Burgos Andujar v. Comisión Estatal De Elecciones

2017 TSPR 57

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: April 19, 2017
• Docket: CT-2017-2
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Norma E. Burgos Andújar, Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista

Recurrida

v.

Comisión Estatal de Elecciones, por conducto de su Presidenta, Liza García Vélez; Comisionado Electoral Interino del Partido Popular Democrático, Miguel Ríos Torres; Comisionada Electoral Designada del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago 2017 TSPR 57 Recurridos 197 ____ Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por conducto de la Secretaria de Justicia, Hon. Wanda Vázquez Garced

Recurridos

Senado de Puerto Rico, por conducto de su Presidente Hon. Thomas Rivera Schatz, y su Secretario Manuel Torres Nieves; Cámara de Representantes de Puerto Rico, por conducto de su Presidente Hon. Carlos Méndez Nuñez y su Secretaria Ayleen Figueroa Vázquez

Peticionarios

Número del Caso: CT-2017-2

Fecha: 19 de abril de 2017

Abogados de los Peticionarios

Lcdo. Israel Roldán González Lcdo. Carlos Santiago Tavarez Lcdo. Eliezer Aldarondo Ortiz Lcda. Maria Elena Vázquez Graziani Lcdo. Claudio Aliff Ortiz Lcda. Rosa Campos Silva Lcdo. Hamed Santaella Carlo CT-2017-002 2

Abogados de los Recurridos

Lcdo. Manuel Izquierdo Encarnación Lcdo. Héctor E. Pabón Vega Lcdo. Gerardo De Jesús Annoni Lcdo. Luis Enrique Romero Lcdo. Liany Vega Nazario Lcdo. Nelson Rodríguez Vargas

Oficina del Procurador General

Lcdo. Luis Román Negrón Lcdo. Isaías Sánchez Báez

Materia: Derecho Constitucional. Revocación de lo resuelto en P.P.D. v. Gobernador II, 136 DPR 916 (1994). No procede aplicar la veda electoral dispuesta en la Ley Electoral de 2011 al plebiscito que se celebrará conforme la Ley para la descolonización inmediata de Puerto Rico, Ley Núm. 7 de 2017.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Norma E. Burgos Andújar, Certificación Comisionada Electoral del Intrajurisdiccional Partido Nuevo Progresista

Recurrida CT-2017-002 v.

Comisión Estatal de Elecciones, por conducto de su Presidenta, Liza García Vélez; Comisionado Electoral Interino del Partido Popular Democrático, Miguel Ríos Torres; Comisionada Electoral Designada del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por conducto de la Secretaria de Justicia, Hon. Wanda Vázquez Garced

Senado de Puerto Rico, por conducto de su Presidente Hon. Thomas Rivera Schatz, y su Secretario Manuel Torres Nieves; Cámara de Representantes de Puerto Rico, por conducto de su Presidente Hon. Carlos Méndez Nuñez y su Secretaria Ayleen Figueroa Vázquez

Peticionarios CT-2017-002 2

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2017.

Si para llegar a una correcta decisión de este caso es necesario modificar las opiniones dictadas anteriormente por este Tribunal, que se modifiquen de cualquier modo, o que se anulen, si fuere necesario. Al error no se le puede nunca convertir en verdad, por más que se insista en él; si se ha seguido un camino equivocado, volvamos sobre nuestros pasos antes de que nos perdamos en el laberinto de los engaños; atrevámonos a proceder correctamente. Giménez et al. v. Brenes, 10 DPR 128 (1906) (Opinión disidente del ex Juez Asociado MacLeary).

El recurso de certificación intrajurisdiccional ante

nuestra consideración, en el que se nos solicita que

determinemos si la veda electoral dispuesta en el Artículo

12.001 de la Ley Electoral de 2011, infra, es de

aplicación a escenarios electorales distintos a los

establecidos por la Asamblea Legislativa, nos brinda la

oportunidad de reexaminar los pronunciamientos errados que

realizamos en el caso P.P.D. v. Gobernador II, 136 DPR 916

(1994), y corregirlos.

En dicho caso, una mayoría de este Tribunal violó los

principios más básicos de hermenéutica, autolimitación

judicial y separación de poderes al interpretar el

Artículo 8.001 de la Ley Electoral del 1977, infra, y

extender la veda electoral gubernamental allí dispuesta a

escenarios electorales no contemplados por la Asamblea

Legislativa. CT-2017-002 3

Por ello y por los fundamentos que expondremos a

continuación, revocamos la norma establecida en P.P.D. v.

Gobernador II, supra, y resolvemos, al amparo de un

profundo análisis estatutario, que ni los plebiscitos ni

los referéndums están incluidos dentro del concepto de

―elección general‖ establecido en el Artículo 12.001 de la

Ley Electoral de 2011, infra.

Con ello en mente, pasaremos a delinear los hechos

que dieron génesis a la controversia de autos.

I

El 3 de febrero de 2017, la Asamblea Legislativa

aprobó la Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto

Rico (Ley para la Descolonización), Ley Núm. 7-2017. En

virtud de dicho estatuto, se autorizó la celebración de un

Plebiscito el 11 de junio de 2017, para elegir entre

varias alternativas de estatus político. También, la

referida ley dispone para la celebración de un Referéndum

el 8 de octubre de 2017, si prevalece una de dichas

alternativas.1

El 13 de febrero de 2017, la Comisión Estatal de

Elecciones (CEE) celebró una reunión ordinaria. En dicha

1 Al momento de la certificación de esta Opinión Per Curiam, la Ley para la Descolonización, supra, está siendo objeto de varias enmiendas relacionadas a las alternativas de estatus político de Puerto Rico que serán incluidas en el Plebiscito. Sin embargo, nada de ello altera lo que hoy resuelve este Tribunal en cuanto a la aplicación de la veda electoral a escenarios electorales distintos al establecido por la Asamblea Legislativa en el Artículo 12.001 de la Ley Electoral de 2011, infra. CT-2017-002 4

reunión, el Comisionado Electoral del Partido Popular

Democrático (PPD) presentó una solicitud para la

activación de la Junta Examinadora de Anuncios (JEA),

mientras culminaba el proceso plebiscitario. La

Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP)

se opuso a dicha solicitud, por entender que, según el

Artículo 12.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico (Ley

Electoral de 2011), Ley Núm. 78-2011, 16 LPRA sec. 4231,

la veda electoral y la JEA solo procedían durante las

elecciones generales y no en plebiscitos ni en

referéndums.

Ante la falta de unanimidad entre los Comisionados

Electorales, la controversia fue sometida a la

consideración de la presidenta de la CEE, quien el 1 de

marzo de 2017, emitió la Resolución Núm. CEE-RS-17-07.

Allí, sostuvo que el Artículo XIII de la Ley para la

Descolonización, supra, establecía que en el Plebiscito

aplicarían las prohibiciones contenidas en el Capítulo XII

de la Ley Electoral de 2011, supra, y reconoció que, entre

estas, se encontraba la prohibición para la difusión

pública gubernamental dispuesta en el referido Artículo

12.001, supra, también conocida como veda electoral. A

base de dicha interpretación, la Constitución de Puerto

Rico y lo resuelto por este Tribunal en P.P.D. v.

Gobernador II, supra, activó la veda electoral y ordenó la

constitución de la JEA. Según la Resolución, la

prohibición perduraría hasta el 12 de junio de 2017 y, de CT-2017-002 5

ser necesaria la celebración del Referéndum, hasta el 9 de

octubre de 2017.

Tras habérsele denegado una oportuna moción de

reconsideración, la Comisionada del PNP presentó un

recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Primera

Instancia, en el que reiteró que las disposiciones

contenidas en el Artículo 12.001 de la Ley Electoral de

2011, supra, eran solamente aplicables a las elecciones

generales. Además, presentó una solicitud de auxilio de

jurisdicción, con el propósito de que se paralizaran los

efectos de la Resolución impugnada, hasta tanto se

atendiera el recurso de revisión. Por último, incluyó como

partes indispensables en el pleito al Gobierno de Puerto

Rico y a los dos cuerpos legislativos.

Mientras el caso estaba pendiente ante el foro

primario, el Senado de Puerto Rico y la Cámara de

Representantes, por conducto de sus correspondientes

presidentes y secretarios (en conjunto, peticionarios),

presentaron el recurso de certificación

intrajurisdiccional que nos ocupa. Solicitaron que

resolvamos, como cuestión de derecho, si la veda electoral

dispuesta en el Artículo 12.001 de la Ley Electoral de

2011, supra, puede aplicarse al proceso plebiscitario a

celebrarse el 11 de junio de 2017. En la misma fecha,

compareció la Comisionada Electoral del PNP para unirse al

recurso de certificación presentado. CT-2017-002 6

El 30 de marzo de 2017, expedimos el recurso y

ordenamos a las partes presentar sus respectivos alegatos.

En su alegato, los peticionarios reiteraron que la

presidenta de la CEE se había extralimitado en sus

facultades, pues la veda electoral solamente aplicaba a las

elecciones generales. Apoyaron su contención en la

diferencia que existía entre los distintos procesos

eleccionarios, a saber: ―elección general‖, ―plebiscito‖ y

―referéndum‖, según definidos por la Ley Electoral de 2011,

supra. Arguyeron que tanto el texto del Artículo 12.001 de

la Ley Electoral de 2011, supra, como el texto del

Reglamento para el Control de Gastos de Difusión Pública

del Gobierno únicamente aludían al término ―elección

general‖. En vista de ello, insistieron en que tanto los

―referéndums‖ como los ―plebiscitos‖ quedaban fuera del

ámbito de aplicación del referido Artículo.

Por su parte, la Comisionada del PNP añadió, entre

otras cosas, que la Ley para la Descolonización, supra,

disponía que aplicarían al Plebiscito las prohibiciones y

delitos de la Ley Electoral de 2011, supra, excepto cuando

estas fueran incompatibles e improcedentes con la misma

ley. Así, concluyó que la prohibición para la difusión

pública gubernamental estatuida en el Artículo 12.001 de la

Ley Electoral de 2011, supra, no podía aplicarse al

Plebiscito, pues era improcedente e incompatible con la Ley

para la Descolonización, supra. CT-2017-002 7

Asimismo, el Procurador General compareció en

representación del Gobierno de Puerto Rico. En primer

lugar, señaló que el Gobierno tenía el deber de informar a

la ciudadanía, máxime cuando se trataba de asuntos de alto

interés público. Adujo que este deber de informar, el cual

la presidenta de la CEE pretendía socavar, estaba

intrínsecamente ligado al ejercicio de la libertad de

expresión de los ciudadanos. En segundo lugar, recalcó que

la veda electoral contenida en el Artículo 12.001 de la Ley

Electoral de 2011, supra, únicamente aplicaba a las

elecciones generales. Enfatizó que la propia Ley Electoral

de 2011, supra, definía como ―elección‖ aquella que incluía

las ―elecciones generales‖, los ―plebiscitos‖ y los

―referéndums‖, inter alia. Por consiguiente, sostuvo que

cuando la Asamblea Legislativa limitó el texto del Artículo

12.001 de la Ley Electoral de 2011, supra, a ―elección

general‖, inequívocamente había excluido de su ámbito de

aplicación tanto las consultas plebiscitarias como los

Además, el Procurador General planteó que lo resuelto

en P.P.D. v. Gobernador II, supra, era inaplicable al caso

de autos. En la alternativa, arguyó que este Tribunal debía

reevaluar el análisis y alcance de la norma allí esbozada,

en aras de evitar que se perpetuara un error doctrinal. Por

último, indicó que el hecho de que no se aplicara la veda

electoral al Plebiscito, no significaba que el Gobierno

podría gastar los fondos ilimitadamente. Destacó que al CT-2017-002 8

amparo de la Sección 9 del Artículo VI de la Constitución

de Puerto Rico, infra, cualquier parte con legitimación

activa, que entendiera que el Gobierno de Puerto Rico

estuviese utilizando fondos públicos para fines no

públicos, podía acudir a los tribunales a vindicar sus

derechos.

Por su parte, los opositores al recurso, a saber, la

CEE, el Comisionado Electoral del PPD y la Comisionada

Electoral del Partido Independentista Puertorriqueño

defendieron la corrección de la Resolución de la CEE en

todas sus partes. Primero, arguyeron que la Sección 1 del

Artículo XIII de la Ley para la Descolonización, supra,

incorporó por referencia la Sección de Delitos y

Prohibiciones de la Ley Electoral de 2011, supra, en su

totalidad. Segundo, enfatizaron que lo resuelto por este

Tribunal en P.P.D. v. Gobernador II, supra, disponía de la

controversia. Concluyeron que el principio constitucional

de igualdad económica entre los partidos justificaba la

veda electoral decretada.

Habiendo examinado las posiciones de todas las partes

en torno a la controversia que nos ocupa, procedemos a

resolver.

II

La doctrina del stare decisis establece que, como

norma general, un tribunal debe seguir sus decisiones en

casos posteriores, a fin de lograr estabilidad y CT-2017-002 9

certidumbre legal. Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 921

(2009); Am. R.R. Co. of P.R. v. Comision Indus. de P.R. y

Angueira, 61 DPR 314, 326 (1943). No obstante, dicha

doctrina ―no llega al extremo de declarar que la opinión de

un tribunal tenga el alcance de un dogma que deba seguirse

ciegamente aun cuando el tribunal se convenza

posteriormente que su decisión anterior es errónea‖. Am.

R.R. Co. of P.R. v. Comision Indus. de P.R. y Angueira,

supra. Véase, además, Pueblo v. Sánchez Valle, 192 DPR 594,

645 (2015). ―El propósito inspirador de la doctrina de

stare decisis es lograr estabilidad y certidumbre en la

ley, mas nunca perpetuar errores‖. Am. R.R. Co. of P.R. v.

Comision Indus. de P.R. y Angueira, supra, pág. 326.

(Énfasis suplido). Así, cuando el razonamiento de una de

nuestras decisiones ya no resiste un análisis cuidadoso, no

estamos obligados a seguirlo. Rivera Ruiz v. Mun. de Ponce,

2016 TSPR 197, 196 DPR ___ (2016); Pueblo v. Díaz De León,

supra, pág. 922. En ese sentido, hemos identificado tres

circunstancias que, como excepción, justifican dejar a un

lado un precedente: ―(1) si la decisión anterior era

claramente errónea; (2) si sus efectos sobre el resto del

ordenamiento son adversos, y (3) si la cantidad de personas

que confiaron en ésta es limitada‖. Rivera Ruiz v. Mun. de

Ponce, supra; Pueblo v. Sánchez Valle, supra, págs. 645-

646.

―El primero de estos principios dispone de la cuestión

planteada‖. Pueblo v. Sánchez Valle, supra, pág. 646. Sin CT-2017-002 10

lugar a dudas, el caso P.P.D v. Gobernador II, supra, es

claramente erróneo. Así lo demostramos a continuación.

III

En agosto de 1994, la Asamblea Legislativa aprobó la

Ley Habilitadora del Referéndum sobre Enmiendas a la

Constitución de Puerto Rico de 1994 (Ley Habilitadora del

Referéndum), Ley Núm. 49-1994, 16 LPRA sec. 956

(Suprimida). Mediante esta, se autorizó la celebración de

un Referéndum para que los electores inscritos expresaran

su aprobación o rechazo a varias enmiendas propuestas a la

Constitución de Puerto Rico.

Con el propósito de impugnar la constitucionalidad de

dicha Ley y de solicitar que se le ordenara al entonces

Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro Roselló González, que

detuviera las campañas publicitarias en los medios de

difusión pública del país, se presentaron varias demandas

en contra del Gobierno de Puerto Rico y el entonces

Gobernador.

Tras varios incidentes procesales, el Tribunal de

Primera Instancia resolvió que el Artículo 8.001 de la Ley

Electoral de Puerto Rico de 1977 (Ley Electoral de 1977),

Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, 16 LPRA sec. 3351

(ed. 2009) -el cual prohibía a las agencias del Gobierno

que incurrieran en gastos para la difusión pública ―a

partir del 1ro. de enero del año en que deba celebrarse una

elección general y hasta el día siguiente a la fecha de CT-2017-002 11

celebración de la misma‖-, era de aplicación al Referéndum.

Así, ordenó a la CEE a nombrar la JEA, para que evaluara la

necesidad de publicación de todo anuncio gubernamental

hasta el día del Referéndum. Fundamentó su razonamiento en

que la Ley Habilitadora del Referéndum disponía que la Ley

Electoral de 1977, supra, aplicaría supletoriamente, en

todo aquello que fuera necesario, pertinente y compatible a

sus propósitos. Además, se basó en el principio de igualdad

económica electoral presuntamente inmerso en la

Inconformes, el Gobierno de Puerto Rico y la Compañía

de Turismo recurrieron ante este Tribunal y plantearon,

entre otros asuntos, que el foro primario erró al aplicar

la veda electoral dispuesta en el referido Artículo 8.001

de la Ley Electoral de 1977, supra, al Referéndum, ya que

de esa forma se daba al traste con la intención

legislativa.

Así las cosas, quedó sometida para la consideración de

este Tribunal la siguiente controversia: si era la voluntad

e intención de la Asamblea Legislativa que aplicara al

Referéndum la veda electoral estatuida en el referido

Artículo 8.001, supra, para las elecciones generales. En

consecución de dicho objetivo, el Tribunal debía hacer un

análisis exhaustivo tanto de la Ley Habilitadora del

Referéndum, supra, como de la Ley Electoral de 1977, supra.

Ello, pues es un principio de hermenéutica reconocido que

para conocer la intención legislativa es necesario analizar CT-2017-002 12

la ley, y ―al analizar[la] se debe acudir primero al propio

texto, pues si el lenguaje es claro y libre de ambigüedad,

no debe ser menospreciado bajo el pretexto de cumplir con

su espíritu‖. Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR

652, 668 (2014). Veáse, además, S.L.G. Sola-Maldonado v.

Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 691 (2011); Morell Corrada v.

Ojeda, 151 DPR 864, 877 (2000); Artículo 14 del Código

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 14.

Sin embargo, en el caso P.P.D. v. Gobernador II,

supra, una mayoría de este Tribunal omitió hacer un

análisis profundo de las disposiciones legales en

controversia. En vez, y sin que ninguno de los

peticionarios impugnara la constitucionalidad de las

referidas disposiciones, confirmó la determinación del foro

primario al amparo de un análisis exclusivamente

constitucional. Específicamente y en lo pertinente, expresó

lo siguiente:

Resumiendo, bajo el principio constitucional de igualdad económica que permea todo sufragio –que el Estado viene llamado a garantizar y que este Tribunal tiene que proteger al amparo de la Sec. 2 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra, procede que extendamos la prohibición que contiene el Artículo 8.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, supra, y la apliquemos a este caso para evitar que el Estado, mediante anuncios gubernamentales, pueda tener una influencia en la libre expresión de los ciudadanos en la votación, con el poder económico que éste tiene mediante la utilización de fondos públicos. P.P.D v. Gobernador II, supra, págs. 926-927. CT-2017-002 13

De lo transcrito surge que este Tribunal no auscultó

la intención de la Asamblea Legislativa y buscó en la

Constitución de Puerto Rico los fundamentos para resolver

lo que le pareció adecuado. Dicho análisis fue incorrecto.

Para empezar, esa forma de proceder infringió la norma

de autolimitación judicial de que ―[c]uando se puede

resolver un asunto mediante un análisis estatutario, se

hace innecesario considerar el aspecto constitucional‖.

P.P.D. v. Admor. Gen. de Elecciones, 111 DPR 199, 243, esc.

32 (1981). Véase, además, Pacheco v. Srio. Instrucción

Pública, 108 DPR 592, 601 (1979) (allí se razonó que cuando

las partes no plantean el aspecto de la validez

constitucional de un estatuto, el Tribunal no está

justificado a pronunciarse sobre el particular). El hecho

de que este Tribunal sea el máximo intérprete de la

Constitución de Puerto Rico no le da carta blanca para que

acuda a esta ilimitadamente, sin la correspondiente

solicitud de las partes.

Además, la actuación del Tribunal infringió la

doctrina de separación de poderes. Sobre el particular, los

tratadistas Bernier y Cuevas Segarra han expresado lo

siguiente:

Bajo un sistema de separación de poderes como el que funciona en Puerto Rico, la Asamblea Legislativa tiene la facultad de aprobar las leyes. El Poder Judicial ejercitado por los tribunales consiste en el ejercicio de las facultades de resolver los litigios a través de la interpretación de la ley. En el desempeño normal de sus funciones, los tribunales están CT-2017-002 14

obligados a respetar la voluntad legislativa aunque los magistrados discrepen personalmente de la sabiduría de los actos legislativos. Interpretar una ley en forma que sea contraria a la intención del legislador implica la usurpación por la Rama Judicial de las prerrogativas de la Rama Legislativa. Por tanto, el intérprete debe abstenerse de sustituir el criterio legislativo por sus propios conceptos de lo justo, lo razonable y lo deseable. R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e Interpretación de las Leyes de Puerto Rico, 2da. ed. San Juan, Publicaciones JTS, 1987, Vol. I, pág. 299.2 (Énfasis suplido).

Por otro lado, no tan solo este Tribunal acudió a la

Constitución de Puerto Rico cuando no debió hacerlo, sino

que llevó a cabo un análisis constitucional sumamente

desacertado, el cual discutimos a continuación en dos

partes.

A.

Primero, el Tribunal hizo referencia a la Sección 2

del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico, la cual

dispone que ―[l]as leyes garantizarán la expresión de la

voluntad del pueblo mediante el sufragio universal, igual,

directo y secreto, y protegerán al ciudadano contra toda

coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral‖.

Artículo II, Sec. 2, Const. PR, LPRA, Tomo 1. En

específico, razonó que ―en protección del derecho

2 Véase, además, Ponencia del ex Juez Presidente del Tribunal Supremo, Hon. Federico Hernández Denton, La separación de poderes y la interpretación constitucional en Puerto Rico, XIII Encuentro de Presidentes y Magistrados de los Tribunales Constitucionales y de las Salas Constitucionales de América Latina, México, 2006, págs. 8-9. Disponible en: http://www.scribd.com/doc/51523764/La-Separación-de- Poderes-y-la-Interpretación-Constitucional-en-Puerto-Rico-2006 (accedido, 10 de abril de 2017). CT-2017-002 15

constitucional a la libre selección traducido en el derecho

al sufragio‖, debía aplicar la veda electoral al

Referéndum. P.P.D v. Gobernador II, supra, pág. 926. Con

dicho razonamiento, este Tribunal presumió, sin prueba de

algún anuncio gubernamental, que el Gobierno de Puerto Rico

coaccionaría a los electores durante el Referéndum,

mediante la difusión pública. Sin embargo, eso no lo podía

presumir el Tribunal. Por considerarlas completamente

acertadas, nos hacemos eco de las expresiones emitidas por

el ex Juez Asociado Rebollo López en su opinión disidente

en el caso P.P.D. v. Gobernador II:

Somos los primeros en admitir que siempre existe la posibilidad de que la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico —en un momento determinado de nuestra historia de pueblo, presente o futuro, y en relación con un evento electoral— pueda intentar violar el referido axioma de igualdad y coaccionar a la ciudadanía en su prerrogativa electoral.

Ahora bien, ello no lo puede presumir la Rama Judicial; esto es, estamos obligados a partir de la premisa de que la Rama Ejecutiva, de cualquier administración de Gobierno, actúa correctamente y conforme a los dictados pertinentes de la Constitución y de las leyes aplicables al asunto ante nuestra consideración. En otras palabras, la parte que alegue y sostenga que así no lo ha hecho la Rama Ejecutiva tiene el peso de probarlo en una vista judicial plenaria. Íd., pág. 936. (Énfasis en el original).

Es decir, el Tribunal no podía especular sobre la

futura actuación gubernamental. Ciertamente, no negamos

que los derechos consagrados en la Sección 2 del Artículo CT-2017-002 16

II de la Constitución de Puerto Rico, supra, existen y

deben ser protegidos tanto en las elecciones generales,

como en los referéndums y los plebiscitos. Sin embargo,

ello no justifica que dichos derechos se intenten proteger

prematuramente y sin prueba de la que surja que fueron

violados. Dicha prueba no fue presentada por las partes en

el caso, por lo que este Tribunal erró al vindicar los

mencionados derechos a destiempo.

B.

Por otra parte, la mayoría del Tribunal en P.P.D v.

Gobernador II, supra, se fundamentó en el ―axioma de

igualdad [económica entre los partidos] presuntamente

inmerso en la Constitución‖. Sin embargo, dicho axioma no

existe en la Constitución. Sobre el particular, el

profesor Luis M. Villaronga expresó muy acertadamente lo

Como es sabido ―axioma‖ significa una ―[a]firmación tan evidente que es admitida por todos sin necesidad de demostración‖. 1 María Moliner, Diccionario de uso del español 318 (1986). Ni la Constitución de Puerto Rico ni la de los Estados Unidos contienen tal [principio de igualdad económica] respecto a personas en general y mucho menos respecto a los partidos políticos. L. M. Villaronga, Derecho Constitucional, 66 Rev. Jur. UPR 391, 402, esc. 48 (1997). (Énfasis suplido). CT-2017-002 17

Ello lo reconoció este Tribunal en el caso Marrero v.

Mun. de Morovis, 115 DPR 643, 646 (1984),3 al expresar lo

Al presente, en materia electoral no se cuestiona seriamente el postulado de igualdad inmerso en nuestra Constitución. Históricamente ese ideal ha cobrado vida en el esquema integral financiero trazado por la Asamblea Legislativa para lograr paridad económica entre los partidos políticos y los candidatos. Este plan fue originalmente descrito en la Asamblea Constituyente por el delegado señor Padrón Rivera. Abogó por el día en que ‗si queremos unas elecciones fundamentalmente democráticas-- tenemos que llegar a la conclusión de que los partidos políticos deben ponerse en un mismo nivel de potencialidad económica para que los candidatos tengan la misma oportunidad de llegar al poder.... Y el Estado debe tener la obligación de poner en las mismas condiciones económicas a todos los candidatos para que el proceso electoral entrañe puramente, el principio democrático‘. (Énfasis suplido.) 2 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1401 (1952). Aunque esa aspiración no alcanzó linaje constitucional, posteriormente, en virtud de la Ley Núm. 110 del 30 de junio de 1957 --hoy derogada-- tuvo alumbramiento estatutario. (Énfasis suplido).

En ese sentido, resulta pertinente destacar que el ex

Juez Asociado Negrón García, quien emitió la Opinión del

Tribunal en la que, por primera vez, se hizo referencia al

mal llamado ―axioma‖,4 posteriormente admitió lo siguiente

3 Paradójicamente, el caso Marrero v. Mun. de Morovis, supra, fue citado por la mayoría del Tribunal en el caso P.P.D. v. Gobernador II, supra, para sostener la existencia del mal llamado axioma constitucional. 4 El profesor José Julián Álvarez documenta lo siguiente sobre la primera manifestación del ―axioma‖: CT-2017-002 18

en su opinión concurrente del caso P.S.P. v. Srio. de

Hacienda, 110 DPR 313, 321 (1980) (Sentencia), a la que se

le unieron los ex Jueces Asociados Dávila e Irizarry

Yunqué:

Resueltas estas cuestiones preliminares y despejada la vía procesal, diri[g]imos nuestra atención a la médula del recurso: la validez del Art. 3.017.

A manera de introito, este precepto forma parte integral del esquema financiero legislativo trazado para lograr paridad económica entre los partidos políticos del país. Este plan fue originalmente descrito en la Asamblea Constituyente por el delegado Sr. Padrón Rivera, quien abogó por el día en que ‗si queremos unas elecciones fundamentalmente democráticas -- tenemos que llegar a la conclusión de que los partidos políticos deben ponerse en un mismo nivel de potencialidad

P.R.P. [v. ELA, 115 DPR 631 (1984)] es uno de la larga lista de los casos en los que el Tribunal se ha referido a un supuesto ―axioma‖ o ―postulado‖ de igualdad entre los partidos políticos. […]. Es interesante trazar el origen de ese ―axioma‖. Su primera manifestación fue una opinión del Tribunal emitida por el Juez Negrón García, P.N.P. v. Tribunal Electoral, 104 DPR 741 (1976). El PNP cuestionaba una orden del Tribunal Electoral para inspeccionar sus libros y otros documentos relativos a sus finanzas. El Tribunal concluyó que el organismo electoral deseaba inspeccionar las finanzas de todos los partidos y sostuvo la orden. Para justificarla, halló apoyo en el Código Electoral y manifestó:

Es válido el axioma básico que fluye en el Código Electoral de que el proceso político decisional puertorriqueño responda en su realidad al mandato de igualdad consagrado en nuestra Ley Fundamental; ello se logra imponiendo limitaciones al monto de contribuciones político- partidistas. La constancia, preservación y presentación de data e informes sobre el particular, y la oportuna intervención y contabilidad de los mismos, son consecuencia natural e imprescindible para garantizar el cumplimiento de los límites legales establecidos en materia de finanzas políticas.

Obviamente, el Tribunal resolvió que la ley se justificaba porque perseguía el ideal de igualdad, no que sus preceptos estuvieran compelidos por ese ideal. J.J. Álvarez González, Derecho constitucional de Puerto Rico y relaciones constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá, ed. Temis, 2009, págs. 965-966. (Énfasis en el original). CT-2017-002 19

económica para que los candidatos tengan la misma oportunidad de llegar al poder .... Y el Estado debe tener la obligación de poner en las mismas condiciones económicas a todos los candidatos para que el proceso electoral entrañe puramente, el principio democrático‘. Diario de Sesiones, pág. 1401. Aunque este deseo no alcanzó linaje constitucional, posteriormente, en virtud de la Ley Núm. 110 del 30 de junio de 1957 --hoy derogada-- tuvo alumbramiento estatutario. (Énfasis suplido).

Es decir, no hay duda que el principio de igualdad

económica entre los partidos no es de estirpe

constitucional. Ahora bien, corresponde cuestionarse si, a

través de la Ley Núm. 110 del 30 de junio de 1957, (1957

Leyes de Puerto Rico 535-541), la cual se aprobó para

establecer el Fondo Electoral, la Asamblea Legislativa

estableció un principio universal que aplicara, no tan

solo a la misma Ley Núm. 110, supra, sino a todas las

leyes que se aprobaran en el futuro. La respuesta a esta

interrogante es en la negativa.

La Asamblea Legislativa, en la Exposición de Motivos

de la Ley Núm. 110, supra, expresó únicamente sus razones

para establecer el Fondo Electoral. Específicamente y en

lo pertinente, indicó:

Es principio universalmente reconocido que los partidos políticos son instrumentos necesarios a la democracia para que a través de ellos el pueblo pueda respaldar programas y expresar mandatos con relación a su gobierno. Todos los partidos democráticos, mayoría y minoría, cumplen estas funciones: los de la mayoría en respaldo a la obra de gobierno que representa la opinión mayoritaria, pero que debe ser llevada a cabo en beneficio de todo el CT-2017-002 20

pueblo, sin distinción partidista; los de la minoría para que expresen el punto de vista de otra parte del pueblo con miras a tratar de convencer a una mayoría de ciertos fines distintos en ciertas formas diferentes, y velar porque el programa respaldado por la mayoría sea en efecto administrado con igualdad para todos.

Por tales razones, es de profundo interés público el que los partidos políticos puedan estar libres de control por fuerzas económicas, privadas o gubernamentales, que al hacerse necesarios para el financiamiento de las actividades legitimas normales de los partidos políticos, puedan adquirir sobre ellos un control o influencias contrarios a la idea democrática, a la libertad política del pueblo en general y el funcionamiento genuino de la democracia.

Es por eso que la asamblea legislativa considera sabio el que por una parte, se prohíban grandes contribuciones financieras a los partidos políticos, y, por otra, se les provea a estos organismos democráticos de algunos fondos adecuados para el cumplimiento de sus funciones más esenciales, independientemente del deber que cada ciudadano tiene de contribuir al sostenimiento de su colectividad política con pequeñas cantidades compatibles con sus ingresos y con las normas que cada partido adopte dentro de los propósitos y fines de esta ley.

De lo transcrito, solamente surge la preocupación de

la Asamblea Legislativa de que los partidos políticos

estuvieran a merced de las fuerzas económicas, la cual

atendió con la creación del Fondo Electoral. De ninguna

parte se desprende el principio de que todos los partidos

debían ser iguales en materia económica. Por tanto, no es

correcto seguir aplicando un principio universal e

ilimitado de igualdad económica entre los partidos CT-2017-002 21

políticos, que no fue establecido en tantas palabras por

la Asamblea Legislativa al aprobar la Ley Núm. 100, supra.

Sin embargo, este Tribunal, en P.P.D. v. Gobernador

II, supra, aplicó dicho principio automáticamente y lo

elevó a rango constitucional. Ello se debe a que ―[a]

través de los años ha surgido una tendencia a ver la

Constitución, no en sus propios términos, sino a

transformarla en un documento político en apoyo de una

postura‖. R. Martínez Torres, El originalismo como método

de interpretación constitucional y el principio de

separación de poderes, 49 Rev. Jur. UIPR 249, 249 (2015).

Ciertamente, ―se ha utilizado la facultad de la Rama

Judicial de ser la máxima intérprete de la Constitución

para extender indebidamente el significado de ese

documento magno, con el propósito de inventarse derechos

inexistentes, sin tener que aprobar una ley a esos efectos

ni enmendar la Constitución‖. Íd., págs. 249-250. (Énfasis

suplido).

Por último, además de constitucionalizar

indebidamente el presunto ―principio‖, la mayoría del

Tribunal en P.P.D. v. Gobernador II, supra,

constitucionalizó la veda electoral y la JEA, a pesar de

que estas son de creación estatutaria. Es decir, creó el

derecho constitucional a que se aplique la veda y se

active la JEA en procesos electorales distintos al que la

Asamblea Legislativa claramente contempló en el Artículo

8.001 de la Ley Electoral de 1977, supra. Esto, para CT-2017-002 22

evitar que el Gobierno, mediante la utilización de fondos

públicos en anuncios gubernamentales, pudiera ejercer una

influencia en la votación de los ciudadanos durante el

Referéndum.

Ahora bien, este Tribunal no tenía que elevar a rango

constitucional disposiciones estatutarias para atender la

mala utilización gubernamental de fondos públicos fuera

del año en que se celebran las elecciones generales.

Ciertamente, el Tribunal ignoró la existencia de la

Sección 9 del Artículo VI de la Constitución de Puerto

Rico, el cual establece que ―[s]ólo se dispondrá de las

propiedades y fondos públicos para fines públicos y para

el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del

Estado, y en todo caso por autoridad de ley‖. Artículo VI,

Sec. 9, Const. de PR, supra. Mediante dicha disposición,

nuestra Asamblea Constituyente atendió la preocupación del

mal uso gubernamental de fondos públicos durante todo el

cuatrienio. En ese sentido y en virtud de que el Artículo

8.001 de la Ley Electoral del 1977, supra, solo aplicaba a

las elecciones generales, las partes en el caso P.P.D. v.

Gobernador II, supra, debieron haber presentado, de tener

prueba para ello, un injunction para vindicar sus derechos

al amparo de la referida Sección 9 de la Constitución de

Puerto Rico, supra.

IV

Del anterior análisis surge con total claridad que la

normativa establecida en P.P.D. v. Gobernador II, supra, es CT-2017-002 23

claramente errónea y debe revocarse. Sin embargo, la

opinión disidente de este Tribunal pretende evadir este

resultado por ―la difícil situación fiscal‖. Ello dista de

lo que debe motivar la revocación de una norma. Si la norma

es errónea, no debemos ―dudar en rectificar y dejar[la] sin

efecto‖, pues no estamos ―investidos del don de la

infalibilidad‖. Rondón v. The Aetna Cas. & Sur. Co., 56 DPR

439, 456 (1940). ―Persistir en el error para realzar la

consistencia de lo decidido constituiría una abdicación del

deber que tenemos, como tribunal apelativo, de impartir

justicia y de pautar el derecho‖. Reyes Corano v. Dir.

Ejecutivo, 110 DPR 40, 42 (1980).

En virtud de dicho deber, a continuación, procederemos

a examinar si fue la intención de la Asamblea Legislativa -

no la nuestra-, que las disposiciones del Artículo 12.001

de la Ley Electoral de 2011, supra, aplicaran a la consulta

de estatus que autoriza la Ley para la Descolonización,

supra. Para lograr dicho objetivo, aplicaremos lo que

corresponde en derecho, sin sujeción al erróneo precedente.

V

De conformidad con la doctrina de separación de

poderes, no podemos perder de perspectiva que nuestra

función es determinar qué quiso decir el legislador y no

qué nosotros hubiéramos querido que se dijera. Aquino

González v. AEELA, 182 DPR 1, 39 (2011); R.E. Bernier y CT-2017-002 24

J.A. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 241. Para cumplir con

esa función, ―los tribunales deben interpretar la ley como

un ente armónico, dándole sentido lógico a sus diferentes

secciones‖. Aquino González v. AEELA, supra, pág. 40. Así,

debemos interpretar íntegramente las disposiciones de la

ley y no de manera aislada. Íd.; R.E. Bernier y J.A. Cuevas

Segarra, op. cit., pág. 315. La interpretación que le demos

finalmente al precepto legal no puede conllevar el absurdo

de dejar sin efecto –o sin sentido coherente- otras

disposiciones de la ley ante nuestra consideración. Véase

Cabassa v. Bravo, 21 DPR 185, 186 (1914) (―debemos

interpretar la ley dándole efecto a todas sus disposiciones

sin omitir ninguna‖); véase, además, López Rosas v. CEE,

161 DPR 527, 535-536 (2004). Esta norma está predicada en

la armoniosidad que deben presentar las disposiciones de la

ley –y la ley en sí- ante nuestra consideración. Después de

todo, no podemos presumir que la Asamblea Legislativa

promulgó una ley con disposiciones inconsistentes.

Por otro lado, sabido es que el texto claro e

inequívoco de la ley constituye la expresión por excelencia

de la intención del legislador. Romero Barceló v. ELA, 169

DPR 460, 476-477 (2006); Alejandro Rivera v. ELA, 140 DPR

538, 544-545 (1996). Cuando estamos ante una ley que cumple

con esta característica, no podemos menoscabar la expresión

del Asamblea Legislativa, so pretexto de cumplir con la

intención legislativa. Artículo 14 del Código Civil de

Puerto Rico, supra. (―Cuando la ley es clara libre de toda CT-2017-002 25

ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo

el pretexto de cumplir su espíritu‖); Romero Barceló v.

ELA, supra, pág. 477 (―cuando una ley es clara y no es

ambigua no hay necesidad de mirar más allá de la letra en

búsqueda de la intención legislativa‖); Atlantic Pipe Corp.

v. FSE, 132 DPR 1026, 1030 (1993). Ante este postulado, no

podemos incluir escenarios en un estatuto que no están

dentro de la razón del precepto en cuestión. R.E. Bernier y

J.A. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 246.5 Por lo tanto,

―[d]ebemos descubrir y darle efecto a la intención

expresada mediante la letra de la ley‖. Romero Barceló v.

ELA, supra, pág. 477.

Asimismo, ―[c]uando el lenguaje de la ley es claro e

inequívoco, nuestra responsabilidad es respetar la voluntad

legislativa, independientemente de nuestro criterio

personal‖. Delgado Hernández, Ex Parte, 165 DPR 170, 192

(2005), haciendo referencia a Alonso García v. SLG, 155 DPR

91 (2001); Lasalle v. Junta Dir. ACAA, 140 DPR 694 (1994);

Silva v. Adm. Sistemas de Retiro, 128 DPR 256 (1991). Es

decir, al interpretar la ley, los tribunales deben

abstenerse ―de sustituir el criterio legislativo por sus

propios conceptos de lo justo, razonable y deseable‖.

Aquino González v. AEELA, supra, pág. 40. ―[E]sto requiere

de los tribunales de justicia el mayor grado de disciplina

al aplicar una ley‖. Sánchez Díaz v. ELA, 181 DPR 810, 822

5 Véase Morales Torres v. Tribunal Superior, 99 DPR 459 (1970); Cardona v. Com. Industrial, 57 DPR 397, 399 (1940). CT-2017-002 26

(2011). Después de todo, la Asamblea Legislativa es la

llamada a ―determinar cuál deb[e] ser la política pública

que encarnen nuestras leyes‖. Delgado Hernández, Ex Parte,

supra, pág. 192. Consecuentemente, ―[e]l juzgador no puede

sustituir su sentido de justicia por la letra clara del

estatuto‖. Delgado Hernández, Ex Parte, supra, pág. 193;

Berrocal v. Tribunal de Distrito, 76 DPR 38, 92 (1954).

Nosotros los Jueces, incluso, debemos evitar la mala

práctica de acudir a preceptos constitucionales como

fundamento para enmendar las leyes. En el ejercicio de

nuestra función, debemos mantenernos ―siempre dentro del

ámbito judicial, sin incursiones indebidas en la esfera

legislativa‖. Caguas Bus Line, Inc. v. Sierra, Comisionado,

73 DPR 743, 750 (1952); R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra,

op. cit., pág. 299.

En este caso, el lenguaje claro e inequívoco del

estatuto postula un solo significado y, consiguientemente,

―un sentido cabal de humildad y autodisciplina requiere la

aplicación de la voluntad legislativa‖ según establecida en

el propio precepto legal. Alejandro Rivera v. ELA, supra,

pág. 545. Véanse, además, Cotto v. Depto. de Educación, 138

DPR 658, 662 (1995); Atlantic Pipe Corp. v. FSE, supra.

Veamos.

El Artículo XIII de la Ley para la Descolonización,

supra, dispone que CT-2017-002 27

[l]as prohibiciones y delitos relacionados con la celebración de esta consulta, se regirán por las disposiciones establecidas en la Ley 78-2011, según enmendada, conocida como ‗Ley Electoral de Puerto Rico‘ y por la Ley 222-2011, conocida como ‗Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico‘, excepto cuando sean improcedentes o incompatibles con las disposiciones de esta Ley o cuando esta Ley dispone delito o penalidad específica. (Énfasis suplido).

Aunque la disposición que establece la veda electoral

está contenida entre las prohibiciones y delitos que

dispone la Ley Electoral de 2011, supra, ello no la hace

aplicable automáticamente al proceso plebiscitario o al

referéndum que autoriza la Ley para la Descolonización,

supra. Según parece ignorar la opinión disidente del Juez

Asociado señor Colón Pérez, nótese que la aplicación del

precepto estatutario que impone la veda electoral está

sujeta a que eso no sea incompatible o improcedente ante la

celebración del plebiscito o, de ser necesario, el

referéndum.6 Por tanto, procede que analicemos dicho

precepto.

6 No se trata meramente de que la aplicación de la veda electoral sea necesaria o pertinente como expresa la opinión disidente del Juez Asociado señor Colón Pérez al referirse al Artículo 11.001 de la Ley Electoral de 2011, 16 LPRA sec. 4211. El referido Art. 11.001 establece subsidiariamente que: ―Todo referéndum, consulta o plebiscito que se celebre en Puerto Rico se regirá por la ley especial que a tal fin se apruebe y por las disposiciones de este subtítulo en todo aquello necesario o pertinente para lo cual dicha ley especial no disponga‖. Íd. (Énfasis suplido).

No obstante, conforme dispuso la Asamblea Legislativa en la Ley para la Descolonización, supra, la condición para que proceda la aplicación del Art. 12.001 de la Ley Electoral de 2011, supra, es que éste sea compatible y procedente ante la celebración del plebiscito y, en su caso, el referéndum. Las disposiciones de una ley no se pueden leer a medias. Incluso, aun cuando la Ley para la Descolonización, supra, no hubiera dispuesto nada, el Art. 12.001 de la Ley Electoral de 2011, supra, no debe extenderse al proceso plebiscitario por no tratarse de una elección general. Como explicaremos, el legislador CT-2017-002 28

El Artículo 12.001 de la Ley Electoral de 2011, supra,

mediante el cual la Asamblea Legislativa incorporó en

nuestro ordenamiento jurídico la llamada veda electoral,

dispone de la manera siguiente:

Durante el año en que se celebre una elección general y hasta el día siguiente a la fecha de la celebración de la misma, se prohíbe a las agencias del Gobierno, a la Asamblea Legislativa y a la Rama Judicial de Puerto Rico incurrir en gastos para la compra de tiempo y espacio en los medios de comunicación, así como para la compra y distribución de materiales propagandísticos o promocionales con el propósito de exponer sus programas, proyectos, logros, realizaciones, proyecciones o planes. Se exceptúan de esta disposición aquellos avisos y anuncios de prensa expresamente requeridos por ley; las campañas de la Compañía de Turismo para promoción del turismo interno, campañas de promoción fuera de Puerto Rico por parte de la Compañía de Turismo de Puerto Rico o la Autoridad de Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico promocionando a la isla de Puerto Rico como destino turístico, o la Compañía de Fomento Industrial promocionando la inversión del extranjero en Puerto Rico, siempre que no incluyan relaciones de logros de la administración o la corporación ni se destaque la figura de ningún funcionario. Además, se excluyen las notificaciones o convocatorias para procesos de vistas públicas legislativas o administrativas que se publique y circule sin usar los medios de difusión masiva pagados.

Asimismo, se exceptúan de la anterior disposición aquellos anuncios que sean utilizados para difundir información de interés público, urgencia o emergencia, los cuales sólo serán permitidos previa autorización al efecto de la Comisión. […] La violación de este Artículo conllevará a la agencia o dependencia gubernamental una multa administrativa de hasta diez mil (10,000) dólares por la primera infracción y hasta veinticinco mil

estableció este proceso en la CEE únicamente para las elecciones generales. CT-2017-002 29

(25,000) dólares por infracciones subsiguientes. Los fondos que se obtengan bajo este concepto, pasarán a formar parte del Fondo especial para el financiamiento de los gastos de automatización de los procesos electorales, según se dispone en el Artículo 3.001 de esta Ley. 16 LPRA sec. 4231. (Énfasis suplido).

Particularmente, la primera parte del Artículo

12.001, supra, fue objeto de alteración en el trámite

legislativo.7 Luego de ser aprobado por la Cámara de

Representantes, en el Senado se agregó a su texto la

expresión siguiente: ―Durante el año en que se celebre una

elección general y hasta el día siguiente a la fecha de la

celebración de la misma‖.8 Véase Informe Comisión Especial

sobre Reforma Gubernamental del Senado: Entrillado del

Informe emitido el 10 de noviembre de 2010. Con esa

adición fue aprobada finalmente la Ley Electoral de 2011,

supra.

De una lectura del precitado artículo, podemos notar

que en este se hace alusión expresa al ―año en que se

celebre una elección general‖. Así pues, nuestra función

principal en este caso es determinar si la Asamblea

7 El texto original del proyecto de ley, según aprobado por la Cámara de Representantes y enviado al Senado, disponía en su primera oración lo siguiente:

Se prohíbe a las agencias del Gobierno de Puerto Rico a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y a la Rama Judicial incurrir en gastos para la compra de tiempo y espacio en los medios de comunicación y así como para compra y distribución de materiales propagandísticos o promocionales con el propósito de exponer sus programas, proyectos, logros, realizaciones, proyecciones o planes. Sustituto de la Cámara al P. de la C. 1863 de 8 de marzo de 2011, 3ra Sesión Ordinaria, 16ta Asamblea Legislativa, pág. 188. 8 Íd. CT-2017-002 30

Legislativa incluyó dentro del concepto de ―elecciones

generales‖ la celebración de un plebiscito o un referéndum

como el que instituye la Ley para la Descolonización,

supra, para que, de este modo, sea procedente la aplicación

del Artículo 12.001 de la Ley Electoral de 2011, supra, a

dicha consulta de estatus.

Al hacer una interpretación de qué constituye una

―elección general‖, no podemos presumir que los

legisladores incluyeron disposiciones o palabras inútiles

en la ley. R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, op. cit.,

pág. 333. Es decir, no podemos partir de la premisa que la

Asamblea Legislativa hizo expresiones o aclaraciones que no

tienen ningún sentido o función en el estatuto que

promulgaron.

En el ejercicio de nuestra función y en el

cumplimiento de nuestro deber, no podemos ignorar que la

propia Ley Electoral de 2011, supra, contiene una

disposición en la que se definen varios conceptos que los

legisladores consideraron importantes delimitar.

Particularmente, la Asamblea Legislativa tomó de su tiempo

para establecer el significado del término ―elecciones

generales‖. Al así hacerlo, aclaró que cuando se refirieran

a ellas en la Ley Electoral de 2011, supra, debía

entenderse que se trataba del ―[p]roceso mediante el cual

cada cuatro años los electores seleccionan a los

funcionarios que ocuparán cargos públicos electivos en el CT-2017-002 31

Gobierno de Puerto Rico incluyendo gobernador, comisionado

residente, legisladores estatales, alcaldes y legisladores

municipales‖. Artículo 2.003 de la Ley Electoral de 2011,

supra. (Énfasis suplido).9 De este modo, la Asamblea

Legislativa evitó que utilizáramos nuestro propio criterio

o tuviéramos que acudir a fuentes alternas o exteriores

para encontrar el significado de lo que quiso decir. Por su

pertinencia, estamos impedidos de hacer caso omiso a este

articulado. Véase ACAA v. Yantín, 103 DPR 59, 62 (1974).

Debemos notar que expresamente la Ley Electoral de

2011, supra, establece que en las elecciones generales ―los

electores seleccionan a los funcionarios que ocuparán

cargos públicos electivos en el Gobierno de Puerto Rico‖.

Íd. Asimismo, hay que resaltar, inclusive, que la ley

limita expresamente las elecciones generales al proceso

electoral que se celebra ―cada cuatro años‖, a diferencia

de su antecesora la Ley Electoral de Puerto Rico de 1977. A

esta definición y a la aclaración realizada por la

legislatura debe dársele su correspondiente significado y

efecto al interpretar la ley.

9 Véase, además, la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico, Ley Núm. 222-2011, según enmendada, 16 LPRA sec. 621(28). Esta disposición define ―elecciones generales‖ como

aquel proceso mediante el cual el primer martes, después del primer lunes del mes de noviembre, cada cuatro años, los electores seleccionan a los funcionarios que han de ocupar los cargos públicos electivos en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo gobernador, comisionado residente, legisladores estatales, alcaldes y legisladores municipales. Íd. CT-2017-002 32

Como indicamos anteriormente, no podemos presumir que

la Asamblea Legislativa incluyó en las leyes expresiones y

aclaraciones inútiles. De hecho, si sustituimos la

expresión ―elección general‖ por la definición provista por

el propio legislador, la primera oración del Artículo

12.001 de la Ley Electoral de 2011, supra, leería como

sigue:

Durante el año en que se celebre un [proceso mediante el cual cada cuatro años los electores seleccionan a los funcionarios que ocuparán cargos públicos electivos en el Gobierno de Puerto Rico incluyendo gobernador, comisionado residente, legisladores estatales, alcaldes y legisladores municipales] y hasta el día siguiente a la fecha de la celebración de[l] mism[o], se prohíbe a las agencias del Gobierno, a la Asamblea Legislativa y a la Rama Judicial de Puerto Rico incurrir en gastos para la compra de tiempo y espacio en los medios de comunicación, así como para la compra y distribución de materiales propagandísticos o promocionales con el propósito de exponer sus programas, proyectos, logros, realizaciones, proyecciones o planes.

Por otro lado, la Asamblea Legislativa dispuso de un

concepto que utilizaría a través de la Ley Electoral de

2011, supra, para aquellas ocasiones en que estuviera

refiriéndose tanto a elecciones generales, como a

plebiscitos, a referéndums, a consultas al electorado, a

elecciones especiales y a primarias. Véase Artículo

2.003(29) de la Ley Electoral de 2011, supra, 16 LPRA sec.

4003(29). En ese supuesto, dispuso que se referiría a ellas

solamente como ―elección‖ o ―elecciones‖. Íd. Además,

incluyó una definición distinta y separada de ―plebiscito‖ CT-2017-002 33

y de ―referéndum‖. Estableció que un plebiscito es aquel

―[m]étodo mediante el cual se somete al electorado de

Puerto Rico para consulta electoral, la alternativa de

escoger su preferencia entre varias opciones sobre un mismo

asunto de ordenamiento político incluyendo, pero sin

limitarse a, la relación política entre Puerto Rico y

Estados Unidos de América‖. Íd., inciso (82). Por su parte,

estatuyó que el referéndum era el proceso ―mediante el cual

se somete al electorado de Puerto Rico para consulta

electoral directa la aprobación o rechazo de una o varias

propuestas específicas sobre políticas públicas a adoptarse

o legislación a ponerse en vigencia sobre asuntos de

interés general‖. Íd., inciso (86).

Si la intención de la Asamblea Legislativa hubiese

sido incluir los plebiscitos dentro de la prohibición

contenida en el Artículo 12.001 de la Ley Electoral de

2011, supra, hubiera bastado con referirse a la ―elección‖

o las ―elecciones‖. Esto, ya que, conforme se definió en la

ley, ese solo concepto incluye, entre otras cosas, los

referéndums y los plebiscitos. Como puede notarse, tanta

fue la distinción que realizó la Asamblea Legislativa que,

al establecer el significado de cada concepto, la sola

adición de una palabra alteraría su significado.

No se trata de un escenario en que se pueda señalar

que la Asamblea Legislativa no pudo prever la utilización

de cierta palabra e inadvertidamente omitió su inclusión en CT-2017-002 34

la disposición de ley. En la Ley Electoral de 2011, supra,

el legislador incluyó referencia expresa a los plebiscitos

y a los referéndums en varias de sus disposiciones.10 No

obstante, en el Artículo 12.001 de la Ley Electoral de

2011, supra, no se hace mención de estos. Evidentemente, la

Asamblea Legislativa únicamente se refirió a la ―elección

general‖. La referencia específica a este evento electoral

excluye otros eventos no incluidos en el referido concepto

por la propia Asamblea Legislativa.

Además, una lectura minuciosa del propio Artículo

12.001 de la Ley Electoral de 2011, supra, demuestra que la

intención de la Asamblea Legislativa fue evitar que el

Gobierno en el poder pudiera tomar ventaja en el año en que

se celebrara una elección general para promocionar sus

logros, proyectos, programas, realizaciones, proyecciones o

planes para obtener la victoria de sus funcionarios. A esta

conclusión abunda, incluso, la excepción contenida en el

Artículo 12.001 de la ley; específicamente al disponer que

las agencias mencionadas en el Artículo están exceptuadas

―siempre que no incluyan relaciones de logros de la

administración o la corporación ni se destaque la figura de

ningún funcionario‖. Véase 16 LPRA sec. 4231.

10 Para conocer varias disposiciones sobre este particular, véanse: Arts. 3.003 (16 LPRA sec. 4013) (distingue periodos de reuniones de la Comisión conforme el evento electoral), Art. 3.015 (16 LPRA sec. 4025); Art. 9.003 (16 LPRA sec. 4143) (establece los días feriados para una elección general y distingue lo que sucede en el caso de un referéndum, plebiscito, consulta o elección especial); Art. 9.013 (16 LPRA sec. 4153); Art. 10.019 (16 LPRA sec. 4209); Arts. 11.001-11.010 (16 LPRA secs. 4211-4220). CT-2017-002 35

Asimismo, concluir que la expresión ―elección general‖

incluye la celebración de un plebiscito sería quitarles

efecto a varias de las disposiciones de la propia Ley

Electoral de 2011, supra. Particularmente, el Artículo

9.004 dispone que ―[e]l propósito de las Elecciones

Generales es la elección de todos los funcionarios en el

Gobierno de Puerto Rico que conforme la Constitución de

Puerto Rico y otras leyes especiales‖. 16 LPRA sec. 4144.

De igual manera, el Artículo 9.001 establece que la

elección general es la que se celebra cada cuatro años.

Íd., sec. 4141. Por ello, hacer extensible el plebiscito o

-de ser necesario- el referéndum dentro de la referencia a

la ―elección general‖ resultaría en un contrasentido.11

Lo más lógico y razonable, conforme surge claramente

de la Ley para la Descolonización, supra, y la Ley

Electoral de 2011, supra, –interpretadas íntegra,

armoniosamente y sin dejar sin efecto ninguna de sus

disposiciones- es que las prohibiciones y delitos que

aplican a la consulta de estatus son aquellas que resultan

compatibles y procedentes porque no se establecieron para

11 Para otras disposiciones que no tendrían sentido si el concepto de elecciones generales incluyera un plebiscito o un referéndum, véanse, además: Arts. 5.008, 6.012, 6.013, 6.016, 7.001, 7.014, 8.001, 8.004, 8.005, 8.007, 8.009, 8.012, 8.023, 9.001, 9.010, 9.011, 9.044, 10.013, 10.015 y 10.019 de la Ley Electoral de 2011, supra, 16 LPRA secs. 4048, 4072, 4073, 4076, 4091, 4104, 4111, 4114, 4115, 4117, 4119, 4122, 4133, 4141, 4150, 4151, 4184, 4203, 4205 y 4209, respectivamente. CT-2017-002 36

una elección general u otro evento electoral distinto a un

plebiscito o un referéndum.12

Como mencionamos, en nuestra función interpretativa no

podemos ignorar el lenguaje claro y expreso de la ley.

Tampoco podemos ignorar el significado que la Asamblea

Legislativa le otorgó a cada término que debemos

interpretar. La Ley Electoral de 2011, supra, claramente

dispone que la veda electoral únicamente es aplicable en el

año en que se celebra una elección general y, por ende,

según definida, al evento electoral celebrado cada cuatro

años en que los electores eligen a los funcionarios que

ocuparán los cargos públicos electivos del Gobierno de

Puerto Rico.

VI

Con relación a la opinión disidente del Juez Asociado

señor Colón Pérez, es necesario hacer los planteamientos

siguientes.

Lamentablemente, la opinión disidente del Juez

Asociado señor Colón Pérez intenta repetir el error que

cometimos hace más de dos décadas. En vez de llevar a cabo

un análisis correcto de la disposición que estaba llamada a

interpretar, se ampara en la Constitución -y en el erróneo

12 Por ejemplo, serían aplicables los Arts. 12.003, 12.005, 12.006, 12.009, 12.024 de la Ley Electoral de 2011, supra, 16 LPRA secs. 4233, 4235, 4236, 4239, 4253a, respectivamente, entre otros. CT-2017-002 37

precedente que hizo lo mismo- para llegar al resultado que

le parece conveniente.

A pesar de que el texto del Artículo 12.001 de la Ley

Electoral, supra, es claro, la opinión disidente del Juez

Asociado señor Colón Pérez decide ignorarlo.

Específicamente, concluye que ―la activación de la veda

electoral para la difusión de anuncios gubernamentales

contenida en el Artículo 12.001 de la Ley Núm. 78-2011, no

solo se limita a la celebración de elecciones generales,

como pretende sugerir su texto‖. De este modo, omite

utilizar el principio básico de hermenéutica que establece

que cuando la ley es clara, la letra de ella no debe ser

menospreciada bajo el pretexto de cumplir con su espíritu.

Artículo 14 del Código Civil de Puerto Rico, supra.

No tan solo hace a un lado el texto del Artículo

12.001 de la Ley Electoral de 2011, supra, sino que lo

descarta al amparo del mal llamado axioma constitucional de

igualdad económica entre los partidos. Según discutimos,

dicho axioma no es de linaje constitucional y no podemos

seguir perpetuándolo como tal. Ciertamente reconocemos que

después de ―haber estado en vigor durante muchos años las

constituciones y los estatutos y de haber sido

interpretados por las cortes en varios casos,

inevitablemente la tendencia es a leer los casos y no la

constitución o el estatuto en sí cuando surge una cuestión

sobre su alcance‖. Pérez v. Tribunal de Distrito y Puig, CT-2017-002 38

Interventores, 69 DPR 4, 12 (1948). No obstante, ello no

puede ser razón para que inmortalicemos errores.

Definitivamente, estamos impedidos de utilizar la

Constitución para reconocer derechos inexistentes. R.

Martínez Torres, op. cit., pág. 249. Sin embargo, en la

opinión disidente del Juez Asociado señor Colón Pérez,

cometiendo el mismo desacierto que en P.P.D. v. Gobernador

II, supra, no únicamente se constitucionaliza el principio

de igualdad electoral económica, sino que como resultado se

constitucionaliza la JEA, la cual, como discutimos, es de

creación estatutaria. Además, se va más allá y se le

intenta atribuir facultades a la JEA que no tiene.

Específicamente, la opinión disidente del Juez Asociado

señor Colón Pérez expresa lo siguiente: ―se debe activar la

J.E.A. como filtro para determinar si las agencias

adscritas al Poder Ejecutivo pueden o no incurrir en gastos

de fondos públicos en la publicación de anuncios; además de

cerciorarse de que los referidos anuncios no estén

matizados por posturas político-partidistas‖. En ese

sentido, procura incorporar, mediante jurisprudencia, una

Junta para controlar el gasto fiscal en la publicación de

anuncios, en vista de la situación económica de Puerto

Rico. Ello es improcedente. La JEA solo está facultada para

evaluar los anuncios y no los gastos en los que incurra el

Gobierno de Puerto Rico. CT-2017-002 39

Ciertamente, la situación económica de Puerto Rico es

preocupante. Empero, le corresponde al Gobierno de Puerto

Rico y a la Asamblea Legislativa atender dicha situación. A

nosotros solo nos corresponde aplicar el derecho. Si la

Asamblea Legislativa entiende que la veda electoral debe

aplicar al proceso plebiscitario que se avecina, le

corresponde a esta enmendar el Artículo 12.001 de la Ley

Electoral de 2011, supra. Este Tribunal no puede, por fiat

judicial, extender dicha aplicación porque parece justo. La

doctrina de separación de poderes nos lo impide.

VII

Por los fundamentos antes expuestos, resolvemos que es

improcedente activar la veda electoral contenida en el

Artículo 12.001 de la Ley Electoral de 2011, supra, ante la

consulta de estatus que autoriza la Ley para la

Descolonización, supra. En consecuencia, revocamos la

Resolución Núm. CEE-RS-17-07 emitida por la CEE.

Se dictará Sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Norma E. Burgos Certificación Andújar, Comisionada Intrajurisdiccional Electoral del Partido Nuevo Progresista Recurrida v. Comisión Estatal de CT-2017-002 Elecciones, por conducto de su Presidenta, Liza García Vélez; Comisionado Electoral Interino del Partido Popular Democrático, Miguel Ríos Torres; Comisionada Electoral Designada del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago Recurridos Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por conducto de la Secretaria de Justicia, Hon. Wanda Vázquez Garced Recurridos Senado de Puerto Rico, por conducto de su Presidente Hon. Thomas Rivera Schatz, y su Secretario Manuel Torres Nieves; Cámara de Representantes de Puerto Rico, por conducto de su Presidente Hon. Carlos Méndez Nuñez y su Secretaria Ayleen Figueroa Vázquez Peticionarios CT-2017-002 2

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, resolvemos que es improcedente activar la veda electoral contenida en el Artículo 12.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, Ley Núm. 78-2011, ante la consulta de estatus que autoriza la Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico, Ley Núm. 7-2017. En consecuencia, revocamos la Resolución Núm. CEE-RS-17-07 emitida por la CEE.

Notifíquese inmediatamente mediante correo electrónico y por la vía ordinaria.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió una Opinión disidente. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió una Opinión disidente. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió una Opinión disidente. El Juez Asociado señor Colón Pérez emitió una Opinión disidente.

Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Norma E. Burgos Andújar, Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista

Comisión Estatal de Elecciones por conducto de su Presidenta, Liza García Vélez y otros

Recurridos CT-2017-0002 Certificación Intrajurisdiccional Estado Libre Asociado de Puerto Rico por conducto de la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced

Senado de Puerto Rico, por conducto de su Presidente, Hon. Thomas Rivera Schatz y otros

Opinión di RODRÍGUEZ

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2017. “Una Constitución no establece, ni debe establecer, normas para la hora que pasa, sino principios para un futuro que se expande”.13

Una doctrina resuelta por este Tribunal ―no debe ser

variada a menos que sea tan manifiestamente errónea que no

pueda sostenerse sin violentar la razón y la justicia‖.

13 PIP v. CEE, 120 DPR 580, 613 (1988)(citando a B.M. Cardozo, La naturaleza de la función judicial, Buenos Aires, Eds. Arayú, 1955, pág. 64). CT-2017-0002 2

Capestany v. Capestany, 66 DPR 764, 767 (1946). Al

parecer, una mayoría de este Tribunal considera que el

axioma constitucional de igualdad electoral consagrado

en nuestra jurisprudencia violenta sus nociones ofuscas

de razón y de justicia. Bajo esa impresión maltrecha de

lo que significa una sociedad verdaderamente democrática

e igualitaria, revocan una normativa de veda

publicitaria que aplicaba al caso ante nosotros y

merecía el más vigoroso amparo de este foro. No puedo

estar en mayor desacuerdo y, por lo tanto, disiento.

A. El axioma constitucional de igualdad electoral

La Constitución de Puerto Rico establece un

ordenamiento democrático según el cual el poder político

emana de la participación del pueblo en las decisiones

colectivas. Pmbl., Const. PR, LPRA, Tomo 1. A esos

efectos, el derecho al voto constituye una de las

garantías más básicas y paradigmáticas de nuestra

sociedad. De ahí que nuestra Carta de Derechos disponga

que ―[l]as leyes garantizarán la expresión de la voluntad

del pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo

y secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coacción

en el ejercicio de la prerrogativa electoral‖. Art. II,

sec. 2, Const. PR, LPRA, Tomo 1.

La disposición citada le impone al Estado una

responsabilidad dual. PPD v. Gobernador I, 139 DPR 643,

670 (1995). En primer lugar, el Estado debe abstenerse de CT-2017-002 3 interferir con el ejercicio libre del voto por parte de

sus ciudadanos y, en segundo lugar, tiene un deber

afirmativo de proteger al ciudadano contra cualquier

coacción que pretenda interferir con el ejercicio de su

prerrogativa electoral. Íd.

A tenor con un ordenamiento democrático en el que se

garantiza el derecho igual al voto y se exige su

protección mediante deberes concomitantes y afirmativos

por parte del Estado, una serie de casos consignaban

hasta hoy lo que se denominaba el axioma constitucional

de igualdad electoral. Véanse PPD v. Gobernador I, supra;

Marrero v. Mun. de Morovis, 115 DPR 643 (1984); PRP v.

ELA, 115 DPR 631 (1984); PNP v. Tribunal Electoral, 104

DPR 741 (1976). En el espectro de ese axioma loable, este

Tribunal interpretó que nuestra Constitución exige

ciertos derechos y garantías adicionales al acto formal

del voto. Es decir, que con el pasar del tiempo

entendimos que el ejercicio cabal del derecho igualitario

al voto precisa de circunstancias e, incluso,

prohibiciones específicas.

En particular, este Tribunal resolvió que el axioma

de igualdad electoral exige, entre otras condiciones,

igual acceso de los partidos políticos a fondos

electorales gubernamentales, PSP v. Srio. de Hacienda,

110 DPR 313 (1980)(Sentencia), e igual participación de

los partidos políticos en los asuntos de la Comisión

Estatal de Elecciones y la Junta de Inscripción Permanente,

PRP v. ELA, 115 DPR 631 (1984); PSP v. Com. Estatal de CT-2017-002 4 Elecciones, 110 DPR 400 (1980).14 Así también, este

Tribunal interpretó que el axioma de igualdad electoral

prohíbe, entre otras prácticas, el uso de recursos

públicos a beneficio de campañas políticas. Véase

Miranda v. CEE, 141 DPR 775 (1996) y PPD v. Gobernador I,

supra, (prohibiendo publicidad gubernamental con

connotaciones político-partidistas); véase también

Marrero v. Mun. de Morovis, 115 DPR 643

(1984)(prohibiendo el uso de vehículos públicos en

campañas políticas).15

B. Restricciones a la facultad de informar del gobierno

Una de las prohibiciones o limitaciones que exige el

axioma de igualdad electoral tiene que ver con la facultad

del gobierno de comunicar determinada información a la ciudadanía.

PPD v. Gobernador I, supra, págs. 681-82. A esos efectos, la

jurisprudencia de este Tribunal reconoció al menos dos tipos de

limitaciones en cuanto a la información o publicidad gubernamental

se refiere.

Por un lado, está la prohibición de publicidad

gubernamental de contenido político-partidista, la cual

surge tanto del mencionado axioma de igualdad electoral

14 Originalmente, este Tribunal había expresado que el axioma de igualdad electoral surgía del Artículo IX, sección 6, de nuestra Constitución, disposición transitoria que reconocía el disfrute de los derechos reconocidos en la Ley Electoral a aquellos partidos que cumplieran con los requisitos mínimos para quedar inscritos. Sin embargo, así también reconocimos que ese principio de igualdad constitucional no solo estaba contenido en la referida disposición transitoria, sino que además surgía de nuestra Carta de Derechos. PRP v. ELA, supra, pág. 637. Esta última base constitucional, en particular el Artículo II, sección 2, de nuestra Constitución, ha prevalecido desde entonces como la principal fuente jurídica del axioma de igualdad electoral. 15 Véase J.J. Álvarez González, Derecho Constitucional de Puerto Rico y relaciones constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá, Ed. Temis, 2009, págs.965-67 (discutiendo el historial jurisprudencial del axioma de igualdad electoral). CT-2017-002 5 como del Artículo IV, sección 9, de nuestra Constitución.

Íd., pág. 701 (determinando que la utilización de ciertos

―símbolos e insignias de naturaleza político-partidista

... [era] contraria al fin público que exige nuestro

ordenamiento constitucional en la administración del

erario y al axioma de paridad económica entre las fuerzas

electorales que le sirve de norte‖).16 Esta prohibición

de publicidad con contenido político-partidista aplica en

cualquier momento, incluso fuera de los ciclos

electorales. Íd., pág. 692.

Por otro lado, reconocimos una limitación adicional

a la publicidad gubernamental, aun cuando su contenido no

fuera de índole político-partidista, comúnmente conocida

como veda electoral. Esta existía hasta hoy para evitar

la influencia que en términos generales puede tener la

publicidad gubernamental promovida por el partido en el

gobierno ante un evento electoral de fecha cercana. PPD

v. Gobernador II, supra, págs. 926-27 (explicando que la

veda electoral en esa ocasión buscaba ―evitar que el

Estado, mediante anuncios gubernamentales, pueda tener

una influencia en la libre expresión de los ciudadanos en

la votación‖).

16 Este Tribunal ha utilizado el Artículo VI, sección 9, de nuestra Constitución como fundamento constitucional para la prohibición de publicidad con contenido político-partidista. Éste dispone lo siguiente: ―Sólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de ley‖. Artículo VI, sec. 9, Const. PR, LPRA, Tomo 1. Véase PPD v. Gobernador I, supra, pág.688. CT-2017-002 6 Este último caso, PPD v. Gobernador II, supra, era

el precedente aplicable a la controversia ante nuestra

consideración, el cual una mayoría de este Tribunal se

negó a aplicar y, por lo tanto, revocó. En esa ocasión,

este Tribunal se preguntó si el axioma de igualdad

electoral exigía la aplicación de una veda electoral a un

proceso de referéndum, incluso cuando la Ley Electoral en

ese entonces solo aplicaba dicha veda electoral a las

elecciones generales. Respondimos esa interrogante

afirmativamente.

Según PPD v. Gobernador II, supra, la propaganda

gubernamental por parte del partido en el gobierno

representa una ventaja indebida que le permite a ese

partido promover sus gestas y posturas de cara a un

proceso electoral. La veda electoral opera entonces como

una medida preventiva para evitar que esa ventaja se

produzca a costa de fondos públicos y mediante propaganda

gubernamental de diverso tipo. Íd., págs. 926-27. En

ausencia de una medida estatutaria a esos efectos en un

proceso electoral de referéndum, ésta se impuso en PPD v.

Gobernador II, supra, ―como imperativo del axioma de

igualdad inmerso en la Constitución‖. Íd., pág. 926.

Puesto que el entonces Artículo 8.001 de la Ley

Electoral disponía que la veda electoral aplicaría solo a

las elecciones generales, este Tribunal se basó en el

referido imperativo constitucional para extender la

aplicabilidad del Artículo 8.001 al referéndum de

entonces. Íd. Al hacerlo, recurrió al Artículo 5 de la Ley CT-2017-002 7 Habilitadora del Referéndum en cuestión, el cual disponía

que los artículos de la Ley Electoral serían supletorios

a la Ley Habilitadora del Referéndum en todo aquello que

fuera necesario, pertinente y compatible. Íd., pág. 924.

De esta manera, este Tribunal concluyó que la veda

establecida en la Ley Electoral, por constituir un

imperativo constitucional, era una disposición compatible

y consecuente con la Ley Habilitadora del Referéndum.

Íd., pág. 926.

En lo que constituye un verdadero déjà vu jurídico,

el caso ante nosotros hoy planteaba la misma pregunta que

atendimos en PPD v. Gobernador II, supra. Se le

preguntaba a este Tribunal si procede una veda

publicitaria a nivel gubernamental durante procedimientos

electorales, en particular un Plebiscito y un Referéndum,

para los cuales la ley no contempló tal prohibición

expresamente. Aunque conforme a PPD v. Gobernador II,

supra, procedía responder afirmativamente, la mayoría

responde en la negativa.

A. Disposiciones estatutarias en controversia

Mediante la Ley Núm. 7-2017, la Asamblea Legislativa

dispuso una serie de consultas electorales en torno al

estatus político de Puerto Rico a llevarse a cabo en

2017. No estableció una veda electoral específicamente

aplicable a estos eventos, aunque reconoció que las ―prohibiciones

y los delitos relacionados con la celebración de [la] consulta, se

regirán por las disposiciones establecidas en la [Ley CT-2017-002 8 Electoral y Ley para la Fiscalización del Financiamiento

de Campañas Políticas]‖. Artículo XIII, sec. 1(a), Ley

Núm. 7-2017. De esta manera, cabe interpretar que el

Artículo XIII tuvo el efecto de incorporarle a la Ley

Núm. 7-2017 la sección de Prohibiciones y Delitos

Electorales de la Ley Electoral, 16 LPRA secs. 4231-4255,

salvo en todo aquello que resultara incompatible o

improcedente.

La sección de Prohibiciones y Delitos Electorales de

la Ley Electoral establece lo siguiente en su Artículo 12.001:

Durante el año en que se celebre una elección general y hasta el día siguiente a la fecha de la celebración de la misma, se prohíbe a las agencias del Gobierno, a la Asamblea Legislativa y a la Rama Judicial de Puerto Rico incurrir en gastos para la compra de tiempo y espacio en los medios de comunicación, así como para la compra y distribución de materiales propagandísticos o promocionales con el propósito de exponer sus programas, proyectos, logros, realizaciones, proyecciones o planes…

[…]

[S]e exceptúan de la anterior disposición aquellos anuncios que sean utilizados para difundir información de interés público, urgencia o emergencia, los cuales sólo serán permitidos previa autorización al efecto de la Comisión. 16 LPRA sec. 4231 (énfasis suplido).

Nuevamente, la controversia puntual traída a nuestra

consideración es si esta prohibición le aplica también a

los eventos electorales de Plebiscito y Referéndum

establecidos en la Ley Núm. 7-2017.

B. El repentino abandono de un imperativo constitucional

Según discutido previamente, el axioma constitucional

de igualdad electoral limita las facultades del gobierno de CT-2017-002 9 divulgar información. En particular, este Tribunal

estableció en PPD v. Gobernador II, supra, que la veda

electoral constituía un imperativo constitucional en aras

de evitar que la publicidad gubernamental influencie

directa o indirectamente a la ciudadanía en el ejercicio

libre de su derecho al voto. Evidentemente, ese

precedente regía la controversia ante nuestra

consideración.

Valga recordar que mientras este Tribunal no revoque

o modifique un precedente, el mismo constituye la

doctrina establecida que los foros inferiores deben

seguir. Capestany v. Capestany, 66 DPR 764, 767 (1946).

Así también, una norma jurisprudencial ―no debe ser

variada a menos que sea tan manifiestamente errónea que

no pueda sostenerse sin violentar la razón y la

justicia‖. Íd. En materia electoral, la aplicación

consecuente de los precedentes de este Tribunal cobra

mayor envergadura aún, dado que incide sobre la credibilidad de

este Tribunal y del ordenamiento democrático mismo.

De ahí que, en referencia al tratamiento de este

Tribunal al axioma constitucional de igualdad electoral,

el reconocido constitucionalista José Julián Álvarez

González sugiriera que los tribunales debían aplicar

consecuentemente dicha normativa o, de lo contrario,

―abandonar la empresa‖.17 En una crasa tergiversación de la

dicotomía sugerida por el distinguido profesor, una mayoría

17 ―Si nuestros tribunales no son capaces de mantener un derrotero consecuente y justificable sobre este tema, harían bien en abandonar la empresa. La credibilidad del proceso judicial es un valor mucho más importante‖. Álvarez González, op. cit., pág. 967. CT-2017-002 10 de este Tribunal no pudo optar por la consistencia y, en

vez, optó por abandonar la empresa. Lamentablemente,

abandonar la empresa en este caso implica pervertir

nuestro ordenamiento democrático y desechar lo que antes

habíamos denominado un imperativo constitucional.

Según la mayoría, la normativa de PPD v.

Gobernador II, supra, es errada puesto que tuvo el efecto

de constitucionalizar el mecanismo de veda publicitaria

más allá de los procesos electorales contemplados por el

legislador en la Ley Electoral. Op. Mayoritaria,

págs. 20-21. En ese sentido, la elevación a rango

constitucional de la llamada veda electoral representa

una invención de derechos inexistentes que extiende

indebidamente el significado de la Constitución. Íd. Bajo

esa lógica, ausente una expresión clara del legislador

imponiéndole la veda electoral a procesos electorales

como los dispuestos en la Ley Núm. 7-2017, la misma

resulta improcedente.

Con el poco tiempo que la mayoría de este Tribunal

nos concedió para expresarnos, delineamos al menos tres

problemas sustanciales con la postura mayoritaria.

i. El consagrado axioma de igualdad electoral

En claro desdén de la jurisprudencia previa, una

mayoría de este Tribunal derriba un componente del axioma

de igualdad electoral, esto es, la veda electoral, sin

advertir que con ello arriesga también el axioma en su

totalidad. Como mencionáramos antes, la jurisprudencia de CT-2017-002 11 este Tribunal no solo había resuelto que el axioma de

igualdad impedía una desventaja electoral producto de la

publicidad gubernamental, sino que además proscribía

otras prácticas incompatibles con un sistema democrocitá.

Como bien resume el profesor Álvarez González, este

Tribunal descansó en el axioma de igualdad electoral para

disponer lo siguiente:

(1) igualdad de participación de los partidos en el Fondo Electoral, sin sujeción a su pujanza electoral previa; (2) igualdad en la participación de los partidos por petición junto con los principales en la administración de la Comisión Estatal de Elecciones; (3) prohibición del uso de vehículos en campañas políticas; (4) prohibición de uso de fondos públicos para campañas gubernamentales antes de un referéndum para enmendar la Constitución; (5) prohibición del uso de fondos públicos para campañas gubernamentales que benefician al partido en el poder; (6) inconstitucionalidad de una ley para votar por el Presidente de Estados Unidos. Álvarez González, op. cit., pág. 965 (citas omitidas).

A pesar del historial extenso de ese axioma

constitucional, la mayoría nos informa hoy que el ―mal

llamado‖ axioma de igualdad electoral ―no existe en la

Constitución‖. Op. mayoritaria, págs. 16-17.

Nos informa entonces que son letra muerta las

expresiones de este Tribunal a los efectos de que ―[l]a

igualdad es ingrediente medular del ideal de

justicia que constantemente late en la

Constitución [y] [p]or su naturaleza dinámica es

susceptible de manifestarse en diversas

dimensiones‖. PRP v. ELA, supra, pág. 633 (énfasis

suplido). Además, son letra muerta aquellas expresiones en CT-2017-002 12 las que este Tribunal consignó que, “[e]n la medida

en que se subvencione una campaña político-partidista con

fondos públicos, se le permite una ventaja a un partido

(o candidato político) sobre otros, lo que atenta contra

el axioma de igualdad electoral y socava los pilares del

esquema electoral en nuestro País‖. PPD v. Gobernador I,

supra, pág. 671 (énfasis suplido).

Resulta inaceptable asumir con tal liviandad el peso

de esas palabras y de nuestros precedentes, más aún

cuando esa actitud judicial reduce la protección de los

derechos constitucionales, en vez de ampliarla. La

doctrina del precedente, y sus respectivas excepciones,

no pueden ni deben servir, como lo hacen hoy, de meras

etiquetas legales para ocultar los caprichos de cada

cual.18 Tal uso desvirtúa el objetivo medular de esa

doctrina de proveer estabilidad jurídica y estropea

la ya lastimada credibilidad de este Tribunal.

ii. El rol de los tribunales en el

constitucionalismo moderno

Es menester destacar también que la mayoría de este

Tribunal parte de una noción minimalista de nuestra

Constitución, según la cual este foro está impedido de

extender el significado de nuestro ordenamiento

18 ―[H]emos identificado tres circunstancias que, como excepción, justifican dejar a un lado un precedente: ―(1) si la decisión anterior era claramente errónea; (2) si sus efectos sobre el resto del ordenamiento son adversos, y (3) si la cantidad de personas que confiaron en ésta es limitada‖. Pueblo v. Sánchez Valle, 192 DPR 594, 645-46 (2015)(citando a Pueblo v. Camacho Delgado, 175 DPR 1, 20 esc. 4 (2008)). CT-2017-002 13 constitucional más allá del texto del documento magno.

Op. mayoritaria, págs. 20-21 (citando a R. Martínez

Torres, El originalismo como método de interpretación

constitucional y el principio de separación de poderes,

49 Rev. Jur. UIPR 249, 249 (2015)). Ese entendido es

insostenible cuando se toma en cuenta el rol extenso que

este Tribunal ha asumido previamente en la protección de

los derechos constitucionales de índole político, social,

laboral y criminal.19 Así también, resulta ajeno al

desarrollo del constitucionalismo moderno del cual forma

parte nuestro ordenamiento democrático.

En un estado de derecho democrático, el poder

judicial funge, precisamente, como garante de los

derechos constitucionales y de las condiciones necesarias

para su disfrute. Véase E. Rivera Ramos, Los derechos y

la democracia: ¿conflicto o complementariedad?, en Los

derechos fundamentales, R. Saba ed., 2001. Ese rol no

constituye una mera opción o preferencia teórica, sino

una función deontológica insertada en el andamiaje

constitucional que le asigna al poder judicial la

interpretación de la propia Constitución. Íd. (―[E]sa

19 Los ejemplos sobran en la jurisprudencia de este Tribunal donde se reconocen garantías y protecciones específicas dentro de derechos constitucionales más amplios, como el debido proceso ley, la intimidad, la dignidad humana, la igual protección de las leyes, la libertad de expresión, el derecho al voto, la libertad de prensa y la libertad de culto. Véanse e.g. Arroyo v. Rattan, 117 DPR 35 (1986)(la aplicación del derecho a la intimidad entre partes privadas); Soto v. Srio de Justicia, 112 DPR 477 (1982)(derecho de acceso a la información como parte de la libertad de expresión); Figueroa Ferrer v. ELA, 107 DPR 250 (1978)(derecho al divorcio como parte del derecho a la intimidad); Pueblo v. Dolce, 105 DPR 422 (1976)(reconociendo factura más ancha en la protección contra registros y allanamientos). CT-2017-002 14 función de garante de las pre-condiciones de la

democracia puede serle asignada al poder judicial en la

propia Constitución, por voluntad mayoritaria, como

ocurre en algunas constituciones modernas‖); J.J. Álvarez

González, La protección de los derechos humanos en Puerto

Rico, 57 Rev. Jur. UPR 133, 174 (1988)(―[L]a revisión

judicial es la forma más conocida […] que en [los

sistemas constitucionales de Estados Unidos y Puerto

Rico] existe para hacer realidad las garantías que sus

Constituciones prometen‖).

En ese sentido, ese deber le fue asignado a este

Tribunal como último intérprete de la Constitución, con

la facultad correlativa de declarar inconstitucional

aquellas normas o prácticas en las que otras ramas de

gobierno incurran. Artículo V, sec. 4, Const. PR, LPRA,

Tomo 1; véase Santa Aponte v. Srio. de Hacienda, 105 DPR

750, 759 (1977)(―La función de ser intérprete final de la

Constitución le corresponde exclusivamente a un solo

poder, al Poder Judicial. La Constitución les confiere

determinadas facultades al Poder Legislativo y al

Ejecutivo, pero la definición de sus contornos y la

determinación de la validez de su ejercicio son asuntos

cuidadosamente reservados a los tribunales‖).

La labor de revisión judicial incluye también la

facultad de este Tribunal de subsanar una deficiencia

constitucional allí donde el Estado malogra o incumple su

respectivo deber de garantizar mediante legislación los CT-2017-002 15 derechos constitucionales de la ciudadanía. Véase

Artículo II, secs. 1-2, Const. PR, LPRA, Tomo 1 (―Tanto

las leyes como el sistema de instrucción pública

encarnarán estos principios de esencial igualdad humana‖;

―Las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del

pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo y

secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coacción

en el ejercicio de la prerrogativa electoral‖); véase

también García v. Aljoma, 162 DPR 572, 580-82 (2004).

Como mencionara antes, en materia de igualdad

electoral, hay pues un deber afirmativo por parte del

Estado de garantizar el ejercicio real de esos derechos

mediante prohibiciones y limitaciones específicas. PPD v.

Gobernador I, supra, pág. 670; véase E. Rivera Ramos, El

estado de derecho: Aproximación al concepto, 81 Rev. Jur.

UPR 1113, 1119-1120 (2012)(donde se menciona la

importancia de garantías normativas e institucionales

para la protección de los derechos fundamentales).

Abdicar a la vigilia constante de esos derechos, así como

de sus condiciones necesarias, es ignorar que ―la mera

igualdad ante la ley no le garantiza el disfrute real de

los derechos a muchas personas‖. E. Rivera Ramos, La

igualdad una visión plural, 69 Rev. Jur. UPR 1, 12-13

(2000). Es también reducir nuestra Constitución a una

formalidad, en vez de otorgarle la fuerza vinculante y el

valor social que amerita. CT-2017-002 16 iii. La importancia de la veda publicitaria en

procesos electorales

La veda electoral, en tanto mecanismo necesario para

el ejercicio igualitario del proceso electoral y del

derecho al voto, procura legitimar el carácter plenamente

democrático de nuestro sistema de gobierno. Para que

nuestro gobierno se base en la voluntad del pueblo, esa

voluntad ha de estar libre de coacciones y de influencias

indebidas por parte del propio gobierno. De lo contrario,

la esencia democrática del mandato electoral y, por lo

tanto, la legitimidad del poder gubernamental queda en

entredicho. Véase E. Ziegler, Government Speech and the

Constitution: The Limits of Official Partisanship,

21 B.C.L. Rev. 578, 579-80 (1980)(―It is a truism that,

if a governing structure based upon widespread genuine

citizen opinions is to survive as a viable democracy, it

must place legal restraints on the government‘s ability

to manipulate the formulation and expression of that

opinion‖); véase también PPD v. Gobernador I, supra, pág.

701 (citando a S. Shiffrin, Government Speech, 27 UCLA L.

Rev. 565, 612 (1980))(―[P]ermitirle al gobierno, armado

con el mayor tesoro de campaña —el erario público—

intentar dominar un proceso electoral, atenta contra la

integridad básica del proceso democrático‖).

De ahí que la postura asumida por este Tribunal hace

más de veinte años fuera la más sabia y cónsona con nuestra CT-2017-002 17 Constitución. La propaganda ilimitada y excesiva por

parte del gobierno durante cualquier proceso electoral

―constituye una forma abierta y velada de coacción

electoral con el propósito de beneficiar al partido que

controle la Rama Ejecutiva‖, PPD v. Gobernador II, supra,

pág. 929 (Op. de conformidad, J. Hernández Denton); véase

Stern v. Kramarsky, 375 N.Y.S. 2d 235, 239 (1975)(―It

would be establishing a dangerous and untenable precedent

to permit the government or any agency thereof, to use

public funds to disseminate propaganda in favor of or

against any issue or candidate. This may be done by

totalitarian, dictatorial or autocratic governments but

cannot be tolerated, directly or indirectly, in these

democratic United States of America‖). Hoy más que nunca,

en una época de comunicación masiva por los medios más

diversos, inmediatos y efectivos, resultaba propicio

limitar la influencia de la publicidad gubernamental en

la voluntad ciudadana.

La mayoría del Tribunal descarta nuestros

pronunciamientos anteriores como un invento; como una

constitucionalización ilegítima. Sorprendentemente, no

expresa justificación alguna para abandonar el mentado

axioma de igualdad electoral, sino que reduce su análisis

a la ausencia de bases constitucionales al respecto.

Ignora así fundamentos potenciales a nivel federal, como

los señalados por el profesor Nelson Tebbe, quien sostiene que la

propaganda gubernamental irrestricta también contraviene CT-2017-002 18 principios de debido proceso ley, igual protección de las

leyes y libertad de expresión. N. Tebbe, Government

nonendorsement, 98 Minn. L. Rev. 648, 668-76, 712

(2013)(―[O]fficial speech is limited by a principle of

government nonendorsement that cuts across various

constitutional provisions and that brings them together

to protect full and equal citizenship in a free

society‖); véase S. Shiffrin Government Speech, 27

U.C.L.A. L.R. 565, 617-22, 655 (1980)(―Government speech

relating to ballot questions raises serious first

amendment problems, and general rules need to be

formulated that limit government departures from

electoral neutrality‖).20

En fin, erra la mayoría al enajenarse de todas estas

consideraciones y reducir así la veda publicitaria de

cara a un proceso electoral a una mera preferencia a

merced de las prerrogativas del ente legislativo en el

poder. Los precedentes de este Tribunal y la conciencia

de la realidad social en la que opera nuestro

ordenamiento constitucional dictaminaban lo contrario.

Al igual que en PDD v. Gobernador II, supra, el

artículo que actualmente establece la veda electoral en

la Ley Electoral solo se refiere a una ―elección general‖.

20 Véase también Int‘l Ass‘n. of Machinists v. Street, 367 U.S. 740, 788 (1961)(Op. disidente, J. Black)(―Probably no one would suggest that Congress could, without violating [the First] Amendment ... create a fund to be used in helping certain political parties or groups favored by the Government to elect their candidates or promote their controversial causes‖); Lathrop v. Donohue, 367 U.S. 820, 853 (1961) (Op. concurrente, J. Harlan) (―[A] State could not ‗create a fund to be used in helping certain political parties or groups favored‘ by it ‗to elect their candidates or promote their controversial causes‘‖). CT-2017-002 19 16 LPRA sec. 4241. De ahí que la Opinión mayoritaria

destaque que su lenguaje es puntual al disponer que la

veda electoral aplicará a las elecciones generales,

término que la propia Ley Electoral define como

―[p]roceso mediante el cual los electores seleccionan uno

o más funcionarios dentro de una demarcación geográfica

para cubrir una o más vacantes en un cargo público

electivo en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico‖. 16

LPRA sec. 4003(31). A su juicio, ya sea que acudamos al

propio Artículo 12.001 de la Ley Electoral, o a la

referencia hecha en la Ley Núm. 7-2017 a las

prohibiciones y delitos de la misma Ley Electoral,21 la

terminología utilizada por el legislador está igualmente

limitada a las elecciones generales.

Ahora bien, al detener nuestro análisis en el texto

del Artículo 12.001 de la Ley Electoral, los eventos

electorales contemplados en la Ley Núm. 7-2017 sufrían de

una deficiencia constitucional significativa a la luz de

lo dicho en PDD v. Gobernador II, supra. No obstante, en

nuestro ordenamiento ―las leyes se presumen

constitucionales hasta tanto un tribunal competente

declare lo contrario‖. Brau v. ELA, 190 DPR 315, 337 (2014).

Desde esa perspectiva, ―los tribunales deben esforzarse por lograr

interpretaciones congruentes y compatibles que adelanten la

21 ―Las prohibiciones y los delitos relacionados con la celebración de [la] consulta, se regirán por las disposiciones establecidas en la Ley 78-2011, según enmendada, conocida como la ‗Ley Electoral de Puerto Rico‘ y por la Ley 222-2011, conocida como ‗Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico‘, excepto cuando sean improcedentes o incompatibles con las disposiciones de esta Ley o cuando esta Ley dispone delito o penalidad específica‖. Artículo XIII, sec. 1(a), Ley Núm. 7-2017. CT-2017-002 20 constitucionalidad de las leyes‖. Íd. Así, ―cuando se

cuestiona la validez de una ley o se suscita alguna duda

sobre su constitucionalidad, los tribunales deben

asegurarse de que no existe otra posible interpretación

razonable de la ley‖. Íd., pág. 338.

Es por eso que, aunque reconozco que una lectura

aislada de las disposiciones antes citadas sugiere que la

veda electoral no le aplica a los procesos electorales

ante nuestra consideración, corresponde una lectura

integral de la ley para auscultar su constitucionalidad

conforme a PDD v. Gobernador II, supra. Considero que el

Artículo 11.001 de la propia Ley Electoral adelantaba ese

cometido. Dicho artículo establece que ―[t]odo

referéndum, consulta o plebiscito que se celebre en

Puerto Rico se regirá por la ley especial que a tal fin

se apruebe y por las disposiciones de este subtítulo en

todo aquello necesario o pertinente para lo cual dicha

ley especial no disponga‖. 16 LPRA sec. 4211 (énfasis

En el esfuerzo por interpretar la Ley Electoral y la

Ley Núm. 7-2017 en sintonía con los preceptos

constitucionales hasta hoy vigentes, opino que el

Artículo 11.001 permitía la interpretación más razonable

del marco jurídico de estas leyes, a la vez que respaldaba

su constitucionalidad. Es decir, no bastaba la insistencia en que

el Artículo 12.001 de la Ley Electoral solo se refiere a las

elecciones generales, sino que resultaba necesario CT-2017-002 21 advertir además el conocimiento que tiene y debe tener el

legislador de la normativa constitucional aplicable, así

como de la jurisprudencia de este Tribunal al respecto.

Véase Exposición de Motivos, Ley Núm. 78 de 1 de junio

de 2011(reconociendo que la Ley Electoral ha sido objeto

de cuantiosas interpretaciones por parte de los

tribunales). En ese sentido, y precisamente por tratarse

de un imperativo constitucional, la veda electoral

constituía un aspecto necesario y pertinente a los

procesos de Plebiscito y Referéndum aquí en controversia,

para el cual su ley especial no dispuso.22

En conclusión, una interpretación razonable de la

disyuntiva ante este Tribunal hubiese sido que, a través

del Artículo 11.001 de la Ley Electoral, el legislador le

aplicó a los eventos electores contemplados en la Ley

Núm. 7-2017 aquellas disposiciones de la Ley Electoral

que le resultaran necesarias y pertinentes. Así, procedía

aplicarle la veda publicitaria de la Ley Electoral al

Plebiscito y Referéndum establecidos mediante la Ley Núm.

7-2017 como una disposición necesaria y pertinente de

acuerdo al hoy deshecho imperativo constitucional de PDD

v. Gobernador II, supra.

22 Como mencionara antes, similar interpretación hizo este Tribunal en PDD v. Gobernador II, supra. La ley especial que establecía el referéndum de entonces contenía una disposición según la cual todo aquello necesario, pertinente y compatible en la Ley Electoral, y para lo cual la ley especial del referéndum no hubiese dispuesto, le aplicaría supletoriamente. Íd., pág. 924. Al resolver que la veda electoral constituía un imperativo constitucional, este Tribunal concluyó que el Artículo 8.001 (que regulaba la veda electoral en ese entonces) ―resulta[ba] compatible y consecuentemente aplicable a la Ley Habilitadora de Referéndum‖. Íd., pág. 926. CT-2017-002 22 IV

PDD v. Gobernador II, supra, representaba una norma

constitucional de gran valor democrático que aplicaba

perfectamente al caso ante nuestra consideración. Nuestro

ordenamiento constitucional debería repudiar cualquier

tipo de ventaja electoral sufragada con fondos públicos

en aras de asegurar que todas las preferencias

ideológicas se presentan ante el electorado en la mayor

igualdad de condiciones que el Estado sea capaz de

garantizar. Considero que, por imperativo constitucional,

la veda publicitaria que establece la Ley Electoral le

aplica al Plebiscito y Referéndum dispuestos en la Ley

Núm. 7-2017. Por esa razón, disiento enérgicamente de una

mayoría de este Tribunal que hoy determina lo contrario,

de forma tal que debilita la doctrina del precedente en

nuestro estado de derecho y derrumba uno de los pilares

de nuestro ordenamiento democrático.

Maite D. Oronoz Rodríguez Jueza Presidenta EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Norma E. Burgos Andújar, Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista

Comisión Estatal de Certificación Elecciones, por conducto de intrajurisdiccio su Presidenta, Liza García nal Vélez; Comisionado Electoral Interino del Partido Popular Democrático, Miguel Ríos Torres; Comisionada Electoral Designada del Partido Independentista Puertorriqueño, María de CT-2017-0002 Lourdes Santiago

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por conducto de la Secretaria de Justicia, Hon. Wanda Vázquez Garced

Senado de Puerto Rico, por conducto de su Presidente, Hon. Thomas Rivera Schatz, y su Secretario Manuel Torres Nieves; Cámara de Representantes de Puerto Rico, por conducto de su Presidente Hon. Carlos Méndez Nuñez y su Secretaria Ayleen Figueroa Vázquez

Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2017 CT-2017-002 2

Continúa el ―[m]al tiempo para votar‖. José Saramago, Ensayo sobre la lucidez

Este proceso plebiscitario que se avecina y los

incidentes en este Tribunal muy bien podrían denominarse

-con el perdón, claro está, de don Gabriel García Márquez-

Crónica de un plebiscito apañado.23 Todo comenzó en el año

23 El trámite seguido para certificar esta opinión ha sido, por demás, atropellado a pesar de que nos encontramos ante una controversia de envergadura constitucional, donde la mayoría revoca jurisprudencia de avanzada de este Tribunal. Se ha certificado esta ponencia en apenas unas horas, sin la debida deliberación y en un proceso, francamente, imprudente. Me explico.

El pasado 11 de abril de 2017, se circuló un borrador de ponencia en este caso y se indicó que se interesaba certificar la Opinión el lunes, 17 de abril. En esa fecha, el Juez ponente en la opinión que hoy certificamos, circuló una opinión disidente la cual obtuvo el aval de una mayoría de los miembros del Tribunal. Esa misma tarde se le refirió el expediente, como es costumbre, para que reformulara su ponencia y circulara nuevamente.

A esos efectos, en la mañana de ayer, se circuló la ponencia reescrita y el Juez ponente indicó que se certificaría esa misma tarde a las 5:00 p.m. Cabe señalar que en la tarde del lunes 17 de abril, expresé por escrito que me proponía suscribir una opinión disidente. Por tanto, al recibir la comunicación indicando que la certificación era en horas de la tarde del día en que se había circulado la ponencia reformulada solicité, nuevamente por escrito, que se reconsiderara el calendario propuesto. Esta petición se hizo a las 11:12 a.m. El Juez ponente guardó silencio y a las 3:42 p.m., circuló un memorando reiterándose en que se proponía certificarla esa misma tarde. Este proceder refleja una lamentable carencia de los más elementales principios de urbanidad y civilidad y no está a la altura de lo que se esperaría de un miembro de esta Curia.

Afortunadamente, un miembro de esa mayoría consideró prudente y razonable posponer por 24 horas dicha certificación, como se había propuesto durante el día de ayer. De esta forma se obtuvieron los 5 votos necesarios para certificar la ponencia hoy. CT-2017-002 3

2009, cuando las olas desatadas por la marea judicial

provocaron que una mayoría de este Tribunal en Suárez

Cáceres v. CEE, 176 DPR 31 (2009), un caso que versaba

sobre cómo contar votos para efectos de la Ley de

Minorías, decidiera sin explicación jurídica alguna,

revocar un viejo precedente, a saber: Sánchez y Colón v.

ELA, 134 DPR 445 (1993).

Como recordarán, en Sánchez y Colón, este Tribunal

acató su deber de asegurar que la legislación promulgada

para la celebración del plebiscito de status de 14 de

noviembre de 1993 cumpliese con aquellas garantías

constitucionales que aseguran la condición fundamental y

preeminente del derecho al sufragio. A esos efectos, se

validó la adjudicación de papeletas depositadas en blanco

como un voto que no favorecía ninguna de las definiciones

de estatus propuestas por los partidos políticos para ese

plebiscito.

Conviene que refresquemos la memoria sobre lo que

dijimos en Suárez Cáceres, ante, en nuestro voto disidente, porque

nos ayuda a entender cómo se ha ido escribiendo esta Crónica. Allí

dijimos, citamos extensamente:

Francamente no creo que la desmedida ―prisa‖ en certificar se justifique. Ello es más patente aun cuando sabemos que la ley que evaluamos está siendo enmendada en estos precisos momentos por la legislatura. Es más, se le ha cambiado hasta el nombre y luego de aprobada, hay que enviarla al Departamento de Justicia de Estados Unidos para su revisión. ¿Cuál es la urgencia? Este curso de acción, muy bien pudiera dar pie a que alguien pueda pensar, que se interesa reaccionar al revés público que supuso la carta enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. CT-2017-002 4

[L]a revocación de Sánchez y Colón v. E.L.A. I, ante, se revela como una determinación totalmente innecesaria por lo planteado en este caso y cuya realidad enmascara otros designios.

En rigurosa juridicidad, la controversia que tuvimos ante nuestra consideración en Sánchez y Colón, ante, es disímil a la planteada en este caso. En Sánchez y Colón, ante, se cuestionó la constitucionalidad de la Ley Núm. 22 de 4 de julio de 1993 (1993 Leyes de Puerto Rico 101), que autorizaba la celebración de un referéndum de status con las fórmulas siguientes: Estado Libre Asociado, Estadidad e Independencia. Los demandantes alegaron que eran electores debidamente inscritos; que no estaban afiliados a ninguno de los tres partidos políticos; que no estaban de acuerdo con las definiciones de las fórmulas de status que se recogían en la papeleta; que la ley no les concedía una oportunidad de votar por las alternativas de su preferencia, y que todo ello les violaba su derecho al voto, a la libre expresión y asociación, y a la igual protección de las leyes, tanto bajo la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como la de Estados Unidos de América.

Confrontados con esta controversia, reconocimos que en materia de hermenéutica constitucional, cuando nos enfrentamos a estatutos que adolecen de inconstitucionalidad por subinclusión, ostentamos la facultad de extender los beneficios estatutarios a aquellos grupos o clases excluidos. Sánchez y Colón, ante, pág. 450. De acuerdo con este principio y considerando los hechos particulares de ese caso, y como mecanismo para ―superar las serias objeciones constitucionales planteadas por los demandantes‖, le ordenamos a la Comisión Estatal de Elecciones que adjudicase ―las papeletas que se depositen en blanco como un voto que no favorece ninguna de las definiciones de status propuestas por los partidos‖. Sánchez y Colón, ante, págs. 450–451.

Así pues, las expresiones relacionadas con las papeletas en blanco se dan en el contexto de configurar un remedio que evitase declarar inconstitucional el evento electoral que se avecinaba. En otras palabras, ante los visos de inconstitucionalidad por subinclusión de que adolecía la Ley Núm. 22, teníamos que escoger CT-2017-002 5

entre dos alternativas, a saber: anular el proceso electoral o configurar un remedio que subsanara el problema de subinclusión de la ley. Naturalmente, se escogió el segundo camino. […]

Lo que sí resolvimos en Sánchez y Colón, ante, y sobre lo cual la mayoría nada dice, fue que en un referéndum de “status” hay que proveerle a aquellos grupos o clases que quedan excluidos de las definiciones de “status” sobre las que se vota, un lugar en la papeleta donde se recoja su expresión. […] Ese es el ratio de Sánchez, Colón, ante; esa es la importancia de ese caso que tanto incomoda a la mayoría. Evidentemente, Sánchez y Colón, ante, poco tiene que ver —por no decir que nada— con cómo se cuentan los votos para efectos de la “Ley de Minorías”, que es la controversia en este caso a juicio de la mayoría. Indudablemente, para llegar a la conclusión a que llega el Tribunal hoy, en correcta metodología adjudicativa, éste no tenía que revocar a Sánchez y Colón, ante.

Llama marcadamente la atención que en ningún lugar de las sesenta y cuatro páginas de la opinión, el Tribunal explica lo que verdaderamente resolvimos en Sánchez y Colón, ante, y por qué es necesario ahora revocarlo en el contexto de este caso. Un silencio que es resonante y ensordecedor. Sin mucho apuro, parece razonable concluir que la controversia entre Jorge Suárez Cáceres y Ángel Rodríguez Otero es secundaria; es, meramente, el pretexto utilizado para desdibujar la norma constitucional que exige que en un proceso de referéndum, al igual que un plebiscito, haya que proveer un espacio en la papeleta para aquellos grupos o clases de ciudadanos que no favorezcan las definiciones propuestas sobre las que se votará. Sánchez y Colón, ante, pág. 451. Entendido así, el curso de acción de la mayoría constituye un flagrante asalto a la Democracia.

Es decir, la razón de ser del dictamen de hoy no es lo que se nos dice en la opinión del Tribunal, a saber, cómo aplicar la ―Ley de Minorías‖, sino, […], allanar el camino para un futuro referéndum o plebiscito de status. Suárez Cáceres, 178 DPR 112, págs. 115-117 (2009) (Rodríguez Rodríguez, CT-2017-002 6

J., Op. disidente). (Énfasis en original y nuestro.)

El transcurso del tiempo ha corroborado lo que propusimos

como explicación a lo que en aquél entonces parecía

inexplicable. Suárez Cáceres, es el primer capítulo de

esta Crónica escrita por la marea judicial.

Hoy, la marea vuelve a azotar nuestras costas

escribiendo lo que parece ser el último capítulo de la

Crónica de un plebiscito apañado, al revocar el caso

P.P.D. v. Gobernador II, 136 D.P.R. 916 (1994). En esa

ocasión hicimos extensiva la veda electoral para la

difusión de anuncios gubernamentales de las elecciones

generales contenidas en la Ley electoral de 1977, Ley

Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, 16 LPRA sec. 3351, a

la consulta electoral sobre ciertas enmiendas a la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

mediante un referéndum. Esta determinación se fundamentó

en el axioma de igualdad económica de nuestra

Constitución y el derecho al sufragio como elemento

compartido por las elecciones generales y los referéndum.

Hoy, sin más, una mayoría destierra de nuestro país el

principio de igualdad económica electoral sin considerar,

ni importar, sus efectos sobre la legitimación de la

democracia.

En esta ocasión, tras emplear un alegado ―análisis

textualista‖, lacónico por demás, la mayoría concluyó que

es inexistente el axioma de igualdad económica electoral,

puesto que la Constitución del Estado Libre Asociado de CT-2017-002 7

Puerto Rico no dispone expresamente sobre ello. La

opinión suscrita por una mayoría obvia por completo que

el sufragio es un derecho intrínseco de la democracia,

cuya piedra angular, a su vez, es la igualdad para la

consecución de la justicia. Este derecho, como todo

derecho, no es más que una conquista de libertad, que hoy

lamentablemente se quebranta porque precisamente hoy, no

conviene.

Históricamente, el ideal de la igualdad en el

contexto eleccionario se ha erigido sobre esquemas para

el financiamiento de los partidos políticos y de los

procesos electorales. Uno de los mecanismos adoptados en

Puerto Rico, y gran parte del mundo, es el financiamiento

público de los procesos electorales y de los partidos

políticos. Este esquema pretende, en primer lugar,

combatir el ―inversionismo‖ político y, en segundo lugar,

garantizar una distribución igualitaria de bienes o

subsidios directos e indirectos. En el presente caso, la

veda electoral –al igual que otras prohibiciones

contenidas en la Ley electoral de Puerto Rico, Ley Núm.

78-2011, 16 LPRA sec. 4231– crean medidas preventivas

tendentes a evitar la malversación de fondos, la

corrupción y el mencionado ―inversionismo‖ político.

Además, hay que resaltar que la mayoría revoca

P.P.D. v. Gobernador II, motu proprio, ¡nadie lo solicitó,

nadie lo argumentó! Por el contrario, los peticionarios en varias

ocasiones, tanto en su petición de certificación como en su CT-2017-002 8

alegato, reconocen la validez del caso como

jurisprudencia vigente, más lo distinguen para sostener

que la norma que allí se sentó no aplica a la situación

planteada en este caso, pero en ningún momento plantean

que hay que revocarla y por qué. Con su proceder, la

mayoría transgrede el derecho de los recurridos a rebatir

este planteamiento con sus propios fundamentos. Es más,

la mayoría adopta un curso de acción idéntico al que le

critica al Tribunal que suscribió P.P.D. v. Gobernador

II, ante.24 Estamos, francamente, ante argumentos o

fundamentos estólidos.

Pero hay más, se hace constar en la opinión

mayoritaria que en P.P.D. v. Gobernador II, este Tribunal

confirmó la determinación del foro primario sin que ninguno de los

peticionarios impugnara la constitucionalidad de la

24 Por otro lado, yo tenía entendido que el derecho es rogado y que planteamientos no argüidos por las partes, particularmente de índole constitucional, no serán atendidos por este Tribunal. Véase, por ejemplo, ELA v. Northwestern Selecta, 185 DPR 40 (2012); Abengoa, S.A. v. American Intl. Ins., 176 DPR 512 (2009) (Es un principio de derecho arraigado en nuestro ordenamiento que, en apelación, nos abstendremos de adjudicar cuestiones no planteadas ante el Tribunal de Primera Instancia); Echandi Otero v. Stewart Title, 174 DPR 355 (2008) (Es norma vigente en nuestra jurisdicción que en apelación nos abstendremos de adjudicar cuestiones no planteadas ante el tribunal de instancia); Delgado, Ex Parte, 165 DPR 170 (2005); Dorante v. Wrangler of P.R., 145 DPR 408, 443 (1998); Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez, 125 DPR 340 (1990) (Así nos adherimos a la norma vigente de que en apelación nos abstendremos de adjudicar cuestiones no planteadas en primera instancia); Sánchez v. Eastern Air Lines, Inc., 114 DPR 691 (1983); Santiago Cruz v. Hernández Andino, 91 DPR 709, 712 (1965). Por lo menos esa era la norma hasta hoy. A no ser que en un futuro, el vaivén de la marea requiera otro resultado cuando se escriba un nuevo capítulo de esta Crónica. CT-2017-002 9

Constitución de Puerto Rico de 1994, Ley Núm. 49 de 2 de

agosto de 1994. De esta forma, concluye la mayoría que el

Tribunal aplicó un análisis ―indebido‖ lo cual infringió

la norma de autolimitación judicial. Sin embargo, esta

aseveración es falsa. Ello, pues, reluce del expediente

original de P.P.D. v. Gobernador II, que la demanda

presentada por el Partido Independentista de Puerto Rico,

el 3 de agosto de 1994, impugnó la constitucionalidad de

la referida ley.25 Específicamente, en la alegación

número 27 de la referida demanda, en la cual se

plantearon argumentos que fueron reiterados ante este

Tribunal, se indicó que:

En vista de que el esquema de financiamiento del referéndum de 1994 viola la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho al voto, el debido proceso de ley, la igual protección de las leyes y varias disposiciones de la Ley Electoral, el mismo persigue un fin ilegítimo y viola por lo tanto el Artículo IV, Sección 9 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre el uso de fondos públicos sólo para fines público legítimos. Véase Apéndice, CE-1994-588, Anejo II, pág. 15.

Más grave aún, este alegado razonamiento textual,

pone en evidencia un preocupante desconocimiento del

texto constitucional que se interpreta. Así, la Sección

19 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre

Asociado dispone que ―[l]a enumeración de derechos que antecede no

se entenderá en forma restrictiva ni supone la exclusión de

25 Asimismo, la demanda presentada por el Partido Popular Democrático de 12 de agosto de 1994 igualmente impugnó la constitucionalidad de la ley en cuestión. Esta demanda eventualmente se convirtió en el recurso CE-1994-588 que fue consolidado al atender el caso P.P.D. v. Gobernador II. CT-2017-002 10

otros derechos pertenecientes al pueblo en una

democracia, y no mencionados específicamente‖. Const.

P.R. Art. II, Sec. 19 (Énfasis nuestro). Con lo cual,

nuestro texto constitucional contiene su propio canon

interpretativo en materia de la Carta de Derechos.

Específicamente, en la Sección 2 -segundo en importancia

después del valor de la dignidad e igualdad del ser

humano- nuestros constituyentes colocaron el sufragio

señalando que éste será ―universal, igual, directo y

secreto…‖. Const. P.R. Art. II, Sec. 2.

Don Jaime Benítez, al presentar al seno de la

Convención Constituyente el Informe sobre la Carta de

Derechos explicó que este articulado constitucional recogía dos

cánones de interpretación. El primero de ellos, el que nos atañe,

tenía como objetivo:

... proteger los derechos del individuo contra una interpretación restrictiva o contra una interpretación basada en la conocida norma de inclusio unius, exclusio alterius. Según este último principio interpretativo, el acto de enumerar conlleva el acto de excluir, de suerte que todo lo que no se menciona queda por ese solo hecho descartado. No creemos que en una constitución deba incorporarse un principio de esta inflexibilidad […] Una interpretación en el sentido de que todo lo que no se desprenda literalmente de cada una de las palabras usadas está por lo tanto excluido de la protección constitucional, sería contraria a la actitud básica que ha regido a la Comisión al preferir el lenguaje breve de los grandes principios en vez de la formulación minuciosa de los detalles inagotables. (Énfasis nuestro). Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, Tomo IV, pág. 2576 (1961).

El constituyente dejó meridianamente claro que esta sección

de la Carta de Derecho iba dirigida, precisamente, a evitar CT-2017-002 11

interpretaciones como la que hoy avala la mayoría. En

otras palabras, los llamados textualistas/‖originalistas‖

etc., desatienden el texto claro de la Constitución o la

intención clara del constituyente. En boca de la mayoría,

conceptos como ―originalismo‖ o ―textualismo‖ carecen de

verdadero significado.

El delegado señor Benítez expresó que nuestra Carta

de Derechos recoge la ―protección más liberal de los

derechos del individuo...‖. Id. Como he dicho en el

pasado, somos nosotros, los jueces puertorriqueños, a

quienes nos corresponde hacer realidad el mandato

constitucional de nuestro máximo documento impartiéndole

actualidad a los derechos individuales, para cumplir con

nuestra obligación constitucional de proveer esa

protección más abierta y tolerante ―de los derechos del

individuo‖. Id. La Constitución que interpretamos es la

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no otra, por lo

que debemos atenernos al canon interpretativo que sus

forjadores nos impusieron. Puede que no guste,

pero mientras esté vigente hay que respetarla .

Todo lo cual me lleva a concluir que invocar

la tesis de ―análisis textualista‖ no es más que

un subterfugio para encubrir un activismo

ideológico judicial, que lleva a la mayoría a

ningunear nuestra Constitución, a limitar los

derechos de la ciudadanía y a abandonar precedentes CT-2017-002 12

establecidos, para así obtener ventajas pasajeras en

procesos electorales ideológicos. ¡Qué lástima!

Por otra parte, es meritorio enfatizar que el valor

de igualdad económica electoral ha sido ampliamente

estudiado, lo cual ha logrado constatar que ―una

distribución de recursos extremadamente desigual puede

crear la apariencia de inequidad que afectaría la

legitimidad del resultado electoral‖. Kevin Casas-Zamora

& Daniel Zovatto, El costo de la democracia: Apuntes

sobre la regulación del financiamiento político en

América Latina, Latin America Intiative Foreign Policy

(Julio 2015), disponible en:

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/The-

Cost-of-Democracy-CasasZamora-Zovatto-Spanish.pdf (última

visita, 17 de abril de 2017).

Con esto en mente, la revocación del principio de

igualdad económica electoral tiene el fatídico efecto de

socavar la legitimación de los procedimientos

electorales. Ello, aún más, cuando el proceso

plebiscitario que se avecina, ha provocado gran

suspicacia en el propio gobierno federal. Como sabemos,

hace apenas unos días, el Departamento de Justicia de

Estados Unidos rechazó avalar este evento plebiscitario

ante las serias dudas provocadas por las papeletas

diseñadas para utilizarse el próximo 11 de junio de 2017.

El subsecretario del Departamento de Justicia, Sr. Dana

J. Boente, en misiva de 13 de abril de 2017 señaló

que el lenguaje contenido en la papeleta CT-2017-002 13

plebiscitaria contiene ―varias declaraciones ambiguas y

potencialmente engañosas‖. Véase United States Department

of Justice review of plebiscite ballot, voter education

materials, and expenditure plan, pág. 2. (Traducción

nuestra.)

En consideración a lo antes expuesto y el contexto

de crisis fiscal que nos asecha, no existe lógica alguna

que justifique el proceder de la mayoría de este

Tribunal. Por el contrario, los pronunciamientos que hoy

emite este Alto Foro sólo dejan entrever, que está muy

presente el deseo de hacer posible un resultado electoral

particular.

Por los fundamentos que anteceden, me veo obligada a

disentir de la determinación de una mayoría de este

Tribunal que sólo abona a la creación de resquicios que

conminan nuestro sistema de gobierno y los principios

fundamentales de la democracia. La opinión que hoy se

avala, traza un derrotero lastimoso para la democracia en

nuestro país que asfixia y ahoga nuestras conquistas de

libertades. Hoy no somos un mejor país, de lo que éramos

ayer.

Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Norma E. Burgos Andújar, Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista

v. CT-2017-002 Certificación Intrajurisdiccional Comisión Estatal de Elecciones, por conducto de su Presidenta, Liza García Vélez; Comisionado Electoral Interino del Partido Popular Democrático, Miguel Ríos Torres; Comisionada Electoral Designada del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por conducto de la Secretaria de Justicia, Hon. Wanda Vázquez Garced

Senado de Puerto Rico, por conducto de su Presidente Hon. Thomas Rivera Schatz, y su Secretario Manuel Torres Nieves; Cámara de Representantes de Puerto Rico, por conducto de su Presidente Hon. Carlos Méndez Núñez y su Secretaria Ayleen Figueroa Vázquez

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ

San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2017.

El reconocimiento del derecho a la igualdad en todas

sus dimensiones fundamentales y constitucionales me exigen

disentir por encima de cualquier otra consideración.

El axioma de igualdad electoral,26 en su vertiente de

igualdad económica, es uno claramente reconocido, no

solamente por nuestro Derecho Constitucional, sino que es

uno de los pilares de la igualdad en materia electoral a

nivel del Derecho Internacional,27 el cual como jueces y

26 Sabido es que el principio de igualdad electoral contiene múltiples garantías aplicables a diversos contextos en la democracia, que no se limitan a la igualdad ciudadana para acceder a los cargos públicos. L. Castillo González, Los derechos de la militancia y la jurisdicción, en Democracia interna y fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 59 y 73 (IFE 2006); R. Dworkin, Virtud Soberana (Paidos 2003). Asimismo, se puede valorar cuantitativamente, en la igualdad del voto. Otra dimensión donde encontramos el manejo de la igualdad, es en el acceso a la justicia electoral. También, este principio se utiliza para la igualdad de recursos, cuando se estudia el financiamiento electoral. J. Woldenberg, Vida interna de los partidos políticos y fiscalización de los recursos, nuevos retos de la autoridad electoral, en Democracia interna y fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 21 (IFE 2006). Véase C.M. Rosales, Mecanismos de financiamiento político y el control de las campañas electorales, 44 Rev. Jur. UIPR 515, 525 n. 30 y 31 (2010).

27 Véase Declaración Universal de Derechos del Hombre, A.G. Res. 217 (III) A, N.U. Doc. A/RES/217(III) (10 de diciembre de 1948), art. 21, http://www.un.org/es/comun /docs/?symbol=A/RES/217(III); Pacto Internacional de Derechos CT-2017-002 3

juezas estamos obligados a reconocer por mandato de la

propia Constitución Federal. Art. IV, Const. EE. UU., LPRA,

Tomo 1. Particularmente, con relación a la Declaración

Universal de Derechos del Hombre y el Pacto Internacional

de Derechos Políticos y Civiles de 16 de diciembre de 1966,

se ha establecido lo siguiente: ―[T]he foundational

documents in question, are imbued with influential notions

of freedom, equality, accountability, and State

obligations. These rights and the notions surrounding them

are the primary representations of democratic norms and

political values at the international level. Money in

politics must first pass through these filters‖. T.K.

Kuhner, The Democracy to Which We Are Entitled: Human Right

and the Problem of Money in Politics, 26 Harv. Hum. Rets.

J. 39, 58 (2013). Sabido es que ambas normas

Civiles y Políticos, A.G. Res. 2200 (XXI) A, N.U. Doc. A/RES/200 (XXI) A (16 de diciembre de 1966), art. 25, http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/2200(XXI)&Lang=S&A rea=RESOLUTION. Véase, además, A.R. Dalla Vía, Los derechos políticos y e lectorales en la jurisprudencia del Tribunal Europeo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Anales de la Academia Nacional de Ciencias Morales Y Políticas (2012), http://www.ancmyp.org.ar/user /files/13Dallav%C3%ADa12.pdf; A.R. Dalla Vía, Derechos políticos, normativa electoral y equidad en los procesos electorales, en Cuaderno de Capel 57, Construyendo las Condiciones de Equidad en los Procesos Electorales, Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2012), http://www.corteidh.or.cr/tablas/r29275.pdf. Para una discusión de los derechos humanos y los asuntos económicos en los procesos políticos a nivel internacional, véase, en general, T.K. Kuhner, The Democracy to Which We Are Entitled: Human Right and the Problem of Money in Politics, 26 Harv. Hum. Rets. J. 39 (2013). CT-2017-002 4

internacionales son vinculantes y recogen inexorables

deberes aplicables al gobierno de los Estados Unidos. De

ese modo, nótese que la igualdad electoral en su vertiente

económica impone obligaciones al Estado directamente y no

se limita a donantes políticos o paridad

para partidos políticos, como erróneamente resuelve una

Mayoría de este Tribunal.

Asimismo, cabe destacar que, en el contexto del

Derecho Internacional, la Igualdad real y la participación

en asuntos electorales no se limitan a elecciones

generales, sino que se extienden a la participación en

asuntos públicos. La igualdad electoral en su vertiente

económica ha sido una pieza clave en la lucha por la

autodeterminación de los Pueblos colonizados. Sería un

contrasentido, a la luz de la realidad puertorriqueña, que

la vertiente económica de la igualdad electoral esté

excluida del proceso de autodeterminación de un Pueblo y

que quede relegado a meramente puestos electivos. En esa

línea, estudiosos del Derecho Internacional han planteado

Consider that the democratic entitlement requires ―access, on general terms of equality, to public service in [one's] country,‖ protects ―the right and the opportunity without . . . distinctions [as to property, fortune, or economic status] . . . [t]o take part in the conduct of public affairs . . .,‖ and requires all States to provide ―[t]ransparent and accountable government CT-2017-002 5

institutions‖. Kuhner, supra, pág. 40 (notas omitidas).

De igual forma, no podemos ignorar que este axioma de trato

igualitario electoral es el que pone en práctica la salvaguarda

constitucional del derecho al sufragio universal, igual, directo y

secreto, y a la libre expresión de los electores en Puerto Rico.

Art. II, Sec. 2, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. Tal principio protege a

los ciudadanos de toda coacción en cualquier proceso

electoral, ya sea en elecciones generales, plebiscitos o

La realidad del Derecho Constitucional y del Derecho

Internacional en materia de igualdad electoral no puede ser

derrotada por la intención del legislador local. Sin

embargo, aun utilizando la línea argumentativa de la

Mayoría, a poco examinemos la propia Exposición de Motivos

de la Ley Núm. 7-2017, nos podemos percatar que la Asamblea

Legislativa de Puerto Rico está consciente de los

parámetros de neutralidad en el mensaje y uso de fondos

públicos que, a su vez, el propio Gobierno Federal

reconoció al aprobar el Consolidated Appropriations Act,

2014, Pub. L. No. 113-76, 128 Stat. 5. Específicamente, se

reconoció de forma expresa lo siguiente:

Después de más de un siglo de desventajas coloniales y de años de haberse realizado el Plebiscito en Puerto Rico, el Congreso y el Presidente aprobaron una asignación de $2.5 millones en el "Consolidated Appropriations Act (2014)", Ley Pública 113-76 (2014), CT-2017-002 6

para proponer una consulta electoral de ratificación sobre el resultado de Estadidad del Plebiscito de 2012, ahora, a discreción del Gobierno de Puerto Rico y financiar una campaña de "educación objetiva y no partidista a los electores en un Plebiscito" . . . "sobre las opciones que resolverían el estatus político futuro[‖]. (énfasis suplido).

Ante el historial legislativo de la Ley Núm. 7-2017, y ni

hablar del reconocimiento expreso del legislador en

incluir las prohibiciones de la Ley Electoral, queda claro

que en virtud de la legislación federal y la propia

legislación local resulta obligatoria la aplicación del

axioma constitucional de igualdad electoral en su

vertiente económica, aun cuando la Mayoría no quiera

reconocerle un rango constitucional. Es decir, bajo su

mismo razonamiento tendrían que concluir que hay un

mandato federal y un reconocimiento legislativo local de

su aplicabilidad.

A pesar de esa realidad, hoy se revoca

innecesariamente el precedente de PPD v. Gobernador II,

136 DPR 916 (1994), y se echa a la borda el acertado

reconocimiento de la jurisprudencia que este Tribunal ha

emitido.28 Sobre el particular, anteriormente expresamos lo

[H]emos reconocido que el axioma constitucional de igualdad electoral ―es susceptible de manifestarse en diversas dimensiones‖. PRP v. ELA, 115 DPR 631, 633

28 Véanse, por ejemplo, Acevedo Vilá v. CEE, 172 DPR 971 (2007); Miranda v. CEE, 141 DPR 775 (1996). CT-2017-002 7

(1984). Véase PPD v. Gobernador I, 139 DPR 643, 667 (1995). Si bien en el pasado ha sido invocado en el contexto de controversias que involucraban partidos políticos, no es exclusivo de ese contexto. Las alternativas electorales en ocasiones trascienden los márgenes de los partidos políticos. Se amplían; y con ellas los escenarios en los que el axioma constitucional de trato igualitario debe ser aplicado. No podemos constreñir su alcance. Ensancharlo es lo correcto. Frente a la ―partidocracia‖ debe prevalecer la democracia. Guadalupe Tirado v. CEE, 165 DPR 106, 116 (2005).

Lamentablemente, el curso de acción que hoy sigue una

Mayoría de este Tribunal tiene el efecto de achicar el

alcance de tan importante y fundamental principio de

arraigo constitucional.

Paradójicamente, en el escrutinio de una legislación

que persigue atender el problema de la Desigualdad, este

Tribunal restringe el alcance del concepto de Igualdad.

Ahora queda en manos del partido político que controle las

Ramas Políticas establecer los parámetros, si alguno, en

torno al uso de fondos públicos relacionados con eventos

electorales. El organismo administrativo electoral ——la

Comisión Estatal de Elecciones—— no podrá incluir en el

ejercicio responsable de su expertise salvaguardas

constitucionales adicionales al derecho del sufragio

universal que no estén contempladas textualmente y

escritas en piedra en la Constitución; peor aún, la

ciudadanía no contará con la protección oportuna de la

Rama Judicial. Anteriormente, he advertido que esa lectura CT-2017-002 8

del Derecho Constitucional convierte las garantías

ciudadanas que emanan de la Constitución en meramente un

cementerio de palabras. Hoy la Igualdad se acerca más a la

tumba del cementerio constitucional con acciones como

éstas. Como situación agravante, se elimina la posibilidad

de impugnar de su faz normas reglamentarias y resoluciones

de la naturaleza que nos ocupa, y la ciudadanía tendrá que

esperar y probar que se sufran daños particulares en el

evento electoral para tener algún éxito en el reclamo de

Igualdad.

Esas son algunas de las múltiples consecuencias que

acarrea la actuación de revocar un precedente firmemente

establecido por más de dos décadas y, sorprendentemente,

debilitar estos principios constitucionales

consustanciales a la existencia de la democracia misma.

No puedo perder de perspectiva el Estado de Derecho

que ha regido los eventos electorales en la historia

moderna, así como nuestros pronunciamientos y las

protecciones que hemos concedido cuando los principales

movimientos ideológicos en Puerto Rico han invocado el

axioma constitucional de igualdad electoral, en su

vertiente de igualdad económica, en aspectos relacionados

al ―status‖, y no solamente a elecciones generales, como

se ha restringido en el día de hoy. A modo de ejemplo, el CT-2017-002 9

Partido Nuevo Progresista (PNP) ha realizado reclamos

dirigidos a cuestionar el uso de fondos públicos para

cabildear en contra de la estadidad. Para ello, la

representación legal del PNP, al igual que su liderato,

consecuentemente han invocado la prohibición de uso

indebido para fines no-públicos y el axioma constitucional

de igualdad económica. Véase, a modo de ejemplo, Recurso

de Certificación Intrajurisdiccional, PNP v. ELA, CT-2016-

11; PNP v. Hon. Sila M. Calderón, 162 DPR 239 (2004)

(Sentencia).

Desde mis estudios de Derecho, como abogado y como

juez, he conocido, reconocido y aplicado el axioma de la

igualdad electoral en su vertiente económica como uno de

los pilares del concepto de la Igualdad y como una

garantía del Derecho Internacional y Constitucional. Ello,

precisamente, para garantizar la autodeterminación de los

Pueblos y evitar desigualdades en procesos electorales

relacionados y no limitados a elecciones de puestos

públicos. Es lo correcto en Derecho ayer, hoy y siempre,

por lo que consecuentemente disiento y, en su lugar,

hubiese fortalecido y no debilitado el axioma de igualdad

electoral en su vertiente económica, de conformidad con la

base legal constitucional e internacional expuesta. CT-2017-002 10

Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Norma E. Burgos Andújar, Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista

Comisión Estatal de CT-2017-002 Certificación Elecciones por conducto de su Presidenta, Liza García Vélez y Otros

Estado Libre Asociado de Puerto Rico por conducto de la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced

Senado de Puerto Rico, por conducto de su Presidente, Hon. Thomas Rivera Schatz y Otros

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor Colón Pérez.

¿Será que nuevamente el vaivén de las olas arropa el entendimiento y provoca un tracto jurisprudencial zigzagueante y dúctil?

Op. Disidente Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez en Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 974 (2011). CT-2017-002 2

En el día de hoy, arropados nuevamente por el mecimiento

descontrolado y desmesurado de lo que hace ocho (8) años

algunos miembros de este Tribunal proclamaron como el ―flujo

normal de la marea judicial‖, este Foro pierde la oportunidad

única de reiterar sus pronunciamientos, de hace más de dos (2)

décadas, en materia de igualdad electoral ante la celebración

de un referéndum. Esta vez, extendiendo la referida normativa

al contexto de un plebiscito.

Específicamente, nos correspondía determinar si, ante la

celebración de un plebiscito a celebrarse el próximo 11 de

junio de 2017, y de la posible celebración de un referéndum a

llevarse a cabo el 8 de octubre del mismo año, se hacían

extensivas a las agencias del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico las prohibiciones establecidas en el Art. 12.001 de la Ley

Electoral de Puerto Rico, infra. Estas prohibiciones tienen el

efecto de impedir que, salvo autorización expresa de la Junta

Examinadora de Anuncios (en adelante, ―J.E.A.‖), tales agencias

incurran en gastos para la compra de tiempo y espacio en los

medios de comunicación del País, así como para la compra o

distribución de materiales propagandísticos o promocionales con

el propósito de exponer sus programas, proyectos, logros,

realizaciones, proyecciones y/o planes. Lo anterior, con

excepción, claro está, de aquellos avisos y anuncios de

prensa expresamente requeridos por ley, ciertas

campañas de la Compañía de Turismo, así como CT-2017-002 3

aquellos anuncios que sean utilizados para difundir

información de interés público, urgencia o emergencia,

los cuales sólo serán permitidos previa autorización al

efecto de la Comisión Estatal de Elecciones (en adelante,

―C.E.E.‖).

Contrario a lo señalado por una mayoría de este Tribunal

-- y conforme al axioma de igualdad electoral contenido en la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a lo

resuelto por este Tribunal en los casos P.P.D. v. Gobernador I,

infra, y P.P.D. v. Gobernador II, infra, --, en el contexto de

los eventos electorales a celebrarse en los meses de junio y,

posiblemente, en octubre de 2017, tal prohibición era una válida

y cónsona con la salvaguarda constitucional al derecho de

sufragio universal, igual, directo y secreto, y a la libre

expresión de los electores y las electoras en nuestro País.

Por no ser ese el curso de acción seguido por una mayoría

de este Tribunal, disentimos.

La postura que asume una mayoría de esta Curia, al amparo

de una lectura desacertada, literal y positivista de las

provisiones legales aplicables y de las salvaguardas contenidas

en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

conlleva la revocación de uno de nuestros stare decisis mejores

pensados y estructurados en materia de derecho electoral. Como si ello

no fuera suficiente, tal dictamen acarrea, indudable e inequívocamente,

un atentado contra el derecho fundamental de cada puertorriqueño y CT-2017-002 4

puertorriqueña al voto, libre de coacción por parte del

Estado.

Esta nefasta actuación tiene el efecto de permitir que las

agencias del Estado se arroguen de fondos públicos en el

contexto de la celebración de eventos eleccionarios. Con su

actuación, una mayoría de este Tribunal avala que el partido

político que ostenta el poder utilice los fondos públicos para

interferir -- intencionalmente -- con el libre derecho al voto

de los puertorriqueños y puertorriqueñas, a ser depositado en

las urnas de la democracia, socavando así los pilares del

esquema electoral de nuestro País. Nuestra conciencia nos

impide avalar tal proceder.

I.

La controversia ante nuestra consideración surge a raíz

de la aprobación de la Ley Núm. 7 de 3 de febrero de 2017,

conocida como la Ley para la Descolonización Inmediata de

Puerto Rico (en adelante, ―Ley Núm. 7-2017‖). Conforme al

referido estatuto, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico

autorizó la celebración de dos eventos electorales, a saber:

(1) un plebiscito, a celebrarse el próximo 11 de junio de

2017, mediante el cual los electores debidamente inscritos

podrán votar entre ―Estadidad‖ y ―Libre Asociación/Independencia‖ CT-2017-002 5

como opciones de estatus político (en adelante,

―Plebiscito‖); y (2) en caso de prevalecer la opción de

―Libre Asociación/Independencia‖, un referéndum, a celebrarse

el 8 de octubre de 2017, para seleccionar el tipo de relación

soberana, ya sea ―Libre Asociación‖ o ―Independencia‖ (en

adelante, ―Referéndum‖).

A raíz de lo anterior, la Comisión Estatal de Elecciones

de Puerto Rico (en adelante, ―C.E.E.‖) celebró una reunión

ordinaria, en la cual el Comisionado Electoral Interino del

Partido Popular Democrático, el señor Miguel Ríos Torres (en

adelante, ―Comisionado Electoral del PPD‖), presentó una

solicitud para que -- en vista de los eventos electorales antes

mencionados –- se activase la J.E.A. Ello, al amparo del Art. 12.001 de

la Ley Núm. 78 de 1 de junio de 2011, según enmendada, Ley Electoral de

Puerto Rico, infra (en adelante, ―Ley Núm. 78-2011‖).

A dicha solicitud, la Comisionada Electoral del Partido Nuevo

Progresista, la señora Norma E. Burgos Andújar (en adelante ―Comisionada

Electoral del PNP‖), se opuso. Ésta alegó que la Ley Núm. 7-2017 era

silente en cuanto a la activación de la J.E.A. y que el Art. 12.001 de la

Ley Núm. 78-2011, infra, era aplicable únicamente a las elecciones

generales, por lo que entendió que la activación de tal ente no procedía

ante la celebración del Plebiscito.

Así las cosas, ante la falta de unanimidad entre

los Comisionados Electorales29 y conforme al procedimiento

29 Al momento en que se suscitó la controversia ante nuestra consideración, solo estuvieron presentes dos Comisionados Electorales, a saber, uno por el Partido Popular Democrático y otro por el Partido Nuevo Progresista. Ello, a CT-2017-002 6

establecido en la Ley Núm. 78 -2011, infra, la

controversia quedó sometida para la consideració n de la

Presidenta de la C.E.E., quien, oportunamente, emitió

la Resolución C.E.E.-RS-17-07 (en adelante, ―Resolución

de la C.E.E.‖) y dispuso de las controversias

presentadas ante su consideración. Al así hacerlo,

mediante el referido documento, la Presidenta de la

C.E.E. activó la veda electoral para la difusión de

anuncios gubernamentales contenida en el Art. 12.001 de

la Ley Núm. 78-2011, infra, hasta el 12 de junio del

año vigente; día después del Pleb iscito. Por otra

parte, dispuso que en caso de que fuese necesaria la

celebración del Referéndum, la referida prohibición

estará vigente hasta el 9 de octubre de 2017. Por último, y

cónsono con lo anterior, ordenó se constituyera la J.E.A.; ente

encargado de hacer valer lo dispuesto en el mencionado Art.

12.001 de la Ley Núm. 78-2011, infra.

Inconforme con dicho proceder, y tras la oportuna

presentación de una solicitud de reconsideración ante la

Presidenta de la C.E.E., -- la cual fue denegada -- la

Comisionada Electoral del PNP presentó un recurso de Revisión

Judicial ante el Tribunal de Primera Instancia, impugnando la

Resolución de la C.E.E. En síntesis, la Comisionada

Electoral del PNP solicitó que se dejara sin efecto el

mencionado dictamen, por entender que las

raíz de los resultados de las elecciones generales celebradas en noviembre de 2016. CT-2017-002 7

disposiciones contenidas en el Art. 12.001 de la Ley

Núm. 78-2011, infra, son de aplicación exclusiva a la

celebración de elecciones generales, no así al

Plebiscito y/o Referénd um.

Así pues, y mientras el caso se encontraba pendiente ante

el Tribunal de Primera Instancia, el Senado de Puerto Rico, por

conducto de su Presidente, Hon. Thomas Rivera Schatz, y su

Secretario, Manuel Torres Nieves, junto a la Cámara de

Representantes de Puerto Rico, por conducto de su Presidente,

Hon. Carlos Méndez Núñez, comparecieron ante este Tribunal

mediante una solicitud de Certificación. En la misma, nos

solicitaron que certificá ramos el presente caso, de

modo que este Tribunal pudiera atender, en primera

instancia, los asuntos planteados ante el foro

primario.

El mismo día, compareció ante nos la Comisionada

Electoral del PNP, uniéndose a la mencionada solicitud

y adoptando los fundamentos expuestos por el Senado de

Puerto Rico, su Presidente y Secretario, la Cámara de

Representantes de Puerto Rico y su Presidente.

Luego de que este Tribunal acogiera la solicitud de

certificación, y tras los trámites de rigor, las partes

en el presente pleito presentaron sus respectivos alegatos. En ellos, la

C.E.E. alega que, por ser el ente designado por ley para resolver asuntos

electorales, estaba autorizada a reglamentar todo lo relativo al

proceso electoral en el País; ello, en salvaguarda al derecho al CT-2017-002 8

voto de los ciudadanos. Asimismo, arguyó que las disposiciones de la Ley

Núm. 7-2017 eran compatibles con la Ley Núm. 78-2011, infra, en lo

relacionado a la veda electoral. Particularmente, esboza que

anteriormente este Tribunal ya había resuelto una controversia idéntica a

la presente y, allí, determinó que la veda electoral sobre difusión de

anuncios por parte del Estado, y sufragados con fondos públicos, era

aplicable a un evento de referéndum.

La Comisionada Electoral del PNP, por su parte, arguye que

activar la veda electoral a referéndums y plebiscitos tendría el

efecto de ―paralizar‖ la capacidad del Estado Libre Asociado de

comunicar sus políticas públicas e informar a la ciudadanía. En

consecuencia, sostiene que la prohibición contenida en el Art.

12.001 de la Ley Núm. 78-2011, infra, era de aplicación

exclusiva a las elecciones generales en el País.

Por otro lado, el Comisionado Electoral del PPD, en

síntesis, entiende que el asunto ante nuestra consideración no

es uno novel, sino que ya se había resuelto por este Tribunal

hace años atrás. Así, expresó que cónsono con lo resuelto en

P.P.D. v. Gobernador II, infra, y según el texto claro de la Ley

Núm. 7-2017, la veda electoral aplica a los asuntos electorales

a celebrarse el 11 de junio y 8 de octubre de 2017, de ser este

último necesario. Por ello, sostuvo la procedencia de la

constitución de la J.E.A.

De igual forma, la Comisionada Electoral del Partido

Independentista Puertorriqueño, la licenciada María de CT-2017-002 9

Lourdes Santiago Negrón (en adelante, ―la Comisionada Electoral

del PIP‖), compareció ante nos. En su alegato, y en lo aquí

pertinente, sostiene que la propia Ley Núm. 7-2017 incorporó, de

forma literal, lo dispuesto en la Ley Núm. 78-2011, infra, en

cuanto a los delitos y prohibiciones. Por ello, es de la opinión

que la veda electoral contenida en el Art. 12.001 de nuestro

estatuto electoral vigente, infra, por ser un tipo de

prohibición, aplica a los eventos electorales a celebrarse en

junio y octubre del año corriente. Asimismo, alega que este

Tribunal ya ha resuelto situaciones como la presente, al amparo

del principio de igualdad económica electoral.

De otra parte, en su comparecencia, el Procurador General

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante,

―Procurador General‖) presentó su oposición a la Resolución de

la C.E.E. En esencia, el E.L.A. argumenta que en nuestro estado

de derecho existe una facultad delegada al Estado de comunicar e

informar a los ciudadanos del País sobre los programas

gubernamentales y que, si bien reconoce no poseer un derecho a

la libertad de expresión, cualquier limitación a esta facultad

debe ser observada con cautela. Además, sostiene que nada de lo

resuelto por este Tribunal apoya la activación de la J.E.A. en

periodos en los que no se celebre una elección general.

En escrito separado, el Senado de Puerto Rico, su

Presidente y su Secretario, alegaron, en síntesis, que las

disposiciones de la Ley Núm. 7-2017 eran incompatibles con CT-2017-002 10

la prohibición contenida en el Art. 12.001 de la Ley

Núm.78-2011, infra, por lo que prevalecía la primera;

ello, por tratarse de una ley especial. Asimismo,

sostienen que en P.P.D. v. Gobernador II, infra, esta

Curia determinó que la prohibición contenida en el

estatuto electoral vigente en aquel entonces no se

extendía a años en que no se celebrara una elección

general.

Por último, la Cámara de Representantes de Puerto

Rico, su Presidente y su Secretario, también

presentaron su correspondiente alegato. En el mismo,

entre otras, plantean que para determinar si era o no

aplicable la veda electoral contenida en la Ley Núm.

78-2011, infra, no era necesario solamente realizar una

distinción entre los distintos eventos electorales -- a

saber, una elección general, un plebiscito y un referéndum --

sino que, además, la naturaleza del referéndum debía tomarse

en consideración. Así, arguyó que lo resuelto en otras

ocasiones por este Tribunal, en contextos similares al

presente, no es de aplicación.

II.

De entrada, es menester aclarar que, contrario a lo que pretende

intimar una mayoría de este Tribunal, este Foro -- como último intérprete

de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico -- puede y

debe recurrir al texto de la misma en todas aquellas CT-2017-002 11

circunstancias en las que ello sea meritorio. Precisamente, al

desplegar tal facultad revisora e interpretar así los contornos

de nuestra Constitución, ―debemos garantizar su vigorosidad y

relevancia ante los problemas sociales, económicos y políticos

actuales‖. (Énfasis suplido). Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR

64, 91 (1998). Véanse además, Nogueras v. Hernández Colón I, 127

DPR 405 411 (1990); P.I.P. v. C.E.E., 120 DPR 580, 613 (1988);

López Vives v. Policía de P.R. , 118 DPR 219, 227

(1987). La contención en contrario, relativa a que no

podemos ejercer tal función ― sin la correspondiente

solicitud de las partes ‖, Op. pág. 13, resulta en una

anomalía a nuestro rol como tribunal de última instancia. Una

vez aclarado lo anterior, procedemos a discutir el derecho

aplicable -- y obviado por esta mayoría -- a la controversia

ante nos.

III.

Como es sabido, y en lo pertinente a la controversia

que nos ocupa, la Constitución del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, al igual que la Constitución de los Estados Unidos

de América30, consagra como principio fundamental en

30 En lo aquí pertinente, la Enmienda XIV de la Constitución de los Estados Unidos de América establece lo siguiente:

Ningún estado aprobará o hará cumplir ninguna ley que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; ni ningún estado privará a persona alguna de su vida, de su libertad o de su propiedad, sin el debido procedimiento de ley, ni negará a nadie, dentro de su jurisdicción, la igual protección de las leyes. Emda. XIV, Const. EE.UU, LPRA, Tomo I, ed. 2016, págs. 207-208. CT-2017-002 12

nuestra vida de Pueblo el derecho a la igualdad e igual

protección de las leyes. Al respecto, el Art. II, Sec.

1, de nuestra Carta Magna señala que:

La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la Ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igualdad humana. Sec. 1, Art. II, Const. E.L.A., LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 275.

Según dispuesto en el Diario de Sesiones de la Convención

Constituyente, entre los principios que inspiraron a los

fundadores y fundadora de nuestra Constitución al momento de

redactar la referida cláusula constitucional se encontraban:

[…] fijar claramente como base consustancial de todo lo que sigue el principio de la dignidad del ser humano y, como consecuencia de ésta, la igualdad esencial de todas las personas dentro de nuestro sistema Constitucional. La igualdad ante la ley queda por encima de accidentes o diferencias, bien tengan su origen en la naturaleza o en la cultura. Todo discrimen o privilegio contrario a esta esencial igualdad repugna al sistema jurídico puertorriqueño. En cuanto fuera menester nuestra organización legal queda robustecida por la presente disposición constitucional, a la vez que obligada a ensanchar sus disposiciones para dar plena realización a lo aquí dispuesto. Informe de la Comisión de la Carta de Derechos, Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, Tomo 4, p. 2561, Equity (1962).

Cónsono con lo anterior, en aras de darle significado y

vida a la referida disposición constitucional, y en el

contexto de las controversias que nos ocupan, hemos

establecido que la igualdad “[p]or su naturaleza dinámica CT-2017-002 13

es susceptible de manifestarse en diversas dimensiones‖.

P.P.D. v. Gobernador I, 139 D.P.R. 643, 666-667 (1995),

citando a P.R.P. v. E.L.A., 115 DPR 631, 633 (1984). Una de

estas manifestaciones lo es la igualdad electoral.

El principio de igualdad electoral está celosamente

resguardado en nuestro ordenamiento constitucional en el Art.

II, Sec. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico. Véase Art. II, Sec. 2, Const. E.L.A., LPRA, Tomo I,

ed. 2016, pág. 283. Dicho articulado garantiza la expresión de

la voluntad del Pueblo mediante el sufragio universal, igual,

directo y secreto, y protege al ciudadano y ciudadana contra

toda coacción en el ejercicio de su prerrogativa electoral. Íd.

Como se puede apreciar, bien se puede decir que, en su

contenido, el Art. II, Sec. 2 de nuestra Constitución, Íd.,

consagra el principio fundamental de que el poder político en

nuestro ordenamiento constitucional emana del consentimiento y

la voluntad de los ciudadanos y las ciudadanas del País. Este

precepto constitucional le impone al Gobierno una

responsabilidad dual: ―la de abstenerse, por un lado, de

interferir con el ejercicio del sufragio universal, igual,

directo y secreto, y por otro, la de proteger al ciudadano

contra toda coacción en el ejercicio de tal prerrogativa

electoral‖. P.P.D. v. Gobernador I, 139 DPR en la pág. 670

(1995); Sánchez y Colón v. E.L.A. I, 134 DPR 445, 449-450

(1993). CT-2017-002 14

Específicamente, este Tribunal, al expresarse en torno a

tal postulado, ha establecido lo siguiente:

Estos postulados constitucionales protegen y garantizan el derecho al sufragio universal, tanto en las elecciones generales como en los referéndums[s] y en los plebiscitos. Aunque no es derecho de carácter absoluto y la Legislatura tiene amplia facultad para reglamentarlo, le corresponde a los tribunales la responsabilidad de asegurar que la legislación promulgada cumpla con las garantías constitucionales. Al descargar esta responsabilidad tenemos que hacer un delicado balance entre el derecho fundamental al sufragio y el interés del Estado en reglamentar su ejercicio para que el proceso se conduzca ordenadamente con la mayor participación de electores en igualdad de condiciones. Cada decisión debe tomarse con cuidado, atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso. Como principio general, aquella legislación que sea onerosa y afecte sustancialmente el derecho al sufragio es susceptible de impugnación constitucional. (Énfasis suplido). Íd.

En ese sentido, vale la pena señalar que una de las

herramientas con las cuales históricamente se ha procurado

garantizar la igualdad electoral en nuestro País lo es el Art.

12.0001 de la Ley Núm. 78-2011, 16 LPRA sec. 4231, antes

denominado Art. 8.0001 de la Ley Electoral de Puerto Rico de

1977, Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, 16 LPRA

sec. 3351 (en adelante, ―Ley Electoral de 1977‖) 31. En

31 El mencionado Art. 8.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico de 1977, Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, 16 LPRA sec. 3351, derogado por el Art. 12.001 de la Ley Núm. 78-2011, Ley Electoral del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, disponía de la siguiente forma:

Se prohíbe a las agencias del Gobierno de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y a la Rama Judicial, que a partir del 1ro. de enero del año en que deba celebrarse una elección general y hasta el día siguiente a la fecha de celebración de la misma, incurran en gastos para la compra de tiempo y espacio en los medios de difusión pública con el propósito de exponer sus programas, proyectos, logros, realizaciones, proyecciones o planes. Se exceptúan de esa disposición aquellos avisos y anuncios de prensa expresamente requeridos por ley. CT-2017-002 15

lo pertinente a la controversia ante nos, la referida

disposición legal establece que:

Durante el año en que se celebre una elección general y hasta el día siguiente a la fecha de la celebración de la mis ma, se prohíbe a las agencias del Gobierno, a la Asamblea Legislativa y a la Rama Judicial de Puerto Rico incurrir en gastos para la compra de tiempo y espacio en los medios de comunicación, así como para la compra y distribución de materiales propagandíst icos o promocionales con el propósito de exponer sus programas, proyectos, logros, realizaciones, proyecciones o planes. Se exceptúan de esta disposición aquellos avisos y anuncios de prensa expresamente requeridos por ley; las campañas de la Compañía de Turismo para promoción del turismo interno, campañas de promoción fuera de Puerto Rico por parte de la Compañía de Turismo de Puerto Rico o la Autoridad de Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico promocionando a la isla de Puerto Rico como destino turístico, o la Compañía de Fomento Industrial promocionando la inversión del extranjero en Puerto Rico, siempre que no incluyan relaciones de logros de la administración o la corporación ni se destaque la figura de ningún funcionario. Además, se excluyen las notificaciones o convocatorias para procesos de vistas públicas legislativas o administrativas que se publique y circule sin usar los medios de difusión masiva pagados.

Asímismo [sic.], se exceptúan de la anterior disposición aquellos anuncios que se an utilizados para difundir información de interés público, urgencia o emergencia, los cuales sólo serán

Asimismo, se exceptúan de la anterior disposición aquellos anuncios que sean utilizados para difundir información de interés público, urgencia o emergencia, los cuales sólo serán permitidos previa autorización al efecto de la Comisión Estatal de Elecciones. 16 LPRA sec. 3351. CT-2017-002 16

permitidos previa autorización al efecto de la Comisión.

En el caso de los anuncios o avisos que son requeridos por ley, a las agencias del Gobierno, a la Asamblea Legislativa y a la Rama Judicial de Puerto Rico, así como a los municipios, la Comisión tendrá un término de dos (2) días laborables para expresar por escrito su aprobación o reparo, al aviso o anuncio para el cual se solicitó la autorización. El término antes mencionado se contará a partir del momento de la solicitud de autorización a la Comisión, y en caso de que el mismo expire sin que la Comisión haya expresado su aprobación o reparo, se dará por autorizado el mensaje, aviso o anuncio en cuestión; y no será necesaria la emisión de documentos de aprobación por parte de la Junta.

Las disposiciones de esta sección no serán de aplicación al cargo de Comisionado Residente, las que se regirán por lo estatuido en la Ley Federal de Elecciones 2 U.S.C. § 441 (a)(1)(A) et seq.

La violación de esta sección conllevará a la agencia o dependencia gubernamental una multa administrativa de hasta diez mil (10,000) dólares por la primera infracción y hasta veinticinco mil (25,000) dólares por infracciones subsiguientes. Los fondos que se obtengan bajo este concepto, pasarán a formar parte del fondo especial para el financiamiento de los gastos de automatización de los procesos electorales, según se dispone en la sec. 4011 de este título. Como se puede apreciar, la puesta en vigor del Art.

12.001, antes Art. 8.001 de la Ley Electoral de 1977,

tuvo el efecto de, salvo contadas excepciones

autorizadas por la J.E.A., restr ingir la divulgación de

información por parte del Estado Libre Asociado durante la

celebración de las elecciones generales en el País. Dicho de otra forma, CT-2017-002 17

el referido estatuto tuvo la ―intención legislativa de excluir

definitivamente del proceso político la influencia solapada que

el partido en el poder pueda tener mediante el uso de los

anuncios gubernamentales‖. P.P.D. v. Gobernador I, supra, a las

págs. 682-683, citando con aprobación a C.E.E. v. Depto. de

Estado, 134 DPR 927, 939 (1993)32. Disposiciones como ésta

reflejan ―el interés en descontinuar durante el período

eleccionario la práctica de las agencias gubernamentales de

hacer campaña política mediante la publicación de anuncios

sobre sus logros y planes‖. P.P.D. v. Gobernador I, supra, a la

pág. 683, citando a C.E.E. v. Depto. de Estado, supra, a la

pág. 939.

Notamos, pues, que al igual que bajo el esquema

previamente establecido mediante el derogado Art. 8.001 de la

Ley Electoral de 1977, supra, el nuevo Art. 12.001 de la Ley

Núm. 78-2011, supra, -- el cual, en esencia, adelanta el mismo

espíritu que su predecesor -- busca evitar que el Estado Libre

Asociado y sus agencias, mediante la utilización de fondos

públicos, influyan de alguna forma en la libre expresión y

selección de los ciudadanos y ciudadanas que participan en los

eventos electorales del País. Sobre el particular, véase 1er

Informe de la Comisión Especial sobre la Reforma

32 Tales expresiones, en referencia al antiguo Art. 8.001 de la Ley Electoral de 1977, supra, derogado por el actual Art. 12.001 de la Ley Núm. 78-2011. CT-2017-002 18

Gubernamental rendido con enmiendas sobre el Sustitutivo de la

Cámara al P. de la C. 1863, 10 de noviembre de 2010, 4ta Sesión

Ordinaria, 16ta Asamblea Legislativa, pág. 2533.

Así pues, en aras de garantizar el fiel cumplimiento de lo

dispuesto en el Art. 12.001 de la Ley Núm. 78-2011, supra, -- y

similar a como se hacía cuando estaba vigente el Art. 8.001 de

la Ley Electoral de 1977, -- en virtud de la Sec. 2.1 del

Reglamento para el Control de Gastos de Difusión Pública del

Gobierno de la Comisión Estatal de Elecciones de 14 de octubre

de 2015, se estableció la J.E.A. Así, se le concedió a dicho

organismo la encomienda de evaluar toda solicitud de

autorización de difusión de anuncios presentada por el gobierno

de Puerto Rico en las elecciones generales. Íd., Sec. 2.3, pág.

6.

Ahora bien, es menester señalar que la activación de la

veda electoral para la difusión de anuncios gubernamentales

contenida en el Art. 12.001 de la Ley Núm. 78-2011, no solo se

limita a la celebración de elecciones generales, como pretende

sugerir su texto. Al respecto, y para entender el alcance de

esta prohibición, conviene repasar las interpretaciones -- a

nuestro juicio, correctas y completas -- que del Art. 8.001 de la Ley

33 Allí, la Comisión Especial sobre la Reforma Gubernamental expresó que el proyecto de ley -- eventualmente, tras su aprobación y firma, convertido en la Ley Núm. 78-2011 -- tenía como fin, entre otro, “[g]arantizar a los electores, la reducción del gasto público en campañas políticas, así como reducir al mínimo la intervención con la voluntad del electorado de elementos ajenos al proceso electoral”. 1er Informe de la Comisión Especial sobre la Reforma Gubernamental rendido con enmiendas sobre el Sustitutivo de la Cámara al P. de la C. 1863, 10 de noviembre de 2010, 4ta Sesión Ordinaria, 16ta Asamblea Legislativa, pág. 25. CT-2017-002 19

Electoral de 1977 realizó este Tribunal en los casos P.P.D. v.

Gobernador I, supra, y P.P.D. v. Gobernador II, 136 D.P.R. 916

(1994).

En P.P.D. v. Gobernador II, Íd., este Tribunal tuvo ante su

consideración una situación de hechos muy similar a la que hoy

nos atañe. En aquella ocasión, se impugnó la validez de la Ley

Núm. 49 de 2 de agosto de 1994, también conocida como Ley

Habilitadora del Referéndum sobre Enmiendas a la Constitución de

Puerto Rico de 1994 (en adelante, ―Ley Habilitadora‖), mediante

la cual se autorizó la celebración de un referéndum para que

los electores inscritos manifestaran su aprobación o rechazo a

unas enmiendas propuestas a varias secciones y artículos de la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra.

En lo aquí relacionado, los demandantes solicitaron que se

le ordenara al Gobernador de Puerto Rico y a las corporaciones

públicas demandadas, junto a los correspondientes funcionarios

públicos, detener las campañas publicitarias realizadas por

estos a través de los medios de difusión pública del País.

Ello, al amparo del Art. 8.001 de la Ley Electoral de 1977,

En dicha ocasión, el foro primario determinó que el

referido artículo de la Ley Electoral de 1977 tenía vigencia

en relación al referéndum programado en Puerto Rico, por lo

que ordenó a la C.E.E. a nombrar la Junta de Anuncios

que habría de evaluar la necesidad de publicación CT-2017-002 20

de todo anuncio gubernamental hasta el día después del

referéndum. Ello, al amparo del principio de igualdad económica

inmerso en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico.

Así las cosas, este Tribunal se expresó en torno a la

aplicabilidad de la prohibición contenida en el antiguo Art.

8.001 de la Ley Electoral de 1977, supra, al referéndum a

celebrarse en el País, conforme a la Ley Habilitadora. En aquel

entonces, expresamos que, al amparo del Art. II, Sec. 2 del Art.

II de nuestra Constitución, Const. E.L.A., supra, y la intención

que tuvo la Convención Constituyente al redactar la misma, el

derecho constitucional al sufragio es ―un elemento común a las

elecciones generales y los referéndum[s]‖. (Énfasis suplido).

P.P.D. v. Gobernador II, 136 DPR a la pág. 925. Véase además,

Sánchez y Colón v. E.L.A., 134 D.P.R. en la pág. 449. Asimismo,

establecimos que el derecho constitucional del sufragio ―es

consustancial con la existencia misma de la democracia‖, por

tratarse de un derecho que está presente tanto en las elecciones

generales como en los referéndums. P.P.D. v. Gobernador II,

supra. Ese elemento común, -- el derecho constitucional al

sufragio -- sin duda alguna, también está presente en los

plebiscitos. CT-2017-002 21

Posteriormente, un año después, en P.P.D. v. Gobernador I,

supra34, se alegó la violación a los principios más esenciales

del derecho al voto, ante la utilización de fondos públicos por

parte del Estado o un Municipio para pagar anuncios que tenían

el propósito de beneficiar al partido político en poder o a los

candidatos de tal partido, tanto a nivel estatal como municipal.

En lo aquí pertinente, este Tribunal reafirmó la norma a

los efectos de que el axioma constitucional de igualdad

electoral queda protegido en nuestro ordenamiento. Asimismo,

hicimos énfasis en la protección brindada a dicho axioma por

nuestra Asamblea Legislativa, mediante el esquema electoral

establecido en Puerto Rico. En aquel entonces, establecimos que

el Art. 3.023 de la Ley Electoral de 1977, 16 LPRA sec. 3116,

tenía el propósito de salvaguardar dicho principio de igualdad

electoral, al otorgarle un trato igual a los partidos políticos

en la asignación anual de fondos públicos para su

funcionamiento. Véase P.P.D. v. Gobernador I, 139 D.P.R. en la

pág. 667.

Al evaluar la ―estrecha relación” entre la Sec. 9 del

Art. VI de nuestra Constitución, supra, y el axioma de

34 Es menester señalar que, contrario a lo intimado por el Gobierno de Puerto Rico en su Alegato, en P.P.D. v. Gobernador I, 139 DPR 643 (1995), la situación de hechos era una distinta a la presente. Allí, si bien se impugnó explícitamente la utilización de fondos públicos para sufragar la publicación de anuncios, ello no se dio en el contexto de la celebración de una elección general, referéndum, plebiscito o cualquier otro evento electoral. Por el contrario, se dio en el contexto de un año en el cual la veda electoral contenida en el antiguo Art. 8.001 de la Ley Electoral de 1977 era inaplicable, puesto que la misma solo cobraba vigencia durante la ocurrencia de algún evento electoral; ya sea una elección general, un plebiscito y/o referéndum, por ejemplo. CT-2017-002 22

igualdad electoral en su vertiente de igualdad económica,

dispusimos lo siguiente:

En la medida en que se subvencione una campaña político-partidista con fondos públicos, se le permite una ventaja a un partido (o candidato político) sobre otros, lo que atenta contra el axioma de igualdad electoral y socava los pilares del esquema electoral en nuestro País, el cual garantiza la igualdad económica entre los partidos sin limitarlo al período eleccionario . Esto afecta detrimentalmente [sic.], además, el derecho de los electores a ejercer su voto libre de cualquier coacción, toda vez que como componentes esenciales de los partidos son colocados en la misma desventaja económica que su partido frente al que subvencionó parte de su campaña política con los fondos de todo el Pueblo de Puerto Rico, incluso los de esos electores pertenecientes a cualquier partido de oposición del Gobierno actual. (Énfasis nuestro). Íd., a la pág. 671.

Siendo ello así, no existe duda -- tal y como resolvimos

en P.P.D. v. Gobernador II, supra, -- de que el principio de

igualdad inmerso en nuestra Constitución se manifiesta, entre

otras, en los asuntos electorales, trátese de una elección

general, plebiscito o referéndum. Así pues,

[e]l concepto de igualdad econó mica, con relación a la distribución de fondos públicos en el proceso electoral, impide que un partido que ostente el poder de gobernar al pueblo en un momento dado utilice fondos públicos para tomar ventaja indebida dirigida a promover su postura. El Art. 8.001 [de la Ley Electoral de 1977], supra, es precisamente una medida preventiva para que no ocurra dicha práctica indebida. Por lo tanto, el referido artículo, por imperativo del axioma de igualdad inmerso en la Constitución, así como en protecció n del derecho constitucional a la libre selección traducido en el derecho al sufragio, resulta compatible y consecuentemente aplicable a la Ley Habilitadora del Referéndum . En aras de mantener un proceso democrático, no podemos permitir una ventaja ind ebida del CT-2017-002 23

partido que esté en el Gobierno para promover su postura mediante la utilización de fondos públicos. (Énfasis suplido). P.P.D. v. Gobernador II, supra, a la pág. 926.

En fin, si hace veinte (20) años -- en salvaguarda al

principio de igualdad electoral y la paridad económica de los

partidos políticos -- resolvimos que la prohibición contenida en

el Art. 8.0001 de la Ley Electoral de 1977, supra, era extensiva

a un evento de referéndum a celebrarse en el País, igual

garantía estamos obligados a extenderle a los eventos

electorales que se avecinan; entiéndase, el Plebiscito del 11 de

junio de 2017 y el posible Referéndum del 8 de octubre del mismo

año.

Nótese que las elecciones generales, los plebiscitos y los

referéndums tienen un elemento común. Buscan, mediante el

ejercicio del voto, auscultar el sentir de la ciudadanía sobre

distintos asuntos de vital importancia. En una elección general

se elige a los representantes del Pueblo; en el plebiscito, se

adoptan decisiones fundamentales sobre la estructura o forma

del Estado; y en el referéndum, se expresa sobre cualquier

asunto sometido a su consulta, como por ejemplo: asuntos de

naturaleza constitucional y/o legislativa, o relativos a

decisiones de naturaleza política. Véase Art. 2.003, incisos

(31), (82) y (86), respectivamente, de la Ley Núm. 78-2011,

Es evidente entonces, que todas tienen un elemento común:

convocar al pueblo para que mediante el ejercicio del voto se

expresen sobre un tema trascendental. Al ser eventos tan CT-2017-002 24

similares e involucrar el derecho al voto como vehículo de

expresión, no cabe hacer distinción entre ellos a los efectos

de cumplir, en el plebiscito, con el mandato constitucional que

identificamos en P.P.D. v. Gobernador II, supra. Lo contrario -

- es decir, no aplicar la veda electoral al Plebiscito pero,

meses más tardes, sí aplicar tal prohibición al Referéndum --

sería una anomalía, puesto que la Ley Núm. 7-2017, supra,

dispone para ambos eventos. Esto sería una lectura muy

enrevesada.

En este caso, contrario a lo esbozado por la mayoría de

este Tribunal, no existe condición alguna que deba mover a esta

Curia a variar el precedente previamente establecido. Todo lo

contrario. Es nuestra responsabilidad, como Alto Foro Judicial,

otorgar cierto grado de certeza en cuanto a si, ante la

eventualidad de los eventos electorales mencionados, se debe

activar la J.E.A. como filtro para determinar si las agencias

adscritas al Poder Ejecutivo pueden o no incurrir en gastos de

fondos públicos en la publicación de anuncios; además de

cerciorarse de que los referidos anuncios no estén matizados

por posturas político-partidistas.

Por último, es menester señalar que en el caso de la ley

en controversia, la Ley Núm. 7-2017, supra, esta prohibición se

hace más patente si tomamos en cuenta que esta ley -- además de

establecer los pormenores para la realización de los eventos

electorales del 11 de junio y 8 de octubre de 2017 -- en su

Art. XIII, Sec. 1, expresamente establece que las prohibiciones CT-2017-002 25

y los delitos relacionados con la celebración de esta

consulta, se regirán por las disposiciones establecidas en la

Ley Núm. 78-2011; entiéndase, la vigente Ley electoral de

Puerto Rico. Sobre este particular, se señala en el mencionado

Art. XII, Sec. 1, lo siguiente:

Las prohibiciones y los delitos relacionados con la celebración de esta consulta, se regirán por las disposiciones establecidas en la Ley 78-2011, según enmendada, conocida como la ―Ley Electoral de Puerto Rico‖ y por la Ley 222-2011, conocida como la ―Ley para la Fiscalización de Campañas Políticas en Puerto Rico‖, excepto cuando sean improcedentes o incompatibles con las disposiciones de esta Ley o cuando esta Ley dispone delito o penalidad específica. Íd., a la pág. 47.

Demás está decir que, entre esas prohibiciones, en la Ley

Núm. 78-2011 se encuentra la prohibición de incurrir en gastos

para la compra de tiempo y espacio en los medios de

comunicación del País, así como para la compra o distribución

de materiales propagandísticos o promocionales con el propósito

de exponer los programas, proyectos, logros, realizaciones,

proyecciones y/o planes de las agencias adscritas al Poder

Ejecutivo. Lo anterior, como ya hemos mencionado, con excepción

de aquellos avisos y anuncios de prensa expresamente requeridos

por ley y las campañas de la Compañía de Turismo, así como

aquellos anuncios que sean utilizados para difundir información

de interés público, urgencia o emergencia, los cuales sólo

serán permitidos previa autorización de la C.E.E.

Además, al considerar la ci tada sección de ley, es

menester tomar en consideración también el Art. 11.001

de la Ley Núm. 78-2011, 16 LPRA sec. 4211, el cual CT-2017-002 26

dispone que ― [t]odo referéndum, consulta o plebiscito

que se celebre en Puerto Rico se regirá por la ley

especial que a tal fin se apruebe y por las

disposiciones de este subtítulo en todo aquello

necesario o pertinente para lo cual dicha ley especial

no disponga‖. Es decir, surge con meridiana claridad

que la intención legislativa no fue tornar i noperante

la Ley Núm. 78 -2011, supra, sino que, por el contrario,

el propio estatuto especial reconoce su eficacia. Véase

además el Art. 18 del Código Civil de Puerto Rico, 31

LPRA sec. 18 (―Las leyes que se refieren a la misma

materia o cuyo objeto sea el mismo, deben ser

interpretadas refiriendo las unas a las otras, por

cuanto lo que es claro en uno de sus preceptos pueda

ser tomado para explicar lo que resulte dudoso en

otro‖.).

Es, pues, a la luz de la normativa antes expuestas,

que procedemos a dispon er de las controversias ante

nuestra consideración.

IV.

En el presente caso, el argumento principal de la

Comisionada Electoral del P.N.P., el Procurador General, del

Senado de Puerto Rico y de la Cámara de Representantes de Puerto

Rico, es que, si bien el Estado no tiene un derecho de libertad

de expresión, sí posee el deber y la facultad de comunicarse con CT-2017-002 27

sus ciudadanos con el fin de informar sobre planes

gubernamentales y demás asuntos relacionado s. Bajo esta

premisa, alegan que, contrario a lo resuelto en la

Resolución de la C.E.E. , las disposiciones contenidas

en el Art. 12.001 de la Ley Núm. 78 -2011, supra, son de

aplicación exclusivamente durante el año en que se

celebre una elección general. A demás, argumentan que

tanto el Referéndum como el Plebiscito son eventos no

definidos como ―elección general ‖ y, por lo tanto, no

ha de aplicarse la prohibición estatutaria durante la

celebración de tales eventos. No le asiste la razón.

Como hemos visto, s imilares planteamientos ya fueron

atendidos y descartados por este Tribunal en P.P.D. v.

Gobernador II, supra, y P.P.D. v. Gobernador I, supra,

respectivamente.

Y es que la controversia ante nuestra consideración

se ceñía a determinar si, fuera del añ o en el que se

celebran las elecciones generales en nuestro País, -- y

ante la celebración de un evento distinto a las

referidas elecciones generales, por virtud de una ley

especial -- cobraban vida las disposiciones de la veda

electoral contenidas en el A rt. 12.001 de la Ley Núm.

78-2011, supra. Ello, a los fines de que cualquier

anuncio que el Estado pretendiera difundir por los

medios de comunicación del País, fuese evaluado por el

ente designado por la C.E.E., a saber, la J.E.A. CT-2017-002 28

Conforme a la normativa antes expuesta -- la cual

es una correcta y no amerita revocarse -- y en vista de

que este caso no presenta elementos adicionales a los

ya evaluados por este Tribunal en los casos

anteriormente discutidos, entendemos que actuó

correctamente la C.E.E. al h acer extensivas las

disposiciones del Art. 12.001 de la Ley Núm. 78 -2011,

supra, a los eventos electorales a celebrarse en el

País el 11 de junio de 2017 y, de ser necesario, al que

se llevaría a cabo el 8 de octubre del mismo año, a

saber, el Plebiscito y Referéndum, respectivamente. No

podemos avalar que el Estado Libre Asociado, mediante

anuncios por medios de difusión pública, y con fondos

provenientes del Pueblo, interfiera con la prerrogativa

de cada uno de nuestros individuos. El derecho al

sufragio es inminente a la democracia misma y nos

corresponde velar por que se ejerza de forma libre y

voluntaria, en todo suceso electoral. Siendo ello así,

es nuestro juicio que los errores señalados no se

cometieron.

V. Antes de finalizar, y en torno a uno de los

planteamientos esbozados por el Procurador General, a

los efectos de que aplicar la veda electoral tendría el

efecto de socavar su facultad de comunicarse con el

Pueblo en torno a asuntos gubernamentales, citamos ― in CT-2017-002 29

extenso” lo dispuesto por este Tribunal en P.P.D v. Gobernador

II, supra, a saber:

Los derechos contenidos en la Carta de Derechos le[s] asisten a los individuos frente al Estado. Esos derechos no pueden extenderse a las expresiones del Gobierno porque los derechos están formulados en términos de lo que el Gobierno no puede hacer con relación a la expresión de las personas y no a la inversa. De ahí que el Gobierno no tiene un derecho constitucional a la libre expresión protegido. El problema ante nos implica el axioma básico de que el proceso decisional puertorriqueño responde en su realidad al postulado de igualdad inmerso en nuestra Constitución, el cual persigue lograr paridad económica entre los partidos políticos para la divulgación de ideas y mensajes en nuestro país. Véanse: Marrero v. Mun. de Morovis, 115 D.P.R. 643, 646 (1984); P.N.P. v. Tribunal Electoral, supra, pág. 753. De ello resulta que existe un amplio poder en la limitación de la propaganda gubernamental.

Por otro lado, no se veda completamente los anuncios gubernamentales, puesto que existe un mecanismo provisto por la C.E.E., que pasará juicio sobre el anuncio, para autorizarlos si ello corresponde. Dicha determinación está sujeta a revisión por parte de los tribunales. Recordemos que se trata de un interés apremiante en proteger el derecho constitucional de igualdad, que existe un interés en que el Estado y sus instrumentalidades [sic.] se mantengan neutrales, salvaguardando así el principio de libre selección del pueblo contenido en la Sec. 2 del Art. II de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1. P.P.D v. Gobernador II, a las págs. 924-925.

VI. Establecido lo anterior, y a modo de epílogo, hoy

hubiésemos resuelto que, al amparo del axioma de igualdad

electoral en su vertiente de igualdad económica consagrado en

la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

supra, el Art. 12.001 de la Ley Núm. 78-2011, supra, es de

aplicación en toda su extensión tanto al Plebiscito a celebrase CT-2017-002 30

el 11 de junio de 2017, así como, de ser necesario, al

Referéndum a llevarse a cabo el 8 de octubre del mismo año. Las

elecciones generales, los plebiscitos y los referéndums tienen

como denominador común el ejercicio del derecho constitucional

al sufragio. Es nuestra función, como últimos intérpretes de la

Constitución, procurar por la pureza de dichos procesos. A

través de esta Opinión Disidente, lo hemos hecho en el día de

hoy.

VII. Por los fundamentos antes expuestos, disentimos de lo

resuelto por una mayoría de este Tribunal. Siendo ello así,

hubiéramos confirmado la Resolución de la C.E.E. y, en su

consecuencia, ordenado la constitución de la J.E.A.

Ángel Colón Pérez Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Norma E. Burgos Andújar, Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista

v. Certificación Comisión Estatal de intrajurisdiccional Elecciones, por conducto de su Presidenta, Liza García Vélez; Comisionado Electoral Interino del Partido Popular Democrático, Miguel Ríos Torres; Comisionada Electoral CT-2017- Designada del Partido 0002 Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por conducto de la Secretaria de Justicia, Hon. Wanda Vázquez Garced

Senado de Puerto Rico, por conducto de su Presidente, Hon. Thomas Rivera Schatz, y su Secretario Manuel Torres Nieves; Cámara de Representantes de Puerto Rico, por conducto de su Presidente Hon. Carlos Méndez Nuñez y su Secretaria Ayleen Figueroa Vázquez

RESOLUCIÓN Nunc Pro Tunc

San Juan, Puerto Rico, a 20 de abril de 2017 CT-2017-0002 2

Se enmienda nunc pro tunc la Opinión Disidente de 19 de abril de 2017 de la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez a los efectos de corregir el último párrafo de la página 7, el cual debe leer de la siguiente manera:

Además, hay que resaltar que la mayoría revoca P.P.D. v. Gobernador II, sin que los peticionarios lo solicitaran. Por el contrario, éstos en varias ocasiones, tanto en su petición de certificación como en su alegato, reconocen la validez del caso como jurisprudencia vigente, más lo distinguen para sostener que la norma que allí se sentó no aplica a la situación planteada en este caso, pero en ningún momento plantean que hay que revocarla y por qué. Con su proceder, la mayoría transgrede el derecho de los recurridos a rebatir este planteamiento con sus propios fundamentos.35 Es más, la mayoría adopta un curso de acción idéntico al que le critica al Tribunal que suscribió P.P.D. v. Gobernador II, ante. Estamos, francamente, ante argumentos o fundamentos estólidos.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.

Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo

35 Por otro lado, yo tenía entendido que el derecho es rogado y que planteamientos no argüidos por las partes, particularmente de índole constitucional, no serán atendidos por este Tribunal. Véase, por ejemplo, ELA v. Northwestern Selecta, 185 DPR 40 (2012); Abengoa, S.A. v. American Intl. Ins., 176 DPR 512 (2009) (Es un principio de derecho arraigado en nuestro ordenamiento que, en apelación, nos abstendremos de adjudicar cuestiones no planteadas ante el Tribunal de Primera Instancia); Echandi Otero v. Stewart Title, 174 DPR 355 (2008) (Es norma vigente en nuestra jurisdicción que en apelación nos abstendremos de adjudicar cuestiones no planteadas ante el tribunal de instancia); Delgado, Ex Parte, 165 DPR 170 (2005); Dorante v. Wrangler of P.R., 145 DPR 408, 443 (1998); Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez, 125 DPR 340 (1990) (Así nos adherimos a la norma vigente de que en apelación nos abstendremos de adjudicar cuestiones no planteadas en primera instancia); Sánchez v. Eastern Air Lines, Inc., 114 DPR 691 (1983); Santiago Cruz v. Hernández Andino, 91 DPR 709, 712 (1965). Por lo menos esa era la norma hasta hoy. A no ser que en un futuro, el vaivén de la marea requiera otro resultado cuando se escriba un nuevo capítulo de esta Crónica.