Oficina De La Procuradora De Las Mujeres v. Corteva Agriscience Puerto Rico, Inc. Y Otro

2025 TSPR 146

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: December 30, 2025
• Docket: CC-2025-0009
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Oficina de la Procuradora de las Certiorari Mujeres

Peticionaria 2025 TSPR 146 v.

Corteva Agriscience Puerto Rico, Inc., Advance Service 216 DPR ___ Professional, Inc.

Peticionario

Número del Caso: CC-2025-0009

Fecha: 30 de diciembre de 2025

Tribunal de Apelaciones:

Panel III

Representante legal de la parte peticionaria:

Lcda. Astrid Piñeiro Vázquez Procuradora de las Mujeres

Lcda. Madeline Bermúdez Sanabria Procuradora de las Mujeres Interina

Lcdo. Nelson D. Vélez Colón

Lcdo. Javier José Dilán Pérez

Representante legal de la parte recurrida:

Lcda. Anita Montaner Sevillano Lcda. Natalia Marín Catalá Lcda. Lourdes C. Hernández Venegas Lcdo. Alberto Tabales Maldonado

Materia: Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM)– Jurisdicción de la OPM para fiscalizar, investigar e imponer multas a las agencias gubernamentales y las entidades privadas que incumplan con la política pública del Estado o violen los derechos de las mujeres amparados por la Constitución y las Leyes de Puerto Rico.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Certiorari Oficina de la Procuradora de las Mujeres

Peticionaria

v. CC-2025-0009

Corteva Agriscience Puerto Rico, Inc., Advance Service Professional, Inc.

Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de diciembre de 2025.

Hoy nos compete examinar la jurisdicción de la Oficina

de la Procuradora de las Mujeres (OPM) para fiscalizar,

investigar e imponer multas administrativas al amparo de su

ley habilitadora, Ley Núm. 20-2001, infra. Esto surge ante

alegadas violaciones a los derechos de una mujer trabajadora

por discrimen por razón de sexo bajo el marco de la Ley Núm.

3, infra, la Ley Núm. 69, infra, y la Ley Núm. 100, infra.

Estas leyes laborales otorgan jurisdicción a los

tribunales para proveer los remedios indemnizatorios en

ellas contemplados. No obstante, las facultades de

fiscalizar, investigar e imponer multas administrativas

tienen un propósito distinto, pues permiten hacer valer los

poderes de la agencia y disuadir de la transgresión de los CC-2025-0009 2

derechos y la política pública que le fue encargado

supervisar.

En vista de lo anterior, concluimos que la ley

habilitadora de la OPM le otorgó jurisdicción para

fiscalizar, investigar e imponer multas a las agencias

gubernamentales y las entidades privadas que incumplan con

la política pública del Estado o violen los derechos de las

mujeres amparados por la Constitución y las Leyes de Puerto

Rico. Este mandato se extiende a “cualquier asociación,

organización, instituto o persona natural o jurídica en la

que una mujer labore”, por lo que puede comprender las leyes

laborales que impactan a las mujeres trabajadoras en nuestra

jurisdicción cuando proceda conforme a derecho.1

Eliminar las facultades de investigar e imponer multas

administrativas de la OPM para obligar al cumplimiento de la

política pública sobre los derechos de las mujeres en el

ámbito laboral inevitablemente equivaldría a hacer

inoperante a la OPM en una esfera de gran impacto en la vida

de las mujeres. A su vez, sería contrario a la intención

legislativa y a la política pública que inspiró su creación.

I

El 9 de noviembre de 2023, la OPM inició un proceso

investigativo dirigido a Corteva Agriscience Puerto Rico,

Inc. (Corteva) y Advance Service Professional, Inc. (ASP)(en

conjunto parte recurrida) ante las alegaciones que

1 Art. 2(b) Ley Núm. 20-2001, según enmendada, conocida como Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (1 LPRA sec. 311). CC-2025-0009 3

presentara la Sra. Erilyn Ramos Santiago (señora Ramos

Santiago) sobre violaciones a sus derechos constitucionales

y laborales como mujer trabajadora.

La señora Ramos Santiago ocupó varios puestos en

Corteva a través de la contratación de la compañía de

servicios de empleo temporero ASP entre el 29 de octubre de

2021 y mediados del 2023. Sostuvo que tras “notificar sobre

su estado de embarazo fue retirada de su empleo hasta que

entregara una certificación m[é]dica que hiciera expresión

de que su embarazo no fuere uno de alto riesgo. Entregada la

certificación requerida la Sra. Ramos Santiago no ha sido

reincorporada a su empleo”.2

Luego de ciertas solicitudes de información y

producción de documentos a la parte recurrida, el 20 de marzo

de 2024 la OPM presentó la Querella Núm. GM2024CV00213 ante

el Tribunal de Primera Instancia en representación de la

señora Ramos Santiago. En ella reclamó violaciones a la Ley

Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, conocida

como Ley Antidiscrimen de Puerto Rico (29 LPRA Sec. 146 et

seq.); la Ley Núm. 69 de 6 de julio de 1985, según enmendada,

conocida como Ley para garantizar la igualdad de derecho al

empleo (29 LPRA Sec. 1321 et seq.); y la Ley Núm. 3 de 13 de

marzo de 1942, según enmendada, conocida como Ley de

Protección a las Madres Obreras (29 LPRA Sec. 467 et seq.).3

2 Apéndice, pág. 1. 3 Apéndice, pág. 183. CC-2025-0009 4

Días más tarde, el 1 de abril de 2024, la OPM comenzó

un Procedimiento Adjudicativo: Orden para Mostrar Causa ante

el posible incumplimiento de la parte recurrida con la Ley

Núm. 20-2001, según enmendada, conocida como Ley de la

Oficina de la Procuradora de las Mujeres (1 LPRA sec. 311 et

seq.), el Art. II, Sec. 1 Const. PR, LPRA, Tomo 1; la Ley

Núm. 3, supra; la Ley Núm. 69, supra; la Ley Núm. 100, supra.;

y la Ley Núm. 26-1992, según enmendada, conocida como Ley

para Reglamentar la Contratación de Empleados Temporeros a

través de Compañías de Servicios Temporeros (29 LPRA Sec.

1322 et seq.). A su vez, ordenó que mostraran causa por la

cual no debía imponerles multas por la suma de $10,000 a

cada querellada por el incumplimiento con la Ley Núm. 3,

supra, al despedir a la señora Ramos Santos por razón de la

merma en su producción por encontrarse en estado de embarazo;

$10,000 a cada querellada por el incumplimiento con la Ley

Núm. 69, supra, al no ofrecerle igual trato en el empleo por

su estado de embarazo, y $10,000 a cada querellada por el

incumplimiento con la Ley Núm. 100, supra, al despedir a la

señora Ramos Santos por razón de sexo.

Corteva y ASP comparecieron con sus respectivos

escritos. Corteva sostuvo que no procedían las multas.

Indicó que a pesar de no ser el patrono de la señora Ramos

Santiago (pues ella llevaba a cabo diversas funciones

mediante contratos de asignaciones de empleo temporero)

cumplió con sus obligaciones bajo las leyes laborales y buscó

acomodar temporeramente a la querellante según las CC-2025-0009 5

restricciones del facultativo médico que limitaban el

levantamiento de peso a diez (10) libras por razón de

embarazo. Asimismo, ambas recurridas presentaron una Moción

conjunta de desestimación por falta de jurisdicción el 5 de

junio de 2024 en la que sostuvieron que la OPM carecía de

jurisdicción para atender las reclamaciones de discrimen

bajo estos estatutos laborales, pues la jurisdicción expresa

y exclusiva fue conferida a los tribunales. Añadieron que

las facultades de la OPM no debían interpretarse como que se

le ha conferido jurisdicción generalizada para encauzar

reclamaciones laborales contra patronos privados. Expresaron

que la OPM no cuenta con el peritaje necesario para examinar

reclamaciones de discrimen bajo estas leyes, pues no ha sido

creada para atender la materia técnica respecto al derecho

al empleo y su legislación protectora como tampoco

alegaciones complejas de daños y perjuicios. Por lo tanto,

sostuvieron que cualquier decisión que tome la OPM sería

nula por falta de jurisdicción sobre la materia.

Examinada la postura de ambas partes, el 28 de junio de

2024, la OPM emitió una Orden y Resolución en la que declaró

la solicitud de desestimación No Ha Lugar y expresó que “la

controversia en el mismo se ciñe a los poderes de

investigación, fiscalización e imposición de multas

expresamente delegados” a la OPM.4 Apéndice, pág. 34.

4 La Orden y Resolución de 18 de octubre de 2024 fue enmendada el 23 de octubre de 2024. CC-2025-0009 6

En vista de esta determinación, las recurridas

solicitaron reconsideración. Sostuvieron nuevamente que los

remedios solicitados en la Querella administrativa incluían

daños económicos, emocionales y angustias mentales. Además,

expresaron que:

No dudamos, ni mucho menos cuestionamos la facultad de la OPM y de la Honorable Oficial Examinadora en reclamar e imponer y cobrar multas administrativas respectivamente, al amparo del Art. 10(h) de la Ley Núm. 20-2001. Lo que sucede es que este Honorable Foro, para poder imponer una multa, [la OPM] tendría que determinar si en efecto hubo discrimen y si el alegado despido fue injustificado, y esa es la facultad que no tiene dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Apéndice, pág. 38.

Añadieron que la OPM “no tiene conocimiento

especializado o expertise en el área de la legislación

laboral” por lo que se contravendría el propósito del

procedimiento administrativo. Sostuvieron que es el

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) la

agencia con más experiencia en la materia de legislación

laboral y empleo, y aún así la Unidad Antidiscrimen no ofrece

compensación bajo estas leyes.5

Por otro lado, la OPM sostuvo que la vulneración de los

derechos de la mujer trabajadora puede estar sujeta a

diversos tipos de sanciones, tanto en el ámbito civil o

penal, como en el administrativo. En el ámbito

administrativo, la OPM cuenta con facultades delegadas para

ordenar acciones correctivas y para imponer multas

administrativas. Sin embargo, reconoció no poder conceder

5 Apéndice, págs. 41, 42, 44. CC-2025-0009 7

los remedios indemnizatorios a la empleada al amparo de estas

leyes por lo que los procuraron ante el Tribunal de Primera

Instancia.

La solicitud de reconsideración fue denegada.

Inconforme, la parte recurrida presentó un recurso de

Revisión Judicial. Mediante Sentencia de 18 de diciembre de

2024, notificada el 20 de diciembre de 2024, el Tribunal de

Apelaciones revocó la Orden y Resolución enmendada de 24 de

octubre de 2024 de la OPM. Concluyó que la OPM no tenía

jurisdicción para conocer sobre las controversias que surjan

en virtud de las leyes laborales.

En vista de esta determinación, la OPM acudió ante nos

y señaló los errores siguientes:

1. Erró el Tribunal de Apelaciones al despojar a la OPM, contrario a las disposiciones de la Ley Núm. 20, supra, de sus poderes y obligaciones de fiscalizar, investigar y de imposición de multas a personas naturales o jurídicas por el incumplimiento de los estatutos que protegen a la mujer trabajadora en nuestra jurisdicción.

2. Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar, de modo general, que la OPM carece de jurisdicción para “atender las controversias que surjan en virtud de la Ley Núm. 100, supra, la Ley Núm. 69, supra, y la Ley Núm. 3, supra”. Así, se dejó de resolver los asuntos relacionados a la aplicabilidad, además, del artículo II, sección 1 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y la Ley Núm. 26, supra.

3. Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar, de modo general, que la OPM carecía de jurisdicción para “atender las controversias que surjan en virtud de la Ley Núm. 100, supra, la Ley Núm. 69, supra, y la Ley Núm. 3, supra”, debido a “que dentro de sus deberes y funciones CC-2025-0009 8

no figura el poder de adjudicar reclamaciones bajo leyes antidiscrimen”. La conclusión se basó en una premisa errónea, ya que el proceso ante la OPM no era para “adjudicar reclamaciones” bajo ningún estatuto laboral que proteja a la mujer trabajadora. El procedimiento es uno de fiscalización, investigación y multas, conforme a la Ley Núm. 20, supra, por el incumplimiento de estatutos laborales que impactan a la mujer trabajadora en Puerto Rico.

Contando con la comparecencia de ambas partes, y

habiéndose expedido el recurso, estamos en posición de

resolver.

II

El estatuto orgánico o la ley habilitadora de una

agencia es el mecanismo legal que le delega los poderes y

facultades necesarios para actuar en conformidad con el

propósito legislativo. Vázquez et al. v. DACo, 2025 TSPR 56,

215 DPR __ (2025); D.A.Co. v. Fcia. San Martín, 175 DPR 198,

203 (2009). De esta forma, la agencia solo tiene jurisdicción

para realizar las funciones que le han sido encomendadas

legislativamente y aquellas que surjan o sean indispensables

para llevar a cabo su actividad o encomienda principal.

Depto. Justicia et al. v. Jiménez et al., 199 DPR 293, 309

(2017); Amieiro González v. Pinnacle Real Estate, 173 DPR

363, 371 (2008). No obstante, como cualquier otra ley, la

ley habilitadora y los poderes delegados en ella deben

interpretarse tomando en cuenta la intención legislativa, la

política pública y el interés social que la inspira, y

atribuyéndole un sentido que acierte el resultado pretendido CC-2025-0009 9

por el legislador. Ayala Hernández v. Consejo Titulares, 190

DPR 547, 561-562 (2014).

Los tribunales también hemos “reconocido mucha

discreción a las agencias en la selección de las medidas que

les ayuden a cumplir los objetivos de las leyes cuya

administración e implantación se les ha delegado, siempre

que actúen dentro del marco de su conocimiento especializado

y de la ley”. Comisionado de Seguros v. PRIA, 168 DPR 659,

667 (2006) (Énfasis omitido). Véase, además, O.E.G. v.

Román, 159 DPR 401 (2003). Así, nuestro ordenamiento ha

validado reiteradamente la imposición de multas

administrativas como una de las facultades que ostentan las

agencias. Particularmente, la Sec. 7.1 de la Ley Núm. 38-

2017, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA

sec. 9701, (LPAU), reconoce que “[t]oda violación a las leyes

que administran las agencias o a los reglamentos emitidos al

amparo de las mismas podrá ser penalizada con multas

administrativas que no excederán de cinco mil dólares

($5,000) por cada violación”. De igual forma, mediante ley

especial, la Asamblea Legislativa puede autorizar a las

agencias a imponer multas por cantidades mayores. Íd.

A diferencia de otras facultades o remedios, este tipo

de sanción civil permite que las agencias vindiquen los

poderes que la Asamblea Legislativa les ha delegado cuando

las personas o entidades que realizan actividades reguladas

por la agencia se apartan del mandato de ley o de algún CC-2025-0009 10

reglamento, así como, para lograr los objetivos de la

agencia. Martínez v. D.A.Co., 163 DPR 594 (2004); Assoc.

Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 441

(1997). Es decir, tiene el propósito de evitar o disuadir

las transgresiones a la ley o reglamento, así como de

corregir una situación. Comisionado v. Prime Life, 162 DPR

334, 344 (2004). Véase, J.A. Echevarría Vargas, Derecho

Administrativo Puertorriqueño, Ed. SITUM, 2017, pág. 260.

Por lo tanto, las multas administrativas se diferencian en

propósito y consecuencia de aquellos remedios que buscan

resarcir el daño causado a la parte por violaciones a las

leyes.

No obstante, la imposición de multas está sujeta al

procedimiento administrativo con sus correspondientes

salvaguardas, así como a la posterior revisión judicial por

los tribunales de justicia para asegurar que la agencia

administrativa haya actuado acorde con el poder que se le ha

delegado y de manera compatible con la política legislativa.6

Comisionado de Seguros v. PRIA, supra, pág. 667. Véase,

además, D. Fernández Quiñonez, Derecho Administrativo, 75

Rev. Jur. UPR 67 (2006). Especialmente, los tribunales

examinarán que la “sanción administrativa esté basada en

evidencia sustancial, no constituya una actuación ultra

6 Martínez v. D.A.Co., 163 DPR 594, 608 n.12 (2004). Véase, Vázquez et al. v. DACo, 2025 TSPR 56, 215 DPR __ (2025), para una exposición detallada y reciente de la revisión judicial de las determinaciones administrativas. Por todo lo cual, las determinaciones de hecho de la agencia serán sostenidas de estar respaldadas por evidencia suficiente que surja del expediente administrativo y las conclusiones de derecho serán revisables por el tribunal en todos sus aspectos. CC-2025-0009 11

vires y tenga una relación razonable con los actos que se

quieren prohibir”. O.E.G. v. Román, supra, pág. 417.

Cabe señalar que, en ocasiones la Asamblea Legislativa

opta por delegar facultades a más de un foro sobre una misma

actividad regulada, creando de esta forma, un espacio

regulatorio compartido o de coordinación interagencial.

D.A.Co. v. Fcia. San Martín, supra. Véase, J. Freeman, Agency

Coordination in Shared Regulatory Space, 125 Harv. L. Rev.

1131, 1145 (2012). Por ejemplo, la Sec. 6.4 de la LPAU,

supra, contempla las gestiones conjuntas para que “las

agencias p[ueda]n realizar inspecciones e investigaciones

conjuntas con el objetivo de ampliar y facilitar su capacidad

de fiscalizar el cumplimiento de las leyes especiales por el

cual deben velar”.7 De igual forma, la Sec. 6.3 de la LPAU,

supra, indica que “[l]os funcionarios de cualquier agencia

administrativa p[uede]n radicar una querella en otra

agencia, cuando hayan podido observar la violación de

cualquier disposición de ley o reglamento que administra la

otra agencia”.8

Al crear estos espacios compartidos, la Asamblea

Legislativa sopesa los beneficios, los costos y las

complejidades de coordinación que puede conllevar la

concesión de jurisdicción a varios foros. Martínez v.

Rosado, 165 DPR 582 (2005). No obstante, cuando existe un

conflicto jurisdiccional entre los foros administrativos que

7 3 LPRA sec. 9694. 8 3 LPRA sec. 9695. CC-2025-0009 12

no es posible armonizar, hemos extendido el principio de

especialidad de las leyes al ámbito administrativo. Es

decir, hemos reconocido que en esos supuestos una ley de

carácter especial sobre una materia prevalece sobre otra de

carácter general, por lo que debemos comparar “los poderes

delegados a ambas agencias y sus respectivas funciones

reguladoras y adjudicativas de la conducta en controversia”.9

D.A.Co. v. Fcia. San Martín, supra, págs. 212-213. En todo

caso se debe velar por promover la coordinación

interagencial y de que este espacio regulatorio compartido

no fomente las sanciones múltiples o simultáneas. Íd. pág.

216.

Con este referente, examinemos la ley orgánica de la

OPM para entender las facultades que le fueron concedidas a

la OPM y a la Procuradora de la Mujer.

III

El Estado ha reconocido “que las mujeres siguen siendo

objeto de importantes discriminaciones, opresiones y

marginaciones que violan los principios de igualdad de

derechos y el respeto de la dignidad humana y que dificultan

su participación en la vida política, social, económica,

cultural y civil”. Art. 3 de la Ley Núm. 20-2001, supra, (1

LPRA sec. 311 nota). Por ello, estableció como política

pública “garantizar el pleno desarrollo y respeto de los

9 No obstante, en De la Vega v. Sancho Bonet, Tes., 56 DPR 753, 756 (1940), reconocimos que una ley especial puede ser modificada por una general. CC-2025-0009 13

derechos humanos de las mujeres y el ejercicio y disfrute de

sus libertades fundamentales”. Íd.

Con la promulgación de la Ley Núm. 20-2001, supra, la

Asamblea Legislativa detalló los avances estatutarios e

institucionales que por décadas ha llevado a cabo en esa

dirección, pero también reconoció la ausencia de mecanismos

o instancias de fiscalización que obligaran al cumplimiento

de las políticas públicas que garanticen los derechos

humanos de las mujeres. Íd. Así, surge del Informe Conjunto

de las Comisiones de Asuntos de la Mujer y de lo Jurídico de

2 de abril de 2001 que:

la experiencia acumulada durante los pasados años en la Comisión para los Asuntos de la Mujer apuntaba desde hace ya una década a la necesidad de ampliar el esquema de acción de este organismo. La falta de facultades para intervenir y adjudicar controversias, para dictar órdenes vinculantes y acudir a los foros correspondientes para hacerlas valer, son algunas limitaciones en el accionar de esta agencia. Era pues, necesario crear un organismo autónomo, que retuviera las obligaciones otorgadas a la Comisión, pero concediéndole poderes adicionales y nuevas facilidades, tales como facultad para crear oficinas regionales o locales, para recibir, investigar y adjudicar querellas y para implantar la política pública sobre las mujeres con fuerza de ley. Informe de las Comisiones de Asuntos de la Mujer y de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, 26 Diario de Sesiones, 2 de abril de 2001, 14ta Asamblea Legislativa, 1ra Sesión Ordinaria, pág. 2117.

Asimismo, del historial legislativo resalta cómo la

legislación pretende salvaguardar los derechos reconocidos

a la mujer, incluyendo los derechos de la obrera

puertorriqueña. Se expresa en el Informe de las Comisiones

de Gobierno, de Asuntos de la Mujer y de Hacienda que: CC-2025-0009 14

Hemos visto cómo la medida ante nuestra consideración pretende viabilizar la coordinación de esfuerzos multisectoriales para salvaguardar los derechos que las leyes han reconocido a la mujer por su incuestionable condición biológica, emocional, social, en fin, multidimensional, de ser mujer: derechos de la obrera puertorriqueña, derecho a la co-administración en la sociedad legal de gananciales, ayuda a víctimas de violación y prohibición del discrimen por sexo, entre otros. (Énfasis suplido). Informe de las Comisiones de Gobierno, de Asuntos de la Mujer y de Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Diario de Sesiones, 5 de abril de 2001, 14ta Asamblea Legislativa, 1ra Sesión Ordinaria, págs. 37 y 79.

Por ello, la Ley Núm. 20-2001, supra, creó el cargo de

la Procuradora de las Mujeres y la OPM, la cual estructuró

como un organismo con suficiente autonomía y facultades

plenas de fiscalización, investigación, reglamentación y

cuasijudiciales para proveer remedios y actuaciones

correctivas de aquellas acciones u omisiones de agencias y

entidades privadas que lesionen los derechos de las mujeres

y las políticas existentes; autorizándola a imponer multas

administrativas, otorgar compensaciones por daños, así como

fijar penalidades.

Entre las facultades que la Ley Núm. 20-2001, supra, le

delegó a la OPM, se encuentra la de acudir ante diversos

foros, por sí o en representación de la parte interesada,

para presentar las acciones que estime pertinentes para

atender las violaciones contra la política pública

establecida. Art. 9(c) Ley 20-2001 (1 LPRA sec. 316). Además,

el estatuto faculta a la Procuradora de las Mujeres a:

[a]tender, investigar, procesar y adjudicar querellas relacionadas con acciones y omisiones que lesionen los derechos de las mujeres, les niegan CC-2025-0009 15

los beneficios y las oportunidades a que tienen derecho, y afecten los programas de beneficio para las mujeres; y conceder los remedios pertinentes conform[e] a derecho, así como ordenar acciones correctivas a cualquier persona natural o jurídica, o cualquier agencia que niegue, o entorpezca, viole o perjudique los derechos y beneficios de las mujeres. 1 LPRA sec. 318(a).

También la autoriza a “adoptar las reglas y reglamentos que

fueren necesarios para llevar a cabo los propósitos de esta

ley”. 1 LPRA Sec. 318(d). Con particular pertinencia al caso

de autos, la Procuradora de las Mujeres puede: “[i]mponer y

cobrar multas administrativas hasta un máximo de $10,000 por

acciones u omisiones que lesionen los derechos de la mujer

amparados por la Constitución y las leyes del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, de conformidad y fijar la

compensación por daños ocasionados, en los casos que así

proceda”. 1 LPRA Sec. 318(h).

En virtud de lo anterior, la OPM adoptó el Reglamento

Núm. 8454 del 10 de marzo de 2014, conocido como Reglamento

sobre Procedimientos Investigativos y Adjudicativos de la

Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Este Reglamento es

aplicable a los trámites investigativos, adjudicativos,

correctivos o de imposición de multa que lleve a cabo la OPM

en el ejercicio de sus funciones investigativas y cuasi-

judiciales.10 Art. 1.3 del Reglamento Núm. 8454. No

10 El término “querella” incluye la “acción iniciada por la OPM para hacer cumplir las leyes y reglamentos, compeler a la corrección de deficiencias e imponer multas”. Art. 2(11) del Reglamento Núm. 8454 de 10 de marzo de 2014, conocido como Reglamento sobre Procedimientos Investigativos y Adjudicativos de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. CC-2025-0009 16

obstante, el Art. 3(5) del Reglamento Núm. 8454, reconoce

que no se investigará aquel asunto que “está siendo

considerado, adjudicado o investigado por otro foro al

momento de presentarse la queja y a juicio de la Procuradora

representaría una duplicidad de esfuerzos y recursos actuar

sobre la misma”.

Así, el procedimiento adjudicativo provisto en la ley

reconoce y faculta a la Procuradora a llevar a cabo estas

funciones frente a agencias y entidades privadas, incluyendo

“a cualquier asociación, organización, instituto o persona

natural o jurídica en la que una mujer labore”. (Énfasis

suplido), Art. 2(b) Ley 20-2001, (1 LPRA sec. 311). Por lo

tanto, examinemos las leyes laborales que se relacionan al

caso de autos.

IV

La Sec. 1 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico,

LPRA, Tomo 1, establece que “[l]a dignidad del ser humano es

inviolable” y prohíbe el discrimen por motivo de raza, color,

sexo, nacimiento, origen o condición social, o ideas

políticas o religiosas. Art. II, Sec. 1, Const. PR, LPRA,

Tomo 1, ed. 2008, pág. 272. Siguiendo este mandato

constitucional, nuestro ordenamiento legal ha extendido este

principio de esencial igualdad humana al contexto laboral

y por ello, se han promulgado leyes laborales que proscriben

tajantemente todo discrimen por razón del sexo de una

persona. López Fantauzzi v. 100% Natural, 181 DPR 92 (2011).

De particular pertinencia al caso de autos, examinamos la CC-2025-0009 17

Ley Núm. 3, supra; la Ley Núm. 69, supra y la Ley Núm. 100,

supra.11 Estas leyes de naturaleza indemnizatoria forman

parte “de un esquema legislativo dirigido a implantar la

política pública del Estado contra el discrimen por razón de

sexo, práctica ilegal e indeseable que atenta contra el

principio constitucional anteriormente esbozado”. Suárez

Ruiz v. Figueroa Colón, 145 DPR 142, 149 y 153 (1998).

Así, desde 1942 el Estado ha procurado proteger a la

mujer trabajadora de discrimen durante el estado grávido

mediante la promulgación de la Ley Núm. 3, supra. Primero,

reconoció la licencia por maternidad, pero posteriormente

enmendó este estatuto para, entre otras cosas, reconocer la

posible merma en la producción de una mujer embarazada y

ofrecerle a la mujer obrera una mayor garantía contra el

discrimen en el trabajo por razón de sexo. Por ello, protege

su derecho de continuar en el empleo y a que no se le despida

arbitrariamente.12 López Fantauzzi v. 100% Natural, 181 DPR

92 (2011); Soc. de Gananciales v. Centro Gráfico, 144 DPR

952 (1998); Rivera Áquila v. K-Mart de PR, 123 DPR 599, 609

(1989). “De esta manera se evitan las consecuencias socio-

económicas que durante el embarazo y después del mismo,

podría conllevar tal despido”. C. Zeno Santiago, Tratado de

Derecho del Trabajo, 2003, pág. 271. Así, entre otras

obligaciones y prohibiciones, proscribe el discrimen por

11 Véase, López Fantauzzi v. 100% Natural, supra, para un recuento histórico de estas tres leyes. 12 R. Delgado Zayas, Apuntes para el Estudio de la Legislación Protectora

del Trabajo en el Derecho Laboral Puertorriqueño ed. rev. 2021, pág. 214. CC-2025-0009 18

razón de embarazo y el despido sin justa causa de la mujer

embarazada, mientras reconoce una acción por daños contra el

patrono.13 29 LPRA sec. 469. R. Delgado Zayas, Apuntes para

el Estudio de la Legislación Protectora del Trabajo en el

Derecho Laboral Puertorriqueño (2021), pág. 222.

Un aspecto de suma importancia es que la Ley Núm. 3,

supra, establece una presunción de despido injustificado.

Por lo tanto, establecido que la mujer ha sido despedida

durante su embarazo, le corresponde al patrono probar que

había justa causa para terminar la relación obrero-patronal

y este no puede deberse al menor rendimiento en el empleo

cuando es consecuencia directa del estado de embarazo. Soc.

de Gananciales v. Centro Gráfico, supra; Rivera Áquila v. K-

Mart de PR, supra; Santiago v. Oriental Bank & Trust, 157

DPR 250 (2002). Con este estatuto, el Estado provee una

protección superior a la madre obrera en comparación a otras

leyes laborales, ya sea por el peso de la prueba o la

amplitud de la indemnización a concederse.14 29 LPRA sec.

469.

13 Meléndez v. Asoc. Hosp. del Maestro, 156 DPR 828, 841-842 (2002)(La “Ley Núm. 3 dispone sanciones civiles distintas con respecto a los tres derechos esenciales que dicha ley establece”.). 14 Véase además, Meléndez v. Asoc. Hosp. del Maestro, 156 DPR 828 (2002);

Maldonado v. Russe, 153 DPR 342, 348 (2001); Soc. de Gananciales v. Centro Gráfico, 144 DPR 952 (1998) (“La Ley Núm. 3, supra, incluye los daños sufridos por la trabajadora embarazada de forma ordinariamente más amplia que los remedios que concede la Ley Núm. 80, supra”.); Rivera Áquila v. K-Mart de PR, 123 DPR 599, 609 (1989) (“Mediante la Ley Núm. 3, supra, se proveyó a la mujer obrera embarazada una protección mayor que la que ofrece la ley Núm. 100, supra. En una acción entablada bajo la Ley Núm. 3, supra, el patrono responde en daños si despide, sin justa causa, a una mujer embarazada. De otra parte, una reclamación bajo la Ley Núm. 100, supra, podría no proceder si, a pesar de no existir justa causa para el despido, el patrono prueba que éste no fue discriminatorio”.); Schneider v. Tropical Gas Company, Inc., 95 DPR 626 (1967). 29 LPRA sec. 469. R. Delgado Zayas, op. cit. pág. 222. CC-2025-0009 19

Por otro lado, la Ley Núm. 69, supra, prohíbe de forma

específica el discrimen en el empleo por razón de sexo.15

Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, supra. Establece como

práctica ilegal del empleo que el patrono “por razón de su

sexo, suspenda, rehúse emplear o despida” a cualquier

empleado. 29 LPRA sec. 1323(1). Esto “[i]ncluye, pero no se

limita… a… embarazo, parto, o condiciones médicas

relacionadas”. 29 LPRA Sec. 1322(5). Por lo tanto, el patrono

que infrinja estas prohibiciones se expone a penalidades

civiles y criminales. López Fantauzzi v. 100% Natural,

supra, pág. 125. Para ello, el Art. 18 de la Ley Núm. 69,

supra, le confiere jurisdicción original a los tribunales en

los casos que surgieren en virtud de esta.16

Por último, la Ley Núm. 100, supra, señala ciertas

obligaciones para los patronos y les prohíbe de modo general

discriminar en el reclutamiento o empleo de una persona,

incluyendo por razón de sexo. Este comprende el discrimen

por razón de embarazo como una de sus modalidades. 29 LPRA

Sec. 147. López Fantauzzi v. 100% Natural, supra, pág. 120.

En consecuencia, penaliza al patrono mediante la imposición

de responsabilidad civil y criminal. Soto y otros v. Sky

Caterers, 2025 TSPR 3, 215 DPR __ (2025); Garib Bazaín v.

15 Por lo tanto, sus disposiciones prevalecen sobre las provistas en la Ley Núm. 100, supra, en cuanto a la prohibición del discrimen por razón de sexo en el empleo. Pérez v. Mun. De Guaynabo, 155 DPR 83, 88 (2001). 16 Al igual que la Ley Núm. 100, supra, la Unidad Antidiscrimen tiene

jurisdicción para investigar querellas de discrimen al amparo de este estatuto. Díaz Santiago v. International Textiles, 195 DPR 862 (2016). Véase además, Art. 3 del Reglamento General de la Unidad Antidiscrimen, Reglamento Núm. 6236 de 21 de noviembre de 2000. CC-2025-0009 20

Hosp. Aux. Mutuo et al., 204 DPR 601(2020). Además, la ley

otorga ciertas facultades al Secretario del Trabajo y

Recursos Humanos con el objetivo de erradicar el discrimen

en el empleo, quien en el ejercicio de estas facultades

cuenta con un procedimiento informal ante la Unidad

Antidiscrimen, entidad del DTRH encargada de investigar los

reclamos de los empleados contra los patronos por alegado

discrimen. Este procedimiento no es obligatorio para el

empleado, por lo que puede acudir directamente a los

tribunales para vindicar sus derechos. Tampoco “constituye

un procedimiento adjudicativo, sino investigativo y

conciliador dirigido a determinar si procede dar acceso a la

reclamación por discrimen ante los tribunales”.17 Meléndez

Rivera v. CFSE, 195 DPR 300, 307 (2016). Al respecto, hemos

expresado que el Secretario del Departamento del Trabajo y

Recursos Humanos “tampoco goza de la facultad para adjudicar

propiamente los derechos y las obligaciones de los empleados

y patronos implicados en casos de supuesto discrimen”. Íd.

Sin embargo, el Secretario sí tiene facultades

reglamentarias y la autoridad para promover o intervenir en

acciones bajo esta ley en representación de los

trabajadores, empleados o aspirantes, así como otros

remedios legales que sean necesarios para hacer cumplir la

17 La presentación de una querella administrativa ante la Unidad Antidiscrimen del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos tiene el efecto de interrumpir la acción judicial de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, conocida como Ley Antidiscrimen de Puerto Rico (29 LPRA Sec. 146 et seq.). Véase, Díaz Santiago v. International Textiles, supra; Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, 145 DPR 142(1998). CC-2025-0009 21

ley. Véase además, Art. 5, Ley Núm. 100, supra, 29 LPRA sec.

149.

V

La OPM sostiene que fue creada “para fortalecer y hacer

cumplir las políticas públicas que garanticen los derechos

humanos de las mujeres, promuevan la equidad por género,

eliminen toda discriminación hacia las mujeres, y garanticen

la protección de sus derechos humanos”.18 Añade que, como

parte de estos derechos se encuentran las protecciones

laborales de las mujeres trabajadoras en nuestra

jurisdicción. Además, indica que “los poderes delegados [de

investigación, fiscalización e imposición de multas] no se

limitan por la disponibilidad o existencia de cualquier

proceso ante cualquier otra agencia, foro o tribunal en

nuestra jurisdicción en reclamo de cualquier derecho o

remedio reconocido por los estatutos”.19

A contrario sensu, la parte recurrida sostiene que los

tribunales ostentan la jurisdicción exclusiva para atender

y adjudicar las reclamaciones laborales. Por ello, concluyen

que la OPM usurpa esa jurisdicción al investigar, fiscalizar

y multar por el alegado incumplimiento de estos estatutos.

Añade que en todo caso sería el Departamento del Trabajo y

Recursos Humanos la agencia administrativa con la pericia

para atender asuntos sobre discrimen laboral de mujeres por

18 Alegato, pág.9. 19 Alegato, p.15. CC-2025-0009 22

su estado gestante, siendo los estatutos laborales las leyes

especiales que rigen la materia.

En primer lugar, aclaramos que, en cuanto a los remedios

contemplados en las leyes laborales discutidas, el Tribunal

de Primera Instancia atiende la Querella Núm. GM2024CV00213.

Esa Querella fue presentada previo al Procedimiento

Adjudicativo: Orden para Mostrar Causa de 1 de abril de 2024.

Asimismo, en ningún momento se ha cuestionado la

jurisdicción de los tribunales para conceder tales remedios.

Además, la OPM ha limitado el procedimiento administrativo

a considerar sus facultades de fiscalización, investigación

e imposición de multas con relación a las alegadas

violaciones de las leyes que protegen el discrimen contra

una mujer trabajadora embarazada, por lo que la OPM no ha

pretendido conceder los remedios indemnizatorios de esas

Así las cosas, ambas partes reconocen que la Ley Núm.

20-2001, supra, delega a la OPM la capacidad de fiscalizar,

investigar e imponer multas en cuanto a las lesiones de los

derechos de la mujer amparados en la Constitución y las

leyes. No obstante, las partes nos solicitan que examinemos

si estas facultades se extienden al ámbito laboral y

específicamente a las leyes que prohíben el discrimen por

razón de sexo.

Surge del historial legislativo de la Ley Núm. 20-2001,

supra, que la Asamblea Legislativa examinó y detalló los

avances estatutarios e institucionales relacionados a los CC-2025-0009 23

derechos de las mujeres. Para ello contó con el insumo de

distintas entidades, incluyendo el Departamento del Trabajo

y Recursos Humanos. No obstante, y con total entendimiento

de estas leyes, así como de los trámites disponibles, la

Asamblea Legislativa contempló la creación de un nuevo ente

con suficiente autonomía y facultades plenas de

fiscalización, investigación, entre otras, para atender las

acciones u omisiones que persisten lesionando los derechos

de las mujeres, incluyendo aquellas en el ámbito laboral.20

Por consiguiente, la Exposición de Motivos de la Ley Núm.

20-2001, supra, reconoció las distintas manifestaciones de

discrimen hacia la mujer en el empleo, mientras que su texto

expresamente incluyó como “entidades privadas” sujetas a sus

poderes, “cualquier asociación, organización, instituto o

persona natural o jurídica en la que una mujer labore”. Por

lo tanto, la Asamblea Legislativa extendió las facultades de

la OPM a la esfera laboral, ámbito de tanto impacto en la

vida de las mujeres.

La Asamblea Legislativa ha sido consciente del

discrimen que enfrentan las mujeres y continúa promulgando

leyes para atenderlo. Así, tan reciente como en el 2017, la

Asamblea Legislativa promulgó la Ley Núm. 16-2017, conocida

20Del historial legislativo surge un repaso de los logros legislativos alcanzados durante el pasado siglo, así como su reconocimiento y apreciación de aquellas unidades de la Rama Ejecutiva que atienden de manera especializada los reclamos de las mujeres, destacando aquellas relacionadas con el discrimen en el empleo como la Unidad Antidiscrimen del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Informe de las Comisiones de Asuntos de la Mujer y de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, 26 Diario de Sesiones, 2 de abril de 2001, 14ta Asamblea Legislativa, 1ra Sesión Ordinaria, págs. 2111-2112. CC-2025-0009 24

como Ley de Igualdad Salarial de Puerto Rico (29 LPRA sec.

251 et seq.). Esta ley “prohíbe el discrimen salarial por

razón de sexo en trabajo comparable que requiera igual

destreza, esfuerzo y responsabilidades bajo condiciones de

trabajo similares”. Exposición de Motivos, Ley Núm. 16-2017,

(2017 [Parte 1]Leyes de Puerto Rico 597-604). Al hacerlo, se

coordinaron las funciones de investigación, querellas,

imposición de multas, así como la concesión de remedios,

entre varios foros: el Departamento del Trabajo y Recursos

Humanos, la OPM y los tribunales. En cuanto a la OPM, la Ley

Núm. 16-2017, supra, reconoció que la Procuradora podrá

tomar acciones al amparo de las facultades que le concede la

Ley Núm. 20-2001, supra.21 No obstante, para lograr que estos

foros operen en coordinación, requirió al Secretario del

Trabajo y Recursos Humanos en ciertas ocasiones atender las

querellas administrativas en primera instancia y luego

remitir el asunto a la atención de la OPM para que, entre

otras cosas, esta pueda imponer las multas correspondientes.

Esta especificación en la coordinación de facultades entre

los distintos foros no surge expresamente de la Ley Núm. 3,

supra, la Ley Núm. 69, supra, y la Ley Núm. 100, supra, ni

sus enmiendas. Sin embargo, eso no implica que no exista un

espacio interagencial compartido, como sostiene la parte

recurrida.

21Art. 6 de la Ley Núm. 16-2017, conocida como Ley de Igualdad Salarial de Puerto Rico (29 LPRA sec. 256). CC-2025-0009 25

Como discutimos previamente, la Ley Núm. 3, supra, la

Ley Núm. 69, supra, y la Ley Núm. 100, supra, prohíben el

discrimen por razón de sexo en distintas manifestaciones y

para ello conceden varios remedios que requieren del trámite

judicial. No obstante, este trámite judicial tiene un

propósito distinto al de la investigación e imposición de

multas administrativas. Tiene una naturaleza indemnizatoria

que busca resarcir el daño causado a la empleada. Por otro

lado, la imposición de multas administrativas tiene como

propósito evitar o disuadir las transgresiones a la ley o al

reglamento, así como hacer valer los poderes que la Asamblea

Legislativa le delegó a la agencia. Por lo tanto, no estamos

ante un conflicto jurisdiccional entre ambos foros que

requiera que las leyes sean armonizadas, Pueblo v. López

Pérez, 106 DPR 584, 586 (1977), sino que estamos ante foros

que tienen la encomienda de promover la política pública del

Estado contra el discrimen por razón de sexo, pero con

repercusiones distintas. En vista de esto, no nos convence

el argumento de la parte recurrida de que la OPM “intenta

adjudicarse y usurpar la jurisdicción de los tribunales

sobre reclamaciones laborales”.22

En este caso la empleada tenía varios foros a los que

podía acudir para presentar su reclamo y acudió directamente

a la OPM. Ninguna de las leyes expuestas limitaba las

funciones de la OPM o le requería transferir el caso para

22 Oposición al Alegato, pág. 1. CC-2025-0009 26

investigación o multa a otro foro administrativo. De esta

manera -y de forma paralela a una acción civil ante los

tribunales en la que se solicitan aquellos remedios que

proveen las leyes- la OPM comenzó un procedimiento

administrativo que pudiera culminar en la imposición de

multas administrativas. Tampoco ningún otro foro

administrativo ha considerado, adjudicado o investigado la

posible violación que presenta la madre obrera, de forma tal

que exista el riesgo de duplicidad de esfuerzos y recursos

o de sanciones administrativas múltiples bajo la Ley Núm.

20-2001. Por ende, sostenemos la determinación de la OPM de

que tiene jurisdicción para investigar, fiscalizar e imponer

multas administrativas, pues fue conforme a derecho, y a su

vez, promueve el propósito legislativo de asegurar el

cumplimiento con los derechos de las mujeres.

VI

Por último, debemos considerar la conducta de la parte

recurrida durante el trámite ante este foro.

Específicamente, el 30 de abril de 2025 la parte recurrida

presentó una Moción de desestimación por acuerdo

transaccional. Sostuvo que tras la presentación del recurso

ante nuestra consideración, las partes habían llegado a un

Acuerdo Transaccional para el cual solo faltaba la firma.

Además, anejó varias comunicaciones de correo electrónico

entre los representantes de las partes sobre las gestiones

dirigidas a transigir. CC-2025-0009 27

Poco después, la parte recurrida presentó una Solicitud

de descalificación de representación legal el 19 de mayo de

2025. En esta señaló que existía un conflicto de intereses

en cuanto a la aceptación del Acuerdo Transaccional. Esto

pues, la representación legal de la señora Ramos Santiago

ante el Tribunal de Primera Instancia participaba también en

el procedimiento adjudicativo ante la OPM y era una condición

esencial para el Acuerdo Transaccional el cierre de ambos

trámites: judicial y administrativo. Por lo tanto, se ponía

en riesgo el pago transaccional a favor de la señora Ramos

Santiago.

La OPM se expresó en cuanto a ambas mociones y sostuvo

que no existía Acuerdo vinculante escrito y firmado entre

las partes. Añadió que la parte recurrida había tergiversado

los hechos y producido documentos privados y confidenciales

relacionados al caso y el trabajo de los representantes

legales sin la autorización de la OPM, los cuales eran

inadmisibles por ser parte de las gestiones dirigidas a

transigir conforme a la Regla 408(A)(1) y (2) de las Reglas

de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. Sostuvo que no existía

conflicto de intereses ante la dualidad a la que está

expresamente autorizada la OPM por ley para atender casos

como el de autos, pero aún así la señora Ramos Santiago había

expresado que no estaba de acuerdo con firmar el Acuerdo

Transaccional. Por lo tanto, la OPM solicitó que se denegaran

ambas solicitudes y se impusieran sanciones. CC-2025-0009 28

Por consiguiente, denegamos ambas solicitudes y

procedemos a atender la imposición de sanciones con nuestra

determinación del caso. La Regla 49 del Reglamento del

Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, nos autoriza a imponer

las sanciones económicas que estimemos apropiadas cuando

alguna moción presentada es frívola o fue presentada para

dilatar los procedimientos. Ante la inexistencia de un

Acuerdo Transaccional y en vista de que las mociones

presentadas por la parte recurrida ocuparon de forma

innecesaria nuestros recursos y los de las demás partes,

se le impone a la parte recurrida una sanción de mil dólares

($1,000).

VII

Por los fundamentos expresados, revocamos la Sentencia

recurrida e imponemos a la parte recurrida una sanción de

mil dólares ($1,000) que deberá pagarse en sellos de rentas

internas en la Secretaría de este Tribunal dentro del

término de quince (15) días, contados a partir de la

notificación de la sentencia.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Mildred G. Pabón Charneco Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Corteva Agriscience Puerto Rico, Inc., Advance Service Professional, Inc.

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, revocamos la Sentencia recurrida e imponemos a la parte recurrida una sanción de mil dólares ($1,000) que deberá pagarse en sellos de rentas internas en la Secretaría de este Tribunal dentro del término de quince (15) días, contados a partir de la notificación de la sentencia.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió Opinión conforme en parte y Disidente en parte a la que se une el Juez Asociado señor Colón Pérez.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Oficina de la Procuradora de las Mujeres

v. CC-2025-0009 Corteva Agriscience Puerto Rico, Inc.; Advance Services Professional, Inc.

Opinión de conformidad en parte y disidente en parte emitida por la Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ a la que se unió el Juez Asociado señor Colón Pérez.

Estoy conforme con la determinación a la que

llegamos hoy porque los derechos de la mujer

trabajadora, en este caso el trabajo remunerado,

requieren de una visión amplia sobre las desigualdades

estructurales que aún le impiden a esta su desarrollo

pleno en los espacios públicos laborales. No obstante,

disiento en parte pues entiendo que no procedía la

imposición de la sanción adicional de mil dólares

($1,000) puesto que del expediente no surge que los

recurridos actuaran de manera frívola o con ánimo de

dilatar los procedimientos. Empero, enfatizo que la

adjudicación en nuestros tribunales que viabiliza la

comprensión de las barreras que impiden a la mujer CC-2025-0009 2

alcanzar la igualdad y facilita la protección de su dignidad

en los espacios de trabajo, es esencial para atajar cualquier

condición de discrimen y brindarle a esta unos remedios

prácticos y accesibles para la vindicación de sus derechos.

Puesto que nos encontramos ante un asunto que atañe la

médula del discrimen por razón de sexo: la creencia de que el

trato discriminatorio hacia las mujeres invade todos los

aspectos de su vida, se reconoce la jurisdicción de la Oficina

de la Procuradora de las Mujeres (OPM) para investigar y

sancionar ciertas conductas que también pueden ser atendidos,

con otro enfoque y con otros remedios, ante otros foros

adjudicativos. En este caso, los patronos Corteva Agriscience

Puerto Rico, Inc. y Advance Services Professional, Inc.,

arguyen que la OPM no tiene la jurisdicción ni el peritaje que

se requieren para atender asuntos laborales, pues entienden

que únicamente le corresponde atenerse a la “situación de las

mujeres”,1 allá en la abstracción. Sin embargo, los derechos

que salvaguardan las condiciones de la mujer obrera son

“situaciones de las mujeres” que la Procuradora de la Mujer,

dentro del marco de acción que le fue conferida, debe atender

si pretende cumplir con la misión y la visión que inspiró su

creación.

Los asuntos de las mujeres no son aislados ni ocurren en

el vacío, sino que guardan una relación estrecha con las

distintas intersecciones que, naturalmente, afectan sus vidas.

1 Apéndice, pág. 67. CC-2025-0009 3

Resalto que, en ese sentido, no se puede y no se debe hablar

de los asuntos de las mujeres sin también hablar de empleo,

educación, política, crianza o cuidados, recreación y

deportes, salud, finanzas, ocio y, por supuesto, de justicia.

El principio de la no discriminación implica derribar las

barreras que pretenden negar o limitar el acceso de la mujer

a ciertos espacios. Por las razones que expongo, coincido con

la decisión que tomamos hoy al sostener que la defensa de las

obreras puertorriqueñas también es parte inherente de la

misión y del propósito de la OPM.2

El Estado creó la OPM como un medio para canalizar su

intervención en favor de la protección de los derechos de las

mujeres. Al estudiar el historial legislativo, tal y como

consta en la Opinión del Tribunal, es inescapable concluir que

se facultó a la OPM a intervenir en todos los ámbitos que

mencionamos antes, lo que incluye hacer valer los derechos de

las mujeres en la esfera laboral —específicamente, como en el

caso ante nos— cuando se busca vindicar el derecho de una

mujer trabajadora quien alega haber sido discriminada por

motivo de su embarazo. Por un lado, a la OPM se le confirió

la facultad para intervenir con “cualquier asociación,

instituto, organización o persona natural o jurídica”3 que

incumpla con la política pública antidiscriminatoria del

Estado por razón de sexo o género. Por el otro, en aras de

promover la justicia, los tribunales tenemos el deber de

2 Opinión, págs. 13-14. 3 Art. 2(b) de la Ley 20-2001, Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, 1 LPRA sec. 311. CC-2025-0009 4

reafirmar las salvaguardas que amparan a las clases

protegidas, y de viabilizar que las instituciones puedan

ejercer sus facultades para defenderlas a través de los

mecanismos adecuados para ello.

En lo pertinente, las mujeres actualmente constituyen

aproximadamente el 38 por ciento de la fuerza laboral del

país, y apenas perciben ochenta y dos centavos ($0.82) por

cada dólar ($1.00) que gana un hombre.4 Este número, además,

representa un descenso de 10% desde la última vez que se

calculó en 2019.5 En parte, esto responde al monopolio obligado

sobre el trabajo reproductivo o doméstico,6 sumado a la labor

emocional que nuestra sociedad le impone a las mujeres.7 Este

trabajo se entiende como intrínseco a la capacidad de crear

vida, pero ese proceso —el embarazo— carece con frecuencia de

las protecciones necesarias en el ámbito laboral para

permitirles a las mujeres cumplir con los múltiples roles que

asumen con valentía.

Las protecciones laborales a las mujeres embarazadas

responden al llamado de la igual protección ante la ley y a

4 Puerto Rico Department of Labor & Human Resources, Measuring the Gender Wage Gap in Puerto Rico, 42 (2024). 5 Íd. 6 Se define como el conjunto de trabajo necesario para la reproducción

biológica y la producción social y económica. Véase I. Larrañaga, El trabajo reproductivo o doméstico, La Salud y el sistema sanitario desde la perspectiva de género y clase social, 18 Gac. Sanit. 31, 31-32 (2004). 7 Se define como el conjunto de obligaciones necesarias para la gestión y

enseñanza de las habilidades socioemocionales durante la crianza. Véase K. Sánchez, R. Brito, M. Campas, Habilidades y corresponsabilidad parental: una perspectiva sociojurídica en el contexto mexicano, 40 Vox Juris 30, 38 (2022); Véase además G. Reiman, J. Rodecap, The Moments No One Sees: Invisible Labor and Emotional Weight in Women’s Legal Work, 94 Kan. B.J. 14, 15 (2025): (“[E]motional labor in caregiving roles is so deeply gendered that it often goes unnamed.”) CC-2025-0009 5

la prohibición contra el discrimen por razón de sexo.

Robustecer estas protecciones resultaría en una sociedad en

la que las madres puedan, con más apoyo, ser madres

trabajadoras con vidas plenas, sin estar sujetas a las

exigencias machistas que se le imponen socialmente y que

rechazan dos verdades fundamentales: que una sociedad sin

trabajadoras no produce y que una sociedad sin madres no

sobrevive.

Este Tribunal ha reiterado que la Constitución afirma la

prohibición del discrimen por razón de sexo, pero deshacer el

discrimen exige que las instituciones activamente promuevan

la igualdad y la equidad con acciones concretas. Un examen

somero de la historia de Puerto Rico confirma que los derechos

de las mujeres han progresado lentamente y que han sido objeto

de cuestionamientos y ataques constantes. De hecho, los logros

alcanzados en nombre del principio de la igualdad no han sido

ni lineales ni progresivos, expandiéndose y contrayéndose con

una frecuencia sorpresiva. Por ello, debemos recordar que el

discrimen no ocurre en un espacio ficticio o despegado de la

realidad, sino que se vive en la piel.

Redundaría en un fracaso de la justicia crear un

organismo dedicado a proteger los derechos de las mujeres sin

resaltar lo imperativa que resulta su facultad para supervisar

y hacer valer la igualdad de derechos en el ámbito laboral,

el cual históricamente ha sido uno de los escenarios de algunas

de las peores desigualdades motivadas por sexo y género. Por

tanto, estoy conforme con el proceder de este Tribunal hoy y CC-2025-0009 6

aspiro a que, en el futuro, procuremos atajar el discrimen por

razón de sexo y de género y fortalezcamos nuestras

instituciones en beneficio de las mujeres y otras poblaciones

vulnerables en nuestra sociedad puertorriqueña.

Maite D. Oronoz Rodríguez Jueza Presidenta