EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: 2018 TSPR 69
200 DPR ____ Hiram I. Pérez Soto (TS-4383)
Número del Caso: CP-2015-20
Fecha: 24 de abril de 2018
Comisionada Especial: Lcda. Ygrí Rivera de Martínez
Abogado del querellado: por derecho propio
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Luis Román Negrón Procurador General
Lcda. Minnie H. Rodríguez López Procuradora General Auxiliar
Materia: Conducta Profesional – La suspensión será efectiva el 26 de abril de 2018, fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Hiram I. Pérez Soto (TS-4383) CP-2015-20
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 24 de abril de 2018.
El 12 de diciembre de 2013, el Lcdo. Enrique
Alcaraz Micheli presentó una queja ética contra el
Lcdo. Hiram I. Pérez Soto. En ella le imputó conducta
antiética en el transcurso de un pleito relacionado
con la partición de la herencia del padre del
licenciado Pérez Soto. Alegó que el licenciado Pérez
Soto estableció un patrón de presentar quejas contra
todo abogado o juez que discrepa de él, y que utiliza
lenguaje ofensivo contra los abogados de las otras
partes. Evaluada la queja, y con el beneficio de los
informes de la Oficina del Procurador General y de la
Comisionada Especial, concluimos que el licenciado CP-2015-20 2
Pérez Soto violó los Cánones 9, 12, 15, 17, 29, 35 y 38 del
Código de Ética Profesional, infra.
I
Por medio de testamento, el Sr. Hiram Pérez Beltrán,
padre del licenciado Pérez Soto, designó como albacea,
administradora judicial y contadora partidora a su hija, la
Sra. Enid Pérez Soto. El 6 de noviembre de 2006, luego de la
muerte del señor Pérez Beltrán, la señora Pérez Soto solicitó
la expedición a su favor de las cartas testamentarias. Al
año siguiente, la señora Pérez Soto y el Sr. José Reinaldo
Cordero Soto, designado en el testamento como sustituto de
la señora Pérez Soto, presentaron una moción conjunta en la
que la señora Pérez Soto renunció a los cargos y solicitó la
expedición de nuevas cartas a favor del señor Cordero Soto.
El licenciado Pérez Soto presentó una moción para intervenir
y oponerse al nombramiento. El Tribunal de Primera Instancia
resolvió que el nombramiento procedía. Inconforme, el
licenciado Pérez Soto recurrió de ese dictamen, pero el
Tribunal de Apelaciones denegó revisar.
Posteriormente, el licenciado Pérez Soto presentó por
derecho propio una demanda sobre partición de herencia y
anulación de ciertas transacciones relacionadas con el
caudal hereditario de su padre. El Tribunal de Primera
Instancia declaró no ha lugar la solicitud de representación
por derecho propio. El Tribunal de Apelaciones denegó
revisar y destacó en su resolución que la conducta de CP-2015-20 3
protagonismo desplegada por el licenciado en el litigio
“obstaculizó la litigación ordenada” y mostró “un obvio
envolvimiento emocional con sus reclamaciones y en contra de
sus parientes, quienes considera lo persiguen
familiarmente”. El licenciado Pérez Soto presentó ante nos
una petición de certiorari para revisar la determinación del
Tribunal de Apelaciones. Proveímos no ha lugar, acto que
para el licenciado “conllev[ó] una violación a la norma de
Stare Decisis”, según expresó en una carta dirigida al
entonces Juez Presidente, Hon. Federico Hernández Denton.
A pesar de que la determinación advino final y firme,
el licenciado Pérez Soto continuó compareciendo por derecho
propio en el pleito. Además, inició un patrón de presentar
quejas éticas y recusaciones contra los abogados y jueces
que intervinieron de forma adversa a sus intereses en el
pleito. Como consecuencia, el licenciado Alcaraz Micheli,
quien representaba a otra parte en el pleito, presentó contra
el licenciado Pérez Soto una queja ética que remitimos a la
Oficina del Procurador General para investigación e informe.
Procedemos a señalar, según surgen del informe de la
Oficina del Procurador General y sus anejos, las quejas
éticas y recusaciones que el licenciado Pérez Soto presentó:
1. Queja contra la Hon. María Adaljisa Dávila Vélez,
por supuesto prejuicio y parcialidad al denegar su
solicitud de representación por derecho propio. Se
ordenó el archivo de la queja. La Hon. Sonia I. Vélez
Colón, entonces Directora Administrativa de los CP-2015-20 4
Tribunales, concluyó que la juez no incurrió en
violación alguna y enfatizó que su Oficina no podía
intervenir con decisiones judiciales en ausencia de
violaciones éticas. El Hon. Hernández Denton,
entonces Juez Presidente, confirmó la determinación
de archivar la queja. Expresó en su resolución que
las imputaciones del licenciado Pérez Soto “carecen
de base fundada” y que “no se desprende del
expediente del caso fundamento alguno para el inicio
de un proceso disciplinario” contra la juez.
2. Queja contra el Hon. Israel Hernández González, a
quien le fue asignada la demanda de herencia luego
de que la juez Dávila Vélez se inhibiera como
consecuencia de la queja presentada en su contra. El
licenciado Pérez Soto expresó inconformidad con
ciertas determinaciones judiciales tomadas por el
juez Hernández González y arguyó que este actuó de
forma negligente y parcializada. La Directora
Administrativa de los Tribunales ordenó el archivo
de la queja. Aclaró que las determinaciones
judiciales, aun cuando fuesen erróneas, no
constituyen base suficiente para una queja a menos
que se demuestre que hubo abuso intencional de la
discreción judicial. El Juez Presidente confirmó y
ordenó el archivo definitivo de la queja. Aunque
advirtió que la solicitud de reconsideración fue
presentada tardíamente, se expresó sobre los méritos CP-2015-20 5
de la queja. Señaló que la queja se limita a
cuestionar las determinaciones judiciales del juez -
y de otros jueces- y no a señalar conducta que
constituya una violación ética. “[L]as
determinaciones judiciales en controversia no son
errores de tal magnitud que reflejen conducta
impropia o favoritismo hacia un litigante […]”.
3. Queja contra el panel del Tribunal de Apelaciones
compuesto por la Hon. Emmalind García García, la Hon.
Aleida Varona Méndez y la Hon. María del C. Gómez
Córdova. El licenciado Pérez Soto adujo que los
jueces del panel incurrieron en negligencia crasa y
le ocasionaron daños al proceso judicial al
desestimar su apelación sumariamente bajo el
fundamento de que no la notificó a las partes dentro
del término reglamentario porque la depositó en un
correo privado. La Directora Administrativa de los
Tribunales ordenó el archivo de la queja, porque se
limitaba a impugnar una determinación judicial. El
licenciado volvió a presentar la solicitud de
reconsideración tardíamente y el Juez Presidente
volvió a expresarse. Dijo que “el licenciado Pérez
Soto se limita nuevamente a impugnar las
determinaciones judiciales del referido panel del
Tribunal de Apelaciones y de otros jueces que también
han sido objeto de otras quejas presentadas por éste,
y no a señalar conducta que constituya una violación CP-2015-20 6
de los Cánones de Ética.” Tanto la Directora
Administrativa como el Juez Presidente señalaron que
el remedio que tenía el licenciado Pérez Soto a su
disposición era recurrir al foro apelativo
correspondiente, como en efecto hizo, pero que la
presentación de quejas era improcedente.
4. Recusación del panel del Tribunal de Apelaciones
Córdova. El licenciado Pérez Soto indicó: “Tenemos
base razonable para creer que el Apelativo al
desestimar no lo realizó de buena fe o negligencia
crasa […]. Lo realizó por prejuicio. Nos quejamos
del Panel. El Juez Presidente es de opinión que por
decisiones judiciales no se puede disciplinar a un
Juez o Panel. Creemos que éste está equivocado […].
El Panel debió inhibirse de ver la Apelación luego
de mi Queja y de que el Supremo lo revocase con una
sutil crítica a la arbitrariedad de su decisión.” Un
panel especial declaró no ha lugar la moción de
recusación. El panel especial entendió que no existía
fundamento válido para la petición de inhibición,
sino solo su clara insatisfacción con
pronunciamientos del foro de instancia y del foro
apelativo.
5. Queja contra el panel del Tribunal de Apelaciones
compuesto por la Hon. Aida Nieves Figueroa, la Hon. CP-2015-20 7
Carmen H. Carlos Cabrera y el Hon. Troadio González
Vargas, por supuesta demora en atender un recurso.
La Directora Administrativa ordenó el archivo de la
queja y apercibió al licenciado de que la mera
dilación no amerita que se acuda a la vía
disciplinaria y de que del expediente no surgía
conducta impropia por parte de estos jueces. El
licenciado Pérez Soto presentó una moción de
reconsideración que fue denegada por tardía. Además
de la queja, el licenciado también presentó una
solicitud de mandamus ante este Tribunal para que
ordenáramos al panel resolver el caso en cuarenta y
cinco días. De las veintidós páginas de la solicitud,
tan solo unos pocos párrafos son dedicados a la
figura del mandamus y a explicar por qué debía
expedirse. El resto del documento va dirigido a
relitigar asuntos ya resueltos y a tratar de
convencer al tribunal del supuesto prejuicio de los
jueces y de las mentiras y faltas de respeto de los
demás abogados. Denegamos la petición de mandamus.
6. Queja contra el panel del Tribunal de Apelaciones
compuesto por la Hon. Gretchen Coll Martí, la Hon.
Nélida Jiménez Velázquez y la Hon. Ivelisse Domínguez
Irizarry. El licenciado Pérez Soto alegó tener base
suficiente para creer que el panel actuó con
prejuicio y parcialidad al confirmar una sentencia
del foro primario. La Directora Administrativa de CP-2015-20 8
los Tribunales concluyó que la queja versaba sobre
una determinación judicial que se encuentra fuera de
su jurisdicción disciplinaria y ordenó su archivo.
El licenciado solicitó reconsideración tardíamente
al Juez Presidente, quien advirtió que perdió
jurisdicción para revisar la queja. Sin embargo,
expresó que la queja vuelve a impugnar los
fundamentos jurídicos del panel así como las
determinaciones de otros jueces que también han sido
objeto de quejas del licenciado. Añadió que el
licenciado Pérez Soto tampoco podía plantear que los
errores del panel fueran de gran magnitud cuando él
mismo alegó que la controversia era novel.
Finalmente, reiteró que el proceso disciplinario no
es un mecanismo apelativo y ordenó el archivo
definitivo.
7. Recusación del Hon. Ricardo G. Marrero Guerrero,
quien desestimó una demanda del licenciado Pérez Soto
para que se decretara la nulidad de dos sentencias
parciales adversas. En esa sentencia, el juez Marrero
Guerrero también impuso al licenciado Pérez Soto el
pago de costas de litigio y de tres mil dólares en
honorarios por su temeridad. El Hon. Miguel P. Cancio
Bigas declaró no ha lugar la solicitud de recusación.
Explicó que nada en el expediente sustenta la
alegación de prejuicio, pues el juez Marrero Guerrero
resolvió a la luz del derecho que entendió aplicable. CP-2015-20 9
Ante este panorama, el licenciado Pérez Soto tenía
los mecanismos de revisión y apelación disponibles,
pero no el de recusación.
8. Recusación del Hon. Antonio R. Negrón
Villardefrancos, luego de que este juez le requiriera
al licenciado Pérez Soto no actuar como su propio
abogado. El Hon. Rafael Rodríguez Olmo declaró no ha
lugar la solicitud de recusación, por entender que
el licenciado Pérez Soto no probó su alegación de
prejuicio o parcialidad. El licenciado Pérez Soto
recurrió de esta determinación al Tribunal de
Apelaciones. Como acostumbra hacer, aprovechó su
comparecencia ante el foro apelativo para relitigar
asuntos ya adjudicados en el pleito de herencia y
volver a quejarse sobre los supuestos insultos y
conductas antiéticas de parte de los abogados de la
otra parte y del prejuicio que entiende han
desplegado los jueces que intervinieron en el caso.
En lugar de dar razones concretas por las cuales el
juez Negrón Villardefrancos debía ser recusado del
caso, el licenciado Pérez Soto insistió en que un
sinnúmero de sentencias dictadas en su contra son
ilegales y están prejuiciadas. Todo eso era
impertinente para atender el asunto de la recusación
del juez Negrón Villardefrancos. El Tribunal de
Apelaciones denegó el auto solicitado. Mencionó que
el licenciado Pérez Soto desacató la directriz de no CP-2015-20 10
participar por derecho propio y señaló que el
envolvimiento personal del licenciado con el pleito
le hizo difícil desempeñarse de forma desapasionada
y profesional.
9. Recusación del Hon. Enrique Pérez Acosta, en la que
el licenciado Pérez Soto expuso que el juez resolvió
en su contra por estar influenciado por las quejas
contra otros jueces. Según el licenciado Pérez Soto,
el juez actuó con “compañerismo judicial equivocado
y ceñido con la ética judicial”. La Hon. Arlene De
L. Selles Guerrini declaró no ha lugar la moción y
resolvió, luego de escuchar la regrabación de la
vista, que el juez Pérez Acosta no actuó con
prejuicio contra el licenciado Pérez Soto y que el
abogado tuvo la oportunidad de contrainterrogar a
los testigos. También señaló que el juez tuvo que
llamarle la atención al abogado en tres ocasiones
por el lenguaje utilizado al decir que el albacea
pretendía “perpetuarse en el poder”. Se le apercibió
de que si no estaba conforme con lo resuelto por el
juez Pérez Acosta, el mecanismo apropiado para la
revisión era la reconsideración, lo que el abogado
también hizo.
10. Queja contra los licenciados Luis E. Laguna
Mimoso, Enrique Alcaraz Micheli, Patricia Cordero
Alcaraz, Edna E. Pérez Román, Eli Galarza Rivera y
Fernando J. Gierbolini, quienes son abogados de las CP-2015-20 11
otras partes en el litigio de herencia. Según el
licenciado Pérez Soto, estos abogados no lo trataron
con respeto y cortesía, lo mandaron a callar, lo
insultaron e insistieron en que él no estaba
emocional e intelectualmente capacitado para el
pleito. El informe de la Oficina del Procurador
General recomendó la desestimación de la queja.
Destacó que ha sido precisamente el licenciado Pérez
Soto quien ha obstaculizado los procedimientos.
También señaló que es inaceptable que, mediante el
procedimiento disciplinario, el licenciado Pérez
Soto intente dilucidar la legitimidad de sus reclamos
ante el foro primario en el pleito de herencia.
Habiendo examinado el informe y la contestación del
licenciado Pérez Soto, ordenamos el archivo de la
queja.
11. Solicitud de descalificación de los licenciados
Luis E. Laguna Mimoso, Enrique Alcaraz Micheli y
Patricia Cordero Alcaraz. La Hon. María del Carmen
Garriga Morales la declaró no ha lugar. Aunque
reconoció que el lenguaje utilizado por el licenciado
Laguna Mimoso durante una toma de deposición fue
fogoso, concluyó que no fue tan impropio como para
justificar descalificarlo de un pleito tan
desarrollado. Además, indicó que parece haber sido
el propio licenciado Pérez Soto quien propició esa
dinámica durante la deposición. CP-2015-20 12
El informe de la Oficina del Procurador General también
reseñó varias expresiones impropias que el licenciado Pérez
Soto ha realizado en sus escritos. Proveemos algunos
ejemplos: “No veo c[ó]mo el Panel podía decidir de esa manera
y respetarse a sí mismo”. Pág. 14 de Petición de certiorari
presentada el 31 de marzo de 2014 en KLCE 2014-041. “[El
Juez] dio una opinión consultiva nula. El Tribunal dice que
no fue consultiva. Si no fue consultiva, [¿]que fue?” Pág.
7 de la Moción de reconsideración y de inhibición presentada
el 12 de noviembre de 2013 en KAC2012-0840. “El tercer Juez
del TPI siguió actuando para causarme daño”. Íd., pág. 20.
“Los abogados contrarios conociendo el problema en que yo me
metí con los jueces por las quejas consistentemente realizan
planteamientos frívolos, mintiendo, sabiendo no van a ser
sancionados.” Íd., pág. 25. “El caso de la mentira y
tergiversación es la práctica de los abogado[s] de Cordero
Soto […]. Estoy decidido [a] acabar con esta práctica […].
Yo nunca he mentido, que lo prueben. Yo puedo probar que los
abogados de Cordero Soto han mentido repetidamente, no se
respetan a sí mismos ni a los Tribunales de Justicia”. Pág.
3 de la Moción en contestación a réplica de moción de
reconsideración presentada el 20 de noviembre de 2013 en
KAC2012-0840. “[El Juez] dijo otras cosas falsas en su
decisión […]. No se leyó los documentos del apéndice […] se
dedicó a parafrasear los escritos de los apelados
conteniendo información incorrecta […]”. Pág. 7 de la Carta CP-2015-20 13
del Lcdo. Hiram Pérez Soto al Hon. Federico Hernández Denton,
12 de junio de 2009.
Estas expresiones son representativas del tono que el
licenciado generalmente mantiene en sus escritos. Con
frecuencia, tildó a los abogados de la parte contraria de
viles, mentirosos y calumniadores; dijo que el tribunal
decidió de forma negligente y sin estudios jurídicos
competentes, y que existe “compañerismo judicial” entre los
jueces.
La Oficina del Procurador General concluyó en su
informe que existe evidencia clara, robusta y convincente de
que el licenciado Pérez Soto pudo haber violado los Cánones
9, 12, 15, 17, 29, 35 y 38 del Código de Ética Profesional,
4 LPRA Ap. IX. Conforme al informe rendido, le ordenamos a
la Procuradora General presentar la querella
correspondiente. Posteriormente, nombramos a la Hon. Ygrí
Rivera de Martínez para que, en presencia de las partes y en
calidad de Comisionada Especial, recibiera prueba, celebrara
vistas y nos sometiera un informe con las determinaciones de
hecho y las recomendaciones que estimara pertinentes.
Concluyó que todos los cargos formulados por la Procuradora
General se probaron. Por las razones que presentamos a
continuación, estamos de acuerdo.
II
A. Cánones 9 y 12 CP-2015-20 14
Los cargos I y II imputaron una violación de los Cánones
9 y 12 del Código de Ética Profesional, supra, por los
ataques injustificados contra los jueces que intervinieron
en los asuntos relacionados con la herencia del padre del
abogado promovido, lo que causó dilaciones innecesarias en
la solución rápida del asunto.
El Canon 9 exige de los abogados “observar para con los
tribunales una conducta que se caracterice por el mayor
respeto” y “desalentar y evitar ataques injustificados o
atentados ilícitos contra los jueces o contra el buen orden
en la administración de la justicia en los tribunales”. Este
deber “incluye también la obligación de tomar las medidas
que procedan en ley contra funcionarios judiciales que
abusan de sus prerrogativas o desempeñan impropiamente sus
funciones y que no observan una actitud cortés y respetuosa”.
Íd. Hemos expresado que la crítica judicial oportuna es
efectiva para que los abogados contribuyan a que los
tribunales cumplan sus funciones, pero debe hacerse con
respeto y deferencia. In re Crespo Enríquez, 147 DPR 656,
662-663 (1999). Un abogado no debe hacer imputaciones sobre
el obrar de un juez que no están avaladas con evidencia
contundente e indubitada. Íd., pág. 663. Un abogado no debe
traspasar los linderos de la verdad en el curso de su
crítica, porque una crítica falsa, injustificada y viciosa
obstaculiza la imparcial y recta administración de la
justicia. In re Andréu Ribas, 81 DPR 90, 120 (1959). Así, es
censurable la conducta del abogado que constantemente CP-2015-20 15
recurre al apuntamiento de que el tribunal actuó con
prejuicio, pasión y parcialidad, sin sustanciarlo o sin
motivos fundados para así creerlo. In re Cardona Álvarez,
116 DPR 895, 907 (1986). Es importante recordar que actuar
con pasión y prejuicio supera el mero error del juzgador; se
trata del incumplimiento esciente del deber de honradez de
conciencia. Cordero v. Rivera, 74 DPR 586, 609 (1953).
Por ello, no justificamos el lenguaje oral o escrito
que pone en entredicho la honestidad y ecuanimidad del juez,
aunque su actuación judicial sea incorrecta y posteriormente
revocada. In re Pagán, 116 DPR 107, 111-112 (1985). “Las
discrepancias con los dictámenes judiciales no [son]
licencia para el lenguaje impropio e hiriente”. Íd., pág.
111.
Como regla general, los jueces no pueden ser sometidos
a un procedimiento disciplinario meramente por aplicar o
interpretar erróneamente los hechos o el derecho en un caso
particular. Véanse In re Velázquez Hernández, 162 DPR 316
(2004); In re Cruz Aponte, 159 DPR 170 (2003). “[U]n error
de juicio no equivale a negligencia ni menosprecio absoluto
de la ley. Al cometerse tales errores, la parte adversamente
afectada tiene a su haber el procedimiento ordinario de
revisión judicial.” In re Hon. Díaz García, T.P.I., 158 DPR
549, 557-558 (2003). “El comportamiento judicial que de
alguna manera afecte los derechos de un […] litigante puede
llevarse al récord para la acción correctiva que proceda por CP-2015-20 16
un tribunal superior, a tenor con lo que deba ser un juicio
imparcial y justo”. Pueblo v. Susoni, 81 DPR 124, 154 (1959).
No es suficiente fundamentar que se aplicó erróneamente
el derecho para demostrar que la determinación judicial iba
dirigida a favorecer indebidamente a una de las partes, ni
tampoco para reflejar conducta impropia o favoritismo hacia
un litigante particular. Según la Regla 3 de Disciplina
Judicial, 4 LPRA Ap. XV-B, el alcance del referido proceso
se circunscribe a supuestos en los cuales se le impute al
juez haber violado la ley, los Cánones de Ética Judicial, el
Código de Ética Profesional, las órdenes y normas
administrativas aplicables, o haber incurrido en negligencia
crasa, inhabilidad o incompetencia profesional manifiesta en
sus deberes judiciales. Solo se configura una violación
ética si se presenta evidencia de que el error cometido
constituyó un abuso intencional de la discreción judicial,
o un error que por su magnitud refleje conducta impropia o
favoritismo hacia un litigante o abogado particular. In re
Hon. Díaz García, T.P.I., supra; Feliciano Rosado v. Matos,
Jr., 110 DPR 550 (1981).
Sin duda alguna, el licenciado Pérez Soto violó el Canon
9. Sus imputaciones contra jueces, además de utilizar un
lenguaje irrespetuoso, demostraron ser todas injustificadas.
El licenciado no sostuvo con evidencia contundente sus
alegaciones de prejuicio, sino que recurrió a ese
planteamiento casi como autómata cada vez que un juez
resolvió en su contra. CP-2015-20 17
Por otra parte, el Canon 12 establece que
[e]s deber del abogado hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y testigos el ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de las causas. Ello implica el desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en su tramitación y solución.
Como corolario del deber plasmado en este canon, la
conducta de un abogado no debe obstaculizar la resolución de
un caso. Sin embargo, ni el informe de la Procuradora General
ni el informe de la Comisionada Especial detallan maneras en
que el patrón del licenciado Pérez Soto de presentar quejas
atrasó el pleito de herencia. El trámite procesal de las
quejas éticas presentadas por el licenciado Pérez Soto
ocurrió al margen del pleito de herencia. Por otro lado, en
relación con las solicitudes de recusación e inhibición
contra jueces, que requieren el nombramiento de paneles
especiales para su atención, resolvemos que el licenciado
Pérez Soto violó el Canon 12, puesto que detuvo el trámite
del pleito de herencia en múltiples ocasiones al presentar
recusaciones inmeritorias.
B. Canon 15
El cargo III imputó violación del Canon 15 del Código
de Ética Profesional, supra, por incumplimiento con la
obligación de observar un trato respetuoso y considerado
hacia la parte adversa y no utilizar los procedimientos
legales de manera irrazonable o con el fin de hostigar a la
parte contraria. CP-2015-20 18
El Canon 15 impone a los abogados el deber de respeto
hacia las partes contrarias. También dispone que será
impropio utilizar los procedimientos legales en forma
irrazonable o con el fin de hostigar a la parte contraria.
Resolvemos que el licenciado Pérez Soto violó el Canon 15 al
presentar continuamente mociones innecesariamente extensas,
repetitivas e infundadas, sobre asuntos ya dirimidos con
carácter de final y firme. Su proceder no fue razonable ni
respetuoso, y raya en el hostigamiento a las partes
contrarias. También reprobamos la metodología opresiva de
interrogación que usó el licenciado durante las vistas de
este proceso disciplinario, al requerir a los testigos leer
en voz alta la totalidad de documentos extensos para luego
hacer preguntas sobre detalles específicos que estos no
podían recordar.
C. Canon 17
El cargo IV imputó violación del Canon 17 del Código de
Ética Profesional, supra, que prohíbe la presentación de
pleitos injustificados, debido al patrón reiterado de
presentar quejas inmeritorias contra jueces y abogados.
En esencia, el Canon 17 busca evitar la litigación
injustificada. Establece que la comparecencia de un abogado
ante un tribunal equivale a una afirmación de que el caso de
su cliente es uno digno de la sanción judicial. Cuando un
abogado firma una alegación, certifica que la información en
ella está bien fundada, según su mejor conocimiento. CP-2015-20 19
La prueba demostró que el licenciado presentó una gran
cantidad de quejas y recusaciones que carecían de mérito. A
pesar de que sus argumentos fueron refutados repetidas
veces, el licenciado Pérez Soto insistió en ellos. La
presentación de quejas y mociones frívolas promueve el
litigio injustificado y utiliza innecesariamente los
recursos de los tribunales y de la Oficina del Procurador
General.
D. Canon 29
El cargo V imputó violación del Canon 29 del Código de
Ética Profesional, supra, al conducirse de forma
personalista y con animosidad contra la parte contraria en
la tramitación del caso, obstaculizando con ello la solución
de este. Dicha conducta quedó evidenciada en las quejas
éticas que el licenciado presentó contra los abogados de la
parte adversa.
El Canon 29 dispone que “[d]ebe evitarse
escrupulosamente toda cuestión personal entre los abogados”.
También prohíbe que se hagan imputaciones falsas que afecten
el buen nombre y reputación de otro compañero de la
profesión. La violación de este canon es evidente, pues
fueron múltiples las imputaciones falsas hechas por el
licenciado, que podían afectar la reputación de todos los
abogados de la parte contraria, de los jueces interventores
y de las abogadas de la Oficina del Procurador General que
investigaron la queja. Al realizar estas imputaciones, el CP-2015-20 20
licenciado Pérez Soto insistió en que los otros abogados y
jueces actuaron con prejuicio y mintieron vilmente. El
licenciado hizo caso omiso al hecho de que todos sus reclamos
fueron archivados. Su obstinación al respecto es indicio de
cuestiones personales contra estos abogados y de menosprecio
a la reputación y buen nombre de ellos.
E. Cánones 35 y 38
Los cargos VI y VII imputaron violación de los Cánones
35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra, al incumplir
con los deberes de exaltar el honor y la dignidad de la
profesión, y de no incurrir en conducta impropia o apariencia
de la misma. El cargo condena que, con su patrón de presentar
quejas constantemente, el licenciado Pérez Soto demostró una
desviación de su deber de exaltar el honor de la profesión,
ya que no fue veraz ni sincero al hacer imputaciones carentes
de prueba que las sostengan.
El Canon 35 dispone que la conducta de cualquier miembro
de la profesión legal debe ser sincera y honrada frente a
clientes, compañeros abogados y tribunales. In re Molina
Oliveras, 188 DPR 547, 554 (2013). Utilizar medios que sean
inconsistentes con la verdad o inducir al juzgador a error
por medio de una falsa relación de los hechos o del derecho,
no es sincero ni honrado. También es impropio distorsionar
las citas jurídicas para transmitir una idea distinta a la
que el verdadero contexto establece. CP-2015-20 21
La conducta del licenciado Pérez Soto no es sincera ni
honrada. Los hechos que relató en las quejas que presentó no
merecieron credibilidad por parte de ninguno de los
juzgadores que los evaluaron. Tildó de “base razonable”
hechos que no daban lugar a más que una mera sospecha. El
licenciado Pérez Soto también argumentó que el Juez
Presidente tomó medidas disciplinarias directa o
indirectamente contra los jueces de quienes él se quejó. Así
pretendió justificar las múltiples quejas que presentó
contra estos. Sin embargo, ignoró que todas las resoluciones
en que el Juez Presidente ordenó el archivo definitivo de
las quejas, estuvieron acompañadas de expresiones
desacreditando el proceder del licenciado. Esto no es
sincero ni honrado.
Sin embargo, es con su relación del derecho que sin
lugar a dudas ha pretendido inducir a error a los juzgadores.
Con demasiada frecuencia, el licenciado Pérez Soto descansó
en jurisprudencia inexistente, o distorsionó la existente,
para argumentar puntos de derecho inmeritorios.
El Canon 38 dispone que un “abogado deberá esforzarse,
al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y
dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve
sacrificios personales […]”. Una conducta viola este canon
cuando es contraria a los valores principales de la profesión
-la dignidad y el honor- y afecta las condiciones morales
del abogado, de manera que lo hace indigno de pertenecer al
foro. In re Rodríguez López, 196 DPR 199, 208 (2016); In re CP-2015-20 22
Reyes Coreano, 190 DPR 739, 758 (2014). El patrón de conducta
del licenciado Pérez Soto viola este canon. El abogado se ha
esforzado en promover su postura en el pleito hereditario,
incluso en detrimento de la dignidad y las buenas prácticas
de la profesión. Lejos de estar dispuesto a incurrir en
sacrificios personales cuando sea necesario para exaltar el
honor de la profesión, la obstinación del licenciado Pérez
Soto demuestra que no pretende ceder nada.
Vale también señalar que el Canon 38 fomenta que los
abogados, en beneficio de la profesión, denuncien
valientemente cualquier conducta corrupta y deshonrosa de
otro colega o funcionario judicial. La conducta del
licenciado Pérez Soto queda fuera de esta exhortación. Los
distintos juzgadores de las quejas presentadas por el
licenciado Pérez Soto determinaron que estas quejas no iban
dirigidas a corregir conducta corrupta o deshonrosa. Tampoco
las denuncias promovían un beneficio a la profesión. El
licenciado Pérez Soto repetía los argumentos que perdió en
el litigio, como una nueva oportunidad para adelantar sus
intereses en el caso.
III
Los argumentos del licenciado Pérez Soto en respuesta
a las imputaciones en su contra merecen atención especial.
Alega que el pleito hereditario se tornó hostil contra él a
partir de la inhibición de la juez Dávila Vélez como
resultado de la queja que él presentó en contra de la CP-2015-20 23
magistrado. Según él, los abogados de las otras partes
fomentaron la hostilidad de los jueces contra él, con sus
referencias constantes a las quejas que él presentó contra
los jueces. Así, aduce que el compañerismo entre los jueces
prejuzgó el pleito hereditario en su contra. De acuerdo al
licenciado Pérez Soto, los abogados de las otras partes
aprovecharon el prejuicio en su contra para presentar
mociones frívolas e incorrectas en Derecho. Como resultado,
sostiene que se dictaron muchas sentencias ilegales.
El licenciado Pérez Soto asevera que se vio obligado a
presentar quejas y recusaciones porque los recursos
apelativos no rendían frutos o los jueces que los atendían
también estaban prejuiciados. El licenciado Pérez Soto
sostiene que, según la norma de Lizarríbar v. Martínez Gelpí,
121 DPR 770 (1988), la juez Dávila Vélez no tenía discreción
para descalificarlo si él se comportaba con decoro y respeto.
Aunque el sentido común -y no la norma de Lizarríbar, íd.,-
dicta que una persona que se comporte de manera irrespetuosa
no podrá representarse por derecho propio, actuar con
respeto y decoro no garantiza que se conceda este tipo de
representación ni limita la discreción del juez evaluador.
Se requiere establecer un balance entre los intereses de las
partes y la eficiencia en la administración de la justicia,
según las circunstancias particulares del caso. Entre otros
factores, se evalúa el efecto que tendría la interrupción de
los procedimientos. En este caso, el Tribunal de Apelaciones
expresó que el licenciado Pérez Soto obstaculizó la CP-2015-20 24
litigación ordenada y mostró una carga emocional con sus
reclamaciones y en contra de sus parientes. Dadas las
circunstancias, fue razonable que denegaran la solicitud de
representación por derecho propio.
El licenciado Pérez Soto alegó que tiene el derecho y
el deber de presentar quejas mientras sea con base razonable
y respeto; que eso es parte de sus derechos civiles y su
libertad de expresión. Aseveró que todas sus quejas
cumplieron con la norma de In re Cardona Álvarez, supra, que
estaban protegidas constitucionalmente y que lo contrario
sería censura previa. Sin embargo, en In re Cardona Álvarez,
supra, reprobamos la conducta de un abogado que
“acostumbra[ba] hacer imputaciones de prejuicio y
parcialidad a los Jueces cada vez que carec[ía] de
fundamentos en derecho para sostener sus alegaciones”. Íd.,
pág. 900. Para evaluar la legitimidad de las imputaciones
que un abogado hace contra un juez, consideramos si el
abogado: (a) aunque equivocado, creía en la validez de las
imputaciones; (b) tenía motivos fundados o causa probable
para creer en su veracidad, aunque los hechos no fueran
ciertos, y (c) no hizo la imputación maliciosamente con el
propósito de denigrar al tribunal. Íd., pág. 906. También,
expresamos que un abogado debe evitar “el empleo de
imputaciones y de hechos extraños o inútiles al asunto y,
sobre todo, las alegaciones contrarias a la verdad o
desprovistas de una razonable presunción de exactitud”. Íd.,
pág. 897. Por eso, repudiamos toda imputación que no esté CP-2015-20 25
respaldada por evidencia competente y motivos fundados y que
sea tendente a degradar la dignidad, honorabilidad e
integridad de los tribunales o sus funcionarios. Íd., págs.
906-907. “Nada más destructivo del justo balance de la
conciencia judicial, que la crítica injustificada y
viciosa”. Íd., pág. 905.
A la luz de nuestros pronunciamientos en In re Cardona
Álvarez, íd., las quejas que el licenciado Pérez Soto
presentó no son meritorias. Solo redundaron en molestias
innecesarias y en la utilización injustificada de los
recursos de investigación del Estado. Aunque es apropiado,
e incluso un deber, que todo abogado señale situaciones que
puedan comprometer la imparcialidad que debe caracterizar a
los procesos judiciales, quien entienda que un juez ha
actuado con pasión, prejuicio o parcialidad, debe acudir a
un foro superior y
sustentar sus alegaciones con evidencia suficiente, pues estas no deben convertirse en un instrumento para ejercer presión contra el Tribunal de Primera Instancia. El nivel de pasión, prejuicio o parcialidad que hace falta demostrar para impugnar exitosamente las determinaciones del foro primario sobre los hechos varía de caso a caso, pero no es necesario probar una violación al Canon XX de Ética Judicial. Más bien, el estándar se asemeja al de la Regla 63 de Procedimiento Civil pues, más que una sanción disciplinaria contra el juez o la jueza, lo que se pretende lograr es que la controversia ante la consideración del Poder Judicial sea adjudicada con imparcialidad. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 775-776 (2013).
En Dávila Nieves v. Meléndez Marín, íd., concluimos que
el juez de instancia obró con prejuicio, pero no CP-2015-20 26
disciplinamos al juez, sino que ordenamos un nuevo juicio
ante otro magistrado.
El licenciado Pérez Soto también sostiene que el Juez
Presidente nunca lo sancionó por presentar las quejas. Este
argumento lo repite en casi todos sus escritos. Sugerir que
hizo lo correcto por el hecho de que el Juez Presidente no
lo disciplinó es, como mínimo, frívolo. Todas las
resoluciones que el Juez Presidente emitió ordenando el
archivo definitivo de las quejas presentadas por el
licenciado Pérez Soto, fueron acompañadas de expresiones
sobre cómo el proceder del licenciado era inapropiado. Se le
apercibió en innumerables ocasiones de que debía abstenerse
de utilizar la vía disciplinaria para relitigar sus casos.
De hecho, aunque el Juez Presidente nunca solicitó una
investigación ética contra el licenciado Pérez Soto, este
Tribunal sí lo llegó a sancionar. Aproximadamente un mes y
medio después de que la Oficina de la Procuradora General
presentara la querella en contra del licenciado Pérez Soto,
este presentó una queja en contra de varios abogados de la
parte contraria en el pleito hereditario y de abogadas de la
Oficina del Procurador General. Desestimamos la queja e
impusimos una sanción de cinco mil dólares al licenciado
Pérez Soto, por frivolidad. Además, le advertimos que este
Tribunal no tolera ese tipo de conducta y que el
incumplimiento con los cánones de ética podría acarrear la
suspensión del ejercicio de la profesión. CP-2015-20 27
Finalmente, el abogado argumentó que la Comisionada
Especial le restringió el derecho a citar testigos e
interrogarlos; restringió la duración de las vistas; limitó
sus preguntas, y tardó varios meses en rendir su informe.
Nada de lo alegado amerita revisión en este caso. Como
concluyó la Comisionada, de permitírsele al licenciado Pérez
Soto realizar todas las citaciones e interrogatorios que él
quería, el procedimiento disciplinario se hubiese tornado en
la relitigación de controversias ya resueltas por los foros
con competencia y jurisdicción para ello. Además, la forma
de interrogar del licenciado Pérez Soto fue improcedente y
en ocasiones opresiva, y la información pertinente podía
obtenerse como parte de la prueba presentada y de los
expedientes.
El licenciado Pérez Soto también exigió que se le
permitiera sentarse a declarar. La Comisionada no se lo
permitió porque el licenciado Pérez Soto no tenía un abogado
que pudiera interrogarlo. En cambio, accedió a que este
presentara un memorial de Derecho. El licenciado presentó
una moción informativa de 292 páginas, en lugar del memorial
que se le pidió. En la moción, “reafirma una y otra vez el
contenido de las quejas que fueron archivadas, sin respeto
alguno por las decisiones emitidas, ya que las considera
ilegales e injustas”, concluyó la Comisionada.
El licenciado Pérez Soto también sostuvo que la
Comisionada debe ser disciplinada por conducir un proceso
prejuiciado contra él. Aseguró que el informe no discute la CP-2015-20 28
manera en que los jueces de los cuales él se quejó lo
trataron a él y que no discute las decisiones judiciales
contra él que son erróneas. Aseveró que se vio “oblig[ado]
a ir en apelación al Supremo 10 veces donde se dejaron
vigentes y se realizaron decisiones por los Tribunales
Apelativos que son claramente ilegales, aunque son finales
y firmes”. No era necesario que se discutieran los méritos
de esas decisiones en las vistas. Incluso, de la propia
afirmación del licenciado se desprende que en diez ocasiones
entendimos que esas decisiones de las que él recurrió no
eran “claramente ilegales” como él señala.
En fin, el licenciado Pérez Soto incurrió otra vez en
el error de querer usar el proceso disciplinario para litigar
el caso de herencia. La Comisionada hizo lo correcto al no
permitírselo.
IV
Para determinar la sanción disciplinaria
correspondiente, consideramos la buena reputación del
abogado en la comunidad; su historial previo; si esta
constituye su primera falta y si alguna parte ha resultado
perjudicada; su aceptación de la falta y su sincero
arrepentimiento; si se trata de una conducta aislada; el
ánimo de lucro que medió en su actuación, y el resarcimiento
al cliente, además de cualesquiera otras consideraciones.
La Comisionada Especial nos sugiere que consideremos
como agravantes la indiferencia y la poca sensibilidad que CP-2015-20 29
el licenciado Pérez Soto ha demostrado hacia los jueces y
abogados objeto de sus quejas, ya que continúa insistiendo
en las mismas imputaciones que fueron archivadas por carecer
de méritos. Estamos de acuerdo. La conducta del licenciado
Pérez Soto demuestra su gran desconfianza en el sistema de
justicia y sus jueces, sin base, y nos convence de que este
no se encuentra apto para la práctica en los tribunales.
Aunque el licenciado Pérez Soto no tiene historial previo de
conducta antiética, la naturaleza de los eventos por los
cuales lo disciplinamos hoy, la cantidad de personas
involucradas y el lapso extenso de tiempo durante el cual su
conducta se ha mantenido, restan importancia al hecho de que
esta sea su primera sanción ética.
Anteriormente, hemos censurado a abogados sin historial
previo de conducta antiética por hacer comentarios
irrespetuosos. Véanse In re Markus, 158 DPR 881 (2003) (por
comentarios hechos contra los jueces del Tribunal de
Apelaciones); In re Barreto Ríos, 157 DPR 352 (2002) (por
comentarios hechos contra el personal de secretaría del
Tribunal); In re Crespo Enríquez, supra (por usar lenguaje
irrespetuoso al referirse a un juez en un escrito al
tribunal). También hemos censurado a abogados enérgicamente
por ataques irrespetuosos de imparcialidad contra un juez.
In re Rivera García, 147 DPR 746 (1999).
En In re Pagán Hernández, 105 DPR 796 (1977),
suspendimos por seis meses a un abogado por faltas de respeto
similares dirigidas a los jueces de instancia y a este CP-2015-20 30
Tribunal. A ese mismo abogado lo volvimos a suspender por
seis meses al volver a incurrir en esa conducta. In re Pagán,
116 DPR 107 (1985). En In re Martínez, Jr., 108 DPR 158
(1978), suspendimos por tres meses a un abogado sin previo
historial de conducta antiética que usó lenguaje
irrespetuoso contra el Tribunal en una solicitud de
reconsideración. A un abogado que hizo imputaciones
infundadas sobre un romance entre el fiscal y la víctima,
aludiendo que ello prejuició al fiscal en contra del acusado,
lo suspendimos por dos meses. In re Vélez Cardona, 148 DPR
505 (1999).
En In re Cardona Álvarez, supra, el abogado
disciplinado tenía una preocupación legítima y una creencia
de buena fe de que un oficial jurídico intervino en la
sentencia a pesar de ser hermano de uno de los abogados. No
obstante, el abogado no lo señaló en el Tribunal de Primera
Instancia para que se aclarara su duda, sino que lo planteó
ante nos como parte de la reconsideración. Aunque esto no
fue adecuado, la sanción se limitó a una amonestación. En In
re Matos González, 149 DPR 817 (1999), también amonestamos
a un abogado por hacer su cuestionamiento a la honradez de
la parte contraria en una moción ante el tribunal.
El caso del licenciado Pérez Soto es distinto a los
otros casos que hemos tenido ante nuestra consideración. A
lo largo de su proceso disciplinario, negó todo
planteamiento en su contra y no modificó su postura. Continuó
relitigando asuntos del pleito hereditario y de las quejas CP-2015-20 31
que presentó. Sus imputaciones irrespetuosas contra jueces
y compañeros abogados no fueron actos aislados en un momento
de juicio nublado. El licenciado Pérez Soto lleva alrededor
de una década litigando la herencia de su padre de una manera
que ha sido condenada por prácticamente todo juzgador que ha
intervenido en el pleito, incluyendo este Tribunal.
Es evidente que una amonestación, censura o suspensión
temporera no tendrían efecto en el licenciado Pérez Soto.
Por el contrario, a pesar de haber sido apercibido y
sancionado previamente, reproduce en este proceso
disciplinario el mismo patrón de señalamientos frívolos, en
esta ocasión contra la Comisionada Especial. Es decir, lejos
de mostrar reflexión y arrepentimiento, su conducta refleja
temeridad y obstinación.
Nada del expediente nos sugiere que este tuviese
motivos fundados para creer que los jueces conspiraron
prejuiciadamente contra él. El licenciado Pérez Soto exponía
constantemente los mismos argumentos infundados e insistía
en la ilegalidad de decisiones finales y firmes. A lo largo
de todo el litigio y de las investigaciones éticas que se
han realizado en su contra, el abogado no demostró
arrepentimiento. Las veces que presentó quejas y
recusaciones contra jueces, y se archivaron, tanto el
entonces Juez Presidente como la Directora Administrativa de
los Tribunales le apercibieron de que no procedía instar
quejas éticas en contra de jueces por discrepancias con sus
determinaciones. El licenciado hizo caso omiso de estas CP-2015-20 32
advertencias y se mostró desafiante al repetir los mismos
argumentos inmeritorios. Los cánones de ética profesional no
son “armas procesales adicionales a ser utilizadas para
adelantar los intereses particulares de una de las partes en
un caso”. In re Fernández Torres, 122 DPR 859, 861 (1988).
El licenciado Pérez Soto utilizó impropiamente estos cánones
para promover su postura en un pleito hereditario.
Por consiguiente, decretamos la suspensión inmediata e
indefinida del licenciado Pérez Soto del ejercicio de la
abogacía. El señor Pérez Soto deberá comparecer ante los
tribunales mediante representación legal para defender sus
intereses en los pleitos relacionados a la herencia de su
padre, notificar a todos sus clientes su inhabilidad de
seguir representándolos e informar inmediatamente de su
suspensión a los foros judiciales y administrativos de
Puerto Rico en los que tenga asuntos pendientes.
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y
Sentencia.
Se dictará Sentencia en conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Hiram I. Pérez Soto CP-2015-20
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de esta Sentencia, decretamos la suspensión inmediata e indefinida del licenciado Pérez Soto del ejercicio de la abogacía. El señor Pérez Soto deberá comparecer ante los tribunales mediante representación legal para defender sus intereses en los pleitos relacionados a la herencia de su padre, notificar a todos sus clientes su inhabilidad de seguir representándolos e informar inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos de Puerto Rico en los que tenga asuntos pendientes.
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y Sentencia.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no intervino.
Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo