López García v. López García

2018 TSPR 57

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: April 10, 2018
• Docket: CC-2014-426
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Héctor R. López García Certiorari Peticionario 2018 TSPR 57 v. 200 DPR ____ Laura I. López García

Recurrida

Número del Caso: CC-2014-426

Fecha: 10 de abril de 2018

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan

Abogado de la parte peticionaria:

Lcdo. Víctor Rivera Torres

Abogado de la parte recurrida:

Lcdo. Guillermo Ramos Luiña

Materia: Derecho procesal civil: En cualquier pleito donde se cuestione la validez de un negocio jurídico relacionado a un bien inmueble, se considerarán partes indispensables aquellas personas que, luego de la inscripción en el Registro de la Propiedad del asiento correspondiente al negocio jurídico en controversia, hayan adquirido algún derecho real o interés en el inmueble en cuestión que surja del aludido Registro.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Héctor R. López García

Peticionario CC-2014-0426 Certiorari v.

Laura I. López García

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Colón Pérez.

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de abril de 2018.

En el día de hoy debemos determinar si, conforme

a lo dispuesto en la Regla 49.2 de las de Procedimiento

Civil de 2009, infra, procede el relevo de cierta

sentencia, bajo el fundamento de falta de parte

indispensable. Ello, cuando se alega que en el pleito

para declarar la nulidad de una escritura de donación

de determinada propiedad no se incluyeron a aquellas

personas que podrían haber adquirido un interés real

sobre la propiedad afectada por la referida escritura.

Adelantamos que, conforme a la norma pautada por

este Tribunal en García Colón v. Sucn. González,

infra, en cualquier pleito donde se cuestione la

validez de un negocio jurídico relacionado a un

bien inmueble, se considerarán partes indispensables CC-2014-426 2

aquellas personas que -- posterior a la inscripción del

asiento correspondiente al referido negocio en el Registro

de la Propiedad -- hayan adquirido algún derecho real o

interés en el inmueble en cuestión que surja del mencionado

Registro. Veamos.

I.

Conforme se desprende del expediente que obra en nuestro

poder, el señor Héctor Ramón López García (en adelante, “el

señor López García” o “el peticionario”) y la señora Laura

Ivelisse López García (en adelante, “la señora López García”),

son hermanos entre sí, así como coherederos del señor José A.

López Castro, padre de ambos. El señor López Castro falleció

allá para el 1974, sin haber otorgado testamento, por lo que

su fallecimiento tuvo el efecto de crear dos comunidades: la

comunidad postganancial con su viuda y madre de los hermanos

López García, la señora Monserrate García González, y la

comunidad hereditaria entre sus herederos1.

Uno de los bienes pertenecientes a la sucesión López

Castro lo era una finca localizada en el Barrio Mamey y Lirios

de Juncos, con una cabida de 78.68 cuerdas. En 1987, el

peticionario y la señora López García obtuvieron la totalidad

de participación en relación a esta finca, a través de sus

1 Inicialmente, la sucesión del señor José A. López Castro estuvo compuesta por sus tres hijos: José Antonio; Laura Ivelisse, la recurrida; y Héctor Ramón, el peticionario, todos de apellidos López García. No obstante, mediante la Escritura de Ratificación de Venta Judicial y Cesión de Derechos y Acciones Hereditarias de 11 de marzo de 1986 el coheredero José Antonio López García cedió su participación hereditaria indivisa sobre los bienes de la comunidad hereditaria a favor de sus hermanos, Héctor Ramón y Laura Ivelisse, y su madre, la señora Monserrate García González. CC-2014-426 3

respectivas participaciones en la herencia de su padre y por

medio de una donación que les hizo su madre, la señora García

González, de su participación postganancial y de cierta cuota

que ésta había adquirido de otro de sus hijos. Eventualmente,

y en lo pertinente a la controversia ante nuestra

consideración, el terreno en cuestión fue segregado en cuatro

fincas, siendo una de éstas el Remanente II (Este), con una

cabida de 26.21 cuerdas.

Realizada la referida segregación, los hermanos López

García suscribieron la Escritura Núm. 75 del 15 de octubre de

1996, Escritura de Donación, ante el Notario Cristóbal Colón.

Mediante esta, la señora López García le donó al peticionario

su participación del cincuenta por ciento (50%) sobre el

Remanente II (Este) (en adelante, “Escritura de Donación”).2

Años más tarde, el 22 de septiembre de 2004, para ser

específicos, la señora López García presentó una demanda sobre

nulidad de contrato, rendimiento de cuentas, y daños y

perjuicios contra el señor López García (en adelante, “caso

civil núm. DAC2005-0448”). En la misma, solicitó que se

anulara la Escritura de Donación suscrita por ambos hermanos

relacionada al Remanente II (Este). La señora López García

sostuvo que su hermano, el peticionario, incurrió en dolo para

obtener su consentimiento. Además, arguyó que procedía la

nulidad de la referida escritura por contravenir las

2 Posteriormente,mediante la otorgación de la Escritura Núm. 20 del 29 de octubre de 1998, ante el Notario Enrique Umpierre Suárez, el señor Héctor López García vendió el Remanente II a RJ Development, SE, por la suma de $1,450,000. Véase, Apéndice IV, pág. 143 CC-2014-426 4

disposiciones del Art. 95 de la antigua Ley Hipotecaria, 30

LPRA ant. sec. 2316, toda vez que se enajenó una cuota indivisa

sobre un bien específico del caudal hereditario del causante

sin que se hubiera efectuado una partición hereditaria.

Evaluados los planteamientos de las partes, el 18 de

abril de 2007 el Tribunal de Primera Instancia dictó una

sentencia parcial mediante la cual desestimó la acción de

nulidad por dolo, bajo el fundamento de prescripción. Dicho

dictamen fue confirmado por el Tribunal de Apelaciones, por

lo que la referida sentencia parcial advino final y firme.

Posteriormente, y en lo referente al fundamento de que

la Escritura de Donación es nula, porque se había otorgado el

referido documento sin que se hubiese realizado la partición

hereditaria -- lo que constituía una enajenación de una cuota

indivisa sobre un bien específico del caudal hereditario, --

el 14 de julio de 2011 el Tribunal de Primera Instancia dictó

una segunda sentencia, acogiendo los planteamientos de la

señora López García. Al así hacerlo, el foro primario resolvió

que la donación realizada a favor del peticionario constituyó

propiamente una enajenación de una cuota común pro indivisa

de un bien inmueble en específico del caudal hereditario, por

lo que la señora López García estaba impedida de ceder tal

participación.

Inconforme con dicho proceder, el señor López García

acudió al Tribunal de Apelaciones. No obstante, dicho foro

desestimó el recurso incoado por éste, ya que el mismo se CC-2014-426 5

presentó fuera del plazo jurisdiccional de treinta (30) días

que se tiene para ello, conforme a lo dispuesto por el

Reglamento de ese Tribunal. Tras acudir en certiorari ante

nos, en aquel entonces denegamos expedir el mismo, así como

las dos solicitudes de reconsideración presentadas. De esa

forma, la segunda sentencia parcial emitida por el Tribunal

de Primera Instancia también advino final y firme.

Así las cosas, el 1 de mayo de 2013 el señor López García

presentó una demanda sobre acción independiente bajo la Regla

49.2 de las de Procedimiento Civil, infra, la cual dio génesis

al asunto ante nuestra consideración. En síntesis, solicitó

que se dejara sin efecto la sentencia de nulidad antes

mencionada, bajo los fundamentos de falta de parte

indispensable y fraude al tribunal. En cuanto al asunto que

nos ocupa -- a saber, la alegada falta de parte indispensable

-- el peticionario alegó que, en la acción de nulidad promovida

por la señora López García, ésta no incluyó como parte a los

adquirientes posteriores de la propiedad donada a favor del

señor López García, quienes figuraban como titulares

registrales en el Registro de Propiedad. Asimismo, alegó que

no se incluyeron a las personas que adquirieron los solares

en una urbanización que se construyó en la finca que fue objeto

de la escritura declarada nula, ni a las entidades bancarias

que proveyeron ayuda financiera a los desarrolladores del

terreno. CC-2014-426 6

Oportunamente, y al amparo de la Regla 10.2 de las de

Procedimiento Civil, infra, la señora López García solicitó

la desestimación de la referida demanda. Sostuvo, en lo aquí

pertinente, que, en el presente caso, no existía parte

indispensable que tuviera que ser protegida, por lo que la

sentencia de nulidad no debía dejarse sin efecto.

Examinada la referida solicitud, el Tribunal de Primera

Instancia determinó que, en efecto, procedía la desestimación

de la acción independiente de nulidad incoada por el señor

López García. Ello, tras concluir que este último tuvo la

oportunidad de litigar las mismas controversias en el pleito

anterior, por lo que ese foro entendió que la acción ante su

consideración constituía un “subterfugio para continuar

litigando una controversia que ya fue resuelta […]”.3 Bajo

este fundamento, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que

el señor López García no estableció la existencia de

circunstancias que justificaran el relevo de la sentencia.

Insatisfecho con lo resuelto por el foro primario, el

señor López García acudió al Tribunal de Apelaciones. Allí,

en esencia, sostuvo que el foro primario erró al determinar

que no existía parte indispensable que hubiese sido afectada

por la sentencia cuya nulidad se solicita y al no dejar sin

efecto la misma. Oportunamente, la señora López García acudió

ante dicho foro y presentó sus argumentos en oposición.

3 Véase Apéndice de Certiorari, a la pág. 172. CC-2014-426 7

Tras estudiar lo expuesto por las partes en sus

respectivos alegatos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la

sentencia del foro primario; lo anterior, tras concluir que

la teoría legal del peticionario era una errada, al suponer

que la falta de partición hereditaria “surgía de forma clara

y expresa del Registro de la Propiedad y, por ello, concluir

que los terceros adquirentes se verían afectados en sus

derechos propietarios”.4 Así, tras sentenciar que existe una

presunción de certeza y corrección en cuanto a las constancias

que surgen del Registro de la Propiedad, el foro apelativo

intermedio concluyó que no hubo omisión de parte indispensable

en el pleito donde se decretó la nulidad de la Escritura de

Donación.

En desacuerdo con lo resuelto por el Tribunal de

Apelaciones, el señor López García comparece ante nos. Arguye

que tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal

de Apelaciones erraron al determinar que no existían partes

indispensables en el pleito de nulidad de Escritura de

Donación. Sostiene que el foro apelativo intermedio erró al

no reconocer el efecto registral de la sentencia decretando

la nulidad de la mencionada escritura; a saber, la cancelación

del asiento de inscripción de la donación en el Registro de

la Propiedad, así como cualquier asiento posterior que hubiese

sido inscrito a raíz de dicho negocio jurídico. Según alega

el peticionario, ello tiene la consecuencia de que los

4 Íd., a la pág. 232. CC-2014-426 8

terceros adquirentes de la finca objeto de la Escritura de

Donación, así como los demás terceros con intereses sobre el

bien inmueble objeto de la donación declarada nula, sean parte

indispensable en el pleito, pues sus derechos propietarios se

ven afectados.

Tras varios trámites procesales no necesarios aquí

pormenorizar, la señora López García compareció ante nos

mediante un alegato en oposición. En síntesis, aduce que el

señor López García tuvo la oportunidad de plantear las

controversias ante nos en el pleito previo, donde se decretó

la nulidad de la Escritura de Donación y que, al no hacerlo,

éste renunció a tal oportunidad. Además, sostiene que una

parte demandada sobre la cual se asumió jurisdicción no puede

invocar la defensa de falta de parte indispensable en una

acción independiente de nulidad.

Trabada así la controversia y contando con el beneficio

de las comparecencias de las partes, procedemos a resolver.

II.

Como es sabido, toda sentencia dictada por un tribunal

tiene a su favor una presunción de validez y corrección.

Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 DPR 294 (1989); Ortiz

Serrano v. Ortiz Díaz, 106 DPR 445 (1977); Cortés Piñeiro v.

Sucn. A. Cortés, 83 DPR 685, 690 (1961). Solo en ciertos

escenarios muy particulares nuestro ordenamiento procesal

civil permite a una parte solicitar el relevo de los efectos

de una sentencia previamente dictada en su contra; asunto CC-2014-426 9

que, como sabemos, en nuestra jurisdicción es gobernado por

la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

Al respecto, la precitada disposición legal establece

lo siguiente:

Mediante una moción y bajo aquellas condiciones que sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su representante legal de una sentencia, orden o procedimiento por las razones siguientes:

(a) Error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable;

(b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de una debida diligencia, no pudo haber sido descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la Regla 48 de este apéndice;

(c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado ‘intrínseco’ y el también llamado ‘extrínseco’), falsa representación u otra conducta impropia de una parte adversa;

(d) nulidad de la sentencia;

(e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin efecto, o no sería equitativo que la sentencia continúe en vigor, o

(f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un remedio contra los efectos de una sentencia.

[…]

La moción se presentará dentro de un término razonable, pero en ningún caso después de transcurridos seis (6) meses de haberse CC-2014-426 10

registrado la sentencia u orden o haberse llevado a cabo el procedimiento. Una moción bajo esta regla no afectará la finalidad de una sentencia, ni suspenderá sus efectos. Esta regla no limita el poder del tribunal para:

(1) Conocer de un pleito independiente con el propósito de relevar a una parte de una sentencia, una orden o un procedimiento;

(2) conceder un remedio a una parte que en realidad no haya sido emplazada, y

(3) dejar sin efecto una sentencia por motivo de fraude al tribunal. […] (Énfasis suplido).

Es, pues, la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil,

Íd., el mecanismo que tiene disponible una parte que interese

solicitar al foro de instancia “el relevo de los efectos de

una sentencia cuando esté presente alguno de los fundamentos

allí expuestos”. García Colón v. Sucn. González, 178 DPR 527,

539 (2010). Véanse, además, De Jesús Viñas v. González Lugo,

170 DPR 499, 513 (2007); Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 624

(2004). Este mecanismo tiene un rol dual: adelantar el

interés de que los casos se resuelvan en sus méritos,

haciéndose justicia sustancial, y, por otra parte,

otorgarle finalidad a los pleitos. Véanse, García

Colón v. Sucn. González, supra, a la pág. 540;

Náter v. Ramos, supra; Municipio de Coamo v.

Tribunal Superior, 99 DPR 932, 936-37 (1971). De

otra parte, también se ha dicho que esta disposición legal CC-2014-426 11

aplica sólo en aquellas raras instancias en que existe un error jurisdiccional o una violación al debido proceso de ley que privó a una parte de la notificación o de la oportunidad de ser oída. Esta regla no provee a las partes licencia para dormirse sobre sus derechos. (Énfasis suplido). J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S. 2011, T. II, pág. 1415.

De igual forma, hemos señalado que, como regla general,

la determinación de relevar a una parte de los efectos de

una sentencia está supeditada a la discreción del foro

sentenciador. Ahora bien, ello encuentra su excepción en los

casos de nulidad o cuando la sentencia ha sido satisfecha.

García Colón v. Sucn. González, supra. Véanse, además, Rivera

v. Algarín, 159 DPR 482, 490 (2003); Garriga Gordils v.

Maldonado Colón, 109 DPR 817, 823-824 (1980). En estos dos

escenarios -- pero particularmente, en los casos de nulidad,

-- los tribunales no tienen la discreción a la que

anteriormente hicimos referencia. Ello, puesto que “si una

sentencia es nula, tiene que dejarse sin efecto

independientemente de los méritos que pueda tener la defensa

o la reclamación del perjudicado”. García Colón v. Sucn.

González, supra, a las págs. 543-544.5 Véase, además,

Hernández Colón, op cit., Sec. 4807, pág. 457. Es decir, en

estas instancias, los tribunales no tienen discreción para

relevar los efectos de una sentencia; por el contrario,

5 Citando con aprobación a Harold A. Kooman, Federal Civil Practice, Sec. 60.06, pág. 246 (1975) (“An important distinction must be kept in mind in considering the voidness of a judgment as a ground for relief. A void judgment is theoretically no judgment at all, is legally ineffective, and creates no rights or obligations.”). CC-2014-426 12

tienen la obligación de así hacerlo. Véase Montañez v.

Policía de Puerto Rico, 150 DPR 917, 922 (2000) (“Es

inescapable la conclusión, en consecuencia, que[,] ante la

certeza de nulidad de una sentencia, resulta mandatorio

declarar su inexistencia jurídica […]”). (Énfasis en el

original).

La conclusión anterior obedece, sin duda, a que cuando

una sentencia es nula, la misma se tiene por inexistente,

por lo que no surte efecto alguno. Véanse Piazza Vélez v.

Isla del Río, Inc., 158 DPR 440, 453 (2003); Vázquez v.

A.R.Pe., 128 DPR 513, 537 (1991); Figueroa v. Banco de San

Juan, supra. Como sabemos, se considera nula toda sentencia

que se haya dictado por un tribunal sin jurisdicción sobre

la materia o sobre la persona, o cuando el debido proceso de

ley ha sido quebrantado. García Colón v. Sucn. González,

supra, a la pág. 543; Figueroa v. Banco de San Juan, 108 DPR

680, 688 (1979); E.L.A. v. Tribunal Superior, 86 DPR 692,

697-698 (1962). Véase además R. Hernández Colón, Práctica

jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 6ta ed.,

San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, sec. 4807, pág. 456. De ahí,

la facultad inherente de los tribunales para dejar sin efecto

una sentencia nula u obtenida mediante fraude, “ya sea a su

propia instancia o a instancia de parte interesada o

afectada”. (Énfasis suplido). Véanse Bco. Santander P.R. v.

Fajardo Farms Corp., 141 DPR 237, 244 (1996); Figueroa v.

Banco de San Juan, supra; Calderón Molina v. Federal Land CC-2014-426 13

Bank, 89 DPR 704 (1963); Martínez v. Tribunal Superior, 83

DPR 358 (1961); Sucn. Rosario v. Sucn. Cortijo, 83 DPR 678

(1961); Roca v. Thomson, 77 DPR 419 (1954). Así pues, “ante

la certeza de nulidad de una sentencia,

resulta mandatorio declarar su inexistencia jurídica; ello

independientemente del hecho de que la solicitud a tales

efectos se haga con posterioridad a haber expirado el plazo

de seis (6) meses establecido en la antes citada Regla 49.2

de Procedimiento Civil”. García Colón v. Sucn. González,

supra, pág. 544.

En cuanto a la nulidad de una sentencia por el

quebrantamiento del debido proceso de ley, resultan de

particular importancia los pronunciamientos esbozados por el

tratadista Rafael Hernández Colón al respecto, a saber: “[el

q]uebrantamiento del debido procedimiento de ley es un

concepto mucho más amplio y pueden haber tantas

manifestaciones del mismo como principios del debido

procedimiento existen y que se hayan quebrantado en un caso

en especial”. Hernández Colón, op. cit.

Sin duda alguna, una de estas expresiones del

quebrantamiento del debido proceso de ley lo es,

precisamente, la falta de parte indispensable al momento de

dictarse una sentencia. García Colón v. Sucn. González,

supra, a la pág. 551. Procede, pues, elaborar sobre este

particular. CC-2014-426 14

III.

Sabido es que la Regla 16.1 de las de Procedimiento

Civil es la que gobierna todo lo relacionado a la falta de

parte indispensable en un pleito. La misma establece que

“[l]as personas que tengan un interés común sin cuya

presencia no pueda adjudicarse la controversia, se harán

partes y se acumularán como demandantes o demandadas, según

corresponda”. 32 LPRA Ap. V, R. 16.1.

Dicho de otro modo, una parte indispensable es aquella

de la que no se puede prescindir, pues, sin su presencia,

las cuestiones litigiosas no pueden ser adjudicadas

correctamente, ya que sus derechos quedarían afectados.

Véanse Deliz et als. v. Igartúa et als., 158 DPR 403, 432

(2003); Cepeda Torres v. García Ortiz, 132 DPR 698, 704

(1993). Véase, además, Hernández Colón, op cit., Sec. 1202,

pág. 165. Es decir,

[e]l tercero ausente [en el pleito] debe tener un interés común en el [mismo] que convierte su presencia en un requisito indispensable para impartir justicia completa o de tal orden que impida la confección de un decreto sin afectarlo. La justicia completa es aquella entre las partes y no la que se refiere a una parte y el ausente. El interés común tiene que ser uno real e inmediato. (Citas internas omitidas). Hernández Colón, op cit., Sec. 1202, pág. 166.

Sobre el alcance de la Regla 16.1 de las de

Procedimiento Civil, supra, este Tribunal ha señalado que

“este precepto procesal forma parte del esquema de rango

constitucional que prohíbe que una persona sea privada de su CC-2014-426 15

libertad o propiedad sin el debido proceso de ley”. (Énfasis

suplido). Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 DPR 743,

756 (2003); Cepeda Torres v. García Ortiz, supra. Véase,

además, Infante v. Maeso, 165 DPR 474, 490 (2005). Más

específico aún, esta regla parte de dos principios

fundamentales, a saber: (1) la protección constitucional que

impide que una persona sea privada de la libertad y propiedad

sin un debido proceso de ley, y (2) la necesidad de incluir

a una parte indispensable para que el decreto judicial

emitido sea completo. Cepeda Torres, supra, a la pág. 704.

Véanse, además, García Colón v. Sucn. González, supra, a la

pág. 550; Rodríguez Rodríguez v. Moreno Rodríguez, 135 DPR

623, 627 (1994).

Ahora bien, precisa señalar que no se trata de cualquier

interés sobre un pleito, sino de uno de tal orden que impida

la confección de un derecho adecuado sin afectarle o

destruirle radicalmente sus derechos a esa parte. Romero v.

S.L.G., 164 DPR 721, 733 (2005). Véase Cuevas Segarra, op.

cit., a la pág. 691. Asimismo, el “interés común” al que hace

referencia la Regla 16.1 de las de Procedimiento Civil,

supra, no es cualquier interés en el pleito, sino que tiene

que ser real e inmediato y no puede tratarse de meras

especulaciones o de un interés futuro. Pérez v. Morales

Rosado, 172 DPR 216, 223 (2007); Romero v. S.L.G., supra;

Deliz et als. v. Igartúa et als., supra, a la pág. 435. CC-2014-426 16

De otra parte, este Tribunal ha sentenciado que en la

interpretación de esta regla se requiere un enfoque

pragmático; es decir, una evaluación individual a la luz de

las circunstancias particulares que se presenten y no de una

fórmula rígida para determinar su aplicación. Romero v.

S.L.G., supra, a la pág. 732. En ese sentido, conviene

destacar que

[l]a determinación final de si una parte debe o no acumularse depende de los hechos específicos de cada caso individual. Exige una evaluación jurídica de factores, tales como tiempo, lugar, modo, alegaciones, prueba, clase de derechos, intereses en conflicto, resultado y formalidad. Cuando, en un pleito, las partes no se han tomado la iniciativa de brindar a terceros ausentes la oportunidad de salvaguardar unos derechos que pueden resultar afectados, estos terceros deben ser acumulados como parte para poder dar finalidad a la adjudicación de la controversia medular. No es suficiente que el ausente haya tenido la oportunidad de intervenir en el pleito, pues mientras no se le haya hecho parte, no se le puede privar de unos derechos mediante sentencia. (Citas internas omitidas). J.A. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 695.

Dicho de otro modo, la determinación de si debe

acumularse a una parte en un pleito depende de los hechos

específicos de cada caso. Ello implica que los tribunales

deben hacer un análisis juicioso sobre los derechos de las

partes que no están presentes y las consecuencias de ser

unidas al procedimiento. Así pues, lo fundamental es

determinar si el tribunal puede hacer justicia y conceder un

remedio final y completo a las partes presentes sin afectar

los intereses de la parte ausente. Pérez v. Morales Rosado,

supra; Cuevas Segarra, op. cit. CC-2014-426 17

Recordemos que la falta de parte indispensable en un

pleito es un interés tan fundamental, que constituye una

defensa irrenunciable que puede presentarse en cualquier

momento durante el proceso. Incluso, los foros apelativos,

si así lo entienden, pueden y deben levantar motu proprio la

falta de parte indispensable en un pleito, debido a que esta

incide sobre la jurisdicción del tribunal. García Colón v.

Sucn. González, supra; Romero v. S.L.G., supra.

En fin, como se puede apreciar, la razón de ser de la

precitada Regla 16.1 de las de Procedimiento Civil, supra,

responde al interés de proteger a aquellas personas --

naturales o jurídicas -- que no están presentes en el pleito

de los efectos que acarrea la sentencia dictada y así evitar

la multiplicidad de pleitos mediante un remedio efectivo y

completo. García Colón v. Sucn. González, supra; Rodríguez

Rodríguez v. Moreno Rodríguez, supra; Granados v. Rodríguez

Estrada II, 124 DPR 593, 605 (1989); Hernández Agosto v.

Romero Barceló, 112 DPR 407, 412-413 (1982). Véase, además,

7 Wright, Miller and Kane, Federal Practice and Procedure:

Federal Rules of Civil Procedure, Sec. 1602 (3ra ed.) (“…

the rule should be employed to promote the full adjudication

of disputes with a minimum of litigation effort.”).

Dicha protección encuentra su razón de ser en que, como

hemos establecido en más de una ocasión, consideramos que

omitir traer a una parte indispensable a un pleito, sin duda

alguna, se traduce en una violación al debido proceso de ley CC-2014-426 18

que le cobija. García Colón v. Sucn. González, supra, a la

pág. 550; Romero v. S.L.G. Reyes, supra, a la pág. 733; Deliz

et als. v. Igartúa et als., supra, a la pág. 435. Es

precisamente la mencionada violación al debido proceso de

ley la que, en consecuencia, hace que la ausencia de parte

indispensable se considere un fundamento para relevar el

efecto de una sentencia.

En cuanto a la causal específica de falta de parte

indispensable como fundamento para relevar el efecto de una

sentencia, hace unos años atrás, en García Colón v. Sucn.

González, supra, a la pág. 551, establecimos la normativa

que, al día de hoy, rige este tipo de controversias. En

aquella ocasión señalamos lo siguiente:

Es indubitado, pues, que el mecanismo procesal de relevo de sentencia está disponible cuando dicha sentencia se ha dictado en ausencia de una parte indispensable. Dicho razonamiento es cónsono con la normativa proyectada, ya que la omisión de una parte indispensable viola el debido proceso de ley, que al fin y al cabo es un derecho fundamental tutelado por nuestra Constitución. Al tratarse de la violación de un derecho constitucional, el relevo de sentencia se justifica por razón de nulidad de la sentencia. Además, como ya expresamos, una sentencia que se dicte sin una parte indispensable, hace que el tribunal que la dictó carezca de jurisdicción sobre la persona, tornando nula la sentencia, lo que a su vez permite utilizar el vehículo procesal del relevo de sentencia para cuestionar la determinación del foro sentenciador. (Citas internas omitidas).

Siendo ello así, y de conformidad con lo anterior, no

albergamos duda alguna de que la ausencia de parte

indispensable es uno de esos pocos y particulares escenarios CC-2014-426 19

donde se le permite a una parte solicitar el relevo de los

efectos de una sentencia previamente dictada en su contra.

Máxime, en aquellos escenarios donde se cuestiona la validez

de un negocio jurídico que obtuvo acceso al Registro de la

Propiedad mediante la inscripción del correspondiente asiento

y del cual, a su vez, nacieron inscripciones posteriores.

Veamos.

IV.

Es alto conocido que nuestro sistema registral

inmobiliario se basa en brindarle protección a la certeza

del tráfico económico inmobiliario. Precisamente por ello es

que el Registro de la Propiedad de Puerto Rico tiene como

fin el contener “la expresión más fiel y posible de la

realidad inmobiliaria”. Distribuidores Gas P.R. v.

Registradora, 188 DPR 351, 359 (2013), citando a E. Vázquez

Bote, Sentido de la reforma hipotecaria en Puerto Rico, Tesis

Doctoral en Derecho, San Juan, 1972, pág. 107. Véase, además,

Sánchez Díaz v. E.L.A., 181 DPR 810, 830 (2011). Es, pues,

dicho ente el que contiene “las transacciones que afectan la

titularidad de los derechos reales y otros derechos

inscribibles que se imponen sobre los bienes inmuebles. Íd.,

a la pág. 829.

En este sentido, una vez inscritos los documentos en el

Registro6, los mismos adquieren publicidad y, así, “dan

6 Resulta preciso señalar que tanto la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979 (derogada), así como la Ley Núm. 210-2015, también conocida como la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante, “Ley Núm. 210-2015”), CC-2014-426 20

eficacia a las garantías reales que confieren protección a

adquirentes y acreedores, junto a la defensa y legitimación

de las titularidades inscritas”. (Citas internas omitidas).

Íd. Así, pues, que una vez se califican los títulos de forma

favorable, estos quedarán inscritos en el Registro de la

Propiedad y “surtirán efecto en cuanto a terceros desde la

fecha de su inscripción”. 30 LPRA ant. sec. 2256.7 En cuanto

a los derechos registrados y debidamente inscritos respecta,

se presumirá que estos “existen y pertenecen a su titular en

establecen cuáles serán aquellos títulos, actos y contratos que tendrán acceso al Registro de la Propiedad mediante la inscripción. En esencia, se pueden resumir de la siguiente manera:

1. Los derechos reales (el dominio, las servidumbres, el usufructo, el uso, la habitación, el derecho de superficie, etc.).

2. Los derechos reales administrativos. En esta categoría caben los bienes patrimoniales del Estado, sus instrumentalidades y los municipios, las concesiones administrativas […].

3. Los derechos reales inscribibles por afinidad (los arrendamientos, el derecho de opción, las prohibiciones de disponer, las adjudicaciones para pago de deudas, etc.).

4. Algunos hechos, derechos y situaciones personales (las anotaciones preventivas, las resoluciones judiciales de incapacidad o limitativas de la capacidad, etc.).

5. Ciertos actos de carácter urbanístico (condiciones restrictivas de uso y edificación, transferencias de derechos de desarrollo, control de acceso a calles y urbanizaciones, etc.).

Luis R. Rivera Rivera, Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño, San Juan, Jurídica Ed. 2012, pág. 397. Véanse, además, Art. 38 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979 (derogada), 30 LPRA ant. sec. 2201; Arts. 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley Núm. 210-2015.

7 Es menester señalar que igual disposición a la aquí citada -- de la antigua Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979 (derogada) -- está contenida en el vigente Art. 19 de la Ley Núm. 210-2015. CC-2014-426 21

la forma determinada por el asiento respectivo”. 30 LPRA ant.

sec. 2352.8

No obstante -- y medular a la controversia ante nos --

debemos tener presente que, precisamente por tratarse de una

presunción, es norma reiterada en nuestro ordenamiento que

cuando se vaya a ejercitar alguna acción contradictoria del

dominio de inmuebles o derechos reales inscritos a nombre de

cierto titular, la misma no podrá realizarse “sin que

previamente o a la vez se pida en demanda judicial la

corrección, nulidad o cancelación de la correspondiente

inscripción, cuando proceda”. Íd. En aras de lo anterior,

nuestro sistema registral inmobiliario reconoce que, en todas

aquellas instancias en las que se haya de solicitar por la

vía judicial la rectificación del Registro de la Propiedad,

por una de las causales allí contenidas -- la cual incluye

aquella que proceda “de la falsedad, nulidad o defecto del

título que hubiere motivado el asiento […]” -- deberá

presentarse una demanda “contra todos aquellos a quienes el

asiento que se trata de rectificar le conceda algún derecho”.

(Énfasis suplido). 30 LPRA ant. sec. 2360.9

VI.

Ahora bien, en vista de que el Tribunal de Primera

Instancia dispuso del caso ante nos mediante el mecanismo

dispuesto en la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 10.2, antes de pasar a disponer de la

8 Véase el Art. 34 de la Ley Núm. 210-2015. 9 Véase el Art. 212 de la Ley Núm. 210-2015. CC-2014-426 22

controversia ante nuestra consideración, conviene recordar que

la referida norma faculta a la parte contra la cual se

presente una alegación en su contra a presentar una moción

de desestimación, por los siguientes fundamentos: falta de

jurisdicción sobre la materia; falta de jurisdicción sobre

la persona; insuficiencia del emplazamiento; insuficiencia

del diligenciamiento del emplazamiento; dejar de exponer una

reclamación que justifique la concesión de un remedio; y

dejar de acumular una parte indispensable. Rivera Sanfeliz

v. Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015); Colón Rivera

et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013); Asoc.

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011).

Asimismo, hemos establecido que, al momento de

considerar una moción de desestimación, los tribunales vienen

obligados a tomar como ciertos todos los hechos bien alegados

en la demanda y, a su vez, considerarlos de la forma más

favorable a la parte demandante. Rivera Sanfeliz v. Jta. Dir.

FirstBank, supra; Colón Rivera et al. v. ELA, supra; El Día,

Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811 (2013). Es por esto

que, para que proceda una moción de desestimación, “tiene que

demostrarse de forma certera en ella que el demandante no

tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de

derecho que se pudiere probar en apoyo a su reclamación, aun

interpretando la demanda lo más liberalmente a su favor”.

Rivera Sanfeliz v. Jta. Dir. FirstBank, supra; Ortiz Matías

et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013). CC-2014-426 23

Aclarado lo anterior, y de conformidad con la normativa

antes expuesta, pasamos a resolver.

VII.

Como mencionamos anteriormente, en el presente caso se

otorgó una Escritura de Donación mediante la cual la señora

López García cedió a favor de su hermano, el señor López

García, su participación de un cincuenta por ciento (50%)

sobre el Remanente II (Este); propiedad objeto del caudal

hereditario formado tras el fallecimiento del padre de ambos.

Años después, la señora López García presentó una demanda en

perjuicios. En dicha acción, donde se incluyó como parte

solamente al peticionario, la señora López García solicitó que

se declarara la nulidad de la Escritura de Donación. No

obstante, de la propia demanda surge que mediante la

otorgación de la Escritura Núm. 20 del 29 de octubre de 1998,

ante el Notario Enrique Umpierre Suárez, el señor López García

había vendido el referido Remanente II a RJ Development, SE,

por la suma de $1,450,000.

En lo pertinente, ésta arguyó que la escritura en

cuestión contravenía las disposiciones de la antigua Ley

Hipotecaria, toda vez que el negocio jurídico realizado en

virtud de la referida escritura constituyó una enajenación de

una cuota común pro indivisa sobre un bien específico del

caudal hereditario, sin la correspondiente partición

hereditaria previa. CC-2014-426 24

Tras varios trámites procesales, el Tribunal de Primera

Instancia decretó la nulidad de la Escritura de Donación, por,

a su juicio, contravenir las disposiciones en nuestro

ordenamiento jurídico. A tales efectos, concluyó que, al no

haber existido una partición hereditaria al momento de

celebrarse el negocio jurídico en cuestión, la señora López

García estaba impedida de ceder una participación indivisa,

lo que haría nula e inexistente la escritura en cuestión.

Por su parte, luego de que el señor López García acudiera

en revisión al Tribunal de Apelaciones, dicho Foro desestimó

el recurso incoado por este, por haber sido presentado de

forma tardía, lo que le privaba de jurisdicción.

Posteriormente, bajo los mismos fundamentos de falta de

jurisdicción, esta Curia también denegó la expedición del

recurso instado ante nos.

Fue, precisamente, a raíz de este panorama que el señor

López García presentó una demanda sobre acción independiente

de nulidad al amparo de la Regla 49.2 de las de Procedimiento

Civil, supra, en la que solicitó el relevo de los efectos de

la sentencia dictada en su contra, en lo aquí pertinente, por

supuesta falta de parte indispensable. El señor López García

alegó que, en la acción de nulidad de la Escritura de Donación

instada por su hermana, no se incluyeron como partes a los

adquirientes posteriores de la propiedad objeto de la referida

escritura, quienes eran titulares registrales; ni a quienes

adquirieron las edificaciones ubicadas en el solar donado; ni CC-2014-426 25

a las entidades bancarias y/o financieras que facilitaron

ayudas económicas a los desarrolladores en el terreno.

Tras varios trámites procesales, el foro primario

desestimó la acción independiente de nulidad, bajo el único

fundamento de que el señor López García pudo presentar sus

alegaciones en el pleito original y, al no hacerlo, la acción

instada bajo la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil,

supra, constituía un “subterfugio” para continuar litigando

el mismo asunto.

Por su parte, el Tribunal de Apelaciones confirmó la

desestimación realizada por el foro primario, por entender que

la “teoría” esbozada por el peticionario contradecía “la

presunción de certeza y corrección de las inscripciones que

obran en el Registro de la Propiedad”.10 Según la postura

asumida por el foro apelativo intermedio, el peticionario no

podía “pretender que se anule una sentencia a base de una

premisa que contradice un claro postulado de nuestro

ordenamiento jurídico o a base de especulaciones jurídicas

divorciadas de la realidad”.11 Por ello, concluyó que no hubo

10 Véase Apéndice de Certiorari, a la pág. 232.

11 Nótese que en la Sentencia del Tribunal de Apelaciones se hace referencia a que “el derecho registral inmobiliario [de Puerto Rico] está predicado en la presunción de certeza y corrección de las inscripciones” contenidas en el Registro de la Propiedad. (Énfasis suplido). Véase Apéndice de Certioari, a la pág. 232. No obstante, a pesar de tal expresión, el foro apelativo intermedio confirmó el dictamen emitido por el foro primario, bajo el único fundamento de que la teoría esbozada por el peticionario es una “errada”. Concluyó el Foro, de forma contradictoria, que los argumentos del peticionario contravienen “un claro postulado de nuestro ordenamiento jurídico”. Íd. CC-2014-426 26

omisión de parte indispensable. Ambos foros erraron en su

proceder. Nos explicamos.

En el presente caso, estamos ante un pleito mediante el

cual se decretó la nulidad de una Escritura de Donación de

cierta parcela ubicada en el Bo. Mamey y Lirios de Juncos,

Puerto Rico. Según las alegaciones incluidas en la demanda

incoada por el señor López García, dicha parcela fue

posteriormente vendida a unos terceros. Asimismo, el

peticionario alega que en el referido pleito mediante el cual

se decretó la inexistencia de la donación, no se incluyeron

como partes a esas personas que -- posterior al otorgamiento

de la Escritura de Donación que luego fue declarada nula --

adquirieron algún tipo de interés sobre la propiedad en

cuestión.

En este sentido, analizando las alegaciones contenidas

en la demanda de la forma más favorable al demandante -- según

lo requerido por el esquema vigente en nuestro ordenamiento

jurídico en torno a las mociones de desestimación al amparo

de la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, supra, -- así

como el derecho aplicable, debemos dar por ciertas aquellas

alegaciones bien hechas por el peticionario en su demanda en

cuanto a la existencia de terceros adquirentes de la propiedad

objeto de la Escritura de Donación.

Asimismo, bajo el mismo estándar de revisión, debemos

tomar por ciertas aquellas inferencias que puedan derivarse

de estas alegaciones. Máxime, cuando las alegaciones CC-2014-426 27

presentadas por la señora López García en su solicitud de

desestimación se basan, esencialmente, en que el señor López

García debió haber presentado tales argumentos en el pleito

original. Ello, inescapablemente, no es suficiente para

justificar la desestimación de la demanda cuando, en un caso

como el presente, se alega la nulidad de un decreto judicial

por supuesta falta de parte indispensable. En todo caso, la

recurrida debió contravenir las alegaciones esbozadas por el

peticionario; al no hacerlo, no procedía la desestimación de

la demanda.

De ser cierto lo alegado por el señor López García -- de

conformidad con la normativa antes expuesta, -- los terceros

a los que éste hace referencia debieron ser incluidos en el

pleito de nulidad de escritura de donación, por ser parte

indispensable, y a tenor con la salvaguarda del derecho al

debido proceso de ley que les cobija; pues, de probarse en su

día que, en efecto, a raíz de la inscripción de donación en

el Registro de la Propiedad surgieron asientos posteriores que

confirieran títulos o derechos a favor de éstos, sus derechos

reales o intereses podrían quedar afectados por la sentencia

que, en su día, dictase el Tribunal. Por ello, como ya

mencionamos, deberán ser considerados como parte

indispensable.

Así las cosas, tomando como ciertas las alegaciones del

señor López García, y bajo el análisis aquí establecido sobre

quién debe considerarse parte indispensable en un proceso de CC-2014-426 28

nulidad de negocio jurídico, entendemos que de probarse en su

momento la veracidad de las mismas, éste tendría un remedio a

su favor. No podía, pues, desestimarse el presente caso al

amparo de la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, supra,

de la forma en que lo hizo el Tribunal de Primera Instancia y

que, incorrectamente, el Tribunal de Apelaciones confirmó.

Procede, entonces, devolver el caso al Tribunal de

Primera Instancia para la celebración de una vista dirigida a

establecer la existencia o no de inscripciones posteriores al

de la donación de la mencionada propiedad, que otorguen

derechos y/o títulos a favor de terceros. De determinarse que,

en efecto, existen, según lo dispuesto por este Tribunal en

el día de hoy, procederá el relevo de la sentencia de nulidad

conforme a la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, supra.

En cambio, si la existencia de estas partes no se acredita

ante el foro primario, la sentencia de nulidad de la Escritura

de Donación mantendrá su plena vigencia.

VIII.

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia

del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al foro

primario para la continuación de los procedimientos según lo

aquí establecido.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Ángel Colón Pérez Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA En San Juan, Puerto Rico, a 10 de abril de 2018.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se revoca la Sentencia del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al foro primario para la continuación de los procedimientos según lo aquí establecido.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez disiente y hace constar la siguiente expresión:

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez disiente por entender que, en estas circunstancias particulares, las personas que posteriormente adquirieron algún derecho sobre el inmueble no son partes indispensables en cuanto al pleito de nulidad de la escritura de donación. Esto, pues, sus intereses y reclamaciones no inciden sobre la controversia entre el Sr. Héctor R. López García y Sra. Laura Ivelisse López sobre la nulidad de la donación por haberse enajenado una cuota indivisa CC-2014-426 2

sobre un bien específico del caudal hereditario sin que se hubiera efectuado una partición hereditaria. Además, estos no quedan desprovistos de remedios, pues siempre pueden plantear en un pleito posterior que son terceros registrales.

La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente y hace constar la siguiente expresión:

La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente por considerar que la norma pautada no se ajusta a Derecho. Entre otras cosas, ésta no sopesa las ramificaciones procesales y sustantivas de requerir la comparecencia a un pleito de impugnación de escritura de donación -instado entre unos coherederos- de unos terceros, quienes uno de los herederos alega son los “dueños” actuales del bien donado. Mediante esta Opinión se decreta, erróneamente, la nulidad de una sentencia que fue dictada conforme a Derecho y cuyos efectos jurídicos no inciden en el derecho que nuestro ordenamiento registral provee a esas partes que una mayoría de este Tribunal cataloga como indispensables. Tal y como señaló la Jueza Fraticelli Torres en su sentencia al rechazar los argumentos del peticionario sobre la falta de partes indispensables:

La teoría esbozada por el apelante adolece del error de suponer que la falta de partición hereditaria surgía de forma clara y expresa del Registro de la Propiedad y, por ello, concluir que los terceros adquirentes se verían afectados en sus derechos propietarios. Sobre esa suposición, coincidimos con la parte apelada al manifestar lo siguiente: “de ser cierto que la falta de partición previa era tan clara y expresa: ¿Cómo fue posible entonces que el/la Registrador(a) hubiese inscrito la Escritura de Donación a pesar de la tajante prohibición del CC-2014-426 3

Artículo 95 de la Ley Hipotecaria?

[N]uestro derecho registral inmobiliario está predicado en la presunción de certeza y corrección de las inscripciones que obran en el Registro de la Propiedad. Su razonamiento parte de una premisa sobre la cual no hay constancia en el expediente: el cuestionamiento de la titularidad registral o de los

derechos propietarios de esos terceros a los que hace referencia como partes indispensables. No puede la parte apelante pretender que se anule una sentencia a base de una premisa que contradice un claro postulado de nuestro ordenamiento jurídico o a base de especulaciones jurídicas divorciadas de la realidad.

Sentencia del Tribunal de Apelaciones, en la pág. 6.

El decreto de nulidad de la escritura de donación en cuestión no impide que los futuros adquirientes puedan ampararse en la tercería registral para proteger sus posibles derechos e intereses en el bien donado. Justamente, la figura del tercero registral protege en su derecho y mantiene en su adquisición a todos aquellos que hayan confiado en las constancias del Registro al adquirir un derecho real, siempre y cuando cumplan con los requisitos preceptuados en la Ley Hipotecaria. En virtud de esta protección, un enfoque pragmático precisa colegir que, en este caso, no se configura un interés de tal orden que impida la confección de un remedio adecuado sin afectar o destruir radicalmente los derechos de quienes el peticionario alega son partes indispensables. Véase Romero v. S.L.G. Reyes, 164 D.P.R. 721, 733 (2005). A fin de cuentas, tanto el remedio como los derechos hacederos de estos presuntos terceros permanecerán inalterados cuando el foro CC-2014-426 4

primario vuelva a dilucidar la validez jurídica de una escritura que es, a todas luces, nula.

No obstante lo anterior, para la mayoría de los integrantes de este Tribunal, en el nuevo pleito de nulidad de la escritura de donación tendrán que comparecer como partes indispensables esos terceros: los adquirientes posteriores, los actuales titulares registrales, las entidades bancarias o financieras que concedieron préstamos al desarrollador y todos aquellos que adquirieron los solares edificados en la urbanización que se desarrolló en la finca donada. Así, las consecuencias jurídicas ulteriores de este dictamen derivan en un proceso abstruso, enrevesado y complicado que, sin duda, no tendrá ningún impacto sobre el resultado sustantivo de la sentencia objeto del relevo.

Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo