EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Supermercado Grande Inc. Aseguradora X Certiorari
Recurrido 2002 TSPR 116
v. 157 DPR ____
Erick Alamo Pérez
Peticionario
Número del Caso: CC-2001-107
Fecha: 12 de septiembre de 2002
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional VI
Juez Ponente: Hon. Carlos Soler Aquino
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Luis M. Martínez Rivera
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Pablo R. Alvarez Sepúlveda Lcdo. Jorge L. Aquino Núñez Lcda. Ruth E. Aquino García
Materia: Daños y Perjuicios
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Erick Álamo Pérez
v.
Supermercado Grande Inc. Aseguradora X CC-2001-107
Recurrido
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Corrada del Río
San Juan, Puerto Rico, a 12 de septiembre de 2002.
I El 27 de octubre de 1999, el Sr. Erick
Álamo Pérez (en adelante, “Sr. Álamo” o “el demandante”)
presentó una demanda en daños y perjuicios por detención ilegal
contra la cadena de Supermercados Grande (en adelante, “el
Supermercado” o “demandado”) y su correspondiente entidad
aseguradora, identificada esta última mediante nombre
ficticio. Alegó, en síntesis, lo siguiente:
[l]a parte demandante acudió a las facilidades del Supermercado Grande a efectuar compras. Cuando [...] se disponía a salir de las facilidades de la parte demandada un empleado gerencial se le abalanzó encima acus[á]ndole frente a todas las personas que allí se encontraban de estar hurtando. La parte demandante fue retenido ilegalmente por personal de la parte demandada [,] restringi[é]ndole de ese modo su libertad. Asimismo, la parte demandada llamó a la policía todo ello mientras se le restringía su libertad y movimiento ante las personas que allí se hallaban. [Posteriormente,] fue dejado en libertad luego de ser registrado y hallarse que nada había hurtado del establecimiento. La parte demandante fue sometida a todos estos vejámenes frente a las personas que se hallaban y llegaban a las facilidades [de la demandada].1
Emplazado el Supermercado el 26 de noviembre de 1999, sin
éste haber comparecido oportunamente, el demandante solicitó
al Tribunal de Primera Instancia (en adelante, “”TPI”) la
anotación de rebeldía en su contra y el señalamiento de vista
en su fondo.
Así las cosas, luego de que anotó la rebeldía al demandado
y celebró la correspondiente vista, el TPI dictó sentencia
declarando No Ha Lugar la demanda. Descansó su dictamen en las
siguientes determinaciones de hecho:
1. El [Sr. Álamo] durante el mes de marzo se encontraba de compras en el Supermercado Grande de Gurabo. Junto a él se encontraba la secretarias [sic] de la Autoridad de Carre[teras] en Gurabo. Era para la autoridad que estaba haciendo compras.
2. En el Supermercado se encontraba la madre del demandante, Ramonita Pérez Castro. Mientras el demandante salió a ayudar a su madre con los paquetes que llevaba salió el Sr. Núñez, Gerente del Supermercado [,] y lo agarró y le registró los pantalones. Le dijo que le diera los artículos que tenía. 3. El demandante se sintió amenazado. Se puso nervioso. Lo ocurrido le pareció una eternidad. [Luego s]alió un empleado del Supermercado que conocía al demandante y le dijo a
1 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 35-36. Núñez que él no era. En el lugar había más personas. 4. Donde trabajaba el demandante se murmuró que lo habían cogido robando en el Supermercado y que lo habían botado por eso.2
Entendió el TPI que la prueba desfilada no estableció,
mediante preponderancia, una causa de acción por detención
ilegal, toda vez que no se probó que el demandado tuviese la
intención de producir la detención ilegal o tuviese certeza
sustancial de que sus actos la producirían; ni que actuara
irrazonablemente. Igualmente, advirtió que era improcedente
el remedio solicitado puesto que en la demanda no se había
alegado la fecha de ocurrencia de los hechos, y enmendar las
alegaciones de la demanda para conformarla con la prueba
desfilada en la vista en rebeldía causaría un manifiesto
perjuicio a la parte contraria.3
Tras varios incidentes procesales,4 el Sr. Álamo acudió
en alzada ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones (en
adelante, “TCA”). Sometido el asunto ante el referido foro,
éste dictó sentencia confirmando el dictamen recurrido.
Tras un breve análisis sobre el procedimiento estatuido
para enmendar las alegaciones de una demanda, el TCA apuntó
2 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 16 de junio de 2000, a las págs. 1-2. Apéndice del recurso de certiorari, págs. 12-13. 3 Asimismo, acotó que la parte demandante no había justificado el por qué debía permitirse una enmienda a esos efectos en dicha etapa de los procedimientos, ni había establecido la razón para la demora e inacción original en promover la enmienda. 4 Ante una Moción Solicitando Determinaciones de Hechos Adicionales, y posterior Moción de Reconsideración, presentadas por el Sr. Álamo, el TPI emitió una sentencia enmendada a los efectos de añadir como determinaciones de hecho que, 1) para la fecha de los hechos el demandante era residente del pueblo de Gurabo, donde residía con su madre, y
continúa... ____________________________ 4 ...continuación 2)que luego del incidente, varias personas le indicaron a la madre del demandante que a su hijo lo habían cogido robando en el supermercado. Véase, Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia de 26 de julio que se había omitido en la demanda la fecha en que ocurrieron
los hechos, elemento esencial de la causa de acción en
cuestión, a fin de dilucidar si procedía en su contra la
defensa de prescripción. Consecuentemente, puntualizó que
estando la parte demandada en rebeldía, el demandante no podía
suplir con prueba lo que no había alegado en la demanda. Así,
concluyó que el TPI había actuado correctamente al negarse a
permitir una enmienda a las alegaciones con la prueba
presentada en la vista en rebeldía.
Insatisfecho con los referidos dictámenes, el Sr.Álamo presentó recurso de certiorari ante este Tribunal, apuntando la comisión de los siguientes errores: 1. Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al confirmar la sentencia enmendada emitida por el Tribunal de Primera Instancia, [S]ala de Caguas, al determinar que la ausencia de una alegación de tiempo en la demanda consistente en no alegarse en el cuerpo de la demanda la fecha de los hechos acarrea la desestimación de la demanda.
2. Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al confirmar la sentencia enmendada emitida por el Tribunal de Primera Instancia, [S]ala de Caguas, al determinar que la evidencia desfilada creída por el Tribunal y recogida en ambas Sentencias dictadas no configuran una causa de acción por Detención Ilegal.
Mediante Resolución de 9 de marzo de 2001, expedimos el
auto solicitado. Tras varios incidentes procesales, 5 y
contando con la comparecencia de las partes, resolvemos.
de 2000. Apéndice del recurso de certiorari, pág. 8. Posteriormente, dictó Resolución denegando la Moción de Reconsideración. 5 Tras la concesión de varios términos al demandado, aquí recurrido, para que presentara su correspondiente alegato, éste presentó un escrito solicitando la desestimación del recurso. En síntesis, alegó que nunca fue emplazado conforme a derecho y que nunca presentó alegación responsiva ante el TPI, lo cual entendió no tenía obligación de hacer por carecer dicho foro de jurisdicción sobre su persona. Tras evaluar la referida moción y la réplica presentada por el demandante, aquí peticionario, mediante Resolución de 4 de febrero de 2002, declaramos No Ha Lugar a la II El primer señalamiento de error amerita la evaluación de
la normativa correspondiente al trámite en rebeldía de una
causa de acción, las alegaciones de una demanda, y el
procedimiento para enmendar las mismas. Veamos.
La Regla 45.1 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A.
Ap. II, dispone que procederá la anotación de rebeldía
“[c]uando una parte contra la cual se solicite una sentencia
que concede un remedio afirmativo haya dejado de presentar
alegaciones o de defenderse en otra forma según [lo dispuesto
en dichas reglas].” Dicho remedio es operativo tanto para
situaciones en las cuales el demandado no cumple con
el requisito de comparecer a contestar la demanda y/o a
defenderse en otra forma prescrita por ley, no presentando
alegación alguna contra el remedio solicitado; como en las que
una de las partes en el pleito ha incumplido con algún mandato
del tribunal, lo que motiva a éste a imponerle la rebeldía como
sanción.
Sobre la primera, sabido es que “[e]l propósito de estar
sujeto a esta anotación es como disuasivo contra aquellos que
puedan recurrir a la dilación como un elemento de su estrategia
en la litigación.” J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho
Procesal Civil, San Juan, Ed. Luiggi Abraham, 2000, T. II, pág.
750. Toda vez que el trámite en rebeldía se encuentra cimentado
en “la obligación de los tribunales de evitar que la
adjudicación de causas se paralicen simplemente por la
circunstancia de que una parte opte por detener el proceso de
litigación”, Continental Ins. Co., v. Isleta Marina, 106
desestimación solicitada, y le concedimos nuevo término al recurrido para presentar el alegato correspondiente. D.P.R. 809, 815 (1978), el mismo opera como remedio coercitivo
contra una parte adversaria la cual, habiéndosele concedido
la oportunidad de refutar la reclamación, por su pasividad o
temeridad opta por no defenderse.
Como norma general el trámite en rebeldía tendrá como
consecuencia jurídica el que se estimen aceptadas todas y cada
una de las materias bien alegadas en la demanda. Continental
Ins. Co. v. Isleta Marina, supra; Colón v. Ramos, 116 D.P.R.
258 (1985). De igual forma, el concepto “materias bien
alegadas” se refiere a que en una rebeldía se considerarán
admitidos los hechos correctamente alegados. Continental Ins.
Co. v. Isleta Marina, supra; Rivera v. Insular Wire Products
Corp., 140 D.P.R. 912 (1996). Aun en materia de daños y
perjuicios es aplicable la norma. Si tales hechos
correctamente alegados permiten una conclusión de
responsabilidad o negligencia y, además, establecen la
relación causal entre la conducta negligente o culposa y el
daño sufrido, el tribunal tendrá que darlos como hechos
probados.6
Ahora bien, de conformidad con la Regla 45.2 (b) de
Procedimiento Civil, supra, anteriormente hemos expresado que
para el descargo por el tribunal de su función adjudicativa
de un pleito en rebeldía, “el proceso de formar conciencia
judicial exige la comprobación de cualquier aseveración
mediante prueba.” Hernández v. Espinosa, 145 D.P.R. 248, 272
(1998). Es decir, si para que un tribunal pueda dictar
sentencia en rebeldía le es necesario comprobar la veracidad
de cualquier alegación, o hacer una investigación sobre
6 Cuevas Segarra, Íd., a la pág. 753. cualquier otro asunto, deberá celebrar las vistas que estime
necesarias y adecuadas. Véase además, Audiovisual Lang. v.
Sist. Est. Natal Hnos., 144 D.P.R. 563 (1997).7
Vemos pues que, el mecanismo provisto para el trámite en
rebeldía no priva al tribunal de evaluar si, en virtud de tales
hechos, no controvertidos, existe válidamente una causa de
acción que amerite la concesión del remedio reclamado. Sobre
este particular, en Rivera v. Insular Wire Products Corp.,
supra, a la pág 931, citando a Continental Ins. Co. v. Isleta
Marina, supra, recalcamos que “los tribunales no son meros
autómatas obligados a conceder indemnizaciones por estar
dilucidándose un caso en rebeldía.” A su vez, añadimos que “un
trámite en rebeldía no garantiza, per se, una sentencia
favorable al demandante; [la parte en rebeldía] no admite
hechos incorrectamente alegados como tampoco conclusiones de
derecho, ni alegaciones conclusorias.” A la luz de lo
anterior, la parte que solicita un remedio deberá alegar
correctamente los hechos específicos los cuales de su faz sean
demostrativos que de ser probados, lo hacen acreedor del
remedio reclamado. Será esencial pues, evaluar las
alegaciones de la demanda.
En materia de alegaciones de una demanda, las Reglas de
Procedimiento Civil, supra, recogen el principio de que éstas
serán sucintas y sencillas, y basta con que aporten hechos
demostrativos que justifiquen la concesión de un remedio.
7 A una parte demandada que ha comparecido previamente le cobija el derecho a conocer del señalamiento, asistir a la vista, contrainterrogar los testigos de la parte contraria, impugnar la cuantía de los daños y apelar la sentencia. Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, supra. Asimismo, la Regla 43.6 de Procedimiento Civil, supra, dispone que, no empece la celebración de una vista en rebeldía, una sentencia en rebeldía no será de naturaleza distinta ni podrá conceder más remedios que los que se hayan solicitado en la demanda. Banco Central Corp. V. Capitol Plaza Inc., 135 D.P.R. 760
(1994). Son las alegaciones en la demanda las que deben cumplir
con la función de ofrecer una notificación razonable a la parte
adversa de la naturaleza y los fundamentos de la reclamación.
Rivera Flores v. Cía. ABC, 138 D.P.R. 1 (1995). Empero, toda
vez que su propósito es el de bosquejar la controversia, de
modo que cada parte notifique a la otra, a grandes rasgos, la
naturaleza general de sus contenciones, Colón Vélez v.
Latimer, 125 D.P.R. 109 (1990), éstas se interpretarán de
forma conjunta, y liberalmente a favor de la parte demandante
o querellante. Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra.8
En lo pertinente a la controversia de autos, la Regla 7.3
de las de Procedimiento Civil, supra, prescribe que “[a] los
fines de determinar la suficiencia de una alegación, las
aseveraciones de tiempo y lugar son esenciales y recibirán la
misma consideración que las demás aseveraciones de carácter
esencial.”
Teniendo esta normativa en mente, pasemos a aplicarla a
la situación ante nos.
III
8 De conformidad con las Reglas 13.1 y 13.2 de Procedimiento Civil, supra, cualquier parte podrá enmendar sus alegaciones, una vez en cualquier momento antes de habérsele notificado una alegación respondiente. Si su alegación es de las que no admite alegación respondiente y el pleito no ha sido señalado para juicio, podrá enmendarla en cualquier fecha dentro de los veinte días de haber notificado su alegación. En cualquier otro caso, las partes enmendarán sus alegaciones únicamente con permiso del tribunal o mediante el consentimiento escrito de la parte contraria. Dicho permiso se concederá liberalmente cuando la justicia así lo requiera, aun en etapas avanzadas del procedimiento. Pérez v. Hosp. La Concepción, 115 D.P.R. 721 (1984); Vidal, Inc. v. Suro, 103 D.P.R. 793 (1975). No obstante, la liberalidad para conceder enmiendas no es ilimitada, está condicionada por un juicioso ejercicio de discreción que ha de ponderar el momento en que se solicitan, su impacto en la pronta adjudicación de la cuestión litigiosa, la razón o ausencia de ella para la demora o inacción original del promovente de la enmienda, y el perjuicio que la misma causaría a la otra parte. Vidal, Inc. v. Suro, supra. La demanda presentada por el Sr. Álamo no incluyó una
alegación sobre la fecha en la cual ocurrió la supuesta
detención ilegal. Ventilado el caso en rebeldía, dada la
incomparecencia del demandado, el TPI determinó que dicha
omisión conllevaba la desestimación de la demanda. Por su
parte, el TCA entendió que la alegación sobre la fecha de los
hechos era esencial para que el demandante probara su causa
de acción, a los fines de establecer si la reclamación había
sido instada en tiempo y no procedía en su contra la defensa
de prescripción. No podemos coincidir con dichos
pronunciamientos.
Cierto es que una alegación de tiempo es medular a la
procedencia de una causa de acción, pertinente al posible
levantamiento de la defensa de prescripción. En consecuencia,
su omisión podría conllevar la desestimación de la demanda que
no contenga alegación al respecto. Véase, Rossy v. Tribunal
Superior, 80 D.P.R. 729 (1958); Ramos v. Pueblo, 67 D.P.R. 640
(1947). Dicha omisión deberá invocarse, naturalmente, por el
demandado.
Ahora bien, sabido es que la prescripción es una defensa
afirmativa. López. v. Gus Lallande, 144 D.P.R. 774 (1998);
Meléndez v. El Vocero de P.R, 144 D.P.R. 389 (1997). Ésta hay
que plantearla oportunamente, si no, se entiende tácitamente
renunciada. Qume Caribe, Inc. v. Secretario de Hacienda, res.
el 30 de marzo de 2001, 153 D.P.R.____, 2001 TSPR 38, 2001 JTS
41. Como regla general, salvo contadas excepciones, la
referida defensa deberá exponerse en la alegación
respondiente que se haga contra una reclamación. Texaco P.R.,
Inc. v. Díaz, 105 D.P.R. 248 (1976). En consecuencia, un demandado al que se le anota la rebeldía renuncia a la
oportunidad de levantarla. Véase, Rodríguez v. Tribunal
Superior, 102 D.P.R. 290 (1974).
A la luz de lo anterior, entendemos que en este caso en
particular, era inconsecuente el que la omisión de la fecha
de los hechos se hubiese suplido durante la vista en rebeldía
toda vez que, conociendo el demandado de la acción en su
contra, se cruzó de brazos, renunciando tácitamente a la
oportunidad de atacar dicha insuficiencia.9 Nótese, además,
que los hechos ocurrieron en las facilidades del Supermercado,
teniendo el demandado medios para constatar la fecha en que
tuvieron lugar, y determinar fácilmente si la acción estaba
o no prescrita. Estando el Supermercado en rebeldía renunció
a levantar la defensa de prescripción, por lo cual, la causa
de acción en su contra era ejercitable, independientemente de
que como cuestión de hecho estuviese prescrita. 10 Erró el
foro recurrido al confirmar la desestimación de la demanda en
cuanto a este aspecto.
IV
9 Si bien la Regla 67.1 de Procedimiento Civil, en lo pertinente, dispone que no será necesario notificar a las partes en rebeldía por falta de comparecencia de toda alegación subsiguiente a la demanda original, excepto que la subsiguiente alegación solicite remedios nuevos o adicionales, en cuyo caso se notificara a la parte rebelde en la forma provista para diligenciar emplazamientos, la misma no es aplicable a la controversia de autos en la cual la alegación no pretendía solicitar remedio diferente al inicialmente solicitado. 10 Nótese, que nuestro sistema de derecho es rogado, por tal razón, exceptuando la defensa sobre falta de jurisdicción sobre la materia, los tribunales sua sponte no pueden levantar defensas afirmativas que han sido renunciadas por las partes. El tribunal no puede actuar como abogado del demandado. Véase, Federación de Pescadores Playa Picúas v. U.S. Inds., Inc., 135 D.P.R. 303 (1994). El segundo señalamiento de error nos mueve a considerar
si, conforme a la prueba presentada ante el TPI, se configuró
en el caso de autos una causa de acción por detención ilegal.
En Ayala v. San Juan Racing Corp, 112 D.P.R. 804 (1982),
definimos la causa de acción en daños por detención ilegal,
separada de la de persecución maliciosa, como el acto de
restringir ilegalmente a una persona contra su voluntad o
libertad de acción personal. Allí expresamos que una persona,
sea o no funcionario del orden público, puede por sí, o por
mediación de otro, detener o causar que se detenga ilegalmente
a una persona, en cuyo caso, responderá en daños y perjuicios,
si dicha actuación es culposa o negligente.
Se han reconocido como elementos de la causa de acción
por detención ilegal los siguientes: la intención de efectuar
una restricción a la libertad de la persona; el que haya un
acto positivo o afirmativo encaminado a producir la
restricción de la libertad; que se produzca la restricción de
la libertad del perjudicado; que ésta sea involuntaria; que
el perjudicado sea consciente de que se le ha restringido su
libertad, y que exista una relación causal adecuada entre el
acto de la restricción de la libertad y el daño que reclama
el demandante. Parrilla v. Ranger American of P.R., 133 D.P.R.
263 (1993).
Toda vez que la misma se considera una transgresión a la
persona y va fundamentalmente dirigida a proteger a los
individuos en el disfrute de su derecho de libertad, no se
requiere que el perjudicado sea arrestado ni encarcelado; sólo
se requerirá la mera interferencia del demandado con la
libertad total de movimiento del perjudicado. Véase, Dobbins v. Hato Rey Psychiatric Hospital, 87 D.P.R. 30 (1962); García
Calderón v. Galiñanes Hermanos, 83 D.P.R. 318 (1961).
Igualmente, la duración de la detención sólo influirá en el
alcance de los daños y perjuicios sufridos, por lo cual una
detención momentánea, de ser ilegal, da derecho a una causa
de acción. Véase, Casanova v. González Padín, 47 D.P.R. 488
(1934). Tampoco es necesario el uso de la fuerza, ni que el
detenido ofrezca resistencia violenta.
De otra parte, en cuanto al elemento de intención, éste
se define como el deseo o designio de causar cierto resultado
inmediato, o elección consciente de un fin. No es
indispensable que exista un propósito o un deseo hostil de
producir el daño. H. Brau del Toro, Los Daños y Perjuicios
Extracontractuales en P.R., 2da ed., San Juan, Ed. Luiggi
Abraham, 1986. Se requiere pues, que el demandado tenga la
intención de producir el acto que constituye la detención
ilegal o que tenga la certeza sustancial de que dicho resultado
será producido por sus actos, aunque no se los proponga o
intente particularmente. De igual forma, puede haber una
detención ilegal cuando se intenta detener a una persona y se
detiene a otra. Aplicarían entonces las normas sobre intención
transferida o “Transfer of Intent ”.Íd. 11 Sobre este
particular, véase, Hernández v. Fonseca, 96 D.P.R. 715 (1968).
De otra parte, en relación con el acto positivo o
afirmativo encaminado a producir la restricción de la
libertad, se requiere un movimiento volitivo por parte del
demandado o alguna parte de su cuerpo. No obstante, en algunos
11 Brau del Toro, Íd. casos, la expresión de meras palabras puede constituir el
acto.
Ahora bien, respecto a la controversia de autos,
anteriormente hemos expresado que la determinación sobre la
procedencia de una acción civil contra la persona particular
que efectúa o causa la detención de un ciudadano que no ha
cometido delito, ha de depender de criterios de razonabilidad.
Sobre este particular, en Ayala v. San Juan Racing Corp, supra,
a la pág. 816, pronunciamos:
[e]n la búsqueda de un adecuado balance entre la obligación que toda persona tiene de cooperar en la lucha contra el crimen y el derecho que toda persona tiene a no ser privado ilegalmente de su libertad, el criterio de razonabilidad debe aplicarse a base de las circunstancias de cada caso.[...] [D]ebe recurrirse a la figura del hombre prudente y razonable, el reasonable man de la jurisprudencia angloamericana, equivalente al “buen padre de familia” a que se refiere el Derecho civil.
Será, pues, necesario comparar la conducta del demandado
con la de un hombre razonable en las mismas circunstancias,
lo que conllevará la evaluación de los siguientes factores:
la persona del demandado, su edad, preparación intelectual,
condiciones morales y sus experiencias previas; la persona del
detenido, incluso su edad, apariencia y su comportamiento;
conocimiento al momento de los hechos que tuviese el demandado
de la persona del detenido y las personas que con él se
relacionaban; la conducta sospechosa, incluso la gravedad del
delito que ésta pudiera implicar, el lugar, la ocasión, y la
frecuencia de dicha conducta. No obstante, cada caso tiene sus
peculiaridades que deberán tomarse en cuenta al determinar si se incurrió en una detención ilegal. Parrilla v. Ranger
American of P.R., supra; Ayala v. San Juan Racing Corp., supra.
En el caso de autos, la prueba desfilada y que le mereció
crédito al TPI estableció que el Sr. Álamo se encontraba de
compras en las facilidades del demandado; que estando su
madre allí, el demandante salió a ayudarla con los paquetes
que llevaba; que una vez fuera del establecimiento, el Gerente
del Supermercado, lo agarró y le registró los pantalones. Le
dijo que le diera los artículos que tenía; y que luego salió
un empleado del Supermercado que conocía al demandante y le
dijo al gerente que él no era [la persona que estaban
buscando]. Ante la misma, el TPI concluyó que no se había
probado que la demandada tuviese la intención de producir la
detención o tuviese certeza sustancial de que el acto
perpetrado la produciría; ni de que la demandada hubiese
actuado irrazonablemente. Veamos.
Primeramente, forzoso es colegir que sí medió una
intención de provocar la detención. No podemos perder de vista
que la intención, en materia de daños no equivale
necesariamente una intención hostil, o el deseo de causar
daño, sino la intención de lograr un resultado que invade los
intereses de otra persona en una forma prohibida por ley.
Conlleva el conocimiento de que tal resultado se producirá con
substancial certeza, aunque no se persiga o desee. Sería
absurdo concluir que el gerente del supermercado, al salir de
las facilidades en búsqueda del demandante, interceptarlo y registrarlo, no estaba consciente o no tenía razonable certeza
de que sus actos producirían la detención de este último. 12
De otra parte, se nos hace imposible sostener la
razonabilidad de la conducta del demandado al haber procedido
como lo hizo. El demandante se encontraba de compras en sus
facilidades como cualquier parroquiano; no había desplegado
conducta sospechosa alguna. No obstante, su gerente,
evidentemente, actuando a base de información suplida por
otros empleados del local, sin saber a quién detendría, no sólo
lo detuvo, sino que, sin hacerle ningún cuestionamiento ni
requerimiento previo, le registró los pantalones, imputándole
el delito de apropiación ilegal al requerirle que entregara
los artículos que tenía en su posesión. No podemos resguardar
este tipo de conducta. El error señalado se cometió.
V Por los fundamentos antes expuestos, se revoca el
dictamen del Tribunal de Circuito de Apelaciones y el del
Tribunal de Primera Instancia y se declara con lugar la demanda
instada por el Sr. Álamo. Se devuelve el caso al TPI para que
celebre una vista para dilucidar la cuantía de los daños.
Se dictará sentencia de conformidad.
Baltasar Corrada del Río Juez Asociado
12 Nótese que, el demandante fue detenido, simplemente, porque se pensaba que era otra persona. Sobre este particular, a fines ilustrativos, véase, Morris v. Albertson’s Inc., 705 F2d 406 (11th Cir. 1983), en el cual se le impuso responsabilidad por detención ilegal a un establecimiento comercial por hechos en los que uno de sus empleados observó a un cliente apropiándose ilegalmente de unos bienes y se lo comunicó a su supervisor, sin embargo, dada la insuficiencia de la descripción, este último detuvo a otro cliente. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
v. CC-2001-107 Supermercado Grande Inc. Aseguradora X
SENTENCIA
Por los fundamentos antes expuestos, se revoca el dictamen del Tribunal de Circuito de Apelaciones y el del Tribunal de Primera Instancia y se declara con lugar la demanda instada por el peticionario, Sr. Erick Álamo. Se devuelve el caso al TPI para que celebre una vista para dilucidar la cuantía de los daños.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.
Patricia Otón Olivieri Secretaria del Tribunal Supremo