Pueblo v. Arlequín Vélez

2016 TSPR 39

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: March 10, 2016
• Docket: CC-2016-50
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Pueblo de Puerto Rico

Peticionario 2016 TSPR 39

v. 194 DPR ____

Edgardo Arlequín Vélez

Recurrido

Número del Caso: CC-2016-50

Fecha: 10 de marzo de 2016

Abogado de la parte Peticionaria:

Lcdo. Guillermo Garau Díaz Fiscal Especial Independiente

Lcdo. Ramón Mendoza Rosario Fiscal Delegado

Abogado de la parte Recurrida:

Lcdo. Carlos García Morales Lcdo. Carlos Padilla Montalvo

Materia: Sentencia con Opinión de Conformidad y Opinión Disidente

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Peticionario

v. CC-2016-0050

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2016.

El 22 de enero de 2016 la parte peticionaria, presentó ante nuestra consideración una Petición de Certiorari acompañada de una moción en auxilio de jurisdicción. El 9 de febrero de 2016 ordenamos la paralización de los procedimientos en los tribunales a quo y concedimos un término de cinco (5) días para que el recurrido mostrara causa por la cual no debíamos revocar la Resolución dictada por el Tribunal de Apelaciones el 19 de enero de 2016, mediante la cual se concedió al recurrido una fianza en apelación.

Por estar igualmente dividido el Tribunal, se expide la Petición de Certiorari de autos y se confirma la Resolución recurrida del Tribunal de Apelaciones.

Notifíquese inmediatamente por teléfono, correo electrónico y por la vía ordinaria.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres emite una opinión de conformidad a la cual se unen la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez, la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco emite una opinión disidente a la cual se une el Juez Asociado señor Rivera García. Los Jueces Asociados señores Kolthoff Caraballo y Estrella Martínez disienten sin opinión escrita.

Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

v. CC-2016-0050 Edgardo Arlequín Vélez

Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES, a la que se unió la Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ, la Juez Asociada señora RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ y el Juez Asociado señor FELIBERTI CINTRÓN.

Opino que el Sr. Edgardo Arlequín Vélez

solicitó fianza en apelación como exige el

ordenamiento y que el Tribunal de Apelaciones no

erró al concederla. Por eso, estoy conforme con la

Sentencia que hoy se certifica y que permite que la

apelación del señor Arlequín Vélez prosiga su curso

sin mayor dilación.

I.

El 17 de diciembre de 2015, el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, emitió

un fallo de culpabilidad y, a petición del CC-2016-0050 2

convicto, lo sentenció ese mismo día. La sentencia

condenatoria consistió en una pena de cuatro años de

reclusión por violación del Art. 4.2(b) de la

Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011, 3 LPRA

sec. 1857a(b), y seis meses de cárcel, a ser cumplidos

concurrentemente, por transgresión del Art. 135 del Código

Penal de 2012, según enmendado, 33 LPRA sec. 5196. Al día

siguiente, el señor Arlequín Vélez presentó una moción de

reconsideración en la que, en síntesis, alegó que procedía

imponerle una restricción domiciliaria en lugar de la pena

de cárcel. Posteriormente, el foro primario citó a las

partes a una vista el 21 de diciembre de 2015, para

escuchar los argumentos en torno a la moción de

reconsideración. No hay controversia de que en ese mismo

día, luego de que las partes argumentaron sus respectivas

posiciones, el tribunal sentenciador proveyó no ha lugar

en corte abierta a la moción de reconsideración. Ambas

partes lo aceptan. Véanse: Apéndice, págs. 45, 75-76;

Escrito para Mostrar Causa, pág. 2. En esa circunstancia,

igual que cuando se apela la sentencia según la Regla 193

de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 193, el

término para apelar comienza inmediatamente. No es

necesaria ninguna notificación escrita.

Insatisfecho, el señor Arlequín Vélez presentó un

primer recurso de apelación el 21 de diciembre de 2015.

Ese día también presentó una moción de fianza en apelación

ante el Tribunal de Primera Instancia. Oportunamente, el CC-2016-0050 3

Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (FEI) se

opuso a esa petición de fianza. El foro primario denegó la

petición de fianza, sin aducir fundamentos. Apéndice, pág.

60. Posteriormente, como faculta la Regla 198 de

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II R. 198, el señor

Arlequín Vélez presentó la misma petición de fianza, esta

vez con carácter de urgencia, ante el Tribunal de

Apelaciones.

Ahora bien, mientras se dilucidaba esa otra moción de

fianza apelativa, el señor Arlequín Vélez notó un supuesto

defecto jurisdiccional en su primera apelación. Ese

―defecto‖ consistió en que presentó la apelación antes de

que el foro primario notificara por escrito su

determinación en torno a la solicitud de reconsideración,

a pesar de haberla resuelto en corte abierta el 21 de

diciembre de 2015. En vista de esto, el 7 de enero de

2016, el convicto presentó una moción en la que

―reconoció‖ que la primera apelación era prematura y

anunció la presentación de una segunda apelación, idéntica

a la primera, junto a otra petición urgente de fianza en

apelación. Apéndice, págs. 75-76. No obstante, el señor

Arlequín Vélez no desistió de la primera apelación y

únicamente solicitó el remedio que procediese en Derecho.

No surge del expediente que el FEI se opusiera a alguna de

las peticiones de fianza en el Tribunal de Apelaciones.

Solo surge que el FEI señaló que la primera apelación era

―prematura‖. Apéndice, págs. 105-106. CC-2016-0050 4

Mientras ambos escritos de apelación pendían ante el

Tribunal de Apelaciones y sin pronunciarse sobre la moción

en la que se reconocía que el primer recurso podría ser

prematuro, un panel especial atendió la petición de fianza

presentada en la segunda apelación por el señor Arlequín

Vélez ante ese foro.1 En ese momento, el tribunal apelativo

intermedio determinó que solo podía adjudicar ese reclamo

a través de un recurso de certiorari, por lo que rehusó

considerar los méritos de la petición de fianza. Luego, el

12 enero de 2016, aunque tampoco se pronunció

explícitamente en torno a la moción que presentó el señor

Arlequín Vélez el 7 de enero de 2016, otro panel de jueces

emitió una resolución en la que consolidó ambas

En desacuerdo con el manejo de su petición de fianza

por parte del panel especial, el señor Arlequín Vélez

presentó una moción urgente de reconsideración el 15 de

enero de 2016. Esta moción fue atendida por el panel

regular que consolidó las apelaciones, y no por el panel

especial que atendió la petición de fianza. Luego de

analizar el expediente y la posición de las partes, ese

segundo panel concedió la petición de fianza apelativa en

el caso consolidado.

1 Ese panel especial se constituyó mediante la Orden Administrativa Núm. TA-2015-234 para atender recursos urgentes, debido a las vacaciones programadas de los jueces que componen el Tribunal de Apelaciones y los cierres parciales decretados por la Jueza Presidenta. CC-2016-0050 5

En su resolución, el Tribunal de Apelaciones concluyó

que la apelación presentaba dos planteamientos

sustanciales de derecho. Específicamente, razonó que la

argumentación del señor Arlequín Vélez sobre la aplicación

de las penas alternativas del Código Penal a su caso y sus

señalamientos en torno a que no se pasó prueba de la

violación del Art. 4.02(B) de la Ley de Ética

Gubernamental, supra, eran planteamientos sustanciales.

Incluso, aunque no es requerido por la Regla 198(c) de

Procedimiento Criminal, infra, determinó que ambos

planteamientos además de sustanciales, eran noveles. El

Tribunal de Apelaciones también evaluó el expediente y la

argumentación en oposición del FEI ante el Tribunal de

Primera Instancia, y no encontró indicios de que el señor

Arlequín Vélez tuviera antecedentes penales, que hubiera

riesgo de fuga, que constituyera un peligro para la

sociedad ni que existiera otra razón que aconsejara la

reclusión del peticionario mientras se atendía su

apelación en los méritos. Apéndice, pág. 5. Por eso, ese

tribunal ordenó al foro primario que impusiera fianza en

apelación, sujeta a cualquier condición que estimara

apropiada. Consecuentemente, el Tribunal de Primera

Instancia le fijó una fianza de $100,000 al señor Arlequín

Vélez y le requirió permanecer en restricción domiciliaria

(―lockdown‖), bajo supervisión electrónica. También, le

ordenó consignar su pasaporte en la Secretaría del CC-2016-0050 6

Tribunal y le prohibió cualquier tipo de contacto directo

o indirecto con la víctima.

Inconforme, el FEI recurrió ante nos mediante una

petición de certiorari y una moción en auxilio de

jurisdicción de la resolución interlocutoria del Tribunal

de Apelaciones que concedió la solicitud de fianza. El 9

de febrero de 2016, paralizamos los procedimientos y

emitimos una Resolución en la cual le ordenamos al señor

Arlequín Vélez mostrar causa por la cual no debíamos

revocar la resolución del foro apelativo intermedio que le

concedió fianza en apelación. Oportunamente, este

compareció y expuso las razones por las que entiende que

debemos sostener el dictamen recurrido.

II.

A. La Regla 194 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II,

R. 194, dispone que una apelación criminal se formaliza

con la presentación de un escrito de apelación en la

secretaría del Tribunal de Primera Instancia que dictó la

sentencia condenatoria o en la secretaría del Tribunal de

Apelaciones. Ese escrito tiene que presentarse dentro de

los treinta días siguientes a la fecha en la que se dictó

la sentencia. La referida disposición establece que en los

casos en los que se presenta una oportuna moción de

reconsideración o de nuevo juicio ese término comienza a

decursar luego de que el tribunal notifique una resolución

en la que adjudique la moción. Pueblo v. Santana

Rodríguez, 148 DPR 400, 404-405 (1999). En ese sentido, CC-2016-0050 7

una apelación presentada previo a que el foro sentenciador

notifique su sentencia o resolución, es,

irremediablemente, prematura. Íd. Como se sabe, un recurso

prematuro priva de jurisdicción a un tribunal sin

perjuicio de que la parte afectada presente el mismo

recurso nuevamente en el momento apropiado. Yumac Home

Furniture, Inc. v. Caguas Lumber Yard, Inc., 2015 TSPR

148, pág. 13, 194 DPR ___ (2015).

Ahora bien, el 27 de noviembre de 2013, se aprobó la

Ley Núm. 140-2013 para, entre otras cosas, enmendar la

Regla 194 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R.

194 (Supl. 2015), y establecer que cuando el Tribunal de

Primera Instancia dicta sentencia o resuelve una moción de

reconsideración o de nuevo juicio en corte abierta y en

presencia del convicto, el término para recurrir comienza

en ese momento. Es decir, no hace falta esperar a recibir

la notificación por la vía ordinaria. Así, la nueva

versión de la regla dispone, en lo pertinente, de la

siguiente forma: ―Cuando la persona estuviese presente en

la sala al momento de ser dictada la sentencia o

resolución, el término se calculará a partir de ese

momento‖. (Énfasis suplido) Íd. Por supuesto, en los casos

en los que el Tribunal de Primera Instancia se abstenga de

resolver en corte abierta, el término para recurrir

comienza a decursar a partir de la notificación. Regla 194

de Procedimiento Criminal, Íd. CC-2016-0050 8

B. El señor Arlequín Vélez presentó su primera apelación

tan pronto el foro sentenciador denegó su reconsideración

en corte abierta, lo que activó el término para recurrir

ante el Tribunal de Apelaciones. Aunque posteriormente

este presentó un escrito en el que ―advirtió‖ al foro

apelativo intermedio que su primera apelación podía ser

prematura, esto no tuvo efecto alguno, pues ni siquiera

desistió del recurso. De hecho, en su escrito, lo único

que el señor Arlequín Vélez solicitó fue el remedio que

procediera en Derecho. Después de todo, le corresponde a

los tribunales, no a las partes, adjudicar la existencia

de jurisdicción. Yumac Home Furniture, Inc. v. Caguas

Lumber Yard, Inc., supra, pág. 9.

Así, pues, la primera apelación del señor Arlequín

Vélez no era prematura y el Tribunal de Primera Instancia

tenía autoridad para considerar los méritos de la petición

de fianza. Consecuentemente, la petición de fianza que se

presentó en el Tribunal de Apelaciones siguió el trámite

ordinario que establece la Regla 198(c) de Procedimiento

Criminal, infra, y no estaba sujeta a la existencia de

circunstancias excepcionales.

III.

A. Como sabemos, en nuestro ordenamiento no existe un

derecho absoluto a la fianza en trámites posteriores a la

sentencia. López Rodríguez v. Otero Ramos, 118 DPR 175,

182 (1986). Ese es el resultado de la ausencia de la

presunción de inocencia después de que el acusado es CC-2016-0050 9

hallado culpable. E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal

Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed.

Tercer Mundo Editores, 1992, Vol. II, pág. 475. Por esa

razón, le corresponde al convicto poner en posición al

tribunal para determinar si procede la imposición de

fianza en apelación. Íd. Las Reglas 198(a) y 198(b) de

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, Rs. 198(a),

198(b), otorgan el derecho a ser excarcelado mediante el

pago de fianza cuando la condena solo establece el pago de

una multa o cuando se trata de una condena de cárcel por

un delito menos grave. En los demás casos, debe

demostrarse, a satisfacción del tribunal, que el recurso

apelativo plantea una cuestión sustancial en derecho y que

la naturaleza del delito, el carácter del peticionario y

sus antecedentes penales no aconsejan denegar su petición.

Regla 198(c) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R.

198(c).

En Pérez Aldarondo v. Tribunal Superior, 102 DPR 1

(1974) (revocado en otros aspectos), tuvimos la

oportunidad de abordar el alcance de la fianza en

apelación según establecida en la Regla 198 de

Procedimiento Criminal. Concluimos que cuando la Regla

198(c) requiere la existencia de cuestiones sustanciales

lo que compele es a analizar si alguno de los errores

señalados tiene probabilidades de éxito. Íd., pág. 6.

Nótese que no se requiere concluir que el peticionario

tendrá éxito en sus planteamientos, sino que tiene CC-2016-0050 10

probabilidades de prevalecer. En ese sentido, ―[p]ara que

el tribunal sentenciador pueda estar en condiciones de

pasar [juicio] sobre la sustancialidad del recurso de

apelación será necesario que los fundamentos en que se

basa se expongan en la moción en solicitud de fianza‖.

Íd., pág. 8. No obstante, recordemos que en la

adjudicación de una petición de fianza no se juzgan los

méritos de una apelación, sino que se considera

preliminarmente que alguno de los argumentos planteados en

el escrito tiene el potencial de prevalecer en su día. Por

esa razón, no puede exigirse una disertación exhaustiva en

torno a la sustancialidad de lo alegado en la apelación.

Además, obligar a un tribunal a desarrollar un tratado de

derecho para simplemente conceder una fianza contradice el

esquema de urgencia que establece la Regla 198 de

Procedimiento Criminal, supra. Pérez Aldarondo v. Tribunal

Superior, supra, pág. 9.

La Regla 198(c) de Procedimiento Criminal, supra, no

requiere inflexiblemente postergar la evaluación de la

petición de fianza hasta la presentación de los alegatos

de las partes o de la transcripción de la prueba. Esa

omisión no es accidente, pues cuando el error planteado es

uno de estricto derecho, no hay que aplazar la

consideración de una petición de fianza a la presentación

de una transcripción de la prueba. Así, considero que el

trámite de una petición de fianza dependerá de las CC-2016-0050 11

particularidades de cada caso, lo que excluye el

establecimiento de una regla rígida so pena de nulidad.

Como adelanté, la Regla 198(c) de Procedimiento

Criminal, supra, también requiere la consideración de

otros aspectos previos a conceder una petición de fianza

en apelación. Es decir, no importa cuán sustanciales sean

los errores planteados, cuando exista riesgo de fuga, o

cuando la naturaleza del delito o el carácter del convicto

aconsejen su reclusión, no se concederá la fianza. López

Rodríguez v. Otero de Ramos, 118 DPR 175, 179-180 (1984).

En esta determinación importante, el tribunal puede, a su

discreción, ordenar la celebración de una vista para

evaluar el carácter del convicto y la seguridad social.

Sin embargo, no está obligado a hacerlo cuando pueda

realizar este ejercicio a base del récord disponible y la

posición de las partes. Íd., págs. 182-183. Al tratarse de

un derecho estatutario, hemos reconocido que la decisión

del tribunal deberá estar fundamentada. De lo contrario,

estaremos ante un abuso de discreción. Íd., pág. 182.

Por último, la Regla 198(c) de Procedimiento Criminal,

supra, establece que si el foro sentenciador deniega la

fianza en apelación, esa petición se puede presentar

nuevamente ante el Tribunal de Apelaciones.2 Además, provee

2 La Regla 198(c) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 198(c), dispone en lo pertinente: ―Salvo situaciones de verdadera urgencia o cuando ello resultare impráctico, la solicitud de fianza deberá someterse en primer término al tribunal sentenciador y si éste la negare podrá presentarse al Tribunal de Circuito de (continúa...) CC-2016-0050 12

para que en situaciones de urgencia o cuando sea

impráctico acudir al foro sentenciador, la petición de

fianza en apelación se presente por primera vez ante el

foro apelativo intermedio.

B. En este caso, el Tribunal de Primera Instancia abusó de

su discreción al denegar sin fundamentos la petición de

fianza del señor Arlequín Vélez. López Rodríguez v. Otero

Ramos, supra, pág. 182; Pérez Aldarondo v. Tribunal

Superior, supra, págs. 8-9. Precisamente por ese proceder,

el peticionario acudió al foro intermedio. Así, el

Tribunal de Apelaciones tuvo ante sí la tarea que rehuyó

el foro sentenciador: adjudicar de forma fundamentada la

petición de fianza del señor Arlequín Vélez.

Como expuse anteriormente, la Regla 198(c) de

Procedimiento Criminal, supra, y su jurisprudencia

interpretativa, otorgan discreción a los tribunales para

conceder una petición de fianza en apelación, siempre y

cuando su decisión este fundamentada en el expediente y en

la argumentación de las partes. El Tribunal de Apelaciones

consideró que el recurso del señor Arlequín Vélez plantea

―al menos dos cuestiones sustanciales‖, esto es, que

tenían probabilidades de éxito. Apéndice, pág. 3.

Apelaciones, acompañada de copias de la solicitud hecha al tribunal sentenciador, sellada con la fecha y hora de su presentación, y de su dictamen, de una transcripción de la prueba, si se hubiere presentado alguna, y de un breve informe exponiendo las razones por las cuales se considera errónea la resolución‖. CC-2016-0050 13

El Tribunal de Apelaciones ejerció su discreción

debidamente. En primer lugar, los dos errores que el

Tribunal de Apelaciones catalogó como sustanciales son de

estricto derecho. Por ello, no había que esperar por una

transcripción de la prueba o a que se elevaran los autos

del foro sentenciador. Es decir, para analizar la

sustancialidad de los planteamientos del señor Arlequín

Vélez bastaba considerar el escrito de apelación, la

petición de fianza y la posición del FEI. Cuando el

Tribunal de Apelaciones expresó que necesitaba la

transcripción y el expediente original del caso se refería

a lo que precisaba para resolver, sin lo cual no podía

prejuzgar los méritos de la controversia. No se refería a

la sustancialidad jurídica de los señalamientos de error.

Al respecto, y sin prejuzgar los méritos de la

controversia, basta señalar aquí que como segundo error en

su apelación, el señor Arlequín Vélez argumentó que no se

presentó prueba de uno o más elementos del delito

contenido en el Art. 4.2(b) de la Ley de Ética

Gubernamental, supra. Ese delito dispone que: ―Un servidor

público no puede utilizar los deberes y las facultades de

su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para

obtener, directa o indirectamente, para él o para una

persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté

permitido por ley‖. Íd. El señor Arlequín Vélez señaló que

ese delito va dirigido más bien a combatir la corrupción

pública. La Ley de Ética Gubernamental define beneficio CC-2016-0050 14

como ―cualquier provecho, utilidad, lucro o ganancia, sin

limitar el término a una ganancia pecuniaria o material,

sino que denota cualquier forma de ventaja‖. 3 LPRA sec.

1854(i). El señor Arlequín Vélez argumenta que acosar

sexualmente a una persona no es un beneficio o ventaja que

prohíbe la Ley de Ética Gubernamental, sino una conducta

que el Código Penal tipifica como delito. Más aun, si el

señor Arlequín Vélez prevalece en ese señalamiento, su

pena de cárcel se reduciría a seis meses, es decir, una

condena de delito menos grave. Eso le daría derecho a

prestar fianza en apelación, sin más. Regla 198(b) de

Procedimiento Criminal, supra.

C. En torno a los criterios de carácter del convicto y

seguridad social, de la resolución del foro apelativo

intermedio se desprende que ese tribunal consideró la

posición de las partes respecto a la concesión de fianza y

que también concluyó, a la luz del expediente, la

inexistencia de razones que aconsejaran denegar la

petición del convicto. Nótese que en su conclusión, ese

foro citó nuestra jurisprudencia que le compele a evaluar

la naturaleza del delito y el carácter del convicto.

Apéndice, pág. 5. Por esa razón, no puedo concluir que el

Tribunal de Apelaciones no consideró el carácter del señor

Arlequín Vélez y el riesgo que este pueda presentar para

la sociedad.3

3 En la evaluación del carácter del señor Arlequín Vélez y los riesgos sociales que su excarcelación supone, el (continúa...) CC-2016-0050 15

Más aun, no puede pasar desapercibido que el FEI no se

opuso a la petición de fianza que se presentó en el

Tribunal de Apelaciones. Es decir, donde único se puede

apreciar una oposición a ese remedio por parte del FEI es

en un escrito en el Tribunal de Primera Instancia.

Apéndice, págs. 43-52. Así, dada la naturaleza adversativa

de nuestro sistema, el tribunal apelativo intermedio

estaba autorizado a considerar la petición de fianza sin

oposición. Recordemos que el Tribunal de Apelaciones

consolidó las dos apelaciones presentadas por el señor

Arlequín Vélez. En ese sentido, el FEI tuvo oportunidad

para oponerse a esa petición a nivel apelativo.

Además, aun si se consideran los argumentos planteados

por el FEI en primera instancia, en torno al carácter del

acusado y la seguridad social, vemos que estos no son

persuasivos ni controvierten las alegaciones del señor

Arlequín Vélez en su petición de fianza. Para justificar

la concesión de fianza, tanto en el Tribunal de Primera

Instancia como en el Tribunal de Apelaciones, el señor

Arlequín Vélez elaboró extensamente en torno a la

sustancialidad o probabilidades de éxito de los errores

planteados en su escrito de apelación, que los delitos por

Tribunal de Apelaciones dispuso: ―[N]o aparenta haber controversia sobre el hecho de que el Apelante no tiene antecedentes penales, ni surge del récord que presente riesgo significativo de fuga. Tampoco podemos concluir, sobre la base del récord disponible y la argumentación del FEI, que el Apelante constituya un ‗peligro para la sociedad‘‖. Pérez Aldarondo, 102 DPR a la pág. 7; López Rodríguez, 118 DPR a la pág. 180‖. Apéndice, pág. 5. CC-2016-0050 16

los que fue hallado culpable no son delitos de violencia y

que compareció cabalmente a todas las etapas procesales

del juicio criminal. Asimismo, el señor Arlequín Vélez

arguyó, en torno a su carácter, que merecía que se le

otorgara fianza en apelación porque tenía sesenta y tres

años de edad, ha sido servidor público dese 1975, es un

buen padre de familia, hijo, vecino querido en el pueblo

de Guayanilla, que nunca ha sido convicto por delito grave

alguno y que no representa un riesgo para la sociedad.

También argumentó que padece de ciertas condiciones de

salud que le requieren estar bajo tratamiento médico

continuo. Con esto abordó los criterios guías que impone

la Regla 218(b) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II,

R. 218(b), sobre fijación de fianza.

Por su parte, en su moción en oposición ante el

Tribunal de Primera Instancia, el FEI cuestionó la

sustancialidad de los planteamientos en apelación. En

cuanto al carácter del señor Arlequín Vélez, el FEI se

limitó a señalar los delitos por los cuales este fue

condenado. Sin embargo, nunca controvirtió las alegaciones

del señor Arlequín Vélez en torno a la ausencia de

condenas anteriores, o la naturaleza del delito, ni

presentó otra consideración que aconsejase denegar la

fianza solicitada. No es suficiente alegar que el foro

sentenciador tuvo que tomar medidas cautelares para

mantener la solemnidad de los procesos judiciales el día

del fallo y sentencia por una supuesta conducta CC-2016-0050 17

desordenada, sin especificar cuál, máxime cuando se

pretende achacar al señor Arlequín Vélez, los actos que

supuestamente cometieron otros en sala.

Así, pues, vemos que el Tribunal de Apelaciones no

erró ni usó ―frases ambiguas‖ para concluir que no existía

controversia en torno a la segunda parte del estándar de

la Regla 198(c) de Procedimiento Criminal. Todo lo

contrario, discutió los criterios de la Regla 198(c) de

Procedimiento Criminal, supra, previo a conceder la

petición de fianza. Simplemente no existía controversia en

torno a las alegaciones del señor Arlequín Vélez ni una

oposición al remedio que este solicitó ante el Tribunal de

Apelaciones. No veo por qué debemos darle un segundo turno

al bate al FEI para que elabore argumentos que no presentó

oportunamente ante el Tribunal de Apelaciones.

IV.

Como adelanté en el trasfondo procesal, un panel

regular de apelaciones atendió la moción de

reconsideración que presentó el señor Arlequín Vélez el 15

de enero de 2016. Sin embargo, luego de analizar

detenidamente lo ocurrido, considero que no hubo

irregularidad alguna en el trámite interno del caso en el

Tribunal de Apelaciones.

El 26 de junio de 2015, se emitió la Orden

Administrativa Núm. DJ 2015-212 en la que se designó el

panel de apelaciones VIII para atender los recursos

provenientes de las Regiones Judiciales de Ponce y Guayama CC-2016-0050 18

(panel regular) a partir del 6 de julio de 2015. Ese panel

regular estaba compuesto por los jueces Hon. Germán J.

Brau Ramírez como su Presidente, Hon. Abelardo Bermúdez

Torres y Hon. Roberto Sánchez Ramos. No obstante, con las

cercanías de las festividades navideñas y los cierres de

la Rama Judicial decretados por la Jueza Presidenta, la

Jueza Administradora del Tribunal de Apelaciones produjo

la Orden Administrativa Núm. TA-2015-234 para atender

recursos urgentes que se presentaran entre el 21 de

diciembre de 2015 al 8 de enero de 2016. De hecho, en las

disposiciones generales de esa orden se destaca que ―los

recursos nuevos que no sean de carácter urgente se

retendrán en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones

hasta que sean asignados al panel regular

correspondiente‖. Orden Administrativa Núm. TA-2015-234,

pág. 3. Siguiendo esa línea, la orden precitada establece

que una vez el panel especial atienda el asunto urgente

―la presidenta o el presidente del panel especial

devolverá las tres copias del expediente a la Secretaría

del Tribunal de Apelaciones, en donde se retendrán hasta

su reasignación al panel regular correspondiente‖.

(Énfasis suplido) Íd., pág. 4.

En fin, un recurso ordinario, como lo sería una

apelación, presentado durante la vigencia de la Orden

Administrativa del Tribunal de Apelaciones se mantendría

en la secretaría de ese tribunal para su asignación

posterior al panel regular, luego de concluido el receso CC-2016-0050 19

navideño. Sin embargo, toda moción o solicitud de carácter

urgente presentada en el mismo periodo debía ser atendida

por un panel especial, según lo dispuesto en esa orden

administrativa. Atendida la moción, el expediente se

reasigna al panel regular cuando este se reintegre a sus

labores.

En este caso, el señor Arlequín Vélez presentó su

apelación el 21 de diciembre de 2015. Luego de que el

Tribunal de Primera Instancia ―atendió‖ su petición de

fianza, el peticionario presentó una Moción urgente para

solicitar la imposición de fianza el 29 de diciembre de

2015. Apéndice, pág. 61. No obstante, debido a que el

señor Arlequín Vélez creyó incorrectamente que había

presentado su apelación de forma prematura, presentó una

―segunda‖ apelación junto a otra Moción urgente para

solicitar la imposición de fianza el 7 de enero de 2016.

Apéndice, pág. 89. Así, de conformidad con la Orden

Administrativa TA-2015-234, esa petición urgente de fianza

fue atendida por el panel especial designado para los días

7 y 8 de enero de 2016, mientras el panel regular estaba

de vacaciones.

Como ya expliqué, el panel especial estuvo constituido

por dos días para atender mociones de carácter urgente. La

solicitud de reconsideración se presentó el 15 de enero de

2016, es decir, siete días después de que el panel CC-2016-0050 20

especial se disolviera.4 Por esa razón, es perfectamente

normal que el panel regular atendiera esa moción. Lo

contrario, es decir, que el panel especial resolviera esa

moción de reconsideración hubiese constituido una

verdadera ―anomalía impermisible‖. Opinión disidente, pág.

32.

En ese sentido, es irrelevante lo dispuesto en la

Regla 84(c) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

supra, pues no estamos ante la situación en la que un

panel regular reconsidera la actuación de otro panel

regular. Así, pues, para efectos de esa regla es

inconsecuente que los jueces que constituyeron el panel

especial sigan en funciones. Lo determinante es que el

mismo panel estuviese constituido. En cambio, si la moción

de reconsideración se hubiera presentado con carácter de

urgencia mientras estuvo constituido el panel especial,

habría sido ese panel especial y no el regular el

encargado de atenderla. Sin embargo, eso no fue lo que

ocurrió aquí.

V.

En fin, estoy convencido de que un análisis

desapasionado del tracto procesal y de nuestro

ordenamiento llevan a concluir que el Tribunal de

Apelaciones no erró en la concesión de la petición de

4 El 19 de enero de 2016, entró en vigor la Orden Administrativa DJ 2016-4 que constituyó el Panel IX de Apelaciones con los jueces Hon. Germán J. Brau Ramírez como su Presidente, Hon. Abelardo Bermúdez Torres, Hon. Gerardo Flores García, Hon. Roberto Sánchez Ramos. CC-2016-0050 21

fianza en apelación del señor Arlequín Vélez. Tampoco hubo

un trámite irregular en la constitución del panel regular

del Tribunal de Apelaciones que atendió el recurso.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Peticionario CC-2016-0050

Opinión disidente emitida por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco, a la cual se une el Juez Asociado señor Rivera García.

En esta semana este Tribunal osciló como péndulo

desarmonizado para decidir los méritos de una controversia

constitucional no justiciable, intentando así modificar

nuestra doctrina de autolimitación judicial. Véase, Torres

Montalvo v. García Padilla, res. 7 de marzo de 2016, 2016

TSPR ___; 194 DPR ___ (2016). Hoy cuatro (4) jueces

miembros de esta Curia examinan la jurisdicción de los

tribunales a base de meras alegaciones de las partes, las

cuales son contradictorias con la evidencia clara que

existe en autos y, por tanto, intiman haber modificado

principios trascendentales tales como que los tribunales

son quienes tienen el deber último de examinar su

jurisdicción y que las partes no pueden voluntariamente

conferir jurisdicción. CC-2016-0050 2

Esos mismos cuatro (4) jueces de este Tribunal deciden

permanecer inertes ante la concesión de una fianza en

apelación al Sr. Edgardo Arlequín Vélez, sin que este haya

demostrado tener derecho a la misma. Lo que es peor,

conscientes de los gravísimos errores cometidos por el

Tribunal de Apelaciones, han optado por sostener al foro

apelativo intermedio so color de una discreción prohibida

por la Regla 198 de Procedimiento Criminal, infra.

Por entender que el Tribunal de Apelaciones se

precipitó al conceder la fianza en apelación sin evaluar

los elementos exigidos por las Reglas de Procedimiento

Criminal y nuestra jurisprudencia a esos efectos,

disiento.

I

La controversia central del caso de epígrafe tiene

como origen una determinación del Tribunal de Apelaciones

mediante la cual se le concedió al Sr. Edgardo Arlequín

Vélez (en adelante, Arlequín Vélez o convicto) una fianza

en apelación al amparo de la Regla 198 de Procedimiento

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 198. No obstante, para lograr

la plena comprensión de las controversias que presenta el

caso de referencia, a continuación detallamos con rigor

los hechos pertinentes.

El 17 de diciembre de 2015 el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Ponce (en adelante, TPI),

emitió un fallo de culpabilidad en contra del señor

Arlequín Vélez por infracciones al Artículo 4.2(b) de la CC-2016-0050 3

Ley Núm. 1-2011, según enmendada, conocida como ―Ley de

Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011‖5 y al Artículo

135 del Código Penal de Puerto Rico de 20126 (acoso

5 La acusación lee, en lo pertinente, de la siguiente forma: Cometido en Guayanilla, Puerto Rico, allá para el periodo comprendido entre el 18 de junio de 2013 a 13 de junio de 2014 de la siguiente manera: El referido acusado, Edgardo Arlequín Vélez… siendo alcalde del Municipio de Guayanilla, Puerto Rico, en el periodo antes mencionado…, ilegal, voluntaria, intencional y criminalmente, utilizó los deberes y facultades de su cargo como alcalde del Municipio de Guayanilla, la propiedad pública municipal, así como los fondos públicos para obtener para él un beneficio por ley. Consistente en que el acusado hizo unos acercamientos de naturaleza sexual para obtener un favor sexual de Lumari Torres Pérez quien era su subalterna y ocupaba el puesto de Subdirectora de Programas Federales en junio de 2013 en la propia oficina de la Alcaldía, y en julio de 2013 en la casa privada de la señora Torres le solicitó que lo recibiera en el cuarto del Hotel Conrad para el cual se utilizó fondos públicos municipales para que pernoctaran allí mientras asistían a un adiestramiento ofrecido por el Departamento de Vivienda Federal (HUD), y posteriormente en el periodo antes indicado en reuniones en su oficina. Ante los rechazos de los acercamientos sexuales utilizando los deberes y facultades de su cargo le impuso una amonestación a la v[í]ctima el 31 de marzo de 2014 y el 6 de mayo de 2014, solicitó una opinión a OCAM con el propósito de eliminar el puesto que esta ocupaba como subdirectora de Programas Federales. Además, los actos de acercamientos de naturaleza sexual no deseados cometidos por el acusado tenían el objetivo de obtener o de proporcionarse así mismo un beneficio o ventaja no permitido por Ley. Estos hechos son contrarios a la Ley, a la paz, a la honestidad y a la dignidad del Pueblo de Puerto Rico y la confianza en el desempeño de la función pública poniendo en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental municipal[.] 6 La denuncia lee, en lo pertinente, de la siguiente forma: Cometido en Guayanilla, Puerto Rico, allá para el periodo comprendido entre el 18 de junio de 2013 a junio de 2014 de la siguiente manera: [e]l referido imputado, Edgardo Arlequín Vélez, siendo alcalde del Municipio de Guayanilla, Puerto Rico, en el periodo antes mencionado y en el referido municipio…, ilegal, voluntaria, intencional y criminalmente, cometió el delito de acoso sexual contra Lumari Torres Pérez, empleada del Municipio de Guayanilla, y en el ámbito de una relación laboral, siendo el Sr. Edgardo Arlequín autoridad nominadora, jefe, patrono y supervisor inmediato de esta, solicitó favores de naturaleza sexual para sí sujetando las condiciones de (continúa...) CC-2016-0050 4

sexual). 3 LPRA sec. 1857 (Supl. 2015) y 33 LPRA sec. 5196

(Supl. 2015), respectivamente. El convicto solicitó ese

mismo día que se dictara Sentencia en el acto y renunció a

la preparación del Informe Pre Sentencia.

En vista de ello, el TPI dictó Sentencia condenando al

señor Arlequín Vélez a cuatro (4) años de cárcel por la

violación al Art. 4.2(b) de la Ley Núm. 1, supra.

trabajo de la perjudicada para que se llevara a cabo lo solicitado o mediante el comportamiento sexual del imputado provocó una situación intimidatoria, hostil y humillante para la víctima. El acoso sexual consistió en que el imputado entre el 18 al 26 de junio de 2013 en su oficina, donde fungía como Alcalde, durante horas laborables le solicitó a la Sra. Lumari Torres Pérez, quien fungía como Subdirectora de Programas Federales del Municipio de Guayanilla, ver un tatuaje que esta tiene en su espalda. La Sra. Torres Pérez se negó a mostrarle el mismo y entonces el imputado le indicó que tenía su miembro viril erecto. Ella trató de salir de la oficina, este la agarró por su brazo derecho y le haló su blusa hacia él. Ella logró zafarse y el imputado tocándose su parte intima le dijo que se lo tenía que bajar su miembro viril porque lo tenía bien erecto. El domingo 28 de julio de 2013, el imputado se personó en horas de la noche a la casa de la señora Torres Pérez, e incurrió en otro acercamiento de naturaleza sexual no deseado al indicarle que se veía bien y que si lo iba a recibir en el cuarto del hotel, pues al día siguiente iban a comparecer a un seminario auspiciado por el Departamento de Vivienda Federal (HUD) y se iban a hospedar en el Hotel Conrad. Cada vez que la señora Torres Pérez tenía que asistir a la oficina del imputado este en múltiples ocasiones continuaba con su comportamiento sexual no deseado. Luego de esos incidentes la Sra. Lumari Torres Pérez se sintió intimidada, acosada y con miedo a represalias que pudiera hacerle el alcalde en contra de su persona y su trabajo [o] condiciones del mismo por haber rechazado los acercamientos sexuales. Como consecuencia de los rechazos de sus comportamientos sexuales el imputado el 31 de marzo de 2014 le impuso una amonestación a la Sra. Torres Pérez, y en mayo de 2014 hizo gestiones afirmativas para eliminar el puesto de la víctima. Los favores sexuales no deseados o el comportamiento sexual del imputado hacia la señora Torres Pérez, tuvieron el efecto de interferir irrazonablemente en el desempeño del trabajo de esta y crearon un ambiente laboral intimidante, hostil y ofensivo, produciendo en esta aislamiento, mostr[ándose] llorosa, sintiéndose esta avergonzada, humillada, destruida, devastada, desilusionada, indignada y se afectó su ambiente de trabajo tornándose en uno intimidante donde la Sra. Torres Pérez no podía trabajar con la tranquilidad y paz a la que tiene derecho todo empleado tanto en la esfera pública como privada. CC-2016-0050 5

Asimismo, impuso una pena de seis (6) meses de cárcel por

el delito de acoso sexual.7 Al día siguiente, 18 de

diciembre de 2015, el señor Arlequín Vélez presentó una

Moción Urgente en Solicitud de Reconsideración, mediante

la cual solicitó la reconsideración de las penas

impuestas.8

El 21 de diciembre de 2015 el señor Arlequín Vélez

presentó un Escrito de Apelación ante el Tribunal de

Apelaciones, aun cuando el TPI no había resuelto la

solicitud de reconsideración presentada por el propio

convicto.9 A ese recurso apelativo le fue asignado el

alfanumérico KLAN201501958. Ese mismo día el señor

Arlequín Vélez presentó una Moción para Solicitar la

Imposición de Fianza en Apelación ante el TPI.

Sin embargo, el señor Arlequín Vélez admitió, mediante

moción presentada ante el Tribunal de Apelaciones, que su

apelación adolecía de un defecto jurisdiccional por ser

prematura. Ap. Certiorari, págs. 75-76. Por tal razón, el

7 de enero de 2016 desistió de la apelación identificada

7 El TPI dispuso que las penas serían cumplidas concurrentemente. 8 Por su parte, el Fiscal Especial Independiente presentó una Moción en Oposición a la Reconsideración sobre la Pena Impuesta, el 21 de diciembre de 2015. 9 No fue hasta el 23 de diciembre de 2015 cuando el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar a la solicitud de fianza en apelación, así como la solicitud de reconsideración. Copia de la notificación de esta Resolución fue archivada en autos el 28 de diciembre 2015. CC-2016-0050 6

con el número KLAN201501958.10 No obstante, ese mismo día

presentó otro Escrito de Apelación al cual le fue asignado

el alfanumérico KLAN2016000021.11 También presentó ante el

Tribunal de Apelaciones una Moción Urgente para Solicitar

la Imposición de Fianza en Apelación en el caso

KLAN2016000021.12

10 El 8 de enero de 2016, el FEI presentó un Escrito Solicitando Desestimación de la Apelación por Falta de Jurisdicción en la primera apelación. 11 Planteó los errores siguientes: PRIMERO: Incidió el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala Superior de Ponce (Hon. Carlos Salgado Schwarz, Juez), al declarar No Ha Lugar la Moción en Solicitud de Desestimación y que se Determine la Inconstitucionalidad del Artículo 4.2 (B) de la Ley de Ética Gubernamental, a pesar de que el referido Artículo de Ley, es uno inconstitucional de su faz. SEGUNDO: Incidió el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala Superior de Ponce (Hon. Carlos Salgado Schwarz, Juez), al declarar culpable y convicto al acusado-apelante de la infracción al Artículo 4.2 (B) de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico, a pesar de que hubo ausencia total de prueba en cuanto a uno o más de los elementos del delito. TERCERO: Incidió el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala Superior de Ponce (Hon. Carlos Salgado Schwarz, Juez), al declarar culpable y convicto al acusado-apelante de los delitos imputados, a pesar de que la prueba de cargo no estableció su culpabilidad más allá de duda razonable y fundada, en violación al derecho constitucional del debido proceso de ley. CUARTO: Incidió el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala Superior de Ponce (Hon. Carlos Salgado Schwarz, Juez), al determinar la inaplicabilidad de la restricción domiciliaria e imponerle al apelante una pena de reclusión carcelaria, sin tomar en consideración el principio de favorabilidad, y el espíritu de nuestro ordenamiento jurídico de que la pena debe ser lo menos restrictivo posible, para lograr sus propósitos. QUINTO: Erró el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala Superior de Ponce (Hon. Carlos Salgado Schwarz, Juez), al celebrar un juicio plagado de errores en su tramitación, que hicieron que al compareciente no se le garantiza un juicio justo e imparcial, y se le violentara el debido proceso de ley, y otros. 12 Esta solicitud de fianza fue declarada Con Lugar en reconsideración por otro panel del Tribunal de Apelaciones. CC-2016-0050 7

En dicha solicitud de fianza —presentada en primera

instancia ante el Tribunal de Apelaciones— el convicto

argumentó que planteaba cuestiones sustanciales en su

recurso de apelación, tales como la alegada

inconstitucionalidad del Artículo 4.2(b) de la Ley Núm. 1,

supra, y la falta de evidencia que probara su culpabilidad

más allá de duda razonable. Ap. Certiorari, págs. 91-94.

Asimismo, adujo que los delitos por los cuales fue

encontrado culpable no reflejan violencia, no representa

riesgo para la sociedad y que padece de problemas

cardiacos. Ap. Certiorari, págs. 96-97.

El 8 de enero de 2016, un Panel Especial del Tribunal

de Apelaciones compuesto por su Presidente el Juez Piñero

González, la Jueza Nieves Figueroa y la Jueza Vicenty

Nazario,13 emitió una Resolución14 en el caso KLAN201600021

en la que declaró Nada que Proveer en torno a la solicitud

de fianza en apelación.15

13 Este Panel Especial fue constituido en virtud de la Orden Administrativa Núm. TA-2015-234, por motivo de las vacaciones programadas de los Jueces del Tribunal de Apelaciones durante los días festivos del mes de diciembre de 2015, y por razón de los cierres parciales decretados por la Rama Judicial. 14 El señor Arlequín Vélez solicitó la desestimación del recurso presentado ante nos al entender que el apéndice presentado por el FEI no contiene una copia de la segunda y última página de la Resolución de 8 de enero de 2016, dictada por el Tribunal de Apelaciones. Sin entrar a los méritos de este argumento, podemos concluir que dicha solicitud carece de mérito toda vez que en el auto original consta copia íntegra de la referida Resolución. 15 El foro apelativo intermedio entendió en esa ocasión que la solicitud de fianza en apelación en realidad era una (continúa...) CC-2016-0050 8

El 15 de enero de 2016, el recurrido presentó una

Moción Urgente en Solicitud de Reconsideración la cual fue

asignada al Panel IX del Tribunal de Apelaciones, Región

Judicial de Ponce y Aibonito.16 Este Panel dejó sin efecto

la Resolución emitida por el Panel Especial hermano y

ordenó al TPI a que fijara la fianza en apelación. A su

vez, consolidó la apelación del caso KLAN201501958 con la

apelación del caso KLAN2016000021.

Inconforme con esta determinación, el 22 de enero de

2016 el Pueblo de Puerto Rico representado por el FEI,

presentó la Petición de Certiorari que nos ocupa y planteó

que el Tribunal de Apelaciones cometió los errores

siguientes:

PRIMER ERROR: Incidió el Honorable Tribunal de Apelaciones al conceder una fianza en apelación sin cumplir con los requisitos que establece la Regla 198 de Procedimiento Criminal y la jurisprudencia de este Honorable Tribunal.

SEGUNDO ERROR: Incidió el Honorable Tribunal de Apelaciones al ordenar la consolidación de dos recursos que tenía ante sí, aun cuando el primero que se radicó no tenía jurisdicción por haberse radicado prematuramente.

TERCER ERROR: Incidió el Honorable Tribunal de Apelaciones al permitir que un panel del mismo Tribunal compuesto [por] jueces de la misma categoría entender y determinar sobre una reconsideración presentada ante otro panel

solicitud de revisión de la denegatoria de fianza en apelación del TPI, por lo que concluyó que debía ser tramitada como parte de un recurso de certiorari. 16 Conforme a la Orden Administrativa DJ 2016-004 de la Rama Judicial, emitida 11 de enero de 2016, el Panel IX del Tribunal de Apelaciones quedó configurado por su Presidente el Juez Brau Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos. CC-2016-0050 9

distinto y especial, el cual había hecho ya una primera u original determinación de no ha lugar. Ello en abuso de discreción y facultades concediendo así un remedio al cual no tiene derecho el convicto y en violación al Debido Proceso de Ley.

Conjuntamente con el recurso de certiorari, el FEI

presentó un Escrito Solicitando Orden en Auxilio de

Jurisdicción en el que nos solicitó que detuviéramos los

procesos encaminados a la concesión de una fianza en

apelación. Finalmente, el 9 de febrero de 2016 emitimos

una Resolución mediante la cual paralizamos los

procedimientos en los tribunales a quo. Además, le

concedimos al señor Arlequín Vélez un término de cinco (5)

días para que mostrara causa por la cual no se deba

revocar la Resolución dictada por el Tribunal de

Apelaciones el 19 de enero de 2016.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

resolvemos.

II

Nuestro Ordenamiento provee para que un acusado o

convicto obtenga una fianza durante los procesos

judiciales, ya fuera antes o después de un fallo

condenatorio. En cuanto al primer supuesto, nuestra

Constitución provee que ―[t]odo acusado tendrá derecho a

quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo

condenatorio‖. Artículo II, Sección 11 de la Constitución

de Puerto Rico, 1 LPRA Const. PR, Art. II, sec. 11.

Véanse, Reglas 218-228 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA

Ap. II, R. 218-228. CC-2016-0050 10

En cambio, la Constitución guarda silencio en torno a

la fianza luego de que el acusado es convicto, por lo que

hemos concluido que no existe un derecho constitucional a

fianza en la etapa apelativa. Véase, Pérez Aldarondo v.

Tribunal Superior, 102 DPR 1, 5 (1974). Esta distinción es

lógica toda vez que

[a]l ciudadano le favorece la presunción de inocencia, aun cuando se ha radicado acusación en su contra y se ha determinado causa probable. Pero, una vez ha mediado un proceso judicial que culmina en una adjudicación de culpabilidad más allá de duda razonable, lo más probable es que la adjudicación haya sido correcta.

Pueblo v. Cortés Burgos, 100 DPR 933, 936 (1972)(Voto Concurrente del Juez Asociado señor Martínez Muñoz). Véase, E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Vol. II, 1992, Editorial Forum, pág. 475.

La fianza en apelación se rige por la Regla 198 de

Procedimiento Criminal la cual dispone, en lo pertinente,

lo siguiente:

Después de convicto un acusado, excepto en el caso de delitos que aparejen pena de reclusión de noventa y nueve (99) años, si éste entablare recurso de apelación o de certiorari para ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, se admitirá fianza:

(a) Como cuestión de derecho, cuando se apele de una sentencia imponiendo solamente el pago de multa.

(b) Como cuestión de derecho, cuando se apele de una sentencia imponiendo cárcel en delitos menos graves (misdemeanors).

(c) A discreción del tribunal sentenciador, o del Tribunal de Circuito de Apelaciones, en todos los demás casos. No se admitirá fianza en estos últimos casos cuando el recurso entablado no plantee una cuestión sustancial o cuando la naturaleza del delito o el carácter y antecedentes penales del acusado aconsejen, a CC-2016-0050 11

juicio del tribunal y para la protección de la sociedad, la reclusión del convicto mientras se ventile el recurso. No se admitirá fianza alguna en estos casos sin antes dar al fiscal de la sala correspondiente oportunidad de ser oído. Salvo situaciones de verdadera urgencia o cuando ello resultare impráctico, la solicitud de fianza deberá someterse en primer término al tribunal sentenciador y si éste la negare podrá presentarse al Tribunal de Circuito de Apelaciones, acompañada de copias de la solicitud hecha al tribunal sentenciador, sellada con la fecha y hora de su presentación, y de su dictamen, de una transcripción de la prueba, si se hubiere presentado alguna, y de un breve informe exponiendo las razones por las cuales se considera errónea la resolución. (Énfasis suplido).

Según se puede apreciar de lo anterior, este precepto

provee un derecho a fianza como cuestión de derecho luego

de un fallo condenatorio cuando se apela de una sentencia

que impone solamente un pago de multa o pena de cárcel en

delitos menos graves; mientras que cuando se trate de

delitos graves la fianza en apelación será concedida por

los tribunales a manera ―discrecional‖. Pérez Aldarondo v.

Tribunal Superior, supra, págs. 5-6.

Ahora bien, la ―discreción‖ de los tribunales no es

irrestricta y mucho menos puede ser ejecutada

precipitadamente en un vacío abstrayéndose de la prueba.

Véase, Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211

(1990)(El concepto de discreción en el contexto judicial

―no significa poder para actuar en una forma u otra,

haciendo abstracción del resto del Derecho‖). Sus

contornos están claramente delimitados en la Regla 198 de

Procedimiento Civil, supra, y nuestra jurisprudencia

interpretativa. A esos efectos, hemos resuelto que al CC-2016-0050 12

adjudicar una solicitud de este tipo los tribunales tienen

que evaluar los siguientes factores: (1) si el apelante

plantea una cuestión sustancial en el recurso de

apelación; (2) la naturaleza del delito; y (3) si el

carácter y antecedentes penales del acusado así como el

interés del Estado en la protección de la sociedad,

aconsejan la reclusión del convicto.

A pesar de que la Regla 198 de Procedimiento Criminal,

supra, parece indicar que los tribunales tienen discreción

para conceder la fianza en apelación, la realidad es que

de una lectura sosegada de la referida Regla se puede

concluir que la otorgación de la fianza en apelación está

prohibida en cualquiera de las siguientes situaciones: (1)

el recurso entablado no plantee una cuestión sustancial; o

(2) la naturaleza del delito o el carácter y antecedentes

penales del acusado, aconsejen, a juicio del tribunal y

para la protección de la sociedad, la reclusión del

convicto mientras se ventile el recurso. Pérez Aldarondo

v. Tribunal Superior, supra, págs. 6-7.

En otras palabras, la Regla 198 de Procedimiento

Criminal, supra, prohíbe que los tribunales concedan

fianza en apelación “si el recurso no plantea una cuestión

sustancial, independientemente de cuál sea la naturaleza

del delito o el carácter y antecedentes del acusado”.

Pérez Aldarondo v. Tribunal Superior, supra, pág. 7.

(Énfasis suplido). Siguiendo ese mismo razonamiento, hemos

reiterado que “[t]ampoco se admitirá fianza si la CC-2016-0050 13

naturaleza del delito o el carácter del acusado mueven al

tribunal a concluir que el acusado constituye un peligro

para la sociedad, independientemente de que el recurso

pueda plantear una cuestión sustancial‖. Id.; López

Rodríguez v. Otero de Ramos, 118 DPR 175, 180 (1986).

(Énfasis suplido). Véanse por ejemplo, Pueblo v. Díaz

Díaz, 105 DPR 170 (1976)(Revocamos una concesión de fianza

en apelación toda vez que el TPI no tomó en consideración

el historial penal del convicto y el menosprecio a la ley

y los procedimientos judiciales, a pesar de que entendió

que el convicto planteó una cuestión sustancial); López

Rodríguez v. Otero de Ramos, supra (Confirmamos una

denegatoria de fianza en apelación basándonos en la

naturaleza de los delitos, la forma en que fueron

cometidos y la peligrosidad de los acusados,

independientemente de que no habían sido convictos

anteriormente).

Para determinar si el convicto plantea una cuestión

sustancial, los tribunales deben evaluar con detenimiento

―los planteamientos en que se basa el ataque que en

apelación habrá de hacerse al fallo del tribunal

sentenciador y las probabilidades de éxito de ese ataque‖.

Pérez Aldarondo v. Tribunal Superior, supra, pág. 6.

(Énfasis suplido). Después de todo, cualquier convicto

puede levantar un sinnúmero de controversias complejas

que, incluso, puedan consistir en planteamientos CC-2016-0050 14

constitucionales. No obstante, eso por sí solo, no es

suficiente.

La tarea de los tribunales es examinar, caso a caso,

todos los planteamientos del convicto para determinar si

tiene o no probabilidades de prevalecer en los méritos. En

caso de que no exista una probabilidad real de prevalecer

en los méritos, procede la denegatoria de la petición. Así

por ejemplo, en Pueblo v. Martínez Padró, 91 DPR 536, 539

(1964)(Per Curiam), luego de que examinamos con

detenimiento la transcripción del juicio así como la

prueba documental, pudimos concluir que los planteamientos

del convicto no constituían una cuestión sustancial, a

pesar de que involucraban ―complicados principios de

derecho‖.

Sin lugar a dudas este análisis debe ser realizado

sosegadamente, no de manera laxa o precipitada. Para

cumplir con ese estándar, como regla general, los

tribunales tendrán la necesidad de evaluar las

transcripciones del juicio y la prueba presentada para

llegar a una conclusión fundamentada. No es casualidad

entonces que la propia Regla 198 de Procedimiento

Criminal, supra, sugiera que junto con la solicitud de

fianza en apelación sometida ante los tribunales

apelativos, se acompañe una transcripción de la prueba.

En cuanto al proceso atinente a la solicitud de fianza

de apelación, hemos resuelto que la Regla 198 de

Procedimiento Criminal, supra, dispone que como regla CC-2016-0050 15

general esta solicitud debe presentarse ante el tribunal

sentenciador. Naturalmente, es ese foro quien tuvo la

oportunidad de evaluar la evidencia presentada en juicio

y, por lo tanto, está en mejor posición para analizar los

criterios provistos en la referida regla.

La función del Tribunal de Apelaciones y de este

Tribunal consiste en la revisión de la determinación

tomada en primera instancia por el tribunal sentenciador.

Solo a manera de excepción, la Regla 198 de Procedimiento

Criminal, supra, provee jurisdicción original a los

tribunales apelativos en casos que el convicto demuestre

que existe una situación de verdadera urgencia o cuando

resulte impracticable presentar la solicitud ante el

tribunal sentenciador. Pérez Aldarondo v. Tribunal, supra,

pág. 7.

Como corolario de la función revisora, la Regla 198 de

Procedimiento Criminal, supra, exige que la solicitud de

fianza en apelación sea acompañada de copia sellada de la

solicitud hecha al tribunal sentenciador, copia del

dictamen del tribunal de instancia, la transcripción de la

prueba —si se hubiere presentado— y lo que la regla llama

un breve ―informe‖ en el que se expongan las razones por

las cuales entiende que la determinación del foro de

instancia es errónea.

Es imperativo que el foro de instancia exprese los

fundamentos por los cuales, a su juicio, la apelación

carece de sustancialidad o que el interés en la protección CC-2016-0050 16

a la sociedad —i.e., víctima, testigos, entre otros—

impide que el convicto continúe en la libre comunidad.

Véase, Pérez Aldarondo v. Tribunal, supra, pág. 9. De lo

contrario, los foros apelativos no podrán estar en

posición de revisar y adjudicar la petición de fianza.

III

A.

En el presente caso el señor Arlequín fue encontrado

culpable del delito tipificado en el Artículo 4.2(b) de la

Ley Núm. 1, supra, y del delito de acoso sexual. Aún

pendiente la reconsideración de la Sentencia impuesta, el

señor Arlequín Vélez recurrió al Tribunal de Apelaciones

mediante el recurso de apelación KLAN201501958. Además,

presentó una Moción para Solicitar la Imposición de Fianza

en Apelación ante el TPI. En vista de que el recurso de

apelación fue presentado mientras estaba pendiente la

solicitud de reconsideración, el mismo fue prematuro y, en

consecuencia, el Tribunal de Apelaciones carecía de

jurisdicción para atenderlo. Véase, Pueblo v. Santana

Rodríguez, 148 DPR 400 (1999). Véase en general, Juliá et

al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357 (2001);

Hernández v. Marxuach Const. Co., 142 D.P.R. 492, 497-498

(1997)(Per Curiam); Rodríguez v. Zegarra, 150 D.P.R. 649,

654 (2000)(Per Curiam). Véase además, Mun. Rincón v.

Velázquez Muñiz, 192 DPR 989, 1004 (2015).

La presentación de un recurso prematuro como el

KLAN201501958 carece de eficacia y no produce ningún CC-2016-0050 17

efecto jurídico. Pueblo v. Santana Rodríguez, supra, pág.

402; Rodríguez Díaz v. Zegarra, supra, pág. 654. De igual

forma, la Moción para Solicitar la Imposición de Fianza en

Apelación presentada ante el TPI debió tenerse por no

puesta, toda vez que estaba fundada en un recurso de

apelación nulo e inexistente jurídicamente.

El señor Arlequín Vélez aduce, no obstante, que su

solicitud de reconsideración ante el TPI no paralizó el

término jurisdiccional para acudir en apelación al

tribunal apelativo intermedio, toda vez que dicha moción

―no fue presentada para solicitar la reconsideración del

fallo condenatorio, sino que fue presentada para que la

sentencia impuesta fuera cumplida en restricción

domiciliaria…‖. Escrito para Mostrar Causa, pág. 31.

Sostiene, además, que el escrito de apelación fue

presentado oportunamente el 21 de diciembre de 2015 toda

vez que en esa misma fecha el TPI declaró No Ha Lugar

oralmente a su solicitud de reconsideración, luego de

haber escuchado los respectivos argumentos de las partes.

Id., págs. 30-31. Sin embargo, notamos que estos

planteamientos desafían varios conceptos básicos del

procedimiento criminal y hasta los propios actos del

convicto.

La Regla 194 de Procedimiento Criminal, supra,

dispone clara e inequívocamente que si una parte solicita

la reconsideración de la Sentencia,

el término para radicar el escrito de apelación o de certiorari quedará interrumpido y el mismo CC-2016-0050 18

comenzará a partir de la fecha en que se archive en autos la notificación de la resolución del tribunal adjudicando la moción de reconsideración.

34 LPRA Ap. II, R. 194. (Énfasis suplido).

En este caso no hay duda que el convicto solicitó una

reconsideración de la pena impuesta, es decir, de la

Sentencia impuesta. Véase, Regla 162 de Procedimiento

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 162 (―El término ‗sentencia‘

significa el pronunciamiento hecho por el tribunal en

cuanto a la pena que se le impone al acusado‖). En virtud

de la Regla 194 de Procedimiento Criminal, supra, la

solicitud de reconsideración tuvo el efecto de interrumpir

el término para que el señor Arlequín Vélez recurriera al

Tribunal de Apelaciones. Véase, Pueblo v. Santana

Rodríguez, supra.

Conforme a la Regla 194 de Procedimiento Criminal,

supra, el término para que el señor Arlequín Vélez

recurriera al tribunal apelativo intermedio comenzó el 28

de diciembre de 2015, fecha en que se archivó en autos la

notificación de la Resolución del tribunal sentenciador

que adjudicó la moción de reconsideración. Así pues,

resulta evidente que el recurso de apelación KLAN201501958

fue presentado prematuramente.

En la opinión de conformidad el Juez Asociado señor

Martínez Torres acoge la teoría del señor Arlequín Vélez y

concluye que el término para recurrir al Tribunal de

Apelaciones comenzó el 21 de diciembre de 2015. Fundamenta

su conclusión en que la solicitud de reconsideración fue CC-2016-0050 19

dictada en corte abierta y, en consecuencia, entiende que

aplican las enmiendas a la Regla 194 de Procedimiento

Criminal, supra, introducidas mediante la Ley Núm. 140-

2013. Esta conclusión descansa en las alegaciones del

señor Arlequín Vélez y en una moción presentada por el FEI

ante el tribunal sentenciador.

Sin embargo, del expediente no surge evidencia en la

cual pueda sostener tal alegación que incide directamente

sobre la jurisdicción de los tribunales apelativos. Por el

contrario, la evidencia que sí existe en autos consiste en

la boleta de la notificación Resolución mediante la cual

el tribunal sentenciador denegó la solicitud de

reconsideración, y de cuyo lenguaje claro y preciso se

desprende que dicha Resolución fue dictada el 23 de

diciembre de 2015, archivada en autos copia de su

notificación el 28 de diciembre de 2015. Más aun, hemos

examinado cuidadosamente la referida Resolución y de ella

tampoco se desprende que el TPI haya hecho su dictamen en

corte abierta. Por tanto, la conclusión a la cual llega la

opinión de conformidad se basa en fundamentos

especulativos, en especial cuando se pesan las alegaciones

de las partes son contrarias a los dictámenes del tribunal

sentenciador.

En ausencia de una minuta o documento alguno que nos

permita concluir que el referido dictamen fue hecho en

corte abierta, el señor Arlequín Vélez no nos puso en

posición de interpretar las enmiendas introducidas a la CC-2016-0050 20

Regla 194 de Procedimiento Criminal, supra, y mucho menos

en posición de examinar cuestiones jurisdiccionales a base

de meras alegaciones. Véanse, U.P.R. Aguadilla v. Lorenzo

Hernández, 184 D.P.R. 1001, 1013 (2012); Pereira Suárez v.

Jta. Dir. Cond., 182 D.P.R. 485, 509-510 (2011); Alberty

v. Bco. Gub. de Fomento, 149 D.P.R. 655, 671 (1999).

Así pues, al aceptar como correctas meras alegaciones

en cuanto a cuestiones jurisdiccionales, cuatro (4) jueces

de este Tribunal parecen modificar implícitamente

principios trascendentales sobre la jurisdicción de los

tribunales, tales como que los tribunales son quienes

tienen el deber último de examinar su jurisdicción y que

las partes no pueden voluntariamente conferir

jurisdicción. Véanse, Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera

Schatz, 180 DPR 920, 935-936 (2011); González v. Mayaguez

Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009); Pagán v. Alcalde

Mun. De Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997); Vázquez v.

A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991). Nuevamente nos

enfrentamos ante péndulo desarmonizado.17

En fin, le asiste la razón al FEI al plantear en su

segundo error que el Tribunal de Apelaciones incidió al

ordenar la consolidación del recurso KLAN201501958, máxime

17 Parecería ser que la rigurosidad con la que examinábamos cuestiones jurisdiccionales es cosa del pasado. Debo suponer que al menos cuatro (4) jueces de este Tribunal, estarían dispuestos en el futuro a examinar su jurisdicción a base de las alegaciones y/o estipulaciones que hagan las partes, sin necesidad de examinar una minuta, boleta de notificación o evidencia del depósito en el correo de la resolución o sentencia recurrida. CC-2016-0050 21

cuando el Tribunal fue advertido oportunamente de la falta

de jurisdicción. Ap. Certiorari, págs. 100-104. Véase,

Yumac Home v. Empresas Massó, res. 5 de noviembre de 2015,

2015 TSPR 148, 194 DPR __ (2015)(―[L]os tribunales debemos

ser celosos guardianes de esa jurisdicción que nos ha sido

concedida…‖); Horizon v. JTA. Revisora, RA Holdings, 191

DPR 228, 234 (2014); Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184

DPR 393, 403 (2012)(Las cuestiones jurisdiccionales deben

ser resueltas con preferencia a cualquier otro asunto).

B.

Ahora bien, consciente del grave e irreparable

defecto de su recurso de apelación, el señor Arlequín

Vélez desistió del mismo y presentó otro recurso de

apelación en el caso KLAN2016000021, conjuntamente con una

Moción Urgente para Solicitar la Imposición de Fianza en

Apelación en ese mismo caso. Esta solicitud fue la que el

Tribunal de Apelaciones concedió y hoy la revisamos.

El convicto argumentó en la solicitud de fianza que en

su recurso de apelación planteó cuestiones sustanciales

toda vez que ―cuestion[ó] la constitucionalidad del

artículo de ley por el cual fue procesado…‖. Ap.

Certiorari, págs. 92-93. (Subrayado suprimido); véase,

Escrito Para Mostrar Causa, pág. 21. Otra cuestión

alegadamente sustancial que señaló consiste en que el FEI

no probó su culpabilidad más allá de duda razonable.

Ap. Certiorari, pág. 94; véase, Escrito Para Mostrar

Causa, págs. 24-25. Además, adujo que los delitos por los CC-2016-0050 22

cuales fue encontrado culpable alegadamente no reflejan

violencia y que de haber sido cometidos ―por cualquier

persona en Puerto Rico, serían catalogad[o]s como un

delito menos grave‖. Ap. Certiorari, págs. 96-97; véase,

Escrito Para Mostrar Causa, págs. 26-27.

En cuanto a su carácter, el señor Arlequín Vélez

sostuvo que es una persona de sesenta y tres (63) años de

edad, que fue servidor público desde el año 1975 y se

desempeñó como Alcalde del Municipio de Guayanilla desde

el año 2000 hasta el 2015. Adujo que es un buen padre,

hijo, vecino, es querido en el pueblo donde vive, nunca ha

sido convicto por delito grave, y no representa riesgo

para la sociedad. Ap. Certiorari, pág. 97.18

Conforme a la discusión que antecede, el Tribunal de

Apelaciones erró al atender la solicitud de fianza en

primera instancia, sin permitir que el tribunal

sentenciador adjudicara sus méritos mediante una decisión

fundamentada. Véase, Regla 198 de Procedimiento Criminal,

supra; Pérez Aldarondo v. Tribunal Superior, supra, págs.

7-9. Nótese que en el presente caso el convicto ni

siquiera alegó que existieran circunstancias de ―verdadera

urgencia‖ o que hicieran ―impráctica‖ la presentación de

una solicitud de fianza ante el tribunal de instancia. Por

18 Por último, adujo que padece de una enfermedad coronaria severa, padece de alta presión, colesterol alto y problemas cardiacos en general, por lo que debe ingerir diversos medicamentos para sus condiciones. Véase, Escrito Para Mostrar Causa, págs. 28-29. CC-2016-0050 23

tal razón, el foro apelativo a quo debió abstenerse de

adjudicar la petición de fianza.

Contrario a lo sugerido en la opinión de conformidad,

el Tribunal de Apelaciones no podía abrogarse la autoridad

para atender en primera instancia una solicitud de fianza

en apelación por el simple hecho de que el TPI no expresó

los fundamentos para denegarla. En su lugar debió

ordenarle al tribunal sentenciador que evaluara la

solicitud de fianza en apelación y emitiera una decisión

fundamentada, o denegarla por incumplimiento con la Regla

198 de Procedimiento Criminal, supra.19

Por otro lado, al revisar el análisis del Tribunal de

Apelaciones en torno a los méritos de la solicitud de

fianza, colegimos que también cometió graves errores en su

análisis. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el

convicto planteó cuestiones sustanciales en su apelación.

Sin embargo, hemos leído con sumo detenimiento la

Resolución de ese foro y nos hemos percatado que ni

siquiera analizó las probabilidades de éxito de esos

planteamientos. Véase, Pérez Aldarondo v. Tribunal

Superior, supra, págs. 6-7. En su lugar, el tribunal

apelativo intermedio expuso los planteamientos que el

convicto señaló como sustanciales y a renglón seguido,

19 Si bien es cierto que el TPI denegó la solicitud de fianza presentada el 21 de diciembre de 2015 ante ese foro, tal y como discutimos previamente, la referida petición debe tenerse por no puesta en la medida en que el recurso de apelación que sirvió como base para la solicitud de fianza era prematuro. CC-2016-0050 24

concluyó que los planteamientos constituían una cuestión

sustancia y novel, sin ningún análisis o fundamento

ulterior. Ap. Certiorari, pág. 5. Un razonamiento

infundado como el del Tribunal de Apelaciones en este

caso, no merece nuestra discreción.

Como cuestión de hecho, el Tribunal de Apelaciones

consignó en su Resolución que no adelantaría su criterio

en torno a los planteamientos del señor Arlequín ―pues no

est[aba] en posición de hacerlo sin contar con el

expediente completo del caso, así como con la

transcripción de la prueba que desfiló y la argumentación

correspondiente de ambas partes…‖. Ap. Certiorari, pág. 5.

(Énfasis suplido). Cabe señalar que al momento de conceder

la fianza en apelación el Tribunal de Apelaciones contaba

meramente con el lacónico recurso de apelación criminal el

cual contiene únicamente los señalamientos de error. Ap.

Certiorari, págs. 86-87.

Así pues, el foro apelativo intermedio reconoció la

necesidad de contar con un recurso perfeccionado y la

transcripción de la prueba, pero inexplicablemente evadió

el análisis de sustancialidad y las probabilidades de

éxito de los planteamientos del convicto. En ausencia de

este análisis, el Tribunal de Apelaciones claramente se

precipitó en concluir que el recurso planteaba una

cuestión sustancial. Más aun, la carencia de una

determinación en torno a la existencia de una cuestión

sustancial conlleva irremediablemente la prohibición de la CC-2016-0050 25

discreción del foro apelativo intermedio a favor de la

concesión de la fianza en apelación. Véase, Pérez

Aldarondo v. Tribunal Superior, supra, pág. 7 (Cuando no

existe una cuestión sustancial el tribunal carece de

discreción para otorgar la fianza, independientemente de

la naturaleza del delito o el carácter del acusado).

En la opinión de conformidad se concluye que el señor

Arlequín Vélez levantó una cuestión sustancial en el

segundo error planteado ante el Tribunal de Apelaciones.

En específico, el convicto planteó que fue encontrado

culpable por infracción al Artículo 4.2 de la Ley Núm. 1,

supra, ―a pesar de que hubo ausencia total de prueba en

cuanto a uno o más de los elementos del delito‖.

Sin embargo, la opinión de conformidad en este caso

también falla en proveer un análisis en torno a las

probabilidades de prevalecer de este planteamiento de

error y lo sustituye meramente por una exposición del

argumento del señor Arlequín Vélez, sin adjudicar –y mucho

menos fundamentar– las probabilidades que tiene ese

argumento de prevalecer en los méritos. En vista de que

los tribunales apelativos aún no hemos tenido el beneficio

de analizar la prueba presentada en este caso, puedo

comprender que esos cuatro (4) jueces de este Tribunal

tampoco pueden emitir su juicio fundamentado a tales

efectos. Es por esa razón que opinamos que la fianza en CC-2016-0050 26

apelación fue otorgada de manera precipitada, sin el rigor

debido.20

Cabe señalar que el análisis en torno a la

sustancialidad de los planteamientos no tiene que ser una

―disertación exhaustiva‖ como erróneamente se sugiere en

la opinión de conformidad. Empero, sí debe ser una

determinación fundamentada. En ese sentido, opino que erró

el tribunal apelativo intermedio al concluir que los

planteamientos del señor Arlequín Vélez eran sustanciales,

sin evaluar y fundamentar las probabilidades de que este

prevaleciera en los méritos.

De otro lado, la Resolución del Tribunal de

Apelaciones está huérfana del análisis en torno a la

naturaleza de los delitos cometidos por el convicto. A

esos efectos, pudo por ejemplo, haber considerado que en

esta jurisdicción es política pública que los funcionarios

del Estado deben mantener los más altos estándares de

pulcritud, honestidad, integridad e imparcialidad. Solo

así se garantiza el buen funcionamiento de las

instituciones gubernamentales y la confianza de los

ciudadanos en su gobierno. Véanse en general, OEG v.

Santiago Guzmán, 188 DPR 215 (2013); Oficina de Ética

Gubernamental v. Concepción Bonilla, 183 DPR 695 (2011);

20 Si bien no descartamos la posibilidad de que los tribunales puedan examinar los méritos de un planteamiento puramente de Derecho, la realidad es que el segundo error sometido ante el Tribunal de Apelaciones está intrínsecamente relacionado a la prueba presentada por el FEI durante el juicio. CC-2016-0050 27

Oficina de Ética Gubernamental v. Rodríguez, 159 DPR 98

(2003).

Sin ánimo de adjudicar los méritos de los

planteamientos sustantivos que el convicto pueda levantar

en su apelación, también pudo haber considerado y sopesado

el factor de que los delitos por los cuales el señor

Arlequín Vélez fue convicto laceran la legitimidad y

decoro de la gobernanza pública del Pueblo de Puerto Rico.

Como si ello fuera poco, el delito de acoso sexual

conllevó la laceración de la dignidad e integridad de una

mujer trabajadora, quien tuvo que confrontarse con un

hostigamiento sexual intenso por parte de quien ostentaba

la posición de Alcalde del gobierno municipal donde

trabajaba. Véase, Ap. Certiorari, págs. 125-126.

Las acusaciones por las cuales fue convicto el señor

Arlequín Vélez también reflejan que este hizo constantes y

crudos acercamientos sexuales a la víctima, lacerando así

su dignidad como mujer trabajadora. Como si ese ambiente

laboral hostil y ofensivo fuera poco, los hechos en este

caso indican que señor Arlequín Vélez llegó al punto de

utilizar su poder como servidor público para imponerle a

la víctima una amonestación y hasta realizó gestiones

afirmativas para lograr su despido eliminando su puesto.

Sin embargo, nada de esto fue considerado por el foro

apelativo intermedio.

En cuanto al carácter y antecedentes penales del

convicto, el Tribunal de Apelaciones concluyó que el señor CC-2016-0050 28

Arlequín Vélez ―no tiene antecedentes penales, ni surge

del récord que presente riesgo significativo de fuga‖. Ap.

Certiorari, pág. 5. Asimismo, razonó que tampoco podía

―concluir, sobre la base del récord disponible y la

argumentación del FEI, que el señor Arlequín Vélez

constituya un ‗peligro para la sociedad‘‖. Ap. Certiorari,

pág. 5.

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones no tenía ante

sí la evidencia suficiente para hacer una determinación en

torno a la peligrosidad y el carácter del convicto. No es

sorpresa entonces que para llegar a su conclusión, el foro

apelativo intermedio tuvo que fundamentar su razonamiento

en frases ambiguas tales como que ―no aparenta haber

controversia sobre el hecho de que el Apelante no tiene

antecedentes penales, ni surge del récord que presente

riesgo significativo de fuga‖. Ap. Certiorari, pág. 5.

Esto no es suficiente. Es imperativo que los tribunales

examinen y adjudiquen todas estas alegaciones con rigor.

No obstante, en la opinión de conformidad se señala

que en la medida en que el FEI no presentó ante el

Tribunal de Apelaciones una oposición a la solicitud de

fianza en apelación, el tribunal apelativo intermedio

oposición. Sin embargo, omite crasamente en su análisis

considerar el lenguaje de la Regla 198 de Procedimiento

Criminal, supra, la cual dispone expresamente que los

tribunales apelativos no admitirán fianza en apelación CC-2016-0050 29

“sin antes dar al Procurador General oportunidad de ser

oído”. (Énfasis suplido).

Además, la opinión de conformidad saca de contexto

hechos trascendentales para llegar a la conclusión de que

el FEI no presentó oposición a tales fines. Por esa razón,

debe aclararse que si bien es cierto que el tribunal

apelativo intermedio le proveyó oportunidad al FEI para

que se expresara en torno a la solicitud de fianza en el

caso KLAN201501958,21 en esa ocasión el FEI solicitó la

desestimación de la apelación y la solicitud de fianza por

la primera haber sido presentada de manera prematura.

Como todos conocemos, esa solicitud de desestimación

debió haber sido resuelta con preferencia a cualquier otro

asunto planteado. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb.,

183 DPR 1, 22 (2011). Sin embargo, el Tribunal de

Apelaciones adjudicó la solicitud de fianza sin resolver

la cuestión jurisdiccional y sin ofrecerle una oportunidad

efectiva al FEI para que se expresara en torno a los

méritos de la oposición del FEI.

En conclusión, en la medida en que el Tribunal de

Apelaciones no realizó el análisis íntegro que exige la

Regla 198 de Procedimiento Criminal, supra, y nuestra

jurisprudencia, la realidad es que no tenía discreción

para conceder a ciegas la fianza en apelación solicitada

21 Valga señalar que en el recurso KLAN2016000021 nunca se le dio oportunidad al FEI para que se expresara en torno a la solicitud de fianza presentada en ese recurso. CC-2016-0050 30

por el señor Arlequín Vélez. Sin lugar a dudas, en este

caso el Tribunal de Apelaciones se precipitó al conceder

la fianza en apelación sin evaluar los elementos exigidos

por la referida regla. Este Tribunal no tiene razón alguna

por la cual otorgarle discreción a una determinación

tomada por el Tribunal de Apelaciones arbitrariamente y

sin los fundamentos que en Derecho corresponden.

C.

Por último, el FEI plantea en su tercer señalamiento

de error que el Tribunal de Apelaciones incidió al asignar

la solicitud de reconsideración a un panel distinto al que

atendió el asunto originalmente. Le asiste razón.

La Regla 84 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones dispone, en lo pertinente, como sigue:

(C) Las mociones de reconsideración serán resueltas, en lo posible, por el mismo panel que haya emitido la decisión, asignándose su atención para el correspondiente informe a un Juez(a) distinto(a) de quien suscribió la orden, resolución o sentencia original.

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 84.

La norma general en términos de asignación de las

mociones de reconsideración en el Tribunal de Apelaciones,

es que el panel que emite una decisión sobre un caso es

quien debe atender la reconsideración. Como correctamente

arguye el FEI, la asignación de una solicitud de

reconsideración a un panel distinto al que emitió la

decisión original, solo se permite vía excepción en

aquellos casos en los que sea imposible la asignación de CC-2016-0050 31

la reconsideración al panel que emitió la decisión cuya

reconsideración se solicita.

En este caso, la reconsideración de la denegatoria de

fianza en apelación debió, por tanto, ser atendida por el

Panel Especial que adjudicó en su origen la solicitud de

fianza en apelación. Es decir, el Panel Especial compuesto

por su Presidente el Juez Piñero González, la Jueza Nieves

Figueroa y la Jueza Vicenty Nazario, era quien tenía la

competencia para entender en la solicitud de

reconsideración del convicto.

Cabe señalar que ese Panel Especial atendió la

solicitud de fianza como consecuencia de una Orden

Administrativa que creó unos paneles especiales con motivo

de los días festivos y los cierres parciales decretados en

la Rama Judicial. Véase, Escrito Para Mostrar Causa, pág.

10-13. No obstante, la realidad es que una Orden

Administrativa no puede sobreseer o revocar las

disposiciones reglamentarias emitidas por el Tribunal

Supremo en sus facultades constitucionales.

Así pues, en la medida en que los jueces integrantes

del Panel Especial continúan al día de hoy en el ejercicio

de sus deberes ministeriales, es forzoso concluir que era

posible asignarle a este mismo panel la solicitud de

reconsideración, tal y como lo exige la letra clara de la

Regla 84 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

supra. CC-2016-0050 32

Nótese que la Regla 84 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, supra, no hace distinción entre paneles

―regulares‖ y paneles ―especiales‖, sino que se refiere a

los paneles de manera general. Es por esa razón que

opinamos que la referida Regla es de aplicación tanto al

primero así como al segundo tipo de panel.

En conclusión, el Tribunal de Apelaciones creó la

anomalía impermisible en nuestro sistema jurídico

consistente en que unos jueces de ese tribunal revisaron y

revocaron una determinación de otros jueces de igual

jerarquía. Esto atenta directamente contra la

administración ordenada de nuestro sistema jerárquico de

justicia toda vez que la autoridad para revisar, anular o

revocar una determinación de un tribunal reside en otro

tribunal de mayor jerarquía. Véase en general, Pueblo v.

Pérez, 159 DPR 554, 559 (2003); véase además, R. Hernández

Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, San Juan, Ed.

Michie, 1997, pág. 317 (jurisdicción apelativa es la

autoridad de un tribunal de jerarquía superior de revocar,

anular, modificar o confirmar determinaciones de un

tribunal de inferior jerarquía).22

IV

22 Por último, es menester señalar que a pesar de que el Panel Especial no estaba constituido al momento en que se presentó la solicitud de reconsideración, la realidad es que este pudo haber sido constituido administrativamente –tal y como ocurre con cierta frecuencia tanto en el Tribunal de Apelaciones así como con las Salas Especiales de este Tribunal– para dar fiel cumplimiento a la Regla 84 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. CC-2016-0050 33

A la luz de los fundamentos expuestos anteriormente,

considero que la intervención de este Tribunal era

necesaria y apropiada en este momento para proteger la

seguridad de la sociedad. En consecuencia, revocaría la

Resolución del Tribunal de Apelaciones mediante la cual se

concedió una fianza en apelación al señor Arlequín Vélez,

fechada el 19 de enero de 2016, sin perjuicio de que el

Tribunal de Primera Instancia pudiera atender una nueva

solicitud de fianza en apelación a tenor con la Regla 198

de Procedimiento Criminal, supra.

Mildred G. Pabón Charneco Jueza Asociada