Danosa Caribbean, Inc. v. Santiago Metal Manufacturing Corp., Y Otro

2010 TSPR 77

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: May 19, 2010
• Docket: CC-2008-882
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Danosa Caribbean, Inc.

Recurridos Certiorari

v. 2010 TSPR 77

Santiago Metal Manufacturing 179 DPR ____ Corp., Juan del Pueblo XYZ, Inc.

Peticionarios

Número del Caso: CC-2008-882

Fecha: 19 de mayo de 2010

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Carolina Guayama Panel XIII

Juez Ponente:

Hon. Rafael Ortiz Carrión

Abogada de la parte peticionaria:

Lcda. Livia M. Rosado Bermúdez

Abogado de la parte Recurrida:

Lcdo. Luis E. Palacios

Materia: Cobro de Dinero

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Recurridos CC-2008-882 v.

Santiago Metal Manufacturing Corp., Juan del Pueblo XYZ, Inc.

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2010.

Por medio del presente recurso de certiorari

se nos solicita que revisemos la Sentencia emitida

por el Tribunal de Apelaciones en el caso de autos.

En ella, el foro apelativo intermedio revocó el

dictamen del Tribunal de Primera Instancia.

Debemos resolver si de los hechos surge que se

perfeccionó un contrato entre las partes. De

entender que no se perfeccionó un contrato, debemos

resolver cuál es el criterio para determinar el

importe a que tiene derecho un contratista cuando

se pacta un cambio en la obra sin acuerdo sobre el

precio.

Examinemos los hechos que originaron la

presente controversia. CC-2008-882 2

I

El Municipio de San Sebastián, dueño de la obra,

contrató a Vissepó & Diez Construction Corp., en adelante

Vissepó, como contratista general para el techado del

Coliseo del Municipio de San Sebastián, en adelante el

Coliseo. Para realizar el aludido trabajo, Vissepó

subcontrató a Santiago Metal Manufacturing Corp., en

adelante Santiago. A su vez, el 12 de octubre de 2001,

Santiago subcontrató a Danosa Caribbean, Inc., en adelante

Danosa, para que realizara el techado del Coliseo.1 Danosa

cotizó por la obra la cantidad de $145,774.00, la cual fue

aceptada por Santiago.

Durante la ejecución de la obra se realizaron dos (2)

cambios al proyecto para realizar trabajos no convenidos

en el contrato original.2 El segundo de los cambios es el

que suscita la presente controversia.3 Éste tenía como

propósito cubrir la parte inferior del alero del Coliseo

con unas planchas de metal.

1 Ambas partes acordaron un contrato de ejecución de obras. 2 Los cambios realizados a un proyecto de construcción son conocidos en la industria de la construcción como “change orders”. También suelen utilizarse los términos de “orden de cambio” o “cambio de orden”. En lo sucesivo nos referiremos a los aludidos cambios como “ordenes de cambio” u “orden de cambio”, según aplique. En el presente caso, los cambios al proyecto de construcción son producto de la Orden de Cambio Número Uno (1) de 14 de noviembre de 2002 y de la Orden de Cambio Número Dos (2), para la cual se confeccionaron dos (2) documentos: uno con fecha de 3 de abril de 2003 y otro con fecha de 23 de abril de 2003. 3 Orden de Cambio Número Dos (2). CC-2008-882 3

El 9 de agosto de 2002, Santiago le cotizó a Vissepó

la obra, objeto de la segunda orden de cambio, con miras a

subcontratar a Danosa. En dicha cotización Santiago

estimó el costo de la obra por la cantidad de $29,498.60.4

Esta cotización fue realizada por Santiago antes de

conocer la cotización de Danosa, puesto que Vissepó le

presionaba para evitar retrasos en la obra.

El 25 de octubre de 2002, Danosa le envió una carta a

Santiago en la que cotizó el proyecto objeto de la segunda

orden de cambio por la cantidad de $63,680.00. Además,

Danosa le indicó a Santiago que esperaba por su aprobación

para proceder a efectuar el trabajo. Sin embargo, para

esa fecha Danosa ya había comenzado los trabajos para

instalar las planchas de metal en el alero del Coliseo.

Para ello, Danosa subcontrató a Cibel Metal Products, en

adelante Cibel.

El 1 de noviembre de 2002, Santiago le envío una

carta a Danosa en la que aludió a una conversación

telefónica entre ambos. En la referida carta, Santiago

confirmó el contenido de la comunicación telefónica “en

relación a los trabajos adicionales de cubrir la parte

inferior del alero con el mismo material del techo”.5

4 Santiago tomó como base para su cotización el hecho de que el área del techo medía 15,191 pies cuadrados y costaría $145,774.00, según la cotización de Danosa, mientras que el alero tenía un área menor a 2,000 pies cuadrados. 5 Carta de Santiago dirigida a Danosa, con fecha de 1 de noviembre de 2002. Véase, Apéndice, a la pág. 68. CC-2008-882 4

Además, Santiago se responsabilizó por los costos

adicionales de surgir problemas con el diseñador. Sin

embargo, en la referida carta no se estableció el precio

pactado.

El 22 de noviembre de 2002, Cibel, subcontratista de

Danosa, concluyó la instalación de las planchas de metal

en el alero del Coliseo. Por ello, Danosa le pagó la

totalidad del trabajo realizado, antes de que la segunda

orden de cambio fuera tramitada.6

En relación a la segunda orden de cambio, Santiago

confeccionó dos (2) documentos. El primer documento

estableció la cantidad de $63,680.00, mientras que el

segundo documento fijó la suma de $29,047.10 para la obra

objeto de la segunda orden de cambio.7 Ambos documentos

establecen que no serán válidos hasta que sean firmados

por el dueño de la obra y el contratista.8 Sin embargo,

ninguno de los documentos fue firmado por ambas partes.

El primer documento fue firmado sólo por Danosa el 3 de

abril de 2003, mientras que el segundo fue firmado

exclusivamente por Santiago el 23 de abril de 2003.

Nótese, que para ambas fechas la obra en controversia

6 El primer documento de la Orden de Cambio Número Dos (2) fue tramitado el 3 de abril de 2003. 7 El cambio de precio se realizó para corregir una equivocación en la cuantía producto de un error de la persona que tomó la información por parte de Santiago. Una vez Santiago se percató del error, sustituyó la primera cifra por la cantidad aprobada por Vissepó. 8 “Not valid until signed by the Owner and Contractor”. Véase, Apéndice, a las págs. 80 y 81. CC-2008-882 5

había concluido. Posteriormente, mediante comunicación

escrita, Danosa y Santiago intentaron negociar la cantidad

adeudada sin poder llegar a un acuerdo.

Así las cosas, el 13 de abril de 2007, Danosa presentó

en el Tribunal de Primera Instancia una demanda de cobro de

dinero en contra de Santiago. En la demanda, Danosa

reclamó la cantidad de $63,680.00 por la obra realizada en

el alero del Coliseo.9 Santiago contestó la demanda y

aceptó que había una deuda, pero negó que ésta fuese por la

cantidad reclamada.

Luego de celebrado el juicio en su fondo, el 17 de

marzo de 2008, el Tribunal de Primera Instancia declaró con

lugar la demanda de cobro de dinero presentada por Danosa.

Su decisión se amparó en la doctrina de enriquecimiento

injusto. Ello, por entender que entre las partes no

existía un contrato válido sobre la segunda orden de

cambio. A esos efectos, el foro primario concluyó que

ninguno de los dos (2) documentos de la orden de cambio en

controversia contó con la firma de ambas partes.

El Tribunal de Primera Instancia entendió que Danosa

inició los trabajos sin consentimiento de Santiago, por lo

que asumió el riesgo de que su cotización fuera rechazada,

como en efecto sucedió. El foro primario entendió que

9 Danosa también reclamó otras cantidades de dinero alegadamente adeudadas por Santiago. Luego de varios trámites procesales, Santiago pagó las sumas que no estaban en disputa. De esa forma, la controversia quedó reducida a la cantidad de $63,680.00 que Danosa alega Santiago le debe por el trabajo objeto de la segunda orden de cambio. CC-2008-882 6

Santiago cometió un error el cual intentó subsanar mediante

un ajuste en el precio de la segunda orden de cambio. Sin

embargo, Santiago no obtuvo confirmación de Danosa para tal

reducción en el precio. Por tanto, el Tribunal de Primera

Instancia dictaminó que Santiago asumió también el riesgo y

Danosa no aceptó.

Al declarar con lugar la demanda, el foro primario le

ordenó a Santiago pagarle a Danosa la cantidad de

$29,498.60 en vez de la cantidad $63,680.00 reclamada por

Danosa.10 Además, el Tribunal de Primera Instancia le

ordenó a Danosa el pago de $2,000.00 en concepto de

honorarios de abogado por temeridad. Ello, por entender

que Danosa insistió en su reclamo hasta las últimas

consecuencias “a pesar de reconocer la falta de las dos

firmas para validar la orden de cambio”.11

Inconforme con el dictamen del Tribunal de Primera

Instancia, Danosa presentó un recurso de apelación ante el

Tribunal de Apelaciones. El 20 de junio de 2008, el foro

apelativo intermedio emitió una Sentencia en la que revocó

al foro primario y resolvió lo siguiente: (1) que existía

un contrato entre las partes; (2) que el precio convenido

en el contrato era el reclamado por Danosa, a saber:

$63,680.00; y (3) eliminó la partida concedida a favor de

10 La suma establecida por el Tribunal de Primera Instancia es igual a la recibida por Santiago de parte de Vissepó por concepto del trabajo aludido en la segunda orden de cambio. 11 Véase, Apéndice, a la pág. 108. CC-2008-882 7

Santiago en concepto de honorarios de abogado por

temeridad.

Insatisfecho con el dictamen emitido por el Tribunal

de Apelaciones, Santiago acudió ante nos mediante recurso

de certiorari señalando la comisión del error siguiente:

Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que no había controversia en cuanto a las determinaciones de hechos que hizo el Tribunal de Primera Instancia y luego intervenir con la apreciación de la prueba del Tribunal de Primera Instancia para finalmente determinar que hubo un contrato válido entre las partes y concluir que no era de aplicación la doctrina de enriquecimiento injusto.

El 20 de marzo de 2009, expedimos el auto de

certiorari solicitado en el caso de autos. Con el

beneficio de la comparecencia de ambas partes, revocamos en

parte la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y

devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para

que a tenor con la prueba presentada y admitida se

adjudique si se pactó el precio de la obra producto de la

segunda orden de cambio. Confirmamos la determinación del

foro apelativo intermedio de eliminar la partida de

honorarios de abogado por temeridad.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor Hernández

Denton emitió opinión concurrente y disidente. El Juez

Asociado señor Rivera Pérez concurre con opinión escrita a

la cual se unen la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y

el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo. El Juez

Asociado señor Martínez Torres concurre con opinión CC-2008-882 8

escrita. La Jueza Asociada señora Rodríguez Rodríguez

disiente con opinión escrita a la cual se une la Jueza

Asociada señora Fiol Matta.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Demandante-Recurrido

v. CC-2008-882

Certiorari

Santiago Metal Manufacturing Corp., Juan del Pueblo XYZ, Inc.

Demandada-Peticionaria

Opinión Concurrente y Disidente emitida por el Juez Presidente SEÑOR HERNÁNDEZ DENTON

Concurrimos con el resultado de la Sentencia emitida

en el día de hoy al revocar en parte el dictamen del

Tribunal de Apelaciones. No obstante, disentimos del

proceder del Tribunal de devolver el caso al foro de

instancia para que determine si se pactó o no el precio

de la obra requerida por la orden de cambio en

controversia. Somos del criterio que el precio no se

pactó, por lo que devolveríamos el asunto al foro

primario para que determine únicamente el importe al que

tiene derecho el contratista a la luz de la

jurisprudencia de este Tribunal. CC-2009-882 2

I.

De la prueba presentada y admitida ante el foro de

instancia surge que Santiago Metal Manufacturing Corp.

(Santiago Metal) estimó lo que costaría el cambio en la obra

y así le cotizó al contratista general, quien le pagó la

cantidad solicitada. Dicha gestión se hizo antes de recibir

la cotización de Danosa Caribbean, Inc., a quien Santiago

Metal había subcontratado para realizar el trabajo.

Varios meses más tarde, Danosa remitió su cotización a

Santiago Metal e inició el trabajo, mas lo hizo sin recibir

la aprobación de Santiago Metal de dicha cotización. A pesar

de que Santiago Metal preparó los documentos de orden de

cambio, los cuales requerían la firma tanto de Santiago Metal

como de Danosa para ser válidos, éstos no se llegaron a

firmar por ambas partes, por lo que surgió la controversia

que nos ocupa sobre el precio de la orden de cambio. Danosa

alega que tiene derecho a que se le pague la totalidad de lo

que cotizó por la obra realizada a raíz del cambio que

solicitó Santiago Metal, lo cual ésta última niega por

entender que nunca aceptó dicha cotización.

Como es sabido, según el Art. 1485 del Código Civil, 31

L.P.R.A. sec. 4126, el contratista sólo tendrá derecho a

exigir un aumento en el precio de la obra cuando se haya

realizado algún cambio en ésta, siempre que haya mediado la

autorización del dueño. En ausencia de precio pactado para

dicha modificación, nuestra jurisprudencia ha reconocido el

criterio del aumento en valor de la obra efectuada como

mecanismo para determinar el importe a pagarse. Dicho importe CC-2009-882 3

equivale a la diferencia entre el costo de la obra según el

contrato original y el costo de la obra realizada según la

modificación. Zequeira v. C.R.U.V., 83 D.P.R. 878 (1961).

En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia,

luego de recibir y aquilatar prueba al respecto, determinó

que ésta había sido confusa en cuanto a si se pactó el

precio, por lo que aplicó la doctrina de enriquecimiento

injusto y ordenó a Santiago Metal a pagar a Danosa sólo lo

que había recibido del contratista general a base de su

cotización inicial. Es decir, ya el foro de instancia

determinó que no se había pactado el precio.

Por su parte, el Tribunal de Apelaciones concluyó que

Santiago Metal había aceptado tácitamente la cotización de

Danosa al no oponerse a ésta y permitir que la obra se

realizara. Discrepamos de este criterio, pues la prueba

presentada ante el Tribunal de Primera Instancia fue

conflictiva al respecto.

Del expediente ante nuestra consideración surge que las

partes convinieron en realizar una modificación a la obra,

mas no pactaron el precio que ésta conllevaría. Por lo tanto,

entendemos que es de aplicación la doctrina pautada en

Zequeira v. C.R.U.V., supra, en cuanto a que el contratista

sólo tiene derecho al aumento en valor de la obra en aquellos

casos en que se ordena un cambio sin que se pacte precio

alguno.

No obstante, la Sentencia que emite hoy el Tribunal

devuelve el caso al foro de instancia para que, una vez más,

determine si el precio se pactó o no. Entendemos que este CC-2009-882 4

proceder es errado y redunda en una duplicidad procesal que

evita que el caso se resuelva con la prontitud que las partes

merecen.

II.

En vista de lo anterior, concurrimos con el proceder

del Tribunal de revocar la sentencia recurrida, pero

disentimos en cuanto a la devolución del caso al Tribunal de

Primera Instancia para que dicho foro determine si se pactó

el precio. Contrario al dictamen que hoy emite el Tribunal,

y según surge del expediente, entendemos que el precio no se

pactó. Por consiguiente, devolveríamos el caso al Tribunal de

Primera Instancia únicamente a los efectos de calcular el

aumento en valor de la obra y así determinar el importe al

que tiene derecho Danosa conforme a la norma establecida por

este Tribunal en Zequeira v. C.R.U.V., supra.

Federico Hernández Denton Juez Presidente EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Santiago Metal Manufacturing Corp., Juan del Pueblo XYZ, Inc.

Opinión Concurrente emitida por el Juez Asociado señor Rivera Pérez a la cual se unen la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo.

I En nuestro ordenamiento jurídico las partes

pueden establecer los pactos que entiendan

convenientes en un contrato, siempre que no sean

contrarios a la ley, a la moral, ni al orden

público.12 Para que un contrato nazca válidamente es

necesario que concurran los requisitos de objeto,

consentimiento y causa.13 Las partes pueden contratar

en la forma que entiendan más conveniente. Ello se

debe a que, como regla general, los contratos no

tienen requisitos de forma, “siempre

12 31 L.P.R.A. § 3372. 13 31 L.P.R.A. § 3391. CC-2008-882 2

que en ellos concurran las condiciones esenciales para su

validez”.14

Nuestro Código Civil dispone que “[e]l consentimiento

se manifiesta por el concurso de la oferta y de la

aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el

contrato”.15 La voluntad contractual ha de manifestarse para

que exista consentimiento, de manera que el acuerdo de

voluntades se formará mediante lo declarado por una y otra

parte. La intención de los contratantes se verifica en

atención a los actos coetáneos y posteriores de las partes.16

En un contrato de ejecución de obras se puede pactar la

realización de una obra en la que una parte ponga su trabajo

y/o los materiales.17 El contrato de ejecución de obras es

consensual, bilateral y oneroso.18 En este tipo de contrato

una parte se obliga a hacer una cosa y la otra se compele a

dar por ella el precio pactado. En específico, el dueño de

la obra tiene la obligación de pagar el precio de ésta en la

forma, cuantía y tiempo convenido. El contratista, por su

parte, tiene la obligación de realizar y entregar la obra

conforme a lo convenido en el contrato, a las reglas del

14 31 L.P.R.A. § 3451. 15 31 L.P.R.A. § 3401. 16 31 L.P.R.A. § 3472. 17 31 L.P.R.A. § 4121. 18 Master Concrete v. Fraya, 152 D.P.R. 616, 624 (2000). CC-2008-882 3

arte de la construcción y a los usos o reglas

profesionales.19

El precio acordado en un contrato de ejecución de obras

determina a qué tiene derecho el contratista, salvo que haya

un cambio en la obra con aprobación del dueño de la obra.20

Cuando ello ocurre, el contratista puede pedir un aumento de

precio.21 De acuerdo a Manresa, “[e]ste aumento de precio no

procede de la naturaleza del contrato, sino de la verdadera

novación que las partes han introducido en él”.22

Una orden de cambio es una novación al contrato

original.23 El precio pactado en una orden de cambio

determina el importe a que tiene derecho el contratista. En

Salgado v. Figueroa,24 expresamos que cuando se acuerda un

cambio de obra sin pactar el precio, el criterio para fijar

el importe es el valor razonable de los servicios prestados.

En esa ocasión, luego de perfeccionado un contrato de

construcción, el dueño de la obra le requirió al contratista

que realizara ampliaciones y modificaciones en la obra. Sin

embargo, el precio por el referido aumento de trabajo no se

19 Íd. 20 31 L.P.R.A. § 4126. 21 Íd. 22 Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1969, Tomo X, Vol. II, pág. 721. (Énfasis nuestro). 23 Íd. 24 33 D.P.R. 931 (1925). CC-2008-882 4

pactó.25 Resolvimos en aquella ocasión que el contratista

puede reclamar y obtener el valor razonable de sus

servicios. Además, expresamos que el valor razonable por el

aumento de trabajo era el que justificara la prueba y no la

estimación y apreciación personal que de sus servicios hacía

el contratista.26

Cabe mencionar, que en Salgado, supra, atendimos la

aludida controversia bajo el Artículo 1473 del Código

Civil,27 el cual dispone lo siguiente:

Pueden arrendarse los servicios de criados y trabajadores sin tiempo fijo o por cierto tiempo. El arrendamiento hecho por toda la vida es nulo. En cuanto a los servicios profesionales, se estará, para la remuneración de los mismos, a lo convenido entre las partes; cuando no hubiere convenio y surgieren diferencias, la parte con derecho a la remuneración podrá reclamar y obtener en juicio de la otra parte, ante cualquier corte de jurisdicción competente, el importe razonable de dichos servicios.28

No obstante lo anterior, en Zequeira v. Municipal

Housing Authority,29 atendimos la misma controversia que en

Salgado, supra, pero bajo el Artículo 1485 del Código

Civil,30 el cual establece lo siguiente:

El arquitecto o contratista que se encarga por un ajuste alzado de la construcción de un edificio u otra obra en vista de un plano convenido con el propietario del suelo no puede pedir aumento de

25 El contratista también suplió los materiales para el trabajo requerido. 26 Salgado v. Figueroa, supra, a la pág. 934. 27 31 L.P.R.A. § 4111. 28 Íd. 29 83 D.P.R. 878 (1961). 30 31 L.P.R.A. § 4126. CC-2008-882 5

precio aunque se haya aumentado el de los jornales o materiales, pero podrá hacerlo cuando se haya hecho algún cambio en el plano que produzca aumento de obra, siempre que hubiese dado su autorización el propietario.31

En Zequeira, supra, resolvimos que cuando se realiza

una orden de cambio sin pactar su costo, para determinar el

aumento de precio reconocido en el Artículo 1485 del Código

Civil, supra, hay que determinar el costo de la mano de obra

y de los materiales acordados en el pacto original,

advirtiendo la diferencia de ese costo con el nuevo

acuerdo.32 En Zequeira, supra, expresamos además que “la

única base para añadir a dicho costo de mano de obra y

materiales, las pólizas del seguro social y de la

indemnización a obreros sería el aumento en el personal

obrero y la extensión en el tiempo adicional que requirió la

terminación del contrato”.33 Asimismo, entendimos que el

criterio de valor razonable o quantum meruit no es de

aplicación cuando se hace una orden de cambio sin pactar su

precio.34

El valor razonable o quantum meruit35 está basado en la

doctrina de enriquecimiento injusto.36 En otras

31 Íd. 32 Zequeira v. Municipal Housing Authority, supra, a las págs. 884-886. 33 Íd., a las págs. 885-886. 34 Íd., a la pág. 884. 35 Quantum meruit significa “tanto como se merece”. I. Rivera García, Diccionario de Términos Jurídicos, 3ra ed. Revisada, San Juan, LEXIS PUBLISHING, 2000, pág. 345. 36 Pérez Marrero v. Colegio de Cirujanos Dentistas de P.R., 131 D.P.R. 545, a la pág. 558, nota al calce 9. CC-2008-882 6

jurisdicciones estatales de Estados Unidos, al igual que lo

resuelto en Salgado, supra, el valor razonable es el

criterio para fijar la cuantía debida cuando una persona ha

realizado algún servicio para otra sin acuerdo sobre el

precio o bajo un contrato invalidado por alguna

irregularidad en la forma de ejecutarlo.37 Cuando hay un

contrato en el que se estipula el precio de la obra no cabe

hablar del valor razonable, teniendo las partes que

sujetarse al importe pactado en el contrato. Pero cuando no

se pacta el precio, se entiende que las partes han

consentido a que el importe sea el valor razonable en el

mercado por la obra realizada.38 En otras palabras, el

criterio para medir el valor razonable de la obra es la

cantidad que costaría obtener dicha obra de otro contratista

en la posición del demandante, al momento en que la obra fue

entregada.39

La doctrina de enriquecimiento injusto es un principio

general del derecho fundado en la equidad, que está presente

en todo el ordenamiento jurídico.40 Al igual que otras

acciones basadas en la equidad, la reclamación por

enriquecimiento injusto aplica cuando no existe ley que

provea para otra causa de acción.41 Es decir, se habla de

37 Véase, 66 Am. Jur. 2d Restitution and Implied Contracts § 37 y § 85. 38 Véase, Pauline Ruyle Moore, A Proposal to Simplify Quantum Meruit Litigation, 35 Am. U.L. Rev. 547, 556 (1986). 39 Véase, 26 A.L.R. Fed. 746 (2008). 40 Ortiz Andújar v. E.L.A., 122 D.P.R. 817, 822 (1988). 41 Íd. CC-2008-882 7

enriquecimiento injusto “cuando la ley no ha previsto una

situación en la que se produce un desplazamiento

patrimonial que no encuentra una explicación razonable en el

ordenamiento vigente”.42

Para que la doctrina de enriquecimiento injusto pueda

ser invocada exitosamente, es necesario que concurran los

requisitos siguientes: (1) existencia de un enriquecimiento;

(2) un correlativo empobrecimiento; (3) una conexión entre

el empobrecimiento y el enriquecimiento; (4) falta de causa

que justifique el enriquecimiento; y (5) inexistencia de un

precepto legal que excluya la aplicación del enriquecimiento

sin causa.43

La doctrina de enriquecimiento injusto se encuentra

subsumida en la figura de los cuasicontratos.44 La

aplicación de la doctrina de enriquecimiento injusto depende

de las circunstancias específicas de cada caso.45 Ello se

debe a que el Código Civil no agota las situaciones a las

que la referida doctrina se extiende.46

El Tribunal de Primera Instancia es acreedor de gran

deferencia en cuanto a sus determinaciones de hechos. Las

42 Íd., citando a Puig Brutau, Fundamentos del Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T. II, Vol. 3, pág. 44. 43 Díaz Lizardi v. Aguayo Leal, 162 D.P.R. 801, 815 (2004); Ortiz Andújar v. E.L.A., supra, a la pág. 823, citando a J. Santos Briz, Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, (dirigido por M. Albaladejo), Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1984, Tomo XXIV, 1984, págs. 27-28. 44 E.L.A. v. Cole, 164 D.P.R. 608, 633 (2005). 45 Íd. Véase además, Plan de Bienestar Salud v. Alcalde Cabo Rojo, 114 D.P.R. 697, 703 (1983). 46 Íd. CC-2008-882 8

Reglas de Procedimiento Civil disponen que “[l]as

determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se

dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y

se dará la debida consideración a la oportunidad que tuvo el

tribunal sentenciador para juzgar la credibilidad de los

testigos”.47 Debe brindársele gran deferencia al juzgador de

los hechos, pues éste se encuentra en mejor posición para

evaluar y adjudicar la credibilidad de un testigo.48 En

ausencia de error, prejuicio o parcialidad, los tribunales

apelativos no intervendrán con las determinaciones de

hechos, con la apreciación de la prueba ni con la

adjudicación de credibilidad efectuadas por el foro

primario.49

En cuanto a la imposición de honorarios por temeridad,

las Reglas 44.1(d) y 44.3(b) de Procedimiento Civil

autorizan la condena al pago de honorarios de abogado e

intereses por temeridad.50 Además, establecen que su

imposición depende exclusivamente de la determinación que

haga el magistrado que presidió el proceso, respecto a si la

parte perdedora, o su abogado, actuaron en forma temeraria o

frívola. Una vez determinada la temeridad, la imposición de

47 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 43.2. 48 Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 280, 291 (2001). 49 Íd. 50 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 44.1(d) y 44.3(b). CC-2008-882 9

una suma razonable de honorarios de abogado por temeridad es

imperativa.51

La condena al pago de honorarios de abogado e intereses

por temeridad tiene como propósito “establecer una penalidad

a un litigante perdidoso que por su terquedad, obstinación,

contumacia e insistencia en una actitud desprovista de

fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a

asumir las molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de

un pleito”.52 La determinación sobre si una parte ha

procedido con temeridad descansa en la sana discreción del

tribunal.53

Los tribunales apelativos no deben intervenir con el

ejercicio de discreción del juzgador de hechos a menos que

esté presente un error manifiesto en la apreciación de la

prueba o que el foro primario actuara con pasión, prejuicio

o parcialidad. Los foros apelativos podrán intervenir

cuando el Tribunal de Primera Instancia haya errado en la

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo, para evitar perjuicio sustancial.54

II

¿Existía un contrato entre Santiago y Danosa para

realizar la obra objeto de la segunda orden de cambio? Para

51 Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 D.P.R. 713, 717 (1987). 52 Íd., a la pág. 718. 53 Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 339, 349 (1989). 54 Lluch v. España Service Station, 117 D.P.R. 729, 745 (1986). CC-2008-882 10

contestar esta interrogante debemos determinar si en el

presente caso concurren los requisitos para la existencia de

un contrato, a saber: objeto, consentimiento y causa.

Veamos.

El 12 de octubre de 2001, Santiago y Danosa

perfeccionaron un contrato de ejecución de obras. En el

referido contrato Danosa se obligó a realizar el techado del

Coliseo, mientras que Santiago se obligó a pagarle el precio

de $145,774.00. Este contrato fue modificado en dos (2)

ocasiones. En la primera, las partes acordaron la orden de

cambio número uno (1) y su precio. Asimismo, ambas partes

firmaron la referida orden de cambio. En la segunda

modificación, hay dos (2) documentos con precios distintos y

en ninguno de estos se encuentran las firmas de ambas partes.

Ello, a pesar de que la forma para la orden de cambio dispone

que el documento no será válido hasta que concurran ambas

firmas.

Sin embargo, las partes llegaron a un acuerdo sobre el

trabajo del alero del Coliseo antes de que se gestionaran los

documentos para la segunda orden de cambio. El 25 de octubre

de 2002, Danosa le envió una carta a Santiago en la que hizo

referencia a una comunicación anterior para que se cotizara

el trabajo del alero del Coliseo. En la aludida carta,

Danosa le expresó a Santiago que “[e]speramos comunicación

suya y aprobación para poder continuar con este cambio”.55 No

obstante, para esa fecha Danosa ya había comenzado los

55 Véase, Apéndice, a la pág. 67. CC-2008-882 11

trabajos en el alero del Coliseo mediante la subcontratación

de Cibel.

Pocos días después, el 1 de noviembre de 2002, Santiago

le envió una carta a Danosa en la que se refirió a un pacto,

pero no a un precio específico. En la referida carta

Santiago le confirmó a Danosa el contenido de una

conversación telefónica “en relación a los trabajos

adicionales de cubrir la parte inferior del alero con el

mismo material del techo”.56 Es decir, Santiago le confirmó a

Danosa el trabajo en controversia en el caso de autos. De

esta forma, ambos acordaron que se realizara trabajo no

pactado en el contrato de ejecución de obras para el techado

del Coliseo. Así lo manifiestan las expresiones y la

conducta de ambas partes. Adviértase, que el 22 de noviembre

de 2002, Cibel, subcontratista de Danosa, concluyó el trabajo

en el alero del Coliseo y no fue hasta aproximadamente cinco

(5) meses después que las partes tramitaron el primer

documento para la segunda orden de cambio. Durante el

transcurso de ese periodo de tiempo ninguna de las partes

manifestó objeción sobre el acuerdo.

Con el beneficio de lo antes expuesto, pasemos a

examinar el objeto, el consentimiento y la causa, requisitos

del contrato. En el caso ante nos, el objeto contractual

consiste en la instalación de planchas de metal en el alero

del Coliseo. En cuanto al requisito de consentimiento de los

contratantes, no cabe duda de que Santiago y Danosa acordaron

56 Véase, Apéndice, a la pág. 68. CC-2008-882 12

la ejecución del trabajo para el alero del Coliseo. Sin

embargo, cabe preguntarse si el aludido acuerdo es suficiente

para cumplir con el requisito de consentimiento para la

existencia de un contrato, según lo exige el Artículo 1214

del Código Civil.57 De entrada, parecería que el acuerdo de

voluntades entre Santiago y Danosa fue suficiente para ello.

No obstante, el consentimiento necesario para que exista un

contrato es el que recae sobre el objeto y la causa que han

de constituir el contrato.58 No basta con que las partes

presten su consentimiento sólo respecto al objeto o sólo

respecto a la causa, sino que tienen que consentir a ambos

requisitos para que exista un contrato. Sin una oferta

completa no puede haber aceptación definitiva que perfeccione

un contrato.59

Por lo expuesto, para resolver si se satisface el

requisito de consentimiento, luego de haber determinado el

objeto del contrato en el caso ante nos, debemos precisar si

se cumple con el requisito de causa. Para ello, debemos

determinar si se pactó el precio. Veamos.

En la carta enviada por Danosa a Santiago, el 25 de

octubre de 2002, Danosa cotizó el trabajo por la cantidad de

$63,680.00. Por otra parte, en la carta enviada por

Santiago a Danosa, el 1 de noviembre de 2002, la demandada

le expresó que “[d]e tener algún inconveniente o rechazo por

57 31 L.P.R.A. § 3401. 58 Íd. 59 Vila & Hnos., Inc. v. Owens Ill. de P.R., 117 D.P.R. 825, 834-835 (1986); Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, 113 D.P.R. 517, 524 (1982). CC-2008-882 13

parte del diseñador en cuanto a este trabajo se refiere,

será nuestra responsabilidad los costos que conlleve

modificarla”.60 Adviértase, que Danosa estableció el precio

por $63,680.00, mientras que Santiago asumió la

responsabilidad del costo que conllevara modificar el

trabajo, de haber algún inconveniente con el diseñador, sin

hacer mención del precio pactado.

Asimismo, el primer documento para la orden de cambio

número dos (2) estableció el precio de la obra en

$63,680.00, mientras que el segundo documento dispuso el

importe de $29,498.60. Sin embargo, ninguno de los

referidos documentos contó con la firma de ambas partes, a

pesar de así requerirlo expresamente. En síntesis, las

expresiones de las partes en relación al precio en

controversia se circunscriben a los dos (2) documentos sobre

la segunda orden de cambio y a las dos (2) cartas aludidas.

Resolvemos, pues, que de los documentos relacionados a

la segunda orden de cambio no surge cuál fue el precio

pactado entre las partes. De igual forma, si bien es cierto

que las cartas cursadas entre Santiago y Danosa aluden a un

costo, no es menos cierto que de estas no surge cuál fue el

importe del precio pactado.

El Tribunal de Primera Instancia, quien juzgó

directamente la credibilidad de los testigos, determinó que

la prueba sobre el contenido de la conversación telefónica

sobre el precio fue conflictiva. Por ello, el foro primario

60 Véase, Apéndice, a la pág. 68. CC-2008-882 14

expresó que quedó “en duda si en efecto hubo la aprobación

del precio según cotizado”.61 No obstante, a pesar de

reconocer la existencia de este conflicto, el Tribunal de

Primera Instancia no lo adjudicó.

A tenor con lo antes expuesto, somos del criterio de

que el Tribunal de Primera Instancia debe celebrar una vista

para determinar si se pactó el precio de la obra objeto de

la segunda orden de cambio, adjudicando credibilidad sobre

la prueba ofrecida y admitida para resolver definitivamente

el asunto. De concluir que se pactó el precio, el foro

primario fijará la cantidad acordada por las partes como la

adeudada por Santiago. Ello, debido a que el único

requisito restante para determinar si se perfeccionó el

contrato entre las partes sería el consentimiento y éste, en

el caso ante nos, depende de la existencia de causa.

En cambio, de resolver que no se pactó el precio,

entonces no se cumpliría con el requisito de causa y, en

consecuencia, el acuerdo entre las partes no sería

suficiente para que se perfeccione un contrato. De ese ser

el caso, habrá que fijar el aumento de precio a que tiene

derecho el contratista determinando cuál es el valor

razonable en el mercado de la obra objeto de la segunda

orden de cambio al momento en que Danosa finalizó la

construcción.

De conformidad con lo antes expuesto, concluimos que

cuando se realiza una orden de cambio sin pactar su precio,

61 Véase, Apéndice, a la pág. 20. (Énfasis nuestro). CC-2008-882 15

el criterio para determinar el aumento de precio según el

Artículo 1485 del Código Civil, supra, es el valor razonable

de la obra en el mercado al momento en que el contratista

finaliza el trabajo y no meramente el costo de los

materiales y de la mano de obra según Zequeira, supra. Así

pues, el contratista con derecho a recobrar el valor

razonable de la obra no está limitado a los costos en que

haya incurrido, sino que puede recuperar el valor razonable

en el mercado de la obra requerida. El valor razonable de

la obra en el mercado es el costo de los materiales y de la

mano de obra al momento en que el contratista finaliza la

construcción, más una ganancia para el contratista por la

obra realizada.

En otras palabras, el valor razonable de la obra en el

mercado es la cantidad que costaría obtener dicha obra de

otro contratista en la posición del demandante al momento en

que la obra fue terminada. Resolver lo contrario avalaría

la injusticia que surge cuando un contratista realiza una

obra para otra persona sin pactar precio alguno y lo único

que recibe como remuneración son los costos en los cuales

incurrió para realizar dicha obra, sin tener derecho a

reclamar ganancia alguna por su trabajo.

Según expuesto, en Salgado, supra, atendimos la aludida

controversia bajo el Artículo 1473 del Código Civil62 y

resolvimos que el criterio para fijar el importe era el

valor razonable de los servicios prestados. Sin embargo, en

62 31 L.P.R.A. § 4111. CC-2008-882 16

Zequeira, supra, atendimos la misma controversia que en

Salgado, supra, pero bajo el Artículo 1485 del Código Civil63

y concluimos que el criterio para determinar el aumento en

precio era el costo incurrido en la mano de obra y en los

materiales, acordados en el pacto original, advirtiendo la

diferencia de ese costo con el nuevo acuerdo.64

Como puede apreciarse, en ambos casos resolvimos la

misma controversia de forma distinta, bajo dos (2) artículos

del Código Civil. Existen ciertas diferencias entre el

Artículo 1473 y el Artículo 1485 del Código Civil.

El Artículo 1473, supra, expresamente dispone el

importe razonable como el criterio a utilizarse para fijar

el precio de los servicios prestados, en aquellos casos en

que no se haya pactado su remuneración. Por su parte, el

Artículo 1485, supra, dispone que el contratista puede pedir

un aumento de precio por un cambio en los planos que

63 31 L.P.R.A. § 4126. 64 Zequeira v. Municipal Housing Authority, supra, a las págs. 884-886 (1961). No puede perderse de perspectiva el contexto en que la norma de Zequeira fue establecida. Zequeira fue resuelto en la década del sesenta del siglo XX, época en la que gran parte de la construcción era promovida por el Estado y en la que imperaba la noción de que el contratista tenía que soportar la mayoría de los riesgos asociados a un proyecto de construcción. Véase, Weinstein- Bacal and Parces-Enríquez, Construction in Puerto Rico: Navigating the Legal Quagmire, 71 Rev. Jur. U.P.R. 29 (2002), a la pág. 30. Hoy en día, dicha postura ha sido sustituida en la industria de la construcción por la noción de que los riesgos deben ser compartidos entre las partes contratantes. Íd. Así pues, los dueños de obras, contratistas y subcontratistas han logrado mejorar sus prácticas contractuales para garantizar el tráfico ordenado de sus relaciones jurídicas y, de esa manera, tratar de evitar las controversias derivadas de los proyectos de construcción. Íd., a las págs. 29 y 30. CC-2008-882 17

produzca a su vez un aumento de obra, siempre que el

propietario hubiese dado su autorización.65

La diferencia entre el arrendamiento de servicios y el

de ejecución de obra reside en que, en el primero la

prestación está constituida por el servicio en sí, mientras

que en el segundo, “la prestación está representada por el

“resultado”, sin que importen para nada las horas de

trabajo, es decir, el servicio”.66 En el contrato de

servicios las partes pretenden lograr que otra persona

desarrolle cierta actividad, “mientras en el de obra

persiguen, no estrictamente esa actividad ajena, sino su

resultado”.67 Así pues, “en los contratos de servicios se

prestaría el medio, es decir, el trabajo; la actividad

profesional o manual, con independencia del resultado”.68 No

obstante “la distinción se hace difícil en muchos supuestos

en los que el servicio produce un resultado material”.69

En lo que a este Tribunal respecta, no encontramos

justificación para mantener dos (2) interpretaciones

distintas sobre la misma controversia, dependiendo del

artículo del Código Civil que se invoque. Ello atenta

65 El Artículo 1485, supra, no menciona cómo se determinará el referido aumento de precio. Zequeira, supra, suplió ese vacío ante la realidad de la época en que se resolvió, pero ciertamente tiene el efecto de crear inestabilidad en nuestro ordenamiento jurídico. 66 Miguel A. Del Arco y Manuel Pons, Derecho de la Construcción, Madrid, Ed. Hesperia, 2da ed., 1980, pág. 23. 67 Íd., a la pág. 24. 68 Íd. 69 Íd. CC-2008-882 18

contra la seguridad jurídica y puede conducir al desatino

inadmisible de decisiones inconsistentes sobre asuntos

similares.

Entendemos que el problema ha residido en que los

tribunales han atendido y resuelto controversias

relacionadas a órdenes de cambio bajo la normativa del

contrato de servicios profesionales y no bajo los preceptos

del contrato de ejecución de obras. Si bien es cierto que

con una orden de cambio se busca un servicio, no es menos

cierto que éste es sólo el medio para la obtención de un

resultado, que es precisamente lo que se busca con un

contrato de ejecución de obras. Por ello, lo jurídicamente

correcto es atender y resolver las controversias que emerjan

al no pactarse el importe del precio de una orden de cambio,

a tenor con el Artículo 1485 del Código Civil, supra.

Lo aquí resuelto promueve la seguridad del ordenamiento

jurídico y se atempera a la realidad vigente. Además,

adelanta los fines de la justicia en la medida en que, a

falta de convenio sobre el precio del trabajo producto de

una orden de cambio, lo justo es que el contratista obtenga

el valor razonable en el mercado de la obra requerida y

ejecutada. Adviértase, que bajo el criterio de Zequeira,

supra, el contratista resulta perjudicado cuando no se pacta

el precio de una orden de cambio, pues para recobrar el

aumento de precio sólo tiene derecho a percibir el costo de

los materiales y de la mano de obra sin poder reclamar

ganancia alguna por la ejecución de la obra que constituye

la orden de cambio. CC-2008-882 19

Por lo antes expuesto, revocamos en parte el caso de

Zequeira, supra, en cuanto resuelve que cuando se pacta una

orden de cambio sin acordar el importe, el criterio para

determinar el aumento de precio es el valor de la obra

ejecutada determinado sólo por el costo de los materiales y

de la mano de obra. Resolvemos, pues, que el criterio para

determinar el aumento de precio a que tiene derecho el

contratista según el Artículo 1485 del Código Civil, supra,

es el valor razonable en el mercado de la obra producto de

la orden de cambio, según hemos mencionado anteriormente.70

En el caso ante nos, en vista de nuestra conclusión de

que se cumplió con el requisito de objeto para el trabajo de

la segunda orden de cambio y de que el requisito de

consentimiento sólo depende de que se haya llegado a un

acuerdo sobre la causa, concluimos que el Tribunal de

Primera Instancia erró al aplicar la doctrina de

enriquecimiento injusto sin antes resolver si se pactó el

precio. Asimismo, erró el Tribunal de Apelaciones al

determinar que el precio se pactó, conclusión que no tiene

apoyo en las determinaciones de hechos formuladas por el

Tribunal de Primera Instancia, por no haberse dirimido por

el foro primario los conflictos de prueba presentes ante sí

sobre tal punto.

El Tribunal del Primera Instancia concluyó que Danosa

fue temeraria al insistir en que se le pague todo lo que

70 Nótese, que no se trata aquí del aumento de valor en la propiedad del demandado por concepto de la obra realizada, sino del valor razonable en el mercado de la obra requerida y realizada. CC-2008-882 20

reclama, a pesar de reconocer la falta de firmas en el

contrato escrito para validar la segunda orden de cambio.

Por esta razón, el foro primario le ordenó a Danosa el pago

de $2,000.00 en concepto de honorarios de abogado.

Por su parte, el Tribunal de Apelaciones eliminó la

partida de honorarios de abogados al concluir que Danosa no

fue temeraria. El foro apelativo intermedio entendió que la

demandante litigó de buena fe, amparándose en lo que creyó

correcto.

En el caso de marras, en vista de nuestra conclusión de

que el Tribunal de Primera Instancia erró al no adjudicar si

se pactó el precio de la obra en controversia, no procede la

condena sobre el pago de honorarios de abogado cuando,

precisamente, el reclamo de la demandante es que se le pague

el precio que estimó fue pactado. La determinación de

temeridad no puede sostenerse ante tales circunstancias.

Efraín E. Rivera Pérez Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

v. CC-2008-882 Santiago Metal Manufacturing Corp., Juan del Pueblo XYZ, Inc.

Opinión Concurrente emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES.

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2010.

Concurro con la sentencia que emitimos en este

caso. Procede devolver el caso al Tribunal de

Primera Instancia para que determine si entre las

partes hubo un acuerdo sobre el precio de la obra.

Si no hubo un acuerdo sobre el precio, entiendo que

procede adjudicar la controversia al amparo de la

doctrina sentada en Zequeira v. CRUV, 83 D.P.R. 878

(1961).

Surge con claridad del expediente que el cambio

de obra fue pactado por las partes. No obstante, no

contamos con esa claridad sobre el hecho de si se CC-2008-882 2

pactó el precio, cuestión medular en la presente

controversia. En su sentencia, el Tribunal de Primera

Instancia afirmó que quedó “en duda si en efecto hubo la

aprobación del precio según cotizado” pero no adjudicó ese

conflicto de la prueba. Apéndice del recurso, pág. 20. Ante

esto, difiero de la Opinión disidente del Juez Presidente

señor Hernández Denton, pues parte de una premisa

incorrecta.

Es necesario adjudicar si se aprobó o no el precio

según cotizado. Esta adjudicación constituye un hecho

esencial que nos impide adjudicar la controversia ante nos.

Ese hecho es vital para determinar si aplica Zequeira v.

CRUV, supra, o no. Ya que la prueba documental es

conflictiva sobre este extremo, era deber del foro primario

dirimir los testimonios de los testigos para adjudicar este

hecho. Sabido es que la apreciación de la prueba que realiza

el foro primario es esencial pues éste tiene la oportunidad

de adjudicar la credibilidad de los testigos. Ramírez Ferrer

v. Conagra Foods PR, Op. de 14 de abril de 2009, 2009

T.S.P.R. 55, 2009 J.T.S. 58, 175 D.P.R. ___ (2009); Trinidad

v. Chade, 153 D.P.R. 280 (2001). Los foros apelativos sólo

tenemos “récords mudos e inexpresivos”. Pérez Cruz v. Hosp.

La Concepción, 115 D.P.R. 721, 728 (1984); López v. Hosp.

Presbiteriano, Inc., 107 D.P.R. 197, 225 (1978), Op.

disidente del Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué. Nos es

imposible determinar si se pactó un precio para el cambio de

orden o no. CC-2008-882 3

En el caso de que el foro primario determiné que se

pactó el precio, es de aplicación el principio contractual

de pacta sunt servanda que obliga a las partes a cumplir con

lo pactado. Art. 1044 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.

2994. Véase además, BBPR v. Sucn. Talavera, Op. de 31 de

julio de 2008, 2008 T.S.P.R. 132, 2008 J.T.S. __, 174 D.P.R.

__ (2008).

Sin embargo, en el caso de que el precio no haya sido

pactado es de aplicación la norma de Zequeira v. CRUV,

supra. Esta norma establece que cuando en un contrato de

obras hay un cambio de orden sin que se haya pactado el

precio de dicho cambio, es necesario ajustar el precio a

base del aumento en precio o el costo adicional. El quantum

meruit o valor razonable se utiliza cuando se trata de una

obligación implícita que surge cuando no existe un contrato

válido entre las partes. Ibíd.

En Zequeira, descartamos la aplicación de la norma de

valor razonable o quantum meruit y aplicamos el aumento en

precio o el costo adicional. Al así decidir, afirmamos que

“[a] primera vista, parece que se trata de la misma cosa,

pero no lo es”. Id., pág. 884. Para aplicar la doctrina de

aumento en precio debe establecerse: (1) el costo de mano de

obra y de materiales del contrato original; y (2) el costo

de la obra con el cambio de orden. Id., pág. 855. La

diferencia entre ambos costos equivale al aumento en precio

o costo adicional al que tendrá derecho el contratista. CC-2008-882 4

Esta doctrina se sustenta en que las partes ya han

convenido la ganancia del contratista en el contrato de obra

original, y que implícitamente, mantienen esta ganancia

inalterada cuando acuerdan un cambio de orden sin fijar un

precio distinto. El valor razonable o quantum meruit deja de

ser eficaz en estos casos, pues a diferencia de cuando no

existe un contrato válido, en los casos de cambios de orden

existe ya la voluntad de las partes a determinado precio y a

una ganancia. Claro está, esto procede si las partes no

pactan un precio distinto para el cambio de orden.

Por los fundamentos antes expuestos, concurro con la

Sentencia del Tribunal que devuelve el caso al Tribunal de

Primera Instancia para que determine si las partes acordaron

un precio para el cambio de orden o no. Sin embargo,

ordenaría que en el caso en que se determine que no se pactó

un precio para el cambio de orden es de aplicación la

doctrina de aumento en precio o costo adicional.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Recurridos

v. CC-2008-882 Santiago Metal Manufacturing, Corp., Juan del Pueblo XYZ, Inc.

Peticionario

Voto disidente emitido por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez al que se une la Jueza Asociada señora Fiol Matta

San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2010

Disiento porque es mi criterio que el foro

intermedio no erró al resolver que, en el presente caso,

se configuró una aceptación tácita en relación con el

precio cotizado. No procedía, por tanto, revocar la

sentencia recurrida.

Danosa Caribbean, Inc.71 (Danosa) presentó una

demanda sobre cobro de dinero contra Santiago Metal

Manufacturing, Corp. (Santiago Metal). Reclamó de este

último la suma de $110,339.85 y arguyó que era

71 Danosa Caribbean, Inc. presentó la reclamación como sucesora de Danosa Metal Roofing, Corp. CC-2008-882 2

acreedor de ese pago por haber realizado unos trabajos en

el Coliseo de San Sebastián (Coliseo). Posteriormente,

Santiago Metal consignó ciertas sumas de dinero para

satisfacer el pago correspondiente a parte de los trabajos

que Danosa realizó. Así, la controversia pendiente ante el

Tribunal de Primera Instancia se redujo a determinar el

pago del cual era acreedora Danosa por la instalación de un

plafón en el perímetro exterior del Coliseo. No estuvo en

controversia que Danosa realizó los trabajos en cuestión.

Las partes, sin embargo, no lograron acordar la suma

adeudada. Específicamente, Danosa reclamó que Santiago

Metal le adeudaba $63,680. A continuación exponemos los

hechos relacionados con esa reclamación y con la

controversia traída ante la consideración de este Tribunal.

En el 2001, Danosa fue contratada por Santiago Metal,

para el techado del Coliseo, por el precio de $145,774.

Posteriormente, Santiago Metal preparó para Vissepó & Diez,

contratista general del proyecto, una cotización referente

a la instalación del “soffit”72 en todo el perímetro de la

parte exterior de las ventanas del Coliseo. La cotización

preparada por Santiago Metal para Vissepó & Diez indicaba

que la instalación del “soffit”, empleando el mismo

“standing seam” utilizado para el techado del edificio,

tendría el precio de $29,464. Dicha cotización fue

preparada con fecha del 9 de agosto de 2002.

72 Las partes utilizaron este término para referirse a la labor de cubrir la parte inferior del alero del Coliseo. CC-2008-882 3

Sobre la preparación de esa cotización testificó ante

el Tribunal de Primera Instancia el Sr. Luis Armando

Santiago, quien estaba a cargo de administrar la fase de

diseño y obras por parte de Santiago Metal. Según

especificó el foro primario en su sentencia, de ese

testimonio, el cual le mereció entera credibilidad, surgió

que el Sr. Luis Armando Santiago cotizó la suma de $29,464

para la instalación del “soffit”, porque entendió que el

trabajo era “más simple”. Para calcular el precio cotizado

éste consideró que el costo total de los trabajos

realizados en el techo, cuya área era de 15,191 pies

cuadrados, ascendió a $145,774, mientras que el trabajo en

el “soffit”, cubriría un área aproximada de 2,000 pies

cuadrados. El Sr. Luis Armando Santiago preparó esa

cotización con el objetivo de someterla para la aprobación

de Vissepó & Diez, pues éste último le presionaba para

evitar las penalidades que implicaría una demora en

completar la obra.

Luego de que se envió la referida cotización, Danosa

preparó, por petición de Santiago Metal, una cotización

sobre la instalación del “soffit” en el proyecto de

referencia. Mediante carta, fechada el 25 de octubre de

2002, Danosa le comunicó a Santiago Metal que el precio por

“el suplido e instalación del ‘soffit’ cubierto en planchas

metálicas color cobre” era $63,680. Además, en esa carta,

Danosa le informó a Santiago Metal que en relación con el

trabajo adicional cotizado, el próximo día sábado 26 de CC-2008-882 4

octubre, comenzaría los trabajos de la muestra “para la

aprobación del dueño”, según le había sido requerido. Le

indicó también que esperaría su ulterior comunicación y

aprobación para continuar con el cambio, y que, de surgir

cualquier duda, se comunicara a sus oficinas

inmediatamente. El foro primario determinó que, cuando

Danosa envío esa carta, ya había iniciado los trabajos del

“soffit”, y para ello, subcontrató la mano de obra.

De otra parte, el Tribunal de Primera Instancia

estableció que, tras dicha comunicación, Santiago Metal le

envió una carta a Danosa, con fecha del 1 de noviembre de

2002, en la cual aludió a una conversación telefónica

relacionada con los trabajos del “soffit”. En esa carta,

el Sr. Luis Armando Santiago se limitó a indicarle a la

Sra. Lee Rivera, representante de Danosa, lo siguiente:

Según conversación telefónica, le confirmo la misma, en relación a los trabajos adicionales de cubrir la parte inferior del alero con el mismo material de techo. De tener algún inconveniente o rechazo por parte del diseñador en cuanto a este trabajo se refiere, será nuestra responsabilidad los costos que conlleve modificarla. Sin nada más al respecto, quedo de usted. Luis A. Santiago El Tribunal de Primera Instancia determinó que la

prueba relativa al contenido de la conversación telefónica,

a la cual se alude en dicha carta, fue conflictiva y, por

tanto, quedó en duda si en efecto Santiago Metal aprobó el

precio según cotizado por Danosa. No obstante, dicho foro

entendió probado que el interés común de Santiago Metal y

Danosa era concluir la obra a tiempo. A finales de CC-2008-882 5

noviembre de 2002 ya se habían concluido los trabajos del

“soffit”.

Meses después, Santiago Metal le envió a Danosa un

documento, con fecha del 3 de abril de 2003, identificado

como “Change Order #2”. El documento incluía la cifra de

$63,680 como el costo por la ejecución de los trabajos

adicionales en el “soffit”. No obstante, ese documento

sólo contaba con la firma de Lee Rivera, representante de

Danosa, y advertía que sólo sería válido si estaba suscrito

por ambas partes.

Posteriormente, Santiago Metal le envió a Danosa un

documento adicional, con fecha del 23 de abril de 2003,

también identificado como “Change Order #2” y referente a

los mismos trabajos de la instalación del “soffit”. Ahora

bien, este documento incluía un precio total de $29,047.10,

y sólo estaba firmado por Milton Santiago, representante de

Santiago Metal. Al igual que el documento anterior, éste

expresamente requería la firma de ambas partes contratantes

para su validez.

El Tribunal de Primera Instancia expuso que ninguno de

los documentos preparados por Santiago Metal, e

identificados como “Change Order #2”, contaban con la firma

de ambas partes contratantes y que, por tanto, ninguno era

vinculante para éstas. Además dicho foro razonó que Danosa

inició los trabajos antes de que se prestara el

consentimiento necesario, e inclusive antes de haber

sometido su cotización, por lo que asumió el riesgo de que CC-2008-882 6

ésta fuese rechazada. Expuso que Santiago Metal también

asumió un riesgo al haber enviado una orden de cambio con

un precio erróneo y luego haber intentado subsanar ese

error con un nuevo documento de orden de cambio, sin que

lograra obtener la confirmación de Danosa para esa

reducción. Así, el foro primario determinó que en el afán

por terminar la obra a tiempo, ambas partes asumieron

riesgos.

Concluyó que, en ausencia de una obligación

vinculante, Danosa no podía exigirle a Santiago Metal que

pagara más del doble del precio que este último recibió del

contratista general. El tribunal entendió que Santiago

Metal, mediante el testimonio del Sr. Luis Armando

Santiago, justificó los cómputos realizados para su

cotización y que, por el contrario, Danosa no ofreció una

explicación razonable para justificar el precio reclamado.

Resolvió que, al amparo de la doctrina de enriquecimiento

injusto, procedía que Santiago Metal le pagara a Danosa una

suma igual al pago que recibió, es decir $29,498.60.

De otra parte, determinó que Danosa actuó

temerariamente por mantenerse en su posición de reclamar

los $63,680, a pesar de la ausencia de un acuerdo

vinculante al respecto.

Danosa acudió ante el Tribunal de Apelaciones y adujo,

en síntesis, que el Tribunal de Primera Instancia erró: al

resolver que no existió obligación vinculante para las

obras del “soffit”, al aplicar en su contra la doctrina de CC-2008-882 7

actos propios, y al determinar que fue temerario en el

curso de los procesos. Danosa argumentó que, a pesar de

conocer el precio de la cotización, Santiago Metal permitió

que iniciara y concluyera los trabajos adicionales sin

cuestionar el precio cotizado y que, por tanto, aceptó

tácitamente la cotización. El foro intermedio acogió el

argumento esbozado por Danosa a los efectos de que Santiago

Metal consintió al menos tácitamente a la ejecución de la

obra según fue ofrecida y cotizada. Consecuentemente,

revocó la sentencia apelada y le impuso a Santiago Metal el

pago de $63,680. Además, revocó la determinación del foro

primario de que Danosa actuó de forma temeraria.

Inconforme, Santiago Metal acudió ante este Foro

mediante recurso de certiorari. Argumenta que el foro

intermedio erró al resolver que hubo un contrato válido

entre las partes y descartar así la aplicación de la

doctrina de enriquecimiento injusto. Indica además que, al

resolver lo anterior, el Tribunal de Apelaciones intervino

indebidamente con la apreciación de la prueba del Tribunal

de Primera Instancia. Arguye que, en ausencia de un precio

convenido, no existía un contrato entre las partes y que,

por tanto, el Tribunal de Primera Instancia aplicó

adecuadamente la doctrina de enriquecimiento injusto.

Por su parte, Danosa argumenta que realizó los

trabajos del “soffit” bajo la creencia de que su cotización

fue aceptada, toda vez que Santiago Metal no le cuestionó

el precio cotizado. Así, sugiere que Santiago Metal aceptó CC-2008-882 8

tácitamente el precio de $63,680 mediante su “silencio” y

la ausencia de objeción al respecto.

Tras examinar los hechos que originaron la presente

controversia, es mi criterio que el foro intermedio no erró

al resolver que Santiago Metal aceptó, al menos

tácitamente, el precio cotizado por Danosa. Por tanto, no

estoy conforme con devolver el caso al foro primario para

que éste adjudique si las partes convinieron un precio, en

relación con la orden de cambio. Antes de exponer los

fundamentos para ello, estimo pertinente distinguir entre

el requisito de precio cierto en un contrato de ejecución

de obra perfeccionado por aplicación del artículo 1434 del

Código Civil, infra, y los elementos necesarios para que se

configure una novación modificativa en virtud del artículo

1485 del Código Civil, infra. Particularmente, la

controversia ante nuestra atención versa sobre el aumento

en precio al que tiene derecho el contratista, en el

contexto de una novación modificativa al amparo de este

último artículo. Veamos.

II. A. El artículo 1434 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.

4013, establece que mediante un contrato de ejecución de

obra, una parte se obliga a ejecutar una obra a cambio de

un precio cierto.73 Así, en este contrato en particular, a

73 Dicho artículo define, además, el contrato de arrendamiento de servicios como aquel en el que una parte se obliga a prestar unos servicios a cambio de un precio cierto. En éste contrato en particular se promete “la prestación de los servicios en sí mismos”. Manuel CC-2008-882 9

cambio de la contraprestación denominada precio cierto, una

parte se compromete a un resultado: la obra realizada.

Manuel Albaladejo, Derecho Civil: Derecho de Obligaciones,

8va ed., Barcelona, Librería Bosch, 1989, T. II, Vol. II,

pág. 299. Tales prestaciones conforman el objeto

contractual.

En relación con la prestación denominada como precio

cierto, Albaladejo explica que “[e]l precio unas veces se

determina concretamente en el propio contrato. . ., pero

otras no se expresa”. Op. cit., pág. 301. En caso de que

el precio no se establezca concretamente, aún el contrato

sería válido “con tal de que el precio pueda ser fijado por

uso o costumbre, por tarifas adecuadas, por tasación

pericial, etc.”. Íd. Para Albaladejo, la doctrina

jurisprudencial que avala la fijación del precio por parte

de los tribunales, puede sustentarse bajo el razonamiento

de que las partes adoptaron implícitamente “el precio usual

para el tipo de obra o servicio que sea, o acordaron

aceptar el que resultase ser el corriente o el de la tarifa

o el de tasación, etc...”. Íd., pág. 303. Véase además,

Albaladejo, Derecho Civil: Derecho de Obligaciones, 8va ed., Barcelona, Librería Bosch, 1989, T. II, Vol. II, págs. 299-300. Tal distinción es importante puesto que al contrato de arrendamiento de servicios y al de ejecución de obra le aplican distintos preceptos. Íd. Cuando se promete la prestación de un servicio, aplica el artículo 1473 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4111, en virtud del cual la ausencia de precio no implica la invalidez de la relación contractual, pues la cuantía “puede ser establecida posteriormente por la costumbre o los usos de la profesión”. Ramírez, Segal & Latimer v. Rojo Rigual, 123 D.P.R. 161, 173 (1989), citando a Puig Brutau, Fundamentos del Derecho Civil, 2da ed. rev., Barcelona, Ed. Bosch, T. II, Vol. II, págs. 434-436. CC-2008-882 10

José Cuevas Segarra y Antonio Román García, Los Contratos

Especiales: Puerto Rico y España, Pub. JTS, 1998, pág. 186.

Por su parte, Antonio García Conesa discute que el

factor de precio cierto en el contrato de ejecución de obra

debe determinarse por la autonomía y el acuerdo de las

partes contratantes. Antonio García Conesa, Derecho de la

Construcción, Barcelona, Bosch, 1996, págs. 179-180. De

ordinario, en dichos contratos, el precio se fija ab

initio. Íd. pág. 181. Particularmente, en la modalidad

del contrato de ajuste alzado, “la propia idiosincrasia del

convenio impone, como condictio sine qua non, su absoluta

certeza en el mismo momento de la perfección, de modo que,

sin precio definitivo, cerrado e invariable, no existirá

ajuste alzado”. Íd. Ahora bien, expone García Conesa que

en los demás tipos del contrato de ejecución de obra existe

una tolerancia mayor, cristalizada en el hecho de que

“puede no haber precio inicial, sin que de ello se derive

la inexistencia o nulidad del acuerdo, porque su importe,

antes o después, terminará por concretarse”. Íd.

La discusión que antecede sugiere que un contrato de

ejecución de obra puede ser válido, aún en ausencia de

precio concretamente establecido. Aunque tal afirmación

puede ser objeto de gran debate, la controversia ante

nuestra consideración no requiere resolver si puede existir

un contrato de ejecución de obra en ausencia de un precio

concretamente establecido, ni mucho menos adoptar una

posición sobre tal aspecto. CC-2008-882 11

Los hechos del caso ante nuestra consideración no

versan sobre si se perfeccionó un contrato de ejecución de

obra entre Danosa y Santiago Metal, dependiendo de si éstos

concretizaron un precio. No está en controversia que entre

Danosa y Santiago Metal se perfeccionó un contrato de

ejecución de obra, cuando el primero se comprometió a

ejecutar el techado del Coliseo por el precio de $145,774.

La controversia se circunscribe, más bien, a resolver

si las partes convinieron una novación modificativa, al

amparo del artículo 1485 del Código Civil, infra, en virtud

de la cual Danosa tiene derecho a reclamar un aumento del

precio acordado en el contrato original. De haberse

configurado tal novación, entonces debía dilucidarse el

aumento el precio al cual Danosa tendría derecho en virtud

del citado artículo. Así, lo adecuado es examinar los

requisitos para la aplicación del artículo 1485 del Código

Civil, infra, así como el alcance del aumento en precio que

éste permite.

B.

Una vez perfeccionado un contrato de ejecución de obra

por ajuste alzado es de aplicación el principio de

invariabilidad del precio prescrito en el artículo 1485 del

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4126. Este artículo dispone

que el contratista que se encarga de ejecutar una obra por

un ajuste alzado no puede “pedir aumento de precio aunque

se haya aumentado el de los jornaleros o materiales. .

.[salvo que] se haya hecho algún cambio en el plano que CC-2008-882 12

produzca aumento de obra, siempre que hubiese dado la

autorización el propietario”. Íd. Así, el citado artículo

establece una excepción al principio de invariabilidad del

precio, que opera en un contrato de ejecución de obra por

ajuste alzado, si se ha obtenido “el consentimiento del

dueño” para un “cambio de plano” que produzca a su vez un

“aumento de obra”. Francisco Lucas Fernández, Comentarios

al Código Civil y Compilaciones Forales, Editorial Revista

de Derecho Privado, 1986, T. XX, Vol. II, págs. 392-393.

Esta excepción al principio de invariabilidad de

precio requiere primeramente de un cambio de plano.

Francisco Lucas Fernández explica que el elemento de cambio

en el plano debe entenderse “en sentido amplio como una

alteración –variación-, cambio o modificación del proyecto

tenido en cuenta para la fijación del precio originario”.

Íd., pág. 393. Véase además, García Conesa, op. cit., pág.

202. El cambio de plano debe implicar, a su vez, un

aumento en la obra el cual constituye “una realidad física

que consiste en la diferencia de cuerpo de construcción,

que existirá a favor de la edificación terminada sobre la

convenida al celebrar el contrato...”. García Conesa, op.

cit., pág. 205.

De otra parte, en cuanto al elemento del

consentimiento del comitente, se interpreta que éste puede

prestarse verbalmente o por escrito e incluso de forma

tácita. Francisco Lucas Fernández, op. cit., pág. 397.

Véase además, García Conesa, op. cit., pág. 203. Aunque CC-2008-882 13

dicho consentimiento normalmente se manifiesta previo al

inicio de la ejecución del aumento, en cuyo caso reviste la

forma de “autorización”, puede prestarse con posterioridad

a su ejecución, en la forma de “aprobación”. Francisco

Lucas Fernández, op. cit, pág. 396. Véase además García

Conesa, op. cit., pág. 203.

En suma, para que aplique la excepción prescrita en el

artículo 1485 del Código Civil, supra, deben coexistir los

siguientes hechos: a) cambio de plano; b) consentimiento

del comitente; c) el aumento en la obra. Si se satisfacen

los requisitos antes mencionados, entonces el contratista

puede reclamar un aumento de precio en relación con el

contrato original de ejecución de obra. Tal variación,

según explica Francisco Lucas Fernández, es interpretada,

en general, “como [una] simple modificación de la

obligación [original] sin extinguirla. . .”. Op. cit.,

págs. 400-401.

De lo anterior podemos colegir que, luego de que se

perfecciona un contrato de ejecución de obra por ajuste

alzado, podría configurarse una novación modificativa si

las partes contratantes acuerdan un cambio en el plano,

aunque el precio que implica tal variación no se haya

concretizado inicialmente. Véase, Zequeira v. C.R.U.V., 83

D.P.R. 878 (1961). El cumplimiento con los tres requisitos

antes mencionados es suficiente para que se configure una

novación modificativa en relación con el contrato de

ejecución de obra original y para que, como consecuencia de CC-2008-882 14

ello, el contratista tenga derecho a reclamar un incremento

en el precio. Íd. Véase además, García Conesa, op. cit.,

pág. 201. La consecuencia jurídica de lo anterior sería

una variación en el precio inicialmente fijado,

configurándose una nueva contraprestación total que deberá

satisfacer el comitente. García Conesa, op. cit., pág.

184. Como tal obligación surge de una novación

modificativa, amparada en el artículo 1485 del Código

Civil, supra, resulta innecesario acudir a la doctrina de

enriquecimiento injusto, como fuente obligacional, para

determinar el incremento en precio al que tiene derecho el

contratista.

El problema central consiste en interpretar el

artículo 1485 del Código Civil, supra, para determinar el

aumento en precio al cual se tiene derecho en virtud de

éste. Al respecto García Conesa expone que el aumento en

precio al que tiene derecho el contratista será el

convenido por las partes “en el compromiso original o, en

su defecto, en otro posterior, y su abono le corresponderá,

en defecto de acuerdo, al comitente, siempre que preste su

consentimiento”. Op. cit., págs. 209-210.

Al examinar si el aumento en precio quedó establecido

por convenio entre las partes, cabría incluso considerar la

posibilidad de que el comitente consienta tácitamente al

precio propuesto por el contratista. Sobre el

consentimiento tácito, en Teachers Annuity v. Soc.

Gananciales, 115 D.P.R. 277, 290, (1984), expusimos que CC-2008-882 15

éste es producto de “la conducta de la persona y no [de]

las palabras que utilice”, cuando tal conducta y los hechos

acaecidos revelan “inequívocamente la voluntad de

consentir”. Debe pues evaluarse si, a la luz de las

circunstancias del caso, tales hechos pueden ser

compatibles con otra voluntad. Íd. En ese tenor, Lasarte

discute que la aceptación tácita se revela a través de

hechos “que no dejen lugar a dudas sobre la admisión de las

condiciones contractuales ofrecidas”. Carlos Lasarte,

Principios del Derecho Civil, 4ta ed., España, Ed. Trivium,

1996, T. III, pág. 62.

De otra parte, Lasarte expone que la interrogante

sobre si el silencio puede interpretarse como asentimiento

de la oferta, debe responderse como norma general en la

negativa. Íd., págs. 62-63. Véase además, Jaime Santos

Briz, Los Contratos Civiles: Nuevas Perspectivas, Granada,

Ed. Comares, 1992, pág. 105. No obstante, el silencio

podría implicar la aceptación tácita de una oferta cuando

en virtud de una relación previa entre las partes, surge

una responsabilidad para quien recibe la oferta de tomar

medidas afirmativas para rechazarla. Lasarte, op. cit.,

pág. 63. Sobre este particular, Lasarte expone lo

siguiente:

Cabe considerar el silencio como declaración de voluntad... cuando dada una determinada relación entre dos personas, el modo corriente de proceder implica el deber de hablar, ya que si el que puede y debe hablar no lo hace se ha de reputar que consiente, en aras de la buena fe (qui siluit cum loqui et debuit, consentire videtur). . . porque en tales casos, siendo natural y normal CC-2008-882 16

manifestar el disentimiento si no se quieren aprobar las propuestas de la otra parte, el silencio sobre las mismas, y más cuando va unido a hechos positivos precedentes, a una actividad anterior de la parte silenciosa o a particulares situaciones subjetivas u objetivas, cabe interpretarlo como tácita manifestación del consentimiento.

Íd., citando a Sentencia de 14 de octubre de 1963 del

Tribunal Supremo de España.

De otra parte, Santos Briz distingue que, según la

doctrina jurisprudencial, el silencio podría acarrear

distintos efectos jurídicos dependiendo de si es un

silencio “absoluto” o “cualificado”. Op. cit., pág. 106.

En caso de un silencio absoluto, sólo se derivaría una

expresión tácita de aceptación si por ley se le otorga tal

efecto o cuando, en virtud de una relación previa entre las

partes, quien calla tenía en cuenta que su silencio sería

interpretado “como expresión concluyente de una voluntad de

admitir lo manifestado”. Íd., págs. 105-106. Cabría, por

otro lado, hablar de la eficacia de “un silencio

cualificado” cuando éste se une a “hechos positivos

precedentes o a otras situaciones que sirvan como elemento

útil para tener por hecha la manifestación de una

determinada voluntad”. Íd.

Así, al determinar el aumento en precio al cual tiene

derecho el contratista en virtud del artículo 1485 del

Código Civil, supra, debe examinarse si éste fue objeto de

un acuerdo entre las partes. Si por manifestación expresa

o tácita el comitente aceptó el precio ofrecido por el

contratista, entonces ese precio constituirá la prestación CC-2008-882 17

que el comitente deberá satisfacer. Un acuerdo entre las

partes sobre el precio, “aunque sea tardío, si gozara de

suficiente claridad, será siempre aceptado como solución

preferible a su fijación por otro medio supletorio”.

García Conesa, op. cit., pág. 182.

Ahora bien, García Conesa expone que cuando los

contratantes no acuerden el aumento del precio a

satisfacer:

su determinación, que será el de su valor, más el beneficio industrial, se llevará a término normalmente mediante tasación judicial con apoyo en los medios que obren en autos, y, en su defecto total o parcial, con la inclusión de un cierto arbitrio judicial, por vía de usos o costumbres mercantiles, mediante la prueba pertinente analizada bajo un claro criterio de equidistribución sinalagmática.

Íd., pág. 210.

Así, explica que cuando el tribunal fije el precio,

por “tasación” o por medio de “los usos o costumbres

mercantiles”, deberá incluirse como parte de éste el

beneficio industrial, que representa la ganancia

profesional del contratista. Aunque dicha ganancia es

independiente de los costos de construcción, ésta

usualmente se engloba en el precio pactado para la

ejecución de la obra. Íd., págs. 185-186. El beneficio

industrial del contratista se suma a los costos de

construcción, los cuales abarcan los recursos esenciales

empleados para la realización de la obra, inclusive los

materiales y la mano de obra. Íd., pág. 186, esc. 26. CC-2008-882 18

Si bien tal posición resulta contraria a la norma de

Zequeira -que excluye el beneficio razonable del

contratista del aumento en precio que éste tiene derecho a

reclamar- los hechos del presente caso no requerían una

expresión de este Foro al respecto. Como expuse

anteriormente, es mi criterio que Santiago Metal consintió

tácitamente al precio cotizado por Danosa.

III.

Entre Santiago Metal y Danosa se perfeccionó un

contrato de ejecución de obra. No está en controversia

que, posteriormente, Santiago Metal y Danosa convinieron

que esta última se encargaría de la instalación del

“soffit”. Así, ambas partes acordaron un “cambio en el

plano” que a su vez implicó un aumento en la obra,

configurándose una novación modificativa en relación con el

contrato inicialmente pactado. En virtud de esa novación,

a Danosa le asiste el derecho a reclamar un aumento en

precio, por aplicación del artículo 1485 del Código Civil,

supra.

Precisamente, la controversia que tuvo ante su

consideración el Tribunal de Primera Instancia fue

determinar el precio del cual era acreedor Danosa por la

instalación del “soffit”. Ante ese foro, Danosa reclamó

que era acreedor de $63,680 pues ese fue el precio cotizado

y el que Santiago Metal aceptó. No se trata de que el foro

primario no determinó si se pactó un precio entre Danosa y

Santiago Metal, sino que adjudicó esa controversia en la CC-2008-882 19

negativa. Al concluir que de la prueba desfilada quedó en

duda si, en efecto, Santiago Metal aprobó el precio, ese

foro adjudicó que Danosa no logró probar que en efecto

Santiago Metal consintió al precio que aquél cotizó.

Partiendo de la premisa de ausencia de precio pactado, el

Tribunal de Primera Instancia interpretó que no existía

acuerdo vinculante entre las partes y acudió a la doctrina

de enriquecimiento injusto para determinar la suma

adeudada.

No obstante, al examinar si Santiago Metal aceptó el

precio cotizado, el foro primario sólo consideró que el

contenido de la conversación telefónica, a la cual se alude

en la carta del 25 de octubre de 2002, fue conflictivo y

que no pudo determinar si por medio de ésta Santiago Metal

aceptó el precio. Igualmente, resolvió que los dos

documentos identificados como “Change Order #2” carecían de

validez para establecer un acuerdo entre las partes, en

cuanto al precio. Ese foro no evaluó si, en virtud de la

prueba documental y los hechos que entendió probados, podía

determinarse que Santiago Metal aceptó tácitamente la suma

cotizada por Danosa.

Es mi criterio que la prueba documental admitida, así

como los hechos que el Tribunal de Primera Instancia

encontró probados, establecen que Santiago Metal aceptó, al

menos tácitamente, el precio cotizado por Danosa. Ello

independientemente de que tal aceptación se materializara CC-2008-882 20

luego de que Danosa inició la labor de instalación del

Mediante carta, fechada el 25 de octubre de 2002,

Danosa le comunicó a Santiago Metal que el precio por la

instalación del “soffit” era $63,680. Además, le informó

que el próximo día, sábado 26 de octubre, comenzaría los

trabajos de la muestra “para la aprobación del dueño”,

según le había sido requerido. Le indicó también que

esperaría su ulterior comunicación y aprobación para

continuar con el cambio.

Luego de ello, Santiago Metal le envió una carta a

Danosa, con fecha del 1 de noviembre de 2002, en la cual se

confirmaba el contenido de una conversación telefónica “en

inferior del alero con el mismo material de techo”.

Asimismo, en esa carta, el Sr. Luis Armando Santiago

expresó lo siguiente: “De tener algún inconveniente o

rechazo por parte del diseñador en cuanto a este trabajo se

refiere, será nuestra responsabilidad los costos que

conlleve modificarla. Sin nada más al respecto quedo de

usted”.

Así, luego de que Danosa le envió la cotización a

Santiago Metal, informándole que requería de su ulterior

comunicación para ejecutar los cambios, continuaron

conversaciones entre las partes en relación con la

instalación del “soffit”. Más aún, Santiago Metal le

informó a Danosa que se responsabilizaría de los costos CC-2008-882 21

adicionales que implicara una modificación, en caso de que

hubiese que variar el diseño. No está en duda que Santiago

Metal y Danosa acordaron que éste último instalaría el

“soffit”. De los hechos que el Tribunal de Primera

Instancia encontró probados no surge que en algún momento

un representante de Santiago Metal le informara a Danosa

objeción en relación con el precio cotizado. Tal objeción

se presentó cuando se envió el segundo documento

identificado como “Change Order #2”. Previo a ello, el

“silencio” que mantuvo Santiago Metal, al no objetar el

precio cotizado en el curso de las comunicaciones sobre la

ejecución del cambio, unido a sus actos, constituyó una

aceptación tácita de la suma cotizada por Danosa.

No se trata de un “silencio absoluto” y ni tan

siquiera tenemos ante nuestra consideración un caso en el

que el “silencio” de paso al surgimiento de la relación

contractual entre las partes. Sino que Santiago Metal

prestó el consentimiento para que Danosa instalara el

“soffit” sin que expresamente manifestara que aceptó el

precio cotizado. Así, luego de que Danosa le informó el

precio, Santiago Metal continuó las conversaciones con

relación a la ejecución del trabajo sin presentar una

objeción al respecto. Tales circunstancias permitieron que

Danosa continuara con la ejecución de la obra bajo la

creencia de que el precio cotizado fue aceptado. El

consentimiento para la ejecución de la obra, en ausencia de

objeción sobre el precio cotizado, en unión a los demás CC-2008-882 22

hechos acontecidos, eran reflejo inequívoco de una

aceptación por parte de Santiago Metal en relación con el

precio propuesto.

En virtud de lo anterior confirmaría la sentencia

recurrida.

Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada