EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
United Surety & Indemnity Company
Demandante-Recurrida
v. Certiorari Bayamón Steel Processors, Inc., et al. 2004 TSPR 56
Codemandados-Recurridos 161 DPR ____
Marino A. Villa, et al.
Codemandados-Peticionarios
Número del Caso: CC-2001-23
Fecha: 13 de abril de 2004
Tribunal de Circuito de Apelaciones:
Circuito Regional I
Juez Ponente:
Hon. José M. Aponte Jiménez
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Freddie Berríos Pérez
Abogados de la Parte Recurida:
Lcdo. Héctor Saldaña Egozcue Lcda. Camille Jové Matos
Materia: Cobro de Dinero y Fraude de Acreedores
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
United Surety & Indemnity Company Demandante–recurrida
vs. CC-2001-23 CERTIORARI
Bayamón Steel Processors, Inc., et al. Codemandados–recurridos
Marino A. Villa, et al. Codemandados-peticionarios
OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ
San Juan, Puerto Rico, a 13 de abril de 2004
El 19 de octubre de 1994 Bayamón Steel
Processors, Inc. instó una demanda en cobro de
dinero contra Barrio Obrero Steel Yard, Inc. (BOSY)
ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala
Superior de San Juan. En la misma reclamó el pago
de $154,806.20 por concepto de mercancías vendidas,
intereses, costas y honorarios de abogado. Además,
solicitó una orden para el embargo preventivo de
bienes de BOSY hasta la suma de doscientos mil
dólares a los fines de asegurar la efectividad de
la sentencia que, en su día, pudiese obtener a su
favor. Asimismo, sometió una fianza, emitida por CC-2001-23 3
United Surety & Indemnity Co., por la suma de trescientos
mil dólares para responder por los daños y perjuicios que
pudieran causarse como consecuencia del embargo.
El tribunal de instancia expidió la orden solicitada
por Bayamón Steel, la cual fue diligenciada el 21 de
octubre de 1994. A esos efectos, fueron embargadas unas
cuentas por cobrar, que ascendían a $26,772.00, y una
cuenta bancaria, la cual tenía un balance de $5,585.85,
pertenecientes las mismas a BOSY.
A sólo cuatro días de diligenciado el embargo, el 25
de octubre de 1994, la demandante Bayamón Steel presentó
ante el foro de instancia una demanda enmendada. En la
misma incluyó una nueva causa de acción por fraude de
acreedores y acumuló a Marino A. Villa y a Javier A.
Villa, como demandados adicionales.1 Además, solicitó del
tribunal de instancia la expedición de una orden de
prohibición de enajenar contra BOSY y la entrega de unos
activos que ésta alegadamente había ocultado. Sin previa
celebración de una vista, ni la prestación de fianza, el
tribunal de instancia emitió la orden solicitada. En ésta
se le ordenó a BOSY, y a los codemandados Villa, que
pusieran todos sus bienes muebles bajo el control del
tribunal, así como también copia de los títulos sobre
1 Es menester señalar que en la referida demanda enmendada se acumularon, además, a las esposas de los codemandados y a las sociedades legales de bienes gananciales por ellos compuestas. Ambos codemandados eran accionistas de BOSY. CC-2001-23 4
bienes inmuebles propiedad de BOSY, ello bajo
apercibimiento de desacato.
La referida orden fue diligenciada el 31 de octubre
de 1994.2 Tres (3) días después, el 3 de noviembre de 1994,
BOSY se acogió al Capítulo 7 de la Ley de Quiebras
Federal. La Corte de Quiebras de los Estados Unidos para
el Distrito de Puerto Rico ordenó la paralización del
procedimiento judicial en contra de BOSY; ello no
obstante, el procedimiento prosiguió en contra de los
codemandados Villa ante el tribunal de instancia.
Así las cosas, los nuevos demandados contestaron la
demanda enmendada negando los hechos medulares de la
misma. Éstos, además, reconvinieron contra Bayamón Steel,
aduciendo que se habían visto obligados a retirar su
corporación de la industria de compra y venta de artículos
de hierro y/o acero, además de tener que someter sus
activos al procedimiento de liquidación bajo el Capítulo 7
de la Ley de Quiebras Federal, por motivo de las órdenes
de embargo y prohibición de enajenar expedidas por el
tribunal; en vista a ello, reclamaron daños alegando que
no habían podido realizar negocios con dicha empresa, lo
cual, según arguyen, hubiera maximizado el valor económico
2 El alguacil que realizó dicho diligenciamiento sólo notificó a BOSY por conducto de su presidente, Javier A. Villa. CC-2001-23 5
del haber de la corporación.3 Bayamón Steel, por su parte,
contestó la reconvención negando todo lo alegado.
El 30 de octubre de 1996, el foro de instancia
desestimó la demanda incoada por Bayamón Steel contra los
codemandados Villa; ello no obstante, ordenó la
continuación del procedimiento judicial, específicamente,
en cuanto a las reconvenciones presentadas. Tras varios
trámites procesales, que incluyeron la celebración de una
vista, el referido foro determinó que la actuación de
Bayamón Steel, consistente en embargar bienes de BOSY y
obtener una orden de prohibición de enajenar, fue la causa
de los daños y perjuicios sufridos por los codemandados.
En tal virtud, condenó a Bayamón Steel a pagar a Javier A.
Villa la suma de trece mil dólares4 y a Marino A. Villa la
suma de ochenta y cuatro mil trescientos veintinueve
3 Agregaron que el cierre de BOSY les causó pérdidas económicas que, según el codemandado Marino A. Villa ascienden a más de $50,000.00 y, según el otro codemandado, Javier A. Villa, son mayores de $25,000.00. Además, alegaron que a consecuencia de las actuaciones de Bayamón Steel han sufrido angustias mentales y daños emocionales. 4 Estos $13,000 fueron desglosados por el foro de instancia de la siguiente manera: $3,000 por concepto de daños emocionales y mentales como consecuencia de la orden de prohibición de enajenar que provocó el cierre de Barrio Obrero Steel, $5,000 por los daños “a su relación personal con el Banco y el Comercio” y $5,000 por los gastos legales incurridos como consecuencia de la prohibición de enajenar que "provocó el cierre de las operaciones de BOSY [Barrio Obrero Steel]". En relación con los daños sufridos a su relación personal con la banca y el comercio, los atribuyó al embargo y a la prohibición de enajenar. No especificó cuál de estos actos prevaleció ni en qué proporción se deberían fijar. CC-2001-23 6
dólares.5 Además, le ordenó a United Surety & Indemnity que
hiciera efectivo dicho pago.6
United Surety & Indemnity, por su parte, instó una
acción independiente sobre sentencia declaratoria y
nulidad de sentencia. En la misma alegó, entre otras
cosas, que la enmienda a la demanda efectuada por Bayamón
Steel, sin su consentimiento, tuvo el efecto de relevarla
de su obligación de responder por los daños ocasionados a
raíz de los mecanismos de aseguramiento de sentencia
solicitados. Los codemandados Villa solicitaron la
desestimación de la demanda y/o que se dictara sentencia
sumaria a su favor, arguyendo que, como fiador solidario,
United Surety & Indemnity debía responder por todos los
daños causados.
El tribunal de instancia emitió una sentencia parcial
final concluyendo, entre otras cosas, que la enmienda a la
demanda realizada por Bayamón Steel, en la que añadió una
nueva causa de acción y dos nuevos demandados, constituyó
5 De éstos, $50,000 correspondían a la pérdida en la venta de materiales y equipo gravados a su favor por $70,000 con la hipoteca de bienes muebles los cuales "tuvieron que venderse" en $20,000; $16,329 por la pérdida en el recobro de cuentas por cobrar ocasionada por el embargo; $6,000 de gastos legales incurridos en la tramitación del caso; $7,000 por desembolso al Tribunal de Quiebras y $5,000 por daños "a su relación personal con el comercio y la banca" ocasionados por el embargo y la prohibición de enajenar. Al igual que con el codemandado Javier A. Villa, el foro de instancia no especificó una proporción atribuible a las últimas alegadas actuaciones. 6 En la alternativa, se le citó para que mostrara causa por la cual no debería ser obligada a pagar. Asimismo, se le notificó la sentencia emitida en contra de Bayamón Steel. CC-2001-23 7
una modificación que no tuvo ningún efecto en la
obligación contraída por United Surety & Indemnity. En tal
virtud, concluyó que esta última no quedó liberada de su
compromiso como fiadora de Bayamón Steel. Asimismo,
dispuso que la fianza emitida el 20 de octubre de 1994
garantizaba y cubría no sólo los daños que pudiese causar
el embargo, sino también, la prohibición de enajenar.
Inconforme con dicho dictamen, United Surety &
Indemnity acudió ante el Tribunal de Apelaciones. Mediante
sentencia de 31 de octubre de 2000 el referido foro
resolvió que “la fianza judicial suscrita por United se
expidió para que el tribunal autorizase el embargo de
bienes, [y] no una solicitud de prohibición de enajenar.”
Sostuvo que la enmienda a la demanda realizada
posteriormente por Bayamón Steel, a los efectos de
acumular nuevos demandados, incluir una nueva causa de
acción y solicitar la expedición de una orden de
prohibición de enajenar, no fue notificada a --ni
consentida por-- United Surety & Indemnity. En tal virtud,
concluyó que esta última sólo debía responder por los
daños causados a consecuencia del embargo preventivo que
fue solicitado como parte de la acción de cobro de dinero
originalmente instada. De este modo, el foro apelativo CC-2001-23 8
intermedio redujo la cuantía de la indemnizaciones
concedidas por el tribunal de instancia.7
Insatisfechos, los codemandados Villa acudieron ante
este Tribunal --vía certiorari-- alegando, en síntesis,
que el Tribunal de Apelaciones incidió al concluir que la
obligación que como fiador asumió United Surety &
Indemnity estaba limitada a los daños causados a
consecuencia del embargo preventivo que fue solicitado
como parte de la acción de cobro de dinero originalmente
instada.
Expedimos el recurso. Contando con las comparecencias
de ambas partes, y estando en condición de resolver el
mismo, procedemos a así hacerlo.
I
El Artículo 1722 del Código Civil de Puerto Rico, 31
L.P.R.A. sec. 4872, dispone, específicamente, que la
fianza puede ser de tres tipos: convencional, legal o
judicial. Refiriéndonos, en particular, a las fianzas
judiciales se ha señalado que se trata de aquellas
“requeridas por los tribunales en el ejercicio legítimo de
sus funciones, y que persiguen dar efectividad a las
órdenes y sentencias que se dicten en los diversos asuntos
que se atienden a diario.” José R. Vélez Torres, Curso de
7 Las indemnizaciones de Mariano y Javier Villa fueron reducidas de $84,000.00 a $31,829.00 y de $13,000.00 a $2,500.00, respectivamente. CC-2001-23 9
Derecho Civil: Derecho de Contratos, Ed. Revista Jurídica
de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, San Juan,
1990, T.II, Vol. IV, pág. 532.
Algunos de los elementos característicos de esta
figura jurídica son los siguientes: (i) se trata de una
garantía personal y no real; (ii) es accesoria a la
obligación principal; (iii) constituye una obligación
solidaria por lo que no procede exigir la excusión de
bienes del fiado; (iv) puede constituirse mediante un
contrato gratuito u oneroso. Véase: G.E.C. & L. v. So.T. &
O.Dist., 132 D.P.R. 808, 814-15 (1993); García v.
Commonwealth Insurance Co., 108 D.P.R. 380, 386 (1987);
Caribe Lumber & Trading Co. v. Inter-American Builders,
Inc., 101 D.P.R. 458, 467-68 (1973); Vélez Torres, Curso
de Derecho Civil: Derecho de Contratos, ante, a las págs.
529-31.
Por otro lado, el Artículo 1726 de nuestro Código
Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4876, en su primer párrafo,
establece tres principios medulares que rigen la normativa
de esta clase de contrato; a saber: la fianza nunca se
supone, siempre deberá ser expresa y la misma nunca podrá
extenderse más allá de lo contenido en ella. A esos
efectos, hemos señalado que “a los fiadores no puede
hacérseles responsables más allá de aquello a que se
obligaron.” Stella, Hoy su Sucn. v. Municipio, 76 D.P.R.
783, 799 (1954); Avalo v. Cacho, 71 D.P.R. 105, 110 CC-2001-23 10
(1950). Véase, además: García v. Commonwealth Insurance
Co., ante, a la pág. 392.
Aun cuando la doctrina prevaleciente es en el sentido
de que las fianzas prestadas en consideración al pago de
primas deben ser interpretadas liberalmente a favor de sus
beneficiarios, este Tribunal ha sido enfático al expresar
que ello no constituye carta blanca para imponer, mediante
interpretación, obligaciones que un fiador nunca pensó
asumir. Véase: Caguas Plumbing, Inc. v. Continental
Construction, Corp., res. el 30 de noviembre de 2001, 2001
T.S.P.R. 164; Mun. de San Juan v. Stadium & Coliseum
Operators, Inc., 113 D.P.R. 490, 494 (1982); Demas v.
Builders, Inc., Co., 109 D.P.R. 774, 781 (1980).
Un ejemplo de este principio lo encontramos en Caguas
Plumbing, Inc. v. Continental Construction, Corp., ante,
donde, citando a Mun. de San Juan v. Stadium & Coliseum
Operators, Inc., ante, explicamos que la doctrina de
interpretación liberal de la fianza tiene como límite
natural el principio mayor de la supremacía de la voluntad
de las partes. A esos efectos, señalamos que “si bien
nuestra jurisprudencia ha resuelto que un contrato de
fianza ha de interpretarse liberalmente, de modo que
favorezca las reclamaciones de terceros beneficiados,
dicha interpretación no puede abstraerse de la verdadera
intención de las partes.” Según concluimos, en este tipo
de casos “[d]ebe atenderse, en primer plano, el texto del CC-2001-23 11
contrato, visto en su totalidad y de acuerdo a las reglas
de hermenéutica dispuestas en nuestro Código Civil.” Ibid.
II
Como señaláramos anteriormente, en el presente caso
Bayamón Steel solicitó del tribunal una orden de embargo
preventivo para asegurar la efectividad de la sentencia
que en su día pudiera recaer en un pleito por cobro de
dinero instado contra BOSY. Para responder por los daños y
perjuicios que dicho embargo pudiera causar, Bayamón Steel
obtuvo de United Surety & Indemnity una fianza, la cual
fue expedida y aceptada por el tribunal.8
8 La misma disponía lo siguiente:
POR CUANTO: El demandante “BAYAMÓN STEEL PROCESSORS, INC.”, ha establecido una acción civil contra la parte demandada.
POR CUANTO: El demandante ha solicitado el aseguramiento de la Sentencia que pudiera recaer a su favor en dicha acción.
POR CUANTO: Este Honorable Tribunal ha exigido la presentación de una fianza por la suma e TRESCIENTOS MIL DÓLARES ($300,000.00) como condición previa a dicho aseguramiento y para responder a los daños y perjuicios que causen como consecuencia de dicho aseguramiento al aquí demandado o a cualquier tercero.
POR TANTO: Nosotros BAYAMÓN STEEL PROCESSORS, INC., como Principal y UNITED SURETY & INDEMNITY COMPANY como Fiadora, siendo ésta una corporación debidamente autorizada y organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, garantizamos la obligación que ha contraído la parte demandante en la acción civil de epígrafe respondiendo a la suma de TRESCIENTOS MIL DÓLARES ($300,000.00) para responder de los daños y (Continúa . . .) CC-2001-23 12
Cinco días después de que United Surety & Indemnity
prestara la referida fianza, Bayamón Steel presentó una
demanda enmendada en la cual añadió una causa de acción en
fraude de acreedores y acumuló dos nuevos demandados.
Además, solicitó --y obtuvo-- del tribunal la expedición
de una orden de prohibición de enajenar en contra de BOSY;
todo ello sin notificar previamente a la compañía fiadora.
Esto explica la alegación de United Surety & Indemnity a
los efectos de que, por no haber sido notificada de la
demanda enmendada, ha quedado liberada de responder por
los daños que tanto el embargo como la prohibición de
enajenar hubieren causado. De este modo, arguye que la
obligación que contrajo originalmente ha sufrido una
modificación extintiva. En ese aspecto, no le asiste la
razón; veamos por qué.
Nuestro Código Civil contiene una disposición que es
categórica al disponer que para que una obligación quede
extinguida es preciso que así se declare terminantemente o
que la obligación original y la nueva sean de todo punto
incompatibles. Artículo 1158, 31 L.P.R.A. sec. 3242. Esto
es, el llamado “efecto novatorio extintivo” se produce
solamente cuando las partes lo han querido y así lo han
declarado en forma inequívoca, o, en su defecto, cuando la
intención de novar se deriva de la incompatibilidad
___________________________ perjuicios que se causen por consecuencia de dicho aseguramiento al aquí demandado o cualquier tercero. CC-2001-23 13
absoluta entre las dos obligaciones. Warner Lambert Co. v.
Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378, 389 (1973); Goble &
Jiménez, Inc. v. Doré Rice Mill, Inc., 108 D.P.R. 89, 91
(1978). En tal virtud, este Tribunal ha expresado que por
estar en juego una cuestión de intención, la novación
nunca se presume. Ibid. Es importante recordar que para
que exista la novación extintiva es imprescindible que la
obligación original desaparezca. Véase: José R. Vélez
Torres, Curso de Derecho Civil: Derecho de Obligaciones,
2da. ed., Ed. Revista Jurídica de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico, San Juan, 1997, págs. 225-
226.
Es por lo antes expuesto que entendemos que, a
diferencia de lo que alega United Surety & Indemnity, el
caso de marras realmente no versa sobre una novación
extintiva. La obligación original que United Surety &
Indemnity contrajo en ningún momento ha dejado de existir.
Como señaláramos anteriormente, United Surety & Indemnity
se obligó a garantizar los daños que el embargo
--efectuado a raíz de la demanda en cobro de dinero--
pudiera ocasionar. Esta obligación ha quedado intacta. La
posterior enmienda a la demanda, presentada por Bayamón
Steel, no la hizo desaparecer.
Tampoco estamos ante un caso en que las partes hayan
expresado inequívocamente su deseo de que la obligación
quede extinta o ante la situación en que una nueva
obligación resulta de todo punto incompatible con la CC-2001-23 14
original. Por tanto, no cabe hablar de la ocurrencia de
una novación extintiva que releve a United Surety &
Indemnity de responder por los daños ocasionados como
consecuencia del embargo. Claro, que tampoco estamos ante
un caso de novación modificativa como, en efecto, alega
una minoría de este Tribunal.
A diferencia de lo que sucede en la novación
extintiva, en la modificativa sí se mantiene el régimen
normativo que regía la obligación original, sólo que ahora
la obligación ha sido “renovada”. Ello ocurre siempre que
falte el animus novandi o haya compatibilidad entre las
obligaciones. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil:
Derecho de Obligaciones, ante, pág. 227. Ahora bien, es
importante aclarar que, aun en el caso de la novación
modificativa, donde no es necesario el animus novandi, la
modificación de la obligación original no puede quedar al
arbitrio de una sola de las partes.
Como es sabido, el elemento característico que
distingue toda relación jurídica obligacional radica en
que siempre involucra a dos partes: la deudora y la
acreedora. Manuel Albaladejo, Derecho Civil: Derecho de
Obligaciones, 10ma. ed., Barcelona, J.M. Bosch, 1997,
T.II, pág. 19. A tales efectos, se ha señalado que “[e]n
cuanto a los sujetos que intervienen en la relación, ...
la ley contempla la existencia de un deudor (elemento
pasivo) y un acreedor (elemento activo).” Vélez Torres,
Curso de Derecho Civil: Derecho de Obligaciones, ante, CC-2001-23 15
pág. 7. Ello significa que en toda obligación jurídica el
acreedor siempre se sitúa frente a un deudor determinado o
determinable. Ibid. La presencia de estos dos sujetos es
indispensable tanto en el momento en que nace la
obligación como al momento en que la misma se modifica o
extingue.
En el presente caso Bayamón Steel enmendó su demanda,
y solicitó un nuevo método de aseguramiento de sentencia,
sin notificar a United Surety & Indemnity; esto es, actuó
en ausencia de un nuevo proceso de negociación en el cual
United Surety & Indemnity tuviera la oportunidad de
evaluar --y aceptar-- los nuevos riesgos a los que se
enfrentaba en la eventualidad de que tuviera que responder
por los daños causados a consecuencia de la prohibición de
enajenar que se solicitaba. A ello se une el agravante de
que Bayamón Steel enmendó su demanda original, no sólo
para incluir una nueva causa de acción --donde se imputaba
un fraude de acreedores-- sino, además, para acumular dos
nuevos demandados. Es evidente que este nuevo cuadro
fáctico resultaba mucho más riesgoso que una simple acción
en cobro de dinero, la cual, a todas luces, aparentaba ser
válida, líquida y exigible. Una modificación de este tipo
definitivamente requería el concurso y consentimiento de
ambas partes.
Lo anteriormente expuesto es suficiente para concluir
que Bayamón Steel estaba impedida de modificar,
unilateralmente, la obligación original. Ya hemos señalado CC-2001-23 16
que la fianza no puede extenderse más allá de lo contenido
en ella, la misma siempre deberá ser expresa y ésta nunca
podrá ser objeto de suposiciones. No podemos exigirle a
United Surety & Indemnity que responda más allá de aquello
a lo que se obligó. Véase: Stella, Hoy su Sucn. v.
Municipio, ante, a la pág. 799; Avalo v. Cacho, ante, a la
pág. 110; García v. Commonwealth Insurance Co., ante, a la
pág. 392.
Concluir lo contrario necesariamente implicaría
responsabilizar a la compañía fiadora por unos daños
--causados a raíz de una prohibición de enajenar-- que
United Surety & Indemnity definitivamente no garantizó.
Ello abriría las puertas para que un demandante, con la
simple enmienda a una demanda, pueda –-unilateralmente--
extender la obligación del fiador más allá de lo pactado.9
9 Esta situación ha sido objeto de estudio en la jurisdicción norteamericana. Por ejemplo, en Bayham v. Maryland Nat.Ins.Co., 415 P. 2d 120 (Ariz.App., 1966), el Tribunal Apelativo de Arizona liberó a la compañía fiadora en cuanto a las enmiendas efectuadas en la demanda original. A esos efectos, expresó:
“we cannot find where the surety contemplated or agreed upon additional causes of action and therefore should be released therefrom. We hold the amendment of the complaint by adding the new causes of action subsequent to the giving of the bond operates as release of the surety upon such bond against that portion of the judgment based upon de new causes of action. As to the original cause of action which was carried over in the amended complaint and into the judgment there is no release.” Ibid. a la pág. 125.
Del mismo modo, en Hall v. Cutler Bindery Co., 26 P. 2d 1109 (Or., 1933) y Petri v. Manny, 170 P. 127 (Wash., (Continúa . . .) CC-2001-23 17
Dicho curso de acción resulta ser, llana y sencillamente,
inaceptable.
En virtud de lo antes expuesto concluimos, tal y como
lo hizo el foro apelativo intermedio, que en el caso de
marras no estamos ante una novación, ni modificativa ni
extintiva, sino ante un nuevo método de aseguramiento de
sentencia para el cual el demandante no obtuvo fianza
alguna.10 A esos efectos, coincidimos con el foro apelado
en cuanto a que en el presente caso United Surety &
Indemnity sólo debe responder por los daños ocasionados
como resultado del embargo de bienes solicitado. Ello,
naturalmente, significa que la parte demandante, Bayamón
Steel Processors, Inc., deberá responder por los daños y
perjuicios ocasionados por la prohibición de enajenar,
___________________________ 1918), se liberó a la compañía fiadora de toda responsabilidad por las enmiendas efectuadas a la demanda. A esos mismos efectos, en el caso White v. Nemours Trading Corp., 290 F 250 (D.C.Mass., 1923), citando a Doran v. Cohen, 17 N.E. 647, 648 (Mass., 1888), se dispuso que “[t]he sureties upon a bond to dissolve an attachment are not discharged by an amendment of the declaration, unless its effect is to let in a new cause of action, and thus to impose upon them a liability greater than that which they assumed by signing the bond.” (énfasis suplido). 10 Esto es, la fianza emitida para asegurar el embargo preventivo, ordenado originalmente por el Tribunal de Primera Instancia, no se puede extender sin el consentimiento de la fiadora al aseguramiento de los riesgos que comprenden una nueva orden de prohibición de enajenar emitida por ese tribunal posteriormente, a solicitud de la parte demandante. La fiadora sólo responde por los daños y perjuicios que le pudieran ocasionar a la parte demandada como consecuencia de la previa orden dictada sobre embargo preventivo. CC-2001-23 18
según fueron debidamente computados por el foro de
instancia.11
III
Por los fundamentos antes expuestos, procede decretar
la confirmación de la sentencia emitida por el Tribunal de
Apelaciones en el presente caso.
Se dictará Sentencia de conformidad.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ Juez Asociado
11 Es de advertir que en el presente caso el foro apelativo intermedio se limitó a modificar la sentencia parcial apelada por United Surety & Indemnity, confirmando expresamente al foro de instancia en cuanto al resto de la sentencia. CC-2001-23 19
Bayamón Steel Processors, Inc., et al. Codemandados–recurridos
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se dicta Sentencia confirmatoria de la emitida en el presente caso por el Tribunal de Apelaciones.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri concurre en el resultado sin opinión escrita. La Juez Presidenta señora Naveira Merly disiente con Opinión escrita. El Juez Asociado señor Hernández Denton inhibido.
Patricia Otón Olivieri Secretaria del Tribunal Supremo
19 CC-2001-23 20
United Surety & Indemnity Company Demandante recurrida
v. CC-2001-23 Bayamón Steel Processors, Inc., et al. Codemandados recurridos
Marino A. Villa, et al. Codemandados peticionarios
Opinión Disidente emitida por la Jueza Presidenta señora NAVEIRA MERLY
San Juan, Puerto Rico a 13 de abril de 2004
Lejos de pretender abrir la puerta para que un
demandante, con una enmienda a la demanda,
unilateralmente pueda extender la obligación del
fiador más allá de lo pactado, entendemos que las
circunstancias del caso de marras, la naturaleza del
contrato de fianza, la correspondencia entre la
finalidad de las obligaciones contraídas antes y
después de la enmienda a la demanda y los términos del
contrato suscrito entre las partes, demuestran que la
fiadora quedó obligada a responder por los daños y
perjuicios ocasionados por el embargo
20 CC-2001-23 21
preventivo y la prohibición de enajenar. En vista de que la
mayoría ha resuelto lo contrario, disentimos.
A continuación detallaremos el trasfondo fáctico y procesal
del recurso de epígrafe, según consta en autos.
Barrio Obrero Steel Yard, Inc. (en adelante BOSY) era una
corporación organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico que en 1983 compró un negocio en marcha de venta de
acero por la suma $500,000.00. Para dicha transacción el Sr.
Marino Villa, accionista de la corporación, hizo un préstamo a BOSY
por $200,000.00 garantizado con una hipoteca y con un contrato de
refacción industrial. Estas garantías gravaron todos los bienes
muebles de BOSY, el efectivo, el inventario y las cuentas por
cobrar.
Bayamón Steel Processors, Inc. (en adelante Bayamón Steel) fue
un suplidor de BOSY, que por varios años, sin garantía ni
colaterales, le aprobó una línea de crédito que llegó a alcanzar la
suma de $300,000.00. Al momento en que se presentó la demanda en
el presente caso la deuda de BOSY con Bayamón Steel ascendía a la
cantidad de $154,806.20.
Ante la imposibilidad de pagar lo adeudado al Sr. Marino
Villa, a principios de 1994 BOSY autorizó la venta de bienes y
activos de la corporación. Aproximadamente en octubre de 1994
Bayamón Steel advino en conocimiento de la enajenación que BOSY se
proponía llevar a cabo. Para evitar dicha transacción, el 18 de
octubre de 1998 Bayamón Steel presentó una demanda en cobro de
dinero contra BOSY en el Tribunal de Primera Instancia, Sala
21 CC-2001-23 22
Superior de San Juan.12 Reclamó la cantidad adeudada, costas,
intereses y honorarios de abogado. Al día siguiente Bayamón Steel
solicitó al foro de instancia una orden de embargo preventivo hasta
la suma de $200,000.00 para asegurar la efectividad de la sentencia
que en su día recayera a su favor. Bayamón Steel suscribió el
contrato de fianza número 9422710 con United Surety & Indemnity
Company (en adelante United) por la cantidad de $300,000.00 para
“responder de los daños y perjuicios que se caus[aran] por
consecuencia [del] aseguramiento al demandado o [a] cualquier
tercero”.13 El foro de instancia emitió la orden solicitada el 20
de octubre de 1994, la cual fue diligenciada el 24 de octubre.
Bayamón Steel embargó una cuenta corriente de BOSY con un balance
de $5,585.85 y unas cuentas por cobrar por la suma de $26,772.00.
El 25 de octubre de 1994 Bayamón Steel enmendó la demanda para
incluir una segunda causa de acción por fraude de acreedores y para
traer al pleito como codemandados a los Sres. Marino, Juan Carlos y
Javier Villa (en adelante los señores Villa), sus respectivas
esposas y las sociedades legales de gananciales compuestas por
éstos. Alegó en la demanda enmendada que BOSY había gravado sus
cuentas por cobrar a favor del Sr. Marino Villa por la cantidad de
$175,000.00, en virtud de la hipoteca y contrato de refacción
suscrito con éste, con el propósito de defraudar a los acreedores
de la corporación. Adujo, además, que los señores Villa, como
accionistas de BOSY, eran solidariamente responsables por la
cantidad que ésta le adeudaba a Bayamón Steel.
12 Bayamón Steel Processors, Inc. v. Barrio Obrero Steel Yard, Inc., KCD-94-0538. 13 Contrato de fianza fechado 20 de octubre de 1994.
22 CC-2001-23 23
Así las cosas, Bayamón Steel presentó una solicitud de
prohibición de enajenar contra BOSY, que fue declarada con lugar el
28 de octubre de 1994 y diligenciada el 31 de octubre. La referida
orden impidió que BOSY continuara operando su negocio, por lo cual
se acogió al Capítulo 7 de la Ley de Quiebras el 7 de noviembre de
1994. El tribunal federal ordenó la paralización de los
procedimientos contra BOSY.
El 20 de enero de 1995 los señores Villa contestaron la
demanda negando que las transacciones fueran hechas en fraude de
acreedores y reconvinieron contra Bayamón Steel reclamando daños y
perjuicios como consecuencia del embargo y de la prohibición de
enajenar. El Sr. Javier Villa reclamó daños que excedían la
cantidad de $25,000.00, más sufrimientos y angustias mentales,
mientras que el Sr. Mariano Villa reclamó daños en exceso de
$150,000.00 más sufrimientos y angustias mentales. Bayamón Steel
en su réplica a la reconvención negó que tuviera responsabilidad
por los daños ocasionados a los señores Villa.
El 13 de enero de 1995 el Tribunal de Quiebras emitió una
orden aprobando una estipulación suscrita por el Síndico y el Sr.
Marino Villa en la cual se reconoció la validez de la hipoteca y
del contrato de refacción industrial que garantizaban la cantidad
adeudada por BOSY. Conforme a la estipulación, el señor Villa
debía satisfacer a dicho Tribunal la cantidad de $7,000.00 para
obtener la entrega de su colateral, es decir, los bienes muebles y
las cuentas por cobrar que anteriormente pertenecían a BOSY.
23 CC-2001-23 24
Luego de los anteriores incidentes procesales, Bayamón Steel
presentó una segunda demanda enmendada el 23 de enero de 1995.14
Alegó que los señores Villa, en su carácter personal, ocultaron y
gravaron los bienes de BOSY en fraude de acreedores. Además,
solicitó el embargo preventivo de los bienes de los señores Villa.
Dicha solicitud fue denegada por el foro de instancia el 5 de junio
de 1995.
El 30 de octubre de 1996 el tribunal de instancia emitió
sentencia parcial desestimatoria de la demanda instada por Bayamón
Steel y ordenó la continuación de los procedimientos relacionados
con las reconvenciones presentadas por los señores Villa. La vista
en su fondo para adjudicar las reconvenciones fue celebrada el 1 de
diciembre de 1997. Bayamón Steel no compareció, por lo que se le
anotó rebeldía. Luego de evaluar la prueba documental y testifical
presentada, el 4 de febrero de 1998 el tribunal a quo emitió
sentencia parcial declarando con lugar las reconvenciones e
imponiendo a Bayamón Steel la obligación de indemnizar al Sr.
Marino Villa la cantidad de $84,000.00 y al Sr. Javier Villa la
suma de $13,000.00 por daños y perjuicios.
El 16 de marzo de 1998 los señores Villa solicitaron al foro
sentenciador que ordenara a United, como fiadora, pagar la
sentencia. Mediante orden emitida el 31 de marzo de 1998 dicho
foro impuso a United el pago de la indemnización o, en la
alternativa, le concedió término para que compareciera a mostrar
causa por la cual no debía responder por los daños. El 22 de abril
de 1998 United radicó una demanda en la cual solicitó sentencia
14 En la segunda demanda enmendada se excluyó a los codemandados Sr. Juan Carlos Villa, su esposa y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos.
24 CC-2001-23 25
declaratoria y nulidad de sentencia.15 Alegó que la sentencia
contra Bayamón Steel se obtuvo en un procedimiento en rebeldía que
no le fue notificado. Además, señaló que Bayamón Steel no le
notificó la enmienda a la demanda mediante la cual añadió una causa
de acción por fraude de acreedores y que tal circunstancia la había
liberado de la fianza. Los señores Villa solicitaron la
desestimación de la demanda o que se dictara sentencia sumaria a su
favor. Alegaron que como fiador solidario United era responsable
por los daños y perjuicios que les habían ocasionado el embargo y
la prohibición de enajenar.
El 7 de marzo de 2000 el foro de instancia emitió sentencia en
la que determinó que United debía indemnizar a los señores Villa
los daños y perjuicios que les fueron ocasionados. Resolvió que la
enmienda a la demanda de Bayamón Steel, mediante la cual se acumuló
una causa de acción por fraude de acreedores con una por cobro de
dinero, constituyó una novación modificativa que no extinguió la
fianza y, por ende, ésta se extendía a los daños ocasionados a los
señores Villa con la prohibición de enajenar. Con relación a la
notificación del procedimiento en su contra, concluyó que United
había sido notificada a tenor de la norma expuesta en Caribbean
Ins. Co. v. Tribunal de Distrito, 99 D.P.R. 91 (1970).
United apeló el anterior dictamen ante el Tribunal de Circuito
de Apelaciones (en adelante Tribunal de Circuito), el cual emitió
sentencia el 31 de octubre de 2000. Determinó que conforme a los
términos del contrato de fianza, United únicamente se obligó a
responder por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a
BOSY o a un tercero como consecuencia del embargo preventivo en la 15 United Surety & Indemnity Company v. Bayamón Steel Processors, Inc., et al., KAC-98-0443.
25 CC-2001-23 26
acción por cobro de dinero. El foro apelativo resolvió que la
enmienda a la demanda para acumular la causa de acción por fraude
de acreedores y la solicitud de prohibición de enajenar no fueron
consentidas por United y, por tanto, la fianza no se extendió a los
daños ocasionados por la prohibición de enajenar. A la luz de lo
anterior, modificó la sentencia emitida por el tribunal de
instancia a los efectos de limitar la responsabilidad de United a
los daños y perjuicios ocasionados por el embargo preventivo en la
demanda por cobro de dinero.16 Los señores Villa presentaron una
moción de reconsideración ante el foro apelativo, que fue denegada
mediante Resolución de 19 de diciembre de 2000.
Inconformes con el anterior dictamen, los señores Villa
acudieron ante nos mediante recurso de certiorari. En síntesis,
aducen que el foro apelativo incidió al limitar la responsabilidad
de United al pago de los daños ocasionados en virtud de la orden de
embargo preventivo emitida a instancias de Bayamón Steel y al
rehusar extender la efectividad de la fianza a los daños
ocasionados por la prohibición de enajenar.
Examinemos los preceptos aplicables a la controversia de
marras.
II A. El contrato de fianza
La fianza es un contrato de garantía por medio del cual una
persona, natural o jurídica, se obliga a pagar o a cumplir por un
tercero, en caso no hacerlo el principal obligado. Art. 1721 del
16 Las indemnizaciones a los Sres. Mariano y Javier Villa fueron reducidas de $84,000.00 a $31,829.00 y de $13,000.00 a $2,500.00, respectivamente.
26 CC-2001-23 27
Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4871. Este contrato implica la
existencia de una obligación principal y de una accesoria pactada
para garantizar el cumplimiento de la obligación principal. Entre
el deudor y el acreedor surge una obligación principal, mientras la
obligación accesoria nace entre el acreedor y el fiador. José Puig
Brutau, Compendio de Derecho civil, Vol. II, Bosch, 3era ed., 1997,
pág. 561. La fianza no se presume, sino que debe ser expresa y no
puede extenderse a más de lo convenido. Art. 1726 del Código
Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4876.
Entre los caracteres de la fianza, de acuerdo con la doctrina
española, se encuentran: (a) la accesoriedad, ya que no puede
concebirse sin la existencia de una obligación principal; (b) la
subsidiaridad, en virtud de la cual el fiador solamente se obliga
en la eventualidad de que el deudor incumpla con su obligación; (c)
es un contrato consensual y de contenido obligacional porque se
perfecciona por la manifestación del consentimiento; (d) puede ser
gratuito u oneroso, dependiendo si se ha convenido una retribución
para el fiador; y (e) puede ser unilateral o bilateral. José
Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, Tomo 4, Reus,
1993, págs. 767-768; Rosa Núñez v. Ortiz Lebrón, res. el 27 de
agosto de 2002, 157 D.P.R. _____ (2002), 2002 T.S.P.R. 112, 2002
J.T.S. 118; G.E. C. & L. V. So. T. & O. Dist., 132 D.P.R. 808, 814
(1993). Además, se ha señalado que es un contrato abstracto, ya
que “la firmeza de la obligación del fiador frente al acreedor es
independiente de las vicisitudes entre fiador y deudor”. Puig
Brutau, supra, pág. 563.17 (Énfasis suplido.)
17 Debemos puntualizar que las anteriores características pueden experimentar algunas variaciones cuando se trata de una fianza judicial, que es solidaria.
27 CC-2001-23 28
A tenor del Art. 1722 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4872,
la fianza puede ser convencional, legal o judicial, gratuita o a
título oneroso. Tras admitirse el carácter oneroso de la fianza,
la interpretación de estos contratos ha experimentado grandes
cambios. Anteriormente tanto la doctrina como la normativa estaban
enmarcadas en una interpretación restrictiva de los contratos de
fianza en vista de que el fiador asumía la garantía de una
obligación sin ánimo de lucro. Sin embargo, el advenimiento de las
compañías fiadoras que se dedican a la prestación de fianzas
mediante el pago de primas y la profesionalización de la industria
aseguradora, llevó a favorecer la interpretación liberal de los
contratos de fianza con el objetivo de proteger a los terceros
beneficiados. Caguas Plumbing, Inc. v. Continental Const., Corp.,
res. el 30 de noviembre de 2001, 155 D.P.R. _____ (2001), 2001
J.T.S. 169, 2001 T.S.P.R. 164; A.L. Arzuaga v. La Hood, 90 D.P.R.
104, 112 (1964).
Para la solución de la controversia que nos ocupa, es menester
examinar la figura de la fianza judicial. Fianza judicial es
aquella decretada por los tribunales en los procedimientos
adecuados. De acuerdo con Scaevola, es una especie de fianza legal
con la característica de que se presta para fines procesales, según
sea requerida por las reglas de enjuiciamiento. Quintus Mucius
Scaevola, Código Civil, Tomo XXVIII, Reus, 1953, pág. 518.
En García v. The Commonwealth Ins. Co., 118 D.P.R. 380, 386
(1987), indicamos que “la nota característica de la fianza judicial
radica en su solidaridad”. (Énfasis suplido.) En consecuencia, el
fiador no tiene el beneficio de excusión de bienes del deudor
28 CC-2001-23 29
principal. Art. 1755 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4973.18
Esta condición persigue evitar el retraso de los procedimientos
judiciales. Toda vez que el fiador, tan pronto se convierte en
tal, se entiende sometido a la jurisdicción del tribunal, Art. 1727
del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4877, puede ser compelido a
cumplir con la obligación del deudor. José Ramón Vélez Torres,
Curso de Derecho civil, Derecho de contratos, Tomo IV, Vol. II,
Univ. Interamericana de Puerto Rico, 1990, pág. 534. En todos
aquellos aspectos que no se encuentren expresamente dispuestos en
la legislación, la fianza judicial se rige por las normas
aplicables a las obligaciones solidarias. Castán Tobeñas, supra,
en la pág. 772.
Debido a que el recurso de marras versa sobre la extinción de
una fianza judicial, es necesario examinar sus causas de extinción.
Sobre el particular, el Art. 1746 del Código Civil, 31 L.P.R.A.
sec. 4951, dispone que “[l]a obligación del fiador se extingue al
mismo tiempo que la del deudor, y por las mismas causas que las
demás obligaciones”. De otra parte, el Art. 1110, 31 L.P.R.A. sec.
3151, indica que las obligaciones pueden extinguirse por: el pago o
cumplimiento; la pérdida de la cosa debida; la condonación de la
deuda; la confusión de los derechos de acreedor y deudor; la
compensación y la novación. En el caso de autos Bayamón Steel
garantizó mediante una fianza expedida por United los daños y
perjuicios que pudiera ocasionar el aseguramiento de sentencia
mediante embargo preventivo en una demanda por cobro de dinero.
Posteriormente Bayamón Steel enmendó la demanda para incluir a los
18 Por el contrario, en la fianza simple el fiador cuenta con el beneficio de excusión de los bienes del deudor. Art. 1729 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4891.
29 CC-2001-23 30
señores Villa en una causa de acción por fraude de acreedores y
solicitó una orden de prohibición de enajenar para asegurar la
efectividad de la sentencia. A la luz de lo anterior, nos
corresponde examinar si la enmienda a la demanda tuvo el efecto de
novar la obligación que tenía United, como fiador solidario, de
satisfacer los daños y perjuicios que ocasionó el aseguramiento de
la sentencia.
B. La novación
Se entiende por novación la transformación o sustitución de
una obligación por otra. Scaevola, supra, pág. 669. Esta figura
jurídica tiene como característica una obligación anterior que
queda sustituida o únicamente modificada por una posterior. Puig
Brutau, supra, pág. 123. Las obligaciones pueden modificarse
variando su objeto o sus condiciones principales; sustituyendo la
persona del deudor; o subrogando a un tercero en los derechos del
acreedor. Art. 1157 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3241.
Nuestro Código Civil admite la novación extintiva y modificativa.
Véase Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 D.P.R. 64
(1983).
Al interpretar el Art. 1157, supra, equivalente al Art. 1203
del Código Civil español, el tratadista Diez-Picazo señala que
aunque se hayan dado todas las hipótesis incluidas en éste, no se
produce necesariamente la extinción de la obligación anterior y el
nacimiento de una nueva obligación. De acuerdo con su tesis, para
que tenga lugar una novación extintiva, resulta necesario que estén
presentes los supuestos contemplados en el Art. 1158, 31 L.P.R.A.
sec. 3242, es decir, que se declare terminantemente la intención de
30 CC-2001-23 31
extinguir la obligación anterior o que la antigua y la nueva
obligación sean de todo punto incompatibles. Luis Diez-Picazo y
Antonio Gullón, Sistema de Derecho civil, Vol. II, 6ta ed., Tecnos,
1989, pág. 255. La novación extintiva puede surgir porque así lo
hayan expresado las partes o porque de la prueba surja su voluntad
de extinguir la obligación anterior por otra incompatible con la
primera. Miranda Soto v. Mena Ero, 109 D.P.R. 473, 479 (1980). En
caso de estar presente alguna de las anteriores circunstancias, la
obligación principal quedará extinguida y solamente subsistirán las
obligaciones accesorias “en cuanto aprovechen a terceros que no
hubiesen prestado su consentimiento”. Art. 1161 del Código Civil,
31 L.P.R.A. sec. 3245.
La alteración de alguna condición principal o del objeto de la
obligación no constituye de por sí una novación extintiva cuando no
exista una voluntad expresa o total incompatibilidad entre ambas
obligaciones. Se entenderá que existe total incompatibilidad entre
ambas obligaciones cuando se produzca un cambio en la naturaleza de
la obligación. Diez-Picazo, supra, pág. 256; Francisco de Asís
Sancho Rebullida, La novación de las obligaciones, Ediciones Nauta,
1964, pág. 165, 347. En Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior,
101 D.P.R. 378, 391 (1973), indicamos que:
Debe tenerse presente que la extinción de la obligación conlleva la extinción de las garantías y demás derechos accesorios. Es evidente que una consecuencia tan drástica como ésta sólo puede producirse cuando las partes han tenido clara conciencia de ella. Es por eso que los tribunales deben examinar con cautela las circunstancias particulares de cada caso para hacer la determinación de si ha habido o no novación extintiva. (Citas omitidas.)
Como expusimos previamente, la novación también puede ser
modificativa. Ello significa que la alteración en la relación
31 CC-2001-23 32
obligacional permite la coexistencia de dos (2) obligaciones
sucesivamente contraídas. Sancho Rebullida, supra, pág. 201. El
profesor Sancho Rebullida, citando al tratadista Sánchez Román,
señala que el cambio de los accidentes de la obligación, sin que
varíen sus términos personales o reales, no constituye una novación
de ésta. A manera ilustrativa, enumera como posibles casos de
novación modificativa la variación del plazo, la adición de fianza,
prenda o hipoteca y cualquier cambio de poca trascendencia
relacionado con el lugar o forma de cumplimiento. Id., pág. 167.
Por supuesto, los términos sobre los cuales recaigan tales cambios
no deben haber sido la razón principal para que una de las partes
se obligara. “La apreciación de la importancia y si constituye o
no novación, es de determinar en cada caso por las reglas de sana
crítica y apreciación de los Tribunales”. Id.
Considerando las normas antes reseñadas, examinemos los hechos
ante nos para determinar si en el presente caso hubo una novación
que tuviera como consecuencia la extinción o la modificación de la
fianza otorgada por United. Mediante el contrato de fianza número
422710 United garantizó los daños y perjuicios que se pudieran
ocasionar por el embargo preventivo en una acción de cobro de
dinero instada contra BOSY por Bayamón Steel. Posteriormente,
cuando Bayamón Steel advino en conocimiento de que BOSY estaba
enajenando sus bienes a favor de los señores Villa, enmendó su
demanda para solicitar la nulidad de las enajenaciones por haberse
llevado a cabo con el propósito de no satisfacer la deuda. Luego
de la enmienda Bayamón Steel solicitó al tribunal que emitiera una
orden de prohibición de enajenar en aseguramiento de la sentencia
que pudiera recaer a su favor.
32 CC-2001-23 33
El embargo preventivo y la prohibición de enajenar son
remedios provisionales que el foro judicial puede conceder para
asegurar la efectividad de una sentencia. Reglas 56.2 a 56.4 de
Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Véase Rivera Rodríguez &
Co. v. Lee Stowell, etc., 133 D.P.R. 881 (1993); José A. Cuevas
Segarra, Tratado de Derecho procesal civil, Publicaciones J.T.S.,
2000, págs. 966-988. Salvo en algunas situaciones excepcionales
contempladas por las Reglas de Procedimiento civil, el tribunal
deberá exigir la prestación de fianza para responder por los daños
y perjuicios que se ocasionen como consecuencia del aseguramiento.
Regla 56.3 de Procedimiento Civil, supra.
El embargo es una interdicción jurídica en el patrimonio del deudor, decretada a petición ex parte del acreedor reclamante. Uno de sus efectos procesales es el de sujetar o adscribir los bienes embargados al cumplimiento de la obligación o reclamación ejercitada. Como medida cautelar o asegurativa su vida o eficacia depende de la acción entablada. Alum Torres v. Campos del Toro, 89 D.P.R. 305, 321 (1963). (Énfasis suplido.)
En Vda. de Galindo v. Cano, 108 D.P.R. 277, 281 (1979), señalamos
que el embargo preventivo tiene el propósito de evitar que la parte
demandada oculte o distraiga sus bienes para frustrar las
reclamaciones o los derechos del acreedor.
De otra parte, la prohibición de enajenar ha sido definida
como “la imposibilidad de transmitir o enajenar a título oneroso o
gratuito, una cosa o derecho, en virtud de pacto, precepto legal o
de decisión judicial o administrativa”. Luis Rafael Rivera Rivera,
Derecho registral inmobiliario puertorriqueño, 1era ed., Jurídica
Editores, 2000, pág. 419. Véase Iglesia Católica v. Registrador,
94 D.P.R. 511 (1968). Por ser un remedio provisional de
33 CC-2001-23 34
aseguramiento de sentencia, su eficacia depende del resultado del
litigio, al igual que ocurre con el embargo preventivo. La fianza
judicial exigida para que el tribunal autorice el aseguramiento de
una sentencia, ya sea por embargo preventivo o prohibición de
enajenar, tiene el objetivo de garantizar una obligación en ciernes
e indeterminada, que se encuentra atada indefectiblemente al
resultado del pleito. Véase García v. The Commonwealth, supra,
pág. 391.
En síntesis, ambos remedios provisionales persiguen impedir
que el deudor disponga de los bienes objeto del litigio en
perjuicio de los intereses del acreedor. La vida de ambos recursos
dependerá del resultado del pleito. Además, la fianza requerida
para el aseguramiento recae sobre una obligación indeterminada
porque también dependerá del resultado de la acción. Por otro
lado, lejos de ser incompatibles, los remedios provisionales de
embargo preventivo y de prohibición de enajenar, son
complementarios. Lo mismo puede decirse de la fianza requerida
para su concesión, pues la obligación del fiador es de igual
naturaleza en el embargo preventivo y en la prohibición de
enajenar, es decir, éste se obliga a responder por los daños y
perjuicios ocasionados por uno u otro medio de aseguramiento de
sentencia. De hecho, al parecer Bayamón Steel lo entendió de igual
forma ya que adujo dos (2) causas de acción, las de cobro de dinero
y fraude de acreedores, para asegurar el mismo crédito. De esta
forma solicitó al foro de instancia que autorizara el embargo
preventivo y la prohibición de enajenar para asegurar la
efectividad de la sentencia que en su día pudiera recaer a su
favor.
34 CC-2001-23 35
Ante tal correspondencia entre ambos remedios, debemos
concluir que una enmienda a la demanda donde se solicita un
mecanismo de aseguramiento de sentencia distinto al solicitado
originalmente, de por sí, no constituye una novación extintiva,
sino modificativa. Por supuesto, la fianza debe ser suficiente
para satisfacer los daños que se puedan irrogar con el
aseguramiento.
Aporta a nuestra conclusión los términos del contrato de
fianza judicial otorgado entre Bayamón Steel y United. En éste las
partes acordaron:
POR CUANTO: El demandante BAYAMÓN STEEL PROCESSORS, INC. ha establecido una acción civil contra la parte demandada.
POR CUANTO: El demandante ha solicitado el aseguramiento de la sentencia que pudiera recaer a su favor en dicha acción.
POR CUANTO: Este Honorable Tribunal ha exigido la presentación de una fianza por TRESCIENTOS MIL DOLARES ($300,000.00) como condición previa a dicho aseguramiento y para responder a [sic] los daños y perjuicios que causen como consecuencia de dicho aseguramiento al aquí demandado o a cualquier tercero.
POR TANTO: Nosotros, BAYAMÓN STEEL PROCESSORS, INC. como Principal y UNITED SURETY & INDEMNITY COMPANY como Fiadora, siendo ésta una corporación debidamente autorizada y organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, garantizamos la obligación que ha contraído la parte demandante en la acción civil de epígrafe respondiendo a la suma de TRESCIENTOS MIL DOLARES ($300,000.00) para responder de los daños y perjuicios que se causen por consecuencia de dicho aseguramiento al demandado o a cualquier tercero. (Énfasis suplido.)
De las anteriores cláusulas se puede colegir que United se
obligó a garantizar, en términos generales, los daños y perjuicios
que ocasionara el aseguramiento de sentencia en la demanda instada
por Bayamón Steel. En Caguas Plumbing, Inc. v. Continental Const.
Corp., supra, señalamos que “[s]i un contrato de fianza consigna
35 CC-2001-23 36
específicamente cuales son las circunstancias por las que responde
el fiador, el tribunal no puede imponerle responsabilidad más allá
de lo pactado”. El contrato de fianza ante nuestra consideración
no fue concebido en términos específicos, sino más bien amplios.
Incluso la fiadora se obligó a garantizar los daños y perjuicios
ocasionados tanto a Bayamón Steel como a un tercero. Ante estos
términos tan amplios y generales, los cuales se estipularon con la
participación de la propia fiadora, no puede sostenerse, como
indica la mayoría, que en el presente caso no ocurrió una novación
modificativa, pues ésta no puede quedar al arbitrio de una sola de
las partes, es decir, de Bayamón Steel.
Ante la compatibilidad entre ambos mecanismos de aseguramiento
y siguiendo el principio a los efectos que los contratos de fianza
deben ser interpretados liberalmente, sostenemos, contrario a lo
resuelto por la mayoría del Tribunal, que en el presente caso la
obligación de United experimentó una novación modificativa y, por
ende, está obligada a satisfacer los daños y perjuicios ocasionados
con el embargo preventivo y la prohibición de enajenar. En
consecuencia, entendemos que erró el Tribunal de Circuito al
limitar la responsabilidad de la fiadora a los daños provocados por
el embargo preventivo.
United otorgó un contrato en términos generales donde se
obligó a garantizar los daños y perjuicios ocasionados por el
aseguramiento. Además de esa voluntad expresada en el contrato,
debe tomarse en consideración la norma reiterada a los efectos que
los contratos de fianza deben ser interpretados liberalmente. De
lo contrario, las compañías fiadoras fácilmente evadirían las
obligaciones contraídas con sus clientes. Una compañía que se
36 CC-2001-23 37
dedica al lucrativo negocio de prestar fianzas judiciales debe ser
más cautelosa al otorgar un contrato en términos tan amplios,
porque luego no puede ampararse en que no prestó su consentimiento
para modificar una obligación que, a todas luces, persigue el mismo
propósito que la obligación original y es complementaria a ésta.
La decisión que hoy omite la mayoría del Tribunal no ha tomado en
consideración los anteriores factores.
IV
Por los fundamentos antes expuestos, revocaríamos la sentencia
emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones e impondríamos a
United la obligación de pagar los daños y perjuicios ocasionados
por el embargo preventivo y la prohibición de enajenar, según
fueron computados por el Tribunal de Primera Instancia.
MIRIAM NAVEIRA MERLY Jueza Presidenta