Pueblo v. William J. Rodriguez

2015 TSPR 139

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: October 19, 2015
• Docket: CC-2014-137
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario Certiorari

v. 2015 TSPR 139

William J. Rodríguez 193 DPR ____

Recurrido

Número del Caso: CC-2014-137

Fecha: 19 de octubre de 2015

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Margarita Mercado Echegaray Procuradora General

Lcda. Tanaira Padilla Rodríguez Subprocuradora General

Lcda. Daphne M. Cordero Guilloty Procuradora General Auxiliar

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Eduardo Otero Ortiz Lcdo. Juan Albino González

Materia: Procedimiento Criminal – Moción de Nuevo Juicio: Solicitud bajo la Regla 188(a) – Naturaleza impugnatoria de la prueba descubierta; necesidad de evaluar la totalidad de la prueba al considerar la moción de nuevo juicio.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Peticionario CC-2014-137 Certiorari

v.

William J. Rodríguez

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Presidenta SEÑORA FIOL MATTA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2015.

La controversia que presenta este caso nos

permite analizar la Regla 188(a) de Procedimiento

Criminal, sobre solicitudes de nuevo juicio basadas

en el descubrimiento de prueba nueva y presentadas

antes de que se dicte la sentencia, para

expresarnos, específicamente, sobre el requisito

relacionado a prueba de naturaleza impugnatoria.

Abordaremos también cómo se deben evaluar estas

solicitudes de nuevo juicio, particularmente la

necesidad de tomar en cuenta, no solo la prueba

alegadamente nueva, sino la totalidad de la prueba

presentada durante el juicio. CC-2014-137 2

I

El 10 de marzo de 2012, la señora L.G. estudiante

universitaria en Estados Unidos, llegó a Puerto Rico

para colaborar en un proyecto de investigación junto a

otros estudiantes de su universidad. El grupo habría de

residir por varias semanas en el Condominio Ashford

Imperial en el Condado, donde la señora L.G. ocupaba un

apartamento en el piso 18 con una compañera de estudios.

Por hechos ocurridos en la madrugada del 14 de abril

de 2012, el Ministerio Público presentó una denuncia por

el delito de agresión sexual contra el señor William J.

Rodríguez, un guardia de seguridad del Condominio

Ashford Imperial.1 Según la denuncia, durante su turno de

trabajo, el señor Rodríguez violó a la señora L.G.

cuando ésta regresaba a su apartamento. Además, se alegó

como circunstancia agravante que los hechos fueron

cometidos empleando fuerza física, violencia e

intimidación.

El juicio contra el acusado comenzó el 1 de octubre

de 2012. Testificaron la señora L.G., el doctor que la

examinó luego de la agresión sexual y los agentes de la

Policía de Puerto Rico que investigaron el crimen. El

tribunal recibió como evidencia las pruebas médicas

realizadas a la víctima y el informe médico, así como el

informe del Instituto de Ciencias Forenses, el

1 Art. 142(c) del Código Penal, 33 LPRA sec. 4470. CC-2014-137 3

certificado de análisis forense de ADN y los expedientes

médicos de la perjudicada. Además, recibió el informe

preparado por la agente de delitos sexuales que llevó a

cabo la investigación, las fotografías de la escena, un

video del vestíbulo del Condominio Ashford Imperial —que

proyectaba el área donde la víctima y el acusado se

encontraron la noche de los hechos— y un video de la

escalera para acceder a la azotea del condominio, donde

eventualmente ocurrieron los hechos.

Durante su turno para contrainterrogar a la víctima,

la defensa del imputado impugnó la credibilidad de su

testimonio. Le preguntó si ella o su familia habían

contratado a un bufete de abogados para presentar una

demanda por los daños sufridos como consecuencia de la

agresión sexual cometida en su contra.2 La fiscalía

objetó esta línea de preguntas, pero luego de discutirlo

con los representantes de cada parte el juez permitió que

la defensa continuara. La testigo negó tener la intención

de presentar una demanda civil por daños.

En su turno para recontrainterrogar, la defensa

volvió a preguntar si la víctima había contratado un

abogado o abogada para instar una reclamación civil por

los hechos delictivos y si fue acompañada por un 2 Específicamente, el abogado de defensa preguntó: ―[o]iga, testigo, mire a ver si lo cierto es que usted, su familia, incluso vienen aquí, contrató los servicios de los abogados del bufete de Salvador Casellas para radicar una demanda‖. Apéndice del recurso de certiorari, pág. 272. CC-2014-137 4

representante legal a la vista preliminar. La víctima

contestó todas estas preguntas en la negativa.

Antes que comenzara el juicio, la defensa del señor

Rodríguez ya había indagado sobre el interés económico de

la señora L.G. en dos ocasiones. Particularmente, la

defensa había solicitado que se tomara conocimiento

judicial de unas anotaciones que realizó el juez que

presidió la vista preliminar. Según alegó la defensa, el

juez indicó en las notas que la señora L.G. compareció a

la vista acompañada por el licenciado Casellas, quien

había sido su compañero de trabajo. Se desprende de las

notas que el juez informó a los presentes que conocía al

licenciado Casellas, quien comparecía como amigo de la

familia de la víctima. Mediante resolución dictada el 24

de octubre de 2012, el tribunal se negó a tomar

conocimiento judicial de estas anotaciones. La defensa

entonces solicitó que el tribunal ordenara que el juez

que presidió la vista preliminar compareciera como

testigo de la defensa, solicitud que también fue

denegada, el 3 de diciembre de 2012.

Concluido el desfile de la prueba, el jurado emitió

un veredicto unánime el 11 de diciembre de 2012 y

encontró que el señor Rodríguez era culpable del delito

de agresión sexual.

Así las cosas, el 16 de abril de 2013, antes del

acto de lectura de sentencia, el señor Rodríguez solicitó CC-2014-137 5

que el Tribunal de Primera Instancia le concediera un

nuevo juicio, pues entendía que contaba con prueba nueva

para impugnar a la testigo principal del caso, la señora

L.G. Esta nueva evidencia consiste en que el 18 de marzo

de 2013 la víctima y sus padres habían presentado una

demanda sobre daños y perjuicios en el Tribunal federal

de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en

contra del Condominio Ashford Imperial, lugar donde

ocurrieron los hechos, y su aseguradora. Reclamaron $4.7

millones como compensación. El señor Rodríguez sostuvo

que esta prueba nueva confirmaba la teoría de la defensa

de que la víctima tenía un motivo pecuniario para mentir

e imputarle falsamente la comisión del delito al señor

Rodríguez. Específicamente, recordó al tribunal que

durante el contrainterrogatorio la víctima fue

cuestionada sobre su intención de instar una acción civil

por los daños y perjuicios sufridos a raíz de la

violación, a lo cual contestó en la negativa en más de

una ocasión. Según el señor Rodríguez, esta nueva prueba

hubiera creado en la mente del jurado duda razonable,

resultando en un veredicto a su favor.

El Ministerio Público se opuso a la solicitud. Adujo

que ninguno de los fundamentos expresados por el señor

Rodríguez cumplía los criterios establecidos en la Regla

188 de Procedimiento Criminal para la concesión de un CC-2014-137 6

nuevo juicio.3 Explicó que esta controversia sobre el

testimonio de la señora L.G. ya había sido ventilada en

el juicio, donde fue adjudicada y creída por el jurado,

por lo que el valor exculpatorio de la supuesta prueba

nueva era altamente especulativo.

Tras examinar ambas posiciones y celebrar una vista

argumentativa, el Tribunal de Primera Instancia declaró

con lugar la solicitud de nuevo juicio. Concluyó que si

el jurado hubiera conocido que la víctima tenía intención

de demandar se hubiera podido afectar adversamente su

credibilidad como testigo principal del caso, pues

tendría una motivación o interés especial en el resultado

del caso criminal. Por eso, esta prueba nueva podría

llevar al jurado a emitir un veredicto distinto.

Específicamente, el tribunal expresó lo siguiente:

No hay duda de que el resultado del proceso criminal era fundamental para que la acción civil instada por la testigo y sus padres tuviera posibilidad de prosperar. La prueba de la agresión sexual dependía del testimonio de la víctima más que de la evidencia física o científica. Por tanto, existen razones para pensar que el testimonio de la víctima se pudo haber afectado por los intereses económicos que tenía en la demanda civil. Este planteamiento cobra mayor vigencia al observar que, en la demanda civil no se demanda al convicto, quien presumiblemente no cuenta con capacidad económica alguna para responder por la millonaria suma reclamada, sino contra aquellas partes que tenían algún tipo de relación con el convicto y que cuentan con capacidad económica para pagar. A la luz de los hechos del presente caso, nos parece que de haberse contado con esa nueva 3 34 LPRA Ap. II, R. 188. CC-2014-137 7

evidencia, ello pudiera haber dado el espacio que exige el debido proceso de ley para que la defensa tratara de establecer una motivación particular de la víctima en el resultado de un caso criminal. Dicha parte debe poder tratar de establecer ese hecho principal ante el juzgador. El no haberlo podido hacer macula el proceso y socava su confiabilidad y su resultado. Más aun, que de los hechos también surge que la testigo principal [L.G.], estudiante universitaria, omitió revelar el hecho de su interés pecuniario en el caso, lo cual puede representar una motivación especial y parcialidad.4

El Ministerio Público acudió al Tribunal de

Apelaciones mediante un recurso de certiorari. Ese foro

denegó expedir el recurso tras concluir que el foro

primario no había abusado de su discreción.5 Fundamentó

su análisis con el siguiente razonamiento:

el aspecto neurálgico que presenta este caso y que pesa en nuestro ánimo para avalar la determinación recurrida, es que la testigo principal de cargo, la perjudicada, omitió declarar durante el juicio criminal que tenía un interés económico en el caso, así como, que estuvo acompañada por un abogado de la práctica civil durante alguna etapa del proceso. Esto, aun cuando ello le fue específicamente y directamente cuestionado. La realidad ha sido que contrario a lo declarado bajo juramento ante el tribunal y el jurado en el juicio

4 Apéndice del recurso de certiorari, pág. 263. 5 El Juez Roberto Rodríguez Casillas emitió un voto disidente en el que hizo constar que expediría y revocaría la Resolución de instancia. El 24 de enero de 2014, el foro intermedio denegó una solicitud de reconsideración. CC-2014-137 8

contra el señor Rodríguez, la perjudicada, en efecto, presentó una acción civil por daños y perjuicios ante el Tribunal Federal, Corte de Distrito de Puerto Rico, por los hechos que dieron lugar a la acusación y convicción del señor Rodríguez. Además, está siendo representada por el mismo Lcdo. Casellas que la acompañó durante la vista preliminar.

El TPI al considerar la solicitud de nuevo juicio concluyó que esta nueva información debe ser considerada por el jurado y ser objeto de confrontación por la defensa del señor Rodríguez. En vista de que la perjudicada al parecer mintió, ante una línea de interrogatorio respecto a ello, el foro recurrido, correctamente a nuestro juicio, resolvió que el resultado del juicio se ve socavado, así como el debido proceso de ley.6

El 24 de febrero de 2014, la Procuradora General

solicitó nuestra intervención mediante petición de

certiorari. Pendiente su consideración, la Procuradora

General también solicitó que se paralizaran los

procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia y, en

particular, la celebración de una vista pautada para el

siguiente día. Examinada su moción y la petición de

certiorari, paralizamos los procedimientos y expedimos el

recurso.

II

Nuestra Constitución le garantiza a toda persona

acusada de delito el derecho a un juicio justo e

imparcial en el que se le brinden todas las salvaguardas

de un debido proceso de ley.7 Cuando se lesionan esos

6 Apéndice del recurso de certiorari, pág. 414. 7 Art. II, secs. 7 y 11, Const. ELA, LPRA Tomo 1. CC-2014-137 9

derechos fundamentales durante el proceso criminal se

quebrantan valores esenciales de nuestra sociedad y se

atenta directamente contra la libertad individual. Por

eso, hemos reiterado que hay derecho a un nuevo juicio

cuando en el trámite de una causa penal se ha lacerado el

debido proceso de ley al ocultarse o no proveerse prueba

que incide sobre la inocencia o culpabilidad del acusado.

De igual forma, procede ordenar un nuevo juicio cuando

surge prueba nueva que menoscaba la confianza en lo

resuelto y no pudo presentarse en el juicio.8 Este

derecho a nuevo juicio le da primacía a la verdad sobre

aquellas bondades que puedan resultar del principio de

finalidad del procedimiento criminal.9

Nuestro ordenamiento permite que un tribunal conceda

un nuevo juicio ya sea, a instancia propia, con el

consentimiento del acusado o a petición de éste.10

8 Pueblo v. Velázquez Colón, 174 DPR 304, 326 (2008); Pueblo v. Hernández Santana, 138 DPR 577 (1995); Pueblo v. Morales Rivera, 115 DPR 107 (1984). 9 Pueblo v. Díaz Morales, 170 DPR 749, 763 (2007)(Sentencia) (Opinión de conformidad de la Jueza Asociada señora Fiol Matta, a la cual se une el Juez Asociado señor Fuster Berlingeri). 10 34 LPRA Ap. II, R. 187. CC-2014-137 10

Específicamente, las Reglas 188 y 192 de Procedimiento

Criminal disponen que el tribunal puede conceder un nuevo

juicio tras el descubrimiento de prueba nueva.11 Esta

norma es producto del desarrollo jurisprudencial conocido

como el ―Berry Rule‖.12

Antes de que entraran en vigor nuestras Reglas de

Procedimiento Criminal, el artículo 301 del Código de

Enjuiciamiento Criminal de Puerto Rico establecía que el

nuevo juicio consistía ―en volver a oír la causa en el

mismo tribunal pero ante otro jurado, después de

pronunciado el veredicto‖.13 Aquella disposición no

reconocía el derecho a un nuevo juicio cuando el primero

se había ventilado ante un tribunal de derecho y tampoco

reconocía la posibilidad de que el tribunal, con el

consentimiento del acusado, ordenara el juicio nuevo a

instancia propia. El artículo 303 reconocía el derecho a

un nuevo juicio cuando se hubiera descubierto ―nueva

prueba que no pudo el acusado descubrir y presentar en el

11 34 LPRA Ap. II. Pueblo v. Marcano Parrilla, 168 DPR 721, 729 (2006)(en reconsideración) (en adelante Pueblo v. Marcano Parrilla (II)). 12 Actualmente, en la jurisdicción federal las solicitudes de nuevo juicio están codificadas en la Regla 33, de las Reglas de Procedimiento Criminal, 18 U.S.C.A. 6 LaFave, Israel, King and Kerr, Criminal Procedure, West 3rd Ed., sec. 24.11(d) (2007). 13 Reglas 187 a 192, Departamento de Justicia, Seminario sobre las propuestas Reglas de Procedimiento Criminal, San Juan, s. Ed. 1960, págs. 241-246. CC-2014-137 11

juicio, a pesar de su actividad razonable para

lograrlo…‖.14

Las Reglas de Procedimiento Criminal bifurcaron la

concesión de un nuevo juicio en dos reglas distintas, la

Regla 188 y la 192. La primera, en unión a la Regla 189,

regula la concesión de ese remedio antes de que se dicte

sentencia y la segunda después de dictarse la misma. La

Regla 188 de Procedimiento Criminal, además de modificar

el texto del artículo 303 del Código de Enjuiciamiento

Criminal, añadió varios fundamentos para la concesión de

un nuevo juicio. El más importante fue el reconocimiento

expreso de la discreción del tribunal para conceder un

nuevo juicio por cualquier causa no incluida expresamente

en el texto de la regla, siempre que esa causa no fuera

atribuible al acusado y que el derecho de éste a un

juicio justo e imparcial se viera afectado.15 No hay duda

que con la adopción de las Reglas de Procedimiento

14 Íd., pág. 242. Desde aquel entonces, habíamos requerido que se cumpliera con varios requisitos desarrollados y adoptados por la jurisprudencia. Entre ellos, que la nueva prueba no fuera meramente acumulativa, y no impugnara la prueba presentada en el juicio. A estos requisitos se añadió que ―(1) la nueva evidencia debe ser creíble… y (2) probablemente produciría un resultado diferente‖. Pueblo v. Morales, 66 DPR 10, 20-21 (1946) (citas internas suprimidas). 15 34 LPRA Ap. II, R. 188(f). Este reconocimiento fue necesario ya que en Pueblo v. Vega, 69 DPR 406 (1948) y en Pueblo v. Fraticelli, 70 DPR 308 (1949) se había determinado que el texto del Artículo 303 contenía un listado taxativo de fundamentos para un nuevo juicio.´ CC-2014-137 12

Criminal se plasmó la tendencia de liberalizar y expandir

el derecho a un nuevo juicio. Los nuevos fundamentos para

la concesión de un nuevo juicio introducidos en la Regla

188 ampliaron ―sensiblemente el marco de acción y aún de

discreción del tribunal para mejor salvaguardar los

intereses de todo acusado‖.16

Esa intención quedó evidenciada al incorporarse la

Regla 192, para la concesión de un nuevo juicio en etapas

posteriores a la sentencia. Al redactar esa regla el

Comité de Procedimiento Criminal de la Conferencia

Judicial recurrió al texto del Artículo 954 (4) de la Ley

de Enjuiciamiento Criminal española, pero lo hizo con la

intención de hacer viable en nuestro ordenamiento un

recurso paralelo al coram nobis del ordenamiento

angloamericano.17 Por eso es que tenemos en nuestro

ordenamiento dos reglas sobre la concesión de un nuevo

juicio, y a ello responde la diferencia en sus

lenguajes.18

16 Reglas 187 a 192, Departamento de Justicia, Seminario sobre las propuestas Reglas de Procedimiento Criminal, supra, pág. 243. 17 Pueblo v. Marcano Parrilla (II), supra, págs. 730-731. 18 La Regla 192 dispone que el tribunal podrá ―a solicitud del acusado, conceder un nuevo juicio cuando después de dictada la sentencia sobreviniere el conocimiento de nuevos hechos o de nuevos elementos de prueba de tal naturaleza que evidencien la inocencia del condenado”. 34 LPRA Ap. II. CC-2014-137 13

En la actualidad, la Regla 188 dispone lo siguiente:

[e]l tribunal concederá un nuevo juicio por cualquiera de los siguientes fundamentos:

(a) Que se ha descubierto nueva prueba, la cual, de haber sido presentada en el juicio, probablemente habría cambiado el veredicto o fallo del tribunal, y la que no pudo el acusado con razonable diligencia descubrir y presentar en el juicio. Al solicitar nuevo juicio por este fundamento, el acusado deberá acompañar a su moción la nueva prueba en forma de declaraciones juradas de los testigos que la aducirán.

. . . . . . . .

(f) El tribunal, además, concederá un nuevo juicio cuando, debido a cualquier otra causa de la cual no fuere responsable el acusado, éste no hubiere tenido un juicio justo e imparcial.19

La Regla 188(a), puede separarse en tres elementos

principales. Primero, la prueba descubierta, por su

naturaleza, debe ser suficiente como para demostrar que

su admisión probablemente cambiaría el fallo o veredicto.

Segundo, debe tratarse de prueba que no se pudo obtener

antes, a pesar de la diligencia razonable de la defensa.

Ello requiere, por último, que se acredite al tribunal

cuál es la prueba descubierta y la diligencia desplegada

para obtenerla.

El primero de estos elementos exige que la prueba

nueva lleve al juzgador a creer que si esta se hubiese

presentado durante el juicio el resultado probablemente 19 34 LPRA Ap. II, R. 188. CC-2014-137 14

hubiese sido distinto, recordando que, ―no cualquier

prueba conduce a la celebración de un nuevo juicio, sino

aquella que sea lo suficientemente sólida‖.20 Es decir, el

tribunal debe determinar si la prueba nueva, considerada

junto a la prueba presentada durante el juicio, es

suficiente para hacer probable la duda razonable que

impide un fallo o veredicto de culpabilidad. En Pueblo v.

Marcano Parrilla (II) hicimos hincapié en la obligación

de no evaluar la prueba nueva de manera aislada y en que

se debe tomar en consideración la solidez de la evidencia

ya presentada en el juicio ―porque dicha evidencia ya

condujo a un veredicto o fallo condenatorio‖.21

En Pueblo v. Martínez Valentín denegamos una

solicitud de nuevo juicio por considerar, entre otros

factores, que no era probable que la prueba cambiara el

fallo o veredicto.22 Allí citamos lo resuelto en el caso

federal Giglio v. United States: ―[s]in embargo, no se

requiere un nuevo juicio cada vez que un repaso de los

archivos de fiscalía después del juicio descubre 20 Pueblo v. Marcano Parrilla (II), supra, pág. 736. 21 Íd., págs. 736-737 citando Wright and Miller, Federal Practice and Procedure: Civil, 3d sec. 557 (2004). Los tribunales federales también reconocen que al evaluar la probabilidad de un resultado distinto se debe evaluar la prueba nueva a la luz de la totalidad del récord y no de manera aislada. Específicamente ―[t]he strength of the evidence presented at the trial is an important consideration‖. Wright and Welling, Federal Practice and Procedure, supra, pág. 463. 22 Pueblo v. Martínez Valentín, 102 DPR 492, 498-499 (1974). CC-2014-137 15

evidencia que si bien pudo ser de utilidad a la defensa

con toda probabilidad no hubiera cambiado el veredicto‖.23

En Pueblo v. Vázquez Izquierdo, analizamos la interacción

entre el requisito de probabilidad de cambio y los

parámetros de la deferencia debida por los foros

apelativos hacia las determinaciones del foro de

instancia.24 En ese contexto, reiteramos que la concesión

del nuevo juicio descansa en la sana discreción del

tribunal sentenciador y los foros apelativos no deben

intervenir salvo un claro e inequívoco abuso de

discreción.25

Los elementos segundo y tercero, necesarios según el

texto de la Regla 188(a), atienden el aspecto de

diligencia en el trámite de la defensa y la necesidad de

demostrarle al tribunal que la evidencia merece ser

considerada como prueba nueva. En términos generales, ni

el acusado ni su representante legal pueden haber

conocido la supuesta prueba nueva previamente. En este

sentido, la prueba es nueva en la medida en que no se

pudo descubrir antes mediante un esfuerzo de diligencia

23 405 U.S. 150, 154 (1972). 24 96 DPR 154 (1968). 25 Íd. pág. 157. Pueblo v. Marcano Parrilla (II), supra, pág. 737; Pueblo v. Morales Rivera, supra, pág. 110; Pueblo v. Pardo Toro, 90 DPR 635 (1964); Pueblo v. Aponte, 77 DPR 917, 921 (1954). CC-2014-137 16

razonable.26 Para demostrar que eso es así, se tiene que

especificar en qué consiste la prueba nueva.27 También

hemos exigido se demuestre la diligencia desplegada por

la defensa.28

Además de los elementos recogidos en el texto de la

Regla 188(a), una solicitud de nuevo juicio basada en el

descubrimiento de prueba nueva debe cumplir con

requisitos desarrollados jurisprudencialmente. Estos son:

que la prueba sea creíble y pertinente y que no sea

meramente acumulativa ni prueba de impugnación.29

Estas exigencias de la jurisprudencia también deben

cumplirse cuando se solicita un nuevo juicio al amparo de

la Regla 192. Sin embargo, hemos explicado que la

solicitud de nuevo juicio bajo la Regla 192 es de

naturaleza excepcional ya que puede afectar la finalidad

y firmeza de una sentencia que se presume correcta.30 Por

26 Pueblo v. Arroyo Núñez, 99 DPR 842, 850 (1971); Pueblo v. Pardo Toro, supra. 27 Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 DPR 454 (1988). 28 Pueblo v. Maysonet, 103 DPR 102 (1974); Pueblo v. Villalongo Torres, 102 DPR 574 (1974); Pueblo v. Tribunal Superior, 100 DPR 700 (1972). 29 Pueblo v. Velázquez Colón, supra; Pueblo v. Marcano Parrilla (II), supra, pág. 738; Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1 (1995); Pueblo v. Martínez Ortiz, 135 DPR 100 (1994); Pueblo v. Torres Rivera, 129 DPR 331 (1991); Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, supra, pág. 476; Pueblo v. Morales Rivera, supra, pág. 110; Pueblo v. Beltrán, 73 DPR 509 (1952); Pueblo v. Ortiz, 68 DPR 681, 683 (1948); Pueblo v. Morales, supra. 30 Pueblo v. Marcano Parrilla (II), supra; Pueblo v. Velázquez Colón, supra, pág. 327. En Pueblo v. Díaz CC-2014-137 17

eso hemos resuelto que si bien el fin último de esa Regla

es liberalizar o ampliar el derecho a un nuevo juicio,

―la nueva prueba debe demostrar que es más probable que

el convicto sea inocente a que sea culpable.‖31

Los próximos dos requisitos, que la prueba sea

creíble y que no sea meramente acumulativa, van dirigidos

a evaluar la probabilidad de que con ella se obtenga un

resultado distinto. Es decir, si la prueba nueva es

meramente acumulativa, probablemente no cambiará el

resultado del juicio, pues ya se habría presentado

evidencia de naturaleza y valor probatorio similar.32

Morales, supra, se aclaró, mediante sentencia, que la solicitud de nuevo juicio bajo la Regla 192 no tiene que esperar a que la sentencia advenga final y firme. 31 Pueblo v. Marcano Parrilla (II), supra, pág. 740 (énfasis suplido). Este Tribunal ha expresado que la Regla 192 requiere un grado de prueba mayor al que se exige para conceder un nuevo juicio bajo la 188(a). Íd., pág. 739. Sin embargo, ambas requieren un análisis de probabilidad. Pueblo v. Velázquez Colón, supra, pág. 327. Véase, E. L. Chiesa Aponte y A. Febres Jorge, Procedimiento Criminal, 77 Rev. Jur. U.P.R. 657, 671-673 (2008). E. L. Chiesa Aponte y E. León Pérez, Derecho Procesal Penal, 76 Rev. Jur. U.P.R. 617, 634 (2007). 32 Pueblo v. González de Demora, 92 DPR 75, 77 (1965); Pueblo v. Beltrán, supra, pág. 519; Pueblo v. Morales, supra. El Artículo 378 del Código de Enjuiciamiento Civil, ya derogado, definía la evidencia acumulativa como aquella que ―es la adicional del mismo carácter tendiente al mismo fin‖. Véase E. L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Ed. Forum, V. III, 1995, pág. 447 n. 23. CC-2014-137 18

Tampoco se debe conceder un nuevo juicio cuando la prueba

supuestamente nueva es increíble.33 Ahora bien, debido a

su naturaleza y propósito, al considerar estos factores

el tribunal debe evaluarlos cuidadosamente a la luz de la

prueba ya presentada.

La exigencia de que la petición no se fundamente en

prueba de impugnación merece un análisis sosegado y

algunas aclaraciones. En primer lugar, el solo hecho de

que la prueba pueda catalogarse como prueba de

impugnación no conlleva que la solicitud de nuevo juicio

sea rechazada automáticamente. La prueba de impugnación

puede ser de carácter exculpatorio, protegida celosamente

por el debido proceso de ley.34 No podemos olvidar que

nuestra Constitución garantiza a toda persona el derecho

a que el Estado le revele evidencia exculpatoria como

parte de su derecho a un juicio justo.35 Además, como el

Estado tiene el peso de demostrar su caso más allá de

33 En Pueblo v. Morales Acosta, 66 DPR 10 (1946), se rechazó una solicitud de nuevo juicio porque la declaración que se pretendía traer como prueba nueva no era creíble. Sin embargo, ese no fue el único requisito que se analizó para denegar la solicitud. También se determinó que la alegada prueba nueva no era suficiente porque probablemente no produciría un resultado distinto en el caso. Íd., págs. 21-22. 34 Giglio v. United States, 406 U.S. 150 (1972); Pueblo v. Velázquez Colón, supra. 35 Pueblo v. Vélez Bonilla, 189 DPR 705 (2013); Pueblo v. Arzuaga, 160 DPR 520, 539 (2003); Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 109 DPR 243 (1979); Pueblo v. Hernández García, 102 DPR 506 (1974). Véase, Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1963). CC-2014-137 19

duda razonable, la prueba para impugnar la presentación

del caso del Ministerio Público es sumamente importante.

Por eso, hemos expresado en reiteradas ocasiones que la

prueba para impugnar la credibilidad de un testigo

principal de cargo se ajusta a los estándares formulados

por nuestra jurisprudencia y la federal para ser

considerada como prueba exculpatoria necesaria bajo el

debido proceso de ley.36

Algunos estudiosos del procedimiento criminal

puertorriqueño han señalado la necesidad de aclarar el

requisito jurisprudencial relacionado a la prueba de

naturaleza impugnatoria. El profesor Chiesa Aponte

comparte esta preocupación.37 Explica que impugnar la

prueba del Ministerio Público conlleva ―desacreditar la

evidencia mediante la cual se probó la culpabilidad del

acusado más allá de duda razonable. Tal impugnación

36 Véase Pueblo v. Hernández García, supra; Pueblo v. Delgado López, 106 DPR 441 (1977); Giglio v. United States, supra; United States v. Bagley, 473 U.S. 667 (1985); Napue v. Illinois, 360 U.S. 264, 269 (1959); Brady v. Maryland, supra.

37 El profesor Chiesa Aponte concluye que ―[e]n cualquier caso no debe repetirse, sin ulterior análisis, que no procede la concesión de un nuevo juicio cuando la alegada nueva prueba sólo impugna la prueba aducida durante el juicio. Esto requiere ulterior análisis‖. E. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Ed. Forum, V. III, 1995, pág. 448. CC-2014-137 20

probablemente produciría la duda razonable que obligaría

al juzgador a absolver al acusado‖.38

En la esfera federal se reconoce que el criterio de

prueba impugnatoria no puede aplicarse de manera

inflexible.39 En ocasiones, los tribunales federales

abandonan los rigores de este requisito cuando la prueba

de impugnación es lo suficientemente importante y de

circunstancias especiales como para incidir en el

resultado del juicio en contra del acusado.40 Más aún,

esos tribunales han reconocido situaciones que quedan

fuera del límite de los requisitos de la regla general.

Por ejemplo, han reconocido que el acusado tiene derecho

a un nuevo juicio cuando el Ministerio Público utiliza

prueba falsa relacionada a la credibilidad de un testigo,

aunque no vaya dirigida a asuntos sustantivos.41

Tomando en cuenta todas estas consideraciones,

concluimos que el mero hecho de que se quiera someter

prueba nueva para impugnar el caso del Ministerio Público

no es fundamento suficiente para denegar una solicitud de

38 Íd. 39 ―Ordinarily newly discovered evidence that merely goes to impeach the credibility of a prosecution witness is not sufficient to justify a new trial. This is the usual but not invariable rule.‖ (Citas internas suprimidas). 3 Wright and Welling, Federal Practice and Procedure, West, pág. 469 (2011). 40 Íd., págs. 470-471. 41 Íd., págs. 472-487. CC-2014-137 21

nuevo juicio. La razón, según hemos explicado, es que la

prueba impugnatoria puede ser suficiente, por sí sola,

para crear duda razonable en la mente y ánimo del

juzgador.42 A esos fines hemos declarado que ―el debido

proceso de ley constitucional exij[e] que el acusado

tenga la oportunidad de examinar, con tiempo suficiente,

no solo la prueba que obra en su contra —en vías de

impugnarla—, sino aquella que obra a su favor, sea

sustantiva o para impugnación.‖43

Hasta este punto hemos considerado los requisitos

que nuestras Reglas de Procedimiento Criminal y la

normativa jurisprudencial han dispuesto para las

solicitudes de nuevo juicio ―ordinarias‖.44 No obstante,

al igual que en la esfera federal, en Puerto Rico hemos

42 Incluso, en cuanto al derecho al careo y su relación con el debido proceso de ley hemos dejado claro que ―el Art. II, Sec. 11, de nuestra Constitución garantiza el derecho del acusado a ‗carearse con los testigos de cargo‘. Para que tal confrontación o careo tenga concreción y sentido, el debido proceso exige que se pongan al alcance del acusado los medios de prueba para impugnar los testigos, atacar su credibilidad y todo recurso análogo encaminado a erradicar la falsedad del juicio y evitar el desvío de la justicia. Un careo sin estos instrumentos, cuando sean legítimamente asequibles, frustra el propósito del precepto constitucional‖. Pueblo v. Rodríguez Sánchez, supra, pág. 249. 43 Pueblo v. Vélez Bonilla, supra, pág. 708; United States v. Bagley, supra; Giglio v. United States, supra.

44 Pueblo v. Velázquez Colón, supra, págs. 327-328. E. L. Chiesa Aponte, Derecho Penal, 78 Rev. Jur. U.P.R. 291, 324 (2008). CC-2014-137 22

reconocido el derecho a un nuevo juicio bajo

circunstancias extraordinarias.45 Esto sucede cuando el

Estado suprime o deja de revelar prueba exculpatoria

violando las garantías del debido proceso de ley.

Recientemente, en Pueblo v. Vélez Bonilla, supra,46

reconocimos ―que cuando el Estado falla en descubrir

evidencia que resulta material y exculpatoria, el debido

proceso de ley exige inimpugnablemente la celebración de

un nuevo juicio‖.47 En estos casos, la solicitud de nuevo

juicio no se evalúa a la luz de los criterios

estatutarios ni jurisprudenciales porque su necesidad

emana del debido proceso de ley, del derecho a obtener

evidencia favorable y del derecho a enfrentar la prueba.48

A esos efectos reiteramos que ―los derechos lacerados con

la omisión del Estado están protegidos por

45 ―Es decir, cuando el Estado oculta prueba exculpatoria, la moción de nuevo juicio que procede no puede ser evaluada a la luz de los requisitos estatutarios y jurisprudenciales aplicables a las mociones ‗ordinarias‘ de nuevo juicio.‖ Pueblo v. Velázquez Colón, supra, pág. 329. Véase E. Chiesa Aponte, Derecho Penal, 78 Rev. Jur. U.P.R. 291, 324 (2008). ―La moción extraordinaria de nuevo juicio es la fundada en que no se le reveló oportunamente a la defensa evidencia exculpatoria, en violación a la obligación del Ministerio Fiscal de revelar a la defensa prueba exculpatoria, por imperativo del debido proceso de ley.‖ Íd. 46 189 DPR 705 (2013). 47 Íd. pág. 708. 48 Pueblo v. Velázquez Colón, supra, pág. 329. Pueblo v. Arzuaga, supra. CC-2014-137 23

consideraciones mucho más abarcadoras que las Reglas de

Procedimiento Criminal‖.49

Esta categoría particular de solicitudes de nuevo

juicio se apoya en el derecho a preparar una defensa

adecuada para enfrentar los rigores de un procedimiento

criminal, derecho que se nutre, a su vez, del debido

proceso de ley.50 Igual fuente garantiza el derecho a

confrontar a los testigos de cargo.51 De ahí que el

derecho a obtener evidencia favorable sea esencial para

la defensa y que el Ministerio Público tenga la

obligación de revelar toda evidencia exculpatoria que le

garantice al acusado un procedimiento justo.52 Esta

obligación trasciende las normas estatutarias sobre el

49 Íd. (citas internas suprimidas). 50 Pueblo v. Santa-Cruz, 149 DPR 223, 231 (1999). 51 Const. E.L.A., Art. II, Secs. 7 y 11, 1 LPRA. Pueblo v. Olmeda Zayas, 176 DPR 7, 14 (2009); Pueblo v. Velázquez Colón, supra, págs. 326-348. 52 Pueblo v. Guzmán, 161 D.P.R. 137, 147 (2004); Pueblo v. Arzuaga, supra; Pueblo v. Arocho Soto, 137 DPR 762, 766 (1994). Hemos aclarado que aunque no se trata de un derecho absoluto, ―nuestro sistema de justicia criminal le ha reconocido el derecho al acusado de obtener evidencia que pueda favorecerle.‖ Soc. Asist. Leg. v. Ciencias Forenses, 179 DPR 849, 857 (2010). Específicamente, hemos determinado que ―evidencia exculpatoria no es necesariamente aquella que de por sí sola es capaz de producir la absolución del acusado. No se requiere tal potencial. Es más bien toda evidencia que llanamente pudiera favorecer al acusado, sin consideraciones en torno a su materialidad o confiabilidad. Su confiabilidad —cuán creíble es— y su materialidad —cuánto aporta en favor del acusado— son un asunto que corresponde evaluar al foro de instancia‖. Pueblo v. Vélez Bonilla, supra, pág. 719. CC-2014-137 24

descubrimiento de prueba y es tan amplia que, si la

situación lo amerita, no toma en consideración la etapa

en que se encuentran los procedimientos ni requiere

solicitud previa del acusado.53

Hemos tenido ocasión anteriormente de evaluar

solicitudes extraordinarias de nuevo juicio basadas en

que el Ministerio Público ha suprimido prueba de

impugnación. En Pueblo v. Torres Rivera, supra,54 a la vez

que recalcamos la importancia de la prueba de impugnación

y el deber del Ministerio Público de revelarla a la

defensa del acusado, rechazamos la solicitud de nuevo

juicio, mediante sentencia, porque la prueba de

impugnación que el Estado falló en revelar no era

suficiente para afectar el resultado del juicio. A esos

fines, explicamos que el descubrimiento de prueba

53 En Pueblo v. Arzuaga, supra, luego de estudiar la jurisprudencia federal correspondiente, concluimos que ―el Ministerio Fiscal tiene el deber de revelar cualquier indicio de falso testimonio y de descubrir evidencia exculpatoria cuando tal falsedad o carácter exculpatorio es, o debió ser, conocida por éste […]. Ello, naturalmente, sin necesidad de una previa solicitud por parte de la defensa y sin importar si las Reglas de Procedimiento Criminal proveen o no para tal descubrimiento en la etapa específica de los procedimientos en que se encuentren.‖ (Citas internas suprimidas). Íd., págs. 534-535.

54 En aquella ocasión se tomó en consideración la diferencia entre el testigo principal de cargo (coautor de los hechos a quien se le ofreció un acuerdo para que testificará contra el coacusado) y otros testigos que no juegan un papel tan importante en el caso. CC-2014-137 25

impugnatoria suprimida u omitida por el Estado no

requiere que se autorice automáticamente la celebración

de un nuevo juicio.55

Posteriormente, en Pueblo v. Velázquez Colón, supra,

recalcamos que la prueba de impugnación está inserta en

el derecho a un juicio justo bajo las salvaguardas del

debido proceso de ley. Particularmente, determinamos que

[p]ara examinar un reclamo de nueva prueba de carácter impugnatorio de la prueba producida en el juicio … debemos aplicar los criterios esbozados en Giglio v. United States, supra, y en United States v. Bagley, supra. Ello, ya que, aun cuando la alegada nueva prueba va dirigida a impugnar la prueba de cargo aducida en el juicio, implica el derecho del acusado a un juicio justo en donde se le garantice el debido proceso de ley frente a la conducta del representante del Estado.56

En estos casos se atendieron reclamos de nuevo

juicio bajo el fundamento de que el Estado no reveló

oportunamente evidencia exculpatoria, en violación al

debido proceso de ley, incumpliendo con ello su

obligación constitucional de revelar prueba pertinente

55 Pueblo v. Chévere Heredia, supra, pág. 24. En Pueblo v. Torres Rivera, supra, el Ministerio Público falló en revelar oportunamente la prueba relativa al acuerdo entre un testigo principal de cargo y el Estado. Explicamos que ―no toda evidencia para impugnar la credibilidad de un testigo principal de cargo —no revelada al acusado durante el juicio y descubierta por éste con posterioridad a él— requiere automáticamente la concesión de un nuevo juicio. Se requiere determinar que tal evidencia es relevante, esto es, que su supresión socava la confianza en el resultado del juicio.‖ (Énfasis en el original). Pueblo v. Torres Rivera, supra, pág. 351. 56 Pueblo v. Velázquez Colón, supra, pág. 328, citando a Pueblo v. Torres Rivera, supra, pág. 354. CC-2014-137 26

sobre la inocencia o culpabilidad del acusado. Para esas

situaciones adoptamos un estándar diferente y más

relajado que el que se utiliza para evaluar mociones de

nuevo juicio en situaciones ordinarias de descubrimiento

de prueba nueva.57 En la jurisdicción federal también ha

quedado claro que los requisitos jurisprudenciales de la

llamada ―Berry Rule‖ no aplican a solicitudes de nuevo

juicio basadas en evidencia exculpatoria que no fue

revelada por el Estado según la norma establecida en el

caso Brady v. Maryland, supra, y el desarrollo doctrinal

posterior.58

III

El señor Rodríguez fundamentó su solicitud de nuevo

57 ―[S]i en ausencia de la prueba pertinente en cuanto a inocencia o culpabilidad que fue suprimida, el peticionario gozó de un juicio justo, es decir, de un juicio cuyo resultado es digno de confianza, o si en cambio, de haber sido presentada, la prueba omitida hubiese arrojado una luz diferente en el juicio al punto de socavar la confianza en el resultado. Este es el estándar aplicable para determinar si hay una probabilidad razonable de un veredicto diferente que amerite un nuevo juicio cuando las actuaciones del Estado ocasionan que el acusado no haya tenido acceso a la evidencia durante la etapa del juicio original.‖ Pueblo v. Velázquez Colón, supra, pág. 351. 58 ―Another situation where it is clear that the Berry rule does not apply is where the government failed to disclosed evidence favorable to the defense.‖ Wright and Welling, supra, pág. 487. El escrutinio del caso Brady, supra, se ha resumido de la siguiente manera: ―(1) the evidence at issue is material and favorable to the defendant; (2) the evidence was suppressed by the government, intentionally or not; and (3) the defendant was prejudiced to the point that there is a reasonable probability that the evidence suppressed, had it been disclosed, would have led to a different result for the defendant.‖ Íd. pág. 488. CC-2014-137 27

juicio en el descubrimiento de prueba nueva: la demanda

en daños que la señora L.G., víctima y testigo principal

del caso, presentó ante el Tribunal de Distrito federal.

Se trata de prueba que, según argumenta, impugna

fatalmente la credibilidad de esta testigo que había

declarado que ni ella ni su familia tenían interés en

presentar una demanda civil basada en los hechos alegados

en contra del señor Rodríguez en el juicio criminal.

La solicitud aduce, en primer lugar, que esta prueba

no estaba disponible durante el juicio y no era posible

obtenerla aun con el mayor grado de diligencia. También,

que no es prueba acumulativa ya que no se pudo presentar

prueba de interés económico o de motivo durante el

juicio. En tercer lugar, expone que se trata de prueba de

impugnación en extremo relevante pues su supresión

socavaría la confianza en el resultado del juicio.

Finalmente, el señor Rodríguez alega que la prueba es

creíble y que de haberse presentado durante el juicio se

hubiera obtenido, con toda probabilidad, un veredicto

exculpatorio. Todo esto llevó al Tribunal de Primera

Instancia a concluir que el debido proceso de ley exigía

concederle un nuevo juicio al señor Rodríguez, para que

la defensa pudiera desarrollar la teoría de que la

víctima y testigo principal del caso tenía un interés

económico en acusarlo falsamente. CC-2014-137 28

Nuestro análisis debe comenzar por reconocer que el

presente caso no debe evaluarse bajo los criterios

extraordinarios aplicables a las solicitudes de nuevo

juicio basadas en la omisión o supresión de prueba

exculpatoria que el Estado debió haber revelado al

acusado oportunamente, según su obligación

constitucional. Por lo tanto, procedemos a evaluar la

solicitud del señor Rodríguez bajo la normativa de las

Reglas de Procedimiento Criminal y la jurisprudencia

antes discutida. En primer lugar, los tribunales

inferiores actuaron correctamente al no rechazar la

solicitud automáticamente por tratarse de prueba de

impugnación puesto que esta, según alega el señor

Rodríguez, impugnaría la credibilidad de la testigo

principal y víctima en el procedimiento criminal en su

contra. Sin embargo, los foros de primera instancia y

apelativo erraron al no evaluar esa prueba impugnatoria a

la luz de la prueba que fue presentada durante el juicio.

Sólo así podrían determinar si era probable que la

admisión de la prueba nueva hubiera resultado en un

veredicto distinto.

En su orden, el foro primario razonó que

de haberse conocido durante el juicio [que se presentó la demanda en daños], pudiera haber afectado adversamente la credibilidad de la testigo principal del caso, por contar con una motivación e interés especial en el resultado del caso criminal. Ello pudiera haber alterado CC-2014-137 29

la determinación del jurado en su veredicto.59

El foro primario omitió evaluar el peso de la

evidencia nueva para determinar si esta probablemente

produciría un resultado distinto. El análisis contemplado

por las Reglas procesales y la jurisprudencia requiere

que el tribunal confronte el peso y valor de la nueva

prueba propuesta contra toda la evidencia desfilada

durante el juicio. Eso no ocurrió en este caso. El

tribunal se limitó a concluir que la evidencia nueva

―pudiera haber alterado la determinación del jurado‖ y no

sopesó la prueba presentada durante el juicio. En estas

circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia abusó de

su discreción al concederle al señor Rodríguez un nuevo

juicio. Del mismo modo, el Tribunal de Apelaciones se

equivocó al no corregir al Tribunal de Primera Instancia.

Según se desprende de la transcripción de los

procedimientos, la defensa tuvo amplia oportunidad

durante el juicio de contrainterrogar a la señora L.G. e

impugnar su alegado interés económico en el resultado del

pleito criminal contra el señor Rodríguez:

P. Lo cierto es, que tanto usted como también sus padres, contrataron los servicios del bufete de Salvador Casellas, hijo. Incluso, aquí viene uno de los abogados y los acompaña a ustedes para hacer una reclamación civil en este caso a las partes envueltas. La universidad, la compañía

59 Apéndice del recurso de certiorari, pág. 263 (énfasis suplido). CC-2014-137 30

de seguros, el mismo Willy (el convicto). Compañía de seguros, William (el convicto), la universidad, el condominio.

R. No.

P. ¿Ni que se va a radicar?

R. No.60

Concluido el turno de la defensa, en su turno de

redirecto el Ministerio Público le preguntó lo siguiente

a la señora L.G.:

P. El abogado del acusado le preguntó a usted si usted o sus padres habían contratado a abogados para hacer alguna reclamación civil al acusado, al condominio, a la universidad. Usted contestó que no. Mi pregunta es, por qué razón o qué la movió usted a denunciar estos hechos.

R. Para hacer valer mis derechos de… o sea, fui violada. No quiero tener que vivir por esto toda mi vida, por eso es que estoy aquí.61

Un repaso de la evidencia desfilada demuestra lo

difícil que sería concluir que la prueba supuestamente

nueva presentada en apoyo a la solicitud de nuevo juicio

probablemente arrojaría un resultado diferente a la

determinación de culpabilidad a la que llegó el jurado.

Como reseñamos anteriormente, la prueba desfilada no se

limitó al testimonio de la señora L.G., sino que incluyó

60 Apéndice del recurso de certiorari, pág. 277. 61 Apéndice del recurso de certiorari, pág. 278 (énfasis suplido). CC-2014-137 31

el testimonio del doctor que la examinó luego de los

hechos y el de los agentes a cargo de la investigación,

los informes preparados por la agente de delitos

sexuales, el médico y el Instituto de Ciencias Forenses,

el análisis forense de ADN, las fotografías de la escena

y los videos del vestíbulo y del área de acceso a la

azotea del condominio. Incluso, durante el juicio, la

defensa contrainterrogó a la testigo, en más de una

ocasión, sobre si tenía intención de presentar una acción

civil en daños por los mismos hechos criminales del

juicio contra el señor Rodríguez. La señora L.G. contestó

en la negativa. Tras evaluar toda la evidencia y escuchar

el testimonio y subsiguiente impugnación de la señora

L.G., el jurado halló, unánimemente, que el señor

Rodríguez era culpable.

La solicitud del señor Rodríguez incumple un

requisito esencial para la concesión de un nuevo juicio

en circunstancias ordinarias. Y es que no podemos

concluir, a la luz de toda la evidencia desfilada durante

el juicio, que la presentación de la demanda en daños y

perjuicios probablemente cambiaría el veredicto unánime

del jurado. La señora L.G. presentó su demanda tres meses

después de ese veredicto. El que se haya presentado la

demanda en daños y perjuicios tres meses después del

juicio no es suficiente para concluir, como hicieron los

foros inferiores, que ella estaba mintiendo cuando CC-2014-137 32

testificó sobre los hechos imputados al acusado.62 Resulta

preocupante que ambos foros llegaran a esa conclusión sin

considerar el resto de la prueba en la cual el jurado

basó su decisión, la cual, como explicamos, incluyó la

teoría de la defensa sobre la mendacidad y parcialidad de

la testigo por razones económicas. El evento posterior

sometido como prueba de impugnación en este caso no es

suficiente para catalogar como falsa la aseveración de la

señora L.G. en cuanto a su intención, en aquel momento,

de no presentar una acción en daños y perjuicios.

Hemos explicado que ―la concesión de un nuevo juicio

salvaguarda los intereses de la verdad y la justicia, y

dependerá de los hechos y de las circunstancias

particulares de cada caso, en virtud de su naturaleza

excepcional‖.63 En nuestra función adjudicativa no podemos

abstraernos de la realidad ni ignorar la totalidad de los

hechos que dieron paso a la controversia que se atiende.

Por eso, debemos considerar la naturaleza particular de

la prueba nueva ante nuestra consideración: luego de

concluido el juicio, la víctima de la violación presentó

una demanda en daños y perjuicios basada en los mismos

hechos por los cuales se juzgó al señor Rodríguez. Esa

situación es muy diferente a aquellas en las que hemos

concedido un nuevo juicio porque se ocultó información

62 Apéndice del recurso de certiorari, pág. 415. 63 Pueblo v. Marcano Parrilla (II), supra, pág. 737. CC-2014-137 33

que serviría para impugnar a la testigo principal del

caso. En esos otros casos, el Ministerio Público

participó del acto de ocultar u omitir tales hechos al no

revelar que le había concedido al testigo principal del

caso algún tipo de inmunidad o beneficio a cambio de su

testimonio. Esa omisión del Estado laceró la confianza en

el resultado del caso y maculó la certeza del proceso

penal. Sin embargo, en el caso ante nuestra consideración

el Estado es un tercero ajeno a la decisión que tomó la

señora L.G. de presentar la demanda civil.

Más importante aún, no podemos equiparar el interés

en el resultado del caso de un testigo que recibió un

beneficio o inmunidad a cambio de su testimonio al

interés de la víctima en el resultado de la acción penal.

Si bien en la acción penal el Pueblo comparece en

representación de la sociedad — pues la conducta

delictiva lacera los entendidos básicos de la comunidad —

no podemos llegar al extremo de hacer invisible el daño

particular que sufre la víctima. La señora L.G. tiene

derecho a reclamar el resarcimiento por los daños que en

su momento pueda demostrar a satisfacción del tribunal.

No por ello puede reducirse su interés en el caso penal a

un mero interés económico, como concluyó el Tribunal de

Primera Instancia y confirmó el Tribunal de Apelaciones.

El resarcimiento económico, si alguno, que eventualmente

pueda obtener la señora L.G. y sus allegados es un tipo CC-2014-137 34

de reparación por los daños que han sufrido y no prueba

que su testimonio fuera un negocio para obtener

ganancias. La conclusión contraria impondría un obstáculo

al ejercicio de derechos que el ordenamiento concede a

las personas que sean víctimas de alguna conducta

delictiva. Confirmar a los foros inferiores llevaría al

absurdo de reconocer el derecho automático a un nuevo

juicio cada vez que una víctima decida ejercer su derecho

a ser indemnizada luego de un fallo o veredicto de

culpabilidad o de que se dicte una sentencia.

Llamamos nuevamente la atención a la necesidad de

evitar entrar en clasificaciones que tiendan a reconocer

menos credibilidad a las víctimas de agresiones

sexuales.64 Al presentar su demanda, la señora L.G.

ejerció su derecho a reclamar por los daños que alega

haber sufrido.65 Evaluada la totalidad de la prueba

desfilada en el juicio y creída por el jurado, nos

resulta inconcebible penalizar la credibilidad de la

víctima por ejercer ese derecho. Concluimos que los foros

inferiores erraron al evaluar la prueba de la

presentación de la demanda en daños y perjuicios sin

64 Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715, 732 (1980). 65 Hemos reconocido que las víctimas de agresión sexual sufren daños particulares, que incluso atentan contra su dignidad como personas, que no pueden ser equiparados con las angustias provocadas por otro tipo de casos de daños y perjuicios. De demostrarse ante un tribunal, estos daños merecen ser compensados. Elba A.B.M. v. U.P.R., 121 DPR 294, 321 (1990). CC-2014-137 35

tomar en cuenta la totalidad de la prueba presentada en

el juicio.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la

Resolución recurrida, se reinstala el veredicto del

jurado y se ordena al Tribunal de Primera Instancia

dictar la Sentencia correspondiente.

Liana Fiol Matta Jueza Presidenta EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente Sentencia, se revoca la Resolución recurrida, se reinstala el veredicto del jurado y se ordena al Tribunal de Primera Instancia dictar la Sentencia correspondiente.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo