El Pueblo v. Nelson Daniel Centeno

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: September 9, 2021
• Docket: AC-2021-86
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico Certiorari Peticionario

v. 2021 TSPR 133

Nelson Daniel Centeno 207 DPR ____

Recurrido

Número del Caso: AC-2021-86

Fecha: 9 de septiembre de 2021

Tribunal de Apelaciones:

Panel X

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Fernando Figueroa Santiago Procurador General

Lcdo. Javier O. Sepúlveda Rodríguez Subprocurador General

Lcdo. Omar Andino Figueroa Subprocurador General

Lcda. Liza M. Delgado González Procuradora General Auxiliar

Sociedad para Asistencia Legal Abogado de la parte recurrida:

Lcdo. Luis A. Gutiérrez Marcano

Materia: Derecho Constitucional y Procedimiento Criminal - Solo es válida la instrucción que explique al Jurado que tanto el veredicto de culpabilidad como el de no culpabilidad debe ser unánime.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v. AC-2021-0086

Nelson Daniel Centeno

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo

(Regla 50)

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de septiembre de 2021.

Luego de la determinación de Ramos v. Louisiana1

adoptada en Pueblo v. Torres Rivera,2 nos corresponde

dilucidar la validez de una instrucción al Jurado que

alude a que el veredicto de culpabilidad tiene que ser

unánime, pero, en cambio, uno absolutorio podría ser

por mayoría de 9 miembros del Jurado.

Por los fundamentos que expondremos, resolvemos

que solo será válida la instrucción que explique al

Jurado que tanto el veredicto de culpabilidad como el

de no culpabilidad deberá ser unánime.

1 140 S. Ct. 1390, 50 US __ (2020).

2 204 DPR 288 (2020). AC-2021-0086 2

I

Por hechos ocurridos el 4 de enero de 2016, el

Ministerio Público presentó varias denuncias contra el Sr.

Nelson Daniel Centeno (recurrido) en el Tribunal de Primera

Instancia. Luego de los procedimientos correspondientes, al

recurrido se le imputó la comisión de los delitos de

escalamiento agravado, asesinato en primer grado, tentativa

de asesinato e infracciones a la Ley de Armas.

Durante la celebración del juicio, el Ministerio

Público presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una

Moción solicitando instrucción al jurado. En específico, y

al amparo de la normativa establecida en Ramos y adoptada

en Torres Rivera, el Ministerio Público solicitó que se le

impartiera al Jurado la instrucción de que, en esencia,

“todos deben estar de acuerdo y votar, de forma unánime, ya

sea para encontrar culpable o no culpable al acusado”.3

Por su parte, el recurrido se opuso a la instrucción

sugerida por el Ministerio Público.4 De entrada, aludió a

que tanto nuestra Constitución como las Reglas de

Procedimiento Criminal establecen la proporción de mayoría

y que la norma pautada en Ramos, adoptada en Torres Rivera,

se limitó a que el requisito de unanimidad es para

veredictos de culpabilidad. En particular, manifestó que

3 Moción solicitando instrucción al jurado, Apéndice, pág. 79.

4Moción en oposición a “Moción solicitando (SIC) instrucción al jurado, para que se imparta instrucción al jurado”, Apéndice, págs. 81-86. AC-2021-0086 3

en Torres Rivera circunscribimos la controversia en

determinar si, a la luz de Ramos, una condena dictada en

virtud de un veredicto por mayoría en nuestra jurisdicción

infringe las salvaguardas procesales inherentes al derecho

fundamental a un juicio por Jurado que garantiza la Sexta

Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Así,

argumentó que determinamos que según Ramos se instituye el

requisito de unanimidad para lograr una convicción.

En consecuencia, el recurrido propuso que se

impartiera al Jurado la instrucción siguiente:

Para que un veredicto de no culpabilidad sea válido, por lo menos nueve (9) de ustedes deben estar de acuerdo con el mismo. El veredicto para declarar no culpable al acusado, expresará si la mayoría es de 9 a 3, 10 a 2, 11 a 1, o por unanimidad. Por el contrario, para que un veredicto de culpabilidad sea válido, el mismo debe ser unánime, es decir, todos ustedes deben de estar de acuerdo con el mismo. El resultado de la votación se hará constar por el Presidente o la Presidenta del jurado en el formulario provisto por el Tribunal.5

Evaluados los planteamientos de las partes, el

Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución en la

que declaró “no ha lugar” la Moción solicitando instrucción

al jurado presentada por el Ministerio Público. En lo

pertinente, la determinación dispuso lo siguiente:

Al requerir que se encuentre no culpable por unanimidad a un acusado, entendemos que estaríamos colocándolo en una posición donde tendría que demostrar su inocencia. En ese sentido, se depositaría en la defensa el cargo de la prueba, en tanto y en cuanto se debe convencer al jurado de la no culpabilidad. Sin embargo, quien por disposición legal tiene el peso de la prueba es el Ministerio Fiscal teniendo que demostrar la culpabilidad de un acusado

5 Íd., pág. 84. AC-2021-0086 4

más allá de duda razonable. Es el responsable de presentar evidencia que produzca certeza o convicción moral en una conciencia exenta de preocupación o ánimo prevenido.

Tanto la jurisprudencia como la ley establece que el acusado no tiene obligación alguna de presentar prueba en su defensa y que el peso de la prueba no cambia en etapa alguna del proceso, pues descansa en su presunción de inocencia.

Siendo el Ministerio Fiscal quien posee el peso de la prueba está llamado a demostrar ante el jurado la culpabilidad de un acusado más allá de duda razonable, el cual se cumple al obtener un veredicto unánime, pues lograría convencer, dirigir la inteligencia y satisfacer la razón de las 12 personas del jurado. Así, se satisface el derecho a un juicio justo e imparcial, donde no abarque duda razonable de la comisión del delito.6

Acto seguido, el foro de instancia enfatizó que la

norma pautada en Ramos se ciñó a los veredictos de

culpabilidad al expresar:

Ahora bien, el veredicto al que se hace alusión es al de culpabilidad y no al de absolución. Sabido es que toda persona acusada de delito tiene un derecho constitucional a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe lo contrario.

La unanimidad establece una protección procesal esencial del acusado ante un proceso penal, donde puede ser privado de su libertad. Al ser un derecho del acusado, es el Estado quien debe lograr convencer a los 12 jurados más allá de duda razonable.7

De esta manera, el Tribunal de Primera Instancia

concluyó que exigir el requisito de unanimidad para un

veredicto absolutorio iría en contra de los preceptos en

ley. Por consiguiente, determinó instruir al Jurado, según

solicitó el recurrido. Esto es, que para alcanzar un

veredicto de no culpabilidad, por lo menos 9 personas del

Jurado deben concurrir, por lo que el veredicto deberá

6 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice, págs. 92-94.

7 Íd., pág. 93. AC-2021-0086 5

expresar si la mayoría es de 9 a 3, 10 a 2, 11 a 1 ó por

unanimidad.8

Inconforme, el Procurador General acudió ante el

Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari

y señaló que el tribunal de instancia erró al adoptar la

instrucción para el Jurado propuesta por el recurrido de

que el veredicto de culpabilidad tiene que ser unánime,

pero que para uno de no culpabilidad sería suficiente por

lo menos la concurrencia de 9 miembros del Jurado.9 En

resumen, el Procurador General argumentó que, al amparo de

la Constitución federal, un veredicto que incumpla con la

exigencia de la unanimidad tanto para condenar como para

absolver es constitucionalmente inválido. Así, concluyó que

esa era la norma aplicable a nivel federal, “y es la norma

que impera en Puerto Rico al activarse en nuestra

jurisdicción la figura del Jurado de conformidad con la

Sexta Enmienda y lo resuelto en Ramos v. Louisiana,

supra.”10

Por su parte, el recurrido presentó un Escrito en

oposición.11 En esencia, argumentó que luego de Ramos el

requisito de mayoría de votos para la absolución de

nuestra Constitución y de las leyes pertinentes no había

sido alterado o eliminado por ninguna enmienda

8 Íd.

9 Petición de certiorari, Apéndice, pág. 42.

10 Íd., pág. 62.

11 Escrito en Oposición, Apéndice, págs. 97-117. AC-2021-0086 6

constitucional o legislativa ni por declaración de

inconstitucionalidad por un tribunal competente. Sobre

este particular, el recurrido arguyó que:

Es el Estado quien debe tener una segunda oportunidad para probar la culpabilidad de un acusado si en un primer proceso no ha logrado obtener un voto de culpabilidad por unanimidad. Sin embargo, un segundo proceso no debiera ser una segunda oportunidad para un acusado probar su inocencia cuando en el primer juicio hubo por lo menos nueve (9) jurados que concluyeron que el acusado era inocente.12

Una vez analizó los argumentos de las partes, el foro

apelativo intermedio confirmó el dictamen del Tribunal de

Primera Instancia. Según razonó el Tribunal de Apelaciones,

la decisión del Tribunal Supremo federal en Ramos mediante

la cual se estableció el requisito de unanimidad como un

componente esencial del derecho fundamental al juicio por

Jurado, se limitó exclusivamente a la unanimidad para

veredictos de culpabilidad. Añadió que no procedía la

aplicación de la Sexta Enmienda de forma restrictiva y sin

apoyo jurídico. Además, enfatizó que tanto en Ramos como en

Torres Rivera los tribunales solo resolvieron si la Sexta

Enmienda requiere unanimidad para el veredicto de

culpabilidad y al así adoptar este requisito dispusieron

que la unanimidad del veredicto del Jurado operaba como un

requisito sustancial para lograr una convicción. De

manera que, según interp retó, se reconoció la

unanimidad como un corolario natural de la imparcialidad

que ordena la Sexta Enmienda .

12 Íd., pág. 116. AC-2021-0086 7

Asimismo, precisó que la propuesta del Procurador

General dejaría inoperantes las disposiciones medulares de

nuestro ordenamiento jurídico que establecen que para

rendir un veredicto deberán concurrir no menos de 9 de los

12 miembros del Jurado. En ese contexto, expuso que hemos

reconocido que, en comparación con la Constitución federal,

nuestra Carta Magna es de factura más ancha, por lo que

conceder mayores protecciones a los acusados de las

ofrecidas a nivel federal no contraviene la reciente

jurisprudencia federal y estatal.

Por último, el foro apelativo intermedio coligió que

aceptar la postura del Procurador General modificaba

nuestro sistema de justicia criminal en la medida que le

impone al acusado una carga más onerosa para demostrar su

inocencia y minimizar el peso de la prueba que tiene que

satisfacer el Estado en los casos criminales. Explicó que

tal interpretación de Ramos se encuentra en tensión abierta

con la presunción de inocencia que posee toda persona

acusada en nuestra jurisdicción. Al respecto, puntualizó

que en un proceso criminal lo que se juzga es la

culpabilidad del acusado no su inocencia, por lo que sería

un contrasentido tener que probar algo que se presume hasta

que se derrote con prueba más allá de duda razonable.

Por todo lo anterior, concluyó que no existía margen

para adoptar la interpretación del Procurador General,

porque la fuente legal que utilizó como argumento para AC-2021-0086 8

sostener su contención -Ramos- no atendió la controversia

que tenemos ante nuestra consideración. Es decir, la norma

pautada en Ramos sobre el veredicto de unanimidad en una

determinación de culpabilidad no se puede extender a los

veredictos de absolución o no culpabilidad.

No conforme, el Procurador General acudió ante este

Foro mediante un recurso de Apelación y señaló lo siguiente:

Erró el Tribunal de Apelaciones al concluir en el caso de autos que para la culpabilidad el veredicto tiene que ser unánime, pero que para uno de no culpabilidad es suficiente por lo menos la concurrencia de nueve miembros del jurado.13

Ante la importancia y el interés público que reviste

el caso ante nuestra consideración, procedemos a disponer

de la controversia sin trámite ulterior al amparo de la

Regla 50 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap.

XXI-B. Pasemos, pues, a exponer el marco jurídico.

II

A. El Juicio por jurado

Toda persona acusada de un delito grave tiene derecho

a ser juzgado por un Jurado imparcial. Esta garantía es un

derecho fundamental consagrado en la Sexta Enmienda de la

Constitución de Estados Unidos y en la Constitución de

Puerto Rico.

En particular, la Sexta Enmienda de la Constitución de

Estados Unidos dispone lo siguiente:

In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an

13 Apelación, pág. 9. AC-2021-0086 9

impartial jury of the state and district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted with the witnesses against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the assistance of counsel for his defense.14

Por su parte, y en lo pertinente, la Sec. 11 del Art.

II de la Constitución de Puerto Rico establece que:

[…] En los procesos por delito grave el acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por doce vecinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no menos de nueve. […].15

Han sido varias las ocasiones en que hemos sostenido

la validez de esta porción de la cláusula constitucional.16

Sin embargo, en esta ocasión la analizaremos a la luz de lo

resuelto en Ramos, pero en el contexto de los veredictos

unánimes de no culpabilidad. En otras palabras,

analizaremos el efecto implícito que provocó Ramos en el

fragmento de la disposición constitucional en controversia

respecto a los veredictos absolutorios. No obstante, y en

aras de exponer las razones que nos llevan a resolver este caso,

también debemos remontarnos a nuestra historia constitucional,

14 Emda. VI, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 198.

15 Art. II, Sec. 11, Const. PR, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 336. Énfasis nuestro.

16 Pueblo v. Casellas Toro, 197 DPR 1003, 1018–1019 (2017) (citando Pueblo v. Báez Cintrón, 102 DPR 30 (1974); Pueblo v. Santiago Padilla, 100 DPR 782, 784 (1972); Pueblo v. Batista Maldonado, 100 DPR 936 (1972); Pueblo v. Hernández Soto, 99 DPR 768, 778–779 (1971); Pueblo v. Aponte González, 83 DPR 511, 513–514 (1961); Jaca Hernández v. Delgado, 82 DPR 402, 406–409 (1961); Fournier v. González, 80 DPR 262 (1958)). AC-2021-0086 10

desde antes -incluso- de la celebración de la Convención

Constituyente.

Como sabemos, en Ramos el Tribunal Supremo de Estados

Unidos evaluó un veredicto de culpabilidad cuya proporción

decisoria fue la siguiente: 10 miembros del Jurado

encontraron persuasiva la evidencia presentada por el

estado de Luisiana en contra del acusado, mientras que 2

miembros creyeron que el Estado falló en probar la

culpabilidad del acusado más allá de duda razonable, por lo

que éstos votaron para absolver. Así, el acusado fue

sentenciado a cumplir cárcel de por vida y sin derecho a

probatoria.17 Esto, distinto a lo establecido en 48 de los

estados de la Unión que permiten que con un solo voto de un

miembro del Jurado para absolver es suficiente para

declarar un “mistrial”.18

Estos hechos provocaron que, de manera definitiva, el

Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolviera si se

requería un veredicto unánime para condenar a un acusado.

Evaluados los planteamientos de las partes, el Tribunal

Supremo federal estableció que la Sexta Enmienda -

incorporada a los estados por vía de la Decimocuarta

Enmienda- requiere un veredicto de unanimidad por parte

17Ramos, 140 S.Ct. en las págs. 1393-1394. Nótese que esa proporción decisoria tenía por propósito asegurar que los miembros del jurado Afro-Americanos quedaran excluidos. Esto es, “in order to ensure that African-American juror service would be meaningless”. De igual forma, el Estado de Oregón permitía veredictos no unánimes tras el esfuerzo del Ku Klux Klan para diluir la influencia racial, étnica y religiosa en los miembros del Jurado. Íd., pág. 1394.

18 Íd. AC-2021-0086 11

de los miembros del Jurado para lograr un veredicto de

culpabilidad.

Así, y a pesar de que la Sexta Enmienda no menciona en

su texto que el veredicto debe ser unánime, el Foro Supremo

federal estableció que el concepto de “juicio por un jurado

imparcial” incluye un requisito tan ampliamente extendido

y aceptado como lo es la unanimidad.19 De manera que un

Jurado tiene que alcanzar un veredicto unánime para

condenar.20

Sin embargo, es importante señalar que aunque el

origen del requisito de unanimidad en los veredictos como

una parte intrínseca del proceso penal federal no es del

todo cierto, el requisito en sí aparenta remontarse a la

Edad Media.21 Particularmente, en Ramos el Tribunal Supremo

federal señaló que el requisito de unanimidad se adoptó de

Inglaterra en el siglo XIV como un derecho vital protegido

por el derecho común.22 Esto, a pesar de que en otros países

de Europa la situación era distinta. Evidencia de esto, es

las múltiples ocasiones donde el Tribunal Supremo ha

reconocido que la unanimidad en los veredictos es un

requisito fundamental del juicio por jurado en el ámbito

federal.

19Íd., pág. 1396. (“If the term ‘trial by an impartial jury’ carried any meaning at all, it surely included a requirement as long and widely accepted as unanimity.”).

20 Íd. (“A jury must reach a unanimous verdict in order to convict.”).

21 Apodaca y. Oregón, 406 U.S. 404, 407 n.2 (1972).

22 Ramos, 140 S.Ct. en la pág. 1395. AC-2021-0086 12

Ahora bien, es incuestionable que el requisito de la

unanimidad de la Sexta Enmienda aplica tanto a los juicios

estatales como a los federales por igual.23 Por lo tanto,

si el derecho a un juicio por jurado que emana de la Sexta

Enmienda requiere un veredicto unánime para lograr una

convicción en el tribunal federal, en virtud de la

decimocuarta enmienda, no podrá requerir menos en el ámbito

estatal.24

Posteriormente, y cónsono con lo anterior, atendimos

Torres Rivera en el que resolvimos una controversia similar

a la de Ramos y evaluamos si -a la luz de esa Opinión- una

condena dictada en virtud de un veredicto no unánime

transgredía las salvaguardas procesales inherentes al

derecho fundamental a un juicio por jurado que garantiza la

Sexta Enmienda. Examinada la controversia, razonamos que:

Una lectura de la opinión emitida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Ramos v. Louisiana, supra, devela que la unanimidad constituye una protección procesal esencial adicional que deriva del —y es consustancial al— derecho fundamental a un juicio por jurado consagrado en la Sexta Enmienda. El reconocimiento de la unanimidad como una cualidad intrínseca del derecho fundamental a un juicio por un jurado imparcial es vinculante en nuestra jurisdicción y obliga a nuestros tribunales a requerir veredictos unánimes en todos los procedimientos penales por delitos graves que se ventilen en sus salas.25

23 Íd., en la pág. 1397. (“There can be no question either that the Sixth Amendment’s unanimity requirement applies to state and federal criminal trials equally.”).

24Íd. (“So if the Sixth Amendment’s right to a jury trial requires a unanimous verdict to support a conviction in federal court, it requires no less in state court”.).

25 Torres Rivera, 204 DPR en las págs. 306-307. AC-2021-0086 13

Ahora bien, aunque la institución del Jurado tiene su

origen en el derecho anglosajón, no es menos cierto que en

Puerto Rico la figura del Jurado estaba instaurada desde el

primer gobierno civil a principios del Siglo XX, desde la

aprobación de la Ley estableciendo el Juicio por Jurado en

Puerto Rico26 y la Ley sobre procedimientos en los juicios

por jurado. Asimismo, se reconoció el derecho al juicio por

Jurado en el Art. 185 del Código de Enjuiciamiento Criminal

de Puerto Rico, el cual requería un veredicto unánime.27 A

esos efectos, se instituyó que “[u]n jurado constará de

doce hombres que deben estar unánimemente conformes en

cualquier veredicto que dicte”. No obstante, esta

disposición se enmendó posteriormente mediante la Ley Núm.

11 de 19 de agosto de 1948 para autorizar que los veredictos

se obtuviesen por una mayoría de al menos nueve miembros

del Jurado y, en 1952, el mínimo en la votación para

sostener los veredictos se incluyó como parte de la

Constitución de Puerto Rico.28

En ese sentido, en la sección siguiente, analizaremos

las razones que tuvieron los delegados de la Convención

Constituyente para adoptar ese razonamiento en nuestra

Constitución.

26Ley estableciendo el Juicio por Jurado en Puerto Rico de 12 de enero de 1901, 34 LPRA ant. Sec. 462n, y Ley sobre procedimientos en los juicios por jurado de 31 de enero de 1901.

27 Pueblo v. Casellas Toro, supra, pág. 1017.

28 Íd., págs. 1017-1018. AC-2021-0086 14

B. El debate sobre el juicio por jurado en la

Constituyente

En nuestra función interpretativa de una cláusula

constitucional es necesario que evaluemos la intención de

nuestra Convención Constituyente. Sobre esto, hemos

expresado que “para considerar el alcance de una cláusula

constitucional puertorriqueña, aunque ésta cuente con una

cláusula análoga en la Constitución de Estados Unidos, es

nuestra obligación recurrir, como fuente primaria, al

Diario de Sesiones de la Convención Constituyente”.29

Durante el proceso de redacción y aprobación de nuestra

Constitución, la Comisión de la Carta de Derechos,

presidida por Don Jaime Benítez, presentó un Informe sobre

las deliberaciones, las propuestas y el desempeño de la

encomienda que recibió de parte de la Asamblea

Constituyente. Igualmente, este anteproyecto manifestó las

motivaciones para la redacción de la Carta de Derechos con

el fin de alcanzar su eventual aprobación. 30 En lo

ateniente al juicio emitido por un Jurado imparcial,

su composición y el número de jurados que podrían

rendir un veredicto, el Informe expresó lo

siguiente:

El texto fija permanentemente en doce el número de los jurados, respondiendo así a la tradición que ha prevalecido en el país y a la

29 Pueblo v. Serrano Morales, 201 DPR 454, 494–495 (2018). Véase, además, Tatiana Vallescorbo Cuevas, Interpretando La factura más ancha, 46 Rev. Jur. UIPR 303, 327-330 (2012).

30 2 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, 1103(1952). AC-2021-0086 15

tradición del derecho común. Distinto a esa tradición[,] el veredicto podrá rendirse por la mayoría de votos que determine el poder legislativo, pero no podrá ser menor de nueve. Este es el sistema vigente por ley. Entendemos que la fórmula propuesta permitirá a la [Asamblea] Legislativa a aumentar el margen de mayoría hasta la unanimidad, si lo juzgare conveniente en el futuro.31

Con relación a lo anterior, en la Convención se

recomendaron enmiendas a la sección 11 de la Carta de

Derechos. En específico, se pretendió eliminar la frase

original “quienes podrán rendir un veredicto por mayoría de votos

que en ningún caso habrá de ser menor de nueve”. Según entendía el

asambleísta Ernesto Juan Fonfrías, una vez constituida la institución

del Jurado, era a la Legislatura a quien le correspondía determinar

el número de los miembros que lo compondrían.32 Es decir, sugirió

eliminar todo lo relacionado a la composición y al número de

miembros del Jurado que debían concurrir para rendir

31 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, Informe de la Comisión de la Carta de Derechos, págs. 2568-2569 (1961). Como detallaremos, pero resumimos en Pueblo v. Casellas Toro, supra, 1017-118:

[P]revio a la aprobación de nuestra Constitución en 1952, la figura del Jurado ya estaba instaurada en la Isla. Particularmente, el primer gobierno civil bajo la soberanía americana estableció ese derecho en los casos criminales. Véase la Ley de 12 de enero de 1901 (34 LPRA ant. sec. 462 n.). Si bien en un principio los veredictos que rendían los Jurados en virtud de ese estatuto tenían que ser por unanimidad, unos años antes de la aprobación de la Constitución esa disposición se enmendó mediante la Ley Núm. 11 de 19 de agosto de 1948 (34 LPRA ant. secs. 611 n. y 811 n.), para autorizar que los veredictos se obtuviesen con la concurrencia de nueve miembros del Jurado.

323 Diario de Sesiones, pág. 1588. Cabe mencionar que la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico coincidía con la postura de que la institución del Jurado debía permanecer -como hasta entonces- en manos de la Legislatura y no debía ser elevado a la consagración constitucional. Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico: La Nueva Constitución de Puerto Rico, pág. 174 (1954) (Ed. Fascsimilar 2005). AC-2021-0086 16

un veredicto.33 De esta forma, según su parecer, la Asamblea

Legislativa podría determinar si el veredicto “fuera por

nueve, que fuera por mayoría de siete contra cinco…”. Sobre

este particular, Don Jaime Benítez confesó un temor y éste

se circunscribía a que la jurisprudencia federal había

resuelto que la expresión “juicio por jurado” quería decir

“juicio por jurado con veredicto unánime”.34 Manifestó que

eliminar el número de mínimo sería fijar indefectiblemente

en 12 el número de jurados que tendrían que concurrir en un

veredicto.35 Asimismo, antes de ser derrotada esa propuesta

del señor Fonfrías, el señor Benítez expresó que se oponía

a la enmienda sugerida porque entendía que:

[E]l veredicto inculpatorio de un jurado debe tener por lo menos un número de nueve votos en contra del acusado y no más, tiene que tener por lo menos nueve votos en su contra o debe tener nueve votos en su favor; pero no se debe inculpar a un acusado con una votación en su contra inferior a tres cuartas partes del total del jurado.36

Como vemos, en ninguna parte del debate de los

constituyentes se mencionó siquiera la posibilidad de que

la exigencia en el número de jurados para condenar pudiera

ser distinta a lo requerido para absolver. Todo lo

contrario, cuando se menciona el asunto se evidencia la

intención de simetría en los veredictos.

33 3 Diario de Sesiones, pág. 1589. Véase III J. Trías Monge, Historia constitucional de Puerto Rico, Editorial UPR, pág. 195 (1982). 34 2 Diario de Sesiones, pág. 1589.

35 Íd.

36 Íd. AC-2021-0086 17

De hecho, en las crónicas de Don José Trías Monge se

relató que antes de la aprobación de la Constitución, la

Ley Foraker y la Ley Jones guardaban silencio sobre el

juicio por jurado.37 Pero, cuando se instituyó el primer

gobierno civil38 se celebró la primera sesión de la Asamblea

Legislativa mediante la cual se aprobó, entre otros, la Ley

sobre procedimientos en los juicios por jurados, Ley Núm.

1 de 31 de enero de 1901 (Ley de 1901). En esta Ley, e

inmediatamente después que la sección 1 definiera al Jurado

como “un cuerpo de hombres elegidos entre los habitantes de

un determinado distrito y revestido de poder para conocer

como Juez en cuestiones de hechos”,39 la sección 2 dispuso

que “un jurado constará de doce hombres que deben estar

unánimemente conformes en cualquier veredicto que emitan”

sobre delitos graves.40

Luego de que esta norma imperara por 47 años, en 1948

se introdujo el veredicto por mayoría en nuestra

jurisdicción. Así, se enmendó el Código de Enjuiciamiento

Criminal para disponer que el “veredicto será por acuerdo

37III J. Trías Monge, Historia constitucional de Puerto Rico, Editorial UPR, pág. 194 (1982).

38 Ley Foraker de 12 de abril de 1900, Documentos Históricos, LPRA, Tomo 1, ed. 2016. Véase III J. Trías Monge, Historia constitucional de Puerto Rico, Editorial UPR, pág. 195 (1982).

39Ley sobre procedimientos en los juicios por jurados, Ley Núm. 1 de 31 de enero de 1901 (Ley de 1901), pág. 122. 3 Diario de Sesiones, pág. 1587. Destacamos que el veredicto unánime se incorporó, además, en el Código de Enjuiciamiento Criminal de 1 de marzo de 1902.

40Íd. (Énfasis suplido). Es oportuno señalar que durante la Asamblea Constitucional se propuso mantener el lenguaje de la Ley de 1901 respecto a que los hombres que compondrían el Jurado serían elegidos, esto para rechazar la sugerencia de los “doce vecinos del distrito”. 3 Diario de Sesiones, pág. 1587. AC-2021-0086 18

de no menos de tres cuartas partes (¾) del jurado”.41 De ahí

que el Informe de la Comisión de la Carta de Derechos

manifestara que el veredicto por mayoría era el sistema

vigente por ley y que, a su vez, se facultaba a la

Legislatura el poder aumentar el número de jurados que

debían concurrir para un veredicto.42 Sin embargo, y como

vemos, lo que se enmendó fue el número mínimo de jurados

necesarios para lograr un veredicto, y no la proporción

entre ambos veredictos.

En conclusión, al momento en que se discutía la porción

de la sección 11 de la Carta de Derechos que está en

controversia, no se expuso en el seno de la Asamblea

Constitucional la distinción entre veredictos, así como el

número de jurados que tendrían que concurrir para rendir un

veredicto inculpatorio o para uno absolutorio. Además, la

redacción que al final se aprobó demostró que la inacción

de la Asamblea Constitucional de distinguir los veredictos

y la proporción decisoria por mayoría no se debió a

ingenuidad o desconocimiento de nuestros delegados,

pues el Informe y el debate son guías de

41Art. 2 de la Ley Núm. 11 de 19 de agosto de 1948 (34 LPRA ant. secs. 611 n.) (Ley de 1948). Según afirmó Trías Monge, la aprobación de la Ley de 1948 tuvo lugar porque el regreso de Don Pedro Albizu Campos aumentó la presencia de los nacionalistas, por lo que la enmienda limitó el derecho al juicio por jurado concebido desde antes de la aprobación de la Asamblea Constitucional así como se desautorizó el uso del Jurado en ciertos delitos graves. III J. Trías Monge, Historia constitucional de Puerto Rico, Editorial UPR, pág. 194 (1982). Sin embargo, en cuanto al veredicto por mayoría, en Pueblo v. Figueroa Rosa, 112 DPR 154, 160 (1982) reconocimos que la adopción de la proporción decisoria en la referida ley fue para “evitar que el aislado proceder de un solo miembro abortara la unanimidad y anulara el esfuerzo y labor colectiva del panel”.

42 4 Diario de Sesiones, Informe, pág. 2570. AC-2021-0086 19

interpretación y es incuestionable que éstos revelan un

trato igualitario para ambos veredictos. Por lo tanto, solo

existe cabida para interpretar que, conforme a nuestra

Constitución y la historia incluso previa a su aprobación,

la proporción decisoria del veredicto es la misma tanto

para la culpabilidad como para la no culpabilidad.

Precisamente esa falta de distinción entre ambos

veredictos en la cláusula en cuestión y la facultad que

emana de los diarios de la Convención Constituyente para -

mediante legislación- aumentar la proporción decisoria de

mayoría hasta la unanimidad, sujetó a la Legislatura al

mismo equilibrio para ambos veredictos, ni más ni menos. De

modo que, según explicado y para que la Asamblea Legislativa

cumpliera con la disposición constitucional, el aumento de

la proporción decisoria a la concurrencia de diez, once o

doce jurados para el veredicto de culpabilidad sería igual

para la aprobación de la no culpabilidad.

C. Factura más ancha

Como es de conocimiento, “la aplicabilidad de un

derecho constitucional federal constituye sólo el ámbito

mínimo de ese derecho”.43 Es decir, Puerto Rico puede

interpretar la Constitución para ampliar un derecho que

rebose en una protección mayor de la reconocida por la

43 Pueblo v. Díaz, Bonano, 176 DPR 601, 621 (2009). AC-2021-0086 20

Constitución federal.44 A raíz de este principio es que

hemos reconocido “que nuestra Carta de Derechos es de

factura más ancha que la Constitución federal”. Sin

embargo, la extensión de la factura más ancha a un derecho

reconocido expresamente por la Constitución o el Tribunal

Supremo federal no es de aplicación automática.

En Pueblo v. Díaz, Bonano,45 adoptamos la norma

interpretativa de la frase “factura más ancha” ideada por

el exjuez asociado Antonio Negrón García en su disenso de

Pueblo v. Yip Berríos,46 quien expuso lo siguiente:

... la antedicha “factura más ancha” es descriptiva, no prescriptiva. No debe dar lugar, irreflexivamente, a un proceso mediante el cual la norma constitucional puertorriqueña se determina mecánicamente, tomando como base el grado de protección a la intimidad establecido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo federal y luego ensanchándolo. Que nuestra jurisprudencia establezca un grado mayor de protección que la federal es quizás predecible, pero no es ni debe ser un pre-requisito.

Nuestra Constitución requiere[,] no que automáticamente establezcamos una protección mayor que la federal, sino una protección fundamentada en los principios que acoge nuestra propia Carta de Derechos. Si el razonamiento esbozado en la jurisprudencia de otras jurisdicciones nos convence, es perfectamente apropiado acogerlo.47

En este contexto, la Sección 9 del Art. II de nuestra

Constitución establece que:

La enumeración de derechos que antecede no se entenderá en forma restrictiva ni supone la

44 Íd.

45 Íd.

46 142 DPR 422 (1997) (Negrón García, opinión disidente).

47 Pueblo v. Díaz, Bonano, supra, pág. 624. AC-2021-0086 21

exclusión de otros derechos pertenecientes al pueblo en una democracia, y no mencionados específicamente.

No obstante, es importante aclarar que lo establecido

en esta Sección 9 solo es posible en la medida que de la

propia Constitución exista el espacio para hacerlo, pues

este Tribunal es intérprete y no creador.48 Así, estamos

impedidos, no solo esta Curia sino la Asamblea Legislativa,

de ensanchar derechos que, desde el principio, nuestros

forjadores claramente no quisieron extender.

En conclusión, a través de Ramos aplicado en Torres

Rivera, el veredicto de culpabilidad que rendirá un Jurado

tiene que ser unánime evitando así el violentar la Sexta

Enmienda de la Constitución Federal. Sin embargo, en el

espectro de nuestra Ley Suprema los veredictos de no

culpabilidad tienen que mantener la misma proporción

decisoria para no quebrantar la Sec. 11 del Art. II de la

Constitución de Puerto Rico.

Con este análisis queda meridianamente claro que Ramos

dejó sin efecto el texto constitucional que establece

“veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir

no menos de nueve”, salvándose únicamente la intención de

igualdad o simetría proporcional en los tipos de

veredictos.

48 Pueblo v. Rivera Surita, 202 DPR 800, 812 (2019) (citando a Clínica Juliá v. Sec. de Hacienda, 76 DPR 509, 521 (1954)). AC-2021-0086 22

III

El Tribunal de Primera Instancia permitió que se

instruyera a los miembros del Jurado que para lograr un

veredicto de culpabilidad este debía ser unánime, pero, en

cambio, uno de no culpabilidad podía ser por mayoría de 9

miembros. Razonamos que impartir esa instrucción al Jurado

es improcedente. Así, concluimos que los foros a quo erraron

al permitirlo. Veamos.

Aunque ciertamente el caso de Ramos se circunscribió

al escenario de un veredicto de culpabilidad no unánime, no

nos queda duda de que esa decisión trastocó nuestra cláusula

constitucional. Ello, ocurre en la medida en que nuestros

padres fundadores establecieron la misma proporción

decisoria tanto para los veredictos de culpabilidad como a

los de no culpabilidad. Dicho de otro modo, en ningún

momento los constituyentes bifurcaron o distinguieron el

resultado de la deliberación del Jurado.

Como examinamos, nuestra cláusula constitucional no

distingue entre el veredicto de culpabilidad y el de no

culpabilidad, solo postula “veredicto por mayoría”. No es

razonable pensar que eso fue por ignorancia o

desconocimiento de los redactores de nuestra

Constitución. Nótese que, conforme a la Asamblea

Constituyente, el Legislador había quedado facultado

para aumentar el número de miembros del Jurado a rendir

un veredicto hasta llegar a la unanimidad, pero no la AC-2021-0086 23

autorizó a que estableciera distinciones en la

proporción decisoria de los veredictos .

En fin, al resolver Ramos, el Tribunal Supremo federal

extendió una protección que obliga a los estados y a Puerto

Rico con relación a los veredictos condenatorios. No

obstante, y debido a que la redacción de nuestra cláusula

constitucional no permite la existencia de desproporción

decisoria en los veredictos, la obligatoriedad del

veredicto condenatorio unánime establecido en Ramos en

beneficio del acusado, obliga a su vez la unanimidad en el

veredicto absolutorio en nuestra jurisdicción.

Antes de Ramos, una votación de menos de nueve votos

para declarar culpable al acusado no era suficiente para

lograr una convicción y causaba que el Jurado se disolviera

sin lograr un veredicto (hung jury). En otras palabras, se

disolvía el Jurado porque no se logró el número de votos

requerido para que el Jurado emitiera un veredicto. Ese

principio permanece inalterado. Lo único que cambia es el

número de votos requerido para alcanzar un veredicto.

Ahora, una votación que no sea unánime no es suficiente.

Si los doce miembros del Jurado no se ponen de acuerdo, no

se logra el número de votos requerido para que el Jurado

emita un veredicto. La consecuencia sigue siendo la misma:

disolver el Jurado (hung jury). Ante un tranque del Jurado por no

lograr un veredicto unánime, el procedimiento no necesariamente AC-2021-0086 24

culmina, sino que el acusado podría ser juzgado nuevamente.

Reiteramos, al igual que ocurre en toda la Nación, a nivel

federal y estatal, esto no otorga una carga al acusado de

probar su inocencia.

Por último, rechazamos por totalmente inmeritoria la

postura de que requerir la unanimidad para lograr un

veredicto absolutorio transferiría al acusado el peso de la

prueba o que trastocaría la presunción de inocencia. En la

esfera federal el requisito de unanimidad opera tanto para

los veredictos de culpabilidad como para los absolutorios,

quedando intacta la presunción de inocencia y el peso de la

prueba atribuible al Estado.49 Concluir lo contrario tendría

el efecto de conferirle un alcance a la presunción de

inocencia que no tiene en la jurisdicción federal de la que

adoptamos la nuestra.

IV

Por los fundamentos expuestos, y sin trámite ulterior

de conformidad con la Regla 50 del Reglamento de este

Tribunal, supra, revocamos la Sentencia emitida por el

Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso al Tribunal

de Primera Instancia para que proceda de conformidad con

lo expuesto en esta Opinión.

49En ese sentido, contrario a lo que adujo el Tribunal de Apelaciones, la realidad es que el peso de la prueba en un juicio criminal no se transfiere al acusado al requerir un veredicto unánime. Según establece nuestro estado de derecho vigente, el Ministerio Público sigue teniendo la carga de probar las acusaciones más allá de duda razonable, ya que el acusado se presume inocente. Precisamente, en la esfera federal, donde ha imperado tradicionalmente el requisito de unanimidad adoptado en Ramos, este precepto constitucional opera en dos direcciones: culpabilidad y no culpabilidad, sin requerirle al acusado probar su inocencia y sin afectar esta presunción. AC-2021-0086 25

Se dictará sentencia de conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Peticionario AC-2021-0086 v.

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede la cual se hace formar parte íntegra de la presente, y sin trámite ulterior de conformidad con la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B, revocamos la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para que proceda de conformidad con lo expuesto en esta Opinión.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Subsecretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió una Opinión Disidente. El Juez Asociado señor Colón Pérez emitió una Opinión Disidente. La Jueza Presidenta Oronoz Rodriguez no interviene.

Bettina Zeno González Subsecretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

v. AC-2021-0086 Certiorari

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado señor ESTRELLA MARTÍNEZ

No es difícil sostener que en Puerto Rico son válidos los veredictos de absolución, con nueve o más votos. Por un lado, nuestra Constitución expresamente así lo dispone: el jurado estará compuesto por “doce vecinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no menos de nueve” (Artículo II, §11). Esto se codifica en la regla 112 de Procedimiento Criminal. Ramos solo atiende lo relativo a veredictos para condenar. Así, pues, se requiere veredicto unánime para condenar, por exigencia de Ramos y Torres Rivera. Pero como Ramos se limita a derecho constitucional del acusado a un veredicto unánime para condenarlo, no hay impedimento federal para hacer valer la disposición de veredicto absolutorio con nueve o más votos, que forma parte de la Carta de Derecho de la AC-2021-0086 2

Constitución de Puerto Rico. Para sostener que Ramos se aplica a todo tipo de veredicto, hay que hilar más fino y sostener que la cláusula de juicio por jurado en la Enmienda Sexta, tras Ramos, es un todo indivisible, no fraccionable, que exige unanimidad para todo tipo de veredicto. El problema es que la teoría de incorporación está pensada para expandir los derechos del acusado que reconoce el derecho estatal, no para reducirlos. Esto es, la Constitución de Puerto Rico le reconoce al acusado el derecho a un veredicto de absolución con nueve votos o más. Es difícil sostener que Ramos tiene el efecto de quitarle ese derecho al acusado.

Ponencia del Prof. Ernesto L. Chiesa Aponte de 27 de agosto de 2021, Análisis del Término 2020- 2021 de Derecho Procesal Penal, Escuela de Derecho UPR, pág. 46.

El Tribunal Supremo federal abrió la puerta al

reconocimiento de mayores garantías para los ciudadanos en

el ámbito de veredictos de culpabilidad y la dejó abierta

para que los tribunales estatales interpreten sus

respectivas constituciones en la esfera de veredictos por

mayoría para la absolución. Así lo hizo el Tribunal Supremo

de Oregón, actuando proactivamente en defensa de las

garantías individuales de los ciudadanos al validar el

veredicto de no culpabilidad por mayoría. Lamentablemente,

hoy una mayoría del Tribunal Supremo de Puerto Rico optó

por cerrar esa puerta. AC-2021-0086 3

Por el contrario, este Tribunal debió realizar una

lectura armoniosa de las protecciones autóctonas de la

Constitución de Puerto Rico, junto con las garantías

individuales reconocidas y pautadas en Ramos v. Louisiana,

infra. En su defecto, la Mayoría, mediante la adopción de

una visión restrictiva de los derechos individuales, impone

una exigencia de unanimidad en los veredictos absolutorios.

Ello, con un resultado que es incompatible con los pilares

más básicos de nuestro Derecho penal y que ignora otras

protecciones constitucionales.

Por entender que Ramos v. Louisiana, infra, no exige

que un jurado rinda por unanimidad un veredicto absolutorio

y que ello, a su vez, tampoco es cónsono con las garantías

autóctonas de la constitución local, disiento con el

proceder de la Mayoría y procedo a exponer las razones que

sustentan mi criterio.

En contra del Sr. Nelson Daniel Centeno (señor

Centeno) penden varias acusaciones. Como parte de tal

procedimiento judicial, el 25 de febrero de 2020, comenzó

la selección del Jurado. No obstante, tal proceso se vio

interrumpido por las medidas judiciales implementadas a

causa del Covid-19. En el interín, el 20 de abril de 2020,

el Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitió su

determinación en el caso de Ramos v. Louisiana, 590 US __

(2020). Mediante ésta, pautó que el veredicto unánime de

culpabilidad es parte esencial del derecho constitucional AC-2021-0086 4

a un jurado imparcial, por lo que, en virtud de la

Decimocuarta Enmienda del debido proceso de ley, los estados

están obligados a implantarlo.

A raíz de ello, dentro del proceso criminal en contra

del señor Centeno, el Estado solicitó al tribunal que se

impartiera al Jurado una instrucción en particular: que el

veredicto debía ser unánime, ya fuese para encontrar

culpable o no culpable al acusado. En oposición, el señor

Centeno argumentó que sólo se requería la unanimidad para

los veredictos de culpabilidad, no así para los veredictos

absolutorios los cuales eran válidos por mayoría.

Tras estudiar ambas posturas, el Tribunal de Primera

Instancia determinó correctamente que no procedía la

solicitud del Estado. Razonó que adoptar el requisito de la

unanimidad para fines de la no culpabilidad vulneraría la

presunción de inocencia que cobija a las personas acusadas

y, a su vez, sería contrario a lo establecido en Ramos v.

Louisiana, supra. De este modo, concluyó que un veredicto

de no culpabilidad válido sólo requería un voto mayoritario

de por lo menos nueve (9) personas.

En desacuerdo, el Estado, en esta ocasión a través del

Procurador General, acudió ante el Tribunal de Apelaciones.

Allí, planteó que la decisión del foro primario se alejaba

del requisito de unanimidad establecido en Ramos v.

Louisiana, supra. A ello, agregó que tal requisito tiene

como norte proteger a las minorías en su participación como

miembros del Jurado. AC-2021-0086 5

En su Escrito en oposición, el señor Centeno arguyó

que Ramos v. Louisiana, supra, se limitaba a las

determinaciones de culpabilidad, por lo que seguía vigente

nuestro estado de derecho con respecto al voto por mayoría

para fines de la no culpabilidad.

Finalmente, el Tribunal de Apelaciones expidió el

recurso de certiorari ante su consideración y confirmó el

dictamen recurrido. En primer lugar, aclaró que la norma de

Ramos v. Louisiana, supra, adoptada por este Tribunal en

Pueblo v. Torres Rivera II, 204 DPR 288 (2020), se limitaba

a veredictos de culpabilidad y no procedía aplicarlo por

analogía a veredictos de absolución. A su vez, destacó que

nuestro sistema de justicia penal permite que se emitan

veredictos por mayoría para las absoluciones sin

contravenir la norma impuesta por el Tribunal Supremo

federal. Añadió que tal interpretación era la más cónsona

con nuestra Constitución y con la facultad de ofrecer

mayores garantías a nuestros acusados que las ofrecidas a

nivel federal.50

Insatisfecho, el Estado presentó un recurso de

apelación ante este Tribunal, el cual fue acogido como una

petición de certiorari y expedido.

A diferencia del criterio mayoritario de este

Tribunal, sostengo que esta controversia nos brindaba la

oportunidad idónea para reconocer, precisar y pautar que el

50ElHon. Juez Rodríguez Casillas emitió un Voto particular y de conformidad. AC-2021-0086 6

requisito constitucional de la unanimidad en la votación

del Jurado establecido en Ramos v. Louisiana, supra, se

circunscribe únicamente a los veredictos de culpabilidad y

no así a los de absolución. No obstante, este Tribunal

acogió una interpretación que es incongruente con la

determinación del foro federal y con nuestro ordenamiento

constitucional. Veamos.

La Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados

Unidos reconoce expresamente el derecho de todo acusado a

ser juzgado por un jurado imparcial. Emda. VI, Const.

EE.UU., LPRA, Tomo 1.51 La Constitución de Puerto Rico

también reconoce tal derecho. En lo pertinente, la Sección

11 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico expresa

que:

En los procesos por delito grave el acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por doce vecinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no menos de nueve. (Énfasis suplido). Art. II, Sec. 11, Const. PR, Tomo 1.

Tal disposición también se codificó en las Reglas de

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. En específico, la

51En particular, ésta establece que: “En todas las causas penales, el acusado gozará del derecho a un juicio expedito y público, por un jurado imparcial del Estado y distrito en el cual haya sido cometido el delito, distrito que será previamente fijado de acuerdo a la ley; y a ser informado de la naturaleza y causa de la acusación; a carearse con los testigos en su contra; a que se adopten medidas compulsivas para la comparecencia de los testigos que cite a su favor y a contar con la asistencia de un abogado para su defensa”. (Traducción suplida). AC-2021-0086 7

Regla 112 dispone que “[e]l jurado estará compuesto por

doce (12) vecinos del distrito, quienes podrán rendir

veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir

no menos de nueve (9)”. Por su parte, la Regla 151 de tal

cuerpo normativo establece que:

Cuando el jurado hubiere rendido un veredicto, a requerimiento de cualquier parte o a instancias del propio tribunal tal veredicto deberá ser comprobado en cuanto a cada miembro del jurado. Si como resultado de esta comprobación se determinare que el veredicto no fue rendido, al menos, por nueve (9) miembros del jurado, se le podrá ordenar al mismo retirarse a continuar sus deliberaciones o podrá ser disuelto.

Ahora bien, aun cuando en la jurisdicción federal y en

muchos de los estados la votación del jurado para condenar

a un acusado o acusada debía ser unánime, ello no era

exigible como un derecho fundamental ante los estados y los

territorios. Es por ello que, tanto en nuestra jurisdicción52

52Véase Pueblo v. Casellas Toro, 197 DPR 1003 (2017). En tal caso, este Tribunal afirmó que, toda vez que el Tribunal Supremo federal había rechazado, hasta aquel entonces, reconocer el requisito de unanimidad en los veredictos del jurado como un derecho fundamental y ante la ausencia de tal exigencia en nuestro ordenamiento, “la validez constitucional de los veredictos por mayoría de nueve o más en nuestros tribunales está firmemente establecida”. Íd., pág. 1019. Hasta principios del año pasado, “[p]arecería que la posición adoptada por nuestro Tribunal Supremo era una acertada y bien fundamentada. No obstante, el 20 de abril de 2020 la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió un caso que obligó a nuestro Tribunal Supremo a cambiar de opinión. Se trata del caso de Ramos v. Louisiana”. J.A. Alicea Matías, Los derechos de confrontación y juicio por jurado en tiempos de pandemia, 60 Rev. Der P.R. 1, 19 (2020). AC-2021-0086 8

como en Luisiana y en Oregón, se permitían los veredictos

por mayoría.53

Sin embargo, el año pasado el panorama constitucional

del Derecho penal experimentó un cambio drástico con la

llegada de Ramos v. Louisiana, supra. La controversia

central de tal caso tuvo su génesis en, precisamente, tales

postulados estatales que permitían que veredictos sin

unanimidad de un jurado sirvieran como base para declarar

culpable a un acusado en casos criminales.54 Para el momento

en que el Tribunal Supremo federal se expresó al respecto,

los estados de Luisiana55 y Oregón permitían fallos de

culpabilidad basados en un veredicto de jurado de 10-2.56

Ello, similar a Puerto Rico, donde era válida la votación

por mayoría de 9-3.

Debido a ello, el peticionario en Ramos v. Louisiana,

supra, fue hallado culpable por un veredicto de jurado

divido 10-2 y, en consecuencia, sentenciado de por vida a

prisión sin posibilidad de libertad condicional. Como parte

53VéaseApodaca v. Oregon, 406 US 404 (1972); Johnson v. Louisiana, 406 US 356 (1972).

54K. Stanchi, The Rhetoric of Racism in the United States Supreme Court, 62 B.C. L. Rev. 1251, 1272 (2021).

55Es importante destacar que “Louisiana voted to eliminate nonunanimous jury convictions for felony cases after 2019, leaving Oregon as the only state to retain them”. Sixth Amendment-Right to Jury Trial- Nonunanimous Juries-Ramos v. Louisiana, 134 Harv. L. Rev. 520 (2020).

56R.C. Chandler, R.A. Enslen and P.G. Renstrom, Constitutional Law Deskbook: Jury unanimity, Sec. 5:10 (Supl. 2021). AC-2021-0086 9

de su defensa a nivel apelativo, el peticionario cuestionó

la constitucionalidad de una convicción por un veredicto no

unánime, así permitida por la ley estatal de Luisiana.

En lo que nos concierne, el Tribunal Supremo de Estados

Unidos identificó inequívocamente la controversia ante su

consideración como sigue: “[w]e took this case to decide

whether the Sixth Amendment right to a jury trial —as

incorporated against the States by way of the Fourteenth

Amendment— requires a unanimous verdict to convict a

defendant of a serious offense”. (Énfasis suplido).57 Con

ello en mente, concluyó que “a jury must reach a unanimous

verdict in order to convict”58 y que “if the Sixth

Amendment's right to a jury trial requires a unanimous

verdict to support a conviction in federal court, it

requires no less in state court”. (Énfasis suplido).59

Dicho de otro modo, la Corte Suprema de los Estados

Unidos resolvió que el veredicto unánime de culpabilidad

era parte esencial del derecho constitucional a un jurado

imparcial, por lo que tal exigencia era aplicable a los

estados mediante la garantía del debido proceso de ley

consagrada en la Decimocuarta Enmienda. Así, quedó

establecido de forma contundente que “unanimity was clearly

57Ramos v. Louisiana, supra, pág. 1394.

58Íd., pág. 1395.

59Íd., pág. 1397. AC-2021-0086 10

necessary for state criminal convictions”.60 De este modo,

se elevó a rango de derecho fundamental el veredicto unánime

para hallar culpable a un acusado.

Writing for a majority in some sections and a plurality in others, Justice Gorsuch ruled that the Sixth Amendment requires conviction by a unanimous jury and that this right is incorporated against the states. The Sixth Amendment promises a trial “by an impartial jury” but contains no further textual detail. To discern its requirements, Justice Gorsuch looked to English common law history, state practices in the Founding era, and opinions and treatises written soon after the Founding. All sources confirmed that a jury must reach a unanimous verdict to convict a criminal defendant of a felony. And while the version of the Sixth Amendment that was ultimately ratified did not explicitly guarantee unanimity, Justice Gorsuch argued that the omission could just as likely demonstrate lawmakers' attempt to avoid surplusage as it did the desire to abandon a well- established common law right. (Énfasis suplido).61

Resulta claro, pues, que el alcance de la determinación

de Ramos v. Louisiana, se extendió únicamente a la

unanimidad en un veredicto del Jurado para hallar culpable

a un acusado. Nada en tal dictamen se refiere, o puede

interpretarse como que se refiere, a aquellos veredictos de

un Jurado para absolver a un acusado.

De hecho, en Pueblo v. Torres Rivera II, supra, este

Tribunal reconoció la exigibilidad de la unanimidad para

lograr convicciones válidas y, tal cual, implementamos por

primera vez tal requisito constitucional en nuestra

60Sixth Amendment-Right to Jury Trial-Nonunanimous Juries-Ramos v. Louisiana, supra, pág. 522.

61Íd., págs. 521–22. AC-2021-0086 11

jurisdicción. Similar a Ramos v. Louisiana, supra,

definimos la controversia dirimida como sigue:

En particular, debemos determinar si, a la luz de esa opinión, una condena dictada en virtud de un veredicto no unánime en nuestra jurisdicción transgrede las salvaguardas procesales inherentes al derecho fundamental a un juicio por jurado que garantiza la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. (Énfasis suplido).62

Asimismo, destacamos que el razonamiento en Ramos v.

Louisiana, supra, plasmó “cómo la exigencia de un veredicto

unánime constituye una protección procesal fundamental para

todo acusado de un delito grave”.63 En consecuencia,

concluimos que “el dictamen del foro de Estados Unidos

instituye la unanimidad del Jurado como un requisito de

sustancia para lograr una condena en un proceso penal”.

(Énfasis suplido).64

Los parámetros de Ramos v. Louisiana, supra, resultan

tan evidentes que, como cuestión de Derecho, ante un

planteamiento similar al que consideramos hoy, la Corte

Suprema de Oregón se rehusó a extenderlos, sin más, al

veredicto de un jurado para absolver al acusado. En State

v. Ross, 367 Or. 560 (2021), una corte apelativa estatal

determinó que procedía instruir al Jurado que un fallo

absolutorio tenía que ser unánime al igual que uno

condenatorio conforme a Ramos v. Louisiana, supra.

62Pueblo v. Torres Rivera II, supra, pág. 291.

63Íd., pág. 300.

64Íd., pág. 301. AC-2021-0086 12

La Corte Suprema de Oregón rechazó tal interpretación

y concluyó que “Ramos does not imply that the Sixth

Amendment prohibits acquittals based on nonunanimous

verdicts or that any other constitutional provision bars

Oregon courts from accepting such acquittals”.65 Ello, pues,

las raíces discriminatorias de los estatutos que permitían

votos no unánimes por parte del Jurado no fueron, al fin y

al cabo, el fundamento principal en la determinación del

Tribunal Supremo federal, sino una crítica al precedente de

Apodaca v. Oregon, supra. Por el contrario, la

inconstitucionalidad del estatuto yacía en su

incompatibilidad con la exigencia federal de que el

veredicto del jurado fuese unánime para alcanzar una

convicción. Por lo tanto, un razonamiento a la inversa con

respecto a los posibles efectos discriminatorios en el uso

de un veredicto no unánime para absolver resultaba erróneo

como fundamento para exigir la unanimidad en tales casos.

En fin, un análisis detallado de Ramos v. Louisiana,

supra, permitía sólo una conclusión, que fue a la que llegó

el Tribunal Supremo de Oregón. “Oregon law, in conformance

with the Sixth Amendment, requires a unanimous guilty

verdict for all criminal charges and permits a not-guilty

verdict by a vote of eleven to one or a vote of ten to

two”.66 En términos más simples, “[g]uilty verdicts must be

65State v. Ross, supra, pág. 573.

66Oregon law requires unanimous guilty verdict for all criminal charges and permits not-guilty verdict by a vote AC-2021-0086 13

unanimous, which means that each and every juror must agree

on a guilty verdict. But not-guilty verdicts may be

nonunanimous. At least 10 jurors must agree on a not-guilty

verdict. If you are divided nine to three, for example, you

do not have a not-guilty verdict”.67

La síntesis del Derecho aplicable antes reseñada

revela con meridiana claridad las delimitaciones de Ramos

v. Louisiana, supra, con respecto a si la unanimidad es

exigible en un veredicto de culpabilidad como un derecho

fundamental ante los estados. A tales fines, el Tribunal

Supremo federal emitió una determinación en la afirmativa

que se ciñe estrictamente a lo relacionado a un veredicto

de culpabilidad emitido por un Jurado, así sustentado por

el sistema constitucional que impera.

No puede ser de otra forma, pues el derecho a un jurado

imparcial que emana de la Sexta Enmienda de la Constitución

de los Estados Unidos ampara estrictamente a los acusados

y las acusadas. Por consiguiente, la elevación de tal

protección al rango de derecho fundamental tuvo el único

fin de favorecer a las personas acusadas y fortalecer las

protecciones constitucionales que les cobijan en los

procedimientos criminales que el Estado lleva en su contra.

De hecho, así lo reconoció este Tribunal cuando, en Pueblo

of 11 to 1 or vote of 10 to 2, West’s Criminal Law News NL48, vol.38, no.7 (2021).

67Oregon Uniform Criminal Jury Instructions: Veredict— Felony Case, UCrJI 1015. AC-2021-0086 14

v. Torres Rivera II, supra, pág. 306, expresó que: “[u]na

lectura de la opinión emitida [por] el Tribunal Supremo de

Estados Unidos en Ramos v. Louisiana, supra, devela que la

unanimidad constituye una protección procesal esencial

adicional que deriva del —y es consustancial al— derecho

fundamental a un juicio por jurado consagrado en la Sexta

Enmienda”. (Énfasis suplido).

Así, ante la premisa de que Ramos no es extensible a

los veredictos absolutorios, el Prof. Julio E. Fontanet

Maldonado nos explica lo siguiente:

Aquellos que tengan duda de lo anterior, deben preguntarse si, a la luz de la mencionada Sexta Enmienda y de lo resuelto en el caso de Ramos, sería inconstitucional una disposición de una Constitución o, inclusive, de un estatuto de un estado que establezca una mayoría para la determinación de no culpable. Es evidente que la respuesta tiene que ser negativa. No puede ser de otra forma. Lo contrario sería afirmar que “el gobierno” tiene un derecho fundamental bajo la Sexta Enmienda para que se requiera la unanimidad. Ello es contrario a nociones básicas del derecho constitucional estadounidense, que establece que los derechos fundamentales son garantías a favor del acusado en contra del gobierno y no a la inversa. (Énfasis suplido).68

Es, precisamente, la necesidad simultánea de proteger

la integridad del procedimiento y salvaguardar los derechos

de los acusados y las acusadas lo que impide interpretar

que un veredicto de absolución requiere también unanimidad.

Veamos.

68J.Fontanet Maldonado, La unanimidad y los condenados erróneamente, en: Punto de Vista, El Nuevo Día, 2 de septiembre de 2021, pág. 43. AC-2021-0086 15

De forma similar a cómo el Tribunal Supremo federal

identificó los orígenes discriminatorios de estatutos como

el que estuvo en pugna en Ramos v. Louisiana, supra, en mi

Voto particular disidente en Pueblo v. Alers De Jesús, 2021

TSPR 56, reseñé cómo el asunto del veredicto por mayoría en

Puerto Rico tuvo sus raíces en el discrimen por ideologías

políticas. El motivo detrás de ello era simple: facilitar

los fallos de culpabilidad en contra de los líderes y

seguidores del movimiento independentista de aquel

entonces. Tal estrategia, así dirigida a asegurar

convicciones, evidentemente operaba en contra de los

acusados y las acusadas, colocándolos en desventaja durante

un procedimiento en el cual ya eran la parte débil. Por lo

cual, el efecto ineludible de requerir la unanimidad en el

Jurado para convicciones es proteger al acusado o la acusada

de estrategias de esta índole.

Ahora bien, el hecho de que el voto mayoritario

establecido en nuestra Constitución no favoreciera a los

acusados y las acusadas para fines condenatorios no implica

que no les beneficie para fines absolutorios. Una

interpretación en contrario, aunque uniforme, desafía la

lógica y conduce a un automatismo indebido que ignora la

interpretación armoniosa de las restantes protecciones

constitucionales. Ello, en primer lugar, porque el voto

mayoritario para fines de absolución representa una

protección más amplia y favorecedora para los acusados y

las acusadas, quienes no tendrían que enfrentar un nuevo AC-2021-0086 16

proceso judicial penal en su contra de no prevalecer un

veredicto unánime de no culpabilidad.

En segundo lugar, ello, a su vez, sería cónsono con la

visión más abarcadora de nuestra Constitución con respecto

a las garantías individuales. No podemos olvidar que los

derechos consagrados en la Constitución son de los acusados

y las acusadas, no del Estado ni de los miembros del Jurado.

Aunque el sistema judicial penal reconoce y valida la

importancia de la votación de cada miembro del Jurado,

estamos impedidos de interpretar nuestro ordenamiento

jurídico de modo que se ofrezca un manto absoluto de

protección sobre tales votos a la expensa de las garantías

y los derechos de las personas que están siendo procesadas

criminalmente. A su vez, como vimos, los derechos

fundamentales no están para cobijar al Estado, sino, por el

contrario, a los ciudadanos frente al Estado.

Por lo cual, si bien el voto mayoritario fue

introducido a nuestra jurisdicción tanto para la convicción

como para la absolución, las razones discriminatorias que

dieron vida a tal disposición se manifestaban en la

intención de circunvalar los derechos de los acusados y las

acusadas para asegurar sus convicciones, no sus

absoluciones. Por consiguiente, el reconocer la vigencia y

la validez de tal cláusula constitucional para fines de la

absolución opera en contra de las intenciones nefarias que

alguna vez fundamentaron su incepción. Esto, pues,

indiscutiblemente, continuar el voto mayoritario de un AC-2021-0086 17

Jurado para la absolución beneficia a los acusados y las

acusadas.

A mi juicio, tal interpretación obra en perfecta

armonía con el principio fundamental de la presunción de

inocencia y el estándar de prueba criminal que permite la

convicción de una persona acusada sólo cuando se convence

a un Jurado de la culpabilidad más allá de toda duda

razonable.

Como sabemos, la primera oración de la Sección 11 de

la Carta de Derechos de nuestra Constitución69 reconoce que

todo acusado y acusada goza de una presunción de inocencia.70

Tal cláusula, cuya “fuerza normativa es sustancial por

tratarse de un derecho fundamental”,71 tiene a su vez la

intención de:

[E]stablecer claramente que corresponde a la fiscalía demostrar, con prueba admisible, la culpabilidad de la persona acusada más allá de toda duda razonable. En esa dirección, la inocencia de la persona acusada constituye

69Como cuestión de Derecho, la Constitución de los Estados Unidos no cuenta con una disposición expresa análoga. En nuestro ordenamiento “la ’factura más ancha’ se manifiesta en la inclusión expresa de la presunción de inocencia en nuestra Carta de Derechos”. E.L. Chiesa, Los derechos de los acusados y la factura más ancha, 65 Rev. Jur. U.P.R. 83, 104 (1996).

70Ensu obra más reciente, el profesor Farinacci Fernós nos indica que, contrario al resto de los derechos reconocidos en esta disposición constitucional, la presunción de inocencia “no surge directamente de la Sexta Enmienda de la Constitución federal”, sino que, citando el Informe de la Comisión de la Carta de Derechos, nos recuerda que se trata de una norma previamente establecida y acogida en nuestros pronunciamientos judiciales. J. Farinacci Fernós, La Carta de Derechos, 2021, pág. 201.

71Íd., pág. 202. AC-2021-0086 18

el punto de partida en todo proceso criminal hasta que el Estado demuestre lo contrario, derrotando así la presunción. Como se expresó durante las deliberaciones de la Convención Constituyente: “La presunción más importante que nosotros conocemos bajo el sistema judicial americano es la presunción de inocencia”.

El objetivo de esta cláusula es descargar todo el peso probatorio, en cuanto a la culpabilidad de la persona acusada, en el ministerio público e invalidar cualquier norma legal que sea contraria a este importante principio. (Énfasis suplido).72

Entiéndase, las consecuencias jurídicas del derecho a

la presunción de inocencia son: (1) que “[e]l acusado no

está obligado a presentar prueba en su defensa, pues puede

descansar en la presunción de inocencia, cuyo efecto es

colocar en el Pueblo la obligación de presentar evidencia

y la obligación de persuadir”, y (2) que “[e]l ministerio

fiscal está obligado a demostrar la culpabilidad del acusado

más allá de duda razonable; se requiere ese quantum de

prueba para refutar la presunción de inocencia”.73 En

consecuencia, conforme lo establece la Regla 110 de las

Reglas de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II: “[e]n

todo proceso criminal, se presumirá inocente al acusado

mientras no se probare lo contrario, y en caso de existir

duda razonable acerca de su culpabilidad, se le absolverá”.

Es decir, que si el Estado no alcanza su quantum de prueba,

prevalece la presunción de inocencia y procede la absolución

del acusado o la acusada.

72Íd.

73E.L. Chiesa, op cit., pág. 104. AC-2021-0086 19

A la luz del vínculo directo entre la presunción de

inocencia y la carga del Estado de rebatir tal presunción

mediante la presentación de prueba de culpabilidad más allá

de duda razonable, ¿por qué, entonces, es necesario que un

Jurado se vea convencido en su totalidad de una ausencia de

culpabilidad que ya se presume y que le corresponde al

Estado derrotar? Ciertamente, si no se alcanza un veredicto

unánime de culpabilidad, la lógica dicta que el Estado falló

en demostrar la culpabilidad más allá de duda razonable y,

en consecuencia, prevaleció la presunción de inocencia cuyo

efecto es la absolución de la acusación criminal. Por

consiguiente, el no convencer a la totalidad de un Jurado

con respecto a la culpabilidad implica, necesariamente, que

persevera un estado de no culpabilidad que exige la

absolución de los crímenes imputados.

Mediante su petición ante este Tribunal, el Estado nos

invita a reestructurar la piedra angular de nuestro

ordenamiento penal, imponiendo al Jurado el tener que

convencerse en su totalidad de la ausencia de culpabilidad,

la cual ya se presume, al mismo extremo en el que debe

quedar convencido de la existencia de culpabilidad.

Asimismo, se coloca a la fuerza sobre la persona acusada de

delito la carga de demostrar su inocencia bajo el mismo

estándar que le es requerido al Estado el probar la

culpabilidad. Ello, con el efecto simultáneo de alivianar

la responsabilidad probatoria del Ministerio Público para AC-2021-0086 20

eludir un voto de absolución. Tal pretensión es insostenible

y estremece los propios cimientos de nuestro sistema penal.

Incluso, si para fines argumentativos acogiéramos la

errónea suposición de que existe arraigo alguno para tal

conclusión, como se sabe, los parámetros de un derecho

constitucional federal representan sólo el ámbito mínimo

aplicable de tal derecho.

En consecuencia, el Tribunal Supremo de un estado,

incluyendo a Puerto Rico, tiene la facultad de interpretar

que, bajo su Constitución, el derecho abarca dimensiones

mayores de protección, lo que puede redundar en una garantía

más abarcadora que la reconocida por la Constitución federal.

Pueblo v. Díaz, Bonano, 176 DPR 601, 621 (2009). De esta

forma, el alcance de una norma jurisprudencial federal, así

aplicable a Puerto Rico, representa lo mínimo a lo que están

obligados los tribunales de la Isla.74

Al proveer únicamente el contenido mínimo, la Corte

Suprema federal no tiene ante sí los principios

constitucionales y estatutarios propios de nuestro

ordenamiento jurídico, los que precisamente nos permiten

ampliar la protección e interpretación de tal contenido

mínimo.75 Además, en específico a esta controversia, debemos

tener muy presente que, “[s]i bien la redacción de [la]

74E.L.Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Ed. Forum, Vol. I, 1991, pág. 39.

75Véase,Pueblo v. Ferrer Maldonado, 201 DPR 974 (2019) (Opinión disidente del Juez Asociado Estrella Martínez). AC-2021-0086 21

segunda oración de la Sección 11 tiene similitudes con la

Sexta Enmienda, su articulación particular es de origen

autóctono”.76

En efecto, el derecho federal requiere la unanimidad en

el jurado tanto para condenar como para absolver. Sin

embargo, bajo la doctrina del contenido mínimo, sólo estamos

atados a reconocer la unanimidad para fines de hallar a una

persona culpable de un delito grave. Entiéndase, toda vez

que continuar la tradición de aceptar veredictos por mayoría

para la absolución representa una protección más amplia de

los derechos constitucionales del acusado o acusada, el

ordenamiento nos permite preservarla. En cambio, adoptar el

requisito de la unanimidad para fines de la no culpabilidad

no operaría a favor de los acusados o acusadas, sino que

restringiría la protección que nuestra tradición penal ya

les confiere.

Por ende, ante nuestra facultad para ampliar el

contenido mínimo establecido por el Tribunal Supremo de los

Estados Unidos, sostengo que el requisito de la unanimidad

en la votación del jurado no debe extenderse a la absolución.

Por el contrario, reconocer la validez y la vigencia del voto

mayoritario para fines de la no culpabilidad implica

profundizar e intensificar las garantías y los derechos

constitucionales de los acusados y acusadas en nuestra

jurisdicción. En palabras más simples: debimos reconocer más

76Farinacci Fernós, op cit., pág. 205. AC-2021-0086 22

y no menos.77 Por cuanto, la conclusión más equilibrada es

que, toda vez que los estados pueden conceder mayores

derechos al mínimo que establece la Constitución federal,

son válidos los veredictos por mayoría que pretendan conceder

garantías benévolas a los acusados. Lamentablemente, la

Mayoría de este Tribunal utiliza erróneamente la protección

adicional que reconoció el Tribunal Supremo Federal para

paradójicamente restringir las garantías básicas contenidas

en la Constitución de Puerto Rico en el ámbito de los

veredictos absolutorios.

Asimismo, es importante destacar que el requisito de

unanimidad en el veredicto del Jurado para la convicción como

elemento esencial del derecho al juicio por jurado consagrado

en la Sexta Enmienda de la Constitución Federal, así

reconocido en Ramos v. Louisiana, supra, se impuso a los

estados a través de la Decimocuarta Enmienda federal,78 es

decir, a través de la doctrina de incorporación. Tal concepto

se define como la figura constitucional mediante la cual las

protecciones consagradas en la Carta de Derechos de la

Constitución de los Estados Unidos se hicieron aplicables a

77Véase, Pueblo v. Alers De Jesús, supra, (Voto particular disidente del Juez Asociado Estrella Martínez, pág. 17.)

78Comocuestión de Derecho, “the Court [has] incorporated the various provisions of the Sixth Amendment, finding for the most part that the Fourteenth Amendment's Due Process Clause guaranteed defendants in state courts the same fundamental procedural protections guaranteed by the Framers to defendants in federal courts”. S. Chhablani, Disentangling the Sixth Amendment, 11 U. Pa. J. Const. L. 487, 494 (2009). AC-2021-0086 23

los estados a través de la cláusula del Debido Proceso de

Ley de la Decimocuarta Enmienda.79 Previo a la existencia de

la enmienda precitada y, en consecuencia, de la doctrina de

la incorporación, la Carta de Derechos aplicaba sólo al

gobierno y a las cortes federales.80

Ahora, siendo la doctrina de incorporación un límite al

alcance del poder de los estados con respecto a los derechos

civiles y las libertades que le amparan a los ciudadanos,81

79“Since the adoption of the Fourteenth Amendment to the United States Constitution, there has been a continuing debate as to whether it incorporates the Bill of Rights guarantees of the first eight amendments. While the Supreme Court has rejected the theory of absolute incorporation, it has held that through the fourteenth amendment certain of the "fundamental rights" of the first eight amendments place limitations upon state as well as federal exercise of power”. D.G. Collins, The Incorporation Doctrine: Sixth Amendment Trial by Jury, 15 HOWARD L.J. 164 (1968).

80“The first eight amendments to the federal Constitution originally applied only to the federal government, and the possibility that the Fourteenth Amendment changed this structural principle was understood to have been rejected by the Supreme Court not long after the Amendment had been ratified. The so-called incorporation doctrine reversed that result and was by any measure one of the Warren Court's major legacies”. J.Y. Stern, First Amendment Lochnerism & the Origins of the Incorporation Doctrine, 2020 U. ILL. L. REV. 1501, 1503 (2020).

81En los inicios de la incorporación total, “to make secure against invasion by the states the fundamental liberties and safeguards set out in the Bill of Rights" was how Justice Black characterized the "incorporationist" intentions of those in both houses of Congress who authored and sponsored the fourteenth amendment. […] Contending that the first section of the fourteenth amendment literally embodied-or was shorthand for-the totality of the wording, content and the essential procedures to implement the specific guarantees of the first eight amendments, Justice Black held that the amendment circumscribed the state authority in precisely the same manner as the Bill of Rights constrained federal authority”. R.L. Cord, The Incorporation Doctrine and Procedural Due Process under the AC-2021-0086 24

y recordando que Ramos v. Louisiana, supra, sólo pautó la

unanimidad en el veredicto para el jurado en caso de

convicción, no es meritorio el argumento de que se incorporó

en nuestro ordenamiento el requisito de un veredicto unánime

para la absolución. Debido a todo lo discutido anteriormente,

resulta un contrasentido que el Tribunal Supremo de Puerto

Rico incorpore por la fuerza una vertiente restrictiva del

derecho al juicio por jurado que no es cónsona con la suma

del contenido mínimo de las protecciones federales, así

establecido en Ramos v. Louisiana, supra, sumado a las

garantías autóctonas de la constitución local. Ello, máxime,

cuando la doctrina de incorporación está anclada en la

protección del debido proceso de ley, la cual, a su vez, está

intrínsecamente relacionada a la presunción de inocencia.

Bajo esta misma línea de argumentación con respecto a la

constitución local, no podemos olvidar que nuestros

constituyentes rechazaron expresamente la votación unánime

del Jurado al momento de elaborar nuestra Constitución. Ello,

a pesar de que ya existía tal unanimidad a nivel federal.

Por lo cual, la interpretación más cónsona con nuestra propia

Constitución es la que aquí planteo.

Es decir, un análisis sosegado de la controversia

obliga a concluir que exigir la unanimidad para absolver

constituiría una supresión de lo que dispone expresamente

nuestra Constitución, lo cual de ninguna forma choca con

Fourteenth Amendment: An Overview, 1987 BYU L. REV. 867, 875-876 (1987). AC-2021-0086 25

lo dispuesto por el Tribunal Supremo federal o lo

reconocido por este Tribunal en Pueblo v. Torres II,

supra.82

Por otro lado, considero pertinente discutir las

expresiones de los miembros de la Convención Constituyente

al respecto.83 Durante las discusiones que dieron vida a la

Sección 11, Art. II de la Constitución de Puerto Rico, se

deliberó con respecto a una enmienda, la cual fue derrotada

eventualmente, para eliminar la frase “quienes podrán

rendir veredicto por mayoría de votos que en ningún caso

habrá ser menor de nueve”.84 La enmienda tenía como

propósito que el número de miembros del Jurado para rendir

un veredicto fuera dispuesto posteriormente por la Asamblea

Legislativa. La discusión de esta enmienda fue la

Sr. BENITEZ: Con relación a la enmienda del compañero Fonfrías quiero decir que nuestro temor ha sido el de que, sobre la base de la jurisprudencia establecida en lo que toca a la expresión “juicio por jurado” en el derecho anglosajón, el concepto de “juicio por jurado”

82Comonos explica el Prof. Jorge Farinacci Fernós, el voto por mayoría establecido en nuestra Constitución quedó “parcialmente” desplazado por Ramos v. Louisiana, supra. “En términos prácticos, se privó a la Asamblea Legislativa de la facultad de permitir veredictos condenatorios que no sean unánimes”. Farinacci Fernós, op cit., pág. 208, esc. 495. Así, aunque menciona que no está del todo claro si aún opera la norma de mayoría en cuanto a los veredictos de absolución, en un próximo escolio recalca que, según Ramos v. Louisiana, supra, “es un requisito constitucional que un veredicto condenatorio sea unánime”. (Énfasis suplido). Íd., pág. 209, esc. 497.

833Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, 1939-1941 (1952).

84Íd., pág. 1939. AC-2021-0086 26

quiere decir “juicio por jurado con veredicto unánime.” De suerte que acceder a la enmienda que propone el compañero Fonfrías sería sacarle mucho más de manos de la [Asamblea] Legislativa porque entonces quedaría, con arreglo a esta jurisprudencia, fijado indefectiblemente en doce el número de jurados que habrían de coincidir.

Sr. FONFRIAS: Mi idea, señor Presidente de la Comisión, es a los efectos de que en vez de aparecer en la constitución el número en que debe rendirse un veredicto por el jurado, se deje a la [Asamblea] Legislativa para que lo fije. O se diga ya, se fije si quiere. No ocurriría la situación que plantea el señor, el compañero Benítez. La [Asamblea] Legislativa puede determinar que fuera por nueve, que fuera por mayoría de siete contra cinco...

Sr. BENITEZ: Efectivamente, Sr. Fonfrías. Quiero decir que en tal caso estaríamos frente a una enmienda distinta. La enmienda no consistirá en eliminar lo que aquí se dispone en el sentido de que podría rendir veredicto por mayoría de votos que en ningún caso deberá ser menor de nueve, sino que sería otra cosa. Nosotros nos opondríamos también a cualquier modificación en ese sentido por entender que el veredicto inculpatorio de un jurado debe tener por lo menos un número de nueve votos en contra del acusado y no más, tiene que tener por lo menos nueve votos en su contra o debe tener nueve votos en su favor; pero que no se debe inculpar a un acusado con una votación en su contra inferior a tres cuartas partes del total del jurado.

Sr. FONFRIAS: Si el señor Presidente de la Comisión cree que no procedería la enmienda sino una enmienda diferente a la presentada por nosotros—la nuestra era que se eliminara totalmente y [se colocara] un punto después de “distrito”—podría entonces caber una enmienda de que la [Asamblea] Legislativa fijara el número de miembros del jurado que tuvieran que rendir un veredicto de la naturaleza que se está planteando aquí. Podría ser ésta la enmienda, sin determinarse en la constitución el número de miembros del jurado, en este caso nueve, que tiene que rendir ese veredicto. Pero de todas maneras quedaría eliminado totalmente el resto del párrafo, que nosotros queremos que se elimine de esa disposición.85 (Énfasis suplido).

85Íd., págs. 1940-41. AC-2021-0086 27

El desarrollo de este debate revela el interés en

evitar que se aplicara la equivalencia histórica entre el

juicio por jurado y el juicio por jurado con veredicto

unánime.86 Entiéndase, la intención de los autores de

nuestra Constitución fue clara: el ordenamiento penal que

impera no exige un veredicto por unanimidad. Ante el estado

actual del Derecho penal, la única interpretación cohesiva

y conciliatoria es que ello sobrevive a través del veredicto

para la absolución.

En fin, es evidente que la porción de nuestra

Constitución que sufrió un impacto a raíz de Ramos v.

Louisiana, supra, se restringe a la votación por mayoría

para veredictos de culpabilidad, mientras que aún tiene

vigencia la votación por mayoría para efectos de la

absolución. Una interpretación en contrario suprimiría

injustificadamente el texto de nuestra Constitución. Como

vimos, nada en el Derecho justifica tal desviación.

Este Tribunal no debe hacer interpretaciones del

ordenamiento jurídico penal a base de analogías, más aún

cuando tal interpretación es en detrimento de las

protecciones que amparan a los acusados y las acusadas. A

ello debo sumar las consecuencias jurídicas que esto

conlleva para las personas procesadas criminalmente,

quienes tendrían que enfrentar un nuevo juicio, pues, en

este escenario, aun cuando el Estado no logra probar la

86Chiesa, supra, esc. 10, pág. 439. AC-2021-0086 28

culpabilidad más allá de duda razonable, se le concede otro

turno más para lograrlo. Por el contrario, si se reconoce

ese veredicto mayoritario de no culpabilidad, se protege a

la parte más vulnerable de enfrentar, por segunda vez, todas

las vicisitudes de un proceso criminal del cual, bajo el

Derecho que rige, debió salir airoso en una primera ocasión.

Por consiguiente, entiendo que las instrucciones al

Jurado deben ser al efecto de que, para la no culpabilidad

de un acusado, pueden rendir un veredicto por mayoría de

votos en el cual deberán concurrir no menos de nueve (9).

Por tanto, es permisible un veredicto 9-3, 10-2 y 11-1 en

cuanto a la no culpabilidad. Para emitir un veredicto de

culpabilidad, y solamente para ello, es necesario que el

mismo sea por unanimidad. Concluir de esta forma obraría en

favor de la justicia y constituiría una interpretación

armoniosa que reconocería todas las garantías

constitucionales que amparan a la ciudadanía en estos

procesos.

Como bien advierte el Decano de la Facultad de Derecho

de la Universidad Interamericana, el Prof. Julio Fontanet

Maldonado:

De existir un consenso en Puerto Rico de que es deseable que también el veredicto de no culpable sea unánime, la única opción sería enmendar la Constitución, no darle una interpretación distorsionada al caso de Ramos ni a la razón de ser de lo dispuesto en nuestra Constitución. Claro, seríamos el único país en el AC-2021-0086 29

planeta que enmienda su Constitución para quitarse derechos.87

Hoy, una mayoría de este Tribunal hilvana un dictamen

errado basado en un automatismo que le atribuye unos efectos

inexistentes al precedente federal y los conduce a una

aplicación paradójica del Derecho. Ello, porque el dictamen

del Tribunal Supremo federal va en una dirección totalmente

contraria a la que le imparte una mayoría de este Tribunal,

toda vez que se trata de una protección adicional y no una

disminución de los derechos de los ciudadanos que enfrentan

un juicio por jurado. Además, se ejecuta una ruptura del

hilo constitucional puertorriqueño en materia de

indispensables garantías individuales, cuando se deja sin

efecto la letra de la Constitución de Puerto Rico y se

derogan los veredictos absolutorios por mayoría. Ante

semejante acción, DISIENTO.

Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado

87J. Fontanet Maldonado, supra. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Pueblo de Puerto Rico

Peticionario AC-2021-0086 Certiorari v.

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.

The Constitution, of course, speaks only to what it takes to convict. Making it harder to convict is a standard part of constitutional criminal procedure doctrine, developed to ensure that innocent people avoid incarceration. But making it more difficult to acquit is no express part of any constitutional requirement and could, if taken to an extreme, violate the rights of an accused.88

Hoy este Tribunal, en un acto desvirtuado y

distante del historial y claro texto de nuestra Carta

Magna, sub silentio, enmienda la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y desplaza por

88 Sherry F. Colb, Should Acquittals Require Unanimity, Veredict.Justicia.com, Should Acquittals Require Unanimity? | Sherry F. Colb | Verdict | Legal Analysis and Commentary from Justia (última visita, 2 de septiembre de 2021). La autora es profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Cornell. AC-2021-0086 2

completo la regla de veredicto por mayoría de nueve (9)

votos en juicios por jurado, que hasta la fecha gobernaba

en nuestra jurisdicción. Sin anclaje jurídico alguno, esta

Curia concluye que de una lectura de Ramos v. Louisiana,

infra, así como de una presunta norma de simetría --

presumiblemente concebida por los delegados de nuestra

Asamblea Constituyente --, el ordenamiento jurídico penal

puertorriqueño requiere unanimidad tanto para el veredicto

de culpabilidad como para el de no culpabilidad. Nada más

lejos de la verdad, por lo que de dicho proceder

enérgicamente disentimos.89

Y es que, si bien es cierto que el estado de derecho

vigente en nuestra jurisdicción exige que el veredicto de

culpabilidad en los procesos criminales sea por el voto

unánime del jurado, de conformidad con lo pautado en Ramos

v. Louisiana, infra, y Pueblo v. Torres Rivera, infra, igual

de cierto es que el veredicto de no culpabilidad se logra

con la concurrencia de al menos nueve (9) de las doce (12)

personas que componen dicha institución, ello en virtud del

claro texto del Artículo II, Sección 11, de nuestra

Constitución, infra. Lo anterior, claro está, hasta tanto

89Al así hacerlo, también nos distanciamos del proceso innecesariamente acelerado mediante el cual esta Curia dispone de la controversia. Ello, pues, -- motu proprio -- este Foro activó el mecanismo excepcional contemplado en la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B, para de forma atropellada, no solo trastocar la lógica del proceso, términos y turnos que de ordinario tienen las partes para presentar sus alegatos, sino también para acortar el término que tendrían los jueces y juezas de este Tribunal para estudiar la controversia y el expediente con el detenimiento y la profundidad que merece. AC-2021-0086 3

el Pueblo o la Asamblea Legislativa -- y no esta Curia --,

si así lo entienden necesario, disponga otra cosa dentro de

los parámetros constitucionales. Veamos.

I.

Los hechos medulares que dan margen al presente

litigio no están en controversia. Allá para el 9 de enero

de 2016, el Ministerio Público presentó varias denuncias en

contra del señor Nelson Daniel Centeno (en adelante, “señor

Centeno”), quien -- luego de que se le encontrara causa

probable para el arresto y para acusarle por los delitos

imputados -- optó por ejercer su derecho a tener un juicio

por jurado.

Así las cosas, acercándose la fecha de culminación del

referido juicio, el 18 de noviembre de 2020 el Tribunal de

Primera Instancia celebró una vista para atender las

instrucciones que se le impartirían al Jurado. En dicha

vista, el Ministerio Público solicitó que se le instruyera

al Jurado que el veredicto que en su día rindiera debía ser

unánime, tanto para declarar la culpabilidad del señor

Centeno, así como para su no culpabilidad. El Ministerio

Público apoyó su petición en lo resuelto por este Tribunal

en Pueblo v. Torres Rivera, infra, donde se adoptó la

normativa establecida por el Tribunal Supremo de los Estados

Unidos en Ramos v. Louisiana, infra.

En desacuerdo, la representación legal del señor

Centeno se opuso a la solicitud de instrucción al Jurado AC-2021-0086 4

propuesta por el Ministerio Público. Al así hacerlo,

argumentó en sala que un veredicto de no culpabilidad en

donde concurran al menos nueve (9) de los doce (12) miembros

del Jurado es válido a la luz de lo dispuesto en nuestra

Constitución, en las Reglas de Procedimiento Criminal y en

la jurisprudencia aplicable. A esos fines, destacó que la

norma pautada en Ramos y Torres se limitó a requerir la

unanimidad para lograr una convicción.90

Examinados los argumentos de las partes, el 7 de

diciembre de 2020 el foro primario emitió una Resolución

mediante la cual denegó la solicitud de instrucción al

Jurado del Ministerio Público. Resolvió que en virtud de la

presunción de inocencia y lo pautado en los casos Ramos y

Torres, en Puerto Rico es válido un veredicto de no

culpabilidad emitido por una mayoría de nueve (9) o más

miembros del Jurado. De dicha determinación el Ministerio

Público solicitó la reconsideración, la cual fue denegada.

Inconforme con lo dictaminado por el Tribunal de

Primera Instancia, el 4 de enero de 2021 el Procurador

90El señor Centeno también sometió una moción escrita en oposición a la petición de instrucción hecha por el Ministerio Público. Allí, acentuó sus argumentos y propuso que, en su lugar, se impartiera la siguiente instrucción al Jurado:

Para que un veredicto de no culpabilidad sea válido, por lo menos nueve (9) de ustedes deben estar de acuerdo con el mismo. El veredicto para declarar no culpable al acusado, expresará si la mayoría es de 9 a 3, 10 a 2, 11 a 1, o por unanimidad. Por el contrario, para que un veredicto de culpabilidad sea válido, el mismo debe ser unánime, es decir, todos ustedes deben de estar de acuerdo con el mismo. El resultado de la votación se hará constar por el Presidente o la Presidenta del jurado en el formulario provisto por el Tribunal. Véase, Apéndice de la Apelación, pág. 84. AC-2021-0086 5

General acudió al Tribunal de Apelaciones mediante el

recurso de certiorari. En su escrito, adujo que el foro

primario erró al adoptar la instrucción para el Jurado según

fue propuesta por el señor Centeno, en cuanto a que el

veredicto de culpabilidad tenía que ser unánime, mientras

que para uno de no culpabilidad era suficiente con por lo

menos la concurrencia de nueve (9) miembros del Jurado. En

síntesis, expresó que, al amparo de la Sexta Enmienda de la

Constitución de los Estados Unidos, infra, y lo resuelto en

Ramos v. Louisiana, infra, un veredicto que incumpla con el

requisito de unanimidad tanto para condenar, como para

absolver, es constitucionalmente inválido.

Por su parte, el señor Centeno compareció ante el foro

apelativo intermedio mediante Escrito en oposición. En

éste, insistió en que Ramos v. Louisiana, infra, no alteró

el requisito de mayoría de votos para el veredicto de no

culpabilidad, quedando vigente lo pautado a esos fines en

nuestra Constitución y en las Reglas de Procedimiento

Criminal. Enfatizó, además, que ninguna enmienda

constitucional o legislativa se había aprobado para cambiar

lo dispuesto en la aludida cláusula constitucional en cuanto

al veredicto de no culpabilidad. Posteriormente, el señor

Centeno también presentó una Moción informativa urgente

mediante la cual solicitó que ese foro tomara conocimiento

de lo resuelto por el Tribunal Supremo del estado de Oregon AC-2021-0086 6

en State v. Ross, 367 Or. 560 (2021), en donde se resolvió

una controversia similar.91

Analizados los escritos de ambas partes, el 6 de abril

de 2021 el Tribunal de Apelaciones notificó una Sentencia

mediante la cual confirmó el dictamen emitido por el

Tribunal de Primera Instancia. Coincidió en que Ramos v.

Louisiana, infra, y Pueblo v. Torres Rivera, infra, solo

atendieron la pregunta de si la Sexta Enmienda requería el

voto unánime de los miembros del jurado para el veredicto

de culpabilidad, por lo que rechazó extralimitar la norma

pautada en los casos de referencia. En consecuencia, el

foro apelativo intermedio resolvió que adoptar la propuesta

del Procurador General tendría el efecto de “dejar

inoperantes disposiciones medulares del ordenamiento

jurídico local”, toda vez que nuestra Constitución también

permite un veredicto de no culpabilidad de 9-3, 10-2 y 11-

1, y ello no contraviene la norma pautada en Ramos v.

Louisiana, infra.92

91El Tribunal Supremo de Oregon dispuso que la ley de ese estado, de conformidad con la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, infra, requiere unanimidad para los veredictos de culpabilidad, a la vez que permite los veredictos de no culpabilidad por votación de once (11) a uno (1) o diez (10) a dos (2). Específicamente, concluyó que:

Ramos does not imply that the Sixth Amendment prohibits acquittals based on nonunanimous verdicts or that any other constitutional provision bars Oregon courts from accepting such acquittals. […] The trial court erred in its determination that, in light of Ramos, the provisions of Oregon law permitting nonunanimous acquittals could not be applied. (Énfasis nuestro). Íd.

92 Sentencia del Tribunal de Apelaciones, por voz de la ilustrada Magistrada Hon. Gina Méndez Miró, pág. 11. AC-2021-0086 7

Asimismo, el Tribunal de Apelaciones concluyó que

nuestra Constitución es una de factura más ancha y que

aceptar la postura del Estado también “tendría el efecto de

modificar el sistema de justicia criminal al nivel de

imponerle al acusado una carga más onerosa para demostrar

su inocencia y minimizar el peso de la prueba que tiene que

satisfacer el Estado en casos criminales”, lo cual crea una

clara tensión con la presunción de inocencia.93 Por último,

el foro apelativo intermedio puntualizó que lo obvio debía

quedar claro por lo que sentenció que, “en un proceso

criminal lo único que se juzga es la culpabilidad del

acusado, no su inocencia. La inocencia se presume en todo

momento. No haría sentido tener que probar algo que se

presume hasta que se derrote con prueba más allá de duda

razonable”.94 El Procurador General solicitó la

reconsideración de dicha determinación, pero ésta fue

denegada.

Insatisfecho aún, el Procurador General acude ante nos

mediante el recurso de apelación. Señala que el Tribunal de

Apelaciones erró al confirmar que para determinar la

culpabilidad de una persona acusada de delito el veredicto

tiene que ser unánime, mientras que para la no culpabilidad

es suficiente la concurrencia de por lo menos nueve (9) de

los doce (12) miembros del jurado.

93 Íd., pág. 12.

94 (Subrayado en el original). Íd., pág. 14. AC-2021-0086 8

Como ya mencionamos, una mayoría de este Tribunal --

luego de modificar los términos y el trámite que de

ordinario se requiere para este tipo de litigio –

erradamente optó por acceder a lo solicitado por el

Procurador General.95 De ese lamentable proceder,

enérgicamente disentimos. Nos explicamos.

II.

A.

Como es sabido, el Artículo II, Sección 11, de la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

dispone que “[e]n los procesos por delito grave el acusado

tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado

imparcial compuesto por doce vecinos del distrito, quienes

podrán rendir veredicto por mayoría de votos en el cual

deberán concurrir no menos de nueve”. Art. II, Sec. 11,

Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

Dicho mandato constitucional está, a su vez,

instrumentado en la Regla 112 de Procedimiento Criminal, 34

LPRA Ap. II, la cual reza:

REGLA 112. – JURADO; NÚMERO QUE LO COMPONE; VEREDICTO

95Cabe mencionar que el recurso de epígrafe se acogió y expidió como certiorari, por ser ese el mecanismo adecuado. Ahora bien, el 19 de junio de 2021 una mayoría de este Foro emitió una Resolución en la cual le concedió a ambas partes en el litigio el término de treinta (30) días para que -- simultáneamente -- presentaran sus alegatos. Lo anterior, como ya advertimos, es distinto al trámite con el que de ordinario se atienden estos asuntos. Así las cosas, y en atención a lo ordenado, tanto el Procurador General como el señor Centeno presentaron sus escritos, en los cuales reiteran los argumentos esgrimidos en los foros inferiores. De esa forma, y apoyados en la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal, supra, una mayoría dispone del caso de epígrafe sin trámite ulterior. AC-2021-0086 9

El jurado estará compuesto por (12) vecinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no menos de (9).

Lo anterior, sin embargo, no siempre fue así. Aunque

en nuestro País, desde principios del Siglo XX, toda persona

acusada de delito grave, y en algunos menos grave, tienen

derecho a ser juzgada por un jurado imparcial, no fue hasta

finales de la década de los cuarenta que se introdujo la

norma de veredicto por mayoría de nueve (9) votos. Pueblo

v. Casellas Toro, 197 DPR 1003, 1021 (2017)(Oronoz

Rodríguez, opinión concurrente); Pueblo v. Narváez

Narváez, 122 DPR 80, 84 (1988); Pueblo v. Laureano, 115 DPR

477, (1984). Por tanto, previo a expresar nuestra posición

con lo relacionado al presente caso, se hace necesario un

breve resumen de los eventos histórico que dieron paso a la

institución del juicio por jurado en nuestra jurisdicción.

B.

Así pues, al explicar la génesis de la institución del

juicio por jurado en Puerto Rico, el entonces delegado de

la Asamblea Constituyente y pasado Juez Presidente de este

Tribunal, Don José Trías Monge, nos comenta que “[l]a Ley

Foraker y la Jones guarda[ban] silencio sobre el juicio por

jurado, pero [que] el mismo se estableció por legislación

desde 1901, limitado a causas por delitos graves”. 3 José

Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, 194

(1982). Fue, entonces, tras la aprobación por el Congreso

de los Estados Unidos de un gobierno civil para Puerto Rico, AC-2021-0086 10

que se comenzaron a adoptar una serie de decretos que --

aunque muy limitados -- estaban dirigidos a reconocerle

ciertos derechos a los habitantes de la Isla frente al

Estado. Véase José J. Álvarez, La protección de los derechos

humanos en Puerto Rico, 57 REV. JUR. UPR 133, 135-138, 144-

145 (1988).

En esa dirección, el 12 de enero de 1901 la entonces

Asamblea Legislativa de Puerto Rico decretó la Ley

Estableciendo el Juicio por Jurado en Puerto Rico, 1901

Leyes de Puerto Rico 1-2. Mediante dicha ley, los tribunales

locales quedaron investidos de jurisdicción para atender

juicios por jurado en aquellos escenarios donde una persona

fuese acusada por un delito que aparejara como castigo la

pena capital, o dos (2) o más años de privación de libertad

en cualquier institución penal de la Isla. Íd.

Posteriormente, el 31 de enero de 1901 se aprobó la

Ley sobre Procedimientos en los Juicios por Jurado. Con

ésta última, se organizó la forma en que operarían los

juicios por jurado en nuestra jurisdicción. A tales efectos,

se dispuso que por jurado se entendería “un cuerpo de

hombres” que consistiría de doce (12) personas, quienes

deberían “estar unánimemente conformes en cualquier

veredicto que emitan”. 1901 Leyes de Puerto Rico 122.

Así también, el 1 de marzo de 1902 se adoptó la Ley

para Establecer en Puerto Rico un Código de Enjuiciamiento

Criminal, 34 LPRA ant. sec. 611 et seq. El Art. 185 del AC-2021-0086 11

mencionado cuerpo legislativo, leía que “[u]n jurado

constará de doce hombres que deben estar unánimemente

conformes en cualquier veredicto que dicten”. 34 LPRA sec.

612 (ed. 1935). Desde ese entonces y hasta casi cincuenta

(50) años después, esa sería la norma que gobernaría los

asuntos relacionados al juicio por jurado en nuestra

jurisdicción.

Empero, el 19 de agosto de 1948 se aprobó la Ley Núm.

11, conocida también como la Ley del Veredicto por Mayoría.

La pieza legislativa de referencia tuvo el propósito de

enmendar el Art. 185 del Código de Enjuiciamiento Criminal,

supra, a los fines de disponer que “[e]n todos los casos en

que, conforme a las leyes de Puerto Rico, un jurado deba

rendir un veredicto, dicho veredicto será por acuerdo de no

menos de tres cuartas partes (3/4) del jurado”. 34 LPRA

sec. 612 (ed. 1949).96

Más tarde, y tomando lo anterior como punto de partida,

con la aprobación de nuestra Constitución en el año 1952,

el derecho a juicio por jurado, así como la norma de

veredicto por mayoría de nueve (9), se elevó a rango

constitucional.97 Tal norma, como sabemos, es la que se

encuentra vigente hoy en día.

96De las actas de ambos cuerpos legislativos para aquel entonces, surge que los proyectos P. de la C. 2 y P. del S. 76, los cuales dieron paso a la Ley Núm. 11, supra, se aprobaron sin mayor discusión. Véase, Actas del Senado de Puerto Rico y Actas de la Cámara de Representante, para las fechas febrero y julio de 1948 respectivamente.

97 Al interpretar el precepto constitucional referente al juicio por jurado y veredicto por mayoría, esta Curia expresó que la razón práctica para que se cambiara la anterior norma de veredicto unánime por la de AC-2021-0086 12

En cuanto al alcance de lo antes dicho, precisa señalar

aquí que, de una lectura de la discusión habida entre los

delegados de la Asamblea Constituyente, queda claro que

éstos conocían que el derecho anglosajón -- del cual

adoptamos inicialmente el juicio por jurado -- requería

unanimidad para el veredicto de culpabilidad. Aun así, la

propuesta que prevaleció en dicho cuerpo -- arquitecto de

nuestra Constitución -- fue la del veredicto por mayoría de

no menos de nueve (9) votos, según contemplada originalmente

por la Comisión de la Carta de Derechos. En esa línea,

resulta pertinente citar in extenso la discusión recogida,

sobre el particular, en el Diario de Sesiones:

Sr. FONFRIAS: Señor Presidente y compañeros delegados: Una enmienda: […] Eliminar “quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos que en ningún caso habrá de ser menor de nueve.” Se ha consagrado ya por la constitución la institución del jurado. Tengo para mí que determinar el número de miembros del jurado para rendir un veredicto debe ser actuación legislativa. Actualmente, por una ley se ha estado experimentando con que el veredicto sea rendido por una mayoría de nueve. Está en plan de experimentación. Hasta ahora está resultando. No sabemos si este experimento pueda resultar a la larga, y entonces vendríamos obligados ¿a qué?, a enmendar la constitución, con todo el proceso de enmienda a la constitución, que es mucho más difícil que una enmienda que se pudiera hacer legislativamente.

[…]

mayoría de no menos de nueve (9), fue “evitar que el aislado proceder de un solo miembro abortara la unanimidad y anulara el esfuerzo y la labor colectiva del panel”. Pueblo v. Figueroa Rosa, 112 DPR 154, 160 (1982). Empero, Don Trías Monjes reveló que el cambio se debió, más bien, al “aumento en la actividad nacionalista a partir del regreso de Albizu[, lo cual] motivó otras limitaciones [al derecho de juicio por jurado]”. Trías Monge, op. cit. AC-2021-0086 13

Sr. FONFRIAS: […] Mi enmienda es a los efectos de que se elimine totalmente todo lo que conlleve fijar en la constitución el número de miembros del jurado que tenga que rendir un veredicto. Debe dejarse a la [Asamblea] Legislativa. Pudiera ser que la [Asamblea] Legislativa considerare que fuera por mayoría, pudiera ser que la [Asamblea] Legislativa considerare que se mantuviera el principio de que fuera por los doce miembros del jurado. Y entonces se procedería a la enmienda de la constitución. Me parece a mí que el procedimiento debe ser eminentemente legislativo en vez de congraciarlo en este momento en la constitución.

Sr. BENITEZ: Con relación a la enmienda del compañero Fonfrías quiero decir que nuestro temor ha sido el de que, sobre la base de la jurisprudencia establecida en lo que toca a la expresión “juicio por jurado” en el derecho anglosajón, el concepto de “juicio por jurado” quiere decir “juicio por jurado con veredicto unánime.” De suerte que acceder a la enmienda que propone el compañero Fonfrías sería sacarle mucho más de manos de la [Asamblea] Legislativa porque entonces quedaría, con arreglo a esta jurisprudencia, fijado indefectiblemente en doce el número de jurados que habrían de coincidir.

Sr. FONFRIAS: La enmienda sería la siguiente: En la misma página 4, línea 8, después de “distrito”, “quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos, según se disponga por ley”. Esa es la enmienda.

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación la enmienda del señor Fonfrías. Los que estén a favor se servirán decir que sí... Los que estén en contra se servirán decir que no... Derrotada. (Énfasis suplido). 3 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, págs. 1588-1590 (ed. 1961). AC-2021-0086 14

Como se puede apreciar, con la anterior votación y en

lo relacionado al derecho a juicio por jurado, la propuesta

original de la Comisión de la Carta de Derechos -- presidida

por el delegado señor Jaime Benítez -- se sostuvo en tres

sentidos, a saber: 1) elevar a rango constitucional el

derecho a juicio por jurado; 2) que el jurado rindiera un

veredicto con la concurrencia de no menos de nueve (9)

votos; y 3) que la Asamblea Legislativa, si en su día lo

entendía conveniente, pudiese elevar el número de votos

requeridos para el veredicto mediante legislación.

En cuanto a esto último, es menester señalar que en el

Informe de la Comisión de Carta de Derechos se atendió la

preocupación de algunos miembros de la Asamblea

Constituyente, sobre la fórmula para rendir veredictos

mediante la concurrencia de no menos de nueve (9) miembros

del jurado. Específicamente, se dijo lo siguiente:

El texto fija permanentemente en doce el número de los jurados, respondiendo así a la tradición que ha prevalecido en el país y a la tradición del derecho común. Distinto a esa tradición el veredicto podrá rendirse por la mayoría de votos que determine el poder legislativo, pero no podrá ser menor de nueve. Este es el sistema vigente por ley. Entendemos que la fórmula propuesta permitirá a la [Asamblea] Legislativa aumentar el margen de mayoría hasta la unanimidad, si lo juzgare conveniente en el futuro. (Énfasis suplido). 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, Informe de la Comisión de la Carta de Derechos, pág. 2570 (ed. 1961).

Por último, y en lo relacionado al tema bajo estudio,

conviene remitirnos también a la más reciente obra del AC-2021-0086 15

Profesor Jorge Farinacci Fernós, La Carta de Derechos. J.

Farinacci Fernós, La Carta de Derechos, 1ra ed., San Juan,

Ed. Universidad Interamericana de Puerto Rico, 2021, pág.

209. Allí, mediante cierto modelo analítico,98 nos explica

el Profesor Farinacci Fernós que el propósito del Artículo

II, Sección 11, de nuestra Carta Magna, supra, “es

posicionar la institución democrática del jurado entre el

poder punitivo del Estado y las personas imputadas de

delito”. Íd., pág. 209. Asimismo, nos comenta que el derecho

a juicio por jurado según fue recogido en la Constitución,

tiene una intención dual: 1) elevar dicho derecho a rango

constitucional; y 2) distinguirnos de la tradición del

derecho común, al ratificar la norma del veredicto por la

mayoría de los votos que determine el poder legislativo,

nunca menor de nueve (9). Íd. Añade el distinguido Profesor

que, “el objetivo de esta disposición es controlar el poder

del Estado de privar a una persona de su libertad”; de modo

que la Sección 11 del Artículo II de la Carta de Derechos,

supra, está relacionada con el derecho de libertad contenido

en el Sección 7 de ese mismo artículo. Íd.

Ahora bien, establecido que en Puerto Rico por más de

medio siglo ha regido la regla de veredictos por mayoría de

98 El referido modelo está organizado en nueve (9) componentes, a saber: 1) texto; 2) origen de la disposición; 3) contenido comunicativo; 4) contenido normativo general; 5) estructura normativa; 6) naturaleza; 7) operación; 8) vínculo semántico o normativo con otras disposiciones constitucionales; y 9) una reformulación integrada del derecho. Para una explicación más detallada, referimos la lectura al Capítulo 2 de la citada obra, La Carta de Derechos. J. Farinacci Fernós, op. cit., págs. 21-36. AC-2021-0086 16

nueve (9) o más, -- postulado constitucional que ha sido

interpretado por parte de este Tribunal en numerosas

ocasiones --,99 es nuestro deber reconocer que el pasado año

dicho precepto quedó alterado tras la decisión emitida por

el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Ramos v.

Lousisina, infra, y adoptada por este Tribunal en Pueblo v.

Torres Rivera, infra.

C.

Con lo anterior en mente, y en lo concerniente al

juicio por jurado en los Estados Unidos, es menester

recordar que la Sexta Enmienda de la Constitución federal

dictamina que:

[e]n todas las causas criminales, el acusado gozará del derecho a un juicio rápido y público, ante un jurado imparcial del estado y distrito en que el delito haya sido cometido, distrito que será previamente fijado por ley, a ser informado de la naturaleza y causa de la acusación; a carearse con los testigos en su contra; a que se adopten medidas compulsivas para la comparecencia de los testigos que cite a su favor y a la asistencia de abogado para su defensa Enmda. VI, Const. EE.UU., LPRA, Tomo 1.100

99Véase, Pueblo v. Casellas Toro, 197 DRP 1003, 1019 (2017) (“no hay duda de que en los tribunales […] de Puerto Rico es válido un veredicto de culpabilidad en el que concurran, como mínimo, nueve miembros del Jurado”); Pueblo v. Báez Cintrón, 102 DPR 30, 34 (1974) (“reiteramos nuestra posición reconociendo autonomía a Puerto Rico dentro de su relación política con los Estados Unidos para adoptar esa norma. Ratificamos una vez más la validez de veredictos por mayoría de 9 ó más”); Pueblo v. Batista Maldonado, 100 DPR 936 (1972); Fournier v. González, 80 DPR 262, 266 (1958) (“En los debates constitucionales se tuvo en cuenta el desarrollo peculiar de la institución del juicio por jurado en la administración de nuestra justicia criminal. Se consideraron las ventajas y desventajas de dicha institución y sólo se incorporó una garantía limitada que se extiende únicamente a los ‘delitos graves’ y que no incluye el principio de la unanimidad”).

100In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the state and district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature AC-2021-0086 17

Adviértase que la Constitución federal, distinto a la

nuestra, no incorpora un requisito explícito en cuanto al

número de votos necesarios para un veredicto. Sin embargo,

el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha establecido

los contornos de dicha protección mediante interpretación

jurisprudencial e histórica.

En esa dirección, desde Duncan v. Louisiana, 391 US

145 (1968), el máximo foro judicial federal determinó que

el derecho a juicio por jurado establecido en la Sexta

Enmienda es fundamental y extensivo a los estados por medio

de la Decimocuarta Enmienda. Con ese reconocimiento,

posteriormente se cuestionó si el voto unánime, que

históricamente se había requerido en el ámbito federal, era

extensivo a los juicios por jurado en los estados.

En Apodaca v. Oregon, 406 US 404 (1972), el Tribunal

Supremo de los Estados Unidos consideró si un veredicto de

culpabilidad por mayoría violaba el derecho fundamental a

juicio por jurado establecido en la Sexta Enmienda.101

Mediante una pluralidad de voces ese Foro emitió su Opinión.

En el referido caso, por un lado, cuatro jueces del

máximo foro judicial federal estuvieron conforme con la

determinación de que el voto unánime no era un requisito

and cause of the accusation; to be confronted with the witnesses against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the assistance of counsel for his defense. Íd.

101Véase, también, Johnson v. Louisiana, 406 US 356 (1972), decidido en la misma fecha que Apodaca v. Oregon, supra. AC-2021-0086 18

constitucional, tal como no lo era la composición de un

jurado con doce (12) miembros. Íd., pág. 406. En cambio,

otros cuatro jueces del Tribunal Supremo federal

disintieron por entender que la Sexta Enmienda exigía un

voto unánime del jurado y que dicho requisito es extensivo

a los estados por medio de la Decimocuarta Enmienda.

No obstante, y siendo el voto decisivo al concurrir,

el Juez Powell señaló que la Sexta Enmienda de la

Constitución de los Estados Unidos exigía unanimidad en los

juicios federales, pero no así en los estatales. Íd., págs.

371-372 (Powell, opinión concurrente). Véase, además, E. L.

Chiesa Aponte, Procedimiento Criminal y la Constitución:

etapa adjudicativa, 1ra ed., Puerto Rico, Ed. SITUM, 2018,

págs. 437-438. A raíz de esa determinación, se estableció

la norma de que en los estados no existía un requisito de

veredicto por voto unánime en los juicios por jurado.

La determinación en Apodaca quedó entonces vigente por

aproximadamente medio siglo. Lo anterior, debido a que, tan

reciente como el pasado año, el máximo foro judicial federal

volvió a enfrentarse a la pregunta de si el derecho a juicio

por jurado y la Sexta Enmienda -- incorporado a los estados

por medio de la Decimocuarta Enmienda -- admitía veredictos

de culpabilidad que no fuesen unánimes en los casos penales

que se ventilaran en las cortes estatales.

Así, en Ramos v. Louisiana, 590 US _ (2020), tras un

cuidadoso y detallado análisis histórico sobre la Sexta AC-2021-0086 19

Enmienda y el derecho a juicio por jurado garantizado en

ella, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocó

Apodaca v. Oregon, supra. Íd., págs. 4-6. Dicho Foro,

fundamentó su determinación en que Apodaca ignoraba el

entendido histórico del derecho a juicio por jurado

imparcial,102 al igual que los orígenes racistas y

discriminatorios de las leyes en controversia, entre otras

razones. Íd., págs. 3-6.

En lo concerniente al caso de autos, el máximo foro

judicial federal concluyó que, del texto y estructura de la

Constitución federal claramente sugerían que el término

juicio por jurado imparcial acarreaba un significado en

cuanto a contenido y requisitos; siendo uno de eso

requisitos la unanimidad, es decir:

Wherever we might look to determine what the term “trial by an impartial jury trial” meant at the time of the Sixth Amendment’s adoption— whether it’s the common law, state practices in the founding era, or opinions and treatises written soon afterward—the answer is unmistakable. A jury must reach a unanimous verdict in order to convict.

The requirement of juror unanimity emerged in 14th century England and was soon accepted as a vital right protected by the common law. As Blackstone explained, no person could be found guilty of a serious crime unless “the truth of every accusation ... should ... be confirmed by

102En cuanto al entendido histórico, el máximo foro judicial federal recordó que el texto propuesto para la Sexta Enmienda en cierto momento expresaba que se requería unanimidad para la convicción (“The trial of all crimes [...] shall be by an impartial jury of freeholders of the vicinage, with the requisite of unanimity for conviction, of the right of challenge, and other accustomed requisites [...]”. (Énfasis suplido). 1 Annals of Cong. 435 (1789)), pero que ese requisito estaba tan claramente incluido en el derecho a juicio por jurado imparcial que los senadores de aquel entonces decidieron eliminarlo, pues resultaba innecesario. Ramos v. Louisisna, supra, pág. 1400. AC-2021-0086 20

the unanimous suffrage of twelve of his equals and neighbors, indifferently chosen, and superior to all suspicion.” (Énfasis suplido). Íd., pág. 1395, citando a 4 W. Blackstone, Commentaries on the Laws of England 343 (1769).

De esta forma, el máximo foro judicial federal sentenció

que las dos (2) leyes impugnadas -- la del estado de

Luisiana y la de Oregon, que permitían la convicción por

mayoría -- eran contrarias a la Sexta Enmienda de la

Constitución de Estados Unidos. Íd., pág. 14. En

consecuencia, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos

dictaminó que, “if the Sixth Amendment’s right to a jury

trial requires a unanimous verdict to support a conviction

in federal court, it requires no less in state court.”

(Énfasis y subrayado suplido). Íd., pág. 7.

Precisa señalar aquí que, posteriormente, la norma

pautada en Ramos v. Louisiana, supra, como ya mencionamos,

fue incorporada en nuestra jurisdicción a través del caso

Pueblo v. Torres Rivera, 204 DPR 288 (2020). Al respecto,

este Tribunal, al disponer del precitado caso, señaló que:

Una lectura de la Opinión emitida el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Ramos v. Louisiana, supra, devela que la unanimidad constituye una protección procesal esencial adicional [para la persona acusada] que deriva de -y es consustancial a- el derecho fundamental a un juicio por jurado consagrado en la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. El reconocimiento de la unanimidad como una cualidad intrínseca del derecho fundamental a un juicio por un jurado imparcial es vinculante en nuestra jurisdicción y obliga a nuestros tribunales a requerir veredictos unánimes en todos los procedimientos penales por delitos graves que se ventilen en sus salas. (Énfasis suplido). Íd., págs. 306-307. AC-2021-0086 21

Así las cosas, de conformidad con lo pautado en esa ocasión,

en el mencionado caso ordenamos la celebración de un nuevo

juicio y advertimos que en virtud de la nueva norma

establecida en Ramos v. Louisiana, supra, “para lograr una

condena, el jurado debía rendir un veredicto unánime”.

(Énfasis suplido). Íd., pág. 307.

Es pues, a la luz de la normativa antes expuesta, que

procedemos -- desde el disenso -- a atender la controversia

de epígrafe.

IV.

Como adelantamos, en el presente caso nos corresponde

evaluar si lo resulto por el Tribunal Supremo de los Estados

Unidos en Ramos v. Louisiana, supra, y adoptado en nuestra

jurisdicción en Pueblo v. Torres Rivera, supra, desplazó

por completo la norma del veredicto por mayoría recogida en

el Artículo II, Sección 11, de nuestra Constitución e

incorporada en la Regla 112 de Procedimiento Criminal,

supra. Específicamente, debemos evaluar si es acertado el

señalamiento del Procurador General de que el foro apelativo

intermedio erró al confirmar que para el veredicto de

culpabilidad se requiere unanimidad, mientras que para el

de no culpabilidad es suficiente la concurrencia de por lo

menos nueve (9) miembros del jurado. No tiene razón.

Y es que, si bien -- del análisis antes expuesto --

queda patentemente claro que nuestra cláusula

constitucional sobre juicio por jurado en el ámbito penal, AC-2021-0086 22

“quedó parcialmente desplazada por la decisión del Tribunal

Supremo federal en Ramos v. Louisiana, supra. [Pues, en]

términos prácticos se privó a la Asamblea Legislativa de la

facultad de permitir veredictos condenatorios que no sean

unánimes”,103 igual de claro ha quedado que, la cláusula

constitucional que permite que en los juicios por jurado

pueda rendirse un veredicto de no culpabilidad por mayoría

de votos en el cual deberán concurrir no menos de nueve

(9), y el texto de la Regla 112 de Procedimiento Criminal,

supra, mantienen toda su vigencia.104 Eso es así, pues dichas

disposiciones no se han enmendado, derogado, ni declarado

en su totalidad contrarias a la Sexta Enmienda de la

Constitución federal. En ese sentido tanto el Artículo II,

Sección 11, de de nuestra Constitución, supra, como la Regla

112 de las de Procedimiento Criminal, supra, gobiernan el

asunto de epígrafe en cuanto a la controversia sobre el

veredicto de no culpabilidad.

103(Énfasis y subrayado nuestro). Farinacci Fernós, op. cit., pág. 208, escolio 495.

104 Además, y “[a]quellos que tengan duda de lo anterior, deben preguntarse si, a la luz de la mencionada Sexta Enmienda y de lo resuelto en el caso de Ramos, sería inconstitucional una disposición de una Constitución o, inclusive, de un estatuto de un estado que establezca una mayoría para la determinación de no culpable. Es evidente que la respuesta tiene que ser negativa. No puede ser de otra forma. Lo contrario sería afirmar que “el gobierno” tiene un derecho fundamental bajo la Sexta Enmienda para que se requiera la unanimidad. Ello es contrario a nociones básicas del derecho constitucional estadounidense, que establece que los derechos fundamentales son garantías a favor del acusado en contra del gobierno y no a la inversa”. (Énfasis en el original). Véase, Julio Fontanet, La unanimidad y los condenados erróneamente, elnuevodía.com, La unanimidad y los condenados erróneamente - El Nuevo Día (elnuevodia.com) (última visita, 2 de septiembre de 2021). AC-2021-0086 23

Como explicamos anteriormente, el poder legislativo -

- que fue a quien la Asamblea Constitucional le delegó la

facultad de aumentar el mínimo de votos requeridos para un

veredicto --, mediante legislación puede implementar la

norma de la unanimidad para los veredictos de no

culpabilidad. No obstante, a la fecha, eso no ha ocurrido.

Por el contrario, actualmente sí está ante la

consideración de la Asamblea Legislativa el P. de la C.

283, para entre otras, enmendar la Regla 112 de

Procedimiento Criminal para que lea como sigue:

El jurado estará compuesto por (12) vecinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto de no culpabilidad por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no menos de (9). Para emitir un veredicto de culpabilidad, será necesario que este sea por unanimidad.

Es decir, un proyecto de ley que tiene como único propósito

el atemperar las Reglas de Procedimiento Criminal, supra,

con lo resuelto en Ramos v. Louisiana, supra, y nada más.105

A todas luces, un paso en la dirección correcta.

105 De la Exposición de Motivos del proyecto de referencia surge que:

[…] al declararse como inconstitucionales las convicciones criminales por jurado que no sean unánimes, esto tiene como consecuencia anular la disposición constitucional en Puerto Rico que permite convicciones en las que deben concurrir no menos de nueve (9) jurados.

Por tanto, estimamos apropiado atemperar el estado de derecho de Puerto Rico con la decisión tomada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América en Ramos v. Louisiana, 590 U. S. ____ (2020), enmendando las reglas 112 y 151 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a los fines de establecer que el veredicto rendido por los jurados deberá ser unánime para que este pueda surtir efecto. AC-2021-0086 24

V.

En fin, no vemos cómo la fórmula de requerir unanimidad

para la convicción y mayoría para la no culpabilidad (aunque

anómala, como señala una mayoría de este Tribunal)

contravenga los preceptos consagrados en la Sexta Enmienda

de la Constitución federal y lo pautada en Ramos v.

Louisiana, supra.106 Lo que realmente resulta anómalo es que

esta Curia mediante fiat judicial trastoque ese estado

derecho so pretexto de una presunta norma o intención de

simetría en los veredictos.

El único posicionamiento que se le puede atribuir a

los delegados de la Asamblea Constituyente, tanto por el

106Fíjese que, la propuesta de referencia es además cónsona con la lógica de la Sección 19 del Artículo II de nuestra Carta Magna, Art. II, Sec. 19, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, en la medida en que la citada cláusula constitucional -- reconociendo “el orden especialmente dinámico del derecho en este campo” -- invita a la Asamblea Legislativa a que expanda los derechos que derivan de nuestra Constitución, así como a que añada aquellos derechos nuevos que adquieran reconocimiento a través de los años. Véase, Farinacci Fernós, op. cit., pág. 358-359, citando a Trías Monge, op. cit., pág. 208. Recuérdese que la intención de la Asamblea Constituyente fue “que no se interpretara la Carta de Derechos como un catálogo exhaustivo de los derechos [de las personas] en Puerto Rico”. Trías Monge, op. cit., pág. 208.

Además, y aunque somos conscientes de que en el contexto del juicio por jurado en nuestra jurisdicción “la intención ha sido conceder estrictamente lo que surge de imperativo federal y no más”, huelga señalar que nuestra Carta de Derechos, pensada como un todo, es de factura más ancha que la tradicional. Véase, E. L. Chiesa, Los Derechos de los acusados y la factura más ancha, 65 REV. JUR. UPR 83, 108-107 (1996). Véase, también, E.L.A. v. Hermandad de Empelados, 104 DPR 436, 440 (1975). Pueblo v. Medina, 176 DPR 601 (2009).

En esa línea, este Tribunal y cualquier otro poder político, sí puede interpretar nuestra Constitución para otorgar más derechos y protecciones a los individuos, que los reconocidos en la Constitución federal. Véase, J. J. Álvarez, op. cit., pág. 174-175. Por tal razón, cuando entendemos la Constitución como un documento vivo y la leemos en conjunto, nos percatamos de las múltiples instancias en que los derechos de la persona acusada son de factura más ancha. Véase, por ejemplo, E. L. Chiesa, Los derechos de los acusados y la factura más ancha, op. cit. Por eso, no nos resulta incompatible con todo ello, la forma en que ha quedado el estado de derecho en materia de juicio por jurado y veredictos en el ordenamiento penal puertorriqueño. AC-2021-0086 25

historial del juicio por jurado en nuestro País, como la

clara intención recogida en el texto que finalmente se

plasmó en la Carta de Derechos, es el de veredictos por

mayoría con la concurrencia de al menos nueve (9) miembros

del jurado. De forma que, el supuesto de intención de

simetría en los veredictos sobre la cual descansa la

conclusión a la que llega la mayoría de mis compañeros y

compañera de estrado, no surge de las discusiones de los

delegados ni de las entrañas mismas del desarrollo del

juicio por jurado en nuestra jurisdicción. No se cometió,

pues, el error señalado.107

VI.

Por los fundamentos antes expuestos, enérgicamente

disentimos del resultado al que llega una mayoría de esta

Curia en el día de hoy.

Ángel Colón Pérez Juez Asociado

107 Todo lo anterior cobra más fuerza cuando nos topamos con la determinación del Tribunal Supremo del estado de Oregon en State v. Ross, supra. El pasado mes de febrero, dicho foro contundentemente dictaminó que, de conformidad con la Sexta Enmienda, la ley de Oregon requiere que el veredicto de culpabilidad para todos los cargos criminales sea por unanimidad, mientras que permite el veredicto de no culpabilidad por el voto de once (11) a uno (1) o el voto de diez (10) a dos (2). Razonó, que lo resuelto cuidadosamente por la Corte Suprema federal en Ramos v. Louisiana, supra, no dejó dudas en cuanto a que el veredicto de culpabilidad requiere unanimidad, pero que ello en lo absoluto implicó que la Sexta Enmienda prohíba las absoluciones basadas en veredictos no unánimes.