Eddie Montañez Lopez Y Otra v. U.P.R.
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Opinion
AC-1999-11 1
EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Eddie Montañez López Ana López Prieto Apelación Apelantes 2002 TSPR 33 v. 156 DPR ____ Universidad de Puerto Rico y otros Apelados
Número del Caso: AC-1999-11
Fecha: 21/marzo/2002
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I
Juez Ponente: Hon. José L. Miranda de Hostos
Abogados de la Parte Apelante: Lcdo. Carlos Martínez Vélez Lcda. Ana López Prieto
Abogada de la Parte Apelada: Lcda. Gladys E. Guemárez
Materia: Daños y Perjuicios
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. AC-1999-11 2
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Eddie Montañez López Ana López Prieto
Apelantes
vs. AC-1999-11
Universidad de Puerto Rico y otros
Apelados
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente señor Andréu García
San Juan, Puerto Rico, a 21 de marzo de 2002
Debemos dirimir en esta ocasión cuatro controversias
dentro del campo de seguros de responsabilidad pública.
Para ello debemos resolver (1) cuál es la responsabilidad
de cada una de las aseguradoras de una póliza combinada,
bien sean solidarias o por determinados porcentajes o
cantidades, cuando una de éstas es declarada insolvente y
sustituida por la Asociación de Garantía de Seguros
Misceláneos; (2) si la cantidad máxima de $150,000, a la
cual viene obligada a responder la Asociación en virtud de
las disposiciones del Artículo 38.080 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. § 3808, se refiere a cada reclamación o
suceso u ocurrencia que origina diversas reclamaciones y, (3) si los tribunales
Puerto Rico tienen facultad para condenar a dicha Asociación al pago de costa
intereses por temeridad y, consecuentemente, honorarios de abogado.
controversia restante se resuelve aplicando la norma de retroactividad estableci
por este Tribunal en Nieves Cruz v. Universidad de Puerto Rico, resuelto el 31
mayo de 2000, 2000 TSPR 78.
I
El codemandante, Eddie Montañez López, tenía 14 años de edad cuando
sufrió un accidente mientras corría bicicleta, el 30 de junio de 1984.
Aunque inicialmente fue atendido en otras instituciones, una vez el
Hospital Universitario se hizo cargo del paciente el mismo día del
accidente, toda la atención, diagnóstico y tratamiento del menor estuvo
a cargo de los médicos del Hospital Universitario y del Hospital Pediátrico
Universitario. El menor estuvo hospitalizado durante 56 días y fue
sometido a seis (6) operaciones quirúrgicas. Desarrolló gangrena y para
salvar su vida fue necesario amputarle la pierna derecha a nivel de la
cadera (desarticulación).
Luego de infructuosas negociaciones con la aseguradora, Corporación
Insular de Seguros, el 20 de enero de 1989, fue presentada una demanda
por impericia médica contra la Universidad de Puerto Rico y su mencionada
aseguradora en el entonces Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala Superior
de San Juan.
El 1 de octubre de 1992, el tribunal (Hon. Pedro López Oliver) emitió
“sentencia parcial” en la que determinó que la Universidad de Puerto Rico
había incurrido en negligencia en el tratamiento del menor codemandante,
Eddie Montañez López, y que dicha negligencia tuvo como efecto la
desarticulación de la pierna derecha del menor. El dictamen sobre la
cuantía de los daños quedó pendiente.
La Corporación Insular de Seguros fue declarada insolvente en
diciembre de 1992. Como consecuencia de los procedimientos de
liquidación de dicha aseguradora se paralizaron todos los procedimientos en que ésta era parte. Posteriormente, compareció al litigio la
Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos para ofrecer representación
legal y cubierta a la parte demandada, bajo la póliza que había emitido
la Corporación Insular de Seguros y que estaba vigente en la fecha de los
hechos.
El 12 de abril de 1994, la Asociación de Garantía de Seguros
Misceláneos consignó la suma de ciento cincuenta mil (150,000) dólares
y alegó que esa era la cantidad máxima que venía obligada a satisfacer,
según lo dispuesto en el Artículo 38.080 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A.
§ 3808.
A partir de ese momento, la controversia en el caso se centró en
el monto de la obligación por el cual debía responder la Asociación como
sucesora en interés de la Corporación Insular de Seguros, la única
aseguradora de la Universidad que fue demandada, por lo cual alegó que
sólo respondía hasta el máximo de la suma consignada. No descubrió, sin
embargo, al realizar la referida consignación, que la póliza que cubría
el evento en cuestión era una combinada, expedida por varias aseguradoras
en determinados porcentajes, ni hizo intento alguno para acumular como
parte a estas otras aseguradoras.
Mientras tanto, la Legislatura aprobó la Ley Núm. 98 de 24 de agosto de 1994,
la cual enmendó el Art. 41.050 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. § 4105, con
el fin de incluir a la Universidad de Puerto Rico dentro de los límites de
responsabilidad por impericia médico-hospitalaria que impone la Ley Núm. 104 de
29 de junio de 1955, según enmendada, conocida como Ley de Reclamaciones y Demandas
contra el Estado, 32 L.P.R.A. § 3077 et seq.
El Tribunal dictó resolución el 15 de marzo de 1996 (Hon. Carmen Celinda
Ríos) en la que determinó que la responsabilidad de la Asociación de
Garantía de Seguros Misceláneos estaba limitada al máximo de ciento
cincuenta mil (150,000) dólares por cada reclamante y que ésta no responde
a las partidas correspondientes a costas, intereses y honorarios de
abogado impuestas a la aseguradora insolvente. Determinó dicho tribunal que, existiendo en este caso dos reclamantes,
la obligación de la Asociación, de probarse los daños alegados, era la
de satisfacer una suma no mayor de ciento cincuenta mil (150,000) dólares
a cada uno de ellos. Además, ordenó a la parte demandada someter copia
de la póliza de seguros otorgada por la Corporación Insular de Seguros
a favor de la Universidad.
El 1 de mayo de 1997, la Asociación presentó una moción en la cual
solicitó la desestimación del pleito o que se dictara sentencia sumaria
a su favor. Además alegó, por primera vez, que la Ley 98, supra, había
limitado la responsabilidad de la Universidad a ciento cincuenta mil
(150,000) dólares en reclamaciones múltiples, que dicha ley era
retroactiva y por lo tanto había quedado liberada de toda responsabilidad
cuando satisfizo la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares
previamente consignada. Al oponerse a la mencionada moción de sentencia
sumaria, los apelantes declararon y alegaron que, ante la evasión de la
Asociación de producir el documento de seguro completo1, habían hecho unas
gestiones particulares mediante las cuales habían descubierto que la
póliza en cuestión era una combinada en la que participaban otras
aseguradoras. Por lo que, aún en caso de que la responsabilidad de la
Asociación fuese hasta el máximo de ciento cincuenta mil (150,000)
dólares, las otras aseguradoras debían responder de los porcentajes a los
que se obligaron hasta el límite de la póliza, volviendo a reiterarse en
la aplicación prospectiva de la Ley 98.
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AC-1999-11 1
EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Eddie Montañez López Ana López Prieto Apelación Apelantes 2002 TSPR 33 v. 156 DPR ____ Universidad de Puerto Rico y otros Apelados
Número del Caso: AC-1999-11
Fecha: 21/marzo/2002
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I
Juez Ponente: Hon. José L. Miranda de Hostos
Abogados de la Parte Apelante: Lcdo. Carlos Martínez Vélez Lcda. Ana López Prieto
Abogada de la Parte Apelada: Lcda. Gladys E. Guemárez
Materia: Daños y Perjuicios
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. AC-1999-11 2
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Eddie Montañez López Ana López Prieto
Apelantes
vs. AC-1999-11
Universidad de Puerto Rico y otros
Apelados
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente señor Andréu García
San Juan, Puerto Rico, a 21 de marzo de 2002
Debemos dirimir en esta ocasión cuatro controversias
dentro del campo de seguros de responsabilidad pública.
Para ello debemos resolver (1) cuál es la responsabilidad
de cada una de las aseguradoras de una póliza combinada,
bien sean solidarias o por determinados porcentajes o
cantidades, cuando una de éstas es declarada insolvente y
sustituida por la Asociación de Garantía de Seguros
Misceláneos; (2) si la cantidad máxima de $150,000, a la
cual viene obligada a responder la Asociación en virtud de
las disposiciones del Artículo 38.080 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. § 3808, se refiere a cada reclamación o
suceso u ocurrencia que origina diversas reclamaciones y, (3) si los tribunales
Puerto Rico tienen facultad para condenar a dicha Asociación al pago de costa
intereses por temeridad y, consecuentemente, honorarios de abogado.
controversia restante se resuelve aplicando la norma de retroactividad estableci
por este Tribunal en Nieves Cruz v. Universidad de Puerto Rico, resuelto el 31
mayo de 2000, 2000 TSPR 78.
I
El codemandante, Eddie Montañez López, tenía 14 años de edad cuando
sufrió un accidente mientras corría bicicleta, el 30 de junio de 1984.
Aunque inicialmente fue atendido en otras instituciones, una vez el
Hospital Universitario se hizo cargo del paciente el mismo día del
accidente, toda la atención, diagnóstico y tratamiento del menor estuvo
a cargo de los médicos del Hospital Universitario y del Hospital Pediátrico
Universitario. El menor estuvo hospitalizado durante 56 días y fue
sometido a seis (6) operaciones quirúrgicas. Desarrolló gangrena y para
salvar su vida fue necesario amputarle la pierna derecha a nivel de la
cadera (desarticulación).
Luego de infructuosas negociaciones con la aseguradora, Corporación
Insular de Seguros, el 20 de enero de 1989, fue presentada una demanda
por impericia médica contra la Universidad de Puerto Rico y su mencionada
aseguradora en el entonces Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala Superior
de San Juan.
El 1 de octubre de 1992, el tribunal (Hon. Pedro López Oliver) emitió
“sentencia parcial” en la que determinó que la Universidad de Puerto Rico
había incurrido en negligencia en el tratamiento del menor codemandante,
Eddie Montañez López, y que dicha negligencia tuvo como efecto la
desarticulación de la pierna derecha del menor. El dictamen sobre la
cuantía de los daños quedó pendiente.
La Corporación Insular de Seguros fue declarada insolvente en
diciembre de 1992. Como consecuencia de los procedimientos de
liquidación de dicha aseguradora se paralizaron todos los procedimientos en que ésta era parte. Posteriormente, compareció al litigio la
Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos para ofrecer representación
legal y cubierta a la parte demandada, bajo la póliza que había emitido
la Corporación Insular de Seguros y que estaba vigente en la fecha de los
hechos.
El 12 de abril de 1994, la Asociación de Garantía de Seguros
Misceláneos consignó la suma de ciento cincuenta mil (150,000) dólares
y alegó que esa era la cantidad máxima que venía obligada a satisfacer,
según lo dispuesto en el Artículo 38.080 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A.
§ 3808.
A partir de ese momento, la controversia en el caso se centró en
el monto de la obligación por el cual debía responder la Asociación como
sucesora en interés de la Corporación Insular de Seguros, la única
aseguradora de la Universidad que fue demandada, por lo cual alegó que
sólo respondía hasta el máximo de la suma consignada. No descubrió, sin
embargo, al realizar la referida consignación, que la póliza que cubría
el evento en cuestión era una combinada, expedida por varias aseguradoras
en determinados porcentajes, ni hizo intento alguno para acumular como
parte a estas otras aseguradoras.
Mientras tanto, la Legislatura aprobó la Ley Núm. 98 de 24 de agosto de 1994,
la cual enmendó el Art. 41.050 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. § 4105, con
el fin de incluir a la Universidad de Puerto Rico dentro de los límites de
responsabilidad por impericia médico-hospitalaria que impone la Ley Núm. 104 de
29 de junio de 1955, según enmendada, conocida como Ley de Reclamaciones y Demandas
contra el Estado, 32 L.P.R.A. § 3077 et seq.
El Tribunal dictó resolución el 15 de marzo de 1996 (Hon. Carmen Celinda
Ríos) en la que determinó que la responsabilidad de la Asociación de
Garantía de Seguros Misceláneos estaba limitada al máximo de ciento
cincuenta mil (150,000) dólares por cada reclamante y que ésta no responde
a las partidas correspondientes a costas, intereses y honorarios de
abogado impuestas a la aseguradora insolvente. Determinó dicho tribunal que, existiendo en este caso dos reclamantes,
la obligación de la Asociación, de probarse los daños alegados, era la
de satisfacer una suma no mayor de ciento cincuenta mil (150,000) dólares
a cada uno de ellos. Además, ordenó a la parte demandada someter copia
de la póliza de seguros otorgada por la Corporación Insular de Seguros
a favor de la Universidad.
El 1 de mayo de 1997, la Asociación presentó una moción en la cual
solicitó la desestimación del pleito o que se dictara sentencia sumaria
a su favor. Además alegó, por primera vez, que la Ley 98, supra, había
limitado la responsabilidad de la Universidad a ciento cincuenta mil
(150,000) dólares en reclamaciones múltiples, que dicha ley era
retroactiva y por lo tanto había quedado liberada de toda responsabilidad
cuando satisfizo la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares
previamente consignada. Al oponerse a la mencionada moción de sentencia
sumaria, los apelantes declararon y alegaron que, ante la evasión de la
Asociación de producir el documento de seguro completo1, habían hecho unas
gestiones particulares mediante las cuales habían descubierto que la
póliza en cuestión era una combinada en la que participaban otras
aseguradoras. Por lo que, aún en caso de que la responsabilidad de la
Asociación fuese hasta el máximo de ciento cincuenta mil (150,000)
dólares, las otras aseguradoras debían responder de los porcentajes a los
que se obligaron hasta el límite de la póliza, volviendo a reiterarse en
la aplicación prospectiva de la Ley 98.
1 Surge de los autos que el 2 de junio de 1997, la representación legal de l Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos presentó ante el Tribunal una moció donde alegaban, en respuesta a las solicitudes formales de la parte demandant de copia certificada de la póliza en cuestión, que la copia de la póliza qu entregaron a los demandantes el 8 de octubre de 1996, era todo lo que tenían e su expediente. Aducían, no obstante, no poder certificar que era la totalida de la póliza por no ser ellos los custodios de los récords de la Corporación Insular de Seguros, sino el Comisionado de Seguros. La póliza fue entregada por el Secretario de Hacienda, Área de Seguros Públicos, el 25 de junio. El hecho d que la póliza es una sindicalizada surge en la primera y en la penúltima página del documento de 92 páginas. No obstante, el 21 de abril de 1998, el Tribunal de Primera Instancia
(Hon. Felícita Pérez Rivera) dictó sentencia sumaria en la que determinó
que la Ley Núm. 98, supra, era de aplicación retroactiva y declaró que
la suma de ciento cincuenta mil (150,000) dólares consignada constituía
la cantidad total que la Asociación venía obligada a pagar, como sucesora
en interés de la Corporación Insular de Seguros.
Inconformes con esta determinación, los demandantes acudieron en
apelación ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, el cual confirmó
la sentencia apelada.
Oportunamente acudieron en apelación ante nos, por existir conflictos
de sentencias de varios paneles del Tribunal de Circuito de Apelaciones,
e imputan que incidió dicho foro intermedio al confirmar la aplicación
retroactiva de la Ley Número 98 de 4 de agosto de 1994, supra, a los hechos
del presente caso.
Además, plantean los demandantes que incidieron el Tribunal de
Circuito de Apelaciones y el Tribunal de Primera Instancia al determinar
que las otras compañías de seguros que conjuntamente con la Corporación
Insular de Seguros expidieron la póliza en este caso no responden
mancomunadamente de la sentencia que por los daños sufridos por los
demandantes habrá de recaer en su día.
Los apelantes también nos exhortan a determinar que el límite máximo
por el cual viene obligada a responder la Asociación de Garantías de
Seguros Misceláneos, cuando sustituye a una compañía aseguradora que ha
advenido a ser insolvente, se refiere a cada reclamación y no a cada suceso
u ocurrencia. Insisten, además en que la Asociación también responde por
los intereses legales y por las costas y honorarios de abogado que genere
el pleito.
II
Hace poco tiempo tuvimos la oportunidad de pronunciarnos sobre la
aplicación prospectiva de la Ley Número 98 de 4 de agosto de 1994, supra.
Véase, Nieves Cruz v. Universidad, res. el 31 de mayo de 2000, 2000 TSPR
78. La Ley Núm. 98, supra, que enmendó el Artículo 41.050 del Código de
Seguros con el propósito de incluir a la Universidad de Puerto Rico dentro
de los límites de responsabilidad que cobijan al Estado Libre Asociado
de Puerto Rico2 en los casos por actos constitutivos de impericia médica
o actos constitutivos de culpa o negligencia de una institución de salud
operada por la Universidad, será aplicada sólo prospectivamente a aquellos
casos cuyas causas de acción hayan surgido estando vigente dicha ley.
Nieves Cruz v. Universidad, supra. Véase además, Artículo 3 del Código
Civil, 31 L.P.R.A. § 3; Arce Oliveras v. E.L.A., 122 D.P.R. 877, 879 (1988);
Rodríguez Ríos v. E.L.A., 116 D.P.R. 102, 104, 106 (1985); Vélez Reboyrás
v. Secretario de Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984); Vázquez v. Morales, 114
D.P.R. 822 (1983); Aguilar v. Vázquez, 6 D.P.R. 1, 9 (1904). No estamos
frente a ninguna de las excepcionales circunstancias que ameritan
apartarse de dicha norma. Vélez Reboyrás v. Secretario de Justicia, supra;
Vázquez v. Morales, supra.
Los hechos que dieron lugar a la demanda ocurrieron entre el 30 de junio
de 1984 y 17 de agosto de 1984, cuando el paciente fue dado de alta del
hospital. En ese momento surgió la causa de acción. La demanda fue
presentada el 20 de enero de 1989 y el 1 de octubre de 1992 se emitió una
“sentencia parcial” 3 en la cual se declaraba responsables a los
demandados. La ley Núm. 98 fue aprobada el 4 de agosto de 1994. El
Tribunal de Circuito de Apelaciones determinó que la Ley Núm. 98 era de
aplicación a este caso porque la sentencia que adjudicó y dispuso de la
totalidad de la controversia entre las partes se dictó el 21 de abril de
1998, luego de aprobada la ley, a pesar de que la causa de acción y la
presentación de la demanda ocurrieron con anterioridad a la aprobación
de ésta. Al así resolver, incurrió en el error señalado.
III
2 32 L.P.R.A. sec. 3075 et seq., véase art. 2 3 La cual no posee los requisitos para que pueda ser considerada como tal. Véa 32 L.P.R.A Ap.III R. 43.1. Por otro lado, la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos de
Puerto Rico fue creada por la Ley Núm. 72 de 17 de agosto de 19914, 26
L.P.R.A. § 3801 et seq., y es sucesora de la derogada Asociación de
Garantías de Seguros de todas clases excepto Vida, Incapacidad y Salud
de Puerto Rico. El propósito de su creación fue establecer un mecanismo
para el pago de reclamaciones cubiertas bajo determinadas pólizas de
seguro, con el fin de evitar excesivas dilaciones en el pago y evitar
pérdidas financieras a los reclamantes o tenedores de pólizas como
resultado de la insolvencia de un asegurador. 26 L.P.R.A. § 3802.5 El
estatuto obliga a interpretar liberalmente sus disposiciones para lograr
el propósito que persigue. 26 L.P.R.A. § 38046. Véase además, A.A.A. v.
Librotex, Inc., 141 D.P.R. 375 (1996).
Se plantea que incidieron el Tribunal de Primera Instancia y el
Tribunal de Circuito de Apelaciones al determinar que, a pesar de que la
póliza que cubre la presente reclamación es una póliza combinada donde
4 La creación de la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos también fu posterior a los hechos que propician la causa de acción en el caso de autos. estos efectos nos dice el profesor Couch que:
[m]ost states have enacted statutes that establish mechanisms for paying claims against insolvent insurers. These mechanisms, commonly in the form of “guaranty associations” or “guaranty funds” assure the protection of the policyholders in the event of the insurers insolvency. Such statutes have been held not to have retroactive application. Couch On Insurance 3d §6:26, Pág. 6-54, Vol. 1 (1997) (Énfasis suplido)
5 26 L.P.R.A. sec. 3802- Propósito
El propósito de este Capítulo es crear un mecanismo para el pago de reclamaciones cubiertas bajo determinadas pólizas de seguro con el fin de evitar excesivas dilaciones en el pago, evitar pérdidas financieras a los reclamantes o tenedores de pólizas como resultado de la insolvencia de un asegurador, ayudar a detectar y prevenir la insolvencia de aseguradores y establecer una asociación que distribuya el costo de esta protección entre los aseguradores mediante la imposición de derramas. 6 26 L.P.R.A. sec. 3804- Interpretación
Este capítulo se interpretará liberalmente para lograr el propósito establecido en la sec. 3802 de este título. Dicho propósito servirá de ayuda y guía en la interpretación de este Capítulo. participaron en distintas proporciones otras compañías de seguros, éstas
no responden en adición a la Corporación Insular de Seguros en las
proporciones a las que se obligaron, no obstante la situación de
insolvencia de la Corporación y de haber sido sustituida ésta por la
Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos.
Como hemos indicado, mediante la sentencia del 21 de abril de 1998,
el tribunal de instancia concluyó que “habiendo la parte demandante
retirado la suma de ciento cincuenta mil (150,000) dólares consignada por
la Asociación, conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 98 del 24 de
agosto de 1994, [aparentemente el tribunal de instancia confunde el
Artículo 3808 del Código de Seguros con la Ley Núm. 98, confusión que “pasa”
al tribunal apelativo] constituyendo ésta, la cantidad mayor que viene
obligada a pagar la Asociación, como sucesora en interés de Corporación
Insular de Seguros, se da por concluido el trámite procesal que requirió
la presente reclamación de epígrafe”.
La parte demandante alegó ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones
que esta determinación tuvo el efecto de liberar a las compañías
aseguradoras participantes en el sindicato7.
Sobre este planteamiento el Tribunal de Apelaciones se limitó a
señalar que la parte apelante “no trajo al pleito a otras aseguradoras,
además, una vez adjudicada la responsabilidad de la Universidad de Puerto
Rico y la cuantía máxima a pagar según dispone la ley, y dado el hecho
que la misma fue consignada, se torna académica cualquier otra
controversia”. La parte peticionaria sostiene, en síntesis, que era
innecesario traer a las otras aseguradoras al pleito una vez que fue
emplazada la Corporación Insular de Seguros, a tenor con el Artículo 11.220
del Código de Seguros.
El Artículo 11.220, 26 L.P.R.A. § 1122, establece que:
7 Es práctica usual en la industria del seguro que organizaciones de aseguradores o reaseguradores suscriban en conjunto ciertos tipos de pólizas donde comparten primas, gastos y pérdidas en cantidades preacordadas. Holmes´ Appleman o Insurance § 102.6, Vol.14, pág. 65. (1) Dos o más aseguradores autorizados podrán expedir conjuntamente una póliza de aseguradores que lleve sus nombres, y serán solidariamente responsables de la misma. Un asegurador podrá expedir pólizas a nombre de un departamento de aseguradores y dichas pólizas indicarán claramente el verdadero nombre del asegurador.
(2) Dos o más aseguradores autorizados podrán, con la aprobación del Comisionado, expedir una póliza combinada, que contendrá disposiciones sustancialmente como sigue:
(a) Que los aseguradores que otorgan la póliza serán solidariamente responsables de la cantidad total de cualesquiera daños o perjuicios, de acuerdo con los términos de la póliza, o de determinados porcentajes o cantidades de los mismos, montantes a la cantidad total del seguro de acuerdo con la póliza.
(b) Que la notificación de cualquier procedimiento legal, o de cualquier aviso o prueba de pérdidas, requerido por dicha póliza, constituirá emplazamiento de todos dichos aseguradores.
Esta sección no se aplicará a las obligaciones de cofiadores. (Énfasis suplido)
En virtud de la letra clara de ese estatuto, basta que se emplace a
cualquiera de los aseguradores suscriptores para que los otros
aseguradores queden emplazados. Por lo tanto, una vez emplazada la
Corporación Insular de Seguros, era innecesario que los demandantes
acumularan a cada aseguradora por separado8. Erró el Tribunal de Circuito
de Apelaciones al decretar que los apelantes debieron traer al pleito a
las otras aseguradoras, ya que es el propio estatuto el que dispone que
quedarán emplazados todos los aseguradores que expidieron la póliza
combinada con el sólo aviso legal a uno de ellos9.
8 Además, la póliza de referencia, en la primera página, contiene una disposición que reza: “It is understood that the leader company, Corporación Insular de Seguros, will adjust all claims and that the Insured will negotiate solely wit said leader for settlement for all first party claims unless said leader shal enter into receivership or enter into any bankruptcy situation”. Como vemos, l aseguradora Corporación Insular de Seguros era la aseguradora líder encargada d todos los trámites y la llamada por contrato a negociar con la asegurada Universida de Puerto Rico cualquier reclamación. 9 Ese lenguaje no es ajeno al Código de Seguros. Véase, a modo de comparación, el inciso (2) de la sección 3509, en referencia a los Aseguradores del país del plan de Lloyd, una sociedad de aseguradores individuales no incorporados. Ésta dispone que “[c]ualquier sentencia dictada contra una o más de las parte demandadas, según se especifica en el inciso (1) en una acción que surja de las transacciones de seguros del asegurador del Lloyd será igualmente obligatoria par todos y cada uno de los aseguradores o suscriptores individuales, estén o no estén mencionados como partes en la acción. Cualquiera de los dichos aseguradores IV
¿Les aplica a las compañías aseguradoras que suscribieron la póliza
sindicalizada junto con la Corporación Insular de Seguros el límite de
ciento cincuenta mil (150,000) dólares que establece el estatuto para la
Asociación de Garantía Misceláneas? Concluimos en la negativa.
En el caso de autos existía una póliza de seguros vigente10 desde el
30 de junio de 1983 hasta el 30 de junio de 1986, con una cubierta de hasta
quinientos mil (500,000) dólares por ocurrencia y doscientos cincuenta
mil (250,000) dólares por reclamación, suscrita por cuatro aseguradoras,
a saber: Corporación Insular de Seguros en un 30% de la obligación;
Insurance Company of North America en un 30% de la obligación; Sun Alliance
Insurance en un 25% y El Fénix de Puerto Rico Seguros de San Miguel, Inc.
en un 15%. Al no aplicarse a la Universidad retroactivamente los límites
de responsabilidad del Estado 11 , la sección 2004 12 ordena que los
suscriptores individuales que tuviere que efectuar un pago por encima de s participación proporcional tendrá pleno derecho de su reembolso por parte de lo otros aseguradores o suscriptores. (Énfasis suplido) 10 De los alegatos de las partes surge controversia sobre el alcance de la cubierta de la póliza sindicalizada titulada “Seguro Comprensivo de Responsabilida General” (Comprehensive All Risk Policy), en cuanto si la sindicalización cubr todas las secciones de la póliza (I-VII) o está limitada a la Sección I que cubr la propiedad de la Universidad únicamente. Ese asunto de cubierta no fue planteado ante nosotros ni tenemos los elementos de juicio para dilucidarlo, por lo que habrá de ser atendido por el Tribunal de Primera Instancia. 11 Es menester señalar que según establece el párrafo 2 del Art. 20.040, 26 L.P.R.A sec. 2004, las aseguradoras no podrán invocar la inmunidad del Estado. Véase Pérez Soto v. Maryland Casualty Co., 78 D.P.R. 475 (1955). 12 El Artículo 20.040 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. sec. 2004, establece l siguiente:
(1) La obtención de un seguro de responsabilidad por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias o entidades, y por los municipios y otras subdivisiones políticas, no constituirá ni s estimará que constituye una renuncia de inmunidad gubernamental, si la hubiere, en la responsabilidad por actos u omisiones en que hubiere mediado culpa o negligencia por agentes y empleados públicos, excepto hasta el grado de la indemnización cobrable real y efectivament provista por dicho seguro en cuanto a un suceso en particular; si embargo, no se considerará que existe tal renuncia de inmunidad en cuanto a ningún litigio contra tal entidad pública, nombrada como parte demandada, a menos que sea así estipulado en el mismo por dicha entidad
(2) Todas las pólizas de seguro deberán disponer que el asegurador no podr aducir la defensa de inmunidad gubernamental en virtud de ningun acción incoada contra el asegurador con arreglo a dicha póliza o e virtud de la misma. aseguradores respondan hasta el grado de la indemnización cobrable real
y efectivamente provista por dicho seguro, es decir, hasta el límite del
seguro. Las aseguradoras se obligaron directamente con el asegurado
Universidad de Puerto Rico, a cubrir una porción del riesgo, creando entre
ellas una obligación mancomunada. La aseguradora que advino a estado de
insolvencia, Corporación Insular de Seguros está representada aquí por
la Asociación y es a quien le aplican los límites de ciento cincuenta
mil (150,000) por reclamación que han sido estatuidos en la sección 3808
del Código de seguros, 26 L.P.R.A.
Las obligaciones mancomunadas son aquéllas en las que se produce un
concurso de personas o una pluralidad de sujetos en una misma parte, ya
sea del lado del deudor o del acreedor. Las obligaciones que tienen la
deuda fijada en prorrateo de las partes, es decir, en que cada una de las
personas sea deudora o acreedora de una parte proporcional de la
prestación, se denominan mancomunadas a prorrata. Ésta es la situación
de autos. Aquéllas en que cada una de las personas pueda reclamar o tenga
que satisfacer, íntegramente la prestación, por tratarse de un frente
único, se denominan solidarias. Véase, Vázquez Bote, E. Tratado Teórico,
Práctico y Crítico de Derecho Privado Puertorriqueño, Derecho de
Obligaciones, Equity, (1991) Tomo V, pág. 136.
El concurso de una pluralidad de deudores en una relación obligatoria
tiene como característica el que cada deudor lo es de una parte
correspondiente del débito total, tal como establece el Art. 1090.13
Por ello nos dice el Prof. Vázquez Bote que “[e]s característica de estas
obligaciones el reparto proporcional o prorrateado del débito entre los
(3) [...] (Énfasis suplido) (4) 13 31 L.P.R.A. sec. 3101 (Art. 1090) Concurrencia de dos o más acreedores Obligación solidaria
La concurrencia de dos o más acreedores o dos o más deudores en una sola obligación no implica que cada uno de aquéllos tenga derecho a pedir ni cada uno de éstos deba prestar íntegramente las cosas objeto de la misma. Sólo habrá lugar a esto cuando la obligación expresamente lo determine, constituyéndose con el carácter de solidaria. distintos deudores, o de la deuda entre los diversos acreedores... [S]e trata
de una relación obligatoria en que, formalmente, se manifiesta una sola relación
de débito y garantía, pero que, realmente implica una pluralidad de obligaciones,
tantas como acreedores o deudores aparezcan relacionados... [E]l crédito o la
deuda se presumirán divididos en tantas partes como acreedores y deudores haya,
reputándose créditos o deudas distintos unos de otros’.” OP. Cit. pág. 137
Por ello cada deudor sólo está obligado a satisfacer su parte
correspondiente del débito y si estuviésemos ante un caso en que la prestación
fuese indivisible y uno de los deudores resultara insolvente, “no estarán los
demás obligados a suplir su falta.” § 310314
En el caso de autos, la insolvencia de la aseguradora no afecta las
obligaciones de las otras aseguradoras, dado el caso que su
responsabilidad es de porcentajes fijos15, previamente establecidos, de
una cantidad previamente determinada. Todos los aseguradores son
responsables en el descargo de la obligación que contrajeron directamente
con la asegurada de distribuir un riesgo entre ellos, cada cual
compartiendo una porción del riesgo.
Subsiste por ello la obligación del reparto prorrateado o
proporcional del débito en la parte correspondiente a la que se obligaron,
considerando a la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos como el
asegurador insolvente Corporación Insular de Seguros, hasta el límite de
su obligación, y teniendo todos sus derechos, poderes y obligaciones como
si no estuviese insolvente hasta tal límite, tal cual ordena el claro
14 § 3103 - Efectos de la Indivisibilidad
Si la división fuere imposible, sólo perjudicarán al derecho de los acreedores los actos colectivos de éstos, y sólo podrá hacerse efectiva la deuda procediendo contra todos los deudores. Si alguno de éstos resultare insolvente, no estarán los demás obligados a suplir su falta. 15 Aun en el caso de que la obligación entre las aseguradoras fuera solidaria y una de ellas la satisficiera, surgiría a su haber un crédito y el derecho a reclama nivelación o contribución, esto es, la cuantía satisfecha en exceso de s responsabilidad objetiva. Ramos v. Caparra Dairy, Inc. 116 D.P.R. 60 (1985). lenguaje del Legislador en la sec. 3808 del Código de Seguros, supra. El
pago efectuado por la Asociación no tiene el efecto de reducir la
responsabilidad de las otras aseguradoras.
La situación que nos ocupa no está expresamente dispuesta en el Código
de Seguros, por cuanto en esta ocasión se trata de una sola póliza de
seguros primaria que suscribieran varias aseguradoras, donde la
aseguradora líder y encargada es la que ha advenido a la insolvencia. Pero
no hay duda de que, por analogía, las disposiciones del Código de Seguros
que estatuyen un orden de prelación cuando varias pólizas primarias
concurren con un asegurador insolvente que es sustituido por una
asociación de garantía, nos pueden servir de guía sobre la intención
legislativa de que se recobre, inclusive primero, de las otras pólizas
(o aseguradores) antes de recurrir a las asociaciones de garantía16. Por
ello establece la sección 3812 que:
[c]ualquier persona que tenga una reclamación contra un asegurador bajo cualquier disposición de una póliza que no sea una póliza de un asegurador insolvente, que sea también una reclamación cubierta, se le requerirá que agote primero sus derechos bajo tal póliza. Cualquier cantidad pagadera en una reclamación cubierta bajo este Capítulo se reducirá en la cantidad de cualquier recobro bajo tal póliza de seguro.
Cualquier persona que tenga una reclamación que puede ser recobrada de más de una asociación de garantías de seguros o su equivalente, gestionará primero de la asociación del lugar de residencia del asegurado, excepto que si fuere una reclamación de un asegurado por daños a la propiedad localizada permanentemente, gestionará primero el recobro de la Asociación en que esté ubicada la propiedad. Cualquier recobro bajo este Capítulo se reducirá en la suma del recobro obtenido de cualquier otra asociación de garantía de seguros o su equivalente.
[...] 26 L.P.R.A. § 3812- [Duplicación] de recobros (Énfasis suplido)
Por ello no nos queda duda de que, en casos como el de autos, en los
cuales comparece la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos con
otras aseguradoras suscribiendo una sola póliza combinada, éstas también
vienen obligadas a responder.
16 Igual tratamiento se le ha dado en las jurisdicciones estatales, cuand comparecen asociaciones de garantía con aseguradores solventes:
Before a claimant will be allowed recovery from a guaranty fund he must exhaust his recovery from all other sources. Thus, when a secondary insurer is available, the secondary insurer should be responsible in the absence of specific language to the contrary. Couch on Insurance 3d, §6:29, Pág.6-61, Vol. 1. V
Es preciso determinar si la suma máxima de ciento cincuenta mil
(150,000) dólares por la que responde legalmente la Asociación de Garantía
de Seguros Misceláneos cuando sustituye a una compañía aseguradora que
ha advenido a la insolvencia, se trata de una “por reclamación” o ya bien,
por “accidente u ocurrencia”.
Surge de los autos que tanto el entonces menor Eddie Montañez López
como su señora madre Ana López Prieto son demandantes en este caso con
reclamaciones separadas e independientes dentro de la misma acción y que
ambos sufrieron daños a causa de los eventos que, según adjudicó el
tribunal de instancia en su “sentencia parcial” de 1 de octubre de 1992,
se debieron a la negligencia de la demandada Universidad de Puerto Rico.
Ambos demandantes ejercen sus causas de acción separadas con sus propios
e independientes daños que vienen obligados a probar. Véase, Hernández
v. Fournier, 80 D.P.R. 93, 96 (1957); Santini Rivera v. Serv. Air, Inc.,
137 D.P.R. 1 (1994). ¿Pero tienen derecho a ser indemnizados por la
Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos independientemente hasta
el límite máximo que protege a la Asociación?
La distinción fundamental entre los conceptos por “accidente u
ocurrencia” y “por reclamación”, conforme al uso común en la industria
del seguro, es que las cláusulas que establecen máximos “por accidente”
u “ocurrencia” han de ser interpretadas a base de la causa del accidente
y no a base de su efecto. Así pues, cuando una causa próxima,
ininterrumpida y continua resulta en daños a más de una persona, hay un
solo accidente u ocurrencia dentro del significado de la cláusula “por
accidente u ocurrencia”, que limita la responsabilidad del asegurador a
cierta cantidad por cada evento17, sin importar el número de reclamaciones
17 Para un análisis más profundo de qué constituye una “ocurrencia o accidente” y los problemas que esta distinción ha generado, véase Couch on Insurance 3d §172:12-172:21, Vol. 12; Keeton R., Insurance Law § 5.4(g), West (1988); M Sullivan, Annotation, What constitutes single accident or occurrence withi liability policy limiting insurer’s liability to a specified amount per acciden or occurrence, 64 A.L.R. 4th. 668. (causas de acción) independientes que surjan de este accidente u
ocurrencia.
No obstante, el término “por reclamación” (“each claim”) no se refiere
a cada accidente u ocurrencia, sino a cada condena de daños independiente
(“each jugdment”) por la cual el asegurado resulte responsable como
consecuencia de un accidente; es decir cada causa de acción independiente.
Véase Couch on Insurance 3d, § 172:12, Vol. 12; Annotation, Liability
Insurance: what is “claim” under deductibility-per-claim clause, 60
A.L.R. 4th. 893.
El Código de Seguros establece que, como parte de los deberes de la
Asociación, ésta vendrá obligada a pagar reclamaciones cubiertas
existentes antes de la determinación de la insolvencia y tal obligación
se satisfará pagando al reclamante una cantidad que no excederá de ciento
cincuenta mil (150,000) dólares por reclamación. 26 L.P.R.A. § 3808.
Conforme la definición que establece el estatuto (26 L.P.R.A. § 3805,
Definiciones) “reclamante” significa todo asegurado que presente una
reclamación como asegurado o toda persona que radique una reclamación por
responsabilidad civil. Ninguna persona que sea un afiliado del
asegurador insolvente podrá ser un reclamante.
Por otro lado:
“Reclamación cubierta”- significa una reclamación no pagada, incluyendo una de primas no devengadas que surja de, y esté dentro de la cubierta y esté sujeta a los límites aplicables de una póliza de seguro a la cual aplique este Capítulo que haya sido emitida por un asegurador conforme a lo dispuesto en este título si tal asegurador se convierte en asegurador insolvente luego de la fecha de vigencia de este Capítulo y donde:
(a) El reclamante o el asegurado sea un residente de Puerto Rico al momento en que ocurra el suceso contra el cual se asegura. Para entidades que no sean un individuo, la residencia de un reclamante o de un asegurado es el estado donde radica su sitio principal de negocio al momento de ocurrir el evento asegurado, o
(b) La propiedad de la cual surge la reclamación está permanentemente localizada en Puerto Rico.
Reclamación cubierta- no incluirá cantidad alguna adjudicada como daños punitivos o ejemplares; ni procurados como devolución de primas bajo un plan de tarifaje retrospectivo; ni que se deba a un reasegurador, asegurador, asociación de suscripción conjunta o asociación suscriptora por concepto de recobros por subrogación o de otro modo. Id. (Énfasis suplido) Es notable que del lenguaje del estatuto no se evidencia la intención18
específica de limitar las reclamaciones a aquéllas por accidente u
ocurrencia,19 ni el número de reclamaciones que puedan configurarse de
un accidente en particular. Se define una reclamación cubierta como: “una
reclamación no pagada... y [que] esté dentro de la cubierta y esté sujeta
a los límites aplicables de una póliza de seguro... que haya sido emitida
por un asegurador...” Por lo que la Asociación nunca vendrá obligada a
pagar a un reclamante una suma en exceso de la obligación del asegurador
insolvente bajo la póliza emitida, suma que deberá ser mayor de cien (100)
dólares pero no podrá exceder de ciento cincuenta mil (150,000) dólares
por reclamación. (26 L.P.R.A. § 3808). Cualquier restricción adicional
deberá surgir de la póliza que suscribieran el asegurador y el asegurado20.
Corresponde a los tribunales interpretar liberalmente el sentido y significa
de las palabras y cláusulas contenidas en el estatuto de manera que se logre
objetivo y propósito de proveer protección al asegurado, de pagar las reclamacion
cubiertas y de evitar excesivas dilaciones en el pago y pérdidas financieras a l
reclamantes o tenedores de pólizas como resultado de la insolvencia de un asegurado
26 L.P.R.A. § 3804.
Con ese mandato en perspectiva, no tenemos base para sustituir la palabra
“reclamación” por la de “accidente u ocurrencia”, sustrayéndole su común y
ordinaria acepción para imprimirle otro significado. El estatuto no utiliza las
palabras accidente ni ocurrencia. Expresamente aplica el recobro de ciento
18 De un examen exhaustivo del historial legislativo de la Ley Núm. 72 de 12 de agosto de 1991, que crea la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos, tampoc se desprende dicha intención. 19 A modo de comparación véase la Ley de Seguro Obligatorio para Vehículos de Motor (26 L.P.R.A. §8052(j), en la que el estatuto específicamente limita la cubierta a tres mil (3,000.00) dólares por accidente. 20 Aparentemente, según surge de la póliza presentada en evidencia, el máximo agregado de cubierta bajo la póliza es de quinientos mil (500,000) dólares. En otras palabras, la sentencia que se dicte en este caso no podrá obligar a las aseguradoras al pago combinado de una cantidad mayor de $500,000.00 pactada bajo la póliza ni de $250,000.00 por cada una de las reclamaciones. Esto es, la suma total de las partidas relativas a cada uno de los reclamantes, por tanto, no podrá exceder de $500,000.00. cincuenta mil (150,000) dólares a cada reclamación 21 . Resolver lo contrario
significaría enmendar jurisprudencialmente el estatuto.
No podemos concluir que la intención del Legislador fue la de limitar la
responsabilidad de la Asociación a la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000)
dólares, independientemente del número de reclamantes, perjudicados, causas de
acción o reclamaciones que pudiesen presentarse motivadas por un accidente u
ocurrencia. Si hay alguna limitación por accidente u ocurrencia deberá surgir
de la póliza suscrita entre las partes.
VI
Además debemos determinar si responde esta Asociación por los
intereses legales, las costas y honorarios de abogado que genere el pleito,
aun cuando otorgarlos sobrepase la cantidad límite por reclamación que
la Asociación está obligada a pagar.
El Tribunal de Primera Instancia, analizando cierta jurisprudencia
de los tribunales estatales22, decidió que la Asociación de Garantía de
21 En las jurisdicciones estatales la opinión sobre esta controversia est dividida. A pesar de que en algunas jurisdicciones se ha considerado que la cantidad máxima a ser recobrada de una asociación de garantía es del límite impuest no importa cuántas causas de acción resulten, en otras se ha considerado que dichas reclamaciones han de ser consideradas como múltiples para los fines del estatuto. Couch on Insurance 3d § 6:33, pág. 6-71, Vol.1; Véase además H.K. Porter Co. v Pennsylvania Ins. Guar. Ass’n, 75 F.3d 137 (3rd Cir. 1996); Ramage v. Alabama Ins Guar. Ass’n, 919 F. 2d 1010 (5th. Cir. 1990); Oglesby v. Liberty Mut. Ins. Co 832 P. 2d 834 (1992), nota 11. 22 Hemos encontrado opiniones de otras jurisdicciones más convincentes, por se sus estatutos más afines a los nuestros y a nuestros propósitos. Véase Sifers v General Marine Catering Co. 892 F.2d 386 (5th Cir. 1990; Ramage v. Alabama In Guar Ass’n, 919 F. 2d 1010 (5th. Cir. 1990); F.I.G.A. v. R.V.M.P. Corp., 874 F.2 1528 (11th. Cir. 1989); Stone v. Kentucky Ins. Guar. Ass´n, 908 S.W. 2d 675. Sobr este tema nos comenta el profesor Couch que:
The issues of whether costs, attorneys’ fees, penalties and interest are recoverable from a state insurance guaranty fund may depend upon statutory language specific to these items. Under some statutes, the guaranty fund is liable for contractual, but not statutory obligations. Under such statutes, attorney’ fees and penalties are not recoverable from the fund. An exception to this rule arises when the insolvent insurer’s policy covered such fees. Other jurisdictions place the guaranty fund in the shoes of the insolvent insurer and allow recovery against the fund for any elements of damages that would have been recoverable from the insurer had it been solvent, including attorney’s fees, and statutory penalties. Couch on Insurance 3d., §6:61, pág. 6-64, Vol. I. Seguros Misceláneos es responsable solamente por las “reclamaciones
cubiertas” para los fines de la ley habilitadora, por lo que no responde
por las costas, honorarios de abogado e intereses legales que genere el
pleito. No coincidimos con tal determinación.
El claro mandato en el lenguaje del inciso (2) de la sección 3808
a los efectos de que la Asociación “[s]e considerará como el asegurador
hasta el límite de su obligación en las reclamaciones cubiertas y hasta
tal límite tendrá todos los derechos, poderes y obligaciones del
asegurador insolvente como si este no estuviera insolvente”, extiende las
obligaciones del asegurador insolvente a la Asociación hasta el límite
de su responsabilidad. Las obligaciones del asegurador insolvente son
coextensivas a la Asociación hasta tal límite. Por lo que sin duda
responde la Asociación por todo lo que respondería un litigante común
dentro del límite estatuido. ¿Pero cuál es la situación cuando, como en
autos, las mencionadas partidas sobrepasan dicho límite?
La Asociación es una entidad compulsoria compuesta por todos los
aseguradores autorizados a tramitar toda clase de seguros en Puerto Rico,
excepto aquellos expresamente excluidos por la Ley. 27 L.P.R.A. § 3803.
Pertenecer a la Asociación es una condición que la ley le impone a todos
los aseguradores concernidos, que pretendan contratar seguros en Puerto
Rico. 26 L.P.R.A. § 3806. Se crea con el propósito principal de
satisfacer reclamaciones exigibles bajo pólizas de seguro contra
aseguradores miembros, declarados insolventes por un tribunal de
jurisdicción competente, para evitar pérdidas y dilaciones excesivas a
los reclamantes. 26 L.P.R.A. § 3802.
Los dineros para el pago de dichas reclamaciones provienen de un fondo crea
mediante derramas que se imponen a los aseguradores miembros, en proporción de has
un máximo de dos por ciento (2%) de las primas anuales que cada uno haya suscri
en Puerto Rico. 26 L.P.R.A, § 3808(3). Los aseguradores miembros pueden recobr
hasta el cien por ciento (100%) de dichas derramas, mediante aumentos en las prim
de seguros. Ello queda evidenciado en el estatuto, que establece:
26 L.P.R.A. § 3816 Derramas en las tarifas Las tarifas y primas cargadas sobre las pólizas de seguro a las cuales aplica este Capítulo incluirán aquella porción que sea suficiente para recobrar una suma igual a las sumas que el asegurador miembro pague a la Asociación, menos cualesquiera sumas que la Asociación devuelva a la Asegurador miembro y en tales tarifas no se considerarán excesivas porque contengan una cantidad razonablemente calculada para recobrar las derramas que pague el asegurador miembro.
Es decir, las reclamaciones contra un asegurador insolvente se absorben,
primera intención, por la industria de seguros, mediante el mecanismo de l
derramas y por los compradores de seguros en última instancia. Cfr. Com. de Seguro
v. Builders Ins. Co., 108 D.P.R. 625 (1979). Además, la Asociación podrá reembols
a los aseguradores miembros cualquier excedente, en proporción a su aportación s
al final de cualquier año calendario los activos exceden las obligaciones. 2
L.P.R.A. § 3808 (b)(6).
La Asamblea Legislativa fue minuciosa al disponer sobre los detall
relacionados con la intervención de la Asociación en estos procesos especiales
sin embargo, no consignó específicamente en la ley si los intereses, las costa
y honorarios de abogado son o no son pagaderos por la Asociación. No los inclu
en el estatuto como tampoco los excluyó. La razón es clara. En estrict
hermenéutica, sabemos que lo que no se regula por la ley especial, está sujet
a las disposiciones generales aplicables del derecho civil que versan sobre
materia. Art. 12 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 12; véase además, Rosa Rest
v. Rodríguez Solís, 111 D.P.R. 89 (1981). Cuando no existen excepciones a lo
términos positivos de un estatuto, se presume que la intención de la Legislatu
fue que no los hubiese. La Asamblea Legislativa, cuando ha querido excluir de l
costas, los intereses por temeridad y los honorarios de abogado a algún tipo d
litigante, expresamente lo ha consignado23. Fue la intención legislativa que tod
controversia que involucrase a la Asociación con el pago de costas, interes
legales y honorarios de abogado, dependiese de los estatutos procesales que regul
la materia24.
VII
23 Véase 32 L.P.R.A. § 3083. 24 Couch on Insurance 3d., § 6:61, Id. La Regla 44 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III R. 44, rige
controversia ante nos, así como la jurisprudencia aplicable.
Examinemos la Regla 44.1 25 que estatuye y dispone sobre las costas
honorarios de abogados. En materia de costas lo que regulamos es el reembols
a la parte que resulte victoriosa, de los gastos necesarios y razonables q
satisfizo durante el transcurso del proceso. Se imponen las costas porque
entiende que esta forma de tributar a los ciudadanos obliga a aquellos que utiliza
los servicios judiciales a llevar una carga mayor que los contribuyentes en genera
y son además un factor que detiene la litigiosidad, ya que una justicia totalmen
gratuita traería toda clase de litigios a los tribunales. Hernández Colón, Rafael
Derecho Procesal Civil, Michie, San Juan, P.R., 1997, Cap. 42, pág. 284-288. E
Estado, como cualquier ciudadano particular, puede ser condenado a pagar costas2
Para efectos de esta controversia, la regla es clara: “[l]as costas le ser
concedidas a la parte a cuyo favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia e
apelación, excepto en aquellos casos que se dispusiera lo contrario por ley o p
estas reglas”. Nada disponen las reglas ni la ley especial que creara la Asociació
de Garantía de Seguros Misceláneos sobre las costas por lo que debemos presum
25 Regla 44.1 Las costas y honorarios de abogado
(a) Su concesión. - Las costas costas le serán concedidas a la parte a cuyo favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia en apelación, excepto en aquellos casos que se dispusiera lo contrario por ley o por estas reglas. Las costas que podrá conceder el tribunal son los gastos incurridos necesariamente en la tramitación de un pleito o procedimiento que la ley ordena o que el tribunal, a su discreción, estima que un litigante debe reembolsar a otro. (b) Cómo se concederán.-... ( c ) En apelación.-...
(d) Honorarios de abogado.- En caso de cualquier parte o su abogado haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia al responsable el pago de una suma por concepto de honorarios de abogado que el tribunal entienda correspondan a tal conducta. (Énfasis suplido). 26 32 L.P.R.A. §3083 (Ley de Pleitos contra el Estado)
Regirán para las acciones aquí autorizadas los términos prescriptivos fijados en las leyes aplicables. La sentencia contra el Estado no incluirá en ningún caso el pago de intereses por periodo alguno anterior a la sentencia ni concederá daños punitivos. La imposición de costas se regirá por el procedimiento ordinario.[...] (Énfasis suplido) que la intención del legislador fue concederlas. Ausente una expresión legislati
sobre este particular, no podemos enunciar razón alguna para exceptuar a
Asociación a lo que ni siquiera el Estado está exceptuado.
Conforme a la norma de hermenéutica, a los efectos de que “se entiende permiti
lo que no está prohibido” 27 o qui non improbat, aprobat, hemos de llegar a la mis
conclusión en cuanto a los honorarios de abogado. Éstos son una condena especia
que se impone al litigante que ha acudido a los tribunales en manifiesta temerid
o frivolidad, por haber ocupado innecesariamente el tiempo de la administraci
de la justicia. El propósito es desalentar esa práctica y resarcir a la víctim
del litigio temerario de parte de los gastos en que incurrió. Hernández Colón
R., op. cit., Cap. 44, pág. 291-292. El Estado no es responsable por los honorario
por temeridad28.
La determinación de temeridad es una de carácter individual. El tribunal
de apreciar la existencia de temeridad en la actuación de la parte litigante. P
ello, los honorarios no son automáticos ni parte de la sentencia condenatoria. L
obligación de satisfacer una condena por temeridad surge como resultado de l
conducta de la parte que se arriesga a litigar un caso y debe asumir
responsabilidad por sus actos. Torres Ortiz v. E.L.A., 136 D.P.R. 556 (1994
Aunque es discrecional del juzgador determinar si ha habido o no temeridad y l
fijación de la cuantía, una vez determinada la temeridad, su imposición
mandatoria. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, J.T.S
2000, Tomo II, pág. 727.
El Legislador, para evitar el fracaso de los propósitos de la ley y reconocien
la particular composición de la Asociación y de su posibilidad de ejecutar co
temeridad, no la invistió estatutariamente del privilegio estatal de exceptuar
del pago de honorarios de abogado.
27 Pueblo v. Valdés Sánchez, 140 D.P.R. 490 (1966); Campos del Toro v. Ame. Transi Corp., 113 D.P.R. 337 (1982). 28 Véase Sucn. Arroyo v. Municipio, 81 D.P.R. 434 (1959) y su progenie. De Leó v. Sria. de Instrucción, 116 D.P.R. 687 (1985); Colondres Vélez v. Bayron Vélez 114 D.P.R. 833 (1983). Por su parte, la Regla 44.3 29 establece dos tipos de intereses
legales: el interés post sentencia, al que tiene derecho toda parte que
obtenga a su favor una sentencia y que ha de computarse sobre la cuantía
de la sentencia desde el momento en que ésta se dicte hasta que sea
satisfecha, con el objetivo de evitar “la posposición irrazonable en el
cumplimiento de las obligaciones existentes y estimular el pago en el menor
tiempo posible”. Además la regla establece el interés presentencia que
habrá de imponerse sobre la cuantía de la sentencia a la parte que haya
procedido con temeridad. En casos de cobro de dinero se computará desde
que haya surgido la causa de acción hasta la fecha en que se dicte sentencia
y en casos de daños y perjuicios, desde la radicación de la demanda hasta
la fecha en que se dicte sentencia, salvo aquellas excepciones que la misma
regla dispone.
En Insurance Co. of P.R. v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 405 (1972)
analizando la antigua regla 44.4, en lo sustancial igual a la actual 44.3,
reiteramos que “[l]a imposición de intereses [por temeridad] es de
29 Regla 44.3; Interés legal
(a) Se incluirán intereses al tipo que fije por reglamento la Junta Financiera de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras y que está en vigor al momento de dictarse la sentencia, en toda sentencia que ordena el pago de dinero, a computarse sobre la cuantía de la sentencia desde la fecha en que se dictó la sentencia y hasta que ésta sea satisfecha, incluyendo costas y honorarios de abogado. El tipo de interés se hará constar en la sentencia.
La Junta fijará y revisará periódicamente la tasa de interés por sentencia tomando en consideración el movimiento en el mercado y con el objetivo de desalentar la radicación de demandas frívolas, evitar la posposición irrazonable en el cumplimiento de las obligaciones existentes y estimular el pago de las sentencias en el menor tiempo posible.
(b) El tribunal también impondrá a la parte que haya procedido con temeridad el pago de interés al tipo que haya fijado la Junta en virtud del inciso (a) de esta regla y que esté en vigor al momento de dictarse la sentencia desde que haya surgido la causa de acción en todo caso de cobro de dinero y desde la radicación de la demanda, en casos de daños y perjuicios, y hasta la fecha en que se dicte sentencia a computarse sobre la cuantía de la sentencia, excepto cuando la parte demandada sea el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias, instrumentalidades o funcionarios en su carácter oficial. El tipo de interés se hará constar en la sentencia. naturaleza idéntica a la imposición de honorarios de abogado. Ambos
proceden cuando la parte perdidosa ha sido temeraria y ambos persiguen
idénticos propósitos: disuadir la litigación y alentar las transacciones,
mediante sanciones a la parte temeraria que compensen los perjuicios
económicos y las molestias producto de su temeridad sufridas por la otra
parte”.
No obstante, los intereses que han de acumularse desde el momento
en que finalmente se dicte sentencia, proceden como cuestión de ley y no
son contrarios a las leyes de inmunidad gubernamental, por lo que son
exigibles incluso contra el Estado. Este responde como cualquier litigante
común, de las costas y los intereses post sentencia aun cuando la concesión
de estas partidas tenga el efecto de que la totalidad de la sentencia
sobrepase la cantidad límite que establece la Ley de Pleitos contra el
Estado, supra.
El derecho de un litigante victorioso a recobrar esos intereses post
sentencia es estatutario. Véase 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 44.3; 32 L.P.R.A
§ 3083; Insurance Co. of P.R. v. Tribunal Superior, supra; véase además,
Municipio de Mayagüez v. Rivera, 113 D.P.R. 467 (1982). Estos intereses
forman parte de la sentencia dictada y pueden ser recobrados aún cuando
no se mencionen en la misma. P.R. Ame. Ins. Co. v. Tribunal Superior,
82 D.P.R. 621, 622-623 (1962). El propósito de esta regla es promover
que el deudor de una sentencia se ajuste con prontitud a los términos de
ésta y compense expeditamente al acreedor de la misma.
El Art. 14 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. § 14, dispone que
cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, su letra no debe ser
menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu. La letra del
inciso a de la citada regla no puede ser más clara: bajo sus disposiciones
es mandatorio el que un tribunal, al dictar una sentencia en que ordene
el pago de dinero, imponga el pago de interés al tipo legal sobre la cuantía
de la sentencia sin excepción de clase alguna. Municipio de Mayagüez v.
Rivera, supra, pág. 469-470. Cuando se creó la Ley que originó la Asociación, la Legislatura estaba
conciente de la existencia de nuestras Reglas de Procedimiento Civil. No
debemos desautorizar su uso so pretexto de cumplir con el espíritu de la
Ley. Con su inclusión quedan bien servidos tanto la política pública que
está detrás de nuestras Reglas de Procedimiento Civil, como la letra y
el espíritu de la ley especial, de proveer un mecanismo expedito para el
pago y asimismo el mandato de interpretación liberal para la consecución
de dichos propósitos. 26 L.P.R.A., § 3802, 3804.
Evidentemente la Asamblea Legislativa quiso tratar a la Asociación
como a un litigante común y de ninguna forma pretendió equipararla al
Estado en sus inmunidades. No quiso proveerle a ésta “ una patente de
corso para el litigio”, que tuviera la consecuencia de derrotar la
política pública y los propósitos que originaron la ley30. Más aún, una
interpretación contraria tendría el efecto indeseable de que un asegurado,
uno de los sujetos que intenta proteger esta ley, sea el que, a la larga,
tenga que pagar por la temeridad en que incurrió la propia Asociación.
En este caso el asegurado es la Universidad de Puerto Rico, por lo que
las partidas serían pagadas con fondos públicos.
No hay indicación alguna en la ley especial que comentamos que
conduzca a pensar que el legislador intentara una aplicación diferente
de estas reglas a la Asociación, aun cuando ello ocasione que la cuantía
finalmente adjudicada sobrepase el límite de $150,000.00.
Pero es claro que, en equidad, no le podemos adjudicar la temeridad
de la aseguradora insolvente a la Asociación. Ella sólo puede ser
responsable por su propia temeridad, en aquellos casos en que lo sea, aspecto
30 Adelantamos, por medio de este pronunciamiento, el propósito de alentar la transacciones y prevenir los pleitos frívolos y evitamos promover el que l Asociación pudiera incurrir en tácticas dilatorias, tanto durante el litigio com en el pago de las sentencias, ya que podría invertir todos los conceptos de costas, honorarios de abogado e intereses y la sentencia en su totalidad a un interés mayo y en el neto no tendría que pagar suma alguna por éstos conceptos. Se verí “recompensada” por excesivas dilaciones en el pago de las sentencias y provocaría que los demandantes victoriosos fuesen objeto de pérdida económica sustancial en contra de la política pública que alimenta la creación de la Asociación. Veás Sifers v. General Marine Catering Co., 892 F.2d 386 (5th Cir. 1990); Ramage v Alabama Guar Ass’n, 919 F 2d 1010 (5th Cir. 1990); Stone v. Kentucky Insuranc Guaranty Ass’n, 908 S.W.2nd 675 (1995). que de ninguna forma estamos adjudicando en este momento. Ya hemos dicho
que la determinación de temeridad es una individual. Por ello la Asociación
no está obligada a pagar honorarios de abogado e intereses por temeridad
incurridos previo a la insolvencia de la aseguradora y a su comparecencia
en el caso de autos.
Adjudicamos que la Asociación responde de las costas y los intereses
legales post sentencia de la que en su día recaiga, aún si sobrepasare el
límite de $150,000.00, en una cantidad proporcional a su responsabilidad
compartida con las otras aseguradoras y la Universidad de Puerto Rico.
También adjudicamos que la Asociación responde por los intereses por
temeridad y honorarios de abogado en los casos en que respondería un
litigante común.
Este Tribunal resuelve que erró el Tribunal de Circuito de
Apelaciones al confirmar la sentencia sumaria del Tribunal de Primera
Instancia. Por lo tanto dictará sentencia devolviendo el caso al Tribunal
de Primera Instancia para que continúen los procedimientos conforme a lo
resuelto.
JOSE A. ANDREU GARCIA Juez Presidente EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Eddie Montañés López Ana López Prieto
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se dicta sentencia revocando la sentencia dictada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia, para que continúen los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.
Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo Interina. El Juez Asociado señor Corrada del Río está conforme con los Acápites I hasta el V y disiente de los Acápites VI y VII. Los Jueces Asociados señores Hernández Denton y Rivera Pérez no intervinieron.
Carmen E. Cruz Rivera Secretaria del Tribunal Supremo Interina
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2002 TSPR 33, Counsel Stack Legal Research, https://law.counselstack.com/opinion/eddie-montanez-lopez-y-otra-v-upr-prsupreme-2002.