa que “la procreación es de fácil comprobación

respecto de la madre, probando el hecho del parto y la

identidad del hijo”. Almodóvar v. Méndez Román, 125 DPR 218,

235 (1990). Previo a que existieran los distintos métodos de

reproducción, esta norma está basada en el Derecho Romano

mater semper certa est (“la madre siempre es conocida”). R.

Serrano Geyls, Derecho de Familia de Puerto Rico y

Legislación Comparada, San Juan, P.R., 1ra ed., 2002, Vol.

II, pág. 957. Cabe mencionar que el Art. 125 del derogado

Código Civil, supra, disponía que en la filiación

extramatrimonial “el hijo puede ser reconocido por el padre

o la madre conjuntamente, o por uno solo de ellos, en el

acta de nacimiento, o en otro documento público”.

Particularmente establecía que “la madre estará obligada al

reconocimiento del hijo natural cuando pruebe cumplidamente

el hecho del parto y la identidad del hijo”. Íd. CC-2021-0157 6

En ese contexto, el Art. 115 del Código Civil de 1930,

supra, disponía que la filiación materna podía impugnarse en

dos (2) supuestos: la primera, por simulación de parto o la

segunda, por sustitución inadvertida del menor durante o

luego del alumbramiento. Al darse cualquiera de esos

escenarios, la presunta madre, la madre biológica, el

presunto padre o incluso el hijo tiene legitimación para

instar una acción de impugnación de maternidad y reconocer

voluntariamente al menor según el Artículo 19-A de la Ley

Núm. 24 de 22 de abril de 1931, según enmendada, conocida

como Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico, 24 LPRA

sec. 1133a.

Reitero que la Ley del Registro Demográfico, supra, así

como el Código Civil de 1930 deben interpretarse en conjunto

y no de manera aislada y separada. RPR & BJJ, Ex parte, 2021

TSPR 83, pág. 10. Esto pues, el Código Civil es un cuerpo

normativo que consigna derechos sustantivos, que

posteriormente tiene efectos procesales mediante la Ley del

Registro Demográfico, supra. La Ley del Registro Demográfico

tiene como norte registrar, coleccionar, custodiar,

preservar, enmendar y certificar hechos vitales de las

personas nacidas en Puerto Rico. Art. 7 de la Ley del

Registro Demográfico, supra. Esa legislación no concede

derechos sustantivos relativos a la doctrina de filiación,

sino da publicidad de los datos vitales de las personas, así

como su estado civil. Delgado, Ex parte, 165 DPR 170, 187

(2005). Por ende, bajo el Código Civil de 1930, de no CC-2021-0157 7

impugnarse la relación maternofilial mediante simulación de

parto o sustitución inadvertida, se considera que la madre

es la que alumbró al menor.

Sin embargo, recientemente una Mayoría de este Tribunal

razonó en RPR & BJJ, Ex parte, supra, que el reconocimiento

voluntario es el mecanismo para establecer el estado

filiatorio materno en casos de maternidad subrogada cuando:

la mujer gestante no tiene vínculo genético con el menor; no

exista un título anterior que acredite otra filiación; y

desde un principio el propósito fue llevar el embarazo a

término para otra persona. Determinó que ello es posible

“tras recibir cualquier prueba idónea y concluyente, el

que aparenta tenerla por la presunción que reconocía el parto

en el artículo 113 del derogado Código Civil”. RPR & BJJ, Ex

parte, supra, pág. 21. Así pues, sostuvo que, en casos de

maternidad subrogada gestacional, la madre intencional puede

reconocer voluntariamente al menor, aunque no lo alumbró.

Esto a tenor con el Código Civil 2020, el cual establece que

“[e]l parto determina la maternidad, excepto en casos de

maternidad subrogada en los cuales la mujer gestante no tiene

vínculo genético alguno con el hijo que se desprende de su

vientre y desde un principio su intención original fue llevar

el embarazo a término para otra persona”. (Énfasis suplido)

Íd., pág. 30. Véase, además, Art. 567 del Código Civil de

2020, 31 LPRA 7121. CC-2021-0157 8

Ahora bien, “el reconocimiento voluntario no puede ser

eficaz en ningún aspecto si está en oposición con un título

anterior que acredite otra filiación. Dicho de otro modo,

hasta que no se impugne exitosamente en el tribunal la

filiación contradictoria registral, no procede el

reconocimiento de otra filiación”. (énfasis suplido) Íd.,

pág. 27. A la luz de los hechos particulares de ese caso,

concluyó:

En este caso solo la madre intencional es quien ha ejercido la acción de reconocimiento voluntario ante el tribunal. La madre biológica, quien donó los óvulos utilizados en la fertilización in vitro, es desconocida, y la presunta madre por razón del parto renunció válidamente a cualquier derecho antes de la inscripción original del nacimiento. Ante esa realidad, no hay ninguna filiación contradictoria al reconocimiento de la madre intencional, como tampoco existe un vínculo jurídico-familiar del menor con alguna parentela biológica materna conocida que requiera su ruptura por el acto solemne de la adopción”. (Énfasis suplido) RPR & BJJ, Ex parte, 2021 TSPR 83, pág. 45.

De modo que se estableció que el reconocimiento

voluntario es el mecanismo para establecer la filiación

materna de menores gestados mediante técnicas de subrogación

gestacional, mas no tradicional.

Una Mayoría de este Tribunal extrapola desacertadamente

lo resuelto en RPR & BJJ, Ex parte, supra, al presente caso.

Resuelve que el reconocimiento voluntario es el mecanismo

para establecer el estado filiatorio materno cuando la mujer

gestante tiene vínculo genético. Además, en el presente caso

existe un título que acredita otra filiación que no ha sido

impugnado. Al considerar el alto interés que reviste estos CC-2021-0157 9

asuntos y el mejor bienestar del menor, respetuosamente

discrepo.

En RPR & BJJ, Ex parte, supra, la madre subrogada

gestacional no tenía vínculo genético con el menor que

alumbró. Tampoco la madre subrogada gestacional reconoció

voluntariamente al menor ni requirió -en ninguna etapa del

procedimiento judicial- que se le reconociera como madre

natural del menor. En cambio, en el presente caso la madre

subrogada tradicional tiene vínculo genético con el menor y

acudió al Registro Demográfico para inscribir al menor como

su hijo. El Registro Demográfico expidió un certificado de

nacimiento para el menor en el que la madre subrogada

tradicional figura como su madre natural. De manera que

existe una filiación contradictoria al reconocimiento

voluntario que desea la madre intencional cuya impugnación

no puede realizarse mediante una declaración jurada, sino

por un proceso de adopción. Deseo recalcar que:

“[n]o se cuestiona la capacidad de la madre intencional de proveerle al menor el amor y cuidado que este necesita. Lo que está en cuestionamiento es el procedimiento mediante el cual se crea o reconoce el vínculo jurídico entre esta y el menor. Es decir, se examina si la madre intencional puede reconocer voluntariamente al menor [E.N.] y crear una filiación natural mediante un Acuerdo de Subrogación”. RPR & BJJ, ex parte, supra, pág. 16. B.

Es un hecho innegable que en nuestra jurisdicción las

técnicas de reproducción asistida se ejercen desde

principios de la década del 1980. Borrador del Código Civil CC-2021-0157 10

año 2010, pág. 405. Ante esa realidad social, se han

elaborado contratos de maternidad subrogada donde la madre

o el padre intencional pacta con la madre subrogada para que

esta geste una criatura para los padres intencionales y

renuncie a los derechos que pudiera tener sobre el menor

nacido. Véase Surrogate-parenting agreement, Black’s Law

Dictionary, 9th ed., Ed. Bryan A. Garner, 2009, pág. 1583.

Ahora bien, existe una distinción entre la madre subrogada

gestacional y la madre subrogada tradicional. Íd. La madre

subrogada tradicional aporta el óvulo, por lo cual está

vinculada genéticamente con el menor nacido. Íd. En cambio,

la madre subrogada gestacional utiliza el óvulo de una

donante, de modo que no tiene vínculo genético con la

criatura formada en su vientre. Íd. Ciertamente estos

avances tecnológicos se distancian de la realidad jurídica.

En ánimo de salvaguardar los derechos de los concebidos

mediante reproducción asistida, la Comisión Conjunta

Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil de

Puerto Rico (Comisión) presentó ante la Asamblea Legislativa

un borrador en el año 2010 sobre esta materia. Véase Borrador

del Código Civil año 2010. Mediante este borrador, la

Comisión propuso que la presunción sobre maternidad se

determine mediante el parto y que:

“la mujer gestante por cualquier método de reproducción asistida se reputa como madre del hijo así concebido. Si el óvulo implantado en el útero de la mujer gestante le fue dado por otra mujer, la maternidad jurídica del nacido se atenderá según lo dispuesto en el capítulo de este título que regula la procreación humana asistida”. Íd., págs. 380-381. CC-2021-0157 11

Sin embargo, en el Código Civil de 2020 se reconoció

que “el parto determina la maternidad, excepto en los casos

de maternidad subrogada en los cuales la mujer gestante no

tiene vínculo genético alguno con el hijo que se desprende

de su vientre”. (Énfasis suplido) Art. 567 del Código Civil

de 2020, 31 LPRA sec. 7121. Actualmente se reconoce la

reproducción humana asistida con la intervención de terceros

donantes de material genético o mujeres gestantes sin

vínculo genético. Memorial Explicativo del Código Civil

2020, pág. 522. De manera que la legislatura solo reconoció

a la madre subrogada gestacional y dejó en el tintero el

reconocimiento de la madre subrogada tradicional. Aunque

permaneció silente el reconocimiento voluntario materno

mediante la subrogación tradicional, ciertamente el campo

jurídico se acercó a los cambios sociales y científicos del

Siglo XXI al reconocer el derecho maternofilial mediante la

figura de madre subrogada gestacional.

Aparte de lo anterior, la Comisión propuso en el

Borrador del Código Civil 2010 un Capítulo dedicado a la

regulación de la filiación por procreación asistida en el

Libro Segundo del Código Civil. Borrador del Código Civil

año 2010, pág. 404. Esto tras reconocer que “[l]os avances

logrados en los campos científicos y tecnológicos alcanzan

proporciones extraordinarias, lo que implica una mayor

demanda de sus beneficios y, por ende, una mayor atención

del legislador”. (Énfasis suplido) Íd., pág. 404.

Particularmente, en el Capítulo IV se presentó la regulación CC-2021-0157 12

la filiación por procreación asistida. Allí, se propuso que

“la filiación materna y paterna del nacido por medio de una

gestadora se determina por la intención original de las

partes, en los casos de subrogación gestacional, por las

normas de la filiación natural, y por las de la filiación

adoptiva en los casos de la subrogación tradicional”.

(Énfasis suplido) Íd., pág. 440. Es decir, como consecuencia

del vínculo genético entre la madre subrogada y el menor

nacido, la madre intencional deberá solicitar la

determinación de filiación mediante un proceso de adopción.

Íd.

A tono con lo propuesto y debido a que en la normativa

vigente no surge el reconocimiento voluntario materno

mediante la subrogación tradicional, considero que el

procedimiento adecuado para que la madre intencional tenga

la filiación de un menor nacido mediante la subrogación

tradicional es la adopción. Dado al alto interés público y

social que reviste la doctrina de filiación en Puerto Rico,

así como el mejor bienestar del menor, no concuerdo con el

proceder de la Mayoría en aplicar indirectamente la doctrina

de declaración unilateral y la doctrina de actos propios a

los hechos del presente caso para validar la renuncia de la

madre subrogada. “Los tribunales no puede dar a esta extensa

y complicada materia la clara orientación y la

reglamentación centralizada y de larga duración que se

requiere”. Serrano Geyls, op. cit., pág. 1246. Más aún sobre

asuntos que envuelven cuestiones de política pública y CC-2021-0157 13

salvaguarda de los derechos de todas las partes aquí

involucrada. Me parece incorrecto y un tanto forzado que una

Mayoría de este Tribunal concluya que los actos y

manifestaciones de la señora López Rodríguez son evidencia

indudable de su renuncia a sus derechos maternales.

El principio de irretroactividad de las leyes es una

norma que establece que una ley no tendrá efecto retroactivo

a menos que se disponga expresamente. Esta norma ha sido

consignada en el Código Civil de 1930 en su Art. 3, 31 LPRA

sec. 3, así como en el Código Civil de 2020, Art. 9, 31 LPRA

sec. 5323. Consecuentemente, la excepción en nuestro

ordenamiento es la retroactividad de las leyes. Id. pág.

929. Por tal razón, la intención de los legisladores debe

quedar plasmada de forma tácita o expresa. Asoc. Maestros

v. Depto. Educación, 171 DPR 640 (2007). Por tanto,

únicamente procede la retroactividad cuando así se desprenda

de la norma estatutaria. Díaz Ramos v Matta Irizarry, 198

DPR 916, 929 (2017). De lo contrario, la ley aplicable a la

causa de acción será la que se encuentre vigente al momento

de la ocurrencia de los hechos.

De esta forma, el principio de irretroactividad busca

salvaguardar la estabilidad jurídica en las causas de

acción. Díaz Ramos v. Matta Irizarry, supra. Los tribunales

tienen un deber de tener cuidado a la hora de aplicar

retroactivamente una ley, siempre velando que su aplicación

sea prudente y coherente. Nieves Cruz v. U.P.R, 151 DPR 150 CC-2021-0157 14

(2000). Además, cuando un tribunal tenga dudas si

corresponde o no aplicar retroactivamente una ley, lo

correcto será no hacerlo, pues prevalece la presunción de

irretroactividad.

Ahora bien, en el Derecho de Familia, este Tribunal en

el pasado ha aplicado retroactivamente varias legislaciones.

En Ocasio v. Díaz, 88 DPR 676 (1963), establecimos que, por

imperativo constitucional, todos los hijos son iguales en

nuestro ordenamiento. No obstante, en el caso de auto no nos

encontramos ante una controversia que contravenga algún

principio constitucional que amerite la aplicación

retroactiva de una norma. Mientras que, en Vázquez Vélez v.

Caro Moreno, 182 DPR 803 (2011), aplicamos retroactivamente

las enmiendas realizadas al Código Civil de 1930, toda vez

que así se reflejó de manera tácita en la legislación.

No obstante, el Código Civil de 2020 no contiene una

disposición que expresa o tácitamente establezca su

aplicación de forma retroactiva. Más aún, el principio de

irretroactividad tiene como propósito evitar que los

tribunales usurpen los poderes de la Asamblea Legislativa.

Nuestra Carta Magna crea tres (3) ramas de gobierno, cada

una con responsabilidad diferentes. Art. I, Sec. 2, Const.

ELA, LPRA, Tomo I, ed. 2016.; A.A.R, Ex parte, supra. Para

proteger los poderes y la independencia de cada rama de

gobierno se adopta la doctrina de Separación de Poderes. Por

tal razón, este Tribunal no debe volver a cruzar las

fronteras constitucionales y aplicar retroactivamente una CC-2021-0157 15

norma, cuando evidentemente esa no fue la voluntad del Cuerpo

Legislativo.

Nuevamente, este Tribunal no solo pretende implantar

retroactivamente la norma de maternidad subrogada a hechos

que ocurrieron antes de la aprobación del Código Civil de

2020, sino que lo extiende a la maternidad subrogada

tradicional, la cual no fue contemplada en ningún momento

por el Cuerpo Legislativo. Reitero, es mi posición que no

procede aplicar retroactivamente el Código Civil de 2020. Me

parece incorrecto usar de forma análoga la decisión emitida

por este Tribunal en RPR & BJJ, Ex parte, supra, ante las

diferencias tan marcadas en los hechos del presente caso.

El Art. 1206 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec.

3371, expresa que los contratos existen “desde que una o

varias personas consienten en obligarse respecto de otra u

otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio”. De igual

forma, el Art. 1207 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec.

3372, establece que las partes contratantes podrán

establecer las cláusulas y condiciones que mejor les

convenga, siempre y cuando no sean contrarias a las leyes,

la moral y el orden público. Conforme a esto, nuestro

ordenamiento establece que los contratos se perfeccionan por

el mero consentimiento entre las partes. Art. 1210 del Código

Civil de 1930, 31 LPRA sec. 3375.

Además del consentimiento, es requerido que un contrato

tenga un objeto cierto y una causa para establecer la CC-2021-0157 16

obligación. Art. 1213 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec.

3391. Podrá ser objeto de un contrato toda cosa que no esté

fuera del comercio de los hombres. Art. 1223 del Código Civil

de 1930, 31 LPRA sec. 3421. El objeto del contrato deberá

ser siempre una cosa determinada. Mientras que la causa será

la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra

parte. Asimismo, el consentimiento prestado podrá declararse

nulo cuando ocurre por error, violencia, intimidación o

dolo. Art. 1217 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 3404.

Los acuerdos de maternidad subrogada son cada día más

comunes en la jurisdicción de Puerto Rico como en los Estados

Unidos. A nivel federal no existe legislación que regule la

maternidad subrogada en todas sus vertientes. Daniel

Schwartz, Gestional Surrogacy Contracts: Making a case for

adoption of the Uniform Parentage Act, 33 Wis. J.L. Gender

& Soc'y 131, 134 (2018). Por tal razón, el proceso para

establecer la filiación en un contrato de subrogación varía

según la jurisdicción. Íd. pág. 133. Estados como Indiana y

Kentucky no permiten los contratos de maternidad subrogada

porque han determinado que estos van en contra de la política

pública de sus estados. Íd. pág. 135.

Por otra parte, el estado de Nueva Jersey, a través de

su jurisprudencia, permite los contratos de subrogación sin

compensación legal. Sin embargo, la madre subrogada no está

obligada por contrato a renunciar a sus derechos de filiación

antes del nacimiento. A.H.W. v. G.H.B., 772 A.2d 948, 953

(N.J. Super. Ct. Ch. Div. 2000). Véase también In re T.J.S., CC-2021-0157 17

16 A.3d 386, 398 (N.J.Super. Ct. App. Div. 2011) (se

establece que la madre que da a luz puede reclamar sus

derechos de filiación por razones de orden público, y que el

acuerdo de subrogación era válido porque la madre subrogada

solo fue compensada por los honorarios relacionados con el

nacimiento del niño).

En Massachusetts se determinó que, por razones de orden

público, una madre subrogada no estará obligada a conferir

su patria potestad a los padres intencionales antes del

nacimiento de la criatura, ni podrá recibir pago por sus

servicios más allá de los gastos relacionados con el

embarazo. R.R. v. M.H., 689 N.E.2d 790, 796 (Mass. 1998). En

cuanto al estado de Florida, los contratos de subrogación

son válidos, pero los padres intencionales solo pueden

pagarle a la madre subrogada los gastos de subsistencia,

legales, médicos, psicológicos y psiquiátricos. Fl. Stat.

Ann. Sec. 742.15(2) (4) (West 2018).

Otro ejemplo es el estado de Virginia, el cual es más

exigente, y requiere autorización judicial para que un

contrato de subrogación sea válido. Va. Code Ann. Sec. 20-

160(A)-(B) (West 2018). Casi la mitad de los estados,

incluyendo a Puerto Rico, carecen de estatutos o

jurisprudencia que regule los contratos de maternidad

subrogada. P. G. Arshagouni, Be Fruitful and Multiply, By

Other Means, if Necessary: The Time has Come to Recognize

and Enforce Gestational Surrogacy Agreements, 61 Depaul L.

Rev. 799, 808 (2012). Por tanto, en estados como Colorado, CC-2021-0157 18

Maryland y Minnesota, donde ninguna ley rige los contratos

de maternidad subrogada, los tribunales han elegido entre

varias opciones al asignar la patria potestad: 1) imponer un

tutor para el menor nacido; 2) aplicar las teorías de los

contratos, y 3) interpretar el impacto sobre la política

pública, entre otros. 33 Wis. J.L. Gender & Soc’y, 139.

La parte peticionaria hace alusión a dos (2) documentos

que categoriza como Acuerdo de Subrogación entre la madre

subrogada tradicional y los padres intencionales del menor

E.N. El primer documento está titulado “Consentimiento,

Exoneración y Relevo de Responsabilidad por Donante para el

Uso de Óvulos”. Mientras que el segundo documento se titula

“Consentimiento, Exoneración y Relevo de Responsabilidad por

Tradicional”. Ambos documentos fueron otorgados en la

oficina del doctor a cargo de procedimiento clínico de

inseminación.

El primer documento fue firmado exclusivamente por la

Sra. Sasha López Rodríguez. En síntesis, las cláusulas de

este primer documento se centran en informar sobre las

pruebas, medicamentos y procedimientos clínicos a los que

sería sometida la señora López Rodríguez como parte de la

donación de óvulos. No empece a ello, el documento cuenta

con una cláusula titulada “Renuncia de derechos de la

DONANTE”. En esta cláusula, la señora López Rodríguez

renuncia a “todo y/o cualquier derecho legal, moral,

filosófico, patrimonial, filial, de custodia, sentimental, CC-2021-0157 19

emocional y/o Divino que pudiese tener sobre las MUESTRAS.

. .”. Por lo antes discutido, es evidente que se trata de un

consentimiento médico, firmado por una paciente como parte

de un procedimiento clínico para estimular la ovulación y

poder donar dichas muestras.

En cuanto al segundo documento, el mismo discute los

procedimientos clínicos, el uso de medicamentos, riesgos y

posibles resultados de los tratamientos por los que tendría

que pasar la señora López Rodríguez. El documento fue firmado

no solo por la señora López Rodríguez sino también por los

padres intencionales, el señor Luis Negrón Romero y la señora

Melissa Pérez Rodríguez. De igual forma, el documento

incluía una cláusula de renuncia, en la que la señora López

Rodríguez se comprometía a renunciar a “todo y/o cualquier

derecho legal, moral, filosófico, patrimonial, filial, de

custodia, sentimental, emocional y/o Divino que pudiese

tener sobre los embriones o las criaturas humanas

engendradas y/o nacidas. . .”. No obstante, el documento

claramente especifica que su único propósito es que sea

utilizado como consentimiento médico y que “no pretende ser

un acuerdo legal entre la MADRE SUBROGADA TRADICIONAL Y/O

GESTACIONAL y el PADRE y la MADRE INTENCIONAL”. Nuevamente,

es evidente que nos encontramos ante un consentimiento

médico que informa a la paciente y a los padres intencionales

de los procedimientos clínicos.

Por todo lo antes mencionado, es forzoso concluir que

los formularios firmados por la madre subrogada tradicional CC-2021-0157 20

y los padres intencionales del menor E.N. no son vinculantes

ni tienen fuerza contractual alguna entre las partes. Los

formularios constituyen un mero consentimiento médico entre

la paciente, la señora López Rodríguez, y el doctor a cargo

de los procedimientos clínicos. Aunque en el caso particular

de la maternidad subrogada tradicional, no existe una

política clara sobre los acuerdos de subrogación, no podemos

pretender suplir ese vacío con acuerdos privados carentes de

oponibilidad jurídica.

Como pudimos apreciar, son muchas las jurisdicciones en

los Estados Unidos que continúan desarrollando política

pública o resolviendo a través de jurisprudencias las

controversias sobre acuerdos de maternidad subrogada. Puerto

Rico no es la excepción. Aunque nuestro ordenamiento ha

comenzado a avanzar y nuestro nuevo Código Civil de 2020 ha

reconocido la maternidad subrogada gestacional, queda mucho

trabajo aun por hacer. Con el mejor bienestar del menor como

norte, me es imposible validar los consentimientos médicos

aquí presentados como un acuerdo de subrogación. Debemos

tener en cuenta, que la Comisión que propuso el Borrador del

Código Civil 2010 recomendó que, en los casos de maternidad

subrogada tradicional, la filiación correspondiente sería la

adoptiva. Recordemos que la señora López Rodríguez comparte

un vínculo genético con el menor E.N., razón por la cual me

reafirmo en mi posición que el procedimiento adecuado para

que la madre intencional tenga la filiación con el menor es

la adopción. CC-2021-0157 21

Por tanto, considerar estos consentimientos médicos

como un acuerdo de maternidad subrogada tradicional que

supone la entrega de una criatura sin la oportuna

intervención de un proceso de adopción formal adolece de

validez jurídica y atenta contra la ley y el orden público.

No cabe duda, que el consentimiento médico suscrito entre el

facultativo y la señora López Rodríguez es válido

exclusivamente para el procedimiento médico al que fue

sometida. No podemos extrapolar lo suscrito en un formulario

médico a la controversia sobre filiación ante nosotros.

Por los fundamentos expuestos, confirmaría en parte la

Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones.

Mildred G. Pabón Charneco Jueza Asociada