EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: 2013 TSPR 5
187 DPR ____ José A. García Ortiz
Número del Caso: CP-2009-7
Fecha: 11 de diciembre de 2012
Materia: Conducta Profesional – Suspensión inmediata del ejercicio de la abogacía y la notaría por violación a los cánones 9 y 12 de Ética Profesional
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: José A. García Ortiz
CP-2009-0007
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 11 de diciembre de
2012.
Hoy atendemos una querella presentada contra
el Lcdo. José A. García Ortiz (el querellado), a
quien se le imputó quebrantar los Cánones 12, 18,
19 y 20 del Código de Ética Profesional, 4
L.P.R.A. Ap. IX. Por entender que ciertas
actuaciones durante el proceso disciplinario
fueron contrarias a lo que prescriben los Cánones
9 y 12, supra lo suspendemos inmediatamente del
ejercicio de la abogacía y la notaría por el
término de seis meses. CP-2009-0007 2
I
El licenciado García Ortiz fue admitido al ejercicio
de la abogacía el 1 de noviembre de 1978 y a la práctica
de la notaría el 8 de diciembre del mismo año. En lo
pertinente a la querella que nos ocupa, este asumió la
representación legal de la Sra. Lucy A. López Martínez (la
quejosa o señora López), parte demandada en el caso KAC-
1996-1264 sobre división de bienes gananciales atendido
por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan
(TPI).1 Ese foro judicial dictó sentencia en octubre de
2005 liquidando el haber ganancial y adjudicándole a la
demandada $4,644.25.
Así las cosas, el 23 de enero de 2007 la señora López
presentó una queja contra el querellado y adujo que estuvo
varios meses tratando de localizarlo, sin resultado
alguno.2 Relató que mientras eso sucedía su caso se
encontraba en la etapa final y que el TPI dictó sentencia
en su contra debido a su inacción. También expuso que
intentó conseguir el expediente de su caso para contratar
a otro abogado, pero sus gestiones resultaron
infructuosas.
1 Este pleito inició para el 1996 y el querellado asumió la representación de la señora López para el 1998. 2 En su queja relató que lo llamó varias veces a su número telefónico y lo visitó a su oficina. Indicó que luego se percató de que el querellado tenía una localidad nueva, donde tampoco, según alegó, pudo contactarlo. CP-2009-0007 3
Subsiguientemente, le notificamos la queja al
querellado en dos ocasiones.3 No fue hasta julio de 2007
que este compareció y contestó las alegaciones de la
quejosa.4 Allí informó que no tenía reparo en entregar el
expediente a la señora López y que le había delegado ese
asunto a un tercero.
El 21 de agosto de 2007, referimos la queja a la
Oficina del Procurador General. En cumplimiento con el
referido, la Procuradora General Auxiliar le requirió al
letrado que fuera más responsivo y sustentara su
contestación con la entrega de los siguientes documentos:
la sentencia del TPI; el escrito en que objetó esa
sentencia; la moción en que solicitó renunciar a la
representación legal de la quejosa y evidencia que
acreditara la entrega del expediente. El querellado
incumplió con dicho requerimiento, y luego de apercibirlo,
en diciembre de 2007 le notificamos otra resolución
ordenando que en 15 días hiciera entrega de los
documentos. El querellado tampoco cumplió con esa orden
en el término dispuesto. No fue hasta pasado siete meses,
el 20 de octubre de 2008, que compareció mediante “Moción
en Cumplimiento de Orden”. En su comparecencia detalló
3 El 26 de febrero y el 30 de abril de 2007. Dado a que no la contestó, el 21 de junio de ese año emitimos Resolución apercibiéndole que dicho proceder podría acarrear sanciones disciplinarias. 4 En su moción se limitó a señalar que no tenía reparo en entregarle el expediente a la quejosa, que ésta le debía honorarios, que había solicitado la renuncia a esa representación legal y que había solicitado la reconsideración de la sentencia que se dictó en el TPI. En un posterior informe rendido por la Procuradora General Auxiliar, se detalla que esta comparecencia no había sido responsiva a las alegaciones de la quejosa. CP-2009-0007 4
que “[s]e hicieron gestiones adicionales en el tribunal
con referencia a la sentencia emitida y la propia Sra.
Lucy López Martínez el día 11 de enero de 2006 obtuvo
copia certificada y me la hizo llegar a la oficina”.
Además, informó que le estaría remitiendo a la quejosa
mediante correo certificado algunos documentos que
quedaban de su expediente.
Ante este marco fáctico le instruimos a la Oficina
del Procurador General que presentara la querella contra
el licenciado García Ortíz. De esta forma, el 22 de mayo
de 2009, se presentó la querella aduciendo que el letrado
violó los Cánones 12, 18, 19 y 20 del Código de Ética
Profesional, supra. En cuanto al Canon 12, supra, apuntó
que el letrado demostró una falta de comparecencia durante
el trámite del caso de la quejosa, provocando una dilación
innecesaria en la solución del mismo. Referente al Canon
18, supra, sostuvo que este no desplegó la diligencia
necesaria para proteger los intereses de la quejosa y que
por tal razón se dictó una sentencia adversa. Respecto al
Canon 19, supra, puntualizó que el abogado nunca le
informó a la quejosa sobre la sentencia que dictó el TPI
ni mantuvo comunicación con ella durante la etapa final
del caso. De otra parte, adujo que el letrado quebrantó el
Canon 20, supra, al no entregarle el expediente a la
señora López, según le fue peticionado.
Aproximadamente un año después, el 25 de mayo de
2010, el licenciado García Ortiz contestó la querella CP-2009-0007 5
negando las imputaciones. En esa ocasión, afirmó que hizo
entrega del expediente a la quejosa una vez finalizó el
caso, pero que no le tomó recibo de entrega debido a la
relación de confianza que existía entre ellos. Expresó,
además, que la señora López siempre estuvo informada de
todos los trámites procesales y que nunca cuestionó su
desempeño profesional ni manifestó interés de apelar, a
pesar de conocer de su derecho a ello. También, acompañó
su contestación con una copia de un recibo de facsímil con
fecha de 27 de noviembre de 2007 que según él evidenciaba
que le había enviado a la Procuradora los documentos
previamente solicitados.
Consecuentemente, el 9 de agosto de 2010 nombramos a
la Lcda. Eliadís Orsini Zayas como Comisionada Especial
(la Comisionada). Es pertinente esbozar ciertos
incidentes procesales acaecidos previo a la vista en sus
méritos. Veamos.
En la vista inicial, la Comisionada advirtió que
ciertas imputaciones requerían de prueba testifical para
garantizar el debido proceso de ley al querellado. Como
la Procuradora informó que la quejosa estaba fuera de
Puerto Rico, la Comisionada le instruyó a que coordinara
la fecha en que podría comparecer a prestar su testimonio.
En octubre de 2011 la Procuradora señaló que el caso
estaba listo para atenderlo y se pautó la vista en sus
méritos para el 7 y 8 de febrero de 2012. Según surge del CP-2009-0007 6
Informe de la Comisionada5, esas fechas fueron
seleccionadas acorde a la disponibilidad de la testigo.
Empero, no fue hasta el 27 de enero de 2012 que la
Procuradora informó que la señora López no podría
comparecer, y sin especificar fecha alguna, solicitó la
transferencia de la vista.6 Atendida esa petición, la
Comisionada la declaró no ha lugar. Dispuso que según el
expediente del caso KAC-1996-1264 la quejosa demostraba
un patrón de obstaculizar la pronta solución de las
controversias. En consecuencia, declaró a la testigo no
disponible conforme a la Regla 806 (4) de Evidencia.
En vista de lo anterior, sin la comparecencia de la
querellante, se celebró la vista en sus méritos.
Oportunamente, la Procuradora solicitó reconsideración a
la orden referida. Conforme se desprende del Informe de
la Comisionada, en dos ocasiones esta le inquirió a la
Procuradora si disponía de alguna fecha alterna para que
la quejosa pudiera comparecer.7 Al contestar en la
negativa, la Comisionada se reiteró en su determinación de
declararla como testigo no disponible. De esta manera, la
prueba de la Oficina del Procurador General consistió en
el expediente del TPI del caso KAC 1996-1264, el Acta de
5 Informe de la Comisionada Especial rendido el 12 de marzo de 2012. 6 Según surge de la orden emitida el 31 de enero de 2012 por la Comisionada Especial, la Procuradora acompañó la moción con un certificado médico. No obstante, la Comisionada apuntó que no se podía leer la firma del médico ni aparecía su número de licencia para poder identificarlo. Aludió la Comisionada Especial que ese documento aparentaba ser una hoja de receta. 7 Véase, Informe de la Comisionada Especial, págs. 8-9. CP-2009-0007 7
Conocimiento Judicial que emitió la Comisionada en cuanto
a ese expediente8, el expediente de la querella y las
comparecencias por escrito del querellado. Por su parte,
el licenciado García Ortiz no presentó prueba testifical.
Luego de evaluar y aquilatar la prueba vertida, el 12
de marzo de 2012 la Comisionada nos rindió su informe.
Concluyó que los cargos presentados contra el letrado no
se sostenían y recomendó el archivo definitivo de esta
querella. Así también, intimó que la incertidumbre de
mantener en status quo este caso, por falta de
disponibilidad de la querellante para declarar, no
representaba un adecuado manejo para una justa, rápida y
económica administración de la justicia.
En consideración a estos antecedentes fácticos y con
el beneficio de la comparecencia de la Oficina del
Procurador General, procedemos a enunciar los fundamentos
que disponen de la presente querella disciplinaria.
II
Es sabido que la práctica de la profesión jurídica
acarrea una delicada y seria función social, pues
representa servicio, ética y ejemplo. Ramos Acevedo v.
Tribunal Superior, 133 D.P.R. 599 (1993). Por ello, el
desempeño de todo letrado se rige por los Cánones de Ética
8 Cabe señalar que con relación al expediente del TPI la Comisionada había notificado un acta de conocimiento judicial la cual fue aceptada por las partes. Véase la Moción Informativa y en Cumplimiento presentada por la Procuradora General el 14 de abril de 2011 y la Moción presentada por el querellado el 1ro de abril de 2011. En esa acta la Comisionada detalló minuciosamente todos los eventos procesales de ese caso haciendo referencia a las intervenciones que tuvo el querellado. CP-2009-0007 8
Profesional que tienen el objetivo de promover los más
altos principios de conducta decorosa para el beneficio de
la profesión, de la ciudadanía y de las instituciones de
justicia del país. In re Hernández Pérez I, 169 D.P.R. 91,
(2006); In re Izquierdo Stella, 154 D.P.R. 732 (2001).
Procederemos a exponer el derecho aplicable a las faltas
éticas que se le imputaron al querellado.
A. Puntualidad y tramitación de las causas
El Canon 12 del Código de Ética Profesional, supra,
le impone a todos los miembros de la profesión jurídica el
deber ineludible de tramitar las causas de forma
responsable, con la más excelsa puntualidad y diligencia.
In re Nieves Nieves, 181 D.P.R. 25 (2011); In re Vélez
Báez, 176 D.P.R. 201 (2009); In re Rosado Nieves, 159
D.P.R. 746 (2003). Este prescribe que:
Es deber del abogado hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y testigos el ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de las causas. Ello implica el desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en su tramitación y solución. Sólo debe solicitar la suspensión de vista cuando existan razones poderosas y sea indispensable para la protección de los derechos sustanciales de su cliente.
Conforme a esto un abogado no puede ausentarse de una
vista y provocar con ello su suspensión, sin permiso del
funcionario que la preside. In re Arroyo Villamil, 113
D.P.R. 568 (1982). Por lo tanto, la ausencia injustificada
y voluntaria de un abogado a las vistas ya señaladas por
el tribunal constituye una violación al referido canon. In CP-2009-0007 9
re Ríos Pérez, 179 D.P.R. 630 (2010); In re Rosado Nieves,
supra.
Sin embargo, los Cánones de Ética Profesional no son,
ni deben convertirse, en armas procesales adicionales para
adelantar los intereses individuales de una de las partes
en un caso. Lluch v. España Service Sta, 117 D.P.R. 729
(1986). La falta de diligencia que da lugar a sanciones
éticas tiene que ser una crasa que denote falta de
competencia o un menosprecio al sistema de administración
judicial. Íd. Normalmente, las dilaciones o incidentes
procesales en un caso deben atenderse y resolverse por los
tribunales de instancia. Íd.
Por otro lado, el Canon 12, supra, requiere que los
abogados presten atención minuciosa, diligencia y
cumplimiento de las órdenes del tribunal, en particular
cuando se trata de procedimientos relativos a la conducta
profesional. In re Ruiz Hernández, 177 D.P.R. 963 (2010);
In re Cuevas Velázquez, 174 D.P.R. 433 (2008); In re Ron
Menéndez, 149 D.P.R. 105 (1999). En cumplimiento de este
deber, los abogados están obligados a responder con
premura y diligencia a los requerimientos relacionados con
quejas por conducta profesional y, de no hacerlo,
enfrentan sanciones disciplinarias serias. In re Martínez
Class, 2012 T.S.P.R. 92, 184 D.P.R. ___ (2012); In re
Rosario Martínez, 2012 T.S.P.R. 26, 184 D.P.R. ___ (2012);
In re Pagán Pagán, 2012 T.S.P.R. 13, 183 D.P.R. ____
(2012). La referida obligación es independiente a los CP-2009-0007 10
méritos de la queja presentada. In re Martínez Miranda,
160 D.P.R. 263 (2008).
Recordemos que el incumplimiento con los
requerimientos de la Oficina del Procurador General es
igual de reprochable y acarrea las mismas sanciones que
desatender las órdenes de este Tribunal. In re Lasalle
Pérez, 153 D.P.R. 368 (2001). Así por ejemplo, hemos
sostenido que constituye una falta de respeto hacia los
procedimientos del tribunal la indebida, irrazonable e
inexcusable tardanza de un abogado en formular su
contestación a una querella. In re Vargas Soto, 146 D.P.R.
55 (1998).
B. Competencia del abogado y consejo al cliente
De otra parte, el Canon 18 del Código de Ética
Profesional, supra, establece, en lo pertinente, que:
Será impropio de un abogado asumir una representación profesional cuando está consciente de que no puede rendir una labor idónea competente y que no puede prepararse adecuadamente sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia.
Es deber del abogado defender los intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable […].
Sabemos que todo miembro de la comunidad togada
tiene la obligación de defender diligentemente los
intereses de su cliente, por tanto, su gestión profesional
debe llevarse a cabo aplicando en cada caso sus CP-2009-0007 11
conocimientos y habilidades. In re Fernández de Ruiz, 167
D.P.R. 661 (2006); In re Martínez Miranda,supra.
Para determinar el alcance de la violación impuesta
en este Canon, es meritorio distinguir entre la diligencia
requerida por el Canon 12 y el 18, supra. Según el
Profesor Steidel, el deber de diligencia que impone el
Canon 12, supra, se refiere al deber de actuar
oportunamente a favor de un cliente o respecto a las
órdenes del tribunal. Véase, S. Steidel Figueroa, Ética y
Responsabilidad Disciplinaria del Abogado, 1ra ed., San
Juan, Publicaciones J.T.S., 2010, pág. 188. Por su parte,
el deber de diligencia que requiere el Canon 18, supra, se
dirige al deber de competencia, es decir, poseer los
conocimientos jurídicos necesarios para llevar a cabo la
gestión profesional. S. Steidel Figueroa, op.cit., pág.
188.
Por ello, todo abogado cuyo desempeño profesional no
sea uno adecuado, responsable, capaz y efectivo, incurrirá
en una clara violación al Canon 18, supra. In re Castro
Colón, 177 D.P.R. 333 (2010). Reiteradamente hemos
señalado que los abogados deben asegurarse de que sus
actuaciones dentro de cualquier caso en que intervengan
estén encaminadas a lograr que las controversias se
resuelvan de una manera justa, rápida y económica, por lo
que este deber de diligencia profesional del abogado es
incompatible con la desidia, despreocupación y
displicencia. In re Rosa Rosa, 183 D.P.R. 759 (2011); In re CP-2009-0007 12
Padilla Pérez, 135 D.P.R. 770 (1994). En otras palabras, el
deber de diligencia constituye una obligación básica y
elemental del abogado respecto de su cliente. In re Dávila
Toro, 179 D.P.R. 833 (2010).
C. Información al cliente
Por otra parte, el Canon 19, supra, rige el deber de
mantener informado al cliente. En su texto se dispone:
El abogado debe mantener a su cliente siempre informado de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado. Siempre que la controversia sea susceptible de un arreglo o transacción razonable debe aconsejar al cliente el evitar o terminar el litigio, y es deber del abogado notificar a su cliente de cualquier oferta de transacción hecha por la otra parte. El abogado que representa varios clientes con intereses comunes o relacionados entre sí no debe transigir ninguno de los casos envueltos sin que cada cliente esté enterado de dicha transacción y sus posibles consecuencias.
Como vemos, el abogado debe mantener informado a su
cliente de todo asunto importante que surja en el
desarrollo del caso que le ha sido encomendado. In re
Cuevas Borrero, 2012 T.S.P.R. 79, 185 D.P.R. ___ (2012);
In re Muñoz Morell, 182 D.P.R. 738 (2011); In re Cuevas
Velázquez, supra. Sin embargo, esta obligación no se
extiende a toda gestión que realice, sino solo a las
gestiones importantes que no estén enmarcadas dentro del
ámbito de discreción del abogado. In re Rivera Ramos, 178
D.P.R. 651 (2010). El factor esencial para determinar qué
asuntos constituyen una gestión importante está vinculado
con el grado de control que debe tener el cliente sobre su
caso, es decir, la información que debe suministrar un CP-2009-0007 13
abogado a su cliente es aquella que este debe tener por su
condición de dueño del caso. El Profesor Steidel expone
que el deber de informar se extiende a toda información o
asuntos que: (1) afecten o prolonguen la continuidad de un
pleito; (2) de ser conocidos por un cliente, pudiera
razonablemente llevarlo a finalizar el pleito; (3) aumente
los costos del litigio; (4) impliquen una renuncia de
derechos o de garantías procesales; o (5) tienen el
potencial de exponerlo a consecuencias adversas ante
terceros que no forman parte del pleito. S. Steidel
Figueroa, op.cit., pág. 193.
Las decisiones adversas o favorables que finalicen
parcial o totalmente un caso, se ubican en la primera
categoría. Por ello, una sentencia es un asunto que debe
informarse inmediatamente al cliente. In re Cardona
Ubiñas, 146 D.P.R. 598 (1998). La referida violación es
independiente al deber de diligencia impuesto por el Canon
18, supra. In re Rivera Lozada, 176 D.P.R. 215 (2009).
A pesar de que estos pronunciamientos constituyen una
guía sobre la información que todo abogado está obligado a
revelar a su cliente, las circunstancias particulares de
cada caso delimitarán el tipo de información que será
importante comunicar. Así pues, conviene puntualizar que
dicho deber es del abogado para con el cliente, mas no del
cliente para con el abogado. In re Castro Colón, supra; In
re Muñoz Morell, supra. CP-2009-0007 14
D. Renuncia de representación legal
Por su parte, en lo pertinente, el Canon 20, supra,
consigna que:
[…] al ser efectiva la renuncia del abogado debe hacerle entrega del expediente a su cliente y de todo documento relacionado con el caso y rembolsar inmediatamente cualquier cantidad adelantada que le haya sido pagada en honorarios por servicios que no se han prestado.
En armonía con lo anterior, cuando un abogado renuncia
a la representación legal de un cliente está obligado a
entregarle su expediente y todos los documentos
relacionados con el caso. El expediente, al igual que la
causa de acción, le pertenece exclusivamente al cliente.
In re Santos Rivera, 172 D.P.R. 703 (2008). Por tanto, no
debe haber dilación alguna en su entrega una vez el
abogado concluye las gestiones para las cuales fue
contratado o cuando el cliente solicita dicha entrega. In
re Rivera Ramos, supra; In re Ríos Ríos, 175 D.P.R. 57
(2008).
E. Rol del Comisionado Especial
La Regla 14 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4
L.P.R.A. Ap. XXI-A, R.14, establece que le corresponde a
un Comisionado Especial, designado por el Tribunal,
celebrar una vista para recibir la prueba. Asimismo, le
corresponde evaluar y dirimir la evidencia conflictiva. In
re Irizarry Castro, 172 D.P.R. 193 (2007). Aunque el
Tribunal Supremo no está obligado a aceptar el informe del
Comisionado Especial, de ordinario sostiene las
determinaciones de hechos realizadas por dicho CP-2009-0007 15
funcionario, excepto cuando se demuestre prejuicio,
parcialidad o error manifiesto. In re Torres Viñals, 180
D.P.R. 236 (2010). Esta doctrina de deferencia a las
determinaciones del Comisionado Especial aplica cuando
están basadas en prueba testifical. In re Cuevas Borrero,
supra. Como sabemos, tal funcionario está en una posición
similar al juzgador de instancia y puede aquilatar mejor
la prueba. Íd. Sin embargo, cuando esas determinaciones
estén basadas en la prueba documental que obra en el
expediente, el tribunal revisor está en igual posición que
el Comisionado Especial y por ende puede adoptar,
modificar o rechazar tal informe. In re Torres Viñals,
En ocasiones anteriores hemos determinado que la
carga probatoria requerida en los procedimientos
disciplinarios contra abogados es más acuciosa que el
quantum de prueba requerido en los procedimientos civiles
ordinarios, ya que en estos procesos está en juego el
título de un abogado y, por ende, su derecho fundamental a
ganarse su sustento. In re Martínez Almodóvar, 180 D.P.R.
805 (2011). Por ello, el estándar requerido es el de
prueba clara, robusta y convincente, que es más alto y
sólido que el de la preponderancia de la prueba, pero
menos exigente y riguroso que el de prueba más allá de
duda razonable. Íd.
Por último, hemos afirmado que al determinar la
sanción disciplinaria aplicable a un abogado, es necesario CP-2009-0007 16
considerar su reputación en la comunidad, el historial
previo de sanciones disciplinarias, la aceptación de la
falta y su sincero arrepentimiento, si se trata de una
conducta aislada, el ánimo de lucro que medió en su
actuación, resarcimiento al cliente y cualesquiera otras
circunstancias atenuantes o agravantes que medien de
acuerdo a los hechos. In re Cuevas Borrero, supra; In re
Vélez Barlucea, 152 D.P.R. 298 (2000).
III
Debemos ahora determinar si el querellado incurrió en
las violaciones que le fueron imputadas. Previo a pasar
juicio sobre esos asuntos conviene pronunciarnos en cuanto
al señalamiento del Procurador General que sostiene que el
haber declarado a la quejosa como testigo no disponible
afectó su derecho a ser oída.
Sobre este particular, cabe reseñar que en varias
ocasiones la Comisionada celebró vistas procesales con el
propósito de coordinar fechas para la vista en sus méritos
y la quejosa pudiera comparecer a testificar.
Precisamente, en respuesta a las fechas sugeridas por la
Procuradora, fue desde octubre de 2011 que se señaló la
vista para febrero del siguiente año. Como se puede
apreciar, la fecha para la vista se pautó con suficiente
antelación. A pesar de ello, se le informó a la
Comisionada que la testigo no estaría disponible para
testificar a penas una semana y media antes de la vista en
su fondo. Otro incidente relevante resulta ser que si CP-2009-0007 17
bien la Comisionada declaró no ha lugar la moción de
suspensión presentada por la Procuradora, un examen del
Informe demuestra que se exploró la posibilidad de pautar
otra fecha posterior en que la querellante estuviera hábil
para comparecer. Ello tampoco fue posible en ese momento,
pues no se pudo señalar otra fecha. Ante ese tracto
procesal, colegimos que la Comisionada no incurrió en
abuso de discreción en el ejercicio de sus funciones.
Luego de ponderar los referidos incidentes, procede
examinar las imputaciones éticas presentadas contra el
querellado. En la querella se alegó que el letrado violó
el Canon 12, supra, al demostrar una falta de
comparecencia durante los procedimientos del caso en el
foro de primera instancia.
En atención a las circunstancias específicas de este
cargo, convenimos con la Comisionada Especial en que el
hecho de que el querellado no compareciera a una vista en
el foro de primera instancia el 24 de abril de 2001
constituyó un incidente procesal intranscendente que debió
ser atendido por ese foro judicial. En esa ocasión, tal
incomparecencia no puso en riesgo la acción de la clienta
ni causó dilaciones ulteriores. Cabe puntualizar que esa
fue la única vista a la que el querellado no asistió
durante el trámite de ese pleito.
Ahora bien, corresponde analizar si la conducta
desplegada por el licenciado García Ortiz está en
contravención al Código de Ética Profesional al no atender CP-2009-0007 18
con diligencia las órdenes que se emitieron en el proceso
disciplinario.
Se desprende del legajo que el 24 de junio de 2007
este Tribunal le refirió la queja a la Oficina del
Procurador General y el 6 de julio de ese mismo año el
licenciado García Ortiz presentó su contestación. Sin
embargo, la Procuradora alegó que su contestación fue
parca y poco responsiva. En vista de ello, el 21 de
agosto de 2007 dictamos una orden para solicitarle
información adicional y otra documentación. Un análisis
del expediente refleja que el letrado no hizo entrega de
los documentos. Ante ese incumplimiento, mediante
Resolución de 27 de diciembre de 2007, le ordenamos
nuevamente que en un plazo de 15 días suministrara los
documentos que se le habían requerido y fue apercibido que
de incumplir sería objeto de sanciones disciplinarias. Aun
así, transcurridos siete meses, el licenciado García Ortiz
tampoco compareció ante nos. Finalmente, se presentó la
querella el 22 de mayo de 2009 y no fue hasta el 20 de
mayo de 2010, es decir, un año después, que el licenciado
García Ortiz presentó su contestación y sostuvo que había
entregado los documentos que le fueron solicitados. Para
ello presentó una copia de lo que alega ser la evidencia
de que envió los mismos vía facsímil. Sin embargo, el
referido documento de envío no acredita de forma
fehaciente su contención. A pesar de ello, lo cierto es
que desde agosto de 2007 se le había requerido que hiciera CP-2009-0007 19
tal entrega y no cumplió con ello, demostrando un patrón
de desidia a las órdenes de esta Curia.
Una vez más reiteramos que los abogados deben la más
estricta observancia a las órdenes judiciales, más aun
cuando se trata de procedimientos disciplinarios, de otro
modo, pueden quedar sujetos al rigor de sanciones éticas.
In re Nieves Nieves, supra. Así también, constituye una
falta de respeto hacia los procedimientos del Tribunal la
indebida, irrazonable e inexcusable tardanza de un abogado
en formular su contestación a una querella. In re Vargas
Soto, 146 D.P.R. 55 (1998); In re Pérez Rodríguez, 115
D.P.R. 810 (1984); In re Díaz García, 104 D.P.R. 171
(1975). Es evidente que el querellado mediante su conducta
incumplió con las órdenes de este Tribunal y en formular
la contestación a la querella, sin acreditar justa causa
para tal proceder.
Por su parte, el Canon 9 de Ética Profesional dispone
que todo abogado deberá observar para con los tribunales
una conducta que se caracterice por el mayor respeto y
diligencia. En varias ocasiones se ha acudido a las
disposiciones del mencionado Canon para atender
situaciones en las cuales los abogados hacen caso omiso a
las órdenes de este Tribunal durante un proceso
disciplinario. Véase In re Rosario Martínez, 184 D.P.R.
494, 498 (2012). Al interpretar el Canon 9, supra, este
Foro ha señalado que la naturaleza de la función de
abogado requiere de una escrupulosa atención y obediencia CP-2009-0007 20
a las órdenes de este Tribunal o de cualquier foro al que
se encuentre obligado a comparecer, incluyendo la Oficina
del Procurador General, y más aún, cuando se trata de
conducta profesional. In re García Baliñas, 167 D.P.R.
125 (2006). Es por ello que de forma reiterada hemos
puntualizado el deber ineludible que tiene todo abogado
admitido a la profesión de contestar los requerimientos
del Procurador General. In re Irizarry Maldonado, 172
D.P.R. 306 (2007).
Por lo tanto, todo abogado tiene la obligación de
responder prontamente a los requerimientos que le son
cursados, independientemente de los méritos de la queja
presentada en su contra. In re Rodríguez Bigas, 172
D.P.R. 345 (2007). Ello, puesto que el desatender las
comunicaciones relacionadas a procedimientos
disciplinarios tiene el mismo efecto disruptivo de la
función reguladora sobre la profesión, que cuando se
desatiende una orden emitida directamente por el Tribunal.
Íd.; In re Ríos Acosta, 143 D.P.R. 128, 135 (1997). En
consecuencia, colegimos que el letrado infringió en los
Cánones 9 y 12, supra.
En referencia a la infracción al Canon 18, supra,
consta en el expediente un acta de conocimiento judicial
que resume los incidentes procesales del caso en el foro
de primera instancia y refleja el desempeño del querellado
durante el trámite judicial. Veamos. CP-2009-0007 21
El 1 de diciembre de 2000 el querellado presentó una
Moción oponiéndose al pago de la liquidación de los bienes
gananciales hasta que se dilucidara la procedencia
ganancial de unos honorarios que el esposo de la quejosa
había recibido mientras estaban casados. Tiempo después,
presentó otra moción informativa sobre la venta de un
inmueble ganancial. Para fines de la división de los
bienes gananciales, se nombró un Contador Partidor con
quien se reunió en varias ocasiones. Una vez presentado
el Informe del Contador, el letrado solicitó tiempo para
su estudio. Tiempo después, el 10 de mayo de 2005,
presentó una moción informando que aún estaban pendientes
para reunirse con el contador ya que ese informe no se
expresó en cuanto a los honorarios a cobrar por el
demandante. Finalmente, se aprobó el Informe del Contador
Partidor y el 20 de octubre de 2005 el foro primario
emitió sentencia. Posteriormente, el 16 de noviembre el
querellado presentó oportunamente una moción de
reconsideración arguyendo que no se habían atendido los
señalamientos hechos al contador respecto al informe.9
9 La Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. AP. III R. 41, dispone en lo pertinente que: “[…] la parte adversamente afectada por una sentencia del Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término jurisdiccional de quince (15) días desde la fecha del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia, presentar una moción de reconsideración de la sentencia.” La Procuradora General aduce que la moción de reconsideración se presentó fuera de término. No le asiste la razón. El Tribunal emitió Sentencia el 20 de octubre de 2005 y fue notificada y archivada en autos el 2 de noviembre de 2005. En virtud de ello, el querellado sometió la moción de reconsideración el 16 de noviembre de 2005. A tenor con las Reglas de Procedimiento Civil, tenía hasta el 17 de noviembre de 2005 para someter la referida moción. Por lo cual, fue presentada oportunamente. CP-2009-0007 22
De los hechos esbozados se desprende que el desempeño
del licenciado García Ortiz fue uno adecuado a fin de
proteger los intereses de la quejosa en la liquidación de
los bienes gananciales. Este compareció a las vistas
señaladas y se mantuvo al tanto de las alegadas
incongruencias que reflejaba el Informe del Contador
Partidor. En esa gestión el letrado se reunió en varias
ocasiones con el contador a fin de conciliar unas
diferencias que existían en cuanto a la cuota que le
correspondería a su clienta. Todo ello fue posteriormente
ponderado y adjudicado por el TPI. Por consiguiente,
concluimos que el licenciado García Ortiz no se apartó del
citado precepto.
Por otro lado, también se aduce que el querellado
infringió el Canon 19, supra, al no notificar
inmediatamente a la quejosa la sentencia dictada en su
contra y no mantener comunicación con ella durante la
etapa de ejecución de la sentencia. La Procuradora
sostiene que no fue hasta el 11 de enero de 2006 que la
quejosa advino en conocimiento de la referida sentencia,
al visitar el tribunal para obtener una copia certificada
de la misma. Esta alegación surge de una expresión que
hiciera el propio querellado en una moción que presentó
durante este procedimiento10 manifestando que “[s]e
hicieron gestiones adicionales en el tribunal con
referencia a la sentencia emitida y la propia Sra. Lucy
10 Véase Moción en Cumplimiento de Orden del 20 de octubre de 2008. CP-2009-0007 23
López Martínez el día 11 de enero de 2006 obtuvo copia
certificada y me la hizo llegar a la oficina”.
Ahora bien, para probar este cargo y garantizar el
debido proceso de ley del querellado era necesario el
testimonio de la señora López. Como vimos, en sus
comparecencias el querellado alegó que mantuvo a la
quejosa al tanto de todo lo que ocurría en el caso. Sin
embargo, en cuanto a ese particular, la credibilidad de la
quejosa no pudo ser apreciada por la Comisionada y en el
expediente no obra prueba alguna dirigida a sostener este
cargo. Como sabemos, es doctrina reiterada que las meras
alegaciones no constituyen prueba. En vista de ello, ante
la ausencia de prueba para sustentar que el querellado
faltó al deber de notificarle a su clienta la sentencia y
mantenerla al tanto de los procedimientos, es forzoso
concluir que el querellado no faltó al deber ético que le
exige el Canon 19, supra.
Nos resta por resolver si el licenciado García Ortiz
quebrantó el Canon 20, supra. En su contestación a la
queja el querellado sostuvo que no tenía reparo en
entregar el expediente del caso a la quejosa y que el
asunto le fue delegado a otra persona. Empero, al
contestar la querella afirmó que había hecho entrega del
expediente una vez finalizó el caso, pero que no tomó
recibo de la entrega por la relación de confianza que
existía con su clienta. Aun cuando le ordenamos mediante
Resolución de 27 de diciembre de 2007 que acreditara la CP-2009-0007 24
entrega del mismo, el querellado hizo caso omiso. Somos
del criterio que el hecho de no responder a los
requerimientos de este Tribunal y las inconsistencias en
sus contestaciones, son hechos que, si bien no constituyen
prueba en cuanto a la alegación que se incorporó en la
queja, denotan una conducta censurable para un miembro de
esta profesión. El querellado nunca ofreció respuestas
precisas en cuanto a lo sucedido con el expediente de la
quejosa. Una vez más, de su conducta se deriva una
reiterada dejadez y falta de atención a los requerimientos
de la Oficina del Procurador General. Esas actuaciones
son contrarias a los requisitos que encarna el Canon 12,
IV
Por los fundamentos que anteceden concluimos que el
Lcdo. José A. García Ortiz infringió los Cánones 9 y 12
del Código de Ética Profesional, supra, al provocar
dilaciones sin justa causa en el proceso disciplinario.
Su conducta durante este procedimiento, ignorando las
órdenes emitidas por este Tribunal, constituye una afrenta
a las normas éticas que rigen la profesión jurídica en
Puerto Rico. Como mencionamos en In re Asencio Márquez,
183 D.P.R. 659, 664 (2011),
[e]ste tribunal no flaqueará en suspender a los togados que demuestren un reiterado incumplimiento con los términos finales y perentorios impuestos para cumplir con nuestras órdenes. El hecho de que esta Curia esté en disposición de conceder prórrogas para lograr el cumplimiento con nuestras órdenes, en aras de corregir deficiencias al ejercicio de la CP-2009-0007 25
profesión legal, no impide nuestra función disciplinaria. Tampoco exonera al letrado de las consecuencias de las violaciones éticas en que incurra ante nuestro Foro.
Atendido lo anterior, consideramos como agravante el
hecho de que el querellado fue suspendido de la profesión
en ocasiones anteriores. Véase In re García Ortiz, 176
D.P.R. 123 (1993); In re García Ortiz, 133 D.P.R 666
(2009). En consecuencia, lo suspendemos inmediatamente
del ejercicio de la abogacía y la notaría por el término
de seis meses.
El querellado notificará a sus clientes que por
motivo de la suspensión no puede continuar con su
representación legal, y devolverá a éstos los expedientes
de los casos pendientes y los honorarios recibidos por
trabajos no realizados. Asimismo, informará de su
suspensión a cualquier Sala del Tribunal General de
Justicia o a cualquier foro administrativo donde tenga
algún caso pendiente.
Por último, tiene la obligación de acreditar y
certificar ante este Tribunal, en el término de treinta
días, que cumplió con lo antes señalado. El cumplimiento
con estos deberes será notificado también al Procurador
General. El Alguacil de este Tribunal incautará
inmediatamente la obra y sello notarial del abogado para
trámites ulteriores.
Se dictará Sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 11 de diciembre de 2012.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
Per Curiam que antecede, la cual se hace formar
parte de la presente Sentencia, concluimos que el
Lcdo. José A. García Ortíz infringió los Cánones 9
y 12 del Código de Ética Profesional. En
consecuencia, lo suspendemos inmediatamente del
término de seis meses.
El querellado notificará a sus clientes que
por motivo de la suspensión no puede continuar con
su representación legal, y devolverá a éstos los
expedientes de los casos pendientes y los
honorarios recibidos por trabajos no realizados. CP-2009-0007 2
Asimismo, informará de su suspensión a cualquier Sala del
Tribunal General de Justicia o a cualquier foro
administrativo donde tenga algún caso pendiente.
General. El Alguacil de este Tribunal se incautará
inmediatamente de la obra y sello notarial del abogado
para trámites ulteriores.
Así lo pronunció y manda el Tribunal. Lo certifica la
Secretaría del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora
Fiol Matta y la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez,
no intervinieron.
Aida I. Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo