Pueblo v. Pérez Feliciano

2011 TSPR 199

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: December 16, 2011
• Docket: CC-2010-762
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario Certiorari

v. 2011 TSPR 199

Eligio Pérez Feliciano 183 DPR ____

Recurrido

Número del Caso: CC-2010-762

Fecha: 16 de diciembre de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón, Panel VI

Juez Ponente: Carlos A. Cabán García

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Elmer A. Rodríguez Berríos

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. María T. Caballero García Procuradora General Auxiliar

Materia: Art. 3.1 Ley 54

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico Certiorari Peticionario

v. CC-2010-0762

Eligio Pérez Feliciano Recurrido

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de diciembre de

2011.

La Procuradora General comparece ante este

Foro y solicita que revisemos una sentencia

emitida por el Tribunal de Apelaciones. Mediante

ese dictamen, se revocó el fallo condenatorio

emitido por el Tribunal de Primera Instancia en el

que el Sr. Eligio Pérez Feliciano fue encontrado

culpable por el delito tipificado en el Artículo

3.1 de la Ley Núm. 54-1989 (8 L.P.R.A. sec. 631),

conocida como la Ley para la Prevención e

Intervención con la Violencia Doméstica (Ley Núm.

54). El foro apelativo ordenó la desestimación de

la acusación por entender que el pliego acusatorio 2 CC-2010-0762

era insuficiente, ya que no imputaba delito alguno. En

esta ocasión nos corresponde resolver si el pliego

acusatorio presentado contra el señor Pérez Feliciano era

defectuoso y si afectó sus derechos sustanciales evitando

así que este tuviera una defensa adecuada. Por entender

que el pliego acusatorio cumple con criterios de

suficiencia a la luz de nuestro ordenamiento legal,

revocamos al tribunal a quo.

Examinemos los antecedentes fácticos que dieron

génesis al presente caso.

I

El Ministerio Público presentó una denuncia contra el

señor Pérez Feliciano por hechos acaecidos el 22 de abril

de 2009. En esta, se le imputó haber empleado violencia

física contra la Sra. Mirelsa Rosado Santiago. Se alegó,

además, que el señor Pérez Feliciano le profirió palabras

soeces y le escupió la cara a la dama. Celebrada la vista

para la determinación de causa probable para arresto, el

tribunal impuso una fianza de quince mil dólares.

Subsiguientemente, el 6 de mayo de 2009 se llevó a cabo la

vista preliminar en la que se determinó causa probable

para acusar y se pautó el juicio para el 23 de junio de

2009. Ese mismo día, el señor Pérez Feliciano fue citado

para el acto de lectura de acusación, el 26 de mayo de

2009. 3 CC-2010-0762

La acusación presentada contra el señor Pérez

Feliciano por infracción al Artículo 3.1 de la Ley Núm.

54, supra, expresaba lo siguiente:

El referido acusado de epígrafe, allá para el día 21 de abril de 2009, en Manatí, Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala de Arecibo; ilegal, voluntaria, maliciosa y con la intención criminal[,]empleó violencia física contra la Sra. Mirelsa Rosado Santiago, con quien ha sostenido relaciones sexuales íntimas, consistente en que le tiró una lata de cerveza en el rostro causándole una laceración, le habló palabras soeces y la escupió en la cara varias veces.1

Durante el juicio en su fondo, una vez concluida la

presentación de la prueba de cargo, la defensa adujo que

la acusación no imputaba delito alguno.2 Sin embargo, este

planteamiento no fue acogido por el foro primario y, en

consecuencia, declaró culpable al señor Pérez Feliciano

por el delito de maltrato según surge de la acusación. Así

las cosas, el 5 de octubre de 2009, el señor Pérez

Feliciano fue sentenciado a cumplir dieciocho meses en el

Programa de Desvío que establece el Artículo 3.6 de la Ley

Núm. 54, supra.

Insatisfecho con esta determinación, el 22 de octubre

de 2009 el recurrido presentó un escrito de apelación ante

el Tribunal de Apelaciones. Atendido el recurso apelativo,

el 21 de mayo de 2010 el foro apelativo intermedio emitió

una sentencia en la que revocó el fallo condenatorio

dictado, que declaraba culpable al recurrido por

infracción al Artículo 3.1 de la Ley Núm. 54, supra. En

1 Petición de certiorari, pág. 4. 2 Apéndice, Petición de certiorari, pág. 32. 4 CC-2010-0762

virtud de ello, se ordenó la desestimación de la acusación

por tratarse de un pliego acusatorio insuficiente, donde

no se imputaba delito alguno. Según el tribunal recurrido,

la acusación formulada contra el señor Pérez Feliciano era

insuficiente, porque carecía de un elemento esencial del

delito que se pretendía imputar, a saber, que se trataba

de una relación consensual íntima. A tales efectos,

resaltó que la acusación en pugna se limitó a alegar que

las partes habían sostenido relaciones sexuales íntimas

sin aducir que sostuvieron una relación afectiva

consensual. El foro apelativo intermedio estableció que

resolver lo contrario equivaldría a expandir la aplicación

de la Ley Núm. 54 a situaciones no establecidas en esta,

como lo es el caso de personas que meramente sostienen o

han sostenido relaciones sexuales. Finalmente, puntualizó

que el Ministerio Público tuvo oportunidad de enmendar la

acusación previo a que recayera el fallo y no lo hizo.3

Inconforme con el curso decisorio del foro apelativo

intermedio, el 10 de junio de 2010 la Procuradora General

solicitó una reconsideración, pero la misma fue denegada.

Esto último se notificó el 29 de julio de 2010.

Así las cosas, el 1 de septiembre de 2010 el Estado

presentó ante nos un recurso de certiorari para la

revisión de la determinación emitida por el tribunal a

quo, señalando que:

3 La sentencia del Tribunal de Apelaciones fue notificada el 26 de mayo de 2010. Véase, Apéndice, Petición de certiorari, pág. 1. 5 CC-2010-0762

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al determinar que el pliego acusatorio era insuficiente porque no imputaba delito, toda vez que la acusación formulada contra el apelante carecía de un elemento esencial del delito que pretendía imputar, esto es que se trataba de una relación consensual íntima cuando la acusación en el presente caso se limitó a alegar que las partes habían sostenido relaciones sexuales íntimas.

El 18 de febrero de 2011 declaramos “no ha lugar” el

recurso de autos por falta de jurisdicción. Oportunamente,

el 1 de marzo de 2011 la Procuradora General presentó una

moción de reconsideración y arguyó que ante la amenaza del

huracán Earl, la Rama Judicial decretó la suspensión de

trabajos el pasado 30 de agosto de 2010. A consecuencia de

ello, los términos jurisdiccionales fueron extendidos y el

recurso de certiorari debía ser considerado, ya que se

presentó dentro de los términos requeridos. Examinada esta

moción, decidimos declarar “con lugar” el referido

petitorio el 6 de julio de 2011. Asimismo, le ordenamos al

recurrido que mostrara causa por la cual no debíamos

expedir el recurso y revocar la sentencia dictada por el

Tribunal de Apelaciones. Contando con el beneficio de la

comparecencia de ambas partes, debemos remitirnos al marco

jurídico aplicable a la controversia que nos ocupa.

II

A

La violencia se ha convertido en un mal que

lamentablemente afecta todos los sectores sociales de

nuestro país. Sin duda, la falta de reconocimiento de la

dignidad del ser humano nos ha conducido por un camino 6 CC-2010-0762

oscuro y confuso donde el valor de la persona se ha

supeditado a otros intereses de inferior categoría.

Particularmente, en el contexto de las relaciones de

pareja, la pérdida de respeto hacia la persona ha

resultado en la comisión de crímenes desgarradores que día

a día perturban la sana convivencia familiar y social de

nuestro pueblo.

Como bien expresa la Exposición de Motivos de la Ley

Núm. 54, “[l]a violencia doméstica es un comportamiento

antisocial que constituye un serio problema para la

familia puertorriqueña.... Tolerar la violencia doméstica

hoy contribuye a la desintegración de la familia, a

fomentar la criminalidad y al debilitamiento de los

valores de la convivencia humana.”4

Específicamente, el Artículo 1.3(p) de la Ley Núm. 54

define violencia doméstica como sigue:

[U]n patrón de conducta constante de empleo de fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución contra una persona por parte de su cónyuge, ex cónyuge, una persona con quien cohabita o haya cohabitado, con quien sostiene o haya sostenido una relación consensual o una persona con quien se haya procreado una hija o un hijo, para causarle daño físico a su persona, sus bienes o a la persona de otro o para causarle grave daño emocional. 8 L.P.R.A. sec. 602(p).

Debido a que la víctima se encuentra ligada íntima y

emocionalmente a su agresor y está igualmente sujeta a

episodios cíclicos de violencia física, emocional y

psicológica, la violencia en la relación de pareja posee

4 1989 Leyes de Puerto Rico 222 7 CC-2010-0762

características distintivas de otros tipos de violencia.5

Ante esta realidad, debemos reafirmar de manera

contundente la política contra la violencia doméstica. De

este modo aseguramos que los instrumentos sustantivos y

procesales provistos por la Ley Núm. 54, se apliquen de

manera rigurosa y eficaz.

La política pública contra la violencia doméstica

repudia enérgicamente esta conducta por ser contraria a

los valores de paz, dignidad y respeto que este pueblo

desea mantener para las personas, las familias y la

comunidad en general. Ley Núm. 54, supra. Conforme a estos

propósitos, este Tribunal ha apuntalado en varias ocasiones

que la violencia doméstica “es un mal endémico y una infamia

repudiable que aqueja a la sociedad contemporánea. Si algo

ha de quedar claro es la política pública en su contra,

consagrada en la Ley para la Prevención en Intervención con

la Violencia Doméstica”. Pueblo v. Carmen Figueroa Santana,

154 D.P.R. 717, 723 (2001); Véase, San Vicente v. Policía

de P.R., 142 D.P.R. 1, 2(1996).

A estos efectos, las manifestaciones de violencia se

encuentran tipificadas como delitos en la Ley Núm. 54. El

Artículo 3.1 del citado estatuto tipifica el delito de

“maltrato”, el cual sanciona la utilización de fuerza

física, de violencia psicológica, de intimidación o de

persecución contra la persona con la que se sostiene o se

ha sostenido una relación de pareja para causarle daño

5 Véase Memorial Explicativo sobre el P. de la C. 615 y P del S. 470. 8 CC-2010-0762

físico o emocional, o daño a sus bienes. Este precepto

define maltrato de la manera siguiente:

Toda persona que empleare fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución en la persona de su cónyuge, ex cónyuge, o la persona con quien cohabita o haya cohabitado, o la persona con quien sostuviere o haya sostenido una relación consensual, o la persona con quien haya procreado un hijo o hija, para causarle daño físico a su persona, a los bienes apreciados por ésta, excepto aquellos que pertenecen privativamente al ofensor, o a la persona de otro o para causarle grave daño emocional .... 8 L.P.R.A. sec. 631.

Al interpretar la referida disposición legislativa,

en Pueblo v. Roldán López, 158 D.P.R. 54, 57 (2002), este

Tribunal determinó que los elementos del delito de

maltrato son los siguientes:

(1) empleo de fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución; (2) contra una persona que haya sido cónyuge del agresor o agresora, o con quien haya convivido, sostenido una relación consensual, o procreado hijos; y (3) que la fuerza o violencia se haya efectuado para causar daño físico a esa persona o sus bienes.

En el intento de combatir esta conducta tan nociva a la

dignidad humana, debemos esforzarnos por lograr que esta no

pase desapercibida y por que la víctima tome las medidas

necesarias para evitar tragedias mayores. Pueblo v.

Figueroa Santana, supra. Así, al interpretar las

disposiciones de la Ley Núm. 54, debemos tener presente los

principios y propósitos sociales que promovieron su

aprobación sin desligarnos de la realidad y del problema

humano que la norma persigue atender. Pueblo v. Figueroa

Santana, supra. Véanse, también: Pueblo v. Zayas Rodríguez, 9 CC-2010-0762

147 D.P.R. 530 (1999); Col. Ing. Agrim. P.R. v. A.A.A., 131

D.P.R. 735 (1992).

Cónsono con lo anterior, reiteramos que el propósito

de la Ley Núm. 54, es un corolario del interés apremiante

del Estado de disuadir a sus miembros de incurrir en actos

violentos y de modificar los patrones de conducta tan

lesivos a la persona que están arraigados en nuestro

pueblo. Pueblo v. Rodríguez Velázquez, 152 D.P.R. 192

(2000); Pueblo v. Rivera Morales, 133 D.P.R. 444 (1993).

Restarle importancia a este tipo de crímenes agravaría un

ya ingente problema social. Pueblo v. Rodríguez Velázquez,

supra; Pueblo v. Esmurria Rosario, 117 D.P.R. 884 (1986).

B

La Quinta Enmienda de la Constitución de Estados

Unidos6 reconoce que ninguna persona “será privada de su

libertad o de su propiedad, sin el debido procedimiento de

ley”. De igual manera, nuestra Constitución establece este

derecho en la Sec. 7 del Art. II.7 Así, en virtud del

debido proceso de ley, tanto la Enmienda Sexta8 de la

Constitución federal como la Sección 11 del Artículo II de

nuestra Carta Magna9 consagran el derecho de todo acusado a

ser notificado de la causa de acción en su contra. No

obstante, en nuestra jurisdicción, este derecho se

6 Const. EE. UU., L.P.R.A., Tomo 1. ed. 2008, pág. 189. 7 Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. 8 Const. EE. UU., supra. 9 Const. E.L.A., supra. 10 CC-2010-0762

complementa con la obligación del Estado de entregar al

acusado una copia del pliego acusatorio.10

En lo pertinente a este principio, el Estado cumple

con el deber de informar adecuadamente al acusado a través

de la acusación, la cual luego servirá de base a las

alegaciones y los procedimientos posteriores, incluyendo

el juicio. E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de

Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Tercer Mundo

Editores, 1993, Vol. III, págs. 140-141. A estos efectos,

la Regla 35 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II

R. 35, provee los datos que deberá tener una acusación

conforme a los estándares de una notificación adecuada. En

particular, el inciso (c) de la mencionada regla exige que

la acusación deberá contener lo siguiente:

Una exposición de los hechos esenciales constitutivos del delito, redactada en lenguaje sencillo, claro y conciso, y de tal modo que pueda entenderla cualquier persona de inteligencia común. Las palabras usadas en dicha exposición se interpretarán en su acepción usual en el lenguaje corriente, con excepción de aquellas palabras y frases definidas por ley o por la jurisprudencia, las cuáles se interpretarán en su significado legal. Dicha exposición, no tendrá que emplear estrictamente las palabras usadas en la ley, y podrá emplear otras que tuvieren el mismo significado. Regla 35 de Procedimiento Criminal, supra.

Conforme a la doctrina establecida, al analizar si se

satisface el mandato constitucional de la debida

notificación, lo esencial es que el contenido de la

acusación exponga todos los hechos constitutivos del tipo

delictivo, de forma que cualquier acusado de inteligencia

10 Id. 11 CC-2010-0762

mediana pueda, en efecto, entender de qué se le acusa.

Pueblo v. Montero Luciano, supra; Pueblo v. Calviño

Creijo, 110 D.P.R. 691, 694 (1981). Para cumplir con este

requisito constitucional, la precitada regla no exige que

la acusación siga fielmente las palabras de la ley,

tampoco es necesario que el Estado emplee un lenguaje

“talismánico o estereotipado”, pues su propósito no es

“cumplir mecánicamente con un ritual”, sino informar al

acusado sobre el delito que se le imputa. Pueblo v.

Calviño Cereijo, supra; Pueblo v. Meléndez Cartagena, 106

D.P.R. 338, 341 (1977). Se colige entonces que si en la

acusación algún elemento esencial fue imputado sin emplear

las mismas palabras que utilizó el legislador, esto no

provocará su insuficiencia si el acusado puede comprender

de qué se le está acusando y no se afecta su defensa.

Sin embargo, cuando las alegaciones contenidas en el

pliego acusatorio no imputan delito alguno bajo las leyes

penales de Puerto Rico, procede la desestimación por

insuficiencia del pliego acusatorio. Regla 64(a) de

Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II; Chiesa Aponte,

op. cit. De esta forma, una moción de desestimación bajo

el fundamento de que la acusación no imputa delito se

convierte en un mecanismo procesal para objetar la

suficiencia de los cargos presentados en el pliego

acusatorio. O.E. Resumil de Sanfilippo, Práctica jurídica

de Puerto Rico: derecho procesal penal, New Hampshire,

Butterworth Legal Publishers, 1993, Vol. 2, pág. 10. Esta 12 CC-2010-0762

moción puede ser presentada en cualquier etapa del

procedimiento criminal, toda vez que posee un carácter

privilegiado. Regla 63 de Procedimiento Criminal, 34

L.P.R.A. Ap. II.

Por su parte, la Regla 36 de Procedimiento Criminal,

34 L.P.R.A. Ap. II, establece lo relacionado a los

defectos de forma y dispone que “una acusación o denuncia

no será insuficiente … por causa de algún defecto,

imperfección u omisión de forma que no perjudi[que] los

derechos sustanciales del acusado”. Por lo tanto, “si el

defecto no ocasiona que el pliego acusatorio sea

insuficiente ni que el imputado sufra un perjuicio

sustancial en cuanto a su oportunidad de defenderse,

entonces se trata de un defecto de forma y por ende el

pliego acusatorio puede ser enmendado en cualquier

momento”. (Énfasis nuestro.) Chiesa Aponte, op. cit. pág.

173. Tanto es así, que dado el caso en que no se solicite

la enmienda, el pliego que adolece de algún defecto de

forma se entenderá subsanado una vez rendido el veredicto

del Jurado o el fallo del tribunal. Regla 38(a) de

Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

A diferencia de los defectos u omisiones de forma, un

defecto sustancial es aquel que afecta los derechos

sustanciales del acusado, bien porque le impide preparase

adecuadamente para su defensa o porque sencillamente,

tiene el efecto de insuficiencia del pliego acusatorio.

Pueblo v. Meléndez Cartagena, supra; Chiesa Aponte, op. 13 CC-2010-0762

cit., pág. 174. En esta determinación, son materia

sustancial todos los hechos que necesariamente deben ser

probados para hacer del acto un delito. Pueblo v.

González, 97 D.P.R. 541 (1969). Es decir, la acusación

debe incluir todos los elementos del delito, de lo

contrario será insuficiente y sufrirá de un defecto

sustancial. Pueblo v. Díaz Breijo, 97 D.P.R. 64 (1969). No

obstante, el tribunal puede permitir enmiendas para añadir

hasta un elemento esencial del delito imputado antes de la

convicción o absolución del acusado. Rabell Martínez v.

Tribunal, supra; O.E. Resumil de Sanfilippo, op. cit.,

pág. 155. De ser este el caso, el acusado tendrá derecho a

que se le celebre nuevamente el acto de lectura de la

acusación. Regla 38(b) de Procedimiento Criminal, 34

A estos efectos, es imperativo reiterar que en la

consideración de si el pliego acusatorio aduce de manera

satisfactoria los hechos constitutivos de delito, “no se

exigirá que se alegue con perfección de artífice” todos

los elementos de la conducta punible. Pueblo v. Rodríguez

López, 96 D.P.R. 690 (1968). Véase, también, O.E. Resumil

de Sanfilippo, op. cit., pág. 10. Es preciso señalar que,

en conformidad a las normas de interpretación que aseguran

un procedimiento justo, sin dilaciones y sin gastos

injustificados, a la luz de la Regla 35 de Procedimiento

Criminal, supra, este Tribunal ha avalado una

interpretación liberal al analizar la suficiencia del 14 CC-2010-0762

pliego acusatorio. Reglas 1 y 35 de Procedimiento

Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II; Pueblo v. Feliecer

Villalongo, 105 D.P.R. 600 (1977).

III

En el caso de autos, el Ministerio Público señala que

el Tribunal de Apelaciones incidió al revocar el dictamen

de culpabilidad del foro primario contra el Sr. Eligio

Pérez Feliciano. Específicamente, aduce que erró al

determinar que el pliego acusatorio era insuficiente toda

vez que carecía de un elemento esencial del delito de

maltrato según tipificado en el referido Artículo 3.1 de

la Ley Núm. 54, al limitarse a alegar que las partes

habían sostenido relaciones sexuales íntimas, en vez de

imputar que se trataba de una relación consensual íntima.

Según se desprende de la exposición del derecho, el

propósito esencial del pliego acusatorio, en conformidad

al debido proceso de ley, es notificar adecuadamente al

acusado del delito por el cual va a ser procesado. En el

caso de marras, el pliego acusatorio contra el señor Pérez

Feliciano alegaba que este empleó violencia física contra

la Sra. Mirelsa Rosado Santiago, persona con quien ha

sostenido relaciones sexuales íntimas. Los actos de

violencia según imputados, consistían en que el convicto

le tiró una lata de cerveza en el rostro causándole una

laceración, le habló palabras soeces y escupió en la cara

varias veces a la dama. 15 CC-2010-0762

De los hechos consignados en la acusación obtenemos

las alegaciones de que el recurrido empleó fuerza física y

violencia psicológica contra la señora Rosado. En

particular, en la acusación no se específica el lenguaje

exacto utilizado, según establecido en la Ley Núm. 54,

supra, que la señora hubiera sido cónyuge del recurrido,

que hubiese procreado hijos con el agresor o que hubiese

sostenido una relación consensual íntima con este.

La controversia del caso ante nos se basa en que el

Ministerio Público, al establecer este elemento del delito

de maltrato, utilizó las palabras “relación sexual

íntima”. Si bien es cierto que el pliego acusatorio no

siguió fielmente las palabras de la ley, leída e

interpretada racional y razonablemente a la luz de la

norma de hermenéutica establecida en la Regla 35(c) de

Procedimiento Criminal, supra, colegimos que dentro de las

circunstancias de este caso específico, se exponen los

elementos esenciales del delito del maltrato de la Ley

Núm. 54.

Estamos llamados a interpretar las leyes según su

espíritu y en armonía con el propósito social que estas

aspiran cumplir. Pueblo v. Figueroa Santana, supra. No cabe

la menor duda que el propósito de las alegaciones del

pliego que hacen referencia a que entre el recurrido y la

señora Rosado hubo “relaciones sexuales íntimas”, fue

expresar que entre ellos existía una “relación consensual

íntima” conforme a las definiciones provistas por el 16 CC-2010-0762

legislador en la Ley Núm. 54, supra. Una persona de

inteligencia promedio, a la luz de las alegaciones

provistas en el pliego acusatorio contra el señor Pérez

Feliciano, podría entender cabalmente y sin mayor

dificultad que se trataba de una acusación por el delito

de maltrato. Entendemos que el requisito constitucional de

adecuada notificación al acusado fue debidamente

satisfecho y no había una confusión sobre si dentro de las

circunstancias particulares del caso existía, en efecto,

una relación consensual. Dentro de la interpretación en

cuanto al lenguaje utilizado en la imputación de delito,

debemos concluir que en este caso se consignaron los

elementos del delito, de forma que fueron suficientes para

notificar al señor Pérez Feliciano de la naturaleza y de

la causa de acción en su contra. Como consecuencia de

ello, el recurrido disfrutó sin menoscabo alguno su

derecho a un debido proceso de ley.

Más aún, según se desprende de la transcripción de la

prueba oral estipulada surgida del juicio celebrado el 9

de noviembre de 2009, se estableció que la pareja mantuvo

un noviazgo. En lo pertinente, en el examen directo a la

víctima, la transcripción expresa lo siguiente:

FISCAL: Le pregunto, ¿si usted conoce a Eligio Pérez Feliciano?

TESTIGO: Sí, lo conozco.

Fiscal: ¿Por razón de qué o qué tipo de relación había entre ustedes?

TESTIGO: Como novios o casi novios. 17 CC-2010-0762

FISCAL: ¿Convivían?

GONZÁLEZ: Objeción a la sugestividad, Juez.

FISCAL: ¡Ah!

TESTIGO: No, yo me quedaba a veces en la casa de él.

FISCAL: ¿Cuántas veces?

TESTIGO: Casi todas las semanas, a veces cuatro días, depende porque yo trabajo.

FISCAL: ¿Y él en la suya cuántas veces se quedaba?

GONZÁLEZ: Objeción. Es sugestivo, Juez.

JUEZ. ¡Bendito sea Dios! ¿Convivían, se acostaban?

Testigo: Sí.

Juez: Pues ya.

Fiscal: Le pregunto, ¿hace cuánto tiempo usted lo conoce a él?

TESTIGO: Hace tre… más o … bueno hace tres años ahora vamos a cumplir cuatro.11

El Tribunal de Primera Instancia le rindió total

credibilidad a la prueba desfilada durante el juicio

contra el señor Pérez Feliciano. Al así hacerlo, encontró

culpable al recurrido más allá de toda duda por su

infracción al delito de maltrato según tipificado en el

Artículo 3.1 de la Ley Núm. 54, supra. Dentro de la

función revisora de los dictámenes de los foros de

instancia, es pertinente apuntalar la norma de Pueblo v.

Colón, Castillo, 140 D.P.R. 564, 581-582 (1996), donde

expresamos:

11 Véase Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 18. 18 CC-2010-0762

Como primer paso a una determinación de suficiencia [de prueba], el tribunal ha de cerciorarse que el Ministerio Público haya aducido … todos los elementos del delito imputado…. También se exige que la evidencia conecte al acusado con los delitos imputados, una función eminentemente propia del juzgador de la credibilidad. Dentro de la responsabilidad del tribunal de examinar la suficiencia, éste ha de asegurarse de que la prueba de cargo sea una que, de ser creída, pueda conectar al acusado con el delito imputado….

Antes de dictar el fallo de culpabilidad, el foro de

instancia interpretó la Regla 35(c) de Procedimiento

Criminal, supra, y no encontró ningún defecto sustancial

en el pliego acusatorio. Ello porque se comprendía que el

término “relación sexual íntima” en el contexto del caso

de autos y en conjunto con el resto de las alegaciones del

pliego acusatorio, se refería a “relación consensual

íntima”. La actuación del Ministerio Público de no haber

expresado a “perfección de artífice” que se trataba de una

“relación consensual íntima” y no meramente una “relación

sexual íntima” no invalida la acusación. Véase, Pueblo v.

Rodríguez López, supra. No observamos un ápice de que el

señor Pérez Feliciano se vio afectado o impedido de

comprender de qué se le acusaba. De ninguna manera podemos

avalar la invitación que nos hace el convicto para

declarar que la acusación sufre de un defecto sustancial.

Además, conviene distinguir los hechos de este caso

de aquellos que atendimos en Pueblo v. Flores Flores, res.

el 23 de marzo de 2011, 2011 T.S.P.R. 38. 2011 J.T.S. 43,

181 D.P.R. ___ (2011). Allí, por estar divididos, emitimos

una Sentencia mediante la cual confirmamos el dictamen del 19 CC-2010-0762

Tribunal de Apelaciones. En aquel entonces, el Juez

Asociado señor Kolthoff Caraballo emitió una Opinión de

Conformidad a la que se unieron los Jueces Asociados señor

Martínez Torres y señora Pabón Charneco. En ella, se

expuso en esencia que la Ley Núm. 54, supra, no aplica a

relaciones adúlteras, por lo que procedía desestimar la

acusación contra el acusado. Sin embargo, se indicó

expresamente que “en el caso de la relación consensual

ésta puede entenderse por la de novios que sin convivir

pueden llegar a mantener una relación afectiva”. Pueblo v.

Flores Flores, supra, págs. 24-25. Precisamente, eso es lo

que ocurre en el caso que nos ocupa.

A la luz del análisis de los hechos y del estado de

derecho esbozados, concluimos que no estamos ante un

problema de suficiencia del pliego acusatorio por causa de

un error sustancial. Los actos expuestos en la acusación

fueron suficientes a los efectos de indicar de manera

inteligible los elementos de la conducta prohibida por el

Artículo 3.1 de la Ley Núm. 54, supra. Debemos destacar

que dichos elementos fueron probados y que el recurrido

fue hallado culpable más allá de toda duda razonable por

el foro primario, luego de evaluar la totalidad de la

prueba presentada en el juicio. Por ello, es forzoso

colegir que el Tribunal de Apelaciones cometió el error

señalado. 20 CC-2010-0762

IV

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de

certiorari solicitado y se revoca la sentencia dictada por

el Tribunal de Apelaciones. En consecuencia, se reinstala

el fallo condenatorio emitido por el Tribunal de Primera

Instancia contra el señor Pérez Feliciano por infracción

al Artículo 3.1 de la Ley Núm. 54.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria

del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Fiol Matta

emitió Opinión Concurrente a la cual se unió el Juez

Presidente señor Hernández Denton. La Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez emitió Opinión Concurrente y

Disidente. El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió

Opinión de Conformidad a la cual se unió el Juez Asociado

señor Kolthoff Caraballo y la Jueza Asociada señora Pabón

Charneco. El Juez Asociado señor Rivera García emitió

señor Feliberti Cintrón.

Lcda. Larissa Ortiz Modestti Secretaria Tribunal Supremo, Interina EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico Peticionario

v. CC-2010-762 Eligio Pérez Feliciano Recurrido

Opinión concurrente emitida por la Jueza Asociada señora FIOL MATTA a la cual se une el Juez Presidente señor HERNÁNDEZ DENTON

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de diciembre de 2011.

Con la Sentencia que emite el Tribunal en este

caso, se rechaza una interpretación irrazonablemente

restrictiva sobre el concepto de “relación

consensual” que hubiese tenido el efecto de

desestimar una acusación por el delito de maltrato

entre pareja, tipificado en la Ley para la

Prevención e Intervención con la Violencia

Doméstica, Ley 54 de 1989.12 Estoy de acuerdo con ese

resultado.

12 Art. 3.1, Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, Ley Núm. 54-1989, 8 L.P.R.A. sec. 631. CC-2010-762 2

I El Tribunal de Primera Instancia, correctamente,

descartó el planteamiento de la defensa sobre

insuficiencia del pliego acusatorio y encontró culpable al

acusado por el delito de maltrato entre pareja. El

Tribunal de Apelaciones revocó el fallo condenatorio al

entender que la determinación de culpabilidad se asentó en

una acusación que carecía de un elemento esencial del

delito de maltrato bajo la Ley 54: que el acusado mantenía

una relación consensual con la perjudicada. Según el foro

apelativo, aunque las relaciones sexuales pueden ser un

elemento de una relación consensual íntima, “las meras

relaciones sexuales no constituyen, por sí solas, una

relación afectiva como la que se quiso proteger bajo la

Ley 54”.13 Por eso, a pesar de que en la acusación se

alegaba que las partes habían sostenido relaciones

sexuales íntimas, resolvió que ello no equivalía a

mantener la relación consensual que la Ley 54 requiere.14 La

13 Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Pueblo v. Pérez Feliciano, KLAN 2009 01460, 21 de mayo de 2010 (panel integrado por los jueces Aponte Hernández y Cabán García y la jueza Cintrón Cintrón), pág. 7, Certiorari, pág. 9 del Apéndice. 14 Llama la atención que la Sentencia del foro apelativo basa esta aseveración en una frase contenida en Pueblo v. Ruiz, 159 D.P.R. 194 (2003). Véase Sentencia del Tribunal de Apelaciones, supra, págs. 6-7, Certiorari, págs. 8-9 del Apéndice. En la argumentación sobre la determinación de excluir a las parejas homosexuales de la protección de la Ley 54 que se hizo en ese caso, se utilizó el término “relación afectiva” como parte de la explicación de lo que es una “relación consensual”. Nos parece pertinente CC-2010-762 3

Procuradora General solicitó que revocáramos esa

sentencia. Así lo hacemos en la Sentencia emitida en el

día de hoy.

Según se desprende del expediente del caso, la señora

Mirelsa Rosado Santiago buscó en su carro a su pareja, el

señor Eligio Pérez Feliciano, para ir a la playa. De

regreso de la playa, la señora Rosado Santiago se detuvo

en el negocio de un familiar y, cuando estaba conversando

con él, el señor Pérez Feliciano se bajó del carro para

apurarla, la haló por el brazo y se volvió a montar en el

vehículo. Al ella acercarse al auto, el señor Pérez

Feliciano le tiró con una lata de cerveza, que le dio en

la nariz.15 La mujer le dijo al señor Pérez Feliciano que

se bajara de su carro, pero él le pidió que lo llevara a

su casa. De camino, la escupió en la cara en diversas

ocasiones. Luego de dejarlo en su hogar, la señora Rosado

aclarar que esa discusión no tuvo el efecto de enmendar la Ley 54 para añadir un nuevo requisito subjetivo de afectividad a las relaciones consensuales que protege esta legislación. 15 Véase Alegato del Apelante ante el Tribunal de Apelaciones, 3 de febrero de 2010. El señor Pérez Feliciano narra que lo que ocurrió fue que “una pareja estaba disfrutando y compartiendo en la playa”, se detuvieron en un negocio a comprar bebidas alcohólicas y él le lanzó una lata a la mujer porque no le hizo caso a su petición de marcharse del lugar. Id., a las págs. 17- 18, Certiorari, págs. 61-62 del Apéndice (énfasis suplido). CC-2010-762 4

Santiago se sentía nerviosa y acudió al cuartel para

denunciar a su pareja.

Al señor Pérez Feliciano se le imputó haber violado

el artículo 3.1 de la Ley 54. El pliego acusatorio lee

así:

El referido acusado de epígrafe, allá para el día 21 de abril de 2009, en Manatí, Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala de Arecibo; ilegal, voluntaria, maliciosa y con la intención criminal, empleó violencia física contra la Sra. Mirelsa Rosado Santiago, con quien ha sostenido relaciones sexuales íntimas, consistentes en que le tiró una lata de cerveza en el rostro causándole una laceración, le habló palabras soeces y la escupió en la cara varias veces.16

En el juicio, testificaron la agente que tomó la

querella de violencia doméstica y la víctima. Del

interrogatorio a la perjudicada se desprende claramente el

tipo de relación que tenían la señora Rosado Santiago y el

señor Pérez Feliciano: estaban próximos a cumplir cuatro

años de novios y ella se quedaba a dormir en casa de él

casi todas las semanas, hasta cuatro días por semana.17

La Ley 54 se creó para proteger a las personas, y

especialmente a las mujeres, que sufrieran maltratos

16 Véase Sentencia del Tribunal de Apelaciones, supra, pág. 6, Certiorari, pág. 8 del Apéndice (énfasis suplido). 17 Transcripción de la prueba oral estipulada, págs. 6-7, Certiorari, págs. 24-25 del Apéndice. La cita directa de la transcripción se encuentra en la Sentencia del Tribunal Supremo, págs. 16-17. CC-2010-762 5

físicos o emocionales “a manos de una persona con quien

sostiene o ha sostenido una relación íntima”.18 La

intención de la Ley era responder al alto índice de este

tipo de casos en Puerto Rico, atendiendo las

particularidades que presenta la violencia de pareja. A

esos efectos, se incluyó el artículo 3.1, que tipifica el

delito de maltrato de pareja:

Toda persona que empleare fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución en la persona de su cónyuge, ex cónyuge o la persona con quien cohabita o haya cohabitado, o la persona con quien sostuviere o haya sostenido una relación consensual, o la persona con quien haya procreado un hijo o hija, para causarle daño físico a su persona, a los bienes apreciados por ésta, excepto aquellos que pertenecen privativamente al ofensor, o a la persona de otro o para causarle grave daño emocional, incurrirá en delito grave de cuarto grado en su mitad superior. El tribunal podrá imponer pena de restitución, además de la pena de reclusión establecida.19

Para propósitos de la Ley 54, una relación consensual

existe cuando dos personas aceptan de manera voluntaria

compartir como pareja, sin que necesariamente cohabiten ni

se hayan casado o procreado hijos en común.20 Es innegable

18 Exposición de Motivos, Ley Núm. 54-1989 (énfasis suplido). 19 8 L.P.R.A. sec. 631 (énfasis suplido). Basta una sola agresión mediante el uso de fuerza física de cualquier grado para que una persona pueda ser convicta bajo el artículo 3.1 de la Ley 54. Pueblo v. Roldán López, 158 D.P.R. 54, 57-58 (2002); Pueblo v. Figueroa Santana, 154 D.P.R. 717, 726 (2001). 20 Véase la Opinión disidente en Pueblo v. Flores Flores, 2011 T.S.P.R. 38. CC-2010-762 6

que el señor Pérez Feliciano y la señora Rosado Santiago

mantenían una relación de esa naturaleza, y dentro de esa

relación consensual ocurrió el maltrato.

La palabra consensual implica consentimiento. Una

relación sexual entre personas mayores de edad, por

definición, tiene que ser consentida. De no serlo, quien

haya compelido al acto, ya sea mediante violencia,

intimidación, engaño o uso de sustancias que impidan el

consentimiento, incurre en el delito de agresión sexual.21

Una relación consensual de pareja no tiene que incluir

actos sexuales para ser considerada como tal,22 pero el

hecho de que dos personas decidan voluntariamente sostener

relaciones sexuales de manera habitual no puede sino

abonar a la conclusión de que existe una relación

consensual íntima entre ellos. Por otra parte, no tiene

sentido pensar que, sólo porque se utilizó el término

“relaciones sexuales íntimas” en la acusación, en vez del

término “relaciones consensuales íntimas”, el señor Pérez

Feliciano no quedó debidamente avisado de que se le estaba

acusando de haber incurrido en maltrato dentro de su

21 Véase Art. 142, Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 4770. 22 En casos de divorcio por separación, hemos establecido que la ausencia de relaciones sexuales, cuando las partes se comportan como una pareja en otros aspectos, no implica la inexistencia del vínculo (Cosme v. Marchand, 121 D.P.R. 225, 236-238 (1988)), como tampoco un acto sexual aislado significa que existe una relación de pareja (Rosario v. Galarza, 83 D.P.R. 167 (1961)). CC-2010-762 7

relación íntima de pareja con la señora Rosado Santiago, y

que, por ello, podía ser castigado a tenor con la Ley 54.

Viene a la memoria, muy a propósito, la advertencia que

nos hiciera el juez asociado Raúl Serrano Geyls hace

muchos años: “Los jueces no debemos, después de todo, ser

tan inocentes como para creer declaraciones que nadie más

creería”.23

El propósito del pliego acusatorio es informar al

acusado cuál es el delito que se le imputa para que pueda

preparar su defensa adecuadamente.24 En Pueblo v. Santiago

Cedeño, explicamos que “[l]o fundamental es que la

acusación consigne los elementos del delito imputado en

forma que constituya debida notificación de la naturaleza

y causa de los cargos”.25 Por eso, no se le exige al

Ministerio Público que utilice un lenguaje “técnico o

talismánico” para anunciarle al imputado de qué se le

23 Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 DPR 573, 582 (1961). 24 Pueblo v. Meléndez Cartagena, 106 D.P.R. 338, 340-341 (1977). En este caso, señalamos que la acusación no es insuficiente por no incluir fielmente y de forma mecánica las palabras de la ley. 25 Pueblo v. Santiago Cedeño, 106 D.P.R. 663, 666 (1978). Véanse también Pueblo v. Rivera Rivera, 145 D.P.R. 366, 378 (1998); Pueblo v. González Olivencia, 116 D.P.R. 614, 617-618 (1985). CC-2010-762 8

acusa.26 La Regla 35(c) de las de Procedimiento Criminal

requiere que la acusación contenga:

Una exposición de los hechos esenciales constitutivos del delito redactada en lenguaje sencillo, claro y conciso, y de tal modo que pueda entenderla cualquier persona de inteligencia común. Las palabras usadas en dicha exposición se interpretarán en su acepción usual en el lenguaje corriente, con excepción de aquellas palabras y frases definidas por ley o por la jurisprudencia, las cuales se interpretarán en su significado legal. Dicha exposición no tendrá que emplear estrictamente las palabras usadas en la ley, y podrá emplear otras que tuvieran el mismo significado. En ningún caso será necesario expresar en la acusación o denuncia presunciones legales ni materias de conocimiento judicial.27

Como expresa el profesor Ernesto Chiesa, “una

acusación no es insuficiente porque algún elemento

esencial de la acusación fue imputado sin emplear

expresamente las palabras que utilizó el legislador para

ese elemento”.28 La suficiencia del pliego acusatorio se

evalúa de forma liberal, porque lo que importa no es el

lenguaje con que está redactado sino que informe

debidamente del delito por el cual se acusa.29 Por tanto,

el derecho constitucional del acusado a ser notificado de

26 Pueblo v. Calviño Cereijo, 110 D.P.R. 691, 693- 694(1981). 27 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 35(c) (énfasis suplido). 28 E. L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Forum, 1993, Vol. III, pág. 149. Véanse también las páginas 143-148. 29 Pueblo v. Villafañe, Contreras, 139 D.P.R. 134, 149-151 (1995). CC-2010-762 9

la naturaleza y causa de la acusación y a recibir copia de

la misma30 no se viola cuando el pliego acusatorio no

incluye textualmente las disposiciones de la ley que se

alega que se ha infringido, pero sí contiene un lenguaje

que da aviso suficiente sobre los hechos y los elementos

del delito cuya violación se imputa.31

Una persona de inteligencia común puede comprender

que se le está acusando de incurrir en violencia doméstica

contra la persona con quien mantiene una relación

consensual cuando en el pliego acusatorio se le indica que

agredió a la persona “con quien ha sostenido relaciones

sexuales íntimas” y esta frase se encuentra junto al

nombre de quien ha sido su pareja por más de tres años, a

quien maltrató el día anterior. El Ministerio Público

indicó en su recurso que nunca enmendó la acusación para

especificar que el acusado y la víctima mantenían una

relación consensual porque juzgó, correctamente, que tal

subsanación no era necesaria dado que el pliego

acusatorio, tal como estaba redactado, consignaba los

30 Const. P.R., Art. II sec. 11. Este derecho también es reconocido por la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. 31 Pueblo v. Narváez Narváez, 122 D.P.R. 80, 87-88 (1988); Chiesa, supra, a la pág. 169. Una exposición sencilla de los hechos esenciales constitutivos del delito es suficiente para cumplir con la normativa del debido proceso de ley. Pueblo v. Flores Betancourt, 124 D.P.R. 867, 883 (1989). CC-2010-762 10

elementos del delito y notificaba debidamente al acusado

sobre los cargos presentados.32

No cabe duda que en este caso el pliego acusatorio

cumplió el propósito de informarle al señor Pérez

Feliciano por qué se le estaba acusando. La acusación

incluyó todos los elementos constitutivos del delito de

maltrato de pareja en un lenguaje claro y corriente,

entendible por una persona de inteligencia común. En el

hecho de que el acusado agredió a la víctima al lanzarle

con la lata y escupirla estaba presente en la acusación el

empleo de fuerza física e intimidación para causar daño, y

estaba presente el que la víctima era una persona con

quien el acusado había mantenido una relación consensual

en el hecho de haber sostenido con ésta “relaciones

sexuales íntimas”. El uso de la frase “ha sostenido

relaciones sexuales íntimas” fue suficiente para

identificar a la perjudicada como la persona con quien el

señor Pérez Feliciano mantenía una relación consensual de

intimidad protegida por la Ley 54. No era indispensable

que las palabras “relaciones” e “íntimas” fueran

acompañadas por la palabra “consensuales” para que el

acusado supiera que se le imputaba haber cometido un acto

violento contra su pareja, castigable de acuerdo con el

artículo 3.1 de la Ley 54. No se puede llevar el requisito

32 Petición de Certiorari, págs. 19-20. Véase la Regla 38 de las de Procedimiento Criminal, sobre subsanación de la acusación. 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 38. CC-2010-762 11

de especificidad de la acusación más allá de lo que el

derecho exige.

Ciertamente, es nuestro deber proteger los derechos

de los acusados y garantizar un debido proceso de ley.

Pero, en el cumplimiento de ese deber, no debemos proceder

de manera irrazonable, y menos aún ante el embate de

violencia machista que aqueja al País. Por todo lo

anterior, estoy de acuerdo con la decisión de revocar la

determinación del Tribunal de Apelaciones y reinstalar el

fallo condenatorio del Tribunal de Primera Instancia que

enuncia este Tribunal en su Sentencia.

Liana Fiol Matta Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

Eligio Pérez Feliciano CC-2010-762

Opinión Concurrente y Disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 16 de diciembre de 2011

Concurro con la determinación de este Tribunal de

rechazar la interpretación rígida y formalista esgrimida

por el foro apelativo intermedio sobre el delito de

maltrato entre pareja tipificado en la Ley para la

Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, Ley

núm. 54 de 15 de agosto de 1989 (“Ley 54”). En

consecuencia, procede, como se dictamina, reinstalar el

fallo emitido por el Tribunal de Primera Instancia.

En el caso de epígrafe el Tribunal de Apelaciones

revocó el fallo condenatorio del recurrido porque concluyó

que el pliego acusatorio presentado era insuficiente al

carecer de unos de los elementos del delito maltrato según CC-2010-762 2

dispuesto en la Ley 54.33 El Tribunal de Apelaciones sostuvo

que la fiscalía erró al alegar en la acusación que “las

partes habían sostenido relaciones sexuales íntimas”,34

cuando debió haber dicho que se trataba de “una relación

consensual íntima”, por exigencia, supuestamente, del Art.

3.1 de la Ley 54. Bajo este fundamento el foro apelativo

revocó la condena del acusado.

En Pueblo v. Roldán, 158 DPR 54 (2002) determinamos

que los elementos del delito tipificado en el Art. 3.1

eran los siguientes: primero, el empleo de fuerza física

o violencia psicológica, intimidación o persecución;

segundo, empleo de fuerza contra una persona que haya sido

33 El Art. 3.1 de la Ley 54 define el delito de maltrato de la siguiente manera:

Toda persona que empleare fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución en la persona de su cónyuge, ex cónyuge, o la persona con quien cohabita o haya cohabitado, o la persona con quien sostuviere o haya sostenido una relación consensual, o la persona con quien haya procreado un hijo o hija, para causarle daño físico a su persona, a los bienes apreciados por ésta, excepto aquéllos que pertenecen privativamente al ofensor, o a la persona de otro o para causarle grave daño emocional, incurrirá en delito grave de cuarto grado en su mitad superior. (Énfasis nuestro.) 34 El pliego acusatorio presentado en este caso, imputaba violación al Art. 3.1 de la Ley 54 bajo los siguientes términos:

El referido acusado de epígrafe, allá para el día 21 de abril de 2009, en Manatí, Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala de Arecibo; ilegal, voluntaria, maliciosa y con la intención criminal[,] empleó violencia física contra la Sra. Mirelsa Rosado Santiago, con quien ha sostenido relaciones sexuales íntimas consistente en que le tiró una lata de cerveza en el rostro causándole una laceración, le habló palabras soeces y la escupió en la cara varias veces. CC-210-762 3

cónyuge del agresor o agresora, o con quien haya convivido,

sostenido una relación consensual, o procreados hijos, y

tercero, que la fuerza o violencia se haya efectuado para

causar daño físico a esa persona o a sus bienes.

Por otro lado, la Regla 35(c) de Procedimiento

Criminal, regula lo concerniente al contenido de la

denuncia y de la acusación. Esta Regla impone dos

exigencias, en primer término, que se incluyan todos los

elementos esenciales del delito imputado y, segundo, que

se utilice un lenguaje al alcance de la comprensión del

ciudadano promedio. El propósito de la Regla es informar

al acusado del delito que se le imputa de forma tal que

pueda preparar su defensa de manera adecuada. No hemos

requerido que se empleen “estrictamente las palabras

usadas en la ley y podrá emplear otras que tengan el mismo

significado.” (Énfasis nuestro.) Pueblo v. Calvino

Cereijo, 110 DPR 691, 693-694 (1981). No se requiere por

lo tanto, “seguir ningún lenguaje estereotipado o

talismánico.” Íbid.

En Pueblo v. Meléndez Cartagena, 106 DPR 338, 341

(1977) nos reiteramos en lo anterior indicando que “[la

Regla 35(c) n]o exige que la acusación siga fielmente las

palabras de la ley. Su propósito no es cumplir

mecánicamente con una forma ritual, sino informar al

acusado el delito que se le imputa de tal suerte que pueda

preparar adecuadamente su defensa.” (Énfasis nuestro.)

Lo importante es que “el acusado pueda entender de qué se

le acusa.” Pueblo v. Calviño Creijo, ante, pág. 694.

Igualmente, hemos sostenido que la Regla 35(c) debe ser CC-210-762 4

interpretada con liberalidad. Pueblo v. Villafañe Fabián,

139 DPR 134 (1995).

Debemos puntualizar que todo derecho, incluyendo el

derecho penal, requiere interpretación. La interpretación

comienza por el texto de la ley, “el cual tiene que ser

entendido de acuerdo con el uso del lenguaje común,

especial y sobre todo jurídico-penal.” E. Mezger, Derecho

Penal, Tomo I, Valleta Ediciones, Buenos Aires, 2004, pág.

39. Así, el Art. 13 del Código Penal de Puerto Rico en su

primer párrafo ordena: “[l]as palabras y frases se

interpretarán según el contexto y el significado

sancionado por el uso común y corriente.” Este mandato

recoge la llamada interpretación gramatical, la cual

“aunque de un grado inferior de la interpretación”, L.

Jiménez de Asúa, La Ley y El Delito, Editorial

Sudamericana, 13 ed., Buenos Aires, 1984, pág. 112, cumple

una misión importante porque el legislador “muchas veces

emplea términos que tienen un doble significado….” F.

Muñoz Conde, Introducción al Derecho Penal, editorial B de

f, 2nda ed, Montevideo, 2001, pág. 218.

Antes bien, el maestro Jiménez de Asúa nos indica que

no es suficiente la interpretación gramatical sino que el

juez deberá “valerse armónicamente” del medio teleológico.

Jiménez de Asúa, op. cit. Mediante esta regla de

interpretación, es que “mejor [se] descubre la íntima

significación de los preceptos, la verdadera voluntad de

la ley, deduciéndola, no sólo de las palabras, sino de los

múltiples elementos que contribuyen a formar las

disposiciones legislativas.” Íbid, pág. 113. Este método

de interpretación se recoge en el último párrafo del Art. CC-210-762 5

13 del Código Penal, donde se dispone: “Si el lenguaje

empleado es susceptible de dos o más interpretaciones,

debe ser interpretado para adelantar los propósitos de

este Código y del artículo particular objeto de

interpretación.”

En la interpretación teleológica, el criterio del

bien jurídico protegido por la ley interpretada, “juega un

importante papel.” Muñoz Conde, op. cit., pág. 230. Este

mecanismo de interpretación “se fuerza en orientar la

atención hacia el bien jurídico tutelado por la norma y,

por tanto, hacia el fin concreto.” Íbid. Ello supone una

interpretación dinámica que adapte la ley a “las

exigencias de la vida del presente… Dado que se debe

averiguar la voluntad de la ley y no sólo la voluntad del

legislador….” Mezger, op. cit. O, en palabras de

profesor Muñoz Conde, “estableciendo una conexión entre el

momento en que nació la ley y el momento en que se aplica,

entre el ayer y el hoy.” Muñoz Conde, op. cit., pág. 231.

Véanse también, D. Nevares Muñiz, Derecho Penal, 6ta. ed.,

Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., San Juan,

2010, págs. 113-114; D. Nevares Muñiz, Nuevo Código Penal

de Puerto Rico, Instituto para el Desarrollo del Derecho,

Inc., San Juan, 2008, pág. 17.

¿Qué valor tutela la Ley 54? Comprender su verdadero

alcance y adquirir conciencia de su justicia, son

necesidades de primer orden para asegurar, primero, la

correcta aplicación de esta norma, y segundo, que dicha

aplicación sea igual para todos, esto es, “acorde con el

postulado de seguridad jurídica.” E. Ramón Ribas, CC-210-762 6

Violencia de Género y Violencia Doméstica, Tirant lo

Blanch, Valencia, 2008, págs. 39-40.

No hay duda que la Ley 54 pretende proteger la

integridad física y dignidad de las mujeres víctimas de

violencia doméstica. La violencia contra las mujeres es

un fenómeno mundial que ha requerido atención a nivel

global. Tal es así que las Naciones Unidas, en la

Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos celebrada

en Viena en 1993, aprobó la Declaración sobre la

eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la que

definió como: “Todo acto de violencia basado en la

pertenencia al sexo femenino que produzca o pueda producir

a las mujeres daño o sufrimiento físico, psicológico y

sexual, incluidas las amenazas, la coacción o la privación

arbitraria de libertad que ocurran en la vida pública o

privada. … [Es] una manifestación de las relaciones de

poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer

que han conducido a la dominación de la mujer y a la

discriminación en su contra por parte del hombre.” (ONU

1993).

La violencia en la relación de pareja se ejerce para

mantener y reforzar la relación de dominación de un

colectivo sobre otro. Se trata de un tipo de violencia

asociada directamente a la “discriminación estructural de

un determinado grupo social, a la posición de

subordinación que ocupan sus integrantes en el contexto

comunitario.” P. Laurenzo Copello, “La violencia de

género en el derecho penal: un ejemplo de paternalismo

punitivo”, en P. Laurenzo Copello, M. Luisa Maqueda, A. CC-210-762 7

Rubio (coordinadoras), Género, violencia y derecho,

Editoriales del Puerto, Buenos Aires, 2009, pág. 276.

Esta violencia se expresa “mediante conductas y actitudes

basadas en un sistema de creencias sexista y

heterocentrista, que tiende a acentuar las diferencias

apoyadas en los estereotipos de género, conservando las

estructuras de dominio que se derivan de ellos.”, J.

Corsi, “La violencia en el contexto familiar como problema

social”, en J. Corsi (compilador), Maltrato y abuso en el

ámbito doméstico. Fundamentos teóricos para el estudio de

la violencia en las relaciones familiares, Ed. Paidós,

Buenos Aires, 2003, pág. 18.

Dicho de otra forma, “la violencia en la relación de

pareja se alimenta de las visiones y los roles

estereotipados que promueven la subordinación de las

mujeres….” E. Vicente, Interpretación Discriminatoria y

Odiosa, www.derechoalderecho.com. Con lo cual, no es

difícil concluir que la violencia en la pareja la sufre la

mujer por el hecho de ser mujer. No por pertenecer a este

sexo, no por los rasgos biológicos que las distinguen de

los hombres, “sino por los roles subordinados que le

asigna la sociedad patriarcal.” Corsi, op. cit. Ello

precisamente obliga a concluir que la violencia en la

pareja, conceptualizada desde la perspectiva de género,

nos habla de la violencia contra las mujeres como una

forma de discriminación que, para minimizar su impacto,

precisa de acciones positivas de parte del Estado, tal

como la Ley 54.

“La Ley Número 54 … se diseñó, se redactó, se

defendió y se promulgó con el propósito expreso de proveer CC-210-762 8

protección a la vida, a la seguridad y a la dignidad de

las sobrevivientes de violencia en la relación de pareja.

No se adoptó para proteger a la familia. Tanto es así que

los remedios que provee garantizan el desalojo del agresor

y su arresto inmediato, sacándolo así de la vida familiar

que la conducta violenta ya ha destruido.” Vicente, íbid.

La Ley 54 tutela entonces, como primer valor, la

protección de la integridad física y sicológica de la

persona que se encuentra sumida en una relación de

subordinación y que sufre sus consecuencias. Pero el bien

jurídico protegido trasciende y se extiende más allá de la

protección de la integridad física y psíquica. El

maltrato mental y físico y las vejaciones que sufre la

mujer en la relación de pareja, son contrarios a valores

constitucionales de primer orden como el derecho a la

dignidad de la persona, al libre desarrollo de su

personalidad y el derecho a no ser discriminado. Estos

son entonces, como corolario lógico, bienes jurídicos

tutelados también por la Ley 54. En este tenor se ha

sostenido lo siguiente: “el clima mismo en que se

contextualiza la relación típica determina que el objeto

de protección desborde la mera contemplación de la

situación de riesgo para entroncar con conceptos más

amplios de dignidad, bienestar, seguridad y tranquilidad,

cuya tutela supera la contemplación aislada de los

resultados lesivos que eventualmente llegaran a

producirse.” C. Gómez Rivero, Algunos aspectos del delito

de malos tratos, Revista Penal, n° 6, 2000, pág. 71.

III CC-210-762 9

Al trasladar al asunto que nos convoca los principios

antes discutidos es razonable concluir que, en efecto,

relación sexual íntima está contemplada en el delito de

maltrato del artículo 3.1 de la Ley 54 cuando allí se

habla de relación consensual. Esta interpretación es la

que nos permite interpretar la ley como un todo y permite

hacer efectivo el bien jurídico tutelado por la Ley 54.

La Ley 54 pretendió abrigar bajo su manto de

protección algo más que una agresión física y algo más que

la violencia que se suscita en la relación entre cónyuges.

Véase, E. Vicente, Beyond Law Reform: The Puerto Rico

Experience in the Construction and Implementation of the

Domestic Violence Act, 68 Rev. Jur. UPR 553 (1999). Es

por ello que la ley no distingue entre personas casadas o

no casadas entre sí; no importa tampoco que la víctima y

el agresor estén separados o viviendo juntos; ni si están

divorciados; ni si están sosteniendo en efecto una

relación consensual, bastando que la hayan sostenido; como

ciertamente no importa que estén casados con otra persona

al momento de su relación. A fin de cuentas, la Ley 54

pretendió cobijar distintas relaciones íntimas de la

pareja donde se susciten incidentes de violencia

doméstica.

En ese contexto, sostener, como hace el Tribunal de

Apelaciones que hablar de una relación consensual en el

contexto de la Ley 54 es algo distinto a una relación

sexual para efectos de ésta es, a mi juicio, irrazonable.

Ambas, necesariamente, hablan de lo mismo. Ambas se

refieren a una relación íntima establecida por el

consentimiento de ambas partes. Esa relación sexual CC-210-762 10

supone una relación consensual íntima. Esta

interpretación es la que permite, en el contexto de la Ley

54, impartirle un significado a la letra de la Ley que sea

cónsono con su propósito y que sirva para adelantar sus

objetivos. Lo cierto es que la protección está allí

dispuesta, el “problema” reside en la utilización de una

descripción inadecuada. L. Jiménez de Asúa, op. cit.,

pág. 117. “El juez moderno no crea el Derecho, pero sí

ejerce función creadora. Las leyes yacen inertes,

flácidas, y el juez, a virtud del proceso de subsunción,

las vitaliza.” Íbid, pág. 120.

Tomando en cuenta lo que ya hemos indicado

previamente, de que la Regla 35(c) de Procedimiento

Criminal no requiere la utilización de palabras mágicas

sino que lo importante es que el acusado entienda el

delito que se le imputa y que la interpretación del delito

y su texto debe adelantar el objetivo de la Ley 54, es

evidente que la acusación en el caso de epígrafe sí

imputaba el delito descrito en el Art. 3.1 de la Ley 54,

por lo que fue un error desestimarla y revocar la

convicción del recurrido. La posición que asumió el foro

apelativo me parece, como poco, desatinada; por ello estoy

conteste con la determinación de este Tribunal de

revocarla y reinstalar el fallo condenatorio emitido por

el Tribunal de Primera Instancia contra el señor Pérez

Feliciano por infracción al Art. 3.1 de la Ley 54.

De ordinario, nuestras expresiones hubiesen concluido

aquí. Ahora bien, la referencia en la sentencia dictada

hoy por el Tribunal a Pueblo v. Flores Flores, res 23 de CC-210-762 11

marzo de 2011, 181 D.P.R. ___, 2011 TSPR 38, me impone la

obligación de plasmar mi rechazo con tal proceder. Me

explico.

De entrada, debemos apuntar que es norma trillada de

adjudicación que, de ordinario, no procede citar

sentencias de este Tribunal, pues como sabemos éstas no

sientan precedente por lo que es impropio invocarlas. La

escueta sentencia dictada en Flores Flores, ante, provocó

sendas opiniones de conformidad y disidente. Hoy, la

mayoría cita con aprobación, tal cual fuera la Opinión del

Tribunal, expresiones de la Opinión de conformidad dictada

en Flores Flores, ante. Sin más, esto me parece,

jurídicamente, impropio.

Pero nos provoca mayor consternación el hecho de que

con esa referencia la mayoría parece validar una posición

doctrinal desacertada e insensible. Véanse entre otros,

E. Vicente, Interpretación Discriminatoria y Odiosa,

www.derechoalderecho.com; É. Fontánez Torres, Mujeres A,

www.poderespacioyambiente.blogspot.com; É. Fontánez Torres,

“La obligación de los jueces del Supremo no incluye

imponer(nos) su propio código de moralidad”,

www.poderyambiente.blogspot.com.

Como sabemos, en Flores Flores, ante, el dictamen

emitido negó la protección de las disposiciones de la Ley

54 a una mujer por el hecho de ésta estar casada cuando

sostuvo relaciones íntimas con su agresor, entonces su

pareja. Sin duda, la determinación del Tribunal en Flores

Flores, ante, “constituye un tortuoso malabarismo que

maltrata y lacera una pieza legislativa que ha provisto

remedios a miles de personas agobiadas por la violencia en CC-210-762 12

la pareja. También agrede el derecho a la igual

protección de las leyes y discrimina contra un sector de

la sociedad puertorriqueña – las mujeres sobrevivientes de

violencia doméstica en una relación de pareja con un

hombre distinto al marido o quien está casado con otra

mujer. … Se trata de una decisión discriminatoria y

odiosa. Discriminatoria porque se ensaña con un sector de

la población que no se acomoda a la visión tradicional del

tipo de relación de pareja que tenemos derecho a formar en

Puerto Rico. Odiosa, porque abona al clima de prejuicio

que aún se respira en esta Isla contra las mujeres que se

alejan del mandato fundamentalista de ser hija-madre-

esposa abnegada y subordinada.” E. Vicente, ante.

El dictamen en Flores Flores, ante, y la Opinión de

conformidad, a mi juicio, traslucen una lamentable

incomprensión sobre qué es la violencia doméstica/en la

pareja/machista/contra las mujeres, y el valor que tutela

la Ley 54. Esta ausencia de un constructo jurídico válido

sobre el cual hacer descansar los dictámenes suscritos,

pudiera explicar, aunque no justificar, los profundos

errores en que incurre. Por lo que es lamentable que hoy

se invoque con aprobación lo allí señalado.

Indicamos previamente, que la Ley 54 tutela, como

valor primario, la protección de la integridad personal de

aquéllas que sufren agresión de parte de sus parejas.

Ello no obstante, la Opinión de conformidad citada con

aprobación yerra al procurar identificar el valor tutelado

por la ley.

Allí se sostiene que el bien tutelado es “la

institución familiar”. Lo que da pie a negarle protección CC-210-762 13

a la mujer en ese caso ya que su agresión la sufrió

mientras mantenía una relación con el agresor estando ella

casada con otra persona. Y, se razonó, que ya que el

adulterio está tipificado como delito y este delito

atenta, precisamente, contra la integridad de la “unidad

familiar”, no procede extender la protección reclamada

bajo la Ley 54 a la mujer adúltera. A las que han venido

a llamar: “Mujeres A.”35

Aseverar que el bien tutelado por la Ley 54 es la

integridad de la unidad familiar es lo mismo que concluir

que quien sufre la lesión es la familia. Según esta

visión, los casos de violencia doméstica lo que plantean

es un problema de naturaleza familiar y por lo tanto, de

carácter privado. “Las referencias a la institución

familiar como objeto de tutela abonan, … [a] la idea de

que el maltrato que sufren las mujeres a manos de sus

parejas constituye un problema, en tanto doméstico,

esencialmente privado.” Ramón Ribas, op. cit., pág. 33.

Véase también, P. Laurenzo Copello, La violencia de género

en la Ley Integral. Valoración político-criminal, Revista

Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, núm. 07-08,

2005, pág. 7. Postura peligrosa pues sirve para fomentar

“uno de los prejuicios culturales que en mayor medida han

obstaculizado la persecución de la violencia de género,

convirtiéndola en un asunto de familia que el propio grupo

está llamado a resolver.” Íbid.

35 Véase, É. Fontánez Torres, Mujeres A, www.poderespacioyambiente.blogspot.com. CC-210-762 14

La doctrina científica sin embargo, rechaza el

enfoque expresado en Flores Flores, ante. Ésta sostiene

que, en la actualidad, la institución familiar “admite

diversas modalidades (e, incluso, que es reciente la

aparición de nuevas formas familiares), por lo que su

protección no persigue conservar un determinado modelo de

familia sino, encerrando ésta un entramado de derechos y

deberes entre sus miembros […] cuya función, en suma, no

es proteger la familia en sí, sino determinadas relaciones

jurídicas nacidas en su seno.” (Énfasis nuestro.) Ramón

Ribas, op. cit., págs. 59-60. Véase además en igual

sentido, J. Ramos Vázquez, La problemática del bien

jurídico protegido en los delitos de malos tratos ante su

(pen)última reforma, en Anuario da Falcultades de Dereito

da Universidades da Coruña, núm. 9, 2005, págs. 746-747

(“la protección de un bien jurídico como la familia tout

court o la paz y la convivencia familiar supone una

intolerable violación del principio de intervención

mínima, amén de plantear numerosos problemas, dada su

inconcreción.”); P. García Álvarez, J. del Carpio Delgado,

El delito de malos tratos en el ámbito familiar. Problemas

fundamentales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pág. 23

(“resulta dudoso que la familia pueda ser concebida como

valor susceptible de una abstracta tutela penal distinta

de la de sus miembros.”); N. Castelló Nicás, Problemática

sobre la concreción del bien jurídico protegido, en

Estudios Penales sobre Violencia Doméstica, coord. L.

Morillas Cueva, Madrid, 2002, pág. 67.

De otra parte, en la medida en que los remedios

provistos por la Ley 54 garantizan la expulsión y CC-210-762 15

separación del agresor del “seno familiar”, nos parece un

contrasentido decir que lo que tutela la ley es

precisamente la unidad familiar. La profesora Vicente lo

expresa de la siguiente manera, citamos nuevamente: “La

Ley Número 54 … se diseñó, se redactó, se defendió y se

promulgó con el propósito expreso de proveer protección a

la vida, a la seguridad y a la dignidad de las

sobrevivientes de violencia en la relación de pareja. No

se adoptó para proteger a la familia. Tanto es así que

que la conducta violenta ya ha destruido.” (Énfasis

nuestro.) Vicente, íbid.

Antes bien, sabemos que la Ley 54 ofrece protección a

aquellas personas que han mantenido una relación de

pareja. Y, define la relación de pareja como: “la

relación entre cónyuges, ex cónyuges, las personas que

cohabitan o han cohabitado, las que sostienen o han

sostenido una relación consensual íntima y los que han

procreado entre sí un hijo o una hija.” (Énfasis

nuestro.) 8 LPRA sec. 602(m). Tomando como válido lo

propuesto en la opinión de conformidad de que el bien

jurídico tutelado por la Ley 54 es la familia, debemos

preguntarnos lo siguiente: ¿a qué familia se protege en

casos que involucren a ex cónyuges, o aquéllos que han

cohabitado, o a los que han sostenido una relación

consensual íntima? ¿Lo que se tutela es la familia que

constituyeron mientras cohabitaban? ¿Y los que nunca

convivieron mas sostuvieron una relación consensual

íntima, qué? ¿O es que lo que se piensa es que la Ley 54 CC-210-762 16

sólo ofrece protección a quienes conviven pues sólo éstos

constituyen familia? O peor aún, ¿es que la familia a que

se refiere el dictamen es aquélla que se estima ideal y

correcta en función de una visión personal y moralista

sobre lo de debe ser la familia? Si fuera esto último,

nos encontraríamos en una pendiente escurridiza camino

hacia un dirigismo social inaceptable.

El valor tutelado por la Ley 54 no es la unidad

familiar. La Ley 54 tutela, como ya dijimos, la

persona que se encuentra hundida en una relación de

subordinación y que sufre sus consecuencias. Pero

también, procura salvaguardar valores constitucionales de

primer orden como el derecho a la dignidad de la persona,

al libre desarrollo de su personalidad y el derecho a no

ser discriminado.

Por todo lo anterior me veo precisada a disentir de

la sentencia dictada en aquella parte que procura validar

el dictamen en Flores Flores.

V

Al cierre, una última reflexión. Obligada ésta por

las expresiones hacia esta opinión disidente.

Como sabemos, no siempre es posible lograr un

consenso o unanimidad al momento de tomar una decisión.

Eso es así en la sociedad en general cuando se toman

decisiones colectivas y por supuesto, es igual en un

cuerpo colegiado como este Tribunal. En el campo que nos

ocupa, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, la disidencia

juega un papel importante que permite validar la propia CC-210-762 17

legitimidad de la institución en la que servimos. Es

lamentable que no se aprecie y se valore ese rol.

En el ámbito jurídico, la opinión disidente es el

mecanismo de expresión democrática para quien difiere del

criterio mayoritario. Esa expresión constituye el

ejercicio del derecho a la libertad de expresión del juez

ponente y el Tribunal, como cuerpo, lo debería celebrar y

garantizar. Véase, Stanley Fuld, The Voices of Dissent,

62 Colum. L. Rev. 923, 926 (1962)(“I am positive that

disagreement among judges is as true to the character of

democracy, and as vital, as freedom of speech itself. The

affairs of government, no less that the work of the

courts, could not be conducted by democratic standards

without that right of dissent. Indeed, we may remind

ourselves, unanimity in the law is possible only in

fascist and communist countries.”)

Pero más importante aún, la expresión disidente es

una herramienta para validar la legitimidad de una corte

de última instancia, como lo es este Foro. Me explico.

Contrario a las otras dos Ramas de gobierno, la Rama

Judicial, en especial este Tribunal, toma sus decisiones

en secreto. La confidencialidad que rodea –y debe rodear-

- los trabajos de esta Curia hace de ello uno de nuestros

imperativos adjudicativos. Así, nuestro proceso de

adjudicación no se discute públicamente salvo, claro está,

cuando se publica nuestro dictamen. Ese elemento

misterioso, aunque necesario e imprescindible, es

contrario a los principios sobre los que se asienta la

democracia deliberativa e incide, necesariamente, sobre la

legitimidad de un Tribunal Supremo. En este rigor CC-210-762 18

entonces, la opinión disidente cumple un rol fundamental

porque abre un resquicio a través del cual observar el

proceso deliberativo de los miembros de un foro colegiado

como éste.

En este sentido, se ha indicado:

[T]he practice of publishing dissenting opinions alongside the opinion of the Court, with notation of which Justices join these opinion exposes the deliberative character of the Court‟s decisionmaking. The practice of dissent shows that the formation of the Court‟s judgment involves not merely a principled extension of its previous decisions, but an „argumentative interchange‟ among its current members. […] The publicity of dissenting opinions and the indication of Justices‟ individual endorsements of particular opinions reveal that the Justices do confront each other with their disagreements about matters of principle through the exchange of opinions and the conversation that surrounds them, if not also in their formal conferences. In this way, the practice of dissent manifests the exchange of reasons along the Justices that characterizes their process of desisionmaking; without this practice, those of us outside the Court would have no way to see the Court as embodying a deliberative process of judgment. (Énfasis nuestro.)

Kevin Stack, The Practice of Dissent in the Supreme Court,

105 Yale L.J. 2235, 2257 (1996). Véase también, Cass

Sunstein, Why Societies Need Dissent, Harvard University

Press, Cambridge, 2003; Frank Michelman, Conceptions of

Democracy in American Constitutional Argument: The Case

of Pornography Regulation, 56 Tenn. L. Rev. 291, 293

(1989).

Por otro lado, la opinión disidente contribuye a

fortalecer el criterio mayoritario. Obligan a quien es

jurista, a mirar su trabajo desde otra perspectiva y con

otros ojos para, en consecuencia, atender las debilidades CC-210-762 19

de su fundamentación afinando su criterio. En este tenor,

conviene internalizar lo dicho por la Juez Ginsburg: “My

experience teaches that there is nothing better than an

impressive dissent to improve an opinion for the Court. A

well reasoned dissent will lead the author of the majority

opinion to refine and clarify her initial circulation.”

Ruth Bader Ginsburg, The Role of Dissenting Opinions, The

20th Annual Leo and Berry Eizenstat Memorial Lecture, 2007.

La disidencia vigorosa no es más que un reflejo de un

robusto e independiente Poder Judicial. Se revela así

como un detente para quienes intenten neutralizar,

controlar o intimidar a los miembros de esta Rama de

gobierno. Lo que evidentemente redunda en el

fortalecimiento de nuestra Democracia. Sobre este

particular, el Juez Douglas apuntó lo siguiente:

Certainty and unanimity in the law are possible both under the fascist and communist systems. They are not only possible; they are indispensable; for complete subservience to the political regime is a sine qua non to judicial survival under either system. One cannot imagine the courts of Hitler engaged in a public debate over the principles of Der Führer, with a minority of one or four deploring or denouncing the principles themselves. One cannot imagine a judge of a communist court dissenting against the decrees of the Kremlin….

William O. Douglas, The Dissent: A Safeguard for

Democracy, 32 Journal of Am. Judicature Society 104, 105

(1948), citado en Andrew Lynch, Dissent: The Rewards and

Risks of Judicial Disagreement in the High Court of

Australia, 27 Melbourne U. L. Rev. 724, 727 (2003).

El disenso es, parafraseando al Juez Presidente

Hughes, un llamado a la inteligencia del futuro para que

corrija los errores del pasado. El Juez Scalia considera CC-210-762 20

que las opiniones disidentes engrandecen, en vez de

desmerecer, el prestigio del Tribunal. Y ha explicado lo

siguiente: “When history demonstrates that one of the

Court‟s decisions has been a truly horrendous mistake, it

is comforting … to look back and realize that at least

some of the [J]ustices saw the danger clearly and gave

voice, often eloquent voice, to their concern.” Citado en

Ginsburg, ante.

Disentir es una obligación ínsita a nuestra función

de procurar Justicia para todos. “[T]he obligation that

all of us, as American citizens have, and that judges, as

adjudicators, particularly feel, is to speak up when we

are convinced that the fundamental law of our Constitution

requires a given result. ...The right to dissent is one of

the great and cherished freedoms that we enjoy by reason

of the excellent accident of our American births.”

William Brennan, In Defense of Dissents, 37 Hastings L.J.

427, 438 (1986).

A modo de epílogo diré que la homogenización del

pensamiento ha sido y será un síntoma de una grave

enfermedad: el totalitarismo. Véase Hannah Arendt, The

Origins of Totalitarianism, Harcourt Inc., New York New

Ed., 1985. Acallar a la disidencia restándole importancia

o valor a sus argumentos o, incluso, sugiriendo que los

mismos se esbozan para adelantar posturas personales es

una forma de violencia simbólica que no podemos validar.

La Democracia no es meramente una palabra para ser

invocada a conveniencia; la Democracia es un compromiso y

una promesa CC-210-762 21

que nos exige pronunciarnos en pos de la justicia y la

equidad.36

Anabelle Rodríguez Rodríguez

36 Cierto es que la honestidad intelectual debe ser un deber que esta Curia no puede eludir. En aras de lo anterior, y aunque la ruta de vida de las profesoras Esther Vicente y Érika Fontánez Torres hablan por sí solas, me parece intelectualmente honesto precisar que la profesora Érika Fontánez Torres no sólo es editora del blog Poder, Espacio y Ambiente www.poderyambiente.blogspot.com y www.derechoalderecho.org sino también es Catedrática asociada de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Enseña los cursos de Derecho civil patrimonial y Teoría General del Derecho. Trabaja temas relacionados al Derecho y la Teoría Social, la Sociología y la Teoría General del Derecho; ha hecho investigación socio-jurídica aplicada a los temas de Propiedad, Género, Democracia y Medioambiente. Es abogada colaboradora de la Clínica de Asistencia Legal de la misma Escuela. Además es participante del Seminario en Latinoamérica de Derecho Constitucional y Teoría Política de la Universidad de Yale y autora de numerosas publicaciones. Por su parte, la profesora Esther Vicente es profesora asociada de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Enseña cursos de Derechos Humanos, Teoría Feminista, Derecho de Familia, Derechos Reales, Derecho Administrativo, entre otros. Además, en mayo de 2002 obtuvo un Doctorado en Derecho de la Universidad de Londres en Inglaterra. De igual manera, participó activamente en la redacción de la Ley 54 como miembro del Comité que la elaboró, siendo su participación una fundamental. Asimismo forma parte del Latin American and Caribbean Committee for the Defense of Women‟s Rights, the International Planned Parenthood Federation y el Seminario en Latinoamérica de Derecho Constitucional y Teoría Política de la Universidad de Yale. Es autora, también, de numerosas publicaciones. De más está decir que ambas son destacadas juristas. CC-210-762 22

Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

CC-2010-762 Eligio Pérez Feliciano

Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES al cual se unen la Jueza Asociada señora PABÓN CHARNECO y el Juez Asociado señor KOLTHOFF CARABALLO

La Opinión Concurrente de la Juez Asociada

señora Rodríguez Rodríguez37 merece un breve

comentario, por lo que representa en términos de

filosofía adjudicativa y del rol de la concurrencia

y la disidencia en un foro colegiado. Por supuesto,

el derecho a concurrir o a disentir -y la elección

del momento y las palabras al hacerlo- no está en

disputa. Esa es una prerrogativa individual de cada

miembro del Tribunal que no es ni puede ser

37 La llamamos por su nombre correcto, ya que a pesar de su título, la “Opinión Concurrente y Disidente” no disiente del resultado sino de los fundamentos de la Sentencia del Tribunal. Por definición, eso es una opinión concurrente. CC-2010-762 2

amordazada. Ahora bien, la elección de cada uno de

nosotros al opinar y las palabras que utilizamos tienen

consecuencias. Según se tiene el derecho a concurrir o

disentir también se tiene el derecho, individual y

colectivo, a reaccionar. En fin, si al opinar

individualmente se utiliza un tono hiriente, personalista

y ofensivo nadie se puede ofender si los implicados hacen

un llamado a la cordura y al temperamento judicial. En

otras palabras, no se puede reclamar tolerancia en un tono

intolerante. Al fin y al cabo, todas las posiciones tienen

valor y merecen respeto mutuo. Cuando se quiebra ese

balance se abandona el temperamento que rige nuestro

comportamiento judicial y se importan estilos ajenos al

clima de sosiego y deliberación que nuestra sociedad exige

de este Tribunal.

Con eso en mente, no deja de sorprenderme la reacción

de la concurrencia a la referencia en la Sentencia del

Tribunal a Pueblo v. Flores Flores, res. el 23 de marzo de

2011, 2011 T.S.P.R. 38, 2011 J.T.S. 43, 181 D.P.R. ___

(2011). Es perfectamente legítimo (y hasta casi una

obligación si se es honesto intelectualmente) que el

Tribunal explique cómo entiende que su decisión en este

caso compagina con lo resuelto entonces. La disidencia

tiene el perfecto derecho a opinar que ambas decisiones

son incompatibles pero tiene que reconocer también que los

que no opinan así pueden –y hasta cierto punto, deben-

explicar su posición. CC-2010-762 3

Irónicamente, la concurrencia objeta que se cite

nuestra Sentencia en Pueblo v. Flores Flores, íd., pero en

cambio no cita una sola fuente de derecho para disentir,

no del caso que tenemos ante nos, sino de lo resuelto

entonces. En ese proceder extraño no se cita el texto del

Art. 3.1 de la Ley para la Prevención e Intervención con

la Violencia Doméstica, Ley Núm. 54 de 15 de agosto de

1989, según enmendada, 8 L.P.R.A. sec. 631. En su lugar,

se cita el blog www.poderespacioyambiente.blogspot.com. No

se hace referencia al historial legislativo del estatuto.

En cambio, se hace referencia al blog

www.derechoalderecho.com para aseverar que la decisión que

este Tribunal emitió hace nueve meses es odiosa y

discriminatoria. Solo faltó citar las frases de Mafalda

(http://www.todohistorietas.com.ar/frasesdemafalda.htm).

En fin, tal parece que debíamos ignorar el derecho

aplicable para en su lugar, recoger las opiniones de

algunas cibernautas. Si lo hacemos, ¿cuál es el límite? En

lugar de citar la Constitución federal, ¿citaremos

www.theonion.com? ¿Obviaremos la Constitución de Puerto

Rico para en cambio citar un blog como El Ñame

(www.elname.com)?

Por supuesto, los blogueros y cualquiera de los

integrantes de este Tribunal tienen perfecto derecho a

creer que la ley debe cambiar para acoger la posición que

se esboza en la Opinión Concurrente. Sin embargo, la labor

del Poder Judicial, a diferencia del rol de la Asamblea

Legislativa y de las opiniones en la blogosfera, es el de CC-2010-762 4

interpretar la ley como está, no como quisiéramos que

fuera.

Hay estudiosos del Derecho que opinan que en Pueblo v.

Flores Flores, supra, el Tribunal estuvo en lo correcto al

limitarse a aplicar la ley vigente de manera cónsona con

el principio de legalidad en un caso penal. P. Malavet

Vega, La violencia doméstica en la Ley 54, la literatura,

la canción y el cine, Rep. Dom., Ediciones Omar, 2011,

Cap. 13, págs. 287-288. Es una opinión tan respetable como

la de las personas que discrepan. Por eso, cuando una

integrante de este Tribunal ignora ese principio de

respeto recíproco y en cambio, recoge la insinuación de

que una decisión de sus compañeros Jueces encierra motivos

odiosos y discriminatorios, se trae al seno de este Foro

una campaña externa de demonización. Se rompe así el

ambiente de deliberación colegiada que todos estamos

obligados a mantener y fomentar. Si se me van a imputar

motivos, solo acepto que sea el del respeto a la ley por

encima de mis opiniones personales sobre la sabiduría o

defectos de un estatuto. Véase, Art. 21 del Código Civil,

31 L.P.R.A. sec. 21.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Peticionario CC-2010-0762 v.

Eligio Pérez Feliciano

Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor Rivera García a la cual se une el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón.

Ante las expresiones vertidas en la opinión

concurrente y disidente me veo precisado a

enunciar una opinión para atender los desaciertos

de las mismas.

Como es harto conocido, nuestros dictámenes

emitidos mediante sentencia no establecen ni

constituyen un precedente judicial. Sin embargo,

ello no es óbice para ilustrar a la comunidad

jurídica sobre lo dispuesto en estas decisiones

judiciales cuando sea oportuno. En atención a

ello, es imperativo hacer constar que en la CC-2010-0762 2

sentencia avalada por la mayoría de este Tribunal citamos

el caso de Pueblo v. Flores Flores, res. el 23 de marzo de

(2011), a los únicos efectos de distinguir los hechos allí

acaecidos de la controversia del caso de autos.

Considerando el contexto en el que citamos la referida

sentencia, resulta desatinado interpretar que invocamos la

misma con aprobación de lo allí señalado.

Así pues, la opinión concurrente y disidente yerra al

aseverar que citamos la opinión de conformidad de Flores

Flores, supra, con aprobación para identificar, lo que a

su juicio, es el valor tutelado por la Ley Núm. 54. Al así

proceder, los pronunciamientos allí enunciados resultan

innecesarios, ya que no están en controversia o

sencillamente no han sido planteados en este caso. Ortiz

v. Panel F.E.I., 155 D.P.R. 219, 252-253 (2001). En vista

de lo anterior, las expresiones de la disidencia

constituyen un obiter dictum y por ello son irrelevantes,

ya que desvirtúan la verdadera controversia presentada

ante este Tribunal en aras de adelantar posiciones

personales y particulares. Por lo tanto, todas sus

expresiones se deben tener por no puestas, ya que no

constituyen un fundamento jurídico necesario para la

correcta resolución del caso de autos. Íd. pág. 253.

Recordemos pues, que escribir una opinión

disidente es una tarea que conlleva una gran responsabilidad.

Granados v. Rodríguez Estrada V, 127 D.P.R. 1, 7 (1990); CC-2010-0762 3

Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 D.P.R. 593, 614 esc.

6 (1989) (Citas internas omitidas). En relación a esta

ardua labor, hemos expresado que los jueces de un tribunal

estatal de última instancia no deben dar cabida a la

censura desmesurada, a la extrema vituperación, a

acusaciones de malsanas motivaciones de la opinión

mayoritaria e insinuaciones de incompetencia, prejuicio o

insensibilidad por parte de los otros jueces del tribunal.

Íd. “[L]a opinión de un juez de última instancia debe

expresar sus razones y no sus opiniones particulares”. Íd.

Es por ello que, el respeto, la deferencia y el

cuidado con el cual se confecciona una opinión disidente

nunca debe ceder ante posturas personales, como tampoco a

ataques a la buena función de este Foro. Pantoja Oquendo

v. Municipio de San Juan, res. el 9 de junio de 2011, 182

D.P.R. __ (2011), 2011 T.S.P.R. 87, 2011 J.T.S. 87. Así,

hemos señalado que “escribir una opinión disidente

conlleva un grado mayor de celo y cuidado” porque “la voz

disidente de todo foro colegiado enriquece a plenitud el

jardín del quehacer jurídico”. Íd.

Hoy confrontamos una opinión concurrente y disidente

que no reconoce las circunstancias particulares del

recurso que nos ocupa, las cuales son muy distintas de la

controversia que fue planteada en Flores Flores, supra. A

insistencia de la búsqueda personal de un motivo para

reabrir una controversia ya resuelta por este Tribunal, se

desvirtúa la controversia actual y se formulan CC-2010-0762 4

interrogantes que no guardan relación con la sana

resolución del caso de autos.

Reiteramos que distinguimos los hechos del presente

caso de aquellos acaecidos en Flores Flores, supra, para

orientar a la comunidad jurídica con respecto al derecho

aplicable en esta ocasión. Por consiguiente, al no ser

pertinente a la controversia que hoy adjudicamos, es

improcedente abrir nuevamente la discusión sostenida en

Flores Flores, supra.

Ahora bien, debemos hacer hincapié que los

pronunciamientos vertidos por los miembros de este

Tribunal constituyen expresiones judiciales que pueden

servir a los propósitos de auxiliar en la formulación de

resoluciones futuras, y ello lejos de ser impropio, como

se aduce, es jurídicamente conveniente y necesario. Claro

está, lo anterior será así siempre que nos encontremos

frente a controversias que lo ameriten y cuando ello sea

pertinente para la correcta resolución de las mismas. Es

de esta forma que se evita la divagación del derecho

trayendo argumentos y discusiones que son ajenas a la

controversia planteada.

Asimismo, en aras de fomentar un debate democrático y

formativo, tanto en la Academia como en el resto de la

comunidad jurídica, este Tribunal no puede hacerse de la

vista larga e ignorar controversias previas y recientes.

Más aun, cuando estas inciden de alguna forma sobre los

cuerpos legales que permean las polémicas que nos atañen CC-2010-0762 5

actualmente. Sin embargo, ello lo debe hacer, como

mencionáramos antes, circunscribiéndose a los hechos y el

derecho aplicable en cada caso. Entendemos así, que al

momento de resolver una controversia, es más que razonable

avizorar ponencias anteriores y proveer las razones por

las cuales disponemos hoy de determinada manera, “sin

sacar fuera de perspectiva el asunto planteado ni

insuflándole dimensiones que no tiene”38. Desentendernos de

nuestra historia adjudicativa al ocuparnos de los hechos

del presente, es un síntoma de miopía judicial que

sencillamente no estamos dispuestos a avalar.

Nuevamente, enfrentamos la lamentable situación de que

mediante el uso de palabras retóricas se intenta

desmerecer los pronunciamientos fundamentados

estrictamente en la aplicación del derecho. Al así

proceder, la disidencia induce a confusión sobre cuáles

son los verdaderos méritos de la controversia en

discusión. No ponemos en tela de juicio el inmensurable

valor de lo que constituye una opinión disidente;

solamente esperamos que la misma sea honesta

intelectualmente. No cabe más pedir. Aparte de ello,

colegimos con aquellos señalamientos sobre la importancia

de una opinión disidente cuando esta cumple con estos

criterios, pues los mismos están en armonía con lo

apuntalado en el caso de Pantoja Oquendo v. Municipio de

38 Véase, Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 D.P.R. 593, 616 (1989), opinión concurrente y de conformidad de la Juez Asociada señora Naveira de Rodón. CC-2010-0762 6

San Juan, supra. Así pues, me remito a las siguientes

expresiones vertidas desde el primer día que asumí el

cargo de Juez Asociado de este Tribunal:

Como sabemos, Puerto Rico experimenta una diversidad de problemas sociales y económicos que inciden de forma dramática en todas las instituciones sociales y sobre los cimientos éticos. En consecuencia, observamos una sociedad cada vez más litigiosa en todos los ámbitos de la vida y, por ende, mayores desafíos al sistema judicial. A luz de esta realidad, estaré ávido a escuchar con rigor y detenimiento las posturas de los miembros de este Foro colegiado. Así también, exigiré ser escuchado en los procesos deliberativos ante nuestra consideración. De este modo, propiciaré que en la dinámica del foro colegiado se fortalezca el entendimiento y la razón. Me integro a este Tribunal con ánimo de alcanzar la armonía en nuestros pronunciamientos judiciales, apoyado en la fortaleza de los fundamentos jurídicos, la justicia y la equidad. Acorde con lo enunciado en el proceso deliberativo de esta curia, es preciso que haya diferencias de criterios y posturas en la interpretación del derecho. Esta diversidad es saludable y necesaria en la búsqueda de la justicia y la verdad.

Estamos contestes que en toda discusión y análisis de controversias debe permear el respeto a la diversidad de opiniones y el fortalecimiento de los principios que rigen la Democracia. Es decir, el respeto a los pronunciamientos judiciales que sean avalados por la mayoría y aquellos que tenemos la responsabilidad de pautar el derecho. Es preciso recordar que vivimos tiempos de cambio y haciendo eco de expresiones del reconocido jurista, el Juez Benjamín Cardozo: “la causa y el fin del derecho es promover el bienestar social.”

Dicho lo anterior debo, además, apuntalar que en respeto a nuestra responsabilidad constitucional, cuando nuestra conciencia así lo dicte, ejerceremos el derecho de disentir con la mayor deferencia que se merece cada uno de mis compañeros y compañeras y nuestra propia CC-2010-0762 7

institución. Siempre será dentro de un escenario de diálogo y respeto intelectual y personal.39

De una lectura objetiva e imparcial de los citados

pronunciamientos, solo se puede colegir la importancia que

reviste la disidencia en nuestro foro colegiado. El

recelo jamás debe nublar el entendimiento y la

inteligencia de aquellos que tenemos la delicada

responsabilidad de impartir justicia. Lo anterior, tiene

un solo significado: avalar y respetar con vehemencia las

diferencias de juicio, la diversidad de posturas

filosóficas y el criterio de que el juez sea hacedor de la

ley, negando sus propios impulsos para seguir la verdad.

Conforme a ello, siempre defenderemos y custodiaremos la

deferencia y el respeto que se merece la voz disidente.

Ahora bien, igual respeto exigimos en el ejercicio del

derecho de expresarnos en nuestro foro colegiado.

Es por esto que, celebramos la disidencia como uno de

los grandes beneficios nacidos de la libertad y del

respeto a la dignidad humana.40 Así también, creemos

firmemente en los principios democráticos que enaltecen el

quehacer jurídico de nuestro Tribunal. Sin embargo,

reiteramos que las expresiones que enaltecen esta faena

son aquellas que no inducen a error y tienen como norte la

39 Mensaje del Juez Asociado Rivera García en la Ceremonia de Juramentación, 179 D.P.R. IX, XIX (2010).

40 Véase, L. B. Solum, Reseña, The Value of Dissent, 85 Cornell L. Rev. 879, 880 (2000) (reseñando a S. H. Shiffrin, Dissent Injustice, and the Meanings of America (1999)). CC-2010-0762 8

sana resolución de las controversias que las partes traen

ante nos.

“La decisión de las causas siempre debe entrañar la

evaluación de materiales jurídicos y metajurídicos

utilizados como medio para alcanzar el resultado a que se

llega.”41 Sin embargo, no es menos cierto que, el buen

juzgador, conoce de su “extraordinario poder […] en la

formación del derecho” y también sabe que:

tal condición no es licencia para insertar en el cuerpo jurídico sus preferencias personales, que las dificultades inherentes a la tarea de impartirles contenido a las reglas y las provenientes de las limitaciones de todo juez en la evaluación de los efectos sociales que pueda causar tal o cual solución al problema ante él o ella aconsejan modestia y prudencia en la emisión de sus juicios….42 …… La objetividad no exige el abandono del criterio de vida de un juez, aunque ésta difiera de los conceptos que albergue la mayoría en un momento dado.43

Estamos en pleno acuerdo con las expresiones del Juez

Trías Monge de que “[d]entro del crisol de un buen

tribunal colegiado se espera que el arrojo de algunos sea

templado por la cautela de otros. La divergencia de

criterios dentro de un tribunal debe celebrarse”.44

Vale la pena acentuar además que, hoy se ve como

enemigo a cualquiera que insinúe siquiera remotamente que

algo pueda ser más verdad que su contrario. No estamos de

41 J. Trías Monge, Teoría de Adjudicación, 1ra ed, Ed. U.P.R., 2000, pág. 405. 42 J. Trías Monge, op. cit., pág. 403. 43 Ibíd., pág. 403. 44 J. Trías Monge, op. cit., pág. 405. CC-2010-0762 9

acuerdo con esta apreciación. Esto porque esta lógica

desafía el principio de no contradicción. La mayoría, al

igual que la minoría, no puede pretender ni auto

atribuirse que sus ideas son la verdad absoluta sin pasar

por el crisol del debate democrático.

Asimismo, estamos contestes que la Democracia no es

una mera palabra para ser invocada a conveniencia. La

Democracia no deriva de que nada es verdad o mentira, sino

del respeto a la dignidad humana y el valor participativo

que adiciona cada integrante. Por ello, el verdadero

compromiso con la justicia y los principios democráticos,

en un foro colegiado, implica también respetar el criterio

de cada uno de sus miembros y el uso de un razonamiento

guiado por argumentos bien fundamentados en derecho, según

sean pertinentes a cada controversia.

En consecuencia, no podemos renunciar a los

estándares mínimos de respeto, honestidad intelectual y de

razonamiento jurídico, menos aun cuando formamos parte de

un foro judicial de última instancia. Aspiramos pues, no a

la “homogenización de los pensamientos”, sino a la

discusión profunda y seria que debe imperar a la hora de

resolver las controversias que día a día se nos presentan.

Edgardo Rivera García Juez Asociado CC-2010-0762 10