José M. Álvarez De Choudens Y Otros v. Germán Rivera Vázquez Y Otros

2005 TSPR 85

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: June 17, 2005
• Docket: CC-2002-0571
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José M. Álvarez de Choudens y otros

Demandantes-recurridos Certiorari

vs. 2005 TSPR 85

Germán Rivera Vázquez 164 DPR ____ y otros

Demandados-peticionarios

Número del Caso: CC-2002-571

Fecha: 17 de junio de 2005

Tribunal de Apelaciones:

Circuito Regional VI de Caguas/Humacao/Guayama

Juez Ponente:

Hon. Jorge L. Escribano Medina

Abogados del Recurrido:

Lcdo. Nector Robles Abraham

Lcdo. Reinaldo Rosario Agosto

Abogado del Peticionario:

Lcdo. Israel Delgado Ramos

Lcdo. Michel J. Godreau

Materia: Acción Civil

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Demandantes-recurridos

vs. CC-2002-571 CERTIORARI

Germán Rivera Vázquez y otros

OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 17 de junio de 2005

Para principios del año 1993, José Álvarez

de Choudens, Edwin Córdova Torres y Armando

Passalacqua Alonso mostraron interés en adquirir

unos cinco mil (5,000) metros cuadrados de

terreno de una finca principal, de mayor cabida,

ubicada en el Barrio Montones del Municipio de

Las Piedras, con el propósito de establecer y

construir dos establecimientos de comida rápida

en dicho predio. Luego de sostener conversaciones

a esos efectos con el Sr. Germán Rivera Vázquez,

dueño de la referida finca, las partes otorgaron

un contrato de opción de compra el 6 de julio de

1993. CC-2002-571 2

Conforme el contrato otorgado, el precio total de la

compra y venta sería de $600,000. El precio pactado por la

opción fue $60,000, a ser pagados de la siguiente manera:

(a) $20,000 al firmar el contrato de opción; (b) $20,000

el día 30 de septiembre de 1993; y (c) $20,000 al

conseguirse los permisos para la segregación del terreno.1

Los compradores, además, venían en la obligación de

gestionar los permisos ante la Junta de Planificación para

el cambio de zonificación de zona industrial a zona

comercial. 2 Una vez obtenido el referido cambio de

zonificación, con el propósito de poder llevar a cabo el

contrato de compraventa, el señor Rivera Vázquez vendría

obligado a hacer los trámites ante la Administración de

Reglamentos y Permisos (A.R.P.E.) para obtener el permiso

de segregación de los cinco mil (5,000) pies cuadrados de

terreno de la finca principal.

El 14 de octubre de 1994, los señores de Choudens,

Córdova y Passalacqua, luego de haber pagado $40,000 del

contrato de opción, obtuvieron a nombre del señor Rivera

Vázquez una consulta de ubicación de la Junta de

Planificación.3 En virtud de la referida consulta, se logró

el cambio de zonificación del terreno de zona industrial a

1 Los $60,000 del contrato de opción formaban parte de los $600,000. 2 Este cambio de zonificación era necesario para establecer los negocios de comida rápida en el terreno. 3 El número de consulta es el 94-50-0124-JPU. CC-2002-571 3

zona comercial. Conforme a ello, Rivera Vázquez procedió,

entonces, a obtener los permisos correspondientes y a

llevar a cabo la segregación del terreno objeto del

contrato de opción.4

Una vez terminadas todas las gestiones para llevar a

cabo la segregación, el señor Rivera Vázquez le requirió a

los demandantes recurridos el pago de los restantes

$20,000 del contrato de opción para poder culminar con la

compra del terreno. Los demandantes recurridos

confrontaron problemas económicos que no le permitieron

cumplir con el pago del último plazo de $20,000.

En el entretanto, el 19 de abril de 1995, de

Choudens, Córdova y Passalacqua suscribieron una carta

contrato con Caribbean Restaurant, Inc. (en adelante

Burger King) con el propósito de establecer un negocio de

comida rápida en el terreno de Rivera Vázquez. De igual

forma, el 3 de mayo de 1995, hicieron lo propio con

Southamerican Restaurant Corp. (en adelante Church´s).

Conforme a los términos establecidos en dichas

cartas, “Burger King” y “Church´s” se comprometían con de

Choudens, Córdova y Passalacqua a que, una vez ellos

adquirieran el terreno del señor Rivera Vázquez y

prepararan los planos de construcción con los permisos

gubernamentales correspondientes, las partes suscribirían

4 La aprobación de la segregación fue mediante resolución emitida por Administración de Reglamentos y Permisos (A.R.Pe.) el 22 de diciembre de 1994, en el caso 95-50- HPL-349. CC-2002-571 4

un contrato de arrendamiento para establecer los negocios

de comida rápida en dicho predio.5

Mientras tanto, de Choudens, Córdova y Passalacqua

habían continuado sosteniendo conversaciones con Rivera

Vázquez con el propósito de llegar a un acuerdo en

sustitución del anterior. Luego de varias reuniones, las

partes llegaron a un nuevo acuerdo.

Este nuevo acuerdo consistía en que de Choudens,

Córdova y Passalacqua le entregarían a Rivera Vázquez los

planos y las cartas compromisos de “Burger King” y

“Church´s” que ya tenían para la construcción y operación

de los establecimientos de comida rápida a cambio de la

cantidad de cien mil dólares ($100,000). A tales fines,

las partes suscribieron un segundo contrato el 5 de julio

de 1995. La cantidad de $100,000 pactada incluía la

devolución de los $40,000, pagados al señor Rivera Vázquez

por concepto del contrato de opción anterior y el pago

adicional, por Rivera Vázquez, de $60,000,

correspondientes al precio fijado por el proyecto gestado

por de Choudens, Córdova y Passalacqua.

Luego de firmado el referido contrato, Rivera Vázquez

se dirigió a las oficinas del Arquitecto Augusto Gautier

Mayoral para revisar los planos del proyecto. Gautier

5 Las cartas compromisos contenían las cláusulas generales por las cuales “Burger King” y “Church´s” otorgarían el contrato de arrendamiento. Asimismo, éstos se comprometían a hacerse cargo de la construcción de los establecimientos de comida rápida. CC-2002-571 5

Mayoral era el arquitecto de “Burger King” y de

“Church´s”. Éste le había preparado a de Choudens, Córdova

y Passalacqua unos planos para la consulta de ubicación de

1994. En ese momento Rivera Vázquez se enteró que los

planos existentes eran sólo unos esquemáticos y no unos

finales de construcción. En vista de ello, el señor Rivera

Vázquez contrató los servicios del Arquitecto Gautier

Mayoral para que preparara los planos finales de

construcción y gestionara los permisos gubernamentales

correspondientes. Los honorarios acordados fueron $25,000.

Así las cosas, el 25 de agosto de 1995, de Choudens,

Córdova y Passalacqua lograron transferir las cartas

compromiso de “Burger King” y “Church´s” a nombre de

Rivera Vázquez. En virtud de ello, el 25 de septiembre de

1996, Rivera Vázquez suscribió unas escrituras públicas de

contratos de arrendamiento con Burger King y Church´s por

un término de veinte años 6 , con dos períodos de renovación

de cinco años cada uno.7 Rivera Vázquez se negó a pagarle a

de Choudens, Córdova y Passalacqua la cantidad acordada en

el contrato suscrito el 5 de julio de 1995, no obstante,

6 Conforme a los términos del contrato el señor Rivera Vázquez devengaría por cada contrato de arrendamiento con Burger King y Church´s una renta de $36,000 anuales con una renta adicional equivalente al 4.5% en exceso de $800,000 de ventas anuales. Estos términos eran los mismos que se habían acordado en las cartas compromisos que Choudens, Córdova y Passalacqua le habían entregado al señor Rivera Vázquez conforme al contrato suscrito el 5 de julio de 1995. 7 Burger King y Church´s comenzaron sus ventas en septiembre de 1997. CC-2002-571 6

los requerimientos que estos últimos le hicieron a esos

efectos.

Ante esta situación, José Álvarez de Choudens, Edwin

Córdova Torres y Armando Passalacqua Alonso, presentaron

ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Humacao, una demanda de cobro de dinero por incumplimiento

de contrato contra Germán Rivera Vázquez, su esposa Ana

Celia Rodríguez Meléndez y la Sociedad Legal de

Gananciales compuesta por ambos. Los señores de Choudens,

Córdova y Passalacqua, reclamaron al señor Rivera Vázquez

el pago de la suma de $100,000 en cumplimiento de la

carta-contrato suscrita entre ellos el 5 de julio de 1995.

Rivera Vázquez contestó la demanda y presentó una

reconvención. Alegó, en síntesis, que el contrato del 5 de

julio de 1995 no era válido, por razón de que hubo vicio

en el consentimiento. Adujo que de Choudens, Córdova y

Passalacqua lo engañaron ya que le habían hecho creer que

los planos que tenían eran finales, cuando no lo eran.

Solicitó al tribunal que declarara que el acuerdo suscrito

el 5 de julio de 1995 no era legalmente exigible, y que

ante el alegado incumplimiento de de Choudens, Córdova y

Passalacqua con el contrato de opción suscrito el 6 de

julio de 1993, declarase la resolución del mismo, así como

la retención de los $40,000 recibidos, en virtud de éste.

Solicitó, además, que se le indemnizara por los daños CC-2002-571 7

causados por de Choudens, Córdova y Passalacqua por sus

actos negligentes, falsos y engañosos.8

Luego de celebrado el juicio en su fondo, el tribunal

de primera instancia emitió sentencia. 9 Mediante la misma,

concluyó que, según la intención de las partes, el

contrato suscrito el 5 de julio de 1995 se refería a los

planos pertinentes e indispensables y necesarios para el

establecimientos de los restaurantes de comida rápida y no

meramente a planos esquemáticos. En consecuencia, declaró

sin lugar la demanda presentada y con lugar la

reconvención, imponiéndole a los demandantes recurridos el

pago de veinticinco mil dólares ($25,000) en compensación

por los gastos incurridos por Rivera Vázquez en la

obtención de los planos requeridos para la construcción

del proyecto. De igual manera, le impuso a los demandantes

8 Luego de varios trámites procesales, el 2 de noviembre de 1999, Rivera Vázquez solicitó autorización al foro de instancia para radicar una “Segunda Reconvención Enmendada” en la cual solicitó del tribunal que declarara la novación extintiva del contrato de opción celebrado entre las partes el 6 de julio de 1993 en virtud del contrato suscrito el 5 de julio de 1995. Además, solicitó que declarara que de Choudens, Córdova y Passalacqua incumplieron el contrato suscrito el 5 de julio de 1995 al no entregar los planos finales de construcción, por lo que él no les adeudaba cantidad alguna de dinero. Asimismo, solicitó que condenara a de Choudens, Córdova y Passalacqua solidariamente al pago de $211,000 por las daños causados por el incumplimiento del contrato. 9 En el juicio en su fondo declaró por la parte demandante- reconvenida el Sr. Edwin Córdova Torres y el Sr. Aniceto Solares Rivero, Vicepresidente Ejecutivo de Burger King. Por la parte demandada-reconveniente el Sr. Rivera Vázquez, el Sr. Reynaldo Rosario Agosto y el Arquitecto Augusto Gautier Mayoral. CC-2002-571 8

el pago de diez mil dólares ($10,000) en concepto de

honorarios de abogado por temeridad. No obstante, el foro

de instancia se negó a concederle daños a Rivera Vázquez

por el fundamento de que la prueba presentada a esos

efectos era especulativa.

Inconformes con la referida sentencia, el 13 de

agosto de 2001, de Choudens, Córdova y Passalacqua

presentaron recurso de apelación ante el Tribunal de

Apelaciones alegando, en síntesis, que erró el Tribunal de

Primera Instancia al declarar sin lugar la demanda como

consecuencia de haber errado al interpretar las cláusulas

del contrato, a pesar que las mismas eran claras y no

dejaban dudas sobre la intención de los contratantes. En

específico, sostuvieron que, a lo sumo, lo que procedía

era reducir la cantidad de $25,000 de la suma de dinero

reclamada por ellos.

De Choudens, Córdova y Passalacqua presentaron ante

el foro apelativo intermedio una moción sometiendo un

proyecto de exposición narrativa para la consideración de

dicho tribunal. Rivera Vázquez se opuso al mismo

proponiendo uno propio. Ante el desacuerdo de las partes,

el Tribunal de Apelaciones ordenó a de Choudens, Córdova y

Passalacqua, para que procedieran a obtener una exposición

narrativa aprobada por el Tribunal de Primera Instancia.

En fiel cumplimiento a la orden del Tribunal de

Apelaciones, de Choudens, Córdova y Passalacqua sometieron

una propuesta de exposición narrativa ante el Tribunal de CC-2002-571 9

Instancia. Dicho foro, luego de recibir la correspondiente

oposición de la parte contraria, acogió y autorizó como

exposición narrativa el contenido de un escrito sometido

por Rivera-Vázquez, titulado “Memorando sobre la prueba

desfilada”.10

El 22 de abril de 2002, no habiendo de Choudens,

Córdova y Passalacqua presentado la exposición narrativa,

el Tribunal de Apelaciones emitió una resolución,

ordenándoles a éstos someter la exposición narrativa según

intimado y advirtiéndoles que de no cumplir iban a

proceder a resolver el recurso sin considerar los errores

señalados que requerían la evaluación de prueba. El 29 de

abril de 2002, Choudens, Córdova y Passalacqua presentaron

un escrito al Tribunal de Apelaciones, acogiendo la

exposición narrativa propuesta por Rivera Vázquez el 9 de

octubre de 2001 ante el foro apelativo intermedio.

Finalmente, el 29 de mayo de 2001, mediante sentencia

a esos efectos, el Tribunal de Apelaciones revocó el

dictamen recurrido. En virtud de ello, el foro apelativo

intermedio declaró con lugar la demanda y condenó a Rivera

Vázquez a satisfacer la suma de $100,000 a Choudens,

Córdova y Passalacqua. Redujo de dicha cantidad la suma de

$25,000, como compensación por los gastos adicionales

10 Este memorando sobre la prueba desfilada es igual al proyecto de exposición narrativa presentado anteriormente por el Rivera Vázquez. No obstante, del expediente en autos no surge las razones por las que esta exposición narrativa de la prueba no fue elevada al Tribunal de Apelaciones. CC-2002-571 10

incurridos por Rivera Vázquez para la preparación de los

planos finales de construcción. Fundamentó su

determinación en que el contrato suscrito por las partes

el 5 de julio de 1995 era válido y exigible toda vez que

no hubo error en el consentimiento. Aun cuando reconoció

que los demandantes incumplieron en cuanto a los planos

finales de construcción, entendió que ese incumplimiento

fue uno defectuoso por lo que procedía aplicar la doctrina

de la exceptio non rite adimpleti contractus, reduciendo

en la proporción correspondiente la reclamación

contractual.

Rivera Vázquez presentó, oportunamente, una solicitud

de reconsideración, alegando, en síntesis, que el Tribunal

de Apelaciones había emitido su sentencia sin haber tenido

ante sí la exposición narrativa de la prueba según

aprobada por el Tribunal de Instancia. Alegó, además, que

el incumplimiento de la entrega de los planos terminados

de construcción no es una parte reducida de la prestación,

sino que constituyó un incumplimiento total de su

obligación contraída el 5 de julio de 1995, ya que las

cartas compromisos de “Burger King” y “Church´s” no tenían

ningún valor.

El 24 de junio de 2002, el Tribunal de Apelaciones

declaró sin lugar la solicitud de reconsideración de

Rivera Vázquez. Razonó que estaba facultado para

considerar los señalamientos de error que envolvieran la

apreciación de la prueba toda vez que la exposición CC-2002-571 11

narrativa presentada por los apelados había sido acogida

por la parte apelante. Asimismo, se fundamentó en que las

cartas compromisos al igual que los planos eran parte

integral del contrato por lo que entendían que hubo un

incumplimiento parcial de las prestaciones pactadas.

Inconforme con la determinación, Rivera Vázquez

recurrió ante este Tribunal --vía certiorari-- imputándole

al foro apelativo intermedio, en síntesis y en lo

pertinente, haber errado al considerar los méritos del

recurso de apelación sin tener ante su consideración la

versión oficial de la exposición narrativa de la prueba,

en violación a lo dispuesto en la Regla 54 de las de

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, y de la Regla 20

del entonces vigente Reglamento del Tribunal de Circuito

de Apelaciones de 1996. Alegó, además, que el foro

apelativo intermedio erró al determinar que no hubo un

incumplimiento total de las prestaciones por parte de los

demandantes recurridos para con los demandados

peticionarios, privándolos así de su facultad de dar por

resuelto el vínculo contractual.

El 27 de septiembre de 2002 denegamos el recurso de

certiorari. No obstante, luego de examinar una solicitud

de reconsideración, presentada oportunamente por el

peticionario, el 28 de febrero de 2003 expedimos el

recurso. CC-2002-571 12

Contando con la comparecencia de todas las partes, y

estando en posición de resolver el recurso radicado,

procedemos a así hacerlo.

I

Como es sabido, cuando en un recurso de apelación se

ha señalado algún error relacionado con la suficiencia de

la prueba testifical o con la apreciación de la prueba por

parte del Tribunal de Primera Instancia, la parte apelante

tiene que presentar una exposición narrativa de la prueba

para que de esta manera el tribunal apelativo pueda

cumplir cabalmente con su función revisora. 11 Regla 54.2 de

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 54.2; Rivera

Torres v. Pan Pepín, Inc., res. el 21 de abril de 2004,

2004 T.S.P.R. 59; Hernández v. San Lorenzo Const., res. el

20 de febrero de 2001, 2001 T.S.P.R. 18; Pueblo v.

Calderón Hernández, 145 D.P.R. 603, 605 (1998).

En cuanto al uso de los mecanismos disponibles a las

partes para presentar ante el foro apelativo intermedio la

prueba testifical que tuvo ante si el Tribunal de Primera

11 Esta norma se fundamenta en la doctrina claramente establecida por este Tribunal que un tribunal apelativo no intervendrá con las determinaciones de hechos ni con la adjudicación de credibilidad que hizo el juzgador de los hechos, salvo que haya mediado pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Hernández v. San Lorenzo Const., res. el 20 de febrero de 2001, 2001 T.S.P.R. 18; Rolón v. Charlie Rental Car, Inc., 148 D.P.R. 420, 433 (1999); Huertas v. Cia. Fomento Recreativo, 147 D.P.R. 12, 31 (1998); López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 142 D.P.R. 857, 864 (1997). CC-2002-571 13

Instancia, la Regla 54.2 de Procedimiento Civil, según

enmendada, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 54.2, dispone de tres

mecanismos para lograr el fin reseñado, a saber la

exposición estipulada de la prueba, la exposición

narrativa y la transcripción de evidencia.

De estos tres mecanismos, la referida disposición

reglamentaria promueve principalmente el uso de la

exposición estipulada de la prueba testifical. A esos

efectos, se expresa en la misma que “la exposición

narrativa procederá solamente en ausencia de una

exposición estipulada y tras la autorización previa del

Tribunal de Apelaciones.” Regla 54.2, ante. De igual

forma, se establece que “la transcripción procederá

solamente cuando la parte que la interese demuestre al

Tribunal de Apelaciones que no es posible preparar una

exposición narrativa o estipulada, o que la exposición

narrativa aprobada no expone adecuadamente la prueba oral,

a pesar de las objeciones o enmiendas presentadas

oportunamente ante el Tribunal de Instancia.” Ibíd.

Para la consecución de una exposición estipulada de

la prueba testifical, la Regla 54.2(c), dispone en lo

pertinente que:

...(c) Dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación del escrito de apelación o de la solicitud de certiorari, la parte apelante o peticionaria preparara y someterá al Tribunal de Circuito de Apelaciones un proyecto de exposición narrativa de la prueba oral pertinente al recurso, con una moción en la que justificara la necesidad de que el tribunal considere la prueba oral para la adecuada disposición del recurso. CC-2002-571 14

Notificara copia de la moción y del proyecto de exposición narrativa a la parte apelada o recurrida.

Durante los veinte (20) días siguientes, las partes harán esfuerzos, mediante comunicaciones y reuniones entre ellas, para lograr una exposición estipulada, tomando como base el proyecto de exposición narrativa de la parte apelante o peticionaria.

Si transcurridos dichos veinte (20) días no se produce una exposición estipulada, la parte apelada presentara dentro de los diez (10) días siguientes su oposición a la moción y al proyecto de estipulación de la parte apelante, en la cual señalará específicamente y en detalle, con referencia a la prueba presentada, sus objeciones al proyecto de la parte apelante y las razones que le impiden llegar a una exposición narrativa estipulada. De lo contrario se podrá tomar el proyecto de la parte apelante como la exposición narrativa de la prueba oral...

De la referida disposición reglamentaria surge que,

en aquellos casos en que sea necesario presentar ante el

foro apelativo intermedio un proyecto de exposición

narrativa de la prueba oral desfilada ante el Tribunal de

Primera Instancia, el Tribunal de Apelaciones puede

utilizar tal proyecto, aceptado por la parte apelada, como

exposición estipulada de la prueba oral.12

12 En el nuevo Reglamento del Tribunal de Apelaciones de 2004, aprobado el 20 de julio de 2004, 2004 T.S.P.R. 121, se eliminó el orden de prelación en cuanto a los mecanismos para la reproducción de la prueba. No obstante en las reglas permanece el interés de que durante el proceso apelativo se utilice el mecanismo que demuestre mayor celeridad. Véase los Comentario de la Regla 76.1. del Reglamento del Tribunal de Apelaciones de 20 de julio de 2004, 2004 T.S.P.R. 121. CC-2002-571 15

II

En el presente caso, el peticionario argumenta que el

Tribunal de Apelaciones erró al considerar los méritos del

recurso de apelación sin tener el beneficio de la

exposición narrativa de la prueba aprobada por el Tribunal

de Primera Instancia. No le asiste razón.

Luego de examinar el expediente del caso de autos,

vemos que en un principio hubo unos desacuerdos y

objeciones en cuanto a los proyectos de exposición

narrativa de la prueba sometidos por las partes al

Tribunal de Apelaciones. Dicha situación llevó al foro

apelativo intermedio a ordenar a de Choudens, Córdova y

Passalacqua a que sometieran una exposición narrativa de

la prueba debidamente aprobada por el Tribunal de Primera

Instancia conforme a la Regla 20 del entonces vigente

Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones de

1996.

No habiendo de Choudens, Córdova y Passalacqua

presentado la exposición narrativa según ordenado, el 22 de

abril de 2002, el Tribunal de Apelaciones les ordenó que

procedieran a someter en un término de siete (7) días la

exposición narrativa aprobada por el Tribunal de Primera

Instancia, advirtiendo que de no cumplir, no iba a revisar

los errores relacionados con la apreciación de la prueba.

Los demandantes recurridos comparecieron ante el Tribunal

de Apelaciones el 29 de abril de 2002, acogiendo la CC-2002-571 16

exposición narrativa de la prueba presentada por el

demandado apelante, el 9 de octubre de 2001.

La actuación de los demandantes recurridos, tuvo el

efecto de lograr una estipulación en cuanto a la

exposición de la prueba oral. Existiendo desde ese

momento, pues, una exposición estipulada de la prueba, se

tornó innecesario que el Tribunal de Apelaciones esperara

que el Tribunal de Instancia elevara la exposición

narrativa de la prueba aprobada. Realmente nos resulta

difícil entender la posición asumida por el peticionario

en este caso cuando la exposición narrativa de la prueba

utilizada por el Tribunal de Apelaciones fue la que ellos

mismos sometieron ante ese foro el 9 de octubre de 2001. 13

Reconocemos que la responsabilidad de presentar la

exposición narrativa de la prueba ante el Tribunal de

Apelaciones recae, de manera principal, en la parte

apelante. No obstante, no vemos razón por la cual el

Tribunal de Apelaciones no pueda tomar como exposición

estipulada un proyecto de exposición narrativa presentado

por la parte apelada y luego acogida por la parte

apelante. Sería absurdo exigirle en este caso al Tribunal

de Apelaciones que tenga que esperar por la exposición

narrativa aprobada por el foro de instancia, cuando las

13 Más difícil se nos hace entender la posición del peticionario cuando el proyecto de exposición narrativa presentado el 9 de octubre de 2001 ante el Tribunal de Apelaciones es el mismo que fue aprobado por el Tribunal de Primera Instancia, el 25 de enero de 2002. CC-2002-571 17

partes se han puesto de acuerdo en cuanto a la misma. 14

Ello, en atención a la preferencia que nuestro

ordenamiento le otorga a la figura de la exposición

estipulada frente a la de la exposición narrativa o, 15 incluso, a la transcripción de la prueba. Almodóvar

Marchany v. Puig & Abraham, Inc., ante.

Concluimos pues, que actuó correctamente el Tribunal

de Apelaciones al tomar el proyecto presentado por los

demandados apelantes el 9 de octubre de 2001 y acogido

posteriormente por la parte contraria, como la exposición

estipulada de la prueba oral.

III

Hemos reiterado en numerosas ocasiones que en Puerto

Rico rige el principio de la libertad de contratación,

según el cual las partes contratantes pueden establecer

los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por

conveniente, siempre que las mismas no sean contrarias a

las leyes, a la moral ni al orden público. Art. 1207 del

Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3372.

Irizarry López v. García Cámara, res. el 27 de noviembre

14 Esta interpretación también es cónsona con el nuevo Reglamento del Tribunal de Apelaciones de 2004 que promueve el mecanismo que demuestre mayor celeridad en el proceso. Véase: Comentarios a la Regla 76. 15 Recordemos que las reglas deben interpretarse de modo que garanticen una solución justa, rápida y económica de todo procedimiento. Regla 1 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap.III R. 1. CC-2002-571 18

de 2001, 2001 T.S.P.R. 161; Trinidad v. Chade, res. el 18

de enero de 2001, 2001 T.S.P.R. 007; Arthur Young & Co. v.

Vega III, 136 D.P.R. 157 (1994); Plaza del Rey, Inc. v.

Registrador, 133 D.P.R. 188 (1993); Casiano, Jr. v.

Borintex Mfg. Corp., 133 D.P.R. 127 (1993).

Sabido es que a partir del perfeccionamiento de un

contrato, las partes quedan obligadas al cumplimiento de

lo expresamente pactado y a las consecuencias que se

deriven del mismo, ello conforme a la buena fe, al uso y a

la ley. Art. 1210 del Código Civil de P.R., 31 L.P.R.A.

sec. 3375; Trinidad v. Chade, ante.

De esta manera, cuando un contrato es legal, válido y

carente de vicios del consentimiento, el mismo constituye

la ley entre las partes y debe cumplirse a tenor del

mismo. Artículo 1044 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.

2994; Constructora Bauzá, Inc. v. García López; 129 D.P.R.

579, 593 (1991); Cervecería Corona v. Commonwealth Ins.

Co., 115 D.P.R. 345 (1984). Es por ello, que el Artículo

1054 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3018, sujeta a

aquellos que de alguna manera contravengan sus

obligaciones a la indemnización de los daños y perjuicios

causados. Bajo dicho supuesto, todo incumplimiento

contractual dará lugar a un resarcimiento.

Las acciones ex contractu se basan en el

quebrantamiento de un deber que surge de un contrato

expreso o implícito, y tienen por objeto que se cumplan

las promesas sobre las cuales las partes otorgaron su CC-2002-571 19

consentimiento. Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., Inc.,

130 D.P.R. 712 (1992); Ocasio Juarbe v. Eastern Airlines,

Inc., 125 D.P.R. 410, (1990); Santiago Nieves v. A.C.A.A.,

119 D.P.R. 711, (1987); Mejías v. López, 51 D.P.R. 21, 26

(1937). Por ende, para que proceda esta acción tiene que

haber habido un acuerdo de voluntades que genere una

obligación, situación o estado de derecho resultante de un

convenio y que haya creado unas expectativas a base de las

cuales actuaron las partes. Trinidad v. Chade, ante.

En el caso de las obligaciones recíprocas, como es el

contrato aquí en controversia, el Artículo 1077 del Código

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3052, provee:

Sec. 3052. Derecho de resolver obligaciones recíprocas

La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere con lo que le incumbe.

El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

De la referida disposición estatutaria surge que ante

un incumplimiento de una obligación bilateral, el

perjudicado puede optar entre exigir el cumplimiento de la

obligación o su resolución, y en ambos casos, si tal

incumplimiento ha tenido repercusiones en su patrimonio de CC-2002-571 20

forma desfavorable, puede reclamar el resarcimiento por

los daños ocasionados.

En cuanto a la resolución del contrato, hemos indicado

que la referida disposición estatutaria establece una

condición resolutoria tácita en todo contrato bilateral

que opera “ex propio vigore”. Constructora Bauzá, Inc. v.

García López, ante. En consecuencia, si uno de los

contratantes incumple el otro puede darlo por resuelto sin

necesidad de que un tribunal así lo declare. Flores v.

Municipio de Caguas, 114 D.P.R. 521 (1983); Sucn. Escalera

v. Barreto, 81 D.P.R. 596 (1935).

Cuando nos enfrentamos a un cumplimiento parcial o

defectuoso, en principio, se justifica el ejercicio de la

acción de resolución. No obstante, en la doctrina

civilista se entiende que el ejercicio del derecho de

resolución no debe ser utilizado en todas las situaciones

ya que la buena fe en la contratación puede imponer alguna

moderación a este resultado. L. Díez-Picazo y A. Gullón,

Sistema de Derecho Civil, 4ta ed. rev., Madrid, Ed.

Tecnos, 1983, Vol. II, págs. 226-227; José Puig Brutau, en

Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed. rev., Barcelona, Ed.

Bosch, Tomo I, Vol. 2, 1985, págs. 126-127.

Dicho de otra manera, únicamente si el cumplimiento

parcial o defectuoso implica la frustración de la

finalidad contractual para la parte perjudicada, procederá

entonces, la resolución del contrato. Díez-Picazo y

Gullón, op. cit., pág. 227; Puig Brutau, op. cit., pág. CC-2002-571 21

127. En los demás casos, en que la prestación se ha

efectuado parcialmente o resulta defectuosa, será

procedente exigir el cumplimiento total o libre de

defectos y, en los casos en que proceda, una reducción

proporcional del precio.16 Ibíd.

Por otro lado, y como señaláramos anteriormente, el

Artículo 1077, ante, de igual forma, reconoce que ante el

incumplimiento de una obligación recíproca, la parte

perjudicada puede exigir su cumplimiento. De este manera,

el Código Civil consagra el principio general que postula

que en las obligaciones bilaterales ninguna de las partes

puede demandar el cumplimiento de la obligación contraria

sin cumplir u ofrecer el cumplimiento de la obligación

propia. En otras palabras, si el que incurre en

incumplimiento exige la satisfacción de la prestación

debida, la otra parte puede oponer la defensa del contrato

16 El profesor José Ramón Vélez Torres nos señala al respecto:

. . . Igualmente, cuando el cumplimiento parcial no supone incumplimiento absoluto, debe moderarse el impulso a la hacia la resolución, pues podría ocurrir una injusticia cuando se opte por la resolución. Quizás, en estos casos sirva mejor un remedio que logre el balance contractual sin llegar al extremo. En cada caso debe siempre atenderse a si la prestación parcial o defectuosa, y aún la hecha con retraso, implican la frustración de la finalidad contractual de la parte perjudicada. José Ramón Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, Derecho de Obligaciones, Univ. Interamericana de Puerto Rico, Segunda Edición, 1997, págs. 76-77.(Citas omitidas). CC-2002-571 22

incumplido. Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 D.P.R. 733, 742

(1987).

Este principio general en materia de contratos

recíprocos, es conocido en la doctrina civilista como la

excepción de contrato no cumplido (exceptio non adimpleti

contractus) Constructora Bauzá, Inc. v. García López,

ante. Esta excepción de contrato no cumplido se fundamenta

en la regla de la ejecución simultánea de las obligaciones

recíprocas. Artículo 1053 del Código Civil, 31 L.P.R.A.

sec. 3017; Puig Brutau, op. cit., pág. 115.

Existe una modalidad de la excepción de contrato no

cumplido, que la jurisprudencia y la doctrina civilista ha

reconocido como la “excepción de contrato no cumplido

adecuadamente” o “excepción de falta de cumplimiento

regular”, denominada en latín como la exceptio non rite

adimpleti contractus. 17 Sentencia del Tribunal Supremo

Español de 3 de marzo de 1991 (Repertorio Aranzadi, núm.

3304); Sentencia del Tribunal Supremo Español de 17 de

abril de 1976 (Repertorio Aranzadi, núm. 1811); Díez-

Picazo y Gullón, op. cit., pág. 227; Puig Brutau, op.

cit., pág. 116. Esta excepción aplica en el caso que una de

las partes haya cumplido la prestación parcial o

defectuosamente sin ajustarse debidamente a lo que exige

el vínculo obligatorio.

17 También se le conoce como la “doctrina del cumplimiento parcial o defectuoso.” D. Espín Canovas, La excepción de incumplimiento contractual, 17 An. Der. Civ. 543, 568 (1964). CC-2002-571 23

En Martínez v. Colón Franco, Concepción, 125 D.P.R.

15, 32-33 (1989), y Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E.,

152 D.P.R.616, 630-631 (2000), este Tribunal tuvo la

ocasión de expresarse en torno a esta figura jurídica. En

los referidos casos, expresamos que la modalidad de

exceptio non rite adimpleti contractus era una defensa

oponible a un demandante que ejecuta su prestación de

forma parcial o defectuosa y que le permite al demandado

reducir el importe de lo no realizado o en atención a lo

llevado a cabo defectuosamente. Las antes reseñadas

expresiones no son enteramente correctas. 18 Reexaminamos,

en consecuencia, el trasfondo doctrinal de esta figura

jurídica.

La exceptio non rite adimpleti contractus es una

defensa disponible al demandado, la cual, es oponible al

demandante que pretende exigir el cumplimiento de una

obligación a pesar de que él ha cumplido parcial o

defectuosamente con su prestación. El efecto o

consecuencia primordial de la aplicación de la excepción

es que el demandado no vendrá obligado a cumplir con su

parte hasta tanto el demandante cumpla con su prestación

totalmente o libre de defectos. Véase: Díez-Picazo y

18 Véase, a esos efectos, la Opinión Concurrente emitida por el entonces Juez Asociado Federico Hernández Denton en el caso de Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., ante. Véase también: Michel J. Godreau Robles, Análisis del Término 2000-01 del Tribunal Supremo de Puerto Rico: Derecho de Obligaciones y Contratos, 71 Rev. Jur. U.P.R. 383, 387 (2002). CC-2002-571 24

Gullón, op. cit., págs. 227-228; Puig Brutau, op. cit.,

pág. 116; Espín Canovas, ante.

Ahora bien, no todo supuesto de cumplimiento parcial o

defectuoso puede tener el efecto de liberar al demandado

de cumplir con su prestación. El demandado no podrá

invocar con éxito la doctrina en los casos en que la

aplicación de la exceptio non rite adimpleti contractus

puede resultar contraria al principio de buena fe en la

contratación. D. Espín Canovas, La excepción de

incumplimiento contractual, 17 An. Der. Civ. 543, 568

(1964).

Así, por ejemplo, si la causa del incumplimiento

parcial o defectuoso se debe a la conducta del demandado,

resulta obvio que no se puede invocar la excepción.

Tampoco se podrá invocar, con éxito, la excepción si el

demandado admitió la contraprestación sin reserva ni

protesta alguna cuando pudo comprobar los defectos ya que

iría contra sus propios actos. Díez-Picazo y Gullón, op.

cit., pág. 227; Puig Brutau, op. cit., pág. 116. En estos

casos es que el tribunal deberá reconocer una disminución

proporcional del precio, en razón de lo no cumplido o de

los defectos en la prestación. Ibíd.

En virtud de lo antes expuesto, aclaramos y resolvemos

que la defensa de exceptio non rite adimpleti contractus

puede ser invocada por el demandado en los casos en que el

demandante pretende exigir el cumplimiento de una

obligación a pesar de que él ha cumplido parcial o CC-2002-571 25

defectuosamente con su prestación y su efecto será, que el

demandado no vendrá obligado a cumplir con su parte hasta

tanto el demandante cumpla con la suya. No obstante, en

los casos en que la aplicación de la exceptio non rite

adimpleti contractus puede resultar contraria al principio

de la buena fe contractual, el demandado no podrá invocar

la excepción exitosamente. En esos casos procede reducir

el importe de lo no realizado o en atención a lo llevado a

cabo defectuosamente.

IV

En la controversia hoy ante nuestra consideración,

debemos determinar, en primer lugar, si los señores de

Choudens, Córdova y Passalacqua incurrieron en un

incumplimiento total con relación al contrato suscrito con

el señor Rivera Vázquez el 5 de julio de 1995, y, en

segundo término, el efecto de dicho incumplimiento sobre

el vínculo contractual. Veamos.

De entrada señalamos que constituye jurisprudencia

reiterada que, en lo que respecta a la evaluación de

prueba documental, este Tribunal está en idéntica

situación que los tribunales de instancia, Trinidad v.

Chade, ante; Ramírez, Segal & Latimer v. Rojo Rigual, 123

D.P.R. 161 (1989); Díaz García v. Aponte Aponte, 125

D.P.R. 1 (1989); razón por la cual en el presente caso

estamos en la misma posición que el foro de instancia para CC-2002-571 26

evaluar la “carta-contrato” de fecha 5 de julio de 1995.

Veamos.

El contrato suscrito por las partes en este caso

expresa lo siguiente:

5 de julio de 1995

Sr. Germán Rivera Las Piedras, Puerto Rico

Estimado señor Rivera:

Sirve la presente para notificarle que aceptamos su oferta de compra del proyecto Fast Food aprobado en la consulta de ubicación 94-50-0124- JUP.

La misma consiste de devolver los $40,000 de la opción de compra y $60,000.00 por el proyecto. Nosotros le daremos los planos que tenemos y compromisos con Caribbean Restaurant, Inc. (Burger King) y Southamerican Restaurant Corporation (church).

Para beneficio de todos es necesario acelerar la transacción ya que Burger King y Church quieren construir este año.

Esta negociación fue discutida a través de Córdova con Usted.

Un examen de dicha carta-contrato nos convence que

estamos ante un contrato bilateral en donde los señores de

Choudens, Córdova y Passalacqua se comprometieron a

cumplir con dos cosas: a entregar las cartas compromisos

de “Burger King” y de “Church´s” y a entregarles los

planos del proyecto para que Rivera Vázquez pudiera

establecer los negocios de comida rápida en su terreno.

Por su parte, Rivera Vázquez se comprometió a devolver los

$40,000 que los señores de Choudens, Córdova y Passalacqua CC-2002-571 27

le habían entregado en virtud del contrato de opción del 6

de julio de 1993 y pagar $60,000 por el proyecto, para un

total de $100,000.

En el caso de autos, los señores de Choudens, Córdova

y Passalacqua le entregaron a Rivera Vázquez las cartas

compromisos y unos planos que les había preparado el

Arquitecto Augusto Gautier Mayoral. Estos planos no eran

planos finales de construcción, aprobados por las agencias

gubernamentales correspondientes, que le permitiera a

Rivera Vázquez comenzar con la construcción del proyecto

inmediatamente. Esta es la razón por la que Rivera Vázquez

se niega a pagar el dinero ya que él entiende que los

señores de Choudens, Córdova y Passalacqua incumplieron el

contrato, ya que al indicarle que le iban a entregar “los

planos que tenemos” necesariamente se referían a los

planos finales de construcción. Por su parte, los señores

de Choudens, Córdova y Passalacqua argumentan que la frase

“los planos que tenemos” se refería a los planos

esquemáticos que ellos tenían en su poder.

El Tribunal de Primera Instancia, luego de celebrar

el juicio en su fondo y de escuchar los testigos de ambas

partes, concluyó que Rivera Vázquez contrató con el

entendimiento implícito que los planos que se le ofrecían

en dicho contrato eran planos de construcción finales y no

meros planos esquemáticos; ello en vista de que se

requería la construcción inmediata de los locales en

controversia. CC-2002-571 28

Sabido es que un tribunal apelativo no deberá, de

ordinario, intervenir con las determinaciones de hechos ni

con la adjudicación de credibilidad que ha realizado el

juzgador de los hechos, salvo que haya mediado pasión,

prejuicio, parcialidad o error manifiesto, Hernández v.

San Lorenzo Const., ante; Rolón v. Charlie Rental Car,

Inc., 148 D.P.R. 420, 433 (1999); Huertas v. Cia. Fomento

Recreativo, 147 D.P.R. 12, 31 (1998); López Vicil v. ITT

Intermedia, Inc., 142 D.P.R. 857, 864 (1997). En el

presente caso no existe ninguna de estas situaciones, por

lo que no hay razón alguna para intervenir con la

apreciación de la prueba oral que hiciera el foro de

instancia.

El peticionario Rivera Vázquez argumenta que el

Tribunal de Apelaciones erró al determinar que los señores

de Choudens, Córdova y Passalacqua cumplieron parcialmente

con sus obligaciones contractuales ya que, aunque no

entregaron los planos finales de construcción,

transmitieron a Rivera Vázquez los compromisos que ya

habían obtenido de Burger King y Church´s. De igual

manera, argumenta que el foro apelativo intermedio erró al

aplicar la doctrina de exceptio non rite adimpleti

contractus y proceder a reducir el importe de lo pactado

en $25,000 por el costo de preparación de los planos

finales.

Rivera Vázquez entiende que el incumplimiento de los

recurridos fue total toda vez que la finalidad del CC-2002-571 29

contrato era la entrega de los planos finales de

construcción del proyecto ya que las cartas compromisos de

“Burger King” y “Church´s” no tenían valor alguno, por lo

que estaba facultado a no cumplir con su prestación y dar

por resuelto el vínculo contractual. En la alternativa en

que se determine que hubo incumplimiento parcial, el

peticionario entiende que la excepción de cumplimiento

parcial o defectuoso (exceptio non rite adimpletis

contractus) sólo aplica cuando la parte incumplida es de

poca importancia en comparación con la prestación

principal. Conforme a ello, argumenta que el

incumplimiento de la entrega de los planos finales de

construcción es la parte esencial y que la transferencia

de las cartas contratos no tenían valor alguno.

En lo que respecta a su alegación de incumplimiento

total del contrato, no podemos suscribir la posición del

peticionario. Las cartas contratos, al igual que los

planos de construcción, eran parte integral del contrato.

Decir que las cartas contratos carecían de valor es negar

el hecho que al día de hoy Rivera Vázquez está generando

cuantiosos ingresos en virtud del contrato de

arrendamiento-producto de dichas cartas compromisos que

lograron los recurridos con “Burger King” y “Church´s” 19 ;

19 El Sr. Aniceto Solares, Vice-Presidente de Burger King, declaró que los ingresos totales de Rivera Vázquez por concepto de renta sobre el predio donde se construyó finalmente el negocio de comida rápida, para los primeros dos años totalizaron $160,269.48 y que se proyectaba un (Continúa . . .) CC-2002-571 30

compromiso que ellos lograron, además, se le transfiriera

a Rivera Vázquez. En vista de ello, forzoso es concluir

que los señores de Choudens, Córdova y Passalacqua

cumplieron parcialmente con el contrato al entregar a

Rivera Vázquez los compromisos con “Burger King” y

“Church´s”.

Ahora bien, ¿qué efecto tuvo ese incumplimiento

parcial de los recurridos sobre el vínculo contractual? En

primer lugar, como indicáramos anteriormente, cuando

estamos ante un incumplimiento parcial o defectuoso, la

resolución del vínculo contractual sólo procederá cuando

se haya frustrado la finalidad contractual para la parte

perjudicada. Díez-Picazo y Gullón, op. cit., pág. 227;

Puig Brutau, op. cit., pág. 127.

El peticionario Rivera Vázquez argumenta, repetimos,

que la finalidad del contrato era la adquisición de los

planos de construcción finales. No estamos de acuerdo. La

finalidad del contrato era cederle a Rivera Vázquez todo

lo necesario para establecer los negocios de comida rápida

en su terreno. Conforme a ello, los señores de Choudens,

Córdova y Passalacqua le vendieron a Rivera Vázquez los

compromisos con Burger King y Church´s y los planos del

proyecto. Ambas cosas, los compromisos y los planos, eran

esenciales para el establecimiento del proyecto.

___________________________ aumento en los ingresos para los años futuros. Cabe señalar que eso no incluye los ingresos generados por el contrato con Church´s. CC-2002-571 31

En virtud de lo antes expuesto, concluimos que en

este caso no procede declarar la resolución del contrato

suscrito por las partes el 5 de julio de 1995. La

finalidad contractual no fue frustrada toda vez que, no

obstante el incumplimiento parcial en que incurrieron de

Choudens, Córdova y Passalacqua, Rivera Vázquez pudo

lograr su propósito de establecer los negocios de comida

rápida en su terreno.

De igual forma, Rivera Vázquez no podía invocar, con

éxito, la defensa de la exceptio non rite adimpleti

contractus ya que éste admitió la prestación ejecutada

parcialmente, al aceptar las cartas contratos de “Burger

King” y “Church´s”. Una persona no puede aceptar lo que le

conviene, lucrarse con ello, y descartar lo que no le

gusta. Rivera Vázquez no cumple con el requisito de buena

fe para poder invocar exitosamente la excepción.

Permitirle a Rivera Vázquez invocar la defensa de

exceptio non rite adimpleti contractus sería ir contra el

principio de buena fue que se aplica a toda contratación.

La buena fe, como sabemos, es un principio general del

derecho que permea todo nuestro ordenamiento jurídico y

que goza de firme arraigo. 20 Conforme a ello, procede que

se reduzca el importe de lo pactado a $75,000, ello en

20 Marcial v. Tomé, 144 D.P.R. 522 (1997); Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 339 (1989); Catalytic Ind. Maint. Co. v. F.S.E., 121 D.P.R. 98 (1988); H.U.C.E. de Ame. v. V & E Eng. Const., 115 D.P.R. 711 (1984); Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., 111 D.P.R. 585 (1981). CC-2002-571 32

virtud, de los $25,000 que tuvo que pagar Rivera Vázquez

por los planos finales de construcción.

V

En virtud de lo antes expuesto, procede confirmar la

sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se dicta Sentencia confirmatoria de la emitida en el presente caso por el Tribunal de Apelaciones.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri concurre en el resultado sin opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo