Fraguada Bonilla v. Hospital Auxilio Mutuo

2012 TSPR 126

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: August 13, 2012
• Docket: CC-2009-918
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Daniel Fraguada Bonilla y Otros Certiorari Recurridos 2012 TSPR 126 v. 186 DPR ____ Hospital Auxilio Mutuo, Dr. Manuel Anguita, y otros

Peticionarios

Número del Caso: CC-2009-918

Fecha: 13 de agosto de 2012

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan

Abogada de la Parte Peticionaria:

Lcda. Maritza López Camuy

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Wilfredo Zayas Nieves Lcda. Zedided Ortiz Martínez Lcdo. José A. González Villamil

Materia: Daños y Perjuicios – Art. 1802 Código Civil – Interrupción del Término prescriptivo en reclamaciones cuando hay varios co-causantes; revocación de la norma de Arroyo v. Hospital La Concepción sobre interrupción del término en estas situaciones

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Daniel Fraguada Bonilla, y otros

Recurridos Certiorari CC-2009-918 v.

Hospital Auxilio Mutuo, Dr. Manuel Anguita, y otros

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ

San Juan, Puerto Rico, a 13 de agosto de 2012.

Hoy tenemos ocasión para examinar nuestra

normativa sobre la interrupción del término

prescriptivo en situaciones en las que concurren

múltiples causantes de un daño extracontractual.

Para ello, debemos determinar si procede

distinguir entre los efectos de la solidaridad

pactada o de vínculo prexistente y los de la

solidaridad que surge cuando son varios los

causantes de un daño extracontractual.

I

El 2 de mayo de 2002 los familiares de la

Sra. Hilda Pérez presentaron una demanda de daños

y perjuicios contra el Hospital Auxilio Mutuo y CC-2009-918 2

el Dr. Manuel Anguita.1 En la demanda también se incluyeron

a John Doe y a Richard Roe como demandados desconocidos. Se

alegó que eran solidariamente responsables en la

eventualidad de que se determinara que incurrieron en

negligencia.2 Posteriormente, la demanda fue enmendada para

incluir ciertas alegaciones. En conjunto, los demandantes

adujeron que el 14 de enero de 2000 el Dr. Manuel Anguita

operó a la señora Pérez y encontró que el intestino de ella

estaba obstruido. Luego de la operación, el personal del

hospital le colocó un tubo nasogástrico a la paciente de

sesenta años de edad. Una enfermera procedió a realizarle

un estudio llamado Turner y le inyectó un líquido a través

del referido tubo sin alegadamente cerciorarse si éste se

1 Los familiares demandantes son los siguientes: el Sr. Daniel Fraguada Bonilla, el Sr. Héctor L. Fraguada Pérez, la Sra. Ana Hilda Fraguada Pérez, la Sra. María de los Ángeles Fraguada Pérez, el Sr. Carlos Daniel Fraguada Pérez y el Sr. Ángel G. Osorio Fraguada.

Es necesario aclarar que en el caso ante nos no es de 2

aplicación la Regla 15.4 de las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. III R. 15.4, sobre parte demandada de nombre desconocido. Como es sabido, el solo hecho de incluir en una demanda la mención de un nombre ficticio para un demandado no hace que sea de aplicación automática la Regla 15.4, supra. Esta regla exige que se exponga la reclamación específica y que se conozca la identidad del demandado.

Al examinar la alegación incluida en la demanda nos percatamos que es una en extremo sucinta; no se expuso una reclamación de manera específica como requiere la Regla 15.4, supra. Estamos ante una situación de demandado desconocido, por lo que no es de aplicación la citada regla. Aun en el supuesto de que nos encontráramos ante un caso de demandado de nombre desconocido, los demandantes no cumplieron con la exigencia de la Regla 15.4, supra, de realizar la enmienda correspondiente con toda prontitud al descubrirse el nombre verdadero. CC-2009-918 3

encontraba en el estómago. Los demandantes alegaron que en

ese momento la señora Pérez comenzó a gritar.

Posteriormente desarrolló un cuadro de dificultad

respiratoria y hubo que entubarla. Meses después, el 1 de

julio de 2000, la paciente murió. Con acopio de todas estas

alegaciones los demandantes señalaron que la señora Pérez

falleció debido a las actuaciones negligentes del Hospital

Auxilio Mutuo y de su personal, al fallar en brindarle un

tratamiento médico adecuado.3

Seis años después de iniciado el pleito, los

demandantes realizaron una solicitud para enmendar la

demanda a los fines de incluir a otros presuntos

cocausantes del daño. Específicamente, solicitaron traer al

pleito al Dr. Noel Totti y al Dr. Octavio Mestre.4 Luego de

que el Tribunal de Primera Instancia concediera la enmienda

solicitada, el 21 de mayo de 2008 los demandantes

enmendaron la demanda. Fue entonces cuando el doctor Mestre

Morera y el doctor Totti se enteraron que tanto ellos como

3 El 18 de mayo de 2006 se concretó un acuerdo de transacción. Los demandantes convinieron desistir de la reclamación en cuanto al Hospital Auxilio Mutuo y éste se obligó a pagarles $70,000. El 25 de octubre de 2006 el Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia parcial mediante la cual dispuso del asunto según el acuerdo transaccional habido entre estas partes. 4 En esta solicitud, la parte demandante alegó que como producto del descubrimiento de prueba había surgido información de que los mencionados doctores habían sido negligentes en el tratamiento médico brindado a la señora Pérez. La solicitud realizada en el 2008 para enmendar la demanda no fue una de sustitución o de indicación de nombres de demandados de nombres desconocidos, sino que fue a los fines de traer al pleito unos nuevos demandados. Además, en la demanda enmendada de 2008 permaneció la alegación de responsabilidad de los demandados Jonh Doe y Richard Roe que se había incluido en la demanda inicial. CC-2009-918 4

sus respectivas sociedades legales de gananciales eran

codemandados en un litigio entablado hace más de media

década. Los galenos, según alegaron los demandantes, le

colocaron el tubo nasogástrico a la señora Pérez de modo

negligente.

El doctor Mestre Morera presentó su contestación a la

demanda enmendada. Más adelante, y al corriente del

litigio, el médico interpuso una moción de sentencia

sumaria. En ella argumentó que la reclamación estaba

prescrita porque la parte demandante conocía de antemano su

identidad y su participación en el evento.5 Así, el doctor

acentuó que aunque la parte demandante estaba en posición

de ejercer su reclamo no fue hasta seis años después de

interpuesta la demanda original que presentaron la acción

en su contra. Aseguró que esa tardanza constituía una falta

5 La alegación sobre el conocimiento de los demandantes de la identidad de los galenos tiene como fundamento una deposición tomada a la codemandante, Sra. María de los Ángeles Fraguada Pérez, el 11 de julio de 2005, Apéndice, pág. 101. En ésta, la señora Fraguada Pérez —hija de la señora Pérez— hizo una relación cronológica y detallada de lo sucedido según su percepción. En específico, testificó que el día de los alegados hechos los doctores Mestre Morera y Totti llegaron a la habitación de la señora Pérez después de que ella le pidiera a la enfermera que consiguiera a un médico, porque su madre comenzó a toser luego de que le echaran un líquido a través del tubo nasogástrico para realizarle el examen. La codemandante sostuvo que escuchó a los doctores Mestre Morera y Totti ordenarse alternativamente retirar el tubo, porque éste se encontraba en el pulmón y podía causar una embolia. Íd. Además, el doctor Mestre Morera puntualizó que de todas formas desde el 12 de enero de 2005 los demandantes contaban con un informe de su perito que imputaba desviaciones en la colocación del tubo nasogástrico. Argumentó que si se tomara la fecha de la deposición como el momento del conocimiento de los demandantes sobre los elementos para ejercitar su causa de acción, aún habrían transcurrido tres años desde ese punto de inflexión en el tiempo hasta que finalmente se le reclamó. CC-2009-918 5

crasa de diligencia de la parte demandante en ejercitar su

causa de acción, por lo que la reclamación en su contra

debía ser desestimada.

Los demandantes presentaron su oposición a la moción de

sentencia sumaria del doctor Mestre Morera. No justificaron

la dilación para reclamarle luego de seis años, pero

señalaron que aunque su participación fue menor que la de

los otros galenos, desde el momento en que presentaron la

demanda original se interrumpió el término prescriptivo

contra cualquier médico que fuera negligente en el

tratamiento brindado a la señora Pérez.6

Evaluadas las posturas de las partes, el Tribunal de

Primera Instancia emitió una resolución en la que declaró

“no ha lugar” la moción de sentencia sumaria. Inconforme

con ese dictamen, el doctor Mestre Morera presentó un

recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.

Posteriormente, el foro apelativo intermedio emitió una

resolución en la que denegó expedir el recurso. Fundamentó

su determinación en la norma recogida en Arroyo v. Hospital

La Concepción, 130 D.P.R. 596 (1992).

Nuevamente inconforme, el doctor Mestre Morera recurrió

ante nos por medio de un recurso de certiorari. En lo

pertinente, señaló que el Tribunal de Apelaciones incidió

al concluir que la reclamación presentada seis años después

de la demanda original no estaba prescrita. Arguyó que de

6 En esta oposición a sentencia sumaria la parte demandante aseguró que alegada discusión entre los doctores Mestre Morera y Totti se realizó en presencia de los familiares. CC-2009-918 6

acuerdo a la teoría cognoscitiva del daño el término para

entablar la reclamación había expirado, pues los

demandantes conocían de antemano su identidad y el resto de

los elementos necesarios para poder ejercitar su causa de

acción. El médico cuestionó que mediante un mero formalismo

procesal sin trámite ulterior, la parte demandante quedara

relevada de su deber de actuar de modo diligente y oportuno

en el reclamo de sus derechos.

Inevitablemente nos convoca a revocar la norma pautada

en Arroyo v. Hospital La Concepción, 130 D.P.R. 596 (1992),

sobre la interrupción automática e indefinida del término

prescriptivo en contra de los alegados cocausantes

solidarios de un daño que no fueron incluidos en la demanda

original. En su lugar, propone que adoptemos la doctrina de

la obligación in solidum.

El 16 de abril de 2010 concedimos un término a los

demandantes para que mostraran causa por la cual no

debíamos expedir el auto de certiorari y revocar la

determinación del Tribunal de Apelaciones. Han comparecido.

Con el beneficio de las diferentes posturas, procedemos a

resolver.

II

A.

La prescripción es una institución que extingue un

derecho por la inercia de una parte en ejercerlo durante un

periodo de tiempo determinado. Reiteradamente hemos

explicado que la prescripción extintiva es una figura de

naturaleza sustantiva y no procesal, la cual se rige por CC-2009-918 7

los principios de nuestro Código Civil. Serrano Rivera v.

Foot Locker Retail Inc., res. el 15 de agosto de 2011, 182

D.P.R. ___ (2011); COSSEC et al. v. González López et al.,

179 D.P.R. 793, 805 (2010); Santos de García v. Banco

Popular, 172 D.P.R. 759, 766 (2007). Ésta aplica como

cuestión de derecho con el transcurso del tiempo, a menos

que ocurra alguno de los supuestos previstos en nuestro

ordenamiento jurídico. COSSEC et al. v. González López et

al., supra, págs. 805-806; Santos de García v. Banco

Popular, supra, pág. 766. A esos efectos, el Art. 1873 del

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5303, establece que la

prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio

ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del

acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda

por el deudor.7

Los términos prescriptivos buscan castigar la inercia y

estimular el ejercicio rápido de las acciones. COSSEC et

al. v. González López et al., supra, pág. 806; Campos v.

Cía. Fom. Ind., 153 D.P.R. 137, 143 (2001). El objetivo de

éstos es promover la seguridad en el tráfico jurídico y la

estabilidad de las relaciones jurídicas. Íd. Hemos señalado

que la existencia de los términos prescriptivos responde a

una política firmemente establecida para la solución

expedita de las reclamaciones. Campos v. Cía. Fom. Ind.,

supra, pág. 143. De esta forma se evitan las sorpresas que

genera la resucitación de reclamaciones viejas, además de

7 También son relevantes en cuanto a la prescripción los Arts. 1094, 1868 y 1874 (31 L.P.R.A. secs. 3105, 5298 y 5304). CC-2009-918 8

las consecuencias inevitables del transcurso del tiempo,

tales como: pérdida de evidencia, memoria imprecisa y

dificultad para encontrar testigos. Íd., pág. 144. Esta

figura está basada en “la experiencia humana de que las

reclamaciones válidas se accionan inmediatamente y no se

abandonan”. Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 127 D.P.R.

943, 950 (1991). Al respecto, el transcurso del periodo de

tiempo establecido por ley, sin reclamo alguno por parte

del titular del derecho, origina una presunción legal de

abandono. Véase, Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R.

740, 752 (1992).

Como bien es sabido, las obligaciones que nacen de la

culpa o la negligencia se rigen por lo dispuesto en el Art.

1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141, el cual

establece que quien “por acción u omisión causa daño a

otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a

reparar el daño causado”. El término prescriptivo de estas

acciones es de un año según dispuesto por el Art. 1868 del

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5298. La brevedad de este

plazo responde a la inexistencia de una relación jurídica

previa entre el demandante y el demandado. Culebra

Enterprises Corp. v. E.L.A., supra, págs. 951-952. En

particular, el mencionado término prescriptivo busca

fomentar el establecimiento oportuno de las acciones, en

aras de asegurar que el transcurso del tiempo no confundirá

ni borrará el esclarecimiento de la verdad en sus

dimensiones de responsabilidad y evaluación de la cuantía. CC-2009-918 9

Campos v. Cía. Fom. Ind., supra, pág. 143; Culebra

Enterprises Corp. v. E.L.A., supra, pág. 950.

De acuerdo con la teoría cognoscitiva del daño, este

término prescriptivo comienza a transcurrir cuando el

reclamante conoció, o debió conocer que sufrió un daño,

quién se lo causó y los elementos necesarios para poder

ejercitar efectivamente su causa de acción. Véanse, COSSEC

et al. v. González López et al., supra; Toledo Maldonado v.

Cartagena Ortiz, 132 D.P.R. 249, 254-255 (1992); Colón

Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232, 247 (1984). Empero,

reiteradamente hemos expresado que “si el desconocimiento

se debe a falta de diligencia, entonces no son aplicables

estas consideraciones sobre la prescripción”. COSSEC et al.

v. González López et al., supra.

B.

Las obligaciones pueden ser clasificadas de acuerdo a

los sujetos que componen la relación. Así, existen

obligaciones mancomunadas y solidarias. En las obligaciones

mancomunadas la deuda puede ser dividida y cada deudor ha

de cumplir con su parte de forma independiente. J. Castán

Tobeñas, Derecho Civil Español, 10ma ed., Madrid, Ed. Reus,

1967, T. III, pág. 107. En las obligaciones solidarias cada

acreedor tiene derecho a pedir y cada deudor tiene el deber

de realizar íntegramente la prestación debida. Íd.

La regla que impera en materia de derecho civil es que

la solidaridad no se presume. El Art. 1090 del Código

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3101, establece que la concurrencia

de dos o más deudores en una sola obligación no implica que CC-2009-918 10

cada uno de éstos deba prestar íntegramente las cosas

objeto de la misma. Este artículo establece la mancomunidad

como la regla y la solidaridad como la excepción, surgiendo

esta última sólo cuando la obligación expresamente lo

determine.

En materia de responsabilidad extracontractual, en Cruz

v. Frau, 31 D.P.R. 92, 100 (1922), establecimos que cuando

se ocasiona un daño por la negligencia concurrente de

varias personas, el descuido de éstas es la causa próxima

del accidente y todas son responsables de reparar el mal

causado. Luego, en Cubano v. Jiménez et al., 32 D.P.R. 167,

170 (1923), este Tribunal expresó que “la tendencia de la

jurisprudencia ha sido declarar in solidum la

responsabilidad de los varios demandados”.

No obstante nuestras expresiones anteriores, ante la

interrogante de la existencia del derecho a contribución en

nuestro ordenamiento jurídico, en García v. Gobierno de la

Capital, 72 D.P.R. 138, 148-149 (1951), extendimos

jurisprudencialmente la aplicación de los Arts. 1094, 1098

y 1874 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3105, 3109,

5304, referentes a los efectos de la solidaridad, a los

casos de daños y perjuicios. Como paso previo a dicha

conclusión, expresamos, tal vez por el borde exterior de la

claridad, que quienes ocasionan un daño son responsables

solidariamente ante el agraviado por la sentencia que en su

día le resulte favorable a éste. García v. Gobierno de la

Capital, supra, págs. 146-147. CC-2009-918 11

Más adelante tuvimos ocasión para aclarar nuestros

pronunciamientos sobre la doctrina de solidaridad. En

Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, reiteramos que “lo

dispuesto en el Art. 1090 del Código Civil, 31 L.P.R.A.

sec. 3101, respecto a la no presunción de la solidaridad,

no aplica en materia de responsabilidad extracontractual”.

Íd., pág. 605. Pero más importante aún, movidos

principalmente por la doctrina española de aquel entonces

—1992—, en ese caso preferimos no hacer distinción entre

distintos tipos de solidaridad —perfecta e imperfecta— y

sostuvimos jurisprudencialmente que la solidaridad en

nuestro ordenamiento tenía un carácter homogéneo, por lo

que le eran de aplicación tanto los efectos primarios como

los secundarios. En consecuencia, resolvimos que la

presentación a tiempo de una demanda por parte de un

perjudicado contra un coautor solidario interrumpe

automáticamente el término prescriptivo contra todos los

demás cocausantes del daño. Señalamos que con una enmienda

a la demanda o una demanda contra tercero se puede

incorporar en el pleito a los alegados cocausantes

solidarios del daño no incluidos originalmente, y que el

reclamante sólo debe alegar bien y suficientemente que el

nuevo demandado responde solidariamente por los daños. Con

ello, en ese caso permitimos que se trajera al pleito a

varios codemandados cuatro años después de presentada la

demanda inicial.

Posteriormente resolvimos García Pérez v. Corp. Serv.

Mujer, 174 D.P.R. 138, 155 (2008), el cual tuvo la CC-2009-918 12

singularidad de que la demandante conocía de antemano la

identidad y los elementos necesarios para poder ejercitar

su causa de acción contra una presunta coautora solidaria,

pero no la incluyó en la demanda original.8 No fue hasta

tres años más tarde que la perjudicada enmendó la demanda

para incluirla como cocausante solidaria del daño.9 En esa

ocasión reiteramos la norma de Arroyo v. Hospital La

Concepción, supra, y decidimos que como en la demanda

enmendada se alegó que la nueva codemandada respondía

solidariamente por todos los daños causados, el término

prescriptivo quedó interrumpido con la presentación inicial

de la demanda. Íd., pág. 159.

Según mencionamos, en Arroyo v. Hospital La Concepción,

supra, acogimos la interpretación de la doctrina y de la

jurisprudencia española vigentes en esa época. El tiempo ha

discurrido y no han sido pocos los cambios acaecidos desde

entonces. La interpretación admitida en el aludido caso fue

abandonada en España desde hace ya varios años, y en su

lugar se acogió la doctrina francesa que distingue entre

dos tipos de solidaridad: perfecta e imperfecta.

III

Nos corresponde resolver si debe mantenerse vigente la

normativa establecida sobre prescripción en acciones de

daños y perjuicios. En particular, si la interposición de

una demanda por responsabilidad civil extracontractual

8 Tampoco incluyó al Estado Libre Asociado (E.L.A.) como alegado responsable solidario. 9 En esa oportunidad también incorporó al E.L.A. como parte codemandada. CC-2009-918 13

contra un alegado cocausante solidario interrumpe el

término prescriptivo contra el resto de los presuntos

cocausantes. Para ello, analizamos si debemos integrar una

distinción entre los casos de solidaridad pactada o de

vínculo prexistente —conocido como solidaridad propia o

solidaridad perfecta— y los casos de solidaridad cuando son

varios los responsables de un daño extracontractual

—conocida como solidaridad impropia o solidaridad

imperfecta—. De admitirse esta distinción, el efecto

interruptor del Art. 1874 del Código Civil, 31 L.P.R.A.

sec. 5304, aplicaría a los casos de solidaridad propia,

pero no se extendería al ámbito de la responsabilidad civil

extracontractual cuando son varios los cocausantes

condenados judicialmente.10

El estudio ponderado de las obligaciones derivadas de

la responsabilidad por daños extracontractuales requiere un

examen histórico de su naturaleza y extensión.

La palabra solidaridad proviene del latín in solidum,

la cual se define como la totalidad de una suma. A.

Blánquez Fraile, Diccionario Latino-Español, Español-

Latino, Barcelona, Ed. Ramón Sopena, S.A., 1985, T. II,

pág. 1460. La institución de la obligación in solidum

proviene a su vez del Derecho romano. Éste reconoció en

toda su extensión la división entre las obligaciones 10 El Art. 1874 de nuestro Código Civil dispone, en lo pertinente, que “[l]a interrupción de la prescripción de acciones en las obligaciones solidarias aprovecha o perjudica por igual a todos los acreedores o deudores”. 31 L.P.R.A. sec. 5304. CC-2009-918 14

mancomunadas y solidarias según se diera o no la

distribución de la responsabilidad entre las partes. J. R.

León Alonso, La Categoría de la obligación in solidum,

Sevilla, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1978,

pág. 51. Las obligaciones con pluralidad de sujetos eran

consideradas solidarias siempre que no existiera pacto

entre las partes. C. Gómez Ligüerre, Solidaridad y Derecho

de daños. Los límites de la responsabilidad colectiva,

(s.l.), Thomson, Civitas, 2007, pág. 79. La solidaridad

romana permitía que el acreedor pudiera exigir el

cumplimiento íntegro de la obligación a cualquiera de los

deudores.

Desde el 286 a.C., a través de la Ley Aquilia, los

romanos proveyeron un régimen para las situaciones en las

que concurrían varios causantes de un daño. Gómez Liguerre,

op. cit. pág. 81. Conforme a éste, la víctima podía

reclamar la totalidad de la indemnización a cualquiera de

los declarados responsables. Íd.

Las obligaciones en el Derecho romano se presumían

solidarias. La mancomunidad era la excepción, y se aplicaba

cuándo era convenida entre las partes o cuando la

obligación era divisible. Posteriormente, este razonamiento

fue invertido por el Derecho de Justiniano (527-565 d.C.),

el cual cambió la presunción: impuso la división de la

obligación como la regla y estableció la solidaridad sólo

cuando era pactada. Gómez Liguerre, op.cit., pág. 80. Era

un requisito ineludible que la reclamación fuera dirigida

contra todos los deudores a la vez. Íd., pág. 81. CC-2009-918 15

Desde su creación la solidaridad ha sido dividida de

acuerdo a la fuente de la cual emana. El Derecho romano

propuso la idea de distinguir entre dos clases de

obligaciones plurales: las obligaciones correales y las in

solidum. Véase: E. Petit, Tratado Elemental de Derecho

Romano (J.M. Rizzi, trad.), México, Ed. Editora Nacional,

1966, págs. 348-355. Aunque similares en apariencia, ambas

obligaciones se diferenciaban en su fuente u origen. J.

Cubides Camacho, Obligaciones, Ed. 5ta, Bogotá, D.C., 2007,

pág. 68. Íd. Las obligaciones in solidum provenían de

causas naturales —como las derivadas de la falta o del

delito común de los deudores—, y las obligaciones correales

procedían de causas voluntarias. E. Petit, op. cit., pág.

353-354. De igual forma, las obligaciones in solidum sólo

podían existir entre deudores, mientras que las correales

podían establecerse tanto entre deudores como entre

acreedores. Íd.

La regla de la no presunción de la solidaridad del

Derecho romano tuvo significativa influencia en la creación

de los códigos civiles de Francia y España. Empero, estos

códigos no establecen expresamente cómo responderán los

cocausantes de un daño extracontractual, por lo que ambos

países han suplido esta ausencia a través de la

jurisprudencia. En este aspecto nuestro Código Civil es

similar al de Francia y España.

En Francia, el Art. 1.202 de su Código Civil dispone

que la solidaridad no se presume, sino que deberá ser CC-2009-918 16

expresamente pactada. Como intimamos, el referido código

guarda silencio acerca de la obligación que debe existir en

casos de pluralidad de causantes de un daño.

En materia de responsabilidad general, la doctrina

francesa distingue entre dos tipos de efectos de la

solidaridad: los efectos primarios y los efectos

secundarios. Los primarios incluyen la unidad de la deuda y

la pluralidad de vínculos. Los secundarios son la

interrupción de la prescripción, la interrupción de la

mora, y la promesa de cumplimiento de todos los deudores

solidarios. Gómez Liguerre, op. cit., pág. 127. Esta

distinción es crucial en esa doctrina ya que los efectos

secundarios de la solidaridad no son aplicables al ámbito

de responsabilidad extracontractual.

Debido a que la solidaridad puede nacer de la ley o de

la voluntad de las partes, en Francia se hace una

distinción entre los casos de solidaridad perfecta y

aquellos en los cuales la solidaridad es imperfecta. La

solidaridad es considerada perfecta cuando es “entre varias

personas unidas por un interés común, que tienen entre sí

relaciones frecuentes o se conocen”. J. R. León Alonso, op.

cit., pág. 32. En cambio, es imperfecta cuando es

establecida mediante ley “entre personas que no se conocen,

que no son sino codeudores accidentales o cuando sus

relaciones son esporádicas”. Íd., págs. 32-33. CC-2009-918 17

Cuando la solidaridad es imperfecta surge una

obligación in solidum.11 De acuerdo a ésta, en los casos de

pluralidad de causantes cada uno de ellos responde por

entero, pero su responsabilidad es autónoma de la de los

otros. Á. Cristóbal Montes, Mancomunidad o solidaridad,

1985, ed. Bosch, Casa Editorial, S. A., Barcelona, pág. 36.

Ello, debido a que el vínculo del cual deriva la obligación

de cada cocausante es uno independiente. Íd. Por esto, la

doctrina francesa no considera tal obligación como una

solidaria regular, sino como in solidum. Aunque cada uno de

los cocausantes tiene la responsabilidad de pagar el todo,

los efectos secundarios de la solidaridad tradicional

—entre éstos, la interrupción del término prescriptivo— no

rigen. Esto significa que en las acciones de daños

extracontractuales el damnificado debe interrumpir

individualmente el término prescriptivo respecto a cada

cocausante solidario. Íd., pág. 38. Es decir, la oportuna

interposición de una demanda contra un cocausante solidario

de un daño extracontractual no interrumpe el término contra

el resto de los alegados autores.

En lo referente a la interrupción de la

prescripción, el Art. 1.206 del Código Civil francés

—similar al Art. 1874 de nuestro Código Civil, supra—

establece que “las acciones ejercidas contra uno de los

deudores solidarios interrumpe la prescripción con respecto

a todos ellos”. Código Civil Francés (Á. Núñez Iglesias,

11 Algunos tratadistas han atribuido a la doctrina francesa la creación de la obligación in solidum. J. R. León Alonso, op. cit., pág. 32. CC-2009-918 18

trad.), Madrid, Ed. Marcial Mons, 2005, pág. 552. Ahora

bien, la doctrina francesa no aplica este artículo al

ámbito extracontractual. Esto se debe principalmente a que

la solidaridad clásica es explicada en Francia como una

idea de representación mutua, que exige que todos estén

animados por una voluntad común. Véase, Gómez Liguerre,

op.cit., pág. 99. Ello no ocurre en los casos de

responsabilidad in solidum. En éstos, como no existe una

representación mutua debido a la ausencia de voluntad de

los copartícipes a obligarse conjuntamente, la obligación

que surge entre los cocausantes de un daño no es

considerada equiparable en toda su extensión a una

obligación solidaria propia.

La exclusión de los efectos secundarios de la

solidaridad de varios causantes de un daño extracontractual

se justifica por la ausencia de una comunidad de intereses

entre los coobligados. J. López Richart, Responsabilidad

Personal e Individualizada, Madrid, Ed. Dikinson, 2003,

pág. 40. No existe interés común ni mutua representación

porque la obligación in solidum no surge de un acuerdo o

pacto previo, sino de un evento no convencional. I. Sierra

Gil de la Cuesta, Tratado de Responsabilidad Civil, España,

Ed. Bosch, 2008, T. II, pág. 669.

En suma, en el ámbito extracontractual la doctrina

francesa considera que cuando coexisten varios causantes de

un daño extracontractual surge una obligación in solidum en

la cual no se producen los efectos secundarios de la

solidaridad. Para que la parte lesionada pueda conservar su CC-2009-918 19

acción contra los alegados cocausantes, debe interrumpir la

prescripción contra cada uno de ellos. Á. Cristóbal Montes,

op. cit., pág. 38.

C.

El Código Civil de España sigue el modelo del Código

Civil francés y no contempla de forma expresa el supuesto

obligacional que rige en casos de responsabilidad

extracontractual de varios causantes de un daño. Á.

Cristobal Montes, op. cit., pág. 29. El Art. 1.902 del

Código Civil español —similar al Art. 1802 de nuestro

Código Civil, supra— recoge la figura de la culpa

extracontractual. Por su parte, el Art. 1.137 del Código

Civil de España establece que la solidaridad no se

presume.12 Sin embargo, por interpretación judicial los

cocausantes de un daño extracontractual responden

solidariamente.

Para la época en que resolvimos Arroyo v. Hospital La

Concepción, supra, la norma vigente en España contemplaba

una solidaridad homogénea que aceptaba que la presentación

oportuna de una demanda por parte de un agraviado contra un

coautor solidario de daños y perjuicios, interrumpiera el

12 El Art. 1.137 del Código español —idéntico a nuestro Art. 1091, 31 L.P.R.A. sec. 3102— establece lo siguiente:

La concurrencia de dos o más acreedores o de dos o más deudores en una sólo obligación no implica que cada uno de aquéllos tenga derecho a pedir, ni cada uno de éstos deba prestar íntegramente, las cosas objeto de la misma. Sólo habrá lugar a esto cuando la obligación expresamente lo determine, constituyéndose con el carácter de solidaria. CC-2009-918 20

término prescriptivo contra los que posteriormente fueran

encontrados solidariamente responsables. Esto, pues no

había distinción entre la solidaridad nacida del pacto y la

solidaridad producto del daño ocasionado por varios

autores. Según mencionamos, esta normativa fue abandonada

en España. En su lugar, se incorporó la interpretación

francesa dominante que admite una distinción entre la

solidaridad propia y la impropia. De acuerdo a la norma

moderna en España, la solidaridad es propia cuando su

carácter se deriva de una norma legal o de un pacto

convencional, y es impropia cuando nace de la sentencia.

Véase S. 7 de junio de 2010, Núm. 521/2010.

La figura de la solidaridad impropia presentó “la

solución a uno de los problemas que plantea la

responsabilidad solidaria: la interrupción de la

prescripción”. Gómez Liguerre, op. cit., pág. 129. Ello,

debido a que la solidaridad impropia es una excepción a la

norma de interrupción de la prescripción. La figura

española es muy similar a la consolidada doctrina francesa

in solidum, vigente desde el siglo XIX. C. Gómez Ligüerre,

op. cit., pág. 125. Fue específicamente en la sentencia de

14 de marzo de 2003, S. de 14 de marzo de 2003, Núm.

3645/2003, que la jurisprudencia española integró la

aludida distinción. Los hechos de esa sentencia son los

siguientes. Un obrero demandó por daños y perjuicios a la

empresa para la cual trabajaba, a la entidad promotora de

la obra y al arquitecto director. Una sentencia absolvió a

este último, y en el acto condenó a los dos primeros a CC-2009-918 21

indemnizar al perjudicado. Éste no pudo percibir la

compensación debido a la insolvencia de los demandados y

procedió a demandar al arquitecto técnico y a sus compañías

aseguradoras. Los tribunales inferiores determinaron que la

acción estaba prescrita porque el Art. 1.974 del Código

Civil español no era de aplicación a esa causa de acción

extracontractual. El Tribunal Supremo de España confirmó el

dictamen luego de consultar a la Junta General de los

Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo, la

cual adoptó por amplia mayoría de votos el siguiente

acuerdo:

El párrafo primero del artículo 1.974 del Código Civil únicamente contempla efecto interruptivo en el supuesto de las obligaciones solidarias en sentido propio cuando tal carácter deriva de norma legal o pacto convencional, sin que pueda extenderse al ámbito de responsabilidad extracontractual cuando son varios los condenados judicialmente. S. de 14 de marzo de 2003, Núm. 3645/2003. (Énfasis nuestro).

Como ha de observarse, en la actualidad la

jurisprudencia española —al igual que la doctrina

francesa— considera que el efecto interruptor de la

prescripción que establece su Art. 1.974 aplica solamente a

los casos de solidaridad propia. Véanse: Sentencia de 14 de

marzo de 2003, Núm. 3645/2003; Sentencia de 4 de junio de

2007, Núm. 662/2007. Esto es, en el caso de España, cuando

tal carácter surge del pacto o la ley. Íd. No obstante, la

interrupción no se extiende a la solidaridad impropia

debido a que ésta es inexistente hasta el momento que surge

en virtud de una sentencia. Íd. Esta solidaridad no nace de CC-2009-918 22

un vínculo preexistente, sino del acto ilícito productor

del daño, el cual obtiene su reconocimiento por medio de la

sentencia que así lo declare. Íd. Por ello, los actos

interruptores operan individualmente. “[S]i la solidaridad

no nace sino de la sentencia, que es la llamada solidaridad

impropia, la interrupción de la prescripción respecto a uno

de los deudores no alcanza al otro, ya que no era deudor

solidario y sólo lo fue desde la sentencia que así lo

declaró, no antes”. S. de 4 de junio de 2007, Núm.

3645/2007; S. de 14 de marzo de 2003, Núm. 3612/2003.

Ya esta doctrina es una consolidada en España. S. de

19 de octubre de 2007, Núm. 1086/2007. Y ha sido aplicada

de manera uniforme desde el 2003. Véanse: S. de 18 de julio

de 2011, Núm. 545/2011; S. de 19 de octubre de 2007, Núm.

1086/2007; S. de 8 de mayo de 2007, Núm. 466/2007; S. de 5

de junio de 2003, Núm. 534/2003; S. de 23 de octubre de

2003, Núm. 979/2003.

IV

Hemos examinado detenidamente la norma de Arroyo v.

Hospital La Concepción, supra. En ese caso nos enfrentamos

a la existencia de dos posibles interpretaciones sobre la

solidaridad en nuestro ordenamiento jurídico. Una de ellas

reiteraba el carácter homogéneo de la solidaridad y, en

consecuencia, el reconocimiento en toda su extensión de sus

efectos primarios y secundarios. La otra admitía una

distinción entre la solidaridad propia y la impropia. Según

esta última exégesis, los efectos primarios de la

solidaridad quedarían intactos —que cada codeudor sea CC-2009-918 23

responsable de pagar la totalidad de la deuda—, pero no se

reconocerían los efectos secundarios de la solidaridad —en

este caso, que la interrupción del término prescriptivo

contra un cocausante de un daño extracontractual

interrumpiera a su vez, de forma indefinida, el término

contra el resto de los cocausantes—.

Ante esa coyuntura, en Arroyo v. Hospital La

Concepción, supra, nos inclinamos por la apreciación de la

doctrina española vigente en aquel entonces —y abandonada

en esa jurisdicción hace casi una década— e interpretamos

que de acuerdo al Art. 1874 de nuestro Código Civil, supra,

cuyo primer párrafo dispone que “[l]a interrupción de la

prescripción de acciones en las obligaciones solidarias

aprovecha o perjudica por igual a todos los acreedores o

deudores”, la presentación oportuna de una demanda por

daños y perjuicios contra un cocausante solidario

interrumpía el término prescriptivo contra todos los que

fueran responsables de forma solidaria. No era la primera

vez que suplíamos un vacío en la legislación sobre

responsabilidad civil extracontractual, pues la propia

responsabilidad solidaria de los cocausantes del daño no

surge expresamente de la ley, sino de una interpretación

judicial de las disposiciones de nuestro Código Civil. C.J.

Irizarry Yunqué, Responsabilidad Civil Extracontractual,

6ta ed., [sin. l.], ed. del autor, 2007, pág. 343. Así, en

Arroyo v. Hospital La Concepción, supra,

jurisprudencialmente interpretamos que en nuestro CC-2009-918 24

ordenamiento sólo había una obligación solidaria y

rechazamos hacer una distinción entre la solidaridad

perfecta y la imperfecta, y admitir a su vez los efectos

que ello implicaba en cuanto a la interrupción del término

prescriptivo.

Hicimos lo anterior con el propósito de lograr un justo

balance entre las fuerzas encontradas. Afirmamos en Arroyo

v. Hospital La Concepción, supra, que la norma allí

adoptada “alcanza[ba] el mejor equilibrio entre todos los

intereses”. Íd., pág. 608. Era la enunciación de una

hipótesis por comprobarse. Dos decenios más tarde, el

acervo de experiencias nos obliga a concluir que la norma

allí pautada no alcanzó el equilibrio buscado.

Efectivamente, luego de Arroyo v. Hospital La Concepción,

supra, reconocimos que esa norma le brinda en realidad

mayor protección a la parte demandante. Véase, a manera de

ejemplo, García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, supra, pág.

151. Y así lo sostienen los múltiples efectos de la

normativa aplicada en la práctica.

El demandante puede traer al pleito a otra persona como

codemandada aun cuando le reclame fuera del término

prescriptivo. De hecho, aunque conozca de antemano la

identidad del alegado cocausante solidario no tiene que

incluirlo en la demanda original. Véase García Pérez v.

Corp. Serv. Mujer, supra. El perjudicado ni siquiera tiene

que alegar en esa demanda la solidaridad de los

cocausantes, ya que puede hacerlo luego mediante una

enmienda a la demanda. Íd. En esa enmienda sólo debe alegar CC-2009-918 25

que el nuevo demandado responde solidariamente por los

daños reclamados al demandado original, contra quien

presentó la demanda dentro del término prescriptivo

dispuesto por el ordenamiento jurídico. De esa forma,

aunque el demandante esté en posición de ejercitar su causa

de acción contra el presunto cocausante solidario, no tiene

límite alguno para así hacerlo. Esto, pues la norma de

Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, proveyó un efecto

interruptor automático e indefinido en perjuicio de todos

los que pudieran ser solidariamente responsables del daño.

Por su parte, el alegado cocausante solidario traído al

pleito luego de varios años de instada la demanda original

—seis años en este caso— ha de emplear, en no pocas

ocasiones, copiosos esfuerzos para recordar con determinada

certeza —si alguna— los eventos particulares que motivaron

el reclamo en su contra. Debe encarar, además, la búsqueda

acuciosa de documentos concebidos en ese momento histórico;

asunto que se complica cuando éstos se encuentran en manos

de terceros con los cuales se tiene poca o ninguna

relación, o en manos de un tercero que ya no existe. Del

mismo modo, mientras más discurra el tiempo hasta que

finalmente sea incorporado como codemandado, mayor será la

probabilidad de afrontar dificultades para encontrar

testigos. Asimismo, el presunto cocausante solidario deberá

incurrir en gastos asociados a un litigio que de otra forma

estaría prescrito, debido a la brevedad del término en

nuestro Código Civil para estas reclamaciones. CC-2009-918 26

Como ha de contemplarse, lejos de lograr un equilibrio

entre los intereses opuestos, esta normativa desnivela la

situación a favor de la parte reclamante. Como consecuencia

de lo anterior, y pese al reconocimiento expreso y extenso

de la figura sustantiva de la prescripción en los Arts.

1840 al 1874 de nuestro Código Civil, supra, la severidad

que caracteriza a los términos prescriptivos disminuye

considerablemente. Ello, a pesar de que la existencia de

éstos se cimenta en la búsqueda de la estabilidad para las

relaciones jurídicas y en fomentar la diligencia en la

vindicación de los derechos.

Adviértase nuevamente que la normativa sobre

solidaridad en materia de responsabilidad extracontractual

edificada en Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, no

surge expresamente de nuestro Código Civil. Cuando éste

alude a “las obligaciones solidarias” no especifica si

estamos ante un supuesto de una sola obligación solidaria o

de varias, y en ese último caso, de cuántas y cuáles en

particular. Muy a pesar de tal ausencia,

jurisprudencialmente le dimos preeminencia a la norma allí

adoptada sobre la figura sustantiva de la prescripción, que

sí está expresamente regulada en nuestro Código. El

problema de la construcción de esa norma es que no alcanzó

una solución que estuviera en armonía con el resto del

ordenamiento jurídico. Su desenlace ha sido una institución

de la prescripción socavada, pues una parte tiene el

derecho eterno de reclamarle a otra por daños y perjuicios.

Con igual peligrosidad, tal normativa tiene el lamentable CC-2009-918 27

efecto de premiar la inercia en la vindicación de un

derecho y de fomentar el uso estratégico de la inacción,

dado que el demandante puede seleccionar a su arbitrio el

momento que le resulte más oportuno para incluir a una

parte en el litigio.

Otro problema que enfrenta la interrupción automática y

el diferimiento indefinido de la causa de acción es que el

término prescriptivo limitado a un año para reclamaciones

bajo el Art. 1802 del Código Civil, supra, responde

principalmente a la ausencia de relación jurídica previa

entre el demandante y el demandado. La obligación por

causar un daño extracontractual no surge del acuerdo entre

las partes, por lo que no hay oportunidad alguna de

negociar los términos de la obligación ni de consentir

libremente, contrario a la relación contractual. De ahí el

breve plazo dispuesto por el legislador. De ese modo se le

otorgó un mínimo de certeza a una relación desprovista de

ella. Ese mínimo de seguridad compensa de alguna forma la

ausencia de conocimiento sobre el alcance de la obligación.

Provee, pues, una ínfima salvaguarda que permite conservar

un justo equilibrio entre las partes. Y no debe soslayarse.

Por todo lo aquí intimado, adoptamos en nuestra

jurisdicción la obligación in solidum en materia de

prescripción de la causa de acción por responsabilidad

civil extracontractual cuando coincide más de un causante.13

13 Reiteramos, además, que lo dispuesto en el Art. 1090 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3101, en cuanto a la no presunción de la solidaridad, no aplica en materia de responsabilidad extracontractual. Asimismo, puntualizamos CC-2009-918 28

Conforme a ésta, el perjudicado podrá recobrar de cada

cocausante demandado la totalidad de la deuda que proceda,

porque los efectos primarios de la solidaridad se

mantienen. Pero deberá interrumpir la prescripción en

relación a cada cocausante por separado, dentro del término

de un año establecido por el Art. 1868 del Código Civil,

supra, si interesa conservar su causa de acción contra cada

uno de ellos. Esto no constituye una carga mayor para el

perjudicado, pues solamente debe ejercer la misma

diligencia requerida cuando le reclama a un autor del daño.

De esta forma, la presentación oportuna de una demanda

contra un presunto cocausante no interrumpe el término

prescriptivo contra el resto de los alegados cocausantes,

porque tal efecto secundario de la solidaridad no obra en

la obligación in solidum.14 Por lo tanto, el Art. 1874 del

Código Civil, supra, no aplica a los casos de daños y

perjuicios bajo el Art. 1802 del Código Civil, supra.15

______________________________ que no adoptamos la norma de la obligación in solidum en toda su extensión, sino sólo respecto a la interrupción del término prescriptivo cuando coinciden varios cocausantes del daño bajo el Art. 1802 del Código Civil, supra. 14 La solidaridad impropia no admite interrupción automática e indefinida del término prescriptivo en perjuicio de otros cocausantes, los cuales, por su propia culpa, tienen una obligación con el damnificado. La responsabilidad de cada uno de ellos es autónoma de la de los demás, por lo que surge una pluralidad de vínculos independientes, la cual requiere que el término prescriptivo contra cada deudor se interrumpa de forma individual. Esto, pues la solidaridad imperfecta no nace de un vínculo prexistente, sino del acto ilícito productor del daño según reconocido por la sentencia que así lo declare. 15 En Puerto Rico, al igual que ocurrió en España, se han señalado preocupaciones acerca de la adopción de esta norma. Las inquietudes giran principalmente en torno a que CC-2009-918 29

Claro está, la norma hoy adoptada también es cónsona

con la teoría cognoscitiva del daño, por lo que el término

prescriptivo comienza a transcurrir cuando la parte

perjudicada conoció o debió conocer, si hubiera empleado

algún grado de diligencia, la existencia del daño y quién

lo causó, así como los elementos necesarios para poder

ejercitar efectivamente su causa de acción. CSMPR v. Carlo

Marrero et al., 182 D.P.R. 411, 425-426 (2011); COSSEC et

al. v. González López et al., supra; Vera v. Dr. Bravo, 161

D.P.R. 308, 328 (2004); Santiago v. Ríos Alonso, 156 D.P.R. ______________________________ existe un precedente sólido y el posible efecto que este cambio de norma tendría en la seguridad jurídica. De igual forma, se ha señalado que su adopción va en contra del propósito de la aplicación de la solidaridad en los casos de responsabilidad extracontractual. Véase, J. J. Álvarez González, El Tribunal Supremo De Puerto Rico: Análisis Del Término 2007-2008, 78 Rev. Jur. U.P.R. 457 (2009). Diferimos de tal interpretación. Tal como señalamos, el justo balance que se buscaba lograr con la aplicación de la solidaridad en las acciones de daños extracontractual en realidad resultó en una mayor protección a la parte demandante, diferimientos indefinidos de causas de acción, entre otros efectos que socaban la estabilidad jurídica. La norma que hoy adoptamos respecto a la interrupción del término prescriptivo cuando coinciden varios cocausantes de un daño bajo el Art. 1802 del Código Civil, supra, logra un justo equilibrio entre las partes y armoniza nuestro ordenamiento jurídico. Tampoco representa una carga mayor para el demandante, quien solo deberá ejercer con diligencia su causa de acción contra todos los posibles cocausantes del daño cuya identidad conozca. Es decir, en total armonía con la teoría cognoscitiva del daño. Otra de las inquietudes expresadas giraba en torno a que la norma que hoy adoptamos era contraria a la Regla 51.7 de Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. III. La mencionada regla fue eliminada del cuerpo de Reglas de Procedimiento Civil de 2009 precisamente por ser “contrari[a] al ordenamiento jurídico, ya que permit[ía] ejecutar una sentencia contra una persona que no fue parte en el pleito y sobre la cual el tribunal no adquirió jurisdicción”. Tribunal Supremo de Puerto Rico, Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Marzo 2008, pág. 583. Por ello, consideramos que la necesidad del cambio de norma sobrepasa las preocupaciones expresadas. CC-2009-918 30

181, 189 (2002). Por ello, si mediante el descubrimiento de

prueba u otro medio el agraviado adviene en conocimiento de

la existencia de otro coautor y del resto de los elementos

necesarios para reclamarle, el término prescriptivo contra

ese alegado cocausante comenzará a transcurrir en ese

momento. Ello, pues un estatuto de prescripción cuyo efecto

sea exigirle a la parte demandante que presente una causa

acción antes de tener conocimiento de la existencia de

ésta, viola el debido proceso de ley. COSSEC et al. v.

González López et al., supra, págs. 821-822; Vera v. Dr.

Bravo, supra, pág. 327; Vega v. J. Pérez & Cía, Inc., 135

D.P.R. 746, 754 (1994).

De este modo armonizamos la normativa cuando son

varios los causantes de un daño extracontractual con la

teoría cognoscitiva del daño y con la figura sustantiva de

la prescripción, a la vez que respetamos el mínimo de

certidumbre concedido por el legislador para este tipo de

relación. Al mismo tiempo, mediante la adopción de la

solidaridad impropia resolvemos el problema de

incertidumbre que presenta la pendencia indefinida de la

causa de acción por responsabilidad civil extracontractual.

La norma aquí pautada permite mantener a raya la peligrosa

frontera donde la búsqueda de reparación de un daño no

encuentra exigencia alguna de diligencia, muy a pesar del

mandato expreso de las disposiciones de nuestro Código

Civil. La diligencia en el reclamo de un derecho es

imprescindible en el conjunto. CC-2009-918 31

Somos consientes de que la doctrina anterior es una

consolidada, pero tal circunstancia no es óbice para

armonizar nuestro ordenamiento jurídico y remediar una

injusticia. Si bien la doctrina de stare decisis establece

que un tribunal debe seguir sus decisiones en casos

posteriores, ésta no llega al extremo de declarar que la

opinión de un tribunal se convierta en un dogma que el

Tribunal debe seguir ciegamente. Pueblo v. Díaz De León,

176 D.P.R. 913, 921 (2009); A. Railroad Co. V. Comisión

Industrial, 61 D.P.R. 314, 326 (1943). Es por esto que

cuando el razonamiento de una decisión ya no resiste un

análisis cuidadoso no estamos obligados a seguirla. Arizona

v. Gant, 556 U.S. 332, 348 (2009). De esta forma se permite

el desarrollo consistente de principios legales. Pueblo v.

Díaz De León, supra; Seminole Tribe of Florida v. Florida,

517 U.S. 44 (1996).

V

La demanda del caso de autos fue presentada el 2 de

mayo de 2002. Fueron seis largos años en que los

demandantes contuvieron su reclamación contra el doctor

Mestre Morera, a quien finalmente incorporaron en el pleito

el 21 de mayo de 2008 mediante una demanda enmendada.

Las propias declaraciones de la parte demandante ponen

en manifiesto su conocimiento sobre la identidad y la

participación del doctor Mestre Morera en el

acontecimiento. La codemandante Fraguada Pérez testificó

que se encontraba en la habitación de la señora Pérez,

atenta al procedimiento que le realizaba la enfermera. Fue CC-2009-918 32

entonces cuando observó que la señora Pérez comenzó a

toser, repetidamente. Ante el imprevisto, el doctor Mestre

Morera y otro médico acudieron apresurados a la habitación.

La propia codemandante les inquirió a los doctores que

hicieran algo, mientras se mantenía firme al lado de su

madre. Presenció la alegada discusión entre el doctor

Mestre Morera y el otro galeno respecto a la ubicación del

tubo nasogástrico en el pulmón de la paciente, y la

advertencia que uno de éstos lanzó a su interlocutor sobre

el peligro potencial de una embolia. La codemandante

continuaba al lado de su madre y muy cerca de los médicos,

quienes —según declaró— se ordenaban alternativamente

retirar el tubo de la paciente. En ese instante, ante la

mirada y presencia de la codemandante, el tubo fue apartado

del interior de la señora Pérez.

Precisamente, la presunta colocación equivocada del

tubo nasogástrico y la alegada discusión del doctor Mestre

Morera son las únicas dos razones por las cuales la parte

demandante le reclama al galeno en la demanda enmendada que

presentó seis años más tarde. Del testimonio de la

codemandante vertido en una deposición surge claramente que

desde el día del evento los demandantes conocían la

identidad del médico y su alegada responsabilidad en la

producción del alegado daño, el cual tuvo su momento

culminante meses después con el fallecimiento de la señora

Pérez. A pesar de estar al corriente de lo anterior, la

parte demandante no incluyó al doctor Mestre Morera en su

demanda original. Por el contrario, optó por hacerlo seis CC-2009-918 33

años después, actuación que demuestra su dejadez y abandono

de esa reclamación.16 Por lo tanto, bajo la norma hoy

adoptada, la parte demandante debió reclamarle

individualmente al doctor Mestre Morera como alegado

cocausante solidario dentro del término prescriptivo de un

año dispuesto en el Art. 1868 de nuestro Código Civil,

supra, el cual comenzó a transcurrir tan pronto conoció el

daño, la identidad del autor y los elementos necesarios

para ejercitar su causa de acción.

No obstante lo anterior, al evaluar los criterios

establecidos para declarar la aplicación retroactiva o

prospectiva de una determinación judicial —confianza

depositada por los demandantes en la antigua norma;

propósito que persigue la nueva regla para determinar si su

retroactividad lo adelanta, y el efecto de la nueva

normativa en la administración de la justicia— resolvemos

que nuestra decisión debe tener efecto prospectivo. Véanse:

Isla Verde Rental v. García, 165 D.P.R. 499, 505 (2005);

Datiz v. Hospital Episcopal, 163 D.P.R. 10, 18 (2004);

Gorbea Vallés v. Registrador, 131 D.P.R. 10, 16 (1992);

Correa Vélez v. Carrasquillo, 103 D.P.R. 912, 918 (1975).

Ello porque ésta es de nuevo cuño y la aplicación de dicha

norma al presente caso conllevaría resultados

sustancialmente injustos para los recurridos, quienes

16 Nótese además que desde el 2005 la parte demandante contaba con un informe pericial que le advertía sobre las desviaciones en la colocación del tubo nasogástrico. A pesar de ello tampoco le reclamó al doctor Mestre Morera, hasta transcurridos tres años desde que obtuvo el referido informe. CC-2009-918 34

confiaron en la norma anterior que quedó desplazada por la

nueva norma que hoy implantamos. Consideraciones de

política pública y orden social nos mueven a que esta nueva

norma tenga efectos prospectivos, pues el objetivo que se

persigue es conceder remedios justos y equitativos que

respondan a la mejor convivencia social. López v. Porrata

Doria, 169 D.P.R. 135, 169 (2006); Isla Verde Rental v.

García, supra. En lo sucesivo, toda causa de acción instada

según el Art. 1802 del Código Civil, supra, será juzgada de

acuerdo a la normativa aquí intimada.

VI

Por todo lo cual, expedimos el auto de certiorari y

revocamos la norma de Arroyo v. Hospital La Concepción,

supra, en cuanto a la interrupción del término prescriptivo

en reclamaciones bajo el Art. 1802 del Código Civil, supra,

cuando son varios los causantes de un daño

extracontractual, así como cualquier otro pronunciamiento

incompatible con lo aquí resuelto. Además, expedimos el

recurso de certiorari presentado, le impartimos carácter

prospectivo a la norma adoptada y, en consecuencia,

confirmamos la resolución emitida por el Tribunal de

Apelaciones. Devolvemos el caso al Tribunal de Primera

Instancia para la continuación de los procedimientos.

Se dictará sentencia de conformidad.

Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se expide el auto de certiorari y se revoca la norma de Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, en cuanto a la interrupción del término prescriptivo en reclamaciones bajo el Art. 1802 del Código Civil, supra, cuando son varios los causantes de un daño extracontractual, así como cualquier otro pronunciamiento incompatible con lo aquí resuelto. Además, expedimos el recurso de certiorari presentado, le impartimos carácter prospectivo a la norma adoptada y, en consecuencia, confirmamos la resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones. Devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco disiente con opinión escrita, a la cual se unen los Jueces Asociados señores Rivera García y Feliberti Cintrón. CC-2009-918 2

La Jueza Asociada señora Fiol Matta hace la siguiente expresión:

“La Jueza Asociada señora Fiol Matta disiente de la decisión del Tribunal que revoca la norma pautada en Arroyo v. Hospital la Concepción, 130 D.P.R. 596 (1992). Las Opiniones en Arroyo y en García Pérez v. Corp. Serv. Mujeres, 174 D.P.R. 138 (2008), así como la Opinión Disidente en este caso de la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el artículo del profesor José Julián Álvarez González “Responsabilidad Civil Extracontractual”, 78 Rev. Jur. U.P.R. 457, 473 (2009), explican las razones por las que no debe adoptarse en nuestra jurisdicción la doctrina in solidum.

Coincido con la Opinión mayoritaria en las dificultades que presenta el que un potencial co- demandado sea traído a un pleito años después de instarse el mismo, como co-causante solidario del daño alegado, porque la demanda original interrumpió los términos prescriptivos para todos los co-causantes. Sin embargo, la norma adoptada en Arroyo permitía que se atendiera este problema adecuadamente, pues no impedía en lo absoluto que se consideraran, bajo la doctrina de incuria, aquellas circunstancias extraordinarias, como las de autos, en las que un demandante se cruza de brazos y no es diligente en averiguar la identidad de otros posibles co-causantes del daño o, de conocerlos, traerlos al pleito. Para ello, no hacía falta recurrir a la doctrina in solidum y dividir la solidaridad extracontractual entre efectos primarios y secundarios. Lo que correspondía era descartar una aplicación inflexible de la norma de Arroyo y atemperarla para atender situaciones como la de autos sin tener que revocar veinte años de precedentes y adoptar una nueva interpretación del Código Civil. El resultado en este caso hubiera sido, sin duda, la desestimación de la demanda, no por la aplicación de la nueva doctrina, sino porque el demandante incurrió en incuria al cruzarse de brazos y no enmendar la demanda cuando conoció la identidad de los co-causantes.

Me preocupa que la nueva norma cause más problemas de los que resuelve y produzca situaciones en las que una víctima sea innecesariamente perjudicada. Creo que la Opinión del Tribunal reconoce parcialmente esta realidad y, por eso, se ve obligada a establecer numerosas salvaguardas, creando así un esquema innecesariamente confuso y complicado. Bajo Arroyo, nuestro ordenamiento daba prioridad a la CC-2009-918 3

reparación del daño sufrido por la víctima, mientras protegía a los demandados en casos de dejadez y falta de diligencia por parte de los demandantes. Ahora, para proteger a los potenciales co-demandados traídos tardíamente a los pleitos, se priva a las víctimas de una de las principales herramientas para intentar resarcir sus daños: la interrupción simultánea de los términos prescriptivos para todos los co-causantes solidarios, sujeto, claro está, a normas básicas de derecho, entre ellas la diligencia. Temo que la consecuencia inevitable de esta decisión sea la adopción eventual de una norma de mancomunidad para los casos de responsabilidad civil extracontractual, dejando sin efecto casi un siglo de precedentes de interpretación estatutaria que no ha sido alterado por la Asamblea Legislativa.

Comparto muchas de las preocupaciones de la Opinión mayoritaria. Sin duda, una aplicación inflexible de la norma de Arroyo podría producir situaciones patentemente injustas para algunos potenciales demandados que quedarían sujetos a que algunos demandantes que se crucen de brazos confiando en que la demanda contra un co-causante interrumpe perpetuamente los términos prescriptivos contra los demás. Pero esto se puede atender sin trastocar la norma hasta ahora vigente. Por eso difiero, muy respetuosamente, de la solución adoptada.”

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Daniel Fraguada Bonilla y Otros Certiorari

Recurridos

v. CC-2009-0918

Opinión disidente emitida por la Jueza Asociada señora PABÓN CHARNECO a la que se une el Juez Asociado señor RIVERA GARCÍA y el Juez Asociado señor FELIBERTI CINTRÓN.

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de agosto de 2012.

Disiento respetuosamente de la Opinión mayoritaria. Esta

lleva a cabo un cambio normativo de carácter regresivo en el

campo de la responsabilidad civil extracontractual al adoptar

parcialmente la Doctrina de las Obligaciones In Solidum.17 De

esta forma, la Opinión introduce un tertium genus entre las

obligaciones mancomunadas y solidarias que no reconoce nuestro

ordenamiento.18 A su vez, descarta sin más una jurisprudencia

consolidada con el fin de limitar el término prescriptivo para

los cocausantes de un daño que no fueron traídos al pleito

dentro de la Demanda original.

17 La Opinión mayoritaria adopta la Doctrina de las Obligaciones In Solidum “sólo respecto a la interrupción del término prescriptivo cuando coinciden varios cocausantes del daño bajo el Art. 1802 del Código Civil”. Opinión Mayoritaria, págs. 26-27, esc. 11. 18 V. Múrtula Lafuente, La Responsabilidad Civil por los Daños Causados por un Miembro Indeterminado de un Grupo, Madrid, Ed. Dykinson, 2005, págs. 103-104; A. Cristobal Montes, Mancomunidad o Solidaridad en la Responsabilidad Plural por Acto Ilícito Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1985, pág. 41. CC-2009-0918 2

Ciertamente, en ocasiones el acreedor del daño omite

demandar a uno de los cocausantes por un periodo prolongado -a

pesar de conocer su identidad- y durante el transcurso del

pleito enmienda la Demanda para incluirlo. Esta situación que

en principio se ajusta a la letra de la ley, puede percibirse

como el abuso en el ejercicio anormal del derecho cuando afecte

la defensa de esos cocausantes, así como la efectiva economía

judicial. No cabe duda de que nuestro ordenamiento jurídico

provee las herramientas para lidiar con las dificultades que

este tipo de práctica pueda conllevar sin necesidad de acudir a

una doctrina que no se ajusta a nuestro sistema.

Examinemos brevemente los hechos que dieron génesis a la

presente controversia.

El 2 de mayo de 2002, la parte recurrida (integrada por el

Sr. Daniel Fraguada Bonilla, el Sr. Héctor L. Fraguada Pérez, la

Sra. Ana Hilda Fraguada Pérez, la Sra. María de los Ángeles

Fraguada Pérez, el Sr. Carlos Daniel Fraguada Pérez y el Sr.

Ángel G. Osorio Fraguada) presentó una Demanda de daños y

perjuicios contra el Hospital Auxilio Mutuo, el Dr. Manuel

Anguita Alvarado y otros dos (2) galenos desconocidos. En

síntesis, alegó negligencia en el tratamiento médico de la Sra.

Hilda Pérez, quien falleciera el 1 de julio de 2000. Además, en

la Demanda hizo la salvedad de “que al momento de la

presentación de esta demanda no se conoc[ían] todos los detalles

relacionados a los hechos y la misma se radica[ba] con el

propósito de interrumpir el término prescriptivo”.19

19 Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 48. CC-2009-0918 3

El 25 de octubre de 2006, el foro primario emitió una

Sentencia Parcial por Estipulación Enmendada mediante la cual

aprobó la transacción y relevó de la reclamación al Hospital

Auxilio Mutuo.20 Así las cosas, en abril de 2008, la parte

recurrida solicitó autorización para enmendar la Demanda e

indicó que como producto de su acción en la etapa investigativa

de la prueba surgió información de otros dos (2) doctores que

fueron negligentes en el tratamiento de la Sra. Pérez. El 14 de

abril de 2008 la parte recurrida enmendó la Demanda para incluir

como codemandados al Dr. Octavio Mestre Morera (en adelante

doctor Mestre Morera o peticionario) y al Dr. Noel Totti.

Por su parte, el doctor Mestre Morera presentó en su

Contestación a la Demanda la defensa afirmativa de prescripción

el 10 de febrero de 2009. Particularmente indicó que:

La causa de acción que se intenta ejercer en contra del compareciente está prescrita. Nuestro ordenamiento vigente promueve la diligencia en el ejercicio de los derechos y penaliza la incuria. La presentación de la demanda enmendada que nos ocupa para incluir al compareciente seis años después de la presentación de la demanda original denota una falta crasa de diligencia por la parte demandante. (Énfasis en original). Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 84.

El 14 de abril de 2009, el peticionario presentó una Moción

Solicitando Sentencia Sumaria por el Fundamento de

Prescripción.21 En esta indicó que surgía de una deposición

tomada el 11 de junio de 2005 a la codemandante María de los

Ángeles Fraguada que la parte recurrida conocía que el Dr.

Mestre Morera había intervenido en el tratamiento de la Sra.

Pérez. Añadió que ya para esa fecha la parte recurrida contaba

20 Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 64. 21 Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 85-94. CC-2009-0918 4

con un informe pericial al respecto.22 Por lo tanto, solicitó la

desestimación de la causa de acción ante la falta de diligencia

de la parte demandante de ejercitar su acción, pues ya habían

trascurrido tres (3) años desde que la parte demandante contaba

con la información necesaria. Por otro lado, la parte recurrida

indicó que la presentación de la Demanda original había

interrumpido el término prescriptivo en cuanto a los demás

cocausantes solidarios y que estos podían ser incluidos al

pleito mediante Demanda Enmendada de conformidad con el derecho

vigente. Esta solicitud fue declarada No Ha Lugar el 9 de julio

de 2009.

Tras la presentación de una oportuna Moción de

Reconsideración que fuera declarada sin lugar por el tribunal de

instancia, el peticionario instó un recurso de certiorari ante

el Tribunal de Apelaciones. Este fue denegado.

Inconforme, el peticionario recurre ante nos y señala el

error siguiente:

Erró el Tribunal de Apelaciones al aplicar la doctrina de la solidaridad entre alegados cocausantes solidarios sin tomar en consideración el planteamiento de incuria argumentado por el compareciente para sostener que en el presente caso la parte demandante no debe beneficiarse de las condiciones liberales de la prescripción, considerando que los hechos por los cuales se le reclama al compareciente ocurrieron ocho años antes de la presentación de la demanda enmendada con la cual se le incluyó en el litigio y que conforme a la teoría cognoscitiva del daño la parte demandante contó con todos los elementos necesarios para reclamarle al Dr. Mestre Morera tres años antes de la radicación de la demanda enmendada.

22 Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 99-101. CC-2009-0918 5

La responsabilidad civil extracontractual se cimenta

esencialmente en el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.

5141. Este artículo prescribe, en lo pertinente, que: “[e]l que

por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o

negligencia, está obligado a reparar el daño causado”.

A su vez, el Art. 1868 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.

5298, dispone de un término prescriptivo de un (1) año para

estas acciones. Este comienza a transcurrir cuando la parte

perjudicada descubrió o pudo descubrir el daño, su causante, así

como los elementos necesarios para poder ejercitar efectivamente

su causa de acción.23 Art. 1869 del Código Civil, 31 L.P.R.A.

sec. 5299. Véanse además, COSSEC et al. v. González López et

al., 179 D.P.R. 793, 806 (2010), Ojeda v. El Vocero, 137 D.P.R.

315, 325 (1994). Esto, pues, el transcurso del tiempo conlleva

la pérdida del ejercicio de los derechos de forma que se evite

la incertidumbre de las relaciones jurídicas y se castigue la

inacción de los titulares en el ejercicio de sus derechos.

García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 D.P.R. 138, 147 (2008).

Por lo tanto, debe ser interrumpido en conformidad con el Art.

1873 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5303.

A pesar de estas normas, constantemente se presentan nuevas

cuestiones que requieren un mayor análisis e interpretación de

23 “No es necesario que el perjudicado conozca en ese momento toda la magnitud y extensión de las consecuencias lesivas de las lesiones corporales ya que tal extremo puede ser establecido en un momento posterior”. Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308 (2004). Sin embargo, dado que la prescripción extintiva castiga la indolencia de la parte, si el desconocimiento se debe a la falta de diligencia del reclamante, entonces no son aplicables las consideraciones sobre la prescripción. COSSEC et al. v. González López et al., 179 D.P.R. 793, 806 (2010). CC-2009-0918 6

estas para dar respuesta a las nuevas situaciones que

continuamente surgen en ese campo. Una situación frecuente es la

pluralidad de posibles causantes de un daño cuyo régimen

jurídico no está expresamente determinado en nuestro Código

Civil. Esto, a su vez, genera múltiples dificultades sustantivas

y procesales. Examinemos como hemos atendido las situaciones de

pluralidad de responsables del daño.

Ante múltiples causantes de un daño mediando culpa o

negligencia, no cabe duda de que cada uno está obligado a

reparar el daño causado. Cubano v. Jiménez et al., 32 D.P.R. 167

(1923). No obstante, una de las dificultades que enfrentamos

debido a las escuetas expresiones del Código Civil, sin que

conlleve un obstáculo insuperable, es si la obligación de

reparar el daño entre cocausantes es mancomunada o solidaria.

Nuestro Código – al igual que el Código Civil Español- no señala

expresamente esta distinción a diferencia de la mayor parte de

los Códigos Civiles extranjeros.24

Como es sabido, las obligaciones con pluralidad de sujetos

pueden ser mancomunadas o solidarias. En principio, el Art. 1090

del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3101, dispone que ante la

concurrencia de dos (2) o más deudores o de dos (2) o más

acreedores, la solidaridad no se presume sino la mancomunidad.

Es decir, el crédito o la deuda se presume divido en tantas

partes iguales como acreedores o deudores haya, considerándose

créditos o deudas distintos unos de otros cuando del texto de la

24 Para una relación sucinta, véanse, J. Santos Briz, La Responsabilidad por Hecho de Otro Derivada de Acto Ilícito No Penal, en Tratado de Responsabilidad Civil (I. Sierra Gil de la Cuesta, cord.) Bosch, T. II, 2008, p. 670; J.J. Álvarez González, Responsabilidad Civil Extracontractual, 78 (Núm. 2) Rev. Jur. U.P.R. 457, 478 (2009). CC-2009-0918 7

obligación no resulta otra cosa. Art. 1091 del Código Civil, 31

L.P.R.A. sec. 3102. Esto dado que la solidaridad entre los

deudores agrava la carga que la deuda representa al ser posible

que uno de los deudores satisfaga su deuda y la ajena ante la

insolvencia de los coobligados. Arroyo v. Hospital La

Concepción, 130 D.P.R. 596, 602 (1992). Como explicaremos más

adelante, ya hemos definido que el Art. 1090 del Código Civil es

solo de aplicación en el régimen contractual; interpretación que

tampoco es contradicha por la Opinión mayoritaria.25

Por otro lado, se entiende por obligación solidaria

aquella en la que concurren varios acreedores (solidaridad activa) o varios deudores (solidaridad pasiva), o varios acreedores y al mismo tiempo varios deudores (solidaridad mixta), y en que cada acreedor tiene derecho a pedir, y cada deudor tiene la obligación o deber de realizar íntegramente, la prestación debida. Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, pág. 600.

En los casos en que el deudor solidario pague la totalidad

de la prestación se extingue la obligación, pues el acreedor

solo tiene derecho a recibirla una sola vez. No obstante, este

podrá recobrar de los demás lo que ha pagado en exceso. Art.

1098 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3109. A contrario sensu,

cuando el acreedor no logre cobrar la deuda por completo

mediante la reclamación entablada contra uno (1) o varios de los

deudores, este podrá dirigirse posteriormente contra los

restantes. Art. 1097 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3108.

Con el pasar del tiempo y tras un cuidadoso análisis, hemos

desarrollado una consolidada jurisprudencia en la que se precisa

que el régimen jurídico en los casos de pluralidad de causantes

25 Opinión Mayoritaria, págs. 26-27, esc. 11. CC-2009-0918 8

de un daño indivisible es la solidaridad.26 Arroyo v. Hospital

La Concepción, supra, págs. 604-605; García v. Gobierno de la

Capital, 72 D.P.R. 138, 145 (1951); García Pérez v. Corp. Serv.

Mujer, supra.

A pesar de expresiones previas en Cubano v. Jiménez et al.,

supra, y García v. Gobierno de la Capital, supra, fue en Arroyo

v. Hospital La Concepción, supra, que aclaramos que la

presunción de no solidaridad del Art. 1090 no aplica en materia

de responsabilidad extracontractual. Esto porque los

razonamientos de la aplicabilidad del Art. 1090 en el ámbito

contractual son distintos. Al respecto, indicamos que “no es la

voluntad de las partes la que crea la obligación, sino ella

surge de una manera unilateral, en virtud de un acto realizado

libremente por una persona en relación con otra; y la ley da

eficacia y sanciona la obligación natural de reparar los

perjuicios invocados”. (Énfasis en original suprimido). Arroyo

v. Hospital La Concepción, supra, pág. 602, citando a A. Borell

Macía, Responsabilidades Derivadas de Culpa Extracontractual

Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1958, pág 319. Además, en

estos casos la obligación emana del propio Art. 1802 que

requiere al obligado reparar el daño causado.27 Es por ello que

adoptamos la interpretación de la doctrina mayoritaria, y en ese

entonces en la jurisprudencia española, en cuanto a que existe

solidaridad legal al amparo del Art. 1802 cuando dos (2) o más

causan un daño único e indivisible. Véase, H.M. Brau, El término

26 Esta jurisprudencia está también apoyada por la doctrina prevaleciente. M. Martín-Casals y J. Solé, Multiple Tortfeasors under Spanish Law en: W.V.H. Rogers, Unification of Tort Law: Multiple Tortfeasors, The Hague, Ed. Kluwer Law International, 2004, pág. 189. 27 “Las normas legales ordenadoras de la solidaridad han de ser sometidas, como es lógico, a interpretación”. Luis Díez Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Madrid, Ed. Thompson, V.II, 2008, pág. 2000. CC-2009-0918 9

Prescriptivo y su Interrupción en Acciones en Daños por

Responsabilidad Extracontractual Solidaria en el Derecho

Puertorriqueño, 44 (Núm. 2) Rev. C. Abo. P.R. 203, 204-205

(1983). De esta forma se aumenta la garantía del lesionado y se

le protege con más eficacia de forma que pueda recibir la

reparación íntegra en caso de la insolvencia de cualquiera de

los causantes.28

A tenor con estos principios, también establecimos que dicha

“solidaridad legal” tiene las mismas consecuencias que en el

ámbito contractual. Al adoptarse la solidaridad entre los

corresponsables de un mismo daño, debe de ser con todos sus

efectos, pues no se justifica en nuestro Código Civil distintos

tipos de solidaridad. Arroyo v. Hospital La Concepción, supra,

pág. 606. Véanse, J.J. Álvarez González, Responsabilidad Civil

Extracontractual, 78 (Núm. 2) Rev. Jur. U.P.R. 457, 504-505

(2009); L.F. Reglero Campos, La Prescripción de la Acción de

Reclamación de Daños, en Tratado de Responsabilidad Civil, Tomo

I, Ed. Aranzadi, 2008, T.I, pág. 1280; M. Albaladejo García,

Interrupción o No de la Prescripción Frente a Todos los Deudores

Solidarios por Reclamación a Uno Solo: Comentario a la Sentencia

del Tribunal Supremo de 14 de Marzo de 2003, Rev. Der. Priv. 553

(2003); A. Cristobal Montes, Mancomunidad o Solidaridad en la

Responsabilidad Plural por Acto Ilícito Civil, Barcelona, Ed.

Bosch, 1985, pág. 42. Como parte de estos efectos, la

interrupción de la prescripción contra uno perjudica a los demás

en conformidad con el Art. 1874 del Código Civil, 31 L.P.R.A.

28 Al respecto, hemos reconocido el debate doctrinal. Arroyo v. Hospital La Concepción, 130 D.P.R. 596(1992). CC-2009-0918 10

sec. 5304. Rivera Otero v. Casco Sales Co., 115 D.P.R. 662

(1984). Específicamente resolvimos que29

la doctrina de la solidaridad [consagrada en García v. Gobierno de la Capital, supra,] permite traer a juicio instado a tiempo, a un [cocausante] solidario que originalmente no fue [i]ncluido en el pleito … a través de demanda contra tercero por parte del demandado origina[l o] por enmienda a la demanda por parte del demandante …. [So]lo se requiere alegar bien y suficientemente en la demanda -el hecho que el nuevo demandado, o tercero demandado, según los casos, responde solidariamente por los daños reclamados con el demandado original, contra quien se radicó demanda dentro del término prescriptivo dispuesto por el ordenamiento…. (Énfasis en original). Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, págs. 607-608, citando a H.M. Brau, op. cit., pág. 243. Véanse además, García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, supra, pág. 155.

Al respecto, la Opinión mayoritaria reitera que “la no

presunción de solidaridad”, no aplica en materia de

responsabilidad extracontractual.30 Sin embargo, elimina el

tratamiento homogéneo de la solidaridad de conformidad con lo

pautado por el propio Código Civil, o por lo menos parcialmente

al adoptar dicha doctrina solo en cuanto a la prescripción. De

esta forma crea unos efectos hasta entonces desconocidos por

nuestro ordenamiento jurídico y que corresponde a la Asamblea

Legislativa adoptar. Para ello, abraza la Doctrina de las

Obligaciones In Solidum, según explica, para “armoniza[r] la

normativa cuando son varios los causantes de un daño

extracontractual con la teoría cognoscitiva del daño y con la

figura sustantiva de la prescripción a la vez que respetamos el

mínimo de certidumbre concedido por el legislador para este tipo

29 Esto tras examinar las doctrinas francesa, alemana, italiana y españolas en cuanto a la prescripción en estos supuestos. 30 Opinión mayoritaria, págs. 26-27, esc. 11. CC-2009-0918 11

de relación”.31 Por lo tanto, examinemos lo que esta doctrina

sostiene.

Ante la regla general de que la solidaridad no se presume,

la doctrina francesa ha desarrollado convenientemente la

Doctrina de las Obligaciones In Solidum. Con ella se intenta

justificar el que cada uno de los responsables esté obligado a

pagar la totalidad de la deuda sin algunos de sus efectos, entre

ellos: la prescripción, la oponibilidad de cosa juzgada frente a

otros deudores y la apelación, entre otros.32 Para ello

distingue entre dos (2) tipos de solidaridad en el ámbito de la

solidaridad pasiva: la solidaridad perfecta e imperfecta;

distinciones que no contiene nuestro Código Civil.33

Para explicar esta distinción, la Opinión mayoritaria toma

prestada la definición de obligaciones in solidum que ofrece

José Ricardo León Alonso. “La solidaridad es perfecta cuando

existe entre varias personas unidas por un interés común, que

tienen entre sí relaciones frecuentes o se conocen”, pero es

“imperfecta cuando la Ley la establece entre personas que no se

conocen, que no son sino codeudores accidentales o cuando sus

31 Opinión mayoritaria, pág. 28. 32 J.J. Álvarez González, supra, págs. 478 y 504 esc. 206. 33 Como reconoce uno de los defensores de la Doctrina de las Obligaciones In Solidum, José Ricardo León Alonso:

“en nuestro Derecho, … la obligación in solidum no cuenta ni con una base doctrinal en que asentarse, ni con una específica normativa de donde partir; por ello, será conveniente el estudio sucesivo de la posible ubicación de la obligación in solidum en el articulado o en el espíritu de nuestro C.c., el deslinde terminológico de figuras particularmente afines y desde luego, el recorrido por el oscuro panorama doctrinal”. J.R. León Alonso, La Categoría de la Obligaciónn In Solidum, Sevilla, Pub.de la Universidad de Sevilla, 1978, pág. 27. CC-2009-0918 12

relaciones son esporádicas”.34 Véase, J.R. León Alonso, La

Categoría de la Obligación In Solidum, Sevilla, Pub. de la

Universidad de Sevilla, 1978, págs. 32-33, citando a Mourlon,

Repetitions Écrites Sur le Code Civil, Paris, T.III, 1896, núm

1.260.

Como claramente resume la Prof. Virginia Múrtula Lafuente,

la Doctrina de las Obligaciones In Solidum:

…se basa en que determinados casos de pluralidad de deudores, aunque cada uno de ellos responda por entero, su responsabilidad es autónoma de la de los otros, ya que el vínculo del que la misma deriva es un vínculo independiente, que ha nacido por sí solo (parte, pues, del principio de equivalencia de causas –todos aquellos que han participado en el hecho dañoso deben ser considerados autores del hecho-). A diferencia de las obligaciones solidarias, donde cada deudor debe la misma prestación, en las obligaciones in solidum se adeuda idénticas prestaciones. Con ello se trata de evitar determinadas consecuencias propias de la solidaridad pasiva. Así, la parte lesionada para conservar su acción contra cada uno de los coautores, deberá de interrumpir la prescripción en relación a cada uno de ellos; la sentencia que obtenga frente a uno no será oponible a los otros; y la apelación interpuesta por uno contra una sentencia común no aprovechará a los demás. No obstante, se le reconocen efectos comunes a la obligación solidaria: el acreedor puede reclamar la prestación íntegramente a cualquiera de los deudores y el pago realizado por uno de ellos libera a todos. V. Múrtula Lafuente, La Responsabilidad Civil por los Daños Causados por un Miembro Indeterminado de un Grupo, Madrid, Ed. Dykinson, 2005, págs. 103-104.

Esta doctrina fue aceptada por la jurisprudencia española.

Mediante la Sentencia de 14 de marzo de 2003, el Tribunal

Supremo español examinó el recurso presentado. En ese caso el

demandante sufrió un grave accidente laboral mientras trabajaba

en una obra de construcción. Este presentó Demanda en

34 Opinión mayoritaria, pág. 15. CC-2009-0918 13

reclamación de indemnización por el daño contra la empresa para

la que trabajaba, el promotor de la obra y el arquitecto. No

obstante, ya recaída la Sentencia y debido a la insolvencia de

los condenados, formuló una nueva Demanda contra el arquitecto

técnico y dos (2) compañías aseguradoras. La Demanda fue

desestimada por prescripción. La Sentencia indica que:

la doctrina ha reconocido junto a la „solidaridad propia‟… otra modalidad de la solidaridad llamada „impropia‟ u obligaciones „in solidum‟ que dimanan de la naturaleza del ilícito y de la pluralidad de sujetos que hayan concurrido a su producción, y que surge cuando no resulta posible individualizar las respectivas responsabilidades. A esta última especie de solidaridad no son aplicables todas las reglas prevenidas para la solidaridad propia, y en especial no cabe que se tome en consideración el art. 1.974 del Código civil en su párrafo primero…

[Al hacer referencia a la sentencia de 21 de octubre de 2002, añade que] la fuente de donde nace la solidaridad… es la sentencia, y que no existe con anterioridad.35 S. de 14 de marzo de 2003, Núm. 223/2003.

No obstante, la doctrina continúa descartando las

obligaciones in solidum, pues el Ordenamiento Jurídico divide a

las obligaciones con pluralidad de sujetos en mancomunadas y

solidarias, y en vista de ello establece su régimen jurídico.

Véanse, V. Múrtula Lafuente, op. cit, pág. 104, M. Martín-Casals

y J. Solé, Multiple Tortfeasors under Spanish Law en: W.V.H.

35 Al respecto, la Opinión mayoritaria acoge que “la solidaridad imperfecta no nace de un vínculo prexistente, sino del acto ilícito productor del daño según reconocido por la sentencia que así lo declare”. Opinión mayoritaria, pág. 27, esc. 12. Esta postura es altamente criticada. Véase, M. Albaladejo García, Interrupción o No de la Prescripción Frente a Todos los Deudores Solidarios por Reclamación a Uno Solo: Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2003, Rev. Der. Priv. 543, 554 (2003). CC-2009-0918 14

Rgers, Unification of Tort Law: Multiple Tortfeasors, The Hague,

Ed. Kluwer Law International, 2004, pág. 193.

El que la doctrina de las obligaciones in solidum haya sido

adoptada en España, no desmerece el que nuestro ordenamiento

reconozca solamente un tipo de solidaridad. En vista de ello,

todavía son válidas y correctas las razones por las que

interpretamos que las obligaciones surgidas por el daño causado

por una pluralidad de causantes es solidaria, con todos los

efectos que la solidaridad conlleva. En esencia, no se

introducen distinciones que no encuentran justificación en el

Código Civil, se aumenta la garantía del lesionado para que

reciba la reparación íntegra de su daño, y se abona a la

efectiva economía judicial. De igual forma, al incluir mediante

Demanda Enmendada a un codeudor no traído al pleito

originalmente se mejora la posición del cocausante solidario a

quien podría dificultársele su defensa por el transcurso del

tiempo.

Sin embargo, esto no elimina una inquietud de considerable

importancia: ¿es que no existe limite temporal para que el

acreedor incluya mediante Demanda Enmendada a un cocausante del

daño del que conoce su identidad, así como todos los elementos

necesarios para poder ejercitar efectivamente la causa de

acción?

Ciertamente, es una prerrogativa del acreedor presentar una

Demanda contra uno o todos los cocausantes ya sea bajo nuestro

ordenamiento jurídico vigente como bajo la propuesta Doctrina de

Obligaciones In Solidum. El Art. 1097 del Código Civil, 31

L.P.R.A. sec. 3108, expresa que: CC-2009-0918 15

[e]l acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. Las reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte cobrada la deuda por completo.

Del artículo se deducen las opciones para que el acreedor dirija

su acción, ya sea (1) contra todos los codeudores, (2) contra

algunos de ellos, (3) contra uno solo, o (4) contra uno y

después contra otros hasta que cobre la totalidad de la deuda,

pues solo el pago de la deuda en su totalidad, libera a todos

los codeudores. Art. 1098 del Código Civil, supra. Además,

hemos reconocido que la Doctrina de Solidaridad permite también

traer a un pleito instado a tiempo a un cocausante que

originalmente no fue incluido a través de una enmienda a la

Demanda. Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, págs. 607-608.

Sin embargo, este derecho no es absoluto ni ilimitado.

Al respecto, Luis Puig y Ferriol nos ilustra con las

expresiones siguientes:

[H]a de pensarse que son posibles en el sistema del Código las sucesivas reclamaciones judiciales en tanto el interés del acreedor no haya quedado enteramente satisfecho, y sin que, por otra parte, se imponga al acreedor notificar a los codeudores los distintos procedimientos que entable, lo cual quizás pudiera constituir una medida de sana prudencia, con el fin de evitar gastos inútiles. En todo caso cabe conjurar algunos de estos inconvenientes conjugando este ius variandi del acreedor ex artículo 1.144 C. c. con el principio de la buena fe (cfr. Arts. 7-1 y 1.258 C. c.) y con la condena del abuso del derecho (art. 7-2 C. c.),36 como quizás se daría en el caso de sucesivos

36 Luego de consideración doctrinal y de aplicación jurisprudencial, el legislador español incorporó el abuso del derecho al Código Civil mediante reforma del título preliminar de 1973-74. El apartado 2 del Art. 7 del Código Civil español indica que:

1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. CC-2009-0918 16

litigios instados por el acreedor con el único fin de acumular gastos judiciales o eventuales condenas en costas. (Énfasis suplido). L. Puig y Ferriol, Régimen Jurídico de la Solidaridad de Deudores, en Libro- Homenaje a Ramón M.a Roca Sastre, Madrid, Gráficas Cóndor, V.I, 1976, pág. 457.

De igual forma, en Puerto Rico hemos reconocido el

principio de que los derechos deben ejercitarse conforme a las

exigencias de la buena fe. Soriano Tavárez v. Rivera Anaya, 108

D.P.R. 663, 670 (1979). Asimismo, hemos indicado que la ley no

ampara el abuso del derecho o su ejercicio antisocial. Íd. Es

decir, el ejercicio de todo derecho debe ser razonable sin que

conlleve la ruptura de la ordenada convivencia social, ya sea en

su vertiente subjetiva (por el ejercicio del derecho con la

intención de dañar, o sin verdadero interés) u objetiva (cuando

el titular excede manifiestamente los límites impuestos por la

buena fe o por el fin social o económico de ese derecho). Id.,

págs. 670-671. Véase además, J. Roca, Art. 7.2 en Comentarios a

las Reformas del Código Civil: El Nuevo Título Preliminar y la

Ley de 2 de mayo de 1975, V. I, Madrid, Ed. Tecnos, pág. 375.

Además, el comportamiento conforme a la buena fe es precepto

general que abarca toda actividad jurídica y se extiende a la

totalidad del ordenamiento jurídico. Velilla v. Pueblo

Supermarkets, Inc., 111 D.P.R. 585 (1981). Por lo tanto,

nuestro ordenamiento provee vías para sancionar la diligencia y

______________________________ 2. La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso. Art. 7 del Código Civil, Madrid, Ed. Civitas, 1984, pág. 54.

En Puerto Rico no contamos con disposición idéntica en el Código Civil. CC-2009-0918 17

evitar conductas excesivas. Una de ellas es el principio del

abuso del derecho.37

El fin social y económico de autorizar las enmiendas a la

Demanda es proveer mayores garantías para que la persona

afectada obtenga la reparación de todo el daño causado, así como

propender a una eficiente economía judicial. No obstante, la

víctima tiene que ejercitarlo de forma razonable y justa, y no

despreocupada. Por lo tanto, de entenderse que hubo abuso del

derecho por el juzgador, debe admitirse la adopción de medidas

judiciales, tales como la desestimación de la Demanda en cuanto

a ese codeudor.38 En estos casos, el exceso se traduce en

afectar el equilibrio entre todos los intereses, particularmente

la defensa de los demandados, así como la economía procesal;

razones por las que hemos concluido que aplica el régimen

jurídico de la solidaridad con todos sus efectos a este tipo de

casos. Por lo tanto, no existe el tan aclamado “derecho eterno”

que la Opinión mayoritaria comenta. A contrario sensu, podemos

considerar abusivo cuando ya presentada la Demanda el acreedor

la enmienda para incluir a un cocausante pasado un término

irrazonable desde que tuvo conocimiento de su identidad y otros

elementos necesarios. Esto salvo cuando la tardanza surge de

acciones u omisiones atribuibles al cocausante. Al respecto, la

Asamblea Legislativa ya ha determinado como razonable el término

37 De igual forma, también hemos reconocido la Doctrina de Incuria para desestimar acciones en las que se presenta dejadez o negligencia en el reclamo de un derecho. Para ello no basta el mero transcurso del tiempo sino que hay que evaluar otras circunstancias, entre ellas la justificación para la demora, el perjuicio que acarrea y el efecto sobre los intereses involucrados. Véanse, Rivera v. Depto. de Servicios Sociales, 132 D.P.R. 240 (1992); Aponte v. Srio. De Hacienda, E.L.A., 125 D.P.R. 610 (1990). Sin embargo, consideramos suficiente la protección que provee el principio de abuso del derecho y que se enmarca dentro de la tradición civilista. 38 Sin embargo, hemos señalado que el contenido de eticidad de cada acto debe examinarse a la luz de sus circunstancias particulares. Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., 111 D.P.R. 585 (1981). Véase además, C. Lasarte Álvarez, Principios de Derecho Civil, Madrid, Ed. Trivium, 1992, pág. 171. CC-2009-0918 18

de un año. Sin embargo, corresponde al codeudor alegar tal abuso

del derecho y señalar los hechos de los que se desprende.

Cónsono con lo anterior, el que una doctrina esté

consolidada no elimina el que pueda ser mejorada o que responda

más eficientemente a los retos de una sociedad cambiante.

Nuestro ordenamiento jurídico provee la claridad y seguridad

necesaria para atender las consecuencias de una obligación

surgida por múltiples causantes de un daño. Por lo tanto, no

tenemos que recurrir a confecciones de otras jurisdicciones.

Hacer distinciones que el Código Civil no provee, tales como

reconocer la existencia de dos (2) tipos de obligaciones

solidarias - perfectas e imperfectas- para poder seleccionar

entre unos efectos y descartar otros, en nada contribuye a la

seguridad jurídica de las partes. Por lo tanto, no nos podemos

amparar en la idea de que se alcanza la armonía del ordenamiento

jurídico a través de la introducción parcial de una figura que

no es reconocida en este.

En el caso de autos la parte recurrida interrumpió el

término prescriptivo de un (1) año mediante reclamación

judicial. A su vez, hizo la salvedad de que al momento no

conocía todos los detalles relacionados a los hechos. Por ello,

demandó también a dos (2) galenos desconocidos. Sin embargo,

durante el transcurso del proceso tuvo conocimiento de los

nombres de otros doctores que intervinieron con la Sra. Hilda

Pérez, entre ellos el Dr. Mestre Morera, y un informe pericial

que imputaba faltas en el diagnóstico y tratamiento que

ofrecieron. Empero, transcurrieron más de tres (3) años desde

que la parte recurrida tuvo conocimiento de todos los elementos CC-2009-0918 19

y trajo al pleito al Dr. Mestre Morera. Por otra parte, el

peticionario alegó y justificó ante el foro de instancia el

exceso incurrido por la parte recurrida. Cónsono con lo

expresado, la tardanza de la parte recurrida es excesiva y no es

acorde con la finalidad de autorizar las enmiendas a la Demanda.

Tampoco puede atribuirse esta tardanza a las acciones u

omisiones del peticionario.

Por los argumentos antes expresados, disiento de la Opinión

mayoritaria. En cambio, exhortaría a las víctimas de un daño a

presentar prontamente su acción contra aquellos causantes tras

conocer de su identidad, si es su interés tener mayores

garantías de obtener una indemnización completa. De otra forma

corre el riesgo de que se considere su omisión como una actitud

abusiva en cuanto a este.

Mildred G. Pabón Charneco Jueza Asociada