Hernández Vélez v. Televicentro De Puerto Rico Y Moisés Vélez

2006 TSPR 142

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: September 1, 2006
• Docket: CC-2005-0199
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Mariela Hernández Vélez

Demandante-peticionaria Certiorari vs. 2006 TSPR 142 Televicentro de Puerto Rico y Moisés Vélez 168 DPR ____

Demandados-recurridos

Número del Caso: CC-2005-0199

Fecha: 1 de septiembre de 2006

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón

Juez Ponente:

Hon. Hiram Sánchez Martínez

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Luis Angel López Olmedo

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Radamés A. Torruella Lcdo. Miguel A. Rivera-Arce

Materia: Daños y Perjuicios

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Demandante-peticionaria

vs. CC-2005-199 CERTIORARI

Televicentro de Puerto Rico y Moisés Vélez

OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 1 de septiembre de 2006

Allá para abril de 2001 la demandante-

peticionaria, Sra. Mariela Hernández Vélez,

laboraba como contratista independiente de J & K

Enterprises, Inc., una entidad dedicada a la

producción de programas para Televicentro de

Puerto Rico, específicamente para el programa

conocido como Super Exclusivo. La producción del

referido programa se llevaba a cabo con personal

de J & K Enterprises, aunque utilizaban los

camarógrafos y facilidades de Televicentro de

Puerto Rico.

El 27 de abril de 2002 la señora Hernández

Vélez tenía pautado entrevistar al Sr. Oscar Solo CC-2005-199 2

para el segmento “¿Qué es de la vida de…?”, transmitido

todos los viernes a través del programa Super Exclusivo.

Para trasladarse a la residencia del mencionado artista,

ubicada en el pueblo de Bayamón, la demandante utilizó un

vehículo propiedad de Televicentro que fue conducido por

el codemandado Moisés Vélez quien, como en otras

ocasiones, la acompañó en calidad de camarógrafo de

exteriores.1

Según las determinaciones de hecho realizadas por el

foro de instancia, en el transcurso del viaje el señor

Vélez le expresó a la demandante que no la podía saludar

en el Canal “porque los muchachos se burlaban de él”, a lo

que ésta le contestó que podía saludarla si quería.

Además, Vélez le hizo un señalamiento a la demandante de

que estaba muy blanca y necesitaba tomar sol.

Al llegar al edificio donde residía el Sr. Oscar

Solo, la demandante abordó el ascensor acompañada del

artista y el señor Vélez. Este último quedó ubicado detrás

de Hernández Vélez, quien sintió que el codemandado le

rozó los glúteos con la cámara. El segundo incidente

ocurrió al abrir el ascensor, cuando Vélez rozó nuevamente

a la demandante, esta vez en la espalda. En ese momento

Hernández Vélez le expresó: “Déjate de la jodienda, deja

la mierda y suspende que si viniste calientito hoy te

1 Es preciso señalar que a la fecha de los hechos la señora Hernández Vélez no poseía vehículo propio ni licencia autorizada para conducir. CC-2005-199 3

jodiste” y que si era para calentarse la madre del señor

Solo tenía una olla puesta.

Finalizada la entrevista, la demandante abordó

nuevamente el vehículo conducido por Vélez, quien tomó una

ruta distinta a la que ella conocía.2 Posteriormente, ésta

omento ésta le indicó que se sentía mareada y le pidió que

se dirigieran inmediatamente para el Canal. Vélez le

expresó que se veía muy pálida y comenzó a realizar

sonidos jadeantes con la boca y a hacer ruidos similares a

los que se producen cuando se succiona algo. Además,

comenzó a lamerse los labios.

Ante tal escenario, la demandante le preguntó qué le

pasaba, a lo que Vélez contestó que “ella le gustaba”. En

reacción a dicho comentario, Hernández Vélez le inquirió:

“qué carajo te pasa conmigo, llévame al Canal”. Vélez

continuó realizando sonidos con la boca y le indicó que

“hacía tiempo que no tenía buen sexo”. Molesta con la

situación, la demandante insultó al codemandado y le

cuestionó por qué estaba haciendo eso. Inmediatamente tomó

su abrigo y se acercó a la ventana de la puerta que le

quedaba cerca.

Más adelante, y luego de un momento de silencio,

cuando la demandante miró al codemandado se percató que

éste tenía su miembro sexual masculino fuera del pantalón.

2 De las determinaciones de hecho del tribunal de instancia surge que el señor Vélez le indicó a la demandante que “iba a aprovechar para hacer algo.” Ésta le contestó que no tenía objeción, siempre que estuvieran en el Canal antes de la 1:00 p.m. CC-2005-199 4

La demandante comenzó a gritarle “sucio, depravado” y le

exigió que la llevara al Canal. En ese momento el

codemandado levantó su mano derecha, lo que hizo pensar a

Hernández Vélez que éste tenía intenciones de agredirla,

por lo que rápidamente reaccionó golpeándolo con su mano

izquierda. Nuevamente la demandante le exigió a Vélez que

no la tocara y la llevara inmediatamente al Canal. Una vez

en el Canal, el codemandado le expresó a Hernández Vélez

que lo sucedido debía quedar entre ellos.

Enterado del incidente, el Sr. José E. Ramos,

Presidente de Televicentro de Puerto Rico, refirió el

asunto a la Sra. Norma Cruzado, Directora de Recursos

Humanos del Canal. Ésta procedió a entrevistar a ambas

partes por separado. Durante su entrevista, Vélez admitió

haber cometido un error y se disculpó por lo sucedido.

Finalizada la investigación administrativa, el Canal

cursó una carta al codemandado advirtiéndole que la

política del Canal era mantener un ambiente libre de todas

formas de intimidación y hostigamiento y que en el futuro

no tolerarían este tipo de conducta.3 Además, se le

impartieron instrucciones específicas al supervisor de

Vélez a los efectos de que en adelante éste no podría

trabajar junto a Hernández Vélez ni personal de la

producción de Super Exclusivo. Del mismo modo, se ordenó

3 En la referida misiva se hizo alusión a un supuesto incidente previo de hostigamiento sexual del cual la señora Cruzado había tenido conocimiento. Este asunto será discutido en detalle más adelante. CC-2005-199 5

que se cumpliera la directriz existente en el Canal en

cuanto a que no se le proveería transportación en

vehículos oficiales a ninguna persona que no fuera

empleado del mismo.

Así las cosas, el 6 de junio de 2001 la señora

Hernández Vélez presentó ante el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de San Juan4, una demanda por

hostigamiento sexual, al amparo de la Ley 17 del 22 de

abril de 19885 y el Artículo 1802 del Código Civil de

Puerto Rico.6 En la misma figuraban como demandados

Televicentro de Puerto Rico y el Sr. Moisés Vélez.

Posteriormente, la referida demanda fue enmendada para

incluir como codemandados al Sr. Antulio Santarrosa y a J

& K Enterprises y, a su vez, para incorporar una causa de

acción por daños basada en el Artículo 1803 del Código

Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5142.7

Varios meses más tarde, y como consecuencia de una

moción de desistimiento voluntario radicada por Hernández

Vélez, el tribunal de instancia dictó Sentencia Parcial

4 Posteriormente el caso fue trasladado al Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. 5 29 L.P.R.A. sec. 155 et als. 6 31 L.P.R.A. sec. 5141. 7 Televicentro contestó la demanda y las posteriores demandas enmendadas, lo que también hizo el codemandado Vélez. Este último incoó, además, una reconvención por daños contra la demandante alegando que voluntariamente ésta había practicado sexo oral con él y reclamó daños y perjuicios por divulgar una versión falsa de los hechos. La demandante contestó la reconvención en la que negó lo aducido por Vélez en su reconvención. CC-2005-199 6

desestimando la causa de acción radicada en contra de

Antulio Santarrosa. La demandante también retiró la causa

de acción radicada en contra de Moisés Vélez y

Televicentro, sobre hostigamiento sexual, al amparo de las

disposiciones de la Ley Número 17 de 22 de abril de 1988,

ante, y bajo el Título VII de la Ley Federal de Derechos

Civiles; manteniendo, sin embargo, su reclamación de daños

y perjuicios contra dichos codemandados bajo las

disposiciones de los Artículos 1802 y 1803 del Código

Civil de Puerto Rico, ante.

Luego de varios trámites e incidentes procesales, el

28 de octubre de 2003, el Tribunal de Primera Instancia

declaró con lugar la reclamación de daños y perjuicios

presentada en contra de Televicentro de Puerto Rico y su

empleado Moisés Vélez, al determinar que ambos le

respondían a ésta por los daños y perjuicios sufridos por

ella como consecuencia de los avances sexuales del

empleado. En cuanto a este último, el foro primario

determinó que sus actuaciones configuraban una agresión,

situación que era civilmente accionable bajo el Artículo

1802 del Código Civil, ante.

En lo que respecta a la codemandada Televicentro de

Puerto Rico, el foro de instancia entendió que fue

negligente al no tomar las medidas cautelares para la

prevención y erradicación del hostigamiento sexual en el

empleo, a pesar de que --alegadamente-- tenía conocimiento

de conducta hostigante del demandado Moisés Vélez. Al CC-2005-199 7

fundamentar su determinación el referido foro hizo alusión

a un supuesto incidente de carácter sexual que protagonizó

Vélez con una maquillista del Canal. El tribunal de

instancia sostuvo que este alegado incidente con la

maquillista constituía una primera violación a la política

de hostigamiento sexual del Canal que debió llevar a la

codemandada a “interv[enir] con medidas cautelares para

prevenir otros actos de hostigamiento sexual.”

Como segundo fundamento a su determinación, el foro

de instancia resolvió que en el presente caso es de

aplicación lo dispuesto en el Artículo 1803 del Código

Civil, ante, sobre responsabilidad vicaria del patrono. En

ese sentido expresó que el Canal respondía por los actos

de Vélez por no haber tomado las medidas cautelares para

la prevención y erradicación del hostigamiento sexual en

el empleo. Concluyó que dicha Corporación no demostró que

hubiera empleado toda la diligencia de un buen padre de

familia para prevenir el daño, señalando que, de haber

tomado medidas encaminadas a evitar la conducta hostigante

de Vélez, se hubiese liberado de responsabilidad.

De esta forma le impuso a ambos codemandados

responsabilidad solidaria por los daños y perjuicios

sufridos por la demandante que, según resolvió, ascienden

a $50,000, más las costas del litigio.8 El tribunal no hizo

expresión alguna sobre la causa de acción sobre

8 El foro de instancia declaró sin lugar la reconvención del demandado Moisés Vélez. CC-2005-199 8

hostigamiento sexual al amparo de las disposiciones de la

Ley Número 17 de 22 de abril de 1988 ya que, como

señaláramos anteriormente, la misma fue desistida por la

demandante temprano en el proceso.

Inconforme con la determinación del Tribunal de

Primera Instancia, Televicentro acudió al Tribunal de

Apelaciones mediante recurso de apelación. En síntesis,

alegó que incidió el foro de instancia al decretar que era

vicariamente responsable de la conducta incurrida por

Vélez hacia la demandante, toda vez que en el presente

caso no se configuran los elementos requeridos para que se

active dicha responsabilidad. En ese sentido, argumentó

que los acercamientos de índole sexual realizados por su

empleado constituyeron actos de carácter exclusivamente

personal que no tienen relación alguna con algún interés o

beneficio de Televicentro.

Como segundo señalamiento de error, la codemandada

alegó que incidió el foro de instancia al determinar que

había incurrido en negligencia al no anticipar las

consecuencias probables del alegado incidente de carácter

sexual en el que Vélez estuvo implicado y que involucraron

a una maquillista del Canal. Sobre este particular, adujo

que el incidente al que hace alusión el tribunal realmente

fue un malentendido y que así lo reconoció y estableció el

propio tribunal de instancia en sus determinaciones de

hechos. CC-2005-199 9

El foro apelativo intermedio, mediante sentencia a

esos efectos, --al revocar la sentencia apelada--

determinó, en síntesis, que: el foro de instancia había

errado al determinar que Televicentro respondía

vicariamente por los actos de su empleado Vélez ya que la

conducta observada por éste no formaba parte del marco de

sus funciones y atribuciones y debido a que no existía una

conexión razonable y pertinente entre los actos de Vélez y

los intereses o beneficio económico de Televicentro;

requisitos exigidos por el Artículo 1803 del Código Civil,

ante, y nuestra jurisprudencia, interpretativa de la

referida disposición estatutaria.9

Inconforme, Hernández Vélez acudió ante este Tribunal

mediante recurso de certiorari. Le imputó al Tribunal de

Apelaciones haber errado al revocar la sentencia emitida

por el foro de instancia en el presente caso e intervenir

indebidamente con las determinaciones de hechos que

hiciera el tribunal de instancia. El 20 de mayo de 2005

expedimos el recurso. Contando con la comparecencia de

ambas partes, y estando en condiciones de resolver el

recurso radicado, procedemos a así hacerlo.

9 El Tribunal de Apelaciones consideró innecesario entrar a discutir el segundo señalamiento de error de Televicentro de Puerto Rico relacionado con la causa de acción instada al amparo del Artículo 1802 del Código Civil, ante. CC-2005-199 10

II

En nuestra jurisdicción la responsabilidad civil

derivada de actos u omisiones culposas o negligentes se

rige por lo dispuesto en el Artículo 1802 del Código

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141.10 Bacó v. ANR Construction

Corp., res. el 23 de septiembre de 2004, 2004 TSPR 154,

Montalvo v. Cruz, 144 D.P.R. 748, 755 (1998); J.A.D.M. v.

Centro Com. Plaza Carolina, 132 D.P.R. 785 (1993); Elba

A.B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R. 294 (1990); Valle v. Amer.

Inter. Ins. Co., 108 D.P.R. 692 (1979); Gierbolini v.

Employers Fire Ins. Co., 104 D.P.R. 853 (1976). Como es

sabido, para que exista responsabilidad bajo este

precepto, es necesario que ocurra un daño, una acción u

omisión culposa o negligente y la correspondiente relación

causal entre el daño y la conducta culposa o negligente.

Bacó v. ANR Construction Corp., ante; Montalvo v. Cruz,

ante; Toro Aponte v. E.L.A., 142 D.P.R. 464, 472-73

(1997).

Refiriéndonos específicamente al asunto de las

omisiones, hemos señalado que al determinar si se incurrió

o no en responsabilidad civil resultante de una omisión,

los tribunales deberán considerar varios factores, a

10 El referido Artículo dispone:

“El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. La imprudencia concurrente del perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización.” CC-2005-199 11

saber: (i) la existencia o inexistencia de un deber

jurídico de actuar por parte del alegado causante del daño

y (ii) si de haberse realizado el acto omitido se hubiera

evitado el daño. Soc. Gananciales v. G. Padín Co., Inc.,

117 D.P.R. 94, 106 (1986).

En cuanto al primero de estos factores hemos señalado

que la ocurrencia de una omisión "sólo da lugar a una

causa de acción en los casos en que exista un deber de

actuar." Elba A.B.M. v. U.P.R., ante, a la pág. 308,

(citando a J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil,

Barcelona, Ed. Bosch, 1983, pág. 80). Asimismo, hemos

resuelto que una omisión genera responsabilidad civil

siempre que la misma constituya "conducta antijurídica

imputable". Arroyo López v. E.L.A., 126 D.P.R. 682, 686

(1990).

A tono con lo anterior, se ha señalado que para que

se incurra en negligencia, como resultado de una omisión,

tiene que existir un deber de cuidado impuesto o

reconocido por ley y que ocurra el quebrantamiento de ese

deber. H.M. Brau Del Toro, Los daños y perjuicios

extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan,

Pubs. J.T.S., 1986, Vol. I, pág. 183. Esto es, "si la

omisión del alegado causante del daño quebranta un deber

impuesto o reconocido por ley de ejercer, como lo haría un

hombre prudente y razonable, aquel grado de cuidado,

diligencia, vigilancia y precaución que las circunstancias

le exigen." Arroyo López v. E.L.A., ante, a la pág. 686. CC-2005-199 12

Cónsono con lo anterior, hemos resuelto que "ante una

reclamación fundada en responsabilidad por omisión, la

pregunta de umbral es si existía un deber jurídico de

actuar de parte del alegado causante del daño." Arroyo

López v. E.L.A., ante, a la pág. 686-87. Este deber de

cuidado incluye, tanto la obligación de anticipar, como la

de evitar la ocurrencia de daños cuya probabilidad es

razonablemente previsible. Sin embargo, debe quedar claro

que, "la regla de anticipar el riesgo no se limita a que

el riesgo preciso o las consecuencias exactas arrostradas

debieron ser previstas." Elba A.B.M. v. U.P.R., ante, a la

pág. 309. Lo esencial en estos casos es que se tenga el

deber de prever en forma general consecuencias de

determinada clase. Ibíd. Sobre este particular hemos sido

enfáticos al expresar que sin la existencia de este "deber

de cuidado mayor" no puede responsabilizarse a una persona

porque no haya realizado el acto de que se trate. Ramírez

Salcedo v. E.L.A., ante, a las págs. 393-94.

Por otro lado, y en lo que respecta al asunto

específico de la relación causal que debe existir entre el

daño causado y la alegada omisión negligente, hemos

precisado que la misma existe cuando "de haberse realizado

el acto omitido se hubiere evitado el daño." Soc.

Gananciales v. G. Padín Co., Inc., ante, a la pág. 106. En

ese sentido hemos pautado que "[n]o es causa toda

condición sin la cual no se hubiera producido el

resultado, sino la que ordinariamente lo produce según la CC-2005-199 13

experiencia general". Soc. de Gananciales v. Jerónimo

Corp., 103 D.P.R. 127, 134 (1974). Conforme con lo

anterior, un daño podrá ser considerado como el resultado

probable y natural de un acto u omisión negligente si

luego del suceso, mirándolo retroactivamente, éste parece

ser la consecuencia razonable y común de la acción u

omisión de que se trate. Montalvo v. Cruz, ante, a las

págs. 756-57.

Por otra parte, es harto conocido que en nuestro

ordenamiento jurídico la obligación de reparar daños

generalmente dimana de un hecho propio. Art. 1802 Código

Civil, ante. Ello no obstante, como excepción a esta norma

está la figura de responsabilidad vicaria, según

establecida el Artículo 1803 del Código Civil, ante. Este

precepto “impone responsabilidad por los actos u

omisiones, culposas o negligentes, de aquellas personas

por quienes se debe responder, siempre que con la culpa o

negligencia de éstas concurra la del principal, la que se

presume.” H.M. Brau Del Toro, Los daños y perjuicios

Pubs. J.T.S., 1986, Vol. II, pág. 763. Esto dependerá de

que el patrono no haya empleado toda la diligencia de un

buen padre de familia para prevenir el daño. Ibíd.

En lo que respecta específicamente a la

controversia ante nos, el Artículo 1803 del Código Civil

dispone: CC-2005-199 14

La obligación que impone [el Artículo 1802] de este título es exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder.

. . . .

Lo son igualmente los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones.

La responsabilidad de que trata esta sección cesará cuando las personas en ella mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño.

Como vemos, el citado precepto impone --de forma

excepcional-- responsabilidad al patrono por los actos u

omisiones de sus empleados, siempre que éstos hayan

actuado dentro del marco de sus atribuciones o funciones.

González v. Compañía Agrícola de Puerto Rico, 76 D.P.R.

398, 401 (1954). Sobre este particular, hemos resuelto que

el criterio determinante para establecer la

responsabilidad del patrono es si al llevar a cabo su

actuación, el agente tenía el propósito de servir y

proteger los intereses de su patrono y no los suyos

propios y si su actuación fue incidental al cumplimiento

de las actuaciones autorizadas. Esto es, si existe una

conexión razonable y pertinente entre el acto del agente y

los intereses del patrono y si el acto del agente tiende

razonablemente a imprimirle efectividad al objetivo final

del patrono. Martínez v. United States Casualty Co., 79 CC-2005-199 15

D.P.R. 596, 601 (1956); González v. Compañía Agrícola de

Puerto Rico, 76 D.P.R. 398, 401 (1954).

A tono con lo anterior, hemos resuelto que la prueba

para determinar la responsabilidad del patrono respecto a

los actos del empleado no es la de si el acto de éste ha

sido voluntario e intencional, sino si el empleado actuaba

en beneficio del negocio del patrono y dentro de la esfera

de su autoridad o si se desvió de sus funciones y realizó

un acto dañoso de carácter personal. Maysonet v. Sucesión

Arcelay, 70 D.P.R. 167, 173 (1949).

Sobre este particular este Tribunal ha sido enfático

al señalar que “[l]a regla prevaleciente es que el patrono

es responsable por los actos temerarios, voluntarios,

intencionales, desenfrenados o maliciosos de su empleado,

así como por sus actos imprudentes y descuidados si son

realizados mientras el empleado actúa en el ejercicio de

su autoridad y en el curso de su empleo o con miras al

adelantamiento del negocio del patrono y no con un

propósito personal suyo.” Ibid.

En cuanto a la responsabilidad del patrono ante una

conducta delictiva de su empleado, hemos resuelto que

existe responsabilidad vicaria siempre que el acto

delictivo se lleve a cabo como un incidente de la

protección de los intereses del patrono y no en protección

de los intereses personales del agente. Rodríguez v.

Pueblo, 75 D.P.R. 401, 409-10 (1953); Maysonet v. Sucn.

Arcelay, ante. Al realizar esta determinación los CC-2005-199 16

tribunales deberán analizar si la actuación de que se

trata es una consecuencia relevante del ejercicio de las

funciones del mandatario. Rodríguez v. Pueblo, ante.

III

Como señaláramos anteriormente, en el presente caso

el foro de instancia le impuso responsabilidad solidaria a

la codemandada Televicentro de Puerto Rico al determinar

que ésta falló en prever la conducta hostigadora de

carácter sexual de su empleado, el codemandado Moisés

Vélez, a pesar de que --según resolvió-- éste había

protagonizado un incidente previo que era conocido por el

Canal. Citando el Artículo 1803 del Código Civil, el foro

primario expresó, además, que la codemandada Televicentro

de Puerto Rico no demostró que hubiera empleado toda la

diligencia de un buen padre de familia para prevenir y

evitar la conducta de su empleado. El foro apelativo

intermedio revocó dicha determinación, por entender que en

el presente caso no se configuran los elementos requeridos

para que se active dicha responsabilidad. Confirmamos;

veamos por qué.

Refiriéndonos, en primer lugar, a la causa de acción

instada al amparo del antes citado Artículo 1803, y luego

de realizar un análisis responsable de los hechos que

dieron lugar a la presente controversia, estamos

totalmente convencidos de que en el caso de autos no se

cumplen los requisitos mínimos indispensables para que se CC-2005-199 17

active la extensión de responsabilidad establecida en el

Artículo 1803 del Código Civil, ante. Esto es, la

actuación del codemandado Vélez al rozar varias veces a la

demandante con su cámara y mostrarle su miembro sexual

mientras realizaba ruidos de tipo de sexual con su boca,

definitivamente no fue realizada con el propósito de

“servir y proteger los intereses del patrono” ni, mucho

menos, de imprimirle efectividad al objetivo final de su

empresa.

Por más que analicemos los hechos del presente caso

no existe posibilidad alguna de que encontremos una

conexión razonable y pertinente entre el acto

despreciable, depravado y accionable del codemandado

Moisés Vélez y los intereses de Televicentro de Puerto

Rico. Todo lo contrario, el cuadro fáctico ante nos apunta

indubitadamente a que la actuación del empleado respondía

exclusivamente a motivos personales, que en nada

beneficiaban el negocio del patrono ni estaban dentro de

la esfera de su autoridad. Los avances sexuales en que

Vélez incurrió eran constitutivos de delito público, actos

por los cuales Televicentro no responde civilmente, pues

lo contrario constituiría la imposición de responsabilidad

absoluta a un patrono, lo cual es impermisible bajo dicho

estatuto. Mártir Santiago v. Pueblo Supermarkets, 88

D.P.R. 229 (1963).

Vemos, pues, que en el presente caso no existe duda

alguna de que el codemandado Moisés Vélez debe responder CC-2005-199 18

por los actos deleznables en que incurrió en el día de los

hechos. Ello no obstante, el grado de depravación de que

fue capaz Vélez en dicho día, no debe nublar nuestro

entendimiento jurídico, ni influenciarlo de tal manera,

como para responsabilizar civilmente a una parte demandada

que, conforme las leyes y jurisprudencia aplicable, debe

ser exonerada.

No podemos finalizar sin exponer los fundamentos que

nos llevan a descartar la teoría esbozada por el foro

primario a los efectos de que la codemandada Televicentro

de Puerto Rico incurrió en omisión y, por lo tanto, debe

responder bajo el Artículo 1802 del Código Civil, ante, al

no tomar las acciones previsoras pertinentes para evitar

que el codemandado Moisés Vélez incurriera en conducta

hostigante en el empleo.

De entrada debemos puntualizar que el primer error en

que incurre el foro de instancia al imponerle

responsabilidad a la codemandada Televicentro de Puerto

Rico bajo este fundamento radica en que, al así hacerlo,

utilizó --aunque de forma solapada-- los postulados de la

Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo, Ley Número 17 de

22 de abril de 1988, ante, para demostrar la existencia de

un deber jurídico de actuar por parte del Canal. Ello sin

reparar en el hecho de que la Ley Número 17 no es

aplicable a los hechos del presente caso, no sólo porque

la demandante desistió de la causa de acción instada al

amparo de ésta, sino también porque se le impone a CC-2005-199 19

Televicentro el deber de actuar en relación con una

persona que no es su empleado; lo cual, por definición,

está fuera del ámbito de esta Ley.

El segundo error en que incurrió el foro de instancia

con relación a esta determinación consiste en haber

fundamentado su discusión en la existencia de un supuesto

incidente anterior de hostigamiento sexual por parte del

codemandado Vélez, en que Televicentro, alegadamente, no

tomó la acción correctiva necesaria respecto al mismo, y

que, de haberlo hecho, no hubiera ocurrido el incidente

con la peticionaria Hernández Vélez.

A tenor con las determinaciones de hecho realizadas

por el propio foro de instancia este alegado incidente

tuvo lugar en una ocasión en que el codemandado Vélez

había acudido muy preocupado a la oficina de la señora

Cruzado, Directora de Recursos Humanos de Televicentro, a

relatarle que su hermano le había informado que lo iban a

acusar de hostigamiento sexual. Le relató que lo acusaban

de tratar de darle un beso en la boca a una maquillista

empleada de Televicentro.

Según estableció claramente el propio foro de

instancia en sus determinaciones de hechos, en esa ocasión

el que relató lo sucedido fue el codemandado Vélez, y le

indicó que había entrado al departamento de maquillaje a

dar un beso como de costumbre, y que cuando fue a hacer

esto, a saludar a la maquillista, había tropezado con una CC-2005-199 20

silla y la maquillista “pensó” que él le iba a dar un beso

en la boca.

Esta versión fue corroborada por la referida

maquillista. A tales efectos, en la determinación de hecho

número 47 el foro primario estableció que:

“La Sra. Cruzado llamó a la empleada Ruthlyn envuelta en dicho incidente y ésta le dijo que ella se ‘asustó y creyó que le iba a dar un beso en la boca’, (el codemandado Vélez) pero que se estaban saludando como siempre. (Énfasis nuestro).

Como vemos, en el presente caso la maquillista nunca

se querelló ante dicha empresa ni de forma informal ni

formal. Esto es, nunca hubo una querella que pusiera en

movimiento el procedimiento de disciplina correspondiente

en estos casos. Por otro lado, somos del criterio que la

información que recibió Televicentro respecto a la

ocurrencia de este incidente, la cual originalmente

provino del propio Vélez, no era demostrativa de conducta

impropia alguna de parte de éste.

Surge claramente de las determinaciones de hecho que

esta situación fue investigada por Televicentro y que la

Directora de su Departamento de Recursos Humanos

entrevistó a la empleada involucrada en el malentendido.

Ésta corroboró la versión brindada por Vélez a los efectos

de que ella mal interpretó lo sucedido. Ante esta realidad

fáctica –-expuesta y reconocida por el foro primario-- es

evidente que Televicentro no tenía por qué realizar CC-2005-199 21

ninguna otra gestión en relación con este alegado

incidente.

No obstante lo anterior, y aun asumiendo a los fines

de la argumentación, que el incidente con la maquillista

debió haber puesto en vigor el procedimiento disciplinario

establecido por Televicentro en protección de su política

contra el hostigamiento sexual, conforme al mismo, todo lo

que procedía era una reprimenda y/o una suspensión de

empleo sin paga.

Asumiendo, nuevamente a los fines de la

argumentación, que Televicentro hubiera emitido una

reprimenda respecto a Vélez y/o, incluso, lo hubiere

suspendido: ¿dicha acción disciplinaria hubiera evitado la

ocurrencia del incidente con la demandante Hernández

Vélez? La contestación en la negativa es mandatoria; su

conducta criminal era totalmente imprevisible.

Vemos, pues, que a diferencia de lo resuelto por el

foro de instancia, un examen objetivo, imparcial y

desapasionado de los hechos del presente caso nos lleva

inexorablemente a concluir que Televicentro no tenía razón

de peso alguna para prever que Vélez era capaz de cometer

actos como los que se le imputan haber cometido.11

Únicamente existe, en su récord de empleado, un incidente

11 Es importante puntualizar que al llegar a esta conclusión no estamos de forma alguna interviniendo con las determinaciones de hechos del tribunal de instancia. Todo lo contrario, en todo momento hemos sido enfáticos al señalar que lo expresado surge de forma íntegra de las propias determinaciones realizadas por el foro primario. CC-2005-199 22

aislado --el de la empleada maquillista-- el cual,

examinado en su justa perspectiva, no es suficiente para

poner sobre aviso a una empresa sobre la posible comisión

de actos futuros de hostigamiento sexual por parte de ese

empleado; sobre todo cuando consideramos que la única

información que tenía esa empresa --según las propias

determinaciones del foro primario-- era que la maquillista

se había asustado y había creído que Vélez se proponía

besarla. Si a ello le añadimos que, ni antes ni después de

ese incidente, Vélez había sido señalado como una persona

propensa a cometer actos de esa índole, realmente no se

puede hablar de que Televicentro incurrió en una omisión

que genera responsabilidad.

En vista de lo antes expuesto, es evidente que en el

presente caso no procede imponerle responsabilidad --ni

vicaria ni por omisión-- a la codemandada Televicentro de

Puerto Rico por los daños y perjuicios sufridos por la

demandante Hernández Vélez.

IV A la luz de los fundamentos antes expresados, procede

decretar la confirmación de la sentencia emitida por el

Tribunal de Apelaciones en el presente caso, revocatoria

la misma de la emitida por el Tribunal de Primera

Instancia, con relación a la codemandada Televicentro de

Puerto Rico. CC-2005-199 23

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se dicta Sentencia confirmatoria de la emitida en el presente caso por el Tribunal de Apelaciones, revocatoria la misma de la emitida por el Tribunal de Primera Instancia, con relación a la codemandada Televicentro de Puerto Rico.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió Opinión disidente a la cual se unió la Juez Asociada señora Fiol Matta. El Juez Presidente señor Hernández Denton no interviene.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Peticionaria

v. CC-2005-199 Televicentro de Puerto Rico y Sr. Moisés Vélez

Recurridos

Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez a la cual se une la Jueza Asociada señora Fiol Matta.

San Juan, Puerto Rico a 1 de septiembre de 2006

El caso de epígrafe nos brindó la oportunidad de

resolver que los dueños o directores de un

establecimiento o empresa responden civilmente por los

daños y perjuicios ocasionados por uno de sus empleados

al hostigar sexualmente a un tercero, a tenor con lo

dispuesto en el Artículo 1802 del Código Civil. De

esta forma se reforzaba la clara política pública que

priva en nuestra sociedad de rechazo al acoso sexual en

el trabajo.

I

El caso de epígrafe se inició en julio de 2001

mediante la presentación de una demanda por

hostigamiento sexual bajo la Ley Núm. 17 de 22 de CC-2005-199 2

abril de 1988, 29 L.P.R.A. secs. 155 et. seq., y bajo los

Arts. 1802 y 1803 del Código Civil de Puerto Rico, 31

L.P.R.A. secs. 5141 y 5142. La demanda se instó contra

Televicentro de Puerto Rico (“Televicentro”) y el Sr.

Moisés Vélez, empleado de esta última. Se alegó en la

misma, que el señor Vélez llevó a cabo actos de naturaleza

sexual no deseados contra la demandante, Sra. Mariela

Hernández Vélez.12 Contra Televicentro se alegó que había

sido negligente al no prevenir, desalentar o evitar, que su

empleado incurriera en actos de carácter sexual en el

empleo. En particular, a la luz del historial previo de

conducta de Vélez. Finalmente, se indicó que ambos

respondían solidariamente.

La demandante por su parte, laboraba en calidad de

contratista independiente para la compañía J & K

Enterprises, Inc. (en adelante “J & K Enterprises”), la

cual se dedica a la producción de programas para

Televicentro de Puerto Rico, específicamente del programa

Super Exclusivo. Para el periodo de los hechos alegados en

la demanda este programa transmitía todos los viernes un

segmento titulado: “¿Qué es de la vida de . . .?” En el

mismo, se entrevistaba a un actor reconocido del pasado,

sobre el cual poco se sabía en la actualidad.

12 El Sr. Moisés Vélez reconvino y alegó que en realidad quien le hizo acercamientos sexuales había sido la peticionaria y luego, le difamó y calumnió. Adujo que la divulgación maliciosa, culposa y/o negligente de los hechos de este caso lo han desacreditado en su trabajo, en su comunidad y en su hogar. Véase Contestación a la Demanda Enmendada, apéndice del recurso de certiorari, págs. 78-80. CC-2005-199 3

J & K Enterprises, a su vez, era un contratista

independiente de Televicentro. Esta compañía contrata sus

propios empleados pero Televicentro le provee sus

camarógrafos para grabar sus entrevistas, además de que le

facilita una oficina en sus predios para su operación.

Instada la demanda, Televicentro contestó la misma.

En su contestación, Televicentro negó su responsabilidad e

incluso, rechazó que el señor Vélez estuviese involucrado

en un incidente previo de índole sexual. Alegó que actuó

como un buen padre de familia al llevar a cabo una

investigación adecuada sobre lo acontecido y tomar como

medida correctiva que el señor Vélez no fuese asignado a

las grabaciones con la peticionaria. Televicentro indicó

que tenía una política sobre hostigamiento sexual,

contenida en un memorando de 14 de junio de 1999, que había

circulado a todos sus empleados.13

13 La política sobre hostigamiento sexual de Televicentro se recogía en un memorando preparado por la gerencia del canal televisivo y circulado entre los empleados. En el mismo se indicaba lo siguiente:

A pesar que todos los tipos de hostigamiento mencionados están prohibidos, el hostigamiento sexual merece atención especial. El hostigamiento por sexo es prohibido tanto con el sexo opuesto como en situaciones del mismo sexo, no importa la preferencia sexual del individuo involucrado. El hostigamiento sexual puede consistir en acercamientos sexuales no deseados, solicitud de favores sexuales y/o conductas verbales o físicas de naturaleza sexual que a los ojos de una persona razonable, crean una atmósfera ofensiva y hostil en el trabajo, que afecta el salario, beneficios o interfiera con el rendimiento cumplimiento del trabajo del individuo. CC-2005-199 4

Además, arguyó que no respondía vicariamente toda vez

que las actuaciones alegadas no se realizaron con el

propósito de servir y proteger los intereses de la

compañía, ni las mismas se encontraban entre las funciones

del camarógrafo Moisés Vélez.

Celebrada la vista en su fondo quedó demostrado lo

siguiente:

Es nuestra política que todo el personal trabaje en una atmósfera libre de discriminación y hostigamiento ilícito. En conformidad, LIN Television Corporation, hace énfasis en que no permitirá a empleados (o vendedores o personas no empleados que tengan alguna razón para estar en los predios de la compañía tengan trato con nuestros empleados) enfrascarse en prácticas ilícita y discriminatorias, incluyendo hostigamiento sexual u hostigamiento basado en raza, color, religión, origen nacional, linaje de antepasado, edad, incapacidad u alguna otra característica protegida por ley. Cualquier forma de hostigamiento ilícito está estrictamente prohibida y no será tolerada.

LIN Television Corporation, escuchará toda querella razonable, la investigará con premura, observando confidencialidad y si es apropiado, le impondrá al empleado ofensor sanciones dirigidas al cese de la conducta ofensiva. Las sanciones impuestas por una reclamación fundamentada de hostigamiento sexual u otra forma de hostigamiento impermisible, dependerá de los hechos y circunstancias del incidente. Primeras ofensas menores podrán conducir a una reprimenda escrita y/o una suspensión sin paga. Ofensas repetidas o mayores podrán resultar en despido del ofensor.

Si usted cree que su querella de hostigamiento no ha sido tratada de una forma satisfactoria o si la acción tomada por los representantes de LIN Television Corporation, no ha logrado poner fin a la conducta de hostigamiento, por favor, llame rápidamente o acuda a una de las personas antes mencionadas, o al asesor legal de LIN Television Corporation, y exponga los detalles específicos de su queja por escrito. CC-2005-199 5

El 27 de abril de 2001, la señora Hernández recibió la

encomienda de entrevistar al Sr. Oscar Solo en la

residencia de éste en Bayamón. Para que la asistiera,

Televicentro asignó a su empleado, el camarógrafo Moisés

Vélez. Vélez habría de grabar la entrevista. Televicentro

también le proveyó a la señora Hernández uno de sus

vehículos para trasladarse a Bayamón junto al señor Vélez.

Mientras ambos se dirigían en el vehículo a la

residencia del señor Solo, el señor Vélez le explicó a la

señora Hernández que no podía saludarla cuando estaban en

el canal porque los muchachos se burlaban de él, a lo que

la peticionaria le contestó que él podía saludarla si

quería. Asimismo, el señor Vélez le indicó a la demandante

que tenía la piel muy blanca por lo que necesitaba tomar

sol.

Al llegar al lugar donde se realizaría la entrevista y

mientras subían en el elevador, la peticionaria sintió que

el señor Vélez le rozó sus glúteos con la cámara de batería

que portaba, propiedad de Televicentro. Como había espacio

suficiente en el ascensor para las tres personas que se

encontraban en el mismo, la señora Hernández se alejó un

poco de Vélez. Una vez llegaron al apartamento del

entrevistado y prestos a entrar al mismo Hernández sintió

nuevamente un roce con la cámara, esta vez en la espalda.

En esta ocasión, la señora Hernández le manifestó

tajantemente al camarógrafo que cesara su conducta. CC-2005-199 6

Finalizada la grabación y de regreso a Televicentro,

Vélez comenzó a conducir por una ruta distinta a la

conocida por la peticionaria. Debido a ello, y a que se

sentía mareada, la señora Hernández pidió que regresaran

inmediatamente al canal de televisión. El señor Vélez le

indicó que estaba muy pálida y, acto seguido, comenzó a

hacer sonidos jadeantes con la boca, simulando como si

estuviera succionando algo. Cuando la peticionaria lo miró

éste se lamía los labios. Entonces, la señora Hernández le

preguntó qué le pasaba, a lo que él respondió que ella le

gustaba. En ese momento, la peticionaria reiteró su deseo

de regresar a Televicentro. No obstante, el camarógrafo

continuó haciendo ruidos y le dijo a la peticionaria que

“hacía tiempo que no tenía buen sexo.” Véase apéndice del

recurso de certiorari, págs. 28-29.

Ante lo ocurrido, la señora Hernández comenzó a

insultar a su acompañante, tomó su abrigo y se acercó a la

ventana de la puerta. El señor Vélez le manifestó que

debía calmarse, más que no se preocupara puesto que el

vehículo tenía tintes y no se veía para adentro.

Posteriormente, cuando miró al señor Vélez, se percató que

éste mostraba el órgano sexual masculino fuera del

pantalón. Entonces la señora Hernández insistió en

regresar a Televicentro. Al llegar a la estación de

televisión, el señor Vélez le expresó a Hernández: “que

ésto quede entre nosotros.” Véase apéndice del recurso de

certiorari, pág. 29. CC-2005-199 7

Enterado de dicho incidente, el jefe directo de la

peticionaria, el Sr. Antulio Santarrosa, le informó lo

acontecido al Sr. José E. Ramos, Presidente de

Televicentro, y este último a su vez se comunicó con la

Sra. Norma Cruzado, Directora de Recursos Humanos de

Televicentro.

La señora Cruzado procedió entonces a entrevistar a la

peticionaria.14 La señora Hernández solicitó no trabajar

más con el señor Vélez. A raíz de lo anterior, Cruzado se

comunicó por vía telefónica con el supervisor del señor

Vélez y le dio instrucciones a los efectos de que la

peticionaria no podía trabajar junto a éste. Por otro

lado, ese mismo día en la tarde, la señora Cruzado

entrevistó al Sr. Moisés Vélez. A preguntas de Cruzado

sobre lo ocurrido con la peticionaria, Vélez bajó la

cabeza, se encontraba nervioso, y dijo: “cometí un error y

lo siento.”

Una vez conocidas ambas versiones, la señora Cruzado

recomendó al señor Ramos que se suspendiera tanto al señor

Vélez como a la señora Hernández, ello a pesar de que ésta

no era empleada de Televicentro. El señor Ramos sin

embargo, impartió instrucciones de enviar a Vélez una carta

con una advertencia de que sería despedido si ocurriese

14 La señora Cruzado adujo que, inicialmente, no creyó lo narrado por la señora Hernández debido a que ésta última se mostró muy tranquila durante la entrevista; no obstante, recomendó posteriormente la suspensión del Sr. Moisés Vélez. CC-2005-199 8

otro incidente parecido. El 7 de mayo de 2001 se le

entregó a Vélez la misiva en la que se indicó lo siguiente:

En dicha reunión, usted [Sr. Moisés Vélez] aceptó su error en el incidente de carácter sexual que ocurriera entre usted y Mara Hernández [peticionaria], empleada del programa Super Exclusivo.

En la misma, se hizo referencia a otro caso en el cual usted también estuvo involucrado, pero esa vez, con una empleada de Televicentro. Además, se le enfatizó que de usted incurrir en otra (sic) incidente de esta índole, la Compañía se verá en la obligación de tener que cesantearlo permanentemente de su empleo.

Le recordamos que es política de la compañía mantener un ambiente libre de todas las formas de intimidación y hostigamiento; por lo tanto, no se tolerará conducta inapropiada de parte de ninguno de sus empleados, ni de personas relacionadas a Televicentro.

Es de notar que en la carta se reconoció que con

anterioridad había ocurrido un incidente similar entre el

señor Vélez y una empleada de Televicentro.15 En aquella

ocasión, aproximadamente siete meses antes del que dio

lugar a la demanda de epígrafe, Vélez había intentado besar

en la boca a una maquillista de la estación. Fue el propio

Vélez quien, temeroso de ser acusado de hostigamiento

sexual por la empleada, acudió ante la señora Cruzado a

reportar lo sucedido indicando que “había entrado a

maquillaje a dar un beso como de costumbre” y que “había

tropezado” y la maquillista “pensó que él le iba a dar un

beso en la boca.” Sentencia del Tribunal de Primera

15 La Opinión mayoritaria cuestiona que este incidente realmente haya ocurrido, a pesar de que Televicentro de Puerto Rico, en la carta de reprimenda enviada al señor Vélez reconociera que en efecto ocurrió un incidente anterior con una empleada de la estación televisiva. CC-2005-199 9

Instancia, determinación de hecho número 46, apéndice del

recurso de certiorari, pág. 32. Según se desprende de la

sentencia de instancia, Televicentro le requirió

verbalmente al camarógrafo que evitara “el contacto y los

besos con las empleadas”, con lo que el señor Vélez estuvo

de acuerdo. Loc. cit.

Subsiguientemente, Televicentro le impuso a la

demandante la restricción de no proveerle transportación

para las entrevistas que hacía fuera del canal, por lo que

la señora Hernández tenía que proveerse su propia

transportación.

A la luz de los hechos probados, el Tribunal de

Primera Instancia, en una extensa y ponderada sentencia,

resolvió que el señor Vélez, en efecto, había realizado

avances sexuales no deseados hacia la señora Hernández.

Indicó que ello creó un ambiente hostil, intimidante y

humillante, por lo que declaró con lugar la demanda en su

contra y le condenó a pagar una cantidad ascendente a

$50,000.00, más las costas del litigio. El foro primario

concluyó también que antes de ocurrir los hechos de este

caso, el señor Vélez “ya había tenido un incidente de

carácter sexual con una maquillista.” Apéndice del recurso

de certiorari, pág. 50.

Con relación a Televicentro, el tribunal de instancia

concluyó que éste era solidariamente responsable junto al

señor Vélez, conforme su propia negligencia bajo el Art.

1802. El foro primario concluyó que Televicentro fue CC-2005-199 10

negligente por su “falta de cuidado, en no anticipar las

consecuencias probables de un acto o una omisión, o sea la

falta de previsibilidad.”16 El tribunal resolvió que el

deber de previsibilidad del patrono no se limitaba a

corregir situaciones pasadas de hostigamiento sexual sino a

prevenir que ocurrieran en el futuro. En este caso,

Televicentro, aun cuando tenía establecido una política de

no tolerancia al hostigamiento sexual en el empleo al igual

que sanciones establecidas por violar dicha norma, no le

impuso ninguna sanción al señor Vélez por el primer

incidente, más allá de una mera advertencia verbal y en el

caso de autos, sólo le envió una carta de amonestación. El

foro sentenciador entendió que Televicentro no empleó la

diligencia de un buen padre de familia para prevenir el

daño ocasionado a la señora Hernández.

El foro primario también concluyó que Televicentro

respondía bajo el Art. 1803 toda vez que el señor Vélez se

encontraba en funciones de su trabajo y durante sus horas

laborables cuando incurrió en la conducta censurable.

Indicó el tribunal que, aunque la acciones de Vélez fueron

contrarias a la política de Televicentro, las mismas fueron

incidental al trabajo que realizaba en ese momento el cual

beneficiaba a Televicentro.

Inconforme con la determinación anterior, Televicentro

recurrió al Tribunal de Apelaciones. Dicho foro modificó

16 Véase Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 28 de octubre de 2003, apéndice del recurso de certiorari, pág. 49. CC-2005-199 11

la sentencia apelada al confirmar la responsabilidad del

camarógrafo Vélez, pero desestimar la reclamación contra

Televicentro. El Tribunal de Apelaciones concluyó que

Televicentro no era responsable vicariamente por los actos

cometidos por su empleado ya que los acercamientos sexuales

del señor Vélez en nada se relacionaban con sus funciones

de camarógrafo, ni con la tarea encomendada de grabar la

entrevista.17 Al así concluir, el tribunal a quo determinó

que era innecesario discutir si Televicentro era

responsable bajo el Artículo 1802 por no haber previsto los

daños ocurridos.

En desacuerdo, la demandante acudió ante nosotros y

levantó como errores los siguientes:

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al revocar la determinación del Tribunal de Instancia imponiendo responsabilidad a Televicentro toda vez que ésta no cumplió con su obligación de prever que los hechos negligentes realizados por su empleado el co-demandado Vélez ocurrieran[...]

Cometió error de derecho el Honorable Tribunal de Apelaciones al intervenir con las determinaciones de hechos que hiciera el Honorable Tribunal de Primera Instancia al evaluar la prueba testifical presentada en el juicio sin que haya demostrado pasión o prejuicio (sic).

17 A tales efectos, el Tribunal de Apelaciones expresó que los “actos delictivos cometidos por el codemandado Vélez respondían exclusivamente a motivaciones personales del codemandado, a su carácter depravado, y esa conducta sexual nada tenía que ver con sus funciones como camarógrafo, ni promovían los intereses de Televicentro, por lo que tales actuaciones no podían ser atribuibles a Televicentro bajo la doctrina de responsabilidad vicaria”. Véase Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 31 de enero de 2005, apéndice del recurso de certiorari, pág. 18. CC-2005-199 12

El 20 de mayo de 2005 expedimos el recurso de

certiorari presentado. Contando con el beneficio de la

comparecencia de ambas partes y los autos del presente

caso, y estando en posición de resolver, este Tribunal

confirma, desafortunadamente, el dictamen del foro

apelativo intermedio.

Es norma de conducta que gobierna la convivencia

humana aquélla que postula el no causar daño a los demás.

Quién incumple con la misma responde por el daño causado.

Es decir, está sujeto a responsabilidad la que a su vez se

traduce en la obligación de indemnizar o reparar los

perjuicios causados a la víctima. La doctrina reconoce -–a

grandes rasgos—- dos grupos o categorías de actos dañosos:

aquellos que surgen del incumplimiento de lo pactado y “los

que se producen en el desarrollo de cualesquiera

actividades humanas, pero al margen de toda relación

jurídica previa entre dañador y víctima.” R. De Ángel

Yágüez, La Responsabilidad Civil, Universidad de Deusto,

Bilbao, 1988, pág. 24. En esta ocasión nos concierne

precisamente esta última, la cual aparece regulada, entre

otros, en los Arts. 1802 y 1803 del Código Civil. Nos toca

resolver entonces, si a la luz de los hechos transcritos

anteriormente se configura una causa de acción contra

Televicentro de Puerto Rico, ya bien bajo el Artículo 1802

o el 1803 del Código Civil. CC-2005-199 13

Como en tantas otras ocasiones hemos indicado, para

que prospere una reclamación al amparo del Art. 1802 se

requiere que se lleve a cabo una actuación u omisión

culposa o negligente; que se ocasione un daño y que exista

una relación causal entre la acción y omisión y el daño

ocasionado. Valle Izquierdo v. E.L.A., res. 14 de mayo de

2002, 157 D.P.R. ____, 2002 T.S.P.R. 64; Elba A.B.M. v.

U.P.R., 125 D.P.R. 294, 308 (1990); Hernández v. Fournier,

81 D.P.R. 93, 96 (1957).

En casos en que se alegue que el daño infligido es el

resultado de una omisión, además de los requisitos antes

mencionados, para que se configure una causa de acción se

requiere: primero, demostrar la existencia de un deber

jurídico de actuar de parte del alegado causante del daño y

el incumplimiento de éste con ese deber; y, segundo, si de

haberse realizado el acto omitido se hubiere evitado el

daño. Soc. de Gananciales v. G. Padín Co., Inc., 117

D.P.R. 94, 106 (1986) Véase, Santiago Colón v.

Supermercado Grande, res. 24 de enero de 2006, 166 D.P.R.

___, 2006 T.S.P.R. 12; Bacó v. A.N.R. Construction, res, 23

de septiembre de 2004, 162 D.P.R. ___, 2004 T.S.P.R. 154;

Elba A.B.M. v. U.P.R., ante. Véase además, Castán Tobeñas,

Derecho español, común y foral, Ed. Reus, Madrid, 1993,

Vol. 4, 15ta ed., pág. 942, nota 1; Puig Brutau,

Fundamentos de Derecho civil, Ed. Bosch, 1984, Tomo II,

vol. 3, pág. 80. CC-2005-199 14

La existencia de un “deber jurídico de actuar” es

presupuesto indispensable para que se configure la causa de

acción por omisión. “[H]ay que entender que todos los

posibles comportamientos omisivos que se hayan producido en

el universo mundo, no pueden entrar en juego como factores

determinantes de una daño indemnizable.” L. Díez Picazo,

Derecho de Daños, Ed. Civitas, Madrid, 1999, pág. 288. De

ahí que Díez Picazo postule, con acierto, que la omisión

sólo será fuente de responsabilidad “si existe un especial

deber legal o negocial de obrar . . . .” (Énfasis

nuestro.) Íbid, pág. 290. En otras palabras, da lugar a

la indemnización de daños cuando “exista por virtud de la

ley o un negocio jurídico el deber de practicar el acto

omitido.” Íb., pág. 289. Véase Elba A.B.M., supra, pág.

308; Santiago Colón, supra. Por lo tanto, si existe una

disposición legal que tenga por objeto la protección de

otra persona, quien esté llamado a brindar tal protección,

tiene un deber afirmativo de actuar y si lo incumple y como

resultado de ello ocurre un daño, tendrá la obligación de

reparar el mismo.

De otra parte, es menester señalar que en toda

reclamación instada bajo el Art. 1802, el factor de la

previsibilidad es un elemento esencial. Pons Anca v.

Engebretson, res. 30 de septiembre de 2003, 160 D.P.R.

____, 2003 T.S.P.R. 150; Elba A.B.M., supra, pág. 309;

Baralt v. E.L.A., 83 D.P.R. 277 (1961). El grado de

previsibilidad requerido en cada caso ha de variar en CC-2005-199 15

función al estándar de conducta que aplique. El deber de

cuidado del empresario incluye tanto la obligación de

anticipar el daño, así como la de evitar que éste ocurra,

cuando la probabilidad de su ocurrencia es razonablemente

previsible. Pons Anca v. Engebretson, supra. Para

determinar si el resultado era razonablemente previsible es

preciso acudir a la figura de la mujer o el hombre prudente

y razonable, que es aquélla que actúa con el grado de

cuidado, diligencia, vigilancia y precaución exigido por

las circunstancias. Monllor Arbola v. Sociedad de

Gananciales, 138 D.P.R. 600, 604 (1995).

Así también, para que exista responsabilidad por un

daño causado por la negligencia de otro es necesario que

entre ésta y aquél exista una relación causal; y, para que

exista esta relación causal es necesario que el daño

ocasionado haya sido previsible y evitable, de haberse

realizado a tiempo la acción omitida. Montalvo Feliciano

v. Cruz Concepción, 144 D.P.R. 748, 759 (1998) y casos allí

citados. “Un daño parece ser el resultado natural y

probable de un acto negligente si después del suceso, y

mirando retroactivamente el acto que se alega ser

negligente, tal daño aparece como la consecuencia razonable

y ordinaria del acto.” Toro Aponte v. E.L.A., 142 D.P.R.

464, 474 (1997).

Luego de establecido el marco doctrinal, apliquemos el

mismo a los hechos del caso de auto. CC-2005-199 16

Indicamos anteriormente que la existencia de un deber

jurídico de actuar es presupuesto imprescindible a la hora

de imponer responsabilidad en daños por la omisión de

actuar. El reconocimiento de la existencia de tal deber,

es esencialmente un asunto de lo justo y refleja los

estándares contemporáneos de conductas aceptables para la

sociedad abierta, democrática y pluralista en que vivimos.

El deber así reconocido por lo tanto, constituye una

expresión social de qué comportamiento es contrario a los

valores que estimamos apreciables, por lo que se justifica

que el quebrantamiento de esa política social genere

responsabilidad civil extracontractual. “El Derecho

representa no sólo lucha contra la injusticia, sino también

por más justicia. De allí que bienes e intereses valiosos

deben protegerse jurídicamente antes de todo daño.”

(Énfasis nuestro.) M. Zavala de González, Actuaciones por

daños, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2004, pág. 239.

No hay duda que nuestra sociedad, aunque lentamente,

ha ido reconociendo los efectos perniciosos del

hostigamiento sexual, muy en particular en el taller de

empleo. Después de todo, el acoso sexual tiene un efecto

perturbador no solo emocionalmente para la persona

afectada, sino también para su rendimiento y satisfacción

con el trabajo. El hostigamiento sexual es, ante todo, una

de las manifestaciones típicas de la violencia de género,

reflejo de discrimen y de desigualdad. CC-2005-199 17

Aquellos comportamientos que en el pasado eran

aceptables como por ejemplo, las bromas, alusiones,

comentarios o insinuaciones de carácter sexual hechas en el

taller de empleo, ya no lo son. A medida que ello ha ido

ocurriendo, observamos una progresiva traslación de ámbitos

que se entendían propios de lo privado a la esfera pública,

con la consecuente imposición de obligaciones legales de

carácter imperativo dirigidas a desterrar el hostigamiento

sexual del entorno de trabajo. “El hostigamiento sexual es

un problema real y su impacto es devastador no sólo en

aquellos aspectos relacionados directamente con la víctima

misma sino también con el patrono y con la sociedad.” R.

Ortega-Vélez, Hostigamiento sexual en el empleo, Ediciones

Scisco, San Juan, 1998, pág. 5. Véase además, M.C. Díaz

Descalzo, “El acoso sexual en el trabajo”, en E. Ruiz Pérez

(coordinadora), Mujer y Trabajo, Ed. Bimarzo, España, 2003,

págs. 179-203.

Nadie pone en duda que en Puerto Rico existe una clara

política pública que proscribe el hostigamiento sexual en

el lugar de empleo. De ahí que la Asamblea Legislativa

aprobara la Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo, Ley

Núm. 17 de 22 de abril de 1988, 29 L.P.R.A. secs. 155 et

seq. Al enunciar esa política pública se indicó que “el

hostigamiento sexual en el empleo es una forma de discrimen

por razón de sexo y como tal constituye una práctica ilegal

e indeseable que atenta contra el principio constitucional CC-2005-199 18

establecido de que la dignidad del ser humano es

inviolable.” 29 L.P.R.A. sec. 155.

La Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo le impone

al patrono la obligación afirmativa de velar por la

prevención, prohibición y erradicación del hostigamiento

sexual en el empleo; así como también le impone el deber de

tomar acciones inmediatas y apropiadas para corregir

cualquier situación de esta índole que se le presente.

Delgado Zayas v. Hosp. Interamericano, 137 D.P.R. 643, 652

(1994). Así, la ley le impone al patrono la

responsabilidad de velar porque el taller de trabajo sea

seguro erradicando toda conducta constitutiva de

hostigamiento sexual. 18

Es incuestionable entonces, que Televicentro tiene el

deber de prevenir, prohibir y erradicar el hostigamiento

sexual en su entorno. De ahí, que en cumplimiento de esa

obligación en ley, ésta circulara un memorando a todos sus

empleados reiterando su compromiso de mantener un ambiente

18 La Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988 (“Ley Núm. 17”), 29 L.P.R.A. secs. 155 et seq., sólo reconoce una causa de acción cuando el hostigamiento se da entre empleados y cuando un tercero, bajo el control del patrono, hostiga a un empleado, por lo cual no cabe hablar en este caso de que se configuró una violación a la Ley Núm. 17. 29 L.P.R.A. secs. 155, e, f. Ahora bien, ello no significa que toda referencia a dicha ley sea innecesaria o desatinada como parece sostener la Opinión del Tribunal. La referencia a dicha ley obedece a que la misma ejemplifica diáfanamente, la sabia política pública que prevalece en nuestro ordenamiento y que proscribe el acoso sexual; y como tal, impone un deber de conducta más allá del estatutario, a todo patrono. Deber que conlleva la no tolerancia de todo acto que suponga acercamientos sexuales no deseados, de cualquier índole. Máxime cuando existen normas escritas del patrono, informadas a los empleados, proscribiendo el acoso sexual. CC-2005-199 19

libre de todas las formas de intimidación y hostigamiento,

incluyendo el hostigamiento sexual. En este abarcador

documento se definió el hostigamiento sexual como cualquier

acercamiento sexual no deseado, solicitud de favores

sexuales y/o conductas verbales o físicas de naturaleza

sexual que a los ojos de una persona razonable crean una

atmósfera ofensiva y hostil en el trabajo. Las sanciones

dispuestas en el memorando consistían en reprimenda escrita

y/o suspensión sin paga en casos de primeras ofensas y, si

las actuaciones eran repetidas o mayores, el empleado

podría ser despedido.

Ahora bien, a pesar de la clara política de la

compañía de prohibir el hostigamiento sexual, ésta omitió

actuar de una forma razonable para prevenir o evitar el

daño que causara su empleado a la peticionaria. No es

suficiente para descargar la obligación de mantener un

taller de trabajo donde no prive el hostigamiento sexual,

protegiendo así al empleado y a todo el que viene en

contacto con éste, la mera formulación de preceptos

reglamentarios si se hace caso omiso a los mismos y a las

directrices que se imparten.

Cabe recordar que en este caso, luego de que el

camarógrafo de Televicentro incurriera en conducta

violatoria de la política pública establecida por la propia

entidad al intentar besar a una maquillista de la compañía,

ésta última meramente se limitó a indicarle verbalmente que CC-2005-199 20

no lo hiciera más y que debía evitar todo contacto con las

empleadas de la estación en un futuro.19

La actitud de Televicentro se revela poco eficaz para

atajar una conducta que a todas luces era contraria a la

política de la compañía respecto el hostigamiento sexual.

Ésta omitió actuar de una forma razonable para prevenir o

evitar en el futuro este tipo de actuación; fue más lo que

dejó de hacer que lo que hizo. Adviértase, que en el

memorando circulado por la estación televisiva sobre el

hostigamiento sexual, se indicaba tajantemente que

“cualquier forma de hostigamiento ilícito no será

tolerada.” Establecía dicho memorando que la primera

19 Aquí la posición asumida por los miembros de la mayoría nos parece muy desafortunada. La Opinión minusvalora el incidente anterior al destacar que la maquillista nunca se querelló de lo ocurrido. Parecería entonces sostener que la conducta reiterada de un empleado no puede ser considerada a la hora de fijar responsabilidad si no ha habido una querella formal previa en su contra, aunque el patrono sepa de la conducta como en efecto, sucedió en este caso. No podemos avalar tal interpretación. Por otro lado, los miembros de la mayoría obvian las siguientes determinaciones de hecho del tribunal de instancia, que ya señalamos, a saber: que luego del incidente con la maquillista, Televicentro le indicó verbalmente al señor Vélez que “evitara el contacto y los besos con las empleadas”; que éste a su vez “acató” la directriz; y que la propia estación hizo referencia al incidente anterior al tomar medidas disciplinarias contra Vélez luego del incidente con la señora Hernández Vélez. En cuanto a esto último, la pregunta forzada es por qué Televicentro iba a admitir la ocurrencia de un incidente que catalogó de carácter sexual, si ello no hubiera ocurrido. En última instancia, la Opinión mayoritaria sustituye el criterio de la jueza de instancia que vio y escuchó los testigos, adjudicó credibilidad y fijó responsabilidades luego de aquilatar la prueba desfilada, por el propio. Ésta concluyó que el señor Vélez estuvo involucrado en “un incidente de carácter sexual con una maquillista” y no había sido sancionado por ello. CC-2005-199 21

ofensa podía dar margen a una reprimenda escrita e

inclusive una suspensión sin paga. Más sin embargo,

confrontada con una violación a sus normas Televicentro se

limitó a indicarle al ofensor verbalmente que no podía

volver a incurrir en esa conducta, sin más.

De otro lado, fue la propia estación la que asignó al

camarógrafo Vélez a trabajar con la peticionaria a pesar

que se le había indicado a Vélez que debía evitar todo

contacto con las empleadas de la estación. Si bien es

cierto que la peticionaria no era propiamente empleada de

Televicentro, no es menos cierto que el trabajo de ésta

redundaba en beneficio para Televicentro y que era la

práctica de la estación ofrecer sus camarógrafos a J & K

Enterprises para grabar los segmentos de este programa.

Este curso de acción se nos presenta poco previsor desde la

perspectiva de la persona prudente y razonable que actúa

con el cuidado, la diligencia y la precaución requerida

para evitar actuaciones como las que ocurrieron entre Vélez

y la peticionaria.

Hemos indicado que es deber de todo patrono no tan

sólo anticipar el daño, sino también evitar que éste ocurra

cuando es razonablemente previsible la ocurrencia del

mismo.20 Sobre el empresario recae el deber de vigilar que

20 Aquí nuevamente diferimos del criterio mayoritario. El Tribunal sostiene que, aun asumiendo que Televicentro hubiese sancionado al señor Vélez luego del incidente con la maquillista, ello no hubiera evitado el incidente posterior. Indica el Tribunal: “Asumiendo, nuevamente a los fines de la argumentación, que Televicentro hubiera emitido una reprimenda respecto a Vélez y/o incluso, lo CC-2005-199 22

las circunstancias en que se realice el trabajo no mengüen

la dignidad humana y la intimidad del trabajador. El

empleador tiene que velar porque en el trabajo se respeten

estos derechos, los que son en última instancia, principios

esenciales de sana convivencia y respeto mutuo.

De esta suerte, todo patrono tiene la obligación o el

deber, de asegurar un ambiente de trabajo seguro donde no

se tolere el hostigamiento sexual en cualquiera de sus

manifestaciones en protección de sus empleados y de los que

advienen en contacto con éstos. Para ello se requiere

tomar las medidas afirmativas necesarias y apropiadas para

evitar y erradicar este tipo de actuación en el taller de

empleo y proteger así a las personas que allí laboran.

Este deber de proteger contra el hostigamiento sexual surge

por virtud de ley así como también porque ése es el

estándar de conducta exigible en una sociedad como la

nuestra donde la dignidad y la honra del ser humano son

valores preciados.

hubiere suspendido: ¿dicha acción disciplinaria hubiera evitado la ocurrencia del incidente con la demandante Hernández Vélez? La contestación en la negativa es mandataria; su conducta criminal era totalmente imprevisible.” (Énfasis en original). Opinión, pág. 21. Cabe destacar que en este caso no se dilucida controversia alguna de naturaleza “criminal”. Se trata de determinar la responsabilidad civil que pueda recaer sobre un patrono por sus propias acciones u omisiones, advertido como fue, de que un empleado ha quebrantado las normas de conducta aceptables en el taller de empleo. Pero más importante, nos tenemos que preguntar si la consecuencia de lo que sostiene la mayoría es que las sanciones a los empleados en casos de hostigamiento sexual son innecesarias pues no hay certeza que tendrían efecto disuasivo alguno. Parece evidente que no podemos compartir tal criterio. CC-2005-199 23

Somos del criterio que en el caso de epígrafe

Televicentro, advertida de la conducta del camarógrafo

Vélez con una de las maquillistas de la estación, omitió

tomar las diligencias exigibles para prevenir ese tipo de

actuación en un futuro; como resultado de tal omisión, era

previsible que acaeciesen eventos como el que dio margen a

la reclamación de epígrafe. En vista de ello, Televicentro

responde por sus propias omisiones, es decir por su propia

negligencia.21 Cf., Martínez Gómez v. Chase Manhattan

Bank, 108 D.P.R. 515 (1979).

Por los fundamentos antes expuestos, entiendo procedía

revocar la sentencia del Tribunal de Apelaciones donde se

eximía de responsabilidad a Televicentro de Puerto Rico.

Soy de opinión que Televicentro responde frente a la

peticionaria por sus propias omisiones negligentes en

virtud del Art. 1802 del Código Civil, lamentablemente una

mayoría de los miembros de este Tribunal entiende lo

contrario.

Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada

21 Sorprende por demás que, advertida Televicentro de las acciones de Vélez en este caso, y con una recomendación de la Directora de Recursos Humanos de que éste fuera suspendido de empleo habida cuenta de su historial, el patrono optara por meramente enviar una carta de reprimenda. Esta actitud relajada de parte del patrono poco abona a adelantar la política de cero tolerancia al hostigamiento sexual en el empleo que éste pregona.