Iris Diaz Ayala v. E.L.A. De P.R. Y Otro v. Hmca Carolina, Inc.

2001 TSPR 40

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: March 30, 2001
• Docket: CC-2000-0187
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Iris Díaz Ayala, et al. Demandante-Recurrida

v.

Estado Libre Asociado de P.R.; Departamento de Salud, et al. Certiorari Demandados 2001 TSPR 40 v.

HMCA Carolina, Inc., et al.; Evanston Insurance Company Peticionaria

Número del Caso: CC-2000-187

Fecha: 30/marzo/2001

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional VII

Panel integrado por su Presidente, Juez Guillermo Arbona Lago y los Jueces Andrés Salas Soler y Antonio J. Negroni Cintrón

Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. José Juan Torres Escalera Lcdo. Steven C. Lausell Stewart

Abogados de la Parte Recurrida: Lcdo. Rafael E. García Rodón Lcdo. Alexis I. Avilés Vega Lcdo. Pablo Rivera Díaz

Materia: Daños y Perjuicios

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Iris Díaz Ayala, et. al.

Demandante-recurrida

vs.

Estado Libre Asociado de P.R.; Departamento de Salud, et. al.; CC-2000-187 CERTIORARI Demandados

HMCA Carolina, Inc. et. al.; Evanston Insurance Company

Peticionaria

OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2001

El 23 de marzo de 1991, la Sra. Iris Díaz Ayala contrajo

matrimonio con el codemandante, Sr. Enrique Mirabal González. Poco

tiempo después, la Sra. Díaz Ayala quedó embarazada. La etapa

prenatal del embarazo transcurrió sin mayores inconvenientes ni

complicaciones de salud. En la madrugada del 21 de diciembre de

ese mismo año, la Sra. Díaz comenzó a sentir síntomas de parto,

por lo que, luego de informárselo a su esposo, éste la llevó al

Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Trujillo Alto. El médico

de turno allí presente CC-2000-187 3

procedió a referirla al Hospital de Area de Carolina. Ya en dicho lugar,

fue examinada en sala de emergencia y de ahí trasladada a la sala de

partos.1

Luego de varios análisis, la Dra. María del Carmen Ríos San

Antonio, facultativa médica a cargo de la sala de partos, se percató de

que había ocurrido la complicación de parto conocida como “prolapso del

cordón umbilical”, razón por la cual decidió de inmediato llevar a cabo

una operación cesárea. Efectuada la misma, la bebé de la Sra. Díaz Ayala

nació en condiciones estables. Al poco rato, la paciente sufrió un arresto

cardiorrespiratorio y, a pesar de que los médicos lograron resucitarla,

la falta de oxigeno provocada por tal condición, causó el que ésta

sufriera una anoxia cerebral o encefalopatía anóxica irreversible2.

De inmediato, la paciente fue trasladada en estado inconsciente

a la unidad de cuidado intensivo de dicha institución, hasta ser

finalmente trasladada al Hospital Universitario en el Centro Médico de

Río Piedras. Iris Díaz Ayala permaneció inconsciente e incapacitada en

el Hospital Universitario, hasta el día en que falleció a causa de una

“encefalopatía post-parto”, resultado de la falta de oxígeno provocada

por el arresto cardiorespiratorio que sufrió al efectuársele la cesárea.

1 A la fecha del parto, la Dra. María del Carmen Ríos San Antonio- codemandada- era la facultativa médica a cargo (“attending physician”) de la sala de obstetricia y ginecología del Hospital de Area de Carolina. El Dr. Jorge Sánchez Castro -codemandado- era el médico residente de guardia en dicha institución hospitalaria. Ambos eran empleados del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. A dicha fecha, la peticionaria, Evanston Insurance Company, era la aseguradora de la Universidad de Puerto Rico, en relación a una póliza de responsabilidad médico profesional. Véase Apéndice, págs. 4, 18. Determinaciones de Hecho y Conclusiones de Derecho, Tribunal de Primera Instancia. 2 Anoxia es una “situación en la que los tejidos orgánicos reciben una cantidad reducida de oxígeno”. Diccionario Médico Teide, Editorial Teide, Esp. 1988. Encefalopatía anóxica, se refiere a la condición de daño cerebral provocada por oxigenación deficiente en la respiración y circulación asociada con un paro cardíaco. Id. CC-2000-187 4

Ya para el momento de la muerte de la paciente, ésta, representada

por su esposo, Enrique Mirabal González, dos hijos de la paciente de un

matrimonio anterior, la hija de ésta nacida el día de los hechos, y los

padres de la paciente, habían entablado demanda en daños y perjuicios

por mala práctica de la medicina3, ante la Sala Superior de Carolina del

Tribunal de Primera Instancia. Incluyeron como demandados a la Dra. Ríos

San Antonio; al Dr. Jorge Sánchez Castro, médico residente de guardia

que atendió a la paciente en la referida institución hospitalaria; al

Dr. Peter Portilla, anestesiólogo de turno y a la enfermera anestesista

Minerva Carrasquillo, especialista que administró a la paciente la

anestesia necesaria para llevar a cabo la operación cesárea. Además,

reclamaron daños y perjuicios a la Universidad de Puerto Rico como patrono

de los doctores envueltos en la operación4; al Hospital de Area de Carolina

como patrono de la enfermera anestesista; contra sus respectivas

compañías aseguradoras, y contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

entre otros demandados.

En dicha demanda, la parte demandante alegó, además de la causa

de acción en daños por mala práctica de la medicina, “que las Compañías

3 Demanda original, de 1 de diciembre de 1992, Demanda Enmendada de 24 de mayo de 1993, Segunda Demanda Enmendada de 13 de octubre de 1994 para incluir el hecho de la muerte de la Sra. Díaz Ayala. 4 De acuerdo a la relación contractual existente entre la Universidad de Puerto Rico, la Administración de Facilidades y Servicios de Salud del Departamento de Salud y HMCA (Puerto Rico/Carolina), Inc., la Universidad de Puerto Rico se comprometió a proveer todo el personal médico necesario para dirigir y prestar los servicios médicos de los departamentos clínicos del Hospital de Area de Carolina. La Universidad de Puerto Rico era la encargada de seleccionar y contratar la facultad médica de los departamentos clínicos, incluyendo el de obstetricia y ginecología y el de anestesia. Por su parte, HMCA(Puerto Rico/Carolina), Inc., era la responsable de proveer el personal paramédico y administrativo así como el equipo y facilidades en el Hospital de Area de Carolina.

Según los referidos acuerdos, los médicos que atendieron a Iris Díaz Ayala eran empleados de la Universidad de Puerto Rico. El personal de enfermería que intervino con ella eran empleados de la HMCA (Puerto Rico/Carolina). Veáse Determinaciones de Hecho y Conclusiones de Derecho del Tribunal de Primera Instancia. Apéndice a la pág. 354. CC-2000-187 5

Aseguradoras X, Y, y Triple S, habían expedido pólizas a favor de los

demandados cubriendo los riesgos y daños que se reclaman en este caso,

las cuales en unión a todos los codemandados responden solidaria y

mancomunadamente por los daños y perjuicios aquí reclamados”.

Posteriormente, radicaron una Demanda Enmendada, en la que incluyeron

la misma reclamación en contra de las respectivas compañías aseguradoras,

denominadas con nombres ficticios por la parte demandante desconocer sus

verdaderos nombres.5

Así las cosas, la aquí peticionaria y codemandada, Evanston

Insurance Company (en adelante, Evanston), compareció, voluntariamente,

como aseguradora de la Universidad de Puerto Rico (en adelante UPR),

radicando su Contestación a la Demanda Enmendada. En referencia a la

alegación de la parte demandante, relativa a la responsabilidad de las

respectivas compañías aseguradoras de los codemandados, Evanston

específicamente alegó que “...se acepta que la codemandada aquí

compareciente ha expedido una póliza de responsabilidad

médico-profesional a favor de la codemandada Universidad de Puerto Rico

con unos límites fijos de cubierta, por lo cual no responde legalmente

por cantidad alguna en exceso de los referidos límites...”.6 Más adelante

5 Párrafo 18 de la Demanda Enmendada; Regla 15.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 15.4,; “Cuando un demandante ignore el verdadero nombre de un demandado, deberá hacer constar este hecho en la demanda, exponiendo la reclamación específica que alega tener contra dicho demandado...”. 6 Párrafo 19 de la Contestación a la Demanda Enmendada. Luego de un examen minucioso de las respectivas alegaciones radicadas por las partes, entendemos que es de suma importancia señalar que la codemandada Evanston, hizo referencia en el párrafo diecinueve de su Contestación a la Demanda Enmendada a lo alegado por la parte demandante en el párrafo dieciocho de su Demanda Original, en lugar de hacer referencia a lo alegado por ésta en el párrafo diecinueve de la respectiva Demanda Enmendada. Por tal razón, en nuestro deber de examinar las alegaciones presentadas por las partes mediante un análisis de la totalidad de los documentos que obran en el expediente, procedemos a tomar como respuesta de Evanston a la alegación de responsabilidad de las CC-2000-187 6

en dicho documento, Evanston alegó, afirmativamente, lo mismo que levantó

al contestar la alegación correspondiente de la parte demandante

referente a la responsabilidad de las aseguradoras, esto es, que “la

codemandada Evanston Insurance Company ha expedido una póliza de

responsabilidad médico-profesional a favor de la codemandada Universidad

de Puerto Rico con unos límites fijos de cubierta y no es legalmente

responsable por cantidad alguna en exceso de dichos límites.”7

Luego de varios trámites procesales, el tribunal de instancia dictó

sentencia el día 17 de agosto de 1995, archivándose en autos copia de la

misma el día 31 de agosto de 1995. Dicho foro determinó que tanto la Dra.

Ríos San Antonio como el Dr. Sánchez Castro, ambos actuando como empleados

del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico al momento

de los hechos, fueron negligentes en la atención y tratamiento médico que

brindaron a la paciente Iris Díaz Ayala. Concluyó, además, que la demandada

HMCA (Puerto Rico/Carolina), Inc., fue negligente al carecer del personal

y del equipo adecuado para administrar anestesia. De otra parte, también

llegó a la conclusión de que el Hospital de Area de Carolina respondía, en

virtud de lo dispuesto en el Artículo 1803 del Código Civil de Puerto Rico,

31 L.P.R.A. sec. 5142, por la negligencia de la anestesista Minerva

Carrasquillo.

El foro de instancia dispuso, además, que la negligencia de los

médicos empleados de la UPR contribuyó en un cincuenta por ciento (50%)

a ocasionar los daños sufridos por los demandantes y que, por su parte,

la imprudencia de los empleados de HMCA contribuyó en el otro cincuenta

por ciento (50%) a la producción de los mismos. Finalmente, impuso

responsabilidad solidaria a todos los codemandados, incluyendo a la

aseguradora compareciente Evanston, por una cantidad total de

seiscientos veinticinco mil dólares ($625,000.00) que estimó fue la

aseguradoras, lo expresado por ésta en el párrafo diecinueve de su Contestación a la Demanda Enmendada. 7 Contestación a Demanda Enmendada, defensa afirmativa núm. 9; Apéndice a la pág. 114. CC-2000-187 7

cantidad monetaria equivalente a los daños ocasionados y sufridos por

los demandantes a causa de los actos negligentes de los codemandados.

Inconforme con la sentencia que el 17 de agosto de 1995 emitió el

foro de instancia, Evanston presentó oportuna Moción de Reconsideración

y/o de Enmiendas o Determinaciones de Hechos Iniciales o Adicionales,

al amparo de la Reglas 47 y 43.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A Ap.

III, R. 47, R.43.3, respectivamente 8 . En la misma, alegó que la

determinación del Tribunal de Primera Instancia fijando en seiscientos

veinticinco mil dólares ($625,000.000) la cantidad de dinero que venía

obligada a indemnizar de manera solidaria a la parte demandante, fue

errónea. Esto, por razón de que la parte demandante no había descargado

su obligación procesal de establecer, vía presentación de evidencia

suficiente, que dicha aseguradora había expedido una póliza de

responsabilidad médico-profesional que cubriera específicamente los

hechos que dieron margen a la causa de acción reclamada en la demanda.

Argumentó Evanston, además, que el tribunal podía hacer uso de su

discreción y permitirle, según la doctrina establecida por este Tribunal

en el caso U.S. Fidelity & Guaranty Co. v. Tribunal Superior, 85 D.P.R.

131 (1962) 9 , en esa etapa de los procedimientos posteriores a la

8 La Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dispone que “La parte adversamente afectada por una resolución, orden o sentencia del Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término de quince (15) días desde la fecha de la notificación de la resolución u orden o desde la fecha del archivo en los autos de una copia de la notificación de la sentencia, presentar una moción de reconsideración de la resolución, orden o sentencia...”. La Regla 43.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dispone que “....a moción de parte, presentada a más tardar diez (10) días después de haberse archivado en autos copia de la notificación de la sentencia, el tribunal podrá hacer las determinaciones de hechos y conclusiones de derecho iniciales correspondientes,... o podrá enmendar o hacer determinaciones adicionales...”. 9 “Cuando un tribunal dicta sentencia contra un asegurado, si el monto de la misma es superior al límite de la póliza de seguros, el tribunal sentenciador tiene discreción para admitir prueba por vía de reconsideración, mediante cualquier otra moción procedente, con el fin de CC-2000-187 8

sentencia, presentar en evidencia la póliza de seguros por

responsabilidad médico-hospitalaria que había emitido a favor de la

codemandada UPR, con el propósito de demostrar que la susodicha póliza

era una de las que comúnmente se denomina “defense within limits”.10 La

peticionaria Evanston pretendía, además, presentar evidencia que

reflejara que durante todo el proceso judicial, el límite original de

cubierta, se había ido agotando debido al pago de gastos, transacciones

y reclamaciones contra la misma, y que para la fecha en que se dictó

sentencia, la póliza estaba completamente agotada.11 Incluso, alegó que,

como aseguradora, no venía obligada a pagar ninguna suma en exceso de

los límites acordados en la obligación que contrajo con la asegurada ya

que las aseguradoras sólo responden dentro de los límites de la póliza.

Código de Seguros, Artículos 20.010, 20.030, 26 L.P.R.A. secs. 2001,

2003; Clínica Dr. Perea v. Hernández Batalla, 85 D.P.R. 767 (1962).

Por su parte, la demandante se opuso a tal solicitud, amparándose

en el hecho de que la codemandada peticionaria había aceptado desde el

comienzo del caso, tanto en su contestación a la demanda enmendada como

en las defensas afirmativas que alegó en la misma, que había expedido

una póliza de responsabilidad médico profesional a favor de la UPR, la

cual cubría los riesgos y daños reclamados en la demanda. Argumentó que,

como consecuencia de tal aceptación, no tenía la obligación ni el deber

de probar tal extremo en el juicio y que, por el contrario, le correspondía

establecer la suma por la cual responde la aseguradora.” U.S. Fidelity, ante, pág. 134. 10 Este tipo de póliza se caracteriza por el hecho de que el límite de responsabilidad de la aseguradora se va reduciendo según se pagan honorarios de abogado y otros gastos originados por la investigación y defensa de las reclamaciones que se hagan dentro del período de vigencia de la póliza. Véase, además, U.S. Fidelity & Guaranty Co. v. Tribunal Superior, 85 D.P.R. 131 (1962)., referente al uso de discreción del Tribunal para permitir presentación de evidencia, relativa a los límites de una póliza, mediante la utilización de los procedimientos posteriores a la sentencia. 11 Véase Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice a la pág. 296. CC-2000-187 9

a dicha aseguradora demostrar y probar fehacientemente la defensa

afirmativa que alegó al efecto de que la póliza que había expedido era

una con unos límites fijos de cubierta; cosa que la codemandada no hizo

en ningún momento durante los procedimientos pertinentes al juicio.

Cuestionó, además, la parte demandante el uso que pretendía darle

Evanston a la moción de reconsideración para presentar evidencia que

estableciera los límites de responsabilidad, luego de haberse dictado

sentencia, cuando dicha parte tuvo amplia oportunidad para hacerlo antes

de que se dictara la misma. La parte demandante específicamente solicitó

del foro de instancia que determinara que la parte codemandada Evanston

no había presentado prueba sobre los límites de la póliza de

responsabilidad médico hospitalaria que aceptó haber emitido a favor de

la codemandada Universidad de Puerto Rico, por lo que, no teniendo el

Tribunal ante sí, prueba alguna sobre los límites de responsabilidad de

Evanston, se podía concluir que ésta, como codemandada solidaria, le

fuera responsable a la Parte Demandante en el pago de las cantidades

concedidas, incluso más allá de los límites de dicha póliza.12

El tribunal de instancia, luego de examinar los argumentos en apoyo

y en oposición a la solicitud de reconsideración, denegó la misma.

Resolvió que, aún cuando es al que le reclama a un asegurado a quien le

corresponde establecer que la acción u omisión que da lugar a la causa

de acción reclamada está cubierta por un contrato de seguro13, esto se

logró mediante la propia admisión que hizo Evanston en su contestación

a la demanda y en las defensas afirmativas que levantó en tal documento.

Llegó pues a la determinación de que, luego de Evanston haber aceptado

la existencia de la póliza y la respectiva cubierta a favor de la UPR,

le correspondía a dicha parte demostrar el límite de su responsabilidad.

Como no lo hizo, pues ni siquiera ofreció en evidencia prueba documental

12 Moción en Oposición a Reconsideración al amparo de la Regla 47 y Regla 43.3; Apéndice a la pág. 176-177. 13 Véase: U.S. Fidelity & Guaranty Co. v. Tribunal Superior, 85 D.P.R. 131, 133 (1962);(citando a Boyd v. White, 123 So. 2d 835 (La. 1960); Masaracchia v. Inter-City Express Lines Inc., 162 So. 2d 221(La. 1935), entre otros. CC-2000-187 10

o testifical relativa al texto, límites y condiciones de la póliza,

procedía entonces mantener la determinación previa del tribunal en cuanto

a la imposición de responsabilidad en contra suya. Sostuvo que Evanston

no podía pretender, mediante el uso de los procedimientos posteriores

a la sentencia, que el tribunal le brindara la oportunidad de presentar

evidencia que nunca presentó anteriormente, a pesar de haber estado

disponible, y que, por consiguiente, la parte demandante nunca pudo

refutar.

Inconforme con tal determinación, Evanston acudió mediante recurso

de apelación al Tribunal de Circuito de Apelaciones (en adelante,

Tribunal de Circuito), el cual confirmó la sentencia dictada por el foro

de instancia.14 El tribunal apelativo intermedio basó su decisión en el

hecho de que Evanston nunca demostró en el juicio cuales eran las

condiciones de la póliza, ni tampoco presentó evidencia documental de

la misma, por lo que, no era posible eximirla en esos momentos de la

responsabilidad que asumió al contestar en la afirmativa que de hecho

había expedido una póliza de tal tipo. Determinó que, según los

señalamientos del foro de instancia, no existía controversia sobre la

existencia de la póliza en cuestión porque los demandantes no tenían que

probar lo que ya la aseguradora había aceptado. Señaló en su sentencia

que la pretensión de Evanston de que no presentó dicha prueba por razón

de que la demandante no había cumplido previamente con su deber de probar

14 En dicho recurso, imputó al Tribunal de Primera Instancia la comisión de los siguientes errores:

“Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al imponer responsabilidad a Evanston dando por admitido la existencia de una póliza de seguros emitida por ésta y que la misma cubre la reclamación objeto de la demanda y, por consiguiente, relevando a la parte demandante de su obligación de probar lo anterior en el juicio; CC-2000-187 11

la existencia de la póliza, era inmeritoria. Específicamente determinó

que, para imponer tal responsabilidad, era suficiente con leer de forma

integral las aseveraciones y defensas incluidas en su contestación a la

demanda para poder llegar a la conclusión de que Evanston era responsable

por haber aceptado que expidió una póliza de responsabilidad médico

profesional a favor de la UPR.15

El Tribunal de Circuito de Apelaciones determinó, además, que no

era permisible utilizar la etapa apelativa ni los mecanismos procesales

posteriores a la sentencia para presentar evidencia que la parte

proponente tenía disponible para ofrecer, tanto durante el proceso

judicial previo a la vista en su fondo como durante la celebración de

la misma. Por consiguiente, señaló que el tribunal de instancia no abusó

de su discreción al denegar la petición de Evanston relativa a la

presentación de prueba sobre las condiciones de la póliza. Dicha parte

era la que de hecho ejercía, durante todo momento, el poder y control

sobre la presentación de prueba que en esa etapa de los procedimientos

solicitaba presentar; esto es, que era la propia aseguradora quien tenía

conocimiento de los contratos de seguro que otorga y el tipo de póliza

que expide en caso de que se le imponga responsabilidad a un asegurado.16

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al negarse a reconsiderar la sentencia y/o formular las correspondientes enmiendas o determinaciones iniciales o adicionales (Regla 43.3 de Procedimiento Civil) para conformarla a la cubierta disponible bajo la póliza al momento de dictarse sentencia.”

15 Véase Sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional VII, Apéndice a la pág. 406. 16 Dispuso el TCA que “...resulta del todo inaceptable que acojamos tal malabarismo jurídico para que en esta etapa apelativa le impongamos un límite de cubierta de seguro frente a los apelantes, cuando lo bien alegado por los demandantes-apelantes nunca fue contestado en la negativa por Evanston. Una alegación responsiva o defensa afirmativa que se limita a señalar que una póliza está sujeta a las cláusulas, condiciones y restricciones que de su faz aparezcan o una expresión sustancialmente similar no constituye negativa, cuando luego no se alega cual es el límite correcto de la póliza o se presenta copia de la cubierta del contrato de seguros.” Íd. CC-2000-187 12

Por no estar de acuerdo con la actuación del Tribunal de Circuito,

Evanston presentó oportuna moción de reconsideración de la sentencia,

alegando básicamente los mismos señalamientos. Dicha solicitud fue

declarada no ha lugar por el foro apelativo sin más fundamentos, salvo

una modificación debida a un error oficinesco.17

Luego de la denegatoria del foro apelativo intermedio de dicha

moción de reconsideración, Evanston compareció ante este Tribunal, vía

certiorari, en revisión de dicha sentencia. La referida peticionaria

alega que procede revocar la sentencia emitida por el Tribunal de Circuito

de Apelaciones, por razón de que dicho foro apelativo erró al:

“...negarse a revisar y a revocar la sentencia del Tribunal de Instancia que impuso responsabilidad a la aseguradora Evanston basado en un admisión inferida ‘de una lectura de forma integral y armónica, en armonía’(Apéndice, pág. 406) de todas las aseveraciones y defensas incluidas en las contestaciones de Evanston a las varias demandas y demandas enmendadas”;

“...negarse a revisar y a revocar la sentencia del Tribunal de Instancia, el cual se negó, abusando de su discreción, a permitir que Evanston, vía oportuna moción de reconsideración y de determinaciones de hecho adicionales, presentara, luego del juicio, evidencia de los límites de la póliza al momento de dictarse sentencia.”

Expedimos el recurso; contando con el beneficio de la comparecencia

de las partes y estando en condiciones de resolver, procedemos a así

hacerlo.

I

La parte demandada-peticionaria, Evanston, señala que la

imposición de responsabilidad en su contra es improcedente en derecho

por razón de que la parte demandante nunca presentó, durante el juicio

celebrado, prueba alguna que demostrara el hecho de que ésta había

expedido una póliza de responsabilidad médico-profesional que cubriera

los hechos específicos que dieron lugar a la causa de acción reclamada

en la demanda. Sostiene que los dos foros apelados actuaron erróneamente

17 Véase Apéndice a la pág. 438. Se modificó la sentencia para hacer constar que la compensación concedida a Enrique Mirabal González era por una suma de veinte mil dólares ($20,000.00), CC-2000-187 13

al tomar las aseveraciones hechas por la demandada-peticionaria, en sus

alegaciones, como base para imponerle responsabilidad y determinar que

no le correspondía a la parte demandante establecer y probar el hecho

de que la demandada-peticionaria había suscrito un contrato de seguros

a favor de la UPR que cubriera la causa de acción en cuestión. Sostiene

Evanston, además, que fue un error imponerle la responsabilidad de

indemnizar, de manera solidaria, el pago total de la sentencia por razón

de que, alegadamente, no cumplió con su peso de la prueba para establecer

que la póliza objeto de la controversia estaba sujeta a uno límites fijos

de cubierta.

A

Por razón de la importancia, alcance y efecto que tienen los

contratos de seguro en Puerto Rico, en especial, aquellos que regulan

la responsabilidad profesional por mala práctica de la medicina,

procedemos, previo a discutir el primer señalamiento de error, a realizar

un breve análisis sobre la definición, naturaleza e interpretación que

le ha dado este Tribunal, a las distintas disposiciones que reglamentan

este tipo de pólizas contractuales.

El Artículo 1.020 del Código Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A

sec. 102, define el contrato de seguro como aquel “mediante el cual una

persona se obliga a indemnizar a otra o a pagarle o proveerle un beneficio

específico o determinable al producirse un suceso incierto previsto en

el mismo.” Cruz, Rolando, Derecho de Seguros, 1ra ed., Publicaciones JTS,

1999, pág. 1. Un contrato de seguro, por responsabilidad profesional

médico-hospitalaria, constituye una cubierta de seguro, para

profesionales e instituciones para el cuidado de salud, que tiene el

propósito de indemnizar a terceros por los actos u omisiones culposos

o negligentes de los asegurados mientras ejercen sus funciones y proveen

sus servicios en tal capacidad profesional. 18 Es decir, protege al

en lugar de los doscientos mil dólares ($200,000.00) que se hicieron constar en la sentencia. 18 Id., Glosario de los términos más comúnmente usados en el campo del Derecho de Seguros, págs. 394, 410. CC-2000-187 14

asegurado contra la responsabilidad legal de éste por los daños o lesiones

causadas a terceras personas como consecuencia del rendimiento

negligente de sus servicios profesionales.19

Estos contratos, comúnmente conocidos como de impericia o mala

práctica, “tienen como fin primordial ‘garantizar al asegurado contra

la responsabilidad civil en que pueda incurrir ante terceros por actos

de los que sea [legalmente] responsable’, Quiñones López v. Manzano

Pozas, res. el 25 de junio de 1996, 141 D.P.R. ___, (1996)20; Meléndez

Piñero v. Levitt & Sons of Puerto Rico Inc., 129 D.P.R. 521, 537 (1991).

Por medio de tal contrato, “el asegurador se obliga, dentro de los límites

establecidos en el contrato, a cubrir la obligación de indemnizar a un

tercero los daños y perjuicios causados por el asegurado. Como puede

suponerse, sin embargo, en la práctica no existe un seguro que cobije

toda la responsabilidad en que puede incurrir una persona. Lo que existe

son seguros de responsabilidad civil que cubren determinadas actividades

del asegurado, capaces de producir daños. Entre los más conocidos

figuran...los seguros de responsabilidad profesional concernientes a los

perjuicios ocasionados a otros en el desempeño de una profesión:

medicina, abogacía, arquitectura, etc.” Quiñones López v. Manzano Pozas,

ante.21

Es norma reiterada de este Tribunal que todo contrato de seguros,

al igual que cualquier otro contrato, constituye la ley entre las partes,

siempre y cuando concurran las tres condiciones indispensables para su

validez: consentimiento de los contratantes, objeto cierto materia del

contrato, y causa de la obligación que se genera. Artículos 1230, 1213

del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 3451, 3391,

respectivamente; General Accident v. Ramos Díaz, res. el 14 de junio de

1999, 99 TSPR 91; Quiñones López v. Manzano Pozas, ante; José Iván Torres

19 Id., a la pág. 396. 20 J. Castelo Matran, Diccionario Mapfre de Seguros, Editorial Mapfre, 1988, pág. 264. CC-2000-187 15

v. E.L.A., 131 D.P.R. 640 (1992); García Curbelo v. A.F.F., 127 D.P.R.

747 (1991).

Por su parte, el Código de Seguros dispone que todo contrato de

seguros deberá interpretarse globalmente, a base del conjunto total de

sus términos y condiciones, según se expresen en la póliza. Código de

Seguros, Artículo 11.250, 26 L.P.R.A. 1125.22 Debe mantenerse presente

que, en caso de duda en la interpretación de una póliza, la misma debe

resolverse de manera que se logre el objetivo y propósito de la misma:

proveer protección al asegurado. Quiñones López, ante. De ahí que no se

favorezcan las interpretaciones sutiles que le permitan a las compañías

aseguradoras evadir su responsabilidad. Id. Es por ello que corresponde

a los tribunales buscar y analizar el sentido y significado que le daría

una persona normal de inteligencia promedio a las palabras y cláusulas

contenidas en un contrato de dicha naturaleza. Id.; PFZ Properties Inc.

v. General Accident Ins. Co., 136 D.P.R. 881 (1994).

En síntesis, cuando los términos, condiciones y exclusiones de un

contrato de seguros son claros y específicos, deben hacerse valer los

mismos de acuerdo a la voluntad de las partes contratantes. Quiñones

López, ante.

B

Atendemos el primer señalamiento de error levantado por la

peticionaria: como mencionáramos previamente, Evanston sostiene que el

TCA estaba impedido de confirmar la determinación del TPI imponiéndole

responsabilidad a ésta por el pago de la sentencia, basada dicha

imposición en la alegada admisión inferida de la existencia de la póliza

que Evanston proveyó en la contestación a la demanda.

La Regla 5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 5, nos

habla sobre las alegaciones permitidas en nuestro ordenamiento procesal

civil; entre ellas la demanda y su respectiva contestación. La Regla 6.1,

21 Véase Meléndez Piñero v. Levitt & Sons of Puerto Rico Inc., ante, a la pág. 537; nota al calce núm. 3. 22 Véase, además, Stokes v. Serrano Lecaroz, res. el 24 de abril de 1998, 98 TSPR 49; Meléndez Piñero v. Levitt & Sons CC-2000-187 16

32 L.P.R.A. Ap. III, R.6.1, por su parte, establece, en síntesis, que

las alegaciones que expongan una solicitud de remedio, entre éstas, la

demanda, presentarán una relación sucinta y breve de lo que se reclama

y la solicitud del remedio que alega se le debe conceder.23

De otro lado, la Regla 6.2, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 6.2, dispone

que: “La parte [a quien se le reclama] expondrá en términos sucintos y

sencillos sus defensas contra cada reclamación interpuesta y admitirá

o negará las aseveraciones en que descanse la parte contraria...”

(subrayado nuestro).

Sobre el efecto de las aseveraciones contenidas en las alegaciones

antes mencionadas, y el alcance que tienen las admisiones manifestadas

en las mismas, la jurisprudencia de este Tribunal ha señalado que las

admisiones del demandado, en su contestación, relevan al demandante de

tener que probar los hechos así admitidos. El demandante no tiene que

presentar prueba sobre hechos no negados, o admitidos, en la

contestación, y esos hechos deben ser considerados como ciertos.24

De igual manera, Ernesto L. Chiesa, en su Tratado de Derecho

Probatorio,25 Tomo II, pág. 655, nos señala, al hacer una distinción entre

las admisiones evidenciarias para fines probatorios, y las admisiones

judiciales, tales como las que hace una parte en el transcurso de un

proceso civil al contestar una demanda o estipular unos hechos, que éstas

of Puerto Rico Inc., ante; García Curbelo v. A.F.F., ante; Torres v. E.L.A., ante. 23 Urrutia de Basora, Negrón Portillo, Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico; Preguntas y Respuestas, Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1996, pág. 42. 24 Véase: Torres v. Soc. Tranvía de Mayagüez, 18 D.P.R. 251, 252 (1912); García v. Torres, 20 D.P.R. 169, 172-173 (1914); Santini Fertilizer Co. v. Burgos, 34 D.P.R. 869 (1926); Cayere v. Buxó, 62 D.P.R. 910 (1944); Abella v. Piñeiro, Gobernador, 66 D.P.R. 693, 694-695 (1946); Mariani v. Christy, 73 D.P.R. 782, 788-789 (1952). Véase, además, José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo I, 1ra ed., Publicaciones JTS, 2000, pág. 209. 25 Chiesa, Ernesto L. Tratado de Derecho Probatorio; Reglas de Evidencia de Puerto Rico y Federales. Tomo II, Publicaciones JTS, 2000. CC-2000-187 17

últimas no son controvertibles. Es decir, “el efecto de admisiones

judiciales, mucho más pleno, es materia estrictamente procesal.

Sencillamente, cuando una parte hace una alegación o acepta una

estipulación, queda obligada por la alegación salvo que el tribunal le

permita retirarla.” Id. De manera que, lo que las partes aceptan dentro

del curso procesal de un caso civil, --i.e. en la contestación a la

demanda, conferencia con antelación al juicio, estipulaciones-- es

incontestable salvo que el Tribunal permita enmiendas a las mismas. Id.

Este Tribunal, al catalogar las estipulaciones de hechos como

admisiones judiciales de la misma naturaleza a las discutidas en el

párrafo anterior, ha expresado que “la estipulación es una admisión

judicial que implica un desistimiento formal de cualquier contención a

ella. Debe interpretarse liberalmente, de manera consistente con la

intención de las partes y el propósito de hacer justicia...”, Ramos Rivera

v. E.L.A., res. el 16 de abril de 1999, 99 TSPR 57; Puerto Rico Glass

Corp. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 223, 230 (1975).

No se puede pasar por alto que las admisiones de las partes

facilitan la tramitación de los casos, pues las mismas relevan a la parte

que la obtuvo de tener que probar ese hecho.26 Siempre hemos reiterado

que el fin y propósito del ordenamiento procesal civil, y de sus

respectivas reglas sobre las alegaciones, es “delimitar la controversia

mediante la aceptación por el demandado de todo lo que sea cierto...”.

Cuevas Segarra, ante, pág. 210.

La peticionaria Evanston alega que, de sus alegaciones, no surge

que haya aceptado o admitido ser la aseguradora que cubría la reclamación

presentada en contra de la codemandada UPR. Dicho de otra manera, Evanston

alega que para imponerle responsabilidad no era suficiente con establecer

la existencia de una relación asegurado/aseguradora, --que,

alegadamente, fue lo único que ella expresó en la contestación a la

demanda-- por lo que era necesario que la parte demandante estableciera

26 Rafael Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, Ed. Michie of P.R., Inc. (1997). Caps. 28-31, págs. 220-245. CC-2000-187 18

que dicha póliza existente cubría los hechos específicos por los cuales

se le reclamaba a su asegurado, --i.e. fecha de los hechos, naturaleza

de los mismos a la luz de la póliza, etc. Su contención, a este respecto,

es frívola.

Como expresáramos en la relación de los hechos, y según surge de

la contestación a la demanda, Evanston expresamente aceptó haber expedido

una póliza de responsabilidad médico-profesional a favor de la

codemandada UPR. Es correcto que una lectura de la fraseología utilizada

por Evanston --en las dos ocasiones señaladas-- revela una ausencia de

terminología a los efectos de que “aceptaba” que la ocurrencia alegada

en la demanda era una cubierta por dicha póliza; Evanston meramente se

limitó a aceptar que ella había “expedido una póliza de responsabilidad

médico-profesional a favor de la codemandada Universidad de Puerto

Rico...”.

No es menos cierto, sin embargo, que una lectura integral de la

contestación a la demanda revela que Evanston asumió una posición clara

respecto a que la póliza de responsabilidad médico-profesional por ella

expedida, efectivamente cubría el riesgo u ocurrencia al que se refería

la demanda radicada. A esos efectos, véase: los párrafos cuarto (4), sexto

(6), noveno (9), décimo tercero (13), décimo cuarto (14) y décimo

diecinueve (19) de la mencionada Contestación. Véase, además: los

párrafos tercero (3), cuarto (4), quinto (5) y noveno (9) de las “defensas

afirmativas”, presentadas por Evanston en su “Contestación a la Demanda

Enmendada”.

Si así no hubiera sido, el deber de la peticionaria era ciertamente

negar cubierta cuando contestó la demanda y cuando levantó sus defensas

afirmativas. La Regla 6.4, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 6.4, sobre las

consecuencias de no negar, establece claramente que “las aseveraciones

contenidas en cualquier alegación que requiera una alegación

respondiente y que no se refieran al monto de los daños, se tendrán por

admitidas si no se negaren en la alegación respondiente...”.

Ciertamente, la peticionaria Evanston nunca negó que había

expedido la póliza en cuestión, como tampoco negó que la ocurrencia o CC-2000-187 19

incidente, al que se refería la demanda, estuviera cubierta por dicha

póliza. Ni en su contestación a la demanda, ni en ningún momento

posterior, la aseguradora peticionaria cuestionó la alegación esencial

relativa a la existencia del contrato de seguros y a su cubierta referente

a los riesgos y daños que se reclamaban, razón por la cual debe

considerarse admitida. “Una alegación esencial queda admitida cuando el

demandado no controvierte dicha alegación en su contestación a la

demanda.” Berríos Pagán v. Universidad de Puerto Rico, 116 D.P.R. 88,

95 (1985); Pascual v. Fernández Sierra, 108 D.P.R. 426, 430 (1979).

Por otro lado, la Regla 6.3 de Procedimiento Civil27, establece

lo referente a las distintas defensas afirmativas que la parte demandada

puede levantar al responder a una alegación precedente. Son defensas que

principalmente comprenden materia de naturaleza sustantiva y/o materia

constitutiva de excusa por la cual la parte demandada no deba responder

a las reclamaciones instadas en su contra. Estas deben plantearse al

responder a una alegación precedente o se entienden renunciadas; deben

además ser alegadas en forma clara , expresa y específica. Cuevas Segarra,

ante, pág. 212; Ortiz Díaz v. R & R Motors, 131 D.P.R. 829 (1992).

No deber haber duda respecto al hecho de que, si la

demandada-peticionaria no era la aseguradora sobre la presente

reclamación, era su deber, cuando menos, haberlo levantado como defensa

afirmativa cuando sometió su escrito de contestación28. Por lo tanto, no

puede negar ahora lo que ciertamente aceptó cuando contestó la demanda,

ni puede pretender tratar de levantar defensas afirmativas que claramente

renunció presentar en la etapa inicial del pleito. Evanston está obligada

por la admisión judicial que hiciera: Véase: Ramos Rivera, ante; Coll

v. Picó, 82 D.P.R. 27 (1960).

C

La peticionaria Evanston argumenta, en segundo término, que no

venía obligada a presentar, durante el juicio, prueba o evidencia

27 Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R.6.3. CC-2000-187 20

referente a los términos y condiciones de la póliza, por ella expedida

a favor de la Universidad de PR, por razón que la parte demandante no

presentó prueba sobre la existencia de la póliza. No obstante ser su

planteamiento repetitivo, atendemos el mismo.

En U.S. Fidelity & Guaranty v. Tribunal Superior, ante, págs. 133,

134, expresamente establecimos que “es al que le reclama a un asegurado

a quien le corresponde establecer que la acción u omisión que dio margen

a la causa de acción ejercitada está cubierta por el contrato de seguro.

Boyd v. White, 123 So.2d 835 (La. 1960). Establecido esto, le corresponde

al asegurador demostrar el límite de su responsabilidad, Masaracchia v.

Inter-City Express Lines Inc. et al., 162 So.2d 221 (La. 1935);29 y, si

así no lo hiciere se presume que el límite de su responsabilidad es

suficiente para cubrir la suma reclamada en la demanda.”

En el párrafo diecinueve de la demanda radicada en el caso de autos

se alegó que las compañías aseguradoras de los codemandados habían

expedido pólizas a favor de éstos cubriendo los riesgos y daños que se

reclamaban en el caso. Como señaláramos y concluyéramos previamente, en

la contestación radicada por la codemandada peticionaria Evanston, ésta

admitió que había expedido una póliza de responsabilidad médico

profesional a favor de la UPR, y alegó, afirmativamente que la misma tenía

unos límites fijo de cubierta por lo que no respondía legalmente por

cantidad alguna en exceso de los mismos.

No hay duda alguna de que bajo nuestro sistema de Derecho, la parte

que sostiene la afirmativa de una cuestión es la llamada a ofrecer

evidencia para probarla. Regla 10 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, R.10.

Ahora bien, como la contención de la demandante respecto a que las

compañías aseguradoras habían expedido la póliza en controversia a favor

de la codemandada UPR, fue admitida por la peticionaria, la parte

28 Contestación de Demanda Enmendada, defensa afirmativa núm. 9. Apéndice, pág. 114. 29 Citando a Fontenot v. Lloyds Casualty Insurer, 31 So.2d 290 (La. 1947); Massachusetts Protective Ass'n Inc. v. Fergojon, 121 So. 863 (La. 1929); Franz v. U. S. Casualty Co., 49 F. Supp. 267 (D.C.E.D. La. cir. 1943); Dostal v. St. Paul Mercury Indemnity Co., 89 N.W.2d 545 (Wis. 1958); 21 Appleman Insurance Law & Practice, § 12,095, 12,281 (ed. 1947); Cf. Pepin v. Ready Mix, 70 D.P.R. 758 (1950); Nichols v. U.S. Fidelity & Guaranty Co., 109 N.W.2d 137 (Wis. 1961). CC-2000-187 21

demandante quedó relevada de ofrecer prueba al efecto, incumbiendo

entonces a la aseguradora presentar en evidencia la póliza por ella

expedida, acción con la cual automáticamente hubieran quedado

establecidos los términos y condiciones de la misma y que no se le podía

exigir responsabilidad legal en exceso de dichos límites. Véase: Pepín

v. Ready Mix, 70 D.P.R. 758 (1949).30

D

Por último, la peticionaria Evanston alega que el Tribunal de Circuito

de Apelaciones erró al no revocar la determinación del tribunal de instancia,

denegatoria la misma de su solicitud para que se le permitiera presentar

evidencia sobre los límites de la póliza por ella expedida a favor de la

Universidad de Puerto Rico, luego de haberse dictado sentencia en el caso,

a través del mecanismo procesal de la moción de reconsideración. Evanston

aduce, como fundamento en apoyo de su posición, lo resuelto a esos efectos

por este Tribunal, en el caso de U.S. Fidelity & Insurance Co. v. Tribunal

Superior, ante.

En el referido caso, y luego de reafirmar la norma prevaleciente en

esta jurisdicción respecto al peso de la prueba en esta clase de

situaciones31, este Tribunal expresó que:

30 “Conforme a lo dispuesto en la Ley de Evidencia de Puerto Rico, el peso de la prueba de una obligación corresponde a la parte que exige su cumplimiento, como lo sería el asegurado o reclamante exigiendo su derecho a ser indemnizado bajo un contrato de seguros. No obstante, si la compañía aseguradora negara cubierta o el derecho de indemnización al asegurado o reclamante..., el peso de la prueba le corresponde al asegurador que niega su obligación indemnizatoria”. Cruz, Rolando. Derecho de Seguros, ante, a la pág. 386. 31 En el caso citado se estableció que es al que reclama a un asegurador a quien le corresponde establecer que la acción u omisión que dio margen a la causa de acción ejercitada está cubierta por el contrato de seguro. Establecido esto, le corresponde al asegurador demostrar el límite de su responsabilidad, y si no lo hiciese se presume que el límite de su responsabilidad es suficiente para cubrir la suma reclamada en la demanda. El peso de la prueba lo deben tener el asegurado y su aseguradora que han admitido la existencia de la póliza, para establecer que sus términos son tales que CC-2000-187 22

“...se ha sostenido también que una vez dictada sentencia contra el asegurado, si el monto de la misma es superior al límite de la póliza, el tribunal sentenciador tiene discreción para admitir prueba por vía de reconsideración, o mediante cualquier otra moción procedente, con el fin de establecer la suma por la cual responde la aseguradora. (Citas omitidas.) En el caso de autos, como hemos visto, la compañía aseguradora no presentó prueba para dejar establecido el límite de su responsabilidad ni aun después de haberse dictado sentencia en su contra. Tratar de establecerlo al momento de satisfacer la sentencia, que es final después de pasar por el trámite apelativo, es tardío. Amplia oportunidad tuvo para hacerlo y optó por cruzarse de brazos hasta el momento mismo de ejecutar la sentencia.” (Enfasis suplido.)

En el caso de autos, la aseguradora Evanston levantó, en la

contestación a la demanda que radicara, que había “...expedido una póliza

de responsabilidad médico-profesional a favor de la codemandada Universidad

de Puerto Rico con unos límites fijos de cubierta y no es legalmente

responsable por cantidad alguna en exceso de dichos límites.” (Enfasis

suplido.)

Si bien es cierto que, como se expresara anteriormente, Evanston no

presentó en evidencia la póliza expedida durante el juicio, un examen de

los autos revela que, en una audiencia sobre el “estado del caso” 32 , la

representación legal de Evanston le informó a los abogados de la parte

demandante que, la póliza por ella expedida a favor de la Universidad de

Puerto Rico, era una cuyos límites iban agotándose paulatinamente. La

veracidad de la ocurrencia de dicha situación la acepta el tribunal de

instancia en la resolución mediante la cual dicho foro denegó la moción de

reconsideración.

Argumenta Evanston que toda esa situación fáctica hace que su solicitud

a los efectos de que se le permitiera, vía reconsideración, presentar

evidencia sobre los límites de la póliza es una meritoria y procedente.

Sostiene, en consecuencia, que abusó de su discreción el foro de instancia

no le hacen responsable bajo la misma o que limitan su responsabilidad a una cantidad específica. El demandante no puede tener conocimiento cabal de todos los términos y condiciones de la póliza. En ausencia de tal prueba, debe sostenerse que la responsabilidad del asegurador es solidaria con la del asegurado. 32 Conferencia sobre el “estado del caso”, celebrada la misma el día 27 de septiembre de 1994. CC-2000-187 23

al negarle esa oportunidad, todo ello conforme lo resuelto en U.S. Fidelity

& Guaranty Co., ante. Tiene razón.

En primer lugar, Evanston levantó en la contestación a la demanda que

radicara la defensa de que no respondía más allá de los términos y límites

de la póliza que había expedido. En segundo término, Evanston planteó el

asunto verbalmente, en presencia del magistrado a cargo de los

procedimientos, a los abogados de la parte demandante en una vista sobre

el “estado del caso”. Por último, reclamó una oportunidad para presentar

evidencia sobre los límites de dicha póliza, vía reconsideración, con

anterioridad al momento en que la sentencia adviniera final y firme, ello

conforme a lo establecido en el citado caso de U.S. Fidelity & Guaranty Co.,

ante.

Nos enfrentamos, en consecuencia, a una situación o planteamiento que

ciertamente no puede ser catalogado como sorpresivo o nuevo ni para la parte

demandante ni para el tribunal de instancia. Erró dicho foro al denegar la

solicitud de Evanston, quien actuó en todo momento conforme la norma

establecida por este Tribunal en U.S. Fidelity & Guaranty Co., ante.

Procede, en consecuencia, decretar la revocación de la sentencia

emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones en el presente caso;

devolviéndose el mismo al tribunal de instancia con instrucciones de que

señale una vista en la cual le debe permitir a la peticionaria Evanston

presentar evidencia sobre los términos y condiciones de la póliza expedida

por dicha parte, luego de lo cual dicho foro deberá determinar la suma de

dinero por la cual responde dicha compañía aseguradora ante la parte

demandante.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ Juez Asociado CC-2000-187 24

Estado Libre Asociado de P.R.; Departamento de Salud, et. al.; CC-2000-187 CERTIORARI Demandados

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se dicta Sentencia revocatoria de la emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones en el presente caso. En consecuencia, se remite el mismo al tribunal de instancia para que señale una vista en la cual le debe permitir a la peticionaria Evanston presentar evidencia sobre los términos y condiciones de la póliza expedida por dicha parte, luego de lo cual dicho foro deberá determinar la suma de dinero por la cual responde dicha compañía aseguradora ante la parte demandante.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Naveira de Rodón inhibida. El Juez Asociado señor Hernández Denton no intervino. El Juez Asociado señor Rivera Pérez no interviene.

Isabel Llompart Zeno Secretaria del Tribunal Supremo