EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Lourdes S. Cortés Pagán
Recurrida Certiorari
v. 2012 TSPR 44
José G. González Colón 184 DPR ____
Peticionario
Número del Caso: CC-2009-1119
Fecha: 13 de marzo de 2012
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan
Abogada de la Parte Peticionaria:
Lcda. Ana M. Torres de Soto
Abogada de la Parte Recurrida:
Lcda. Sylvia Vilanova Hernández
Materia: Procedimientos Apelativos Revisión de la determinaciones sobre pensiones alimentarias de ex cónyuges.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Recurrida
v. CC-2009-1119 Certiorari
José G. González Colón
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ
San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2012.
Nos corresponde resolver si la norma de
Figueroa v. Del Rosario, 147 D.P.R. 121 (1998),
la cual establece que las determinaciones sobre
modificaciones de alimentos y custodia de menores
constituyen sentencias sujetas a apelación, se
extiende a las determinaciones sobre pensiones
alimentarias de excónyuges.
I
El 12 de mayo de 2003 el Sr. José González
Colón y la Sra. Lourdes Socorro Cortés Pagán se
divorciaron mediante una sentencia emitida por el
Tribunal de Primera Instancia. En dicha sentencia
se incluyeron las estipulaciones acordadas por
las partes. Como parte de éstas el señor González CC-2009-1119 2
Colón pagaría a la señora Cortés Pagán $3,500 mensuales
por concepto de pensión alimentaria de excónyuge. También
pagaría un plan médico para la señora Cortés Pagán. En caso
de que algún tratamiento no fuera cubierto por el plan
médico, el señor González Colón lo costearía. Todo menos
cirugías estéticas.
Luego de varios años, el 6 de abril de 2009 el señor
González Colón solicitó al Tribunal de Primera Instancia que
lo relevara de pagar la pensión alimentaria de excónyuge.
Adujo que al momento de establecerse tal pensión la señora
Cortés Pagán no trabajaba y ostentaba la custodia de los
hijos menores de edad de ambos, por lo que en aquel entonces
entendió que debía aportar al núcleo familiar para que los
menores no se vieran más afectados por el divorcio. Sostuvo
que tales circunstancias cambiaron, pues al día de hoy sus
hijos son mayores de edad y la señora Cortés Pagán labora
como maestra.
En respuesta, la señora Cortés Pagán presentó una moción
en la que sostuvo que la pensión alimentaria de excónyuge
forma parte de un contrato de transacción entre las partes,
el cual fue incorporado a una sentencia que advino final,
firme e inapelable, por lo que constituye cosa juzgada.
Asimismo, coligió que tal pensión no debía alterarse porque
no existía un cambio sustancial en las circunstancias que
originaron la pensión alimentaria de excónyuge.
Luego de varios trámites procesales, los cuales
incluyeron una audiencia, el Tribunal de Primera Instancia
declaró “no ha lugar” la solicitud de relevo de pensión CC-2009-1119 3
alimentaria de excónyuge y ordenó el pago de ciertos
tratamientos médicos a favor de la señora Cortés Pagán. El
foro primario concluyó que el señor González Colón no logró
establecer que había ocurrido un cambio sustancial en las
circunstancias que originaron la estipulación sobre pensión
alimentaria de excónyuge. Este dictamen, titulado como
resolución, se notificó el 11 de agosto de 2009.
El 18 de agosto de 2009 el señor González Colón presentó
una solicitud de determinaciones adicionales de hechos y
conclusiones de derecho. Más adelante interpuso una moción de
reconsideración. La señora Cortés Pagán presentó su
oposición. El 24 de septiembre de 2009 el Tribunal de Primera
Instancia emitió una resolución en la que declaró “no ha
lugar” la moción de reconsideración. También notificó una
orden en la cual declaró “no ha lugar” la moción de
determinaciones adicionales de hechos y conclusiones de
derecho presentada por el señor González Colón.
Inconforme, el 22 de octubre de 2009 el señor González
Colón presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de
Apelaciones. Intentó cuestionar la determinación del foro
primario respecto a la solicitud de determinaciones
adicionales de hechos y conclusiones de derecho, y sobre el
relevo del pago de la pensión alimentaria de excónyuge. Sin
embargo, el foro apelativo intermedio desestimó el recurso
presentado por el señor González Colón. Razonó que carecía de
jurisdicción porque el dictamen que se pretendía revisar era
una resolución y no una sentencia. Igualmente, concluyó que
la norma jurisprudencial que establece que las CC-2009-1119 4
determinaciones sobre modificaciones de alimentos y custodia
de menores constituyen sentencias sujetas a apelación, no se
extiende a determinaciones sobre pensiones alimentarias de
excónyuges.
Luego de varios trámites procesales, el señor González
Colón presentó un recurso de certiorari ante nos. Adujo que
el Tribunal de Apelaciones incidió al desestimar el recurso
de apelación y al concluir que la norma de Figueroa v. Del
Rosario, 147 D.P.R. 121 (1998), no se extiende a
determinaciones sobre otras pensiones alimentarias como la de
excónyuges. De igual forma, alegó que el foro apelativo
intermedio erró al concluir que la resolución emitida por el
foro primario no fue interrumpida por la moción de
derecho, y al no considerar que dicha resolución resolvía en
forma final todas las controversias planteadas en el caso,
por lo que debía considerarse una sentencia final sobre la
cual podía interponerse un recurso de apelación.
II
Para la apropiada disposición de la presente causa
conviene recordar que la regla 43.3 de Procedimiento Civil de
1979, 32 L.P.R.A. Ap. III, aplicable al caso de marras,
permite que una parte presente dentro de los diez (10) días
siguientes al archivo en autos de una copia de la
notificación de la sentencia, una solicitud de
determinaciones adicionales de hechos y conclusiones de CC-2009-1119 5
derecho.1 La presentación oportuna y correcta de esta
solicitud tiene el efecto de interrumpir los términos
dispuestos por ley para solicitar reconsideración, nuevo
juicio y para interponer un recurso de apelación. Figueroa v.
Del Rosario, supra, págs. 125-126; Andino v. Topeka, Inc.,
142 D.P.R. 933 (1997). El plazo comenzará a transcurrir
nuevamente en cuanto “se archive en autos copia de la
notificación de las determinaciones y conclusiones
solicitadas”. Regla 43.4 de Procedimiento Civil de 1979, 32
L.P.R.A. Ap. III. Para que una moción de determinaciones de
hechos y conclusiones de derecho interrumpa los aludidos
plazos se requiere la existencia de una sentencia que pueda
ser objeto de un recurso de apelación.
El término sentencia se define como cualquier
determinación del tribunal que resuelva finalmente la
cuestión litigiosa. Regla 43.1 de Procedimiento Civil de
1979, 32 L.P.R.A. Ap. III; Abrams Rivera v. E.L.A., 178
D.P.R. 914, 926 (2010); Torres Martínez v. Torres Ghigliotty,
175 D.P.R. 83, 94 (2008); U.S. Fire Ins. v. A.E.E., 151
D.P.R. 962, 967 (2000).2 Esto es, que adjudique una
reclamación entre las partes de la cual pueda apelarse. Íd.
Una resolución, en cambio, no adjudica definitivamente
la totalidad de una reclamación, sino que resuelve algún
1 Las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 también permiten que una parte presente una solicitud de determinaciones adicionales de hechos y conclusiones de derecho. Véanse: Reglas 43.1 y 43.2, 32 L.P.R.A. Ap. V. 2 La Regla 42.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, define el término sentencia de manera similar. CC-2009-1119 6
incidente o controversia de ésta. Torres Martínez v. Torres
Ghigliotty, supra, págs. 95-96; García v. Padró, 165 D.P.R.
324, 332 (2005). Claro está, como el nombre no hace la cosa,
cuando el tribunal emite una resolución que tiene el efecto
de poner fin a una reclamación entre las partes, no nos
encontramos ante una verdadera resolución, sino ante una
sentencia de la cual puede interponerse un recurso de
apelación. García v. Padró, supra, pág. 333; U.S. Fire Ins.
v. A.E.E., supra, pág. 967.
En estrecha sintonía con lo anterior, cabe preguntarse:
¿qué ocurre con la revisión de las determinaciones sobre
alimentos que emite el foro primario? En Figueroa v. Del
Rosario, supra, contestamos esta interrogante en el contexto
de una reclamación de custodia. Desde aquel entonces
resolvimos que debido a la naturaleza sui generis de los
pleitos de familia, los dictámenes que emita el Tribunal de
Primera Instancia sobre alimentos y custodia, que modifican o
intentan modificar alguna determinación final previa al
respecto, por haber ocurrido un cambio en las circunstancias,
constituyen propiamente sentencias de las cuales puede
apelarse. Ello, debido a que tales determinaciones no son
resoluciones en sí, pues adjudican y resuelven una
reclamación entre las partes según los hechos y
circunstancias existentes en el momento en que ésta se
resuelve.3 Como tales determinaciones constituyen una
3 Adviértase que los dictámenes sobre alimentos y custodia “no constituyen cosa juzgada ya que pueden ser modificados de ocurrir un cambio en los hechos y CC-2009-1119 7
sentencia, una moción de determinaciones adicionales de
hechos y conclusiones de derecho, oportuna y correctamente
presentada interrumpe el término de treinta (30) días para
apelar al Tribunal de Apelaciones.4 Íd.
III
El Tribunal de Apelaciones interpretó que nuestra
Opinión de Figueroa v. Del Rosario, supra, en la cual se
estableció que las determinaciones sobre modificaciones de
alimentos y custodia de menores constituyen sentencias
sujetas a apelación, no se extiende a otro tipo de pensiones
porque sólo los alimentos de menores están revestidos del más
alto interés público. Erró.
Las pensiones alimentarias de excónyuges también están
investidas del mayor interés público.5 Morales v. Jaime, 166
D.P.R. 282, 291 (2005); González v. Suárez Milán, 131 D.P.R.
296, 301 (1992). Nuestros pronunciamientos han sido claros y
consistentes. Es la institución de alimentos en sí misma la
que motiva tan alto interés, pues ésta “surge del derecho
fundamental de todo ser humano a existir y desarrollar
plenamente su personalidad”. González v. Suárez Milan, supra,
pág. 301. El carácter dinámico de la institución de alimentos
______________________________ circunstancias que así lo justifique”. Figueroa v. Del Rosario, 147 D.P.R. 121, 129 (1998). 4 Véase, Regla 53.1 de Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. III. Las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 disponen un plazo similar para presentar un recurso de apelación. Regla 52.2 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V. 5 Los alimentos entre excónyuges están regulados por el Art. 109 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 385. CC-2009-1119 8
y los propósitos importantes que persigue de manera alguna
quedan minados por la circunstancia de ser excónyuge.
En atención a ello, los dictámenes sobre pensiones
alimentarias de excónyuges siempre están sujetos a
modificación, según cambie sustancialmente la capacidad del
alimentante para proveer alimentos o la necesidad del
alimentista. Cantellops v. Cautiño, 146 D.P.R. 791, 806
(1998); González v. Suárez Milán, supra, pág. 300. La
protección a la institución de alimentos en el contexto de
excónyuges nos ha llevado a reconocer que aunque las
estipulaciones en los casos de divorcio por consentimiento
mutuo constituyen un contrato de transacción judicial y, por
consiguiente, son cosa juzgada entre las partes, las
estipulaciones sobre pensiones alimentarias de excónyuges no
tienen carácter de cosa juzgada. Cantellops v. Cautiño,
supra, pág. 806. Véase, además, Igaravidez v. Ricci, 147
D.P.R. 1, 5 y 7 (1998). Claro está, las determinaciones sobre
pensiones alimentarias de excónyuges realizadas por el
Tribunal de Primera Instancia, que modifican o intentan
modificar los dictámenes finales previos, debido a cambios
sustanciales en las circunstancias, adjudican y resuelven una
reclamación entre las partes.
De conformidad con lo anterior, concluimos que las
determinaciones sobre pensiones alimentarias de excónyuges
interponerse un recurso de apelación. En consecuencia, una
moción de determinaciones adicionales de hechos y
conclusiones de derecho, oportunamente presentada y CC-2009-1119 9
fundamentada, interrumpe el término jurisdiccional de treinta
(30) días para apelar ante el Tribunal de Apelaciones.
En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia
evaluó la sentencia de divorcio emitida en el 2003 y las
estipulaciones allí contenidas. El 22 de enero de 2009
celebró una audiencia para discutir las controversias
surgidas a raíz de tales estipulaciones. Ambas partes
comparecieron con sus respectivas representaciones legales.
El asunto quedó delimitado a la discusión de la pensión
alimentaria excónyuge de $3,500 mensuales y del plan médico a
favor de la señora Cortés Pagán. Posteriormente, ambas partes
presentaron sendos memorandos de derecho para apoyar sus
respectivas posturas. Con el beneficio de lo anterior, el
foro primario determinó que el señor González Colón no probó
que hubiera algún cambio sustancial en las circunstancias que
originaron la estipulación sobre pensión alimentaria de
excónyuge.
El foro primario adjudicó las únicas reclamaciones
existentes entre las partes, a saber: la solicitud de relevo
de pensión alimentaria de excónyuge y ciertos gastos sobre
tratamientos médicos. No quedó otro asunto pendiente. Por lo
tanto, concluimos que el dictamen emitido por el foro
primario a tales efectos, aunque titulado resolución,
constituyó una sentencia. Este dictamen fue notificado el 11
de agosto de 2009 y contiene determinaciones de hechos y
conclusiones de derecho que disponen finalmente de todas las
controversias planteadas. Con relación a esta sentencia, el
señor González Colón podía presentar, como en efecto lo hizo CC-2009-1119 10
el 18 de agosto de 2009, una fundamentada moción de
derecho, según la regla 43.3 de Procedimiento Civil de 1979,
supra.
La presentación de la aludida moción interrumpió el
término jurisdiccional de treinta (30) días para apelar al
Tribunal de Apelaciones. Como las determinaciones del
Tribunal de Primera Instancia en las cuales se declaró “no ha
lugar” esta moción y la de reconsideración se notificaron el
24 de septiembre de 2009, el recurso de apelación presentado
por el señor González Colón el 22 de octubre de 2009 fue
oportuno. En consecuencia, el foro apelativo intermedio
incidió al concluir que carecía de jurisdicción para atender
el recurso interpuesto por el señor González Colón.
IV
Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el
recurso de certiorari de epígrafe, revocamos el dictamen del
Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso a dicho foro
para que continúe los procedimientos.
Se dictará sentencia de conformidad.
Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se expide el recurso de certiorari de epígrafe, se revoca el dictamen del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso a dicho foro para que continúe los procedimientos.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco disiente con opinión escrita a la cual se unen el Juez Presidente señor Hernández Denton y los Jueces Asociados señores Martínez Torres y Rivera García.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Lourdes Socorro Cortés
v. CC-2009-1119
José Guillermo González Colón
Recurrido
Opinión disidente emitida por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco a la que se unen el Juez Presidente señor Hernández Denton, el Juez Asociado señor Martínez Torres y el Juez Asociado señor Rivera García
En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2012.
No podemos suscribir la Opinión que emite este Tribunal,
pues extiende la norma establecida en Figueroa v. Del Rosario,
147 D.P.R. 121 (1998), a las determinaciones sobre pensiones
alimentarias de excónyuges. Es decir, concluye que las
determinaciones sobre este tipo de pensiones constituyen
Sentencias de las cuales puede interponerse el recurso de
apelación.
Las determinaciones sobre pensiones alimentarias de
excónyuges son incidentes procesales revisables mediante el
recurso de certiorari. Esta interpretación es cónsona con que el
derecho a alimentos está revestido del mayor CC-2009-1119 2
interés público, y a su vez, mantiene la armonía de
nuestro ordenamiento jurídico procesal.
La Regla 43.1 de las Reglas de Procedimiento Civil
de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 43.1 (2001), dispone que
“el término „sentencia‟ incluye cualquier determinación
del Tribunal de Primera Instancia que resuelva finalmente
la cuestión litigiosa de la cual pueda apelarse”.6 Esto
es así cuando se resuelve el caso en sus méritos y se
termina el litigio entre las partes quedando solamente
pendiente la ejecución de la sentencia, inclusive cuando
la determinación haya sido erróneamente titulada
“resolución”.7 Véase además, Abrams Rivera v. E.L.A., 178
D.P.R. 914 (2010); García v. Padró, 165 D.P.R. 324, 332-
333 (2005); De Jesús v. Corp. Azucarera de P.R., 145
D.P.R. 899 (1998).
A diferencia de las sentencias, las resoluciones
ponen fin a un incidente dentro del proceso judicial, ya
sea antes o después de dictarse la sentencia. García v.
Padró, supra, pág. 332; De Jesús v. Corp. Azucarera de
P.R., supra; Rodríguez v. Tribl. Mpal. y Ramos, 74 D.P.R.
656, 664 (1953). Estas se revisan mediante el recurso de 6 Similar disposición provee la Regla 42.1 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V. No obstante, esta define el término “resolución” como cualquier dictamen que pone fin a un incidente dentro del proceso judicial. 7 No obstante, la Regla 43.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III (2001), autoriza a los tribunales a dictar sentencia final en cuanto a una o más reclamaciones o partes sin disponer de la totalidad del pleito. Véase además, Abrams Rivera v. E.L.A., 178 D.P.R. 914 (2010). CC-2009-1119 3
certiorari y son notificadas de forma más informal en
comparación a las sentencias.8 Abrams Rivera v. E.L.A.,
supra, pág. 929. Esto, pues las sentencias requieren que
el secretario notifique la adjudicación final, su derecho
a apelar y la fecha del archivo en autos de la
notificación para hacer efectiva la jurisdicción
apelativa. De Jesús v. Corp. Azucarera de P.R., supra,
pág. 904.
Ya emitida una sentencia, la Regla 43.3 de
Procedimiento Civil de 1979, supra, dispone para la
solicitud de determinaciones de hecho y conclusiones de
derecho iniciales o adicionales sobre esta.
Reiteradamente hemos expresado que la presentación
oportuna y correcta de una moción al amparo de esta regla
interrumpe los términos para apelar. Carattini v. Collazo
Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 357 (2003). Sin
embargo, esta regla aplica solamente a las sentencias por
lo que no se interrumpe el término en cuanto a las
resoluciones interlocutorias.
A tenor con lo expresado, las modificaciones de las
determinaciones sobre pensiones alimentarias se
consideraban resoluciones sujetas a examen mediante
recurso de certiorari. No obstante, en Figueroa v. Del
8 Claro está, existen ciertas resoluciones que se dictan en incidentes posteriores a una sentencia final y que a pesar de no ser sentencias, gozan de un trámite más formal. Es decir, requieren el archivo en autos de la copia de su notificación. Esto pues, interrumpen y reinician los términos jurisdiccionales para apelar o revisar. Véanse, Reglas 43.4 y 47 de las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. III (2001). CC-2009-1119 4
Rosario, supra, pág. 129, modificamos las Reglas de
Procedimiento Civil y concluimos que las determinaciones
de custodia y pensiones alimentarias de menores
“constituye[n] una nueva sentencia de la cual puede
apelarse”.
En dicho caso, el tribunal había adjudicado
previamente la custodia de un menor a su madre.
Posteriormente, el padre solicitó la custodia, pero esta
le fue denegada mediante resolución. Inconforme, el padre
solicitó determinaciones de hechos y conclusiones de
derecho adicionales. Esta solicitud también le fue
denegada. Por consiguiente, el padre recurrió ante el
Tribunal de Apelaciones. No obstante, transcurrieron más
de treinta (30) días desde la notificación de la
Resolución denegando la custodia y la fecha en que se
presentó el recurso ante el Tribunal de Apelaciones, mas
no desde que fue archivada en autos la Resolución que
denegó la solicitud de determinaciones de hechos y
conclusiones de derecho adicionales.
Así las cosas, la madre solicitó ante el Tribunal de
Apelaciones la desestimación por falta de jurisdicción.
Arguyó que el recurso fue presentado fuera del término
provisto en ley para la revisión de resoluciones mediante
certiorari. Sin embargo, el foro apelativo intermedio
denegó la solicitud. Traída entonces la controversia ante
nuestra consideración, resolvimos que: CC-2009-1119 5
los dictámenes de alimentos y de custodias que modifican o intentan modificar los dictámenes finales previos, por haber ocurrido un cambio en las circunstancias, constituyen sentencias. En consecuencia, una moción de determinaciones de hechos y conclusiones de derecho adicionales oportunamente presentada al amparo de la Regla 43.1 de Procedimiento Civil, supra, interrumpe el término jurisdiccional de 30 días para recurrir en alzada al Tribunal. (Énfasis en original) Íd. pág. 129.
Esta determinación se sostuvo en el alto interés
público y el carácter sui géneris de los casos de
familia, así como en la conclusión de que los dictámenes
de alimentos y de custodias adjudican y resuelven una
Sobre el particular, el entonces Juez Asociado señor
Negrón García -al que se unió el entonces Juez Asociado
señor Hernández Denton- expuso unas razones de gran peso
mediante una Opinión Disidente al caso Figueroa v. Del
Rosario, supra. Hoy nos hacemos eco de ellas.
Particularmente, la Opinión Disidente indica que el
derecho de apelación es de origen estatutario y que el
ordenamiento jurídico procesal solo reconoce ese derecho
contra sentencias finales, no así para revisar incidentes
postsentencia.9 Por lo tanto, concluye que “[e]ste
Tribunal carece de facultad constitucional para, por fíat
judicial, abrogarse y usurpar una prerrogativa
fundamental que pertenece a la Asamblea Legislativa”.
9 Véase, 4 L.P.R.A. sec. 24y(a). CC-2009-1119 6
(Énfasis en original). Íd. pág. 132. De igual forma,
indica que “[n]o importa lo compleja que sea una
controversia postsentencia sobre custodia (o alimentos),
e independientemente de que esté revestida de interés
público y no constituya cosa juzgada… ello no es
suficiente para ultra vires convertir su resolución en
sentencia y, por ende, imponer apelaciones obligatorias”.
(Énfasis en original). Íd.
A estas razones se le añade la carga que conlleva
para los Tribunales de Primera Instancia y el
encarecimiento de los costos para litigantes y abogados.
Ciertamente el derecho de alimentos está revestido
del más alto interés público. Morales v. Jaime, 166
D.P.R. 282 (2008); Ríos v. Narváez, 163 D.P.R. 611
(2004); González v. Suárez Milán, 131 D.P.R. 296, 301
(1992). Sin embargo, las determinaciones de alimentos no
constituyen cosa juzgada. A contrario sensu, tienen un
carácter dinámico y siempre están sujetas a revisión
cuando haya cambios sustanciales en las necesidades del
alimentista y los recursos económicos del alimentante.
Cantellops v. Cautiño Bird, 146 D.P.R. 791, 801 (1998);
González v. Suárez Milán, supra, pág. 301; Piñero Crespo
v. Gordillo Gil, 122 D.P.R. 246, 258 (1988). Esto
inclusive ante estipulaciones o acuerdos aceptados por el
tribunal en casos de divorcios por consentimiento mutuo.
Cantellops v. Cautiño Bird, supra, págs. 805-806; Magee
v. Alberro, 126 D.P.R. 228, 233 (1990). Esto, pues en la CC-2009-1119 7
vida del alimentista y el alimentante se prevén muchos
incidentes que requieren determinaciones por parte de los
tribunales con posterioridad ha haber dictado una
sentencia. Ello explica por qué la Asamblea Legislativa
dispuso que:
Fijada la pensión alimenticia, el juez podrá modificarla por alteraciones sustanciales en la situación, los ingresos y la fortuna de uno u otro cónyuge. La pensión será revocada mediante resolución judicial si llegase a hacerse innecesaria, o por contraer el cónyuge divorciado acreedor a la pensión nuevo matrimonio o viviese en público concubinato. (Énfasis suplido). Art. 109 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 385.
Extender la norma de Figueroa v. Del Rosario, supra,
a las pensiones alimentarias excónyuges conlleva auto
adjudicarnos una función que no nos compete y que a su
vez afecta la armonía que las Reglas de Procedimiento
Civil proveen en nuestro ordenamiento jurídico al
convertir cuantiosas resoluciones en sentencias e imponer
apelaciones que sobrecargan innecesariamente a los
tribunales y conlleva un proceso más largo y costoso para
las partes.
En el caso de autos, el señor González Colón
solicitó un relevo de pensión que fue denegado por el
tribunal de instancia mediante Resolución notificada el
11 de agosto de 2009. Así las cosas, el peticionario CC-2009-1119 8
derecho adicionales el 18 de agosto del mismo año. Esta
fue denegada el 24 de septiembre de 2009. Es entonces
cuando el señor González Colón presentó un recurso
titulado “Apelación” el 22 de octubre de 2009.
Como podemos observar, el señor González Colón tardó
más de dos (2) meses desde notificada la determinación en
cuanto a la solicitud de relevo de pensión para solicitar
su revisión. Por tratarse de una Resolución del
tribunal, la solicitud de determinaciones de hechos y
conclusiones de derecho adicionales, no interrumpió los
términos. A todas luces, el recurso presentado ante el
Tribunal de Apelaciones debe ser examinado como un
certiorari, y por consiguiente, es uno tardío. El
Tribunal de Apelaciones no erró al desestimar por falta
de jurisdicción.
Por los argumentos antes expresados, disiento
respetuosamente de la Opinión emitida por el Tribunal.
Mildred G. Pabón Charneco Jueza Asociada