EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Shelley Ann Otero Vélez Certiorari Peticionaria 2018 TSPR 56 v. 200 DPR ____ Víctor L. Schroder Muñoz
Recurrido
Número del Caso: CC-2017-156
Fecha: 10 de abril de 2018
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón
Abogados de la parte peticionaria:
Por derecho propio
Abogados de la parte recurrida
Lcda. María M. Serrano Freiría
Materia: Derecho procesal civil - Una resolución enmendada, emitida en un caso de alimentos, en que se modifica la cuantía sobre unos créditos concedidos a una de las partes por gastos incurridos en servicios brindados a menores no es un error subsanable mediante enmienda nunc pro tunc.
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Shelley Ann Otero Vélez
Peticionaria
v. CC-2017-0156 Certiorari
Víctor L. Schroder Muñoz
EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR RIVERA GARCÍA emitió la opinión del Tribunal.
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de abril de 2018.
En esta ocasión tenemos la oportunidad de
resolver si una determinación en un caso de alimentos
emitida mediante Resolución Enmendada, en la que se
modificó la cuantía sobre unos créditos concedidos a
una de las partes por gastos incurridos en servicios
brindados a unos menores, constituye un dictamen
revisable o si por el contrario es un error
subsanable mediante enmienda nunc pro tunc.
I
El 13 de octubre de 2012, luego de que advino final y
firme la sentencia de divorcio, quedó disuelto el
vínculo matrimonial entre el Sr. Víctor L. Schroder
Muñoz (señor Schroder Muñoz o recurrido) y la 2
Sra. Shelley Ann Otero Vélez (señora Otero Vélez o
peticionaria). En la sentencia correspondiente se fijó una
pensión alimentaria provisional a favor de los dos hijos
menores de edad y se establecieron las relaciones
paternofiliales. El Tribunal de Primera Instancia resolvió
que la custodia de los menores la retendría la madre hasta
que la Unidad Social atendiera una solicitud de custodia
compartida que presentó el señor Schroder Muñoz, padre de
éstos.1
El 20 de agosto de 2014 ese foro notificó una
Resolución en la que determinó que la custodia sería
compartida entre ambos padres con un plan de semanas
alternas. 2 Posteriormente, fijó una pensión alimentaria de
$ 3,207 y ordenó que el pago por mensualidades de colegio lo
realizara el padre directamente a la institución escolar.3
Así las cosas, el 15 de octubre de 2014 el señor
Schroder Muñoz presentó una Solicitud de ajuste de pensión
alimentaria ante [el] cambio de custodia a custodia
compartida. A tales efectos, el foro de primera instancia
ordenó a la Examinadora de Pensiones Alimentarias (EPA) a
1 Demanda, Apéndice “C” de la petición de certiorari, Anejo IX,
págs. 33-38. Luego de varias vistas sobre pensión alimentaria, el 4 de junio de 2014, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución, notificada el 13 de junio de 2014, en la que ordenó al señor Schroder Muñoz a pagar una pensión alimentaria de $ 5,096 mensuales. También le reconoció una reserva de ingresos de $ 515. Véase Apéndice “C” de la petición de certiorari, Anejo XIV, pág. 66. 2Este hecho surge del Informe de la Examinadora de Pensiones Alimenticias del 7 de julio de 2016, Apéndice “C” de la petición de certiorari, Anejo XXIV, págs. 159-171. 3Es importante destacar que el tribunal, al fijar la pensión alimentaria, no adjudicó el crédito correspondiente por el cambio de custodia monoparental a custodia compartida. 3
señalar una vista de modificación de pensión y a examinar si
procedía un ajuste sobre varios créditos que tanto la
peticionaria como el señor Schroder Muñoz reclamaron por
pagos hechos directamente a varios proveedores de servicio
que utilizan para sus hijos.
Luego de varios trámites procesales, el tribunal
determinó, mediante Resolución notificada el 21 de enero de
2016, que procedía un crédito a favor de la peticionaria por
$ 45,475.56. 4 No obstante, el 1 de febrero de 2016 el
recurrido solicitó la reconsideración del dictamen. Alegó
que el Informe de la EPA no atendió el ajuste en el cálculo
de la pensión por custodia compartida ni realizó
correctamente el cálculo para el ajuste en el crédito
correspondiente por los pagos que realizó al colegio de los
menores.5
El 7 de marzo de 2016 el Tribunal de Primera Instancia
declaró ha lugar a la solicitud de reconsideración que
presentó el señor Schroder Muñoz y refirió nuevamente el
asunto a la EPA. El 8 de julio de 2016 el foro de primera
instancia emitió una Resolución, notificada el 12 de julio
de 2016, en la que adoptó el Informe de la EPA. En
consecuencia, redujo la pensión alimentaria a $ 789.10
mensuales y aumentó la reserva de ingresos a $ 615, conforme
a las Guías mandatorias para computar las pensiones
4 Apéndice “C” de la petición de certiorari, Anejo XIV, pág. 63. 5Ello, según lo dispuso el tribunal en la Resolución de 20 de agosto de 2014. 4
alimentarias en Puerto Rico. 6 En cuanto al reclamo sobre el
cálculo del crédito reconoció que procedía un ajuste a favor
del recurrido por $ 31,862.29.7
Inconforme con tal determinación, el 27 de julio de
2016, la peticionaria presentó una Moción de
reconsideración. En primer lugar, solicitó que se aclarara
que la nueva resolución lo que hizo fue “modificar” la
pensión anterior y no “fijar” una nueva pensión. Arguyó que
esta aclaración era necesaria por si en la eventualidad
solicitaba una revisión de pensión alimentaria, no comenzara
a transcurrir nuevamente el término prescriptivo de tres
años. Además, alegó que tanto el crédito por pagos
realizados, así como la reserva de ingresos reconocida al
padre de los menores en la resolución eran demasiado altos.
Específicamente, señaló que el inciso 16 de las
determinaciones de hecho que realizó la EPA en su Informe
concluyó erróneamente que procedía la adjudicación de un
crédito hasta el mes de mayo a razón de $ 2,207 mensuales.
Puntualizó -y sustentó con prueba documental- que eso no era
correcto ya que desde ese mes el recurrido comenzó a
depositar $ 800 por pensión alimentaria a su cuenta
6Reglamento Núm. 8529, Administración para el Sustento de Menores, Departamento de la Familia, 30 de octubre de 2014. 7 Esta reducción se debió al cambio en la custodia de los menores a
una custodia compartida y el reembolso por los pagos que realizó al colegio de los menores. Véase Solicitud de ajuste de pensión alimentaria ante cambio de custodia a custodia compartida, Apéndice “C” de la petición de certiorari, Anejo XII, págs. 50-51. 5
bancaria. 8 Finalmente, sostuvo que la EPA no tomó en
consideración el cambio sustancial en el ingreso del señor
Schroder Muñoz. Este último se opuso a los planteamientos
hechos por la peticionaria. No obstante, aceptó que procedía
el ajuste en el crédito adjudicado.9
El 23 de agosto de 2016, el Tribunal de Primera
Instancia notificó una Resolución y Orden en la que atendió
la moción de reconsideración. En cuanto a la solicitud para
que se corrigiera el lenguaje utilizado, ordenó a la EPA que
sometiera un proyecto de resolución que aclarara que la
pensión fue “modificada” y no “fijada”. 10 Respecto a si
procedía reducir el crédito que reconoció al recurrido,
ordenó a la EPA a considerar ese asunto. En cuanto a los
demás planteamientos, los declaró no ha lugar.11
El 28 de octubre de 2016, el foro primario notificó una
Resolución Enmendada en la cual hizo contar que
“modifica[ba] la pensión alimentaria a la cantidad de
$789.10 mensuales”.12 En esa resolución entendió que procedía
8 Moción de reconsideración, Apéndice “C” de la petición de certiorari, Anejo XXV, págs. 172-193. En cuanto a la reserva de ingresos la peticionaria entendió que no procedía el aumento de ésta ya que la pensión se estableció conforme a las Guías para determinar y modificar las pensiones alimentarias en Puerto Rico al amparo del reglamento anterior, a saber el Reglamento 7135 del 24 de abril de 2006. 9 El recurrido reconoció que la Examinadora de Pensiones Alimentarias erróneamente tomó como punto de partida que este realizó pagos hasta junio de 2016 por $ 2,207. Señaló que para cada uno de los meses de mayo y junio depositó $ 800 por lo que en efecto procedía el ajuste. Véase Oposición a reconsideración, Apéndice “C” de la petición de certiorari, Anejo XXVI, págs. 194-196. 10 Resolución y Orden, Apéndice “C” de la petición de certiorari,
Anejo XXVII, pág. 198. 11 Íd. 12 En esta versión, el tribunal añadió que “la suma contempla pensión alimentaria básica y gastos suplementarios de libros, 6
un ajuste en el crédito reconocido al señor Schroder Muñoz
por los pagos realizados. En consecuencia, redujo la
cantidad del crédito que adjudicó en la resolución original
a $ 29,880.20, pero mantuvo intacta la reserva de ingresos
del recurrido.
El 7 de noviembre de 2016, la señora Otero Vélez
compareció por derecho propio y solicitó la reconsideración
de ese dictamen. 13 Sin embargo, el Tribunal de Primera
Instancia la denegó y concluyó que “[l]a enmienda a la
Resolución es a los únicos fines de recoger unas
determinaciones hechas por la Examinadora de Pensiones luego
de celebrada la vista correspondiente”.14
El 28 de noviembre de 2016 la peticionaria acudió por
derecho propio al Tribunal de Apelaciones mediante recurso
de certiorari.15 Alegó que el foro primario erró al modificar
la pensión antes de haber transcurrido el periodo de tres
años desde que se fijó originalmente y al no tomar en
materiales, uniformes, cafetería y deportes. Los pagos de matrícula y mensualidades de los colegios de los menores, se continua pagando conforme a la orden del tribunal del 18 de julio de 2014 notificada al (sic.) 20 de agosto de 2014”. 13La peticionaria también solicitó la paralización de los procedimientos hasta conseguir representación legal. Entre otras cosas, señaló que le ha resultado muy oneroso conseguir quien la represente por los altos costos y gastos que requiere la educación universitaria de su hijo menor quien se encuentra residiendo en Estados Unidos. No obstante, el Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud. Véanse Moción solicitando prórroga en notificación de nueva representación legal y reconsideración de sentencia enmendada, y Resolución y Orden del 9 de noviembre de 2016, Apéndice “C” de la petición de certiorari, Anejo VI, pág. 24 y Anejo VIII, pág. 32, respectivamente. 14 Resolución y Orden de 9 de noviembre de 2016, Apéndice “C” de la
petición de certiorari, Anejo VIII, pág. 32. El término vencía el 27 de noviembre de 2016 pero al ser domingo 15
la fecha de vencimiento se extendió al próximo día laborable, conforme a la Regla 68.1 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009. 7
consideración el aumento en los ingresos del recurrido y la
reducción en sus ingresos.
Por su parte, el señor Schroder Muñoz presentó una
moción de desestimación. Arguyó que el recurso se presentó
de forma tardía, ya que el término para recurrir al foro
apelativo comenzó a transcurrir desde la notificación de la
Resolución y Orden de 23 de agosto de 2016 que atendió la
moción de reconsideración y no desde la notificación de la
Resolución Enmendada emitida el 28 de octubre de 2016. En la
alternativa, adujo que la presentación del recurso no se
notificó oportunamente.
El 30 de enero de 2017, 16 el foro apelativo intermedio
desestimó el recurso de la peticionaria. Entendió que la
Resolución enmendada constituyó una enmienda nunc pro tunc
para corregir un defecto de forma. Concluyó que mediante
ésta no comenzó a transcurrir un nuevo término para recurrir
al Tribunal de Apelaciones, ya que recogía lo resuelto
mediante la Resolución del 23 de agosto de 2016.17 Razonó que
la señora Otero Vélez tenía hasta el 26 de septiembre de
2016 para presentar su reclamo y no lo hizo. En
consecuencia, resolvió que se presentó de forma tardía y sin
justa causa para ello.
La peticionaria no incluyó copia del volante de notificación en 16
el apéndice de su recurso. Sin embargo, alegó que la resolución se notificó electrónicamente el mismo día que se emitió. La Jueza Domínguez Irizarry emitió un voto concurrente en el que 17
hizo constar que procedía desestimar el recurso por el incumplimiento con el requisito de notificación a la parte recurrida sin mediar justa causa. 8
En desacuerdo aún, el 28 de febrero de 2017, la
peticionaria acudió ante nos mediante un recurso de
certiorari. En síntesis, alegó que el foro apelativo
intermedio erró al determinar que no tiene jurisdicción para
atender la apelación de la Resolución Enmendada. Adujo que
ese foro resolvió incorrectamente que el término para apelar
una resolución puede aplicar a algunos aspectos de la
resolución dejando otros sin determinar, a pesar de que las
determinaciones están relacionadas entre sí.
Por su parte, el recurrido presentó Oposición a alegato
de la parte peticionaria. En esencia, esbozó los mismos
argumentos que había planteado previamente. 18 Añadió, que la
peticionaria no apeló las determinaciones que fueron
denegadas en la Resolución y Orden -que atendió la moción de
reconsideración- en el término que tenía para ello. Además,
sostuvo que las enmiendas fueron de naturaleza nunc pro
tunc, que no van a la sustancia de la resolución, por lo que
estas se retrotraen a la fecha de la resolución original.
Contando con el beneficio de las comparecencias de
ambas partes procedemos a resolver.
II
La controversia ante nuestra consideración requiere que
repasemos algunas disposiciones de nuestro ordenamiento
procesal relativas a las determinaciones de alimentos, la
moción de reconsideración, la solicitud de enmiendas a las
18 Íd., pág. 8. 9
determinaciones de hecho y la corrección de defectos de
forma mediante enmienda nunc pro tunc. Veamos.
A. Determinaciones de alimentos o custodia
Los casos de familia están permeados del más alto
interés público y tienen, además, un carácter sui géneris. 19
En virtud de lo anterior, hemos expresado que las
determinaciones de alimentos y de custodia de menores no
constituyen propiamente cosa juzgada, ya que están sujetas a
revisión judicial en el tribunal de instancia si ocurre un
cambio en las circunstancias que así lo justifique, siempre,
claro está, tomando en consideración los mejores intereses y
el bienestar de los menores.20 Por lo tanto, estos dictámenes
nunca son estrictamente finales ni definitivos. 21 Siempre
están sujetos a cambio, según varíen las circunstancias del
alimentista o del alimentante. 22 A tales efectos, como tales
dictámenes adjudican una reclamación entre las partes, en
Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121 (1998), este Tribunal
resolvió que constituyen sentencias apelables.
B. Moción de reconsideración
Las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA
Ap. V., establecen varios procedimientos posteriores a la
sentencia que tienen el propósito de corregir o modificar
19 Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121 (1998), citando a Santana Medrano v. Acevedo Osorio, 116 DPR 298 (1985); Centeno Alicea v. Ortiz, 105 DPR 523 (1977). 20 Íd. 21 Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121, 128-129 esc. 7-8 (1998). 22 Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 DPR 61, 73 (1987). 10
los errores que se hubieren cometido. Precisamente, la
moción de reconsideración es uno de los mecanismos que
nuestro ordenamiento jurídico provee para que una parte
adversamente afectada por una determinación judicial
solicite al tribunal que considere nuevamente su decisión. 23
Esta persigue conceder al tribunal que dictó la sentencia o
resolución la oportunidad de rectificar cualquier error que
hubiese cometido.24
En lo pertinente, la Regla 47 de Procedimiento Civil,
supra, dispone lo siguiente:
La parte adversamente afectada por una orden o resolución del Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término de cumplimiento estricto de quince (15) días desde la fecha de la notificación de la orden o resolución, presentar una moción de reconsideración de la orden o resolución.
La parte adversamente afectada por una sentencia del Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término jurisdiccional de quince (15) días desde el archivo en autos de la copia de la notificación de la sentencia, presentar una moción de reconsideración de la sentencia.
(. . . . . . . .)
Una vez presentada la moción de reconsideración quedarán interrumpidos los términos para recurrir en alzada para todas las partes. Estos términos comenzaran a correr nuevamente desde la fecha en que se archiva en autos copia de la notificación de la resolución resolviendo la moción de reconsideración.
23 Patiño Chirino v. Parador Villa Antonio, 196 DPR 439, 448 (2016), Constructora Estelar v. Aut. Edif. Pub., 183 DPR 1, 24 (2011). Véase, además, J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil (L. Abraham y P. Abraham, eds.), 2da ed., Pubs. JTS, 2011, T. IV, pág. 1366. 24Patiño Chirino v. Parador Villa Antonio, supra, pág. 448; Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz, 192 DPR 989, 996 (2015); J. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1ra ed. rev., 2012, pág. 271. 11
La moción de reconsideración se notificará a las demás partes en el pleito dentro de los quince (15) días establecidos por esta regla para presentarla ante el tribunal de manera simultánea. El término para notificar será de cumplimiento estricto.
Los términos para recurrir en alzada se interrumpen una
vez se presenta la moción. Hemos expresado que cuando se
trata de una moción de reconsideración el término de treinta
días para presentar la petición de revisión de una sentencia
comienza a transcurrir desde la fecha en que se archiva en
autos la copia de la notificación de la resolución del
Tribunal de Primera Instancia que resuelve definitivamente
la moción de reconsideración. 25 En cuanto al requisito de
notificación de la moción de reconsideración, en Rivera
Marcuccio et al. v. Suiza Dairy, 196 DPR 157 (2016),
resolvimos que está supeditado a la determinación que haga
el tribunal sobre si hubo justa causa por la demora.
Cónsono con lo antes expuesto, la Regla 52.2 de
Procedimiento Civil, supra, dispone que el término para
presentar un recurso de certiorari para revisar las
resoluciones u órdenes del Tribunal de Primera Instancia es
de cumplimiento estricto y comenzará a transcurrir treinta
días desde el archivo en autos de la copia de la
notificación de la resolución u orden recurrida. En el caso
de la apelación, la Regla 52.2(a) de Procedimiento Civil, al
25 De León Velázquez v. Frito Lay’s, Inc., 107 DPR 46, 49-50 (1978). (Énfasis nuestro). 12
igual que la Regla 13(A) del Reglamento del Tribunal de
Apelaciones, establecen un término jurisdiccional de treinta
días contados desde el archivo en autos de copia de la
notificación de la sentencia dictada para presentar un
recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones.
C. Solicitud de enmiendas o determinaciones iniciales o adicionales a las determinaciones de hechos
Las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 también
disponen para que una parte, mediante la solicitud de
enmiendas a las determinaciones de hecho o a las
determinaciones de hecho adicionales, solicite al tribunal
que determine hechos específicos y consigne conclusiones de
derecho. Ello, cuando considere que la sentencia no contiene
los asuntos que, a juicio del promovente, fueron probados y
las cuestiones sustanciales relacionadas a las
determinaciones de hecho pertinentes o conclusiones de
derecho.26
En cuanto a las enmiendas a las determinaciones
formuladas por el foro judicial o aquellas determinaciones
de hechos adicionales rige la Regla 43. Esta dispone lo
siguiente:
No será necesario solicitar que se consignen determinaciones de hechos a los efectos de una apelación, pero a moción de parte, presentada a más tardar quince (15) días después de haberse archivado en autos copia de la notificación de la sentencia, el tribunal podrá hacer las determinaciones de hechos y conclusiones de derecho iniciales correspondientes, si es que
26 Andino v. Topeka, Inc., 142 DPR 933, 938-939 (1977); Véase, además, Echevarría Vargas, op. cit., pág. 272. 13
éstas no se hubiesen hecho por ser innecesarias, de acuerdo con la Regla 42.2 de este apéndice, o podrá enmendar o hacer determinaciones adicionales y podrá enmendar la sentencia en conformidad. Si una parte interesa presentar una moción de enmiendas o determinaciones iniciales o adicionales, reconsideración o de nuevo juicio, éstas deberán presentarse en un solo escrito y el tribunal resolverá de igual manera. En todo caso, la suficiencia de la prueba para sostener las determinaciones podrá ser suscitada posteriormente aunque la parte que formule la cuestión no las haya objetado en el tribunal inferior, o no haya presentado una moción para enmendarlas, o no haya solicitado sentencia.
La moción de enmiendas o determinaciones iniciales o adicionales se notificará a las demás partes en el pleito dentro de los quince (15) días establecidos por esta regla para presentarla ante el tribunal. El término para notificar será de cumplimiento estricto. (Énfasis nuestro)
En este sentido, una parte insatisfecha con una
sentencia puede solicitar determinaciones adicionales o
enmiendas a las determinaciones de hecho por el tribunal en
un solo escrito y en el término de quince días a partir del
archivo en autos de copia de la notificación de la
sentencia.27
En lo pertinente, la regla también dispone que cuando
una parte presenta una solicitud de enmiendas y una moción
de reconsideración en un mismo escrito, el tribunal deberá
resolver todas las cuestiones presentadas y emitir una sola
resolución de modo que empiece a transcurrir un único nuevo
27 La disposición a la que hacemos referencia se incluyó luego que
en el 2009 se enmendaron las Reglas de Procedimiento Civil y se uniformaron los términos para presentar una moción de reconsideración y una solicitud de determinaciones de hechos adicionales. Véase Echevarría Vargas, op. cit., págs. 273-274. 14
término. 28 Cabe destacar que la presentación de esta moción
interrumpe el término jurisdiccional de treinta días para
recurrir en alzada.
A tales efectos cuando se solicita al tribunal que
enmiende sus determinaciones de hecho, el término para
recurrir al foro apelativo intermedio comienza a transcurrir
desde la notificación de la resolución que resuelve la
moción o la sentencia enmendada. Específicamente la Regla
43.2 establece lo siguiente:
La moción de enmiendas o determinaciones adicionales deberá exponer con suficiente particularidad y especificidad los hechos que la parte promovente estime probados, y debe fundamentarse en cuestiones sustanciales relacionadas con determinaciones de hechos pertinentes o conclusiones de derecho materiales.
Presentada una moción por cualquier parte en el pleito para que el tribunal enmiende sus determinaciones o haga determinaciones iniciales o adicionales, quedará interrumpido el término para apelar, para todas las partes. Este término comenzará a transcurrir nuevamente tan pronto se notifique y archive en autos copia de la resolución declarando con lugar, o denegando la solicitud o dictando sentencia enmendada, según sea el caso. Si la fecha del archivo en autos de copia de la notificación de la resolución o sentencia enmendada es distinta a la del depósito en el correo de dicha notificación, el término se calculará a partir de la fecha del depósito en el correo. (Énfasis nuestro).
Cabe destacar que esta regla se enmendó en el 2009 para
incluir lo subrayado al texto de la regla, según lo sugirió
el Comité Asesor. 29 Así, cuando la parte que solicita las
28 Véase Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Secretariado de
la Conferencia Judicial y Notarial, Diciembre de 2007, pág. 524. 29 Íd., págs. 525-526. 15
determinaciones adicionales, las enmiendas a éstas o, cuando
cumple con los requisitos exigidos por la referida regla y
su jurisprudencia interpretativa, los términos para ir en
apelación comienzan a decursar nuevamente a partir del
archivo en autos de la copia de la notificación de las
determinaciones y conclusiones solicitadas.30
Finalmente, es pertinente puntualizar que en áreas de
interés público, los tribunales tienen la obligación
judicial de pasar juicio sobre la naturaleza de las
circunstancias y evaluar el remedio a conceder o lo que
proceda en derecho independientemente de la forma en que se
solicite. 31 Por lo tanto, una solicitud de enmienda a las
determinaciones de hechos presentada en un escrito titulado
“Moción de reconsideración” debe considerarse como tal
independientemente de cómo se nombre el recurso.
D. Las enmiendas nunc pro tunc
La Regla 49.1 de Procedimiento Civil dispone que los
errores de forma en las sentencias, órdenes u otras partes
del expediente y los que aparezcan en éstas por
inadvertencia u omisión, podrán corregirse por el tribunal
mediante una enmienda nunc pro tunc en cualquier tiempo, a
su propia iniciativa, o a moción de cualquier parte, previa
notificación, si ésta se ordena.32 Este Tribunal ha reiterado
30 Cuevas Segarra, op. cit., págs. 1264-1265. 31 Véanse Magriz v. Empresas Nativas, 143 DPR 63, 73 (1997); Negrón
Rivera y Bonilla, Ex parte, supra, págs. 72-73; Granados v. Rodríguez Estrada, 124 DPR 1, 46 (1989). 32 32 LPRA Ap. V.; Security Ins. Co. v. Tribunal Superior, 101 DPR
191, 202 (1973). 16
que las enmiendas encaminadas a corregir este tipo de error
son de naturaleza nunc pro tunc, es decir, que se retrotraen
a la fecha de la sentencia o resolución original. 33 Éstas
siempre deberán estar sostenidas por el expediente del
tribunal y no podrán menoscabar los derechos ya adquiridos
por cada litigante cuando ha transcurrido en exceso el
término dispuesto para apelar o solicitar revisión. Es
decir, no procede una enmienda nunc pro tunc para corregir
errores de derecho, por afectar derechos sustantivos de las
partes. El criterio rector es que la cuestión a ser
enmendada no conlleve la alteración de un derecho
sustantivo, sino la corrección de una mera inadvertencia.34
III
El asunto ante nuestra consideración se circunscribe a
determinar si el dictamen que emitió el Tribunal de Primera
Instancia mediante Resolución enmendada notificada el 28 de
octubre de 2016 -sobre el ajuste y la disminución en el
crédito concedido al recurrido- constituyó una enmienda de
33 Vélez v. A.A.A., 164 DPR 772, 791 (2005); S.L.G. Coriano-Correa
v. K-mart Corp., 154 DPR 523, 530 (2001); Security Ins. Co. v. Tribunal Superior, supra, pág. 202. Véase, además, R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, Lexis Nexis de Puerto Rico, 2017, págs. 464-465; Cuevas Segarra, op. cit., pág. 781. 34Entre los errores de forma más comunes se encuentran los errores clericales u oficinescos, los errores mecanográficos, los errores en nombres de personas, lugares, fechas, números o cifras. Véanse Vélez v. A.A.A., supra, pág. 792; S.L.G. Coriano-Correa v. K-mart Corp., supra, pág. 530; Hernández Colón, op. cit., pág. 465. En S.L.G. Coriano-Correa v. K-mart Corp., supra, ejemplificamos algunos de los errores de forma que pueden enmendarse bajo la Regla 49.1. Entre ellos están los siguientes: añadir una condena entregar frutos luego que se ha reconocido el derecho de propiedad de una parte; dar descripción completa en la sentencia de una propiedad en disputa; conceder costas en la sentencia luego que éstas han sido reconocidas en la Opinión. 17
forma nunc pro tunc de la Resolución y Orden notificada el
23 de agosto de 2016. De tal conclusión corresponde resolver
si el Tribunal de Apelaciones tenía jurisdicción para
atender los errores señalados por la peticionaria en el
recurso de certiorari. Veamos.
El foro de primera instancia fijó mediante Resolución
de 8 de julio de 2016, notificada el 12 de julio de 2016, la
pensión alimentaria que el señor Schroder Muñoz debía
satisfacer para sus dos hijos menores de edad. También
reconoció a éste un crédito por $ 31,862.29 y una reserva de
ingresos de $ 615. El 27 de julio de 2016 –dentro del
término prescriptivo de quince días- la señora Otero Vélez
presentó una moción titulada Moción de reconsideración.
Solicitó al Tribunal de Primera Instancia que enmendara la
referida resolución y aclarara el lenguaje que utilizó para
que no se afectara su derecho a solicitar revisión de
pensión alimentaria en el término que tenía para ello.
Además, requirió que se corrigiera el cálculo de la cuantía
correspondiente al crédito que se le reconoció al recurrido
y solicitó que reconsiderara la cuantía sobre la reserva de
ingresos que se le adjudicó.35
Así las cosas, el 23 de agosto de 2016, el tribunal
sentenciador notificó una Resolución y Orden en la que
35 Aunque la parte peticionaria denominó el recurso como moción de
reconsideración, este contenía una solicitud de enmiendas a las determinaciones de hecho. En concordancia con lo que hemos expresado en múltiples ocasiones el nombre no hace la cosa. Véase Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206 (2012); Borschow Hosp. v. Jta. de Planificación, 177 DPR 545 (2009). 18
atendió parcialmente la moción de reconsideración. En la
correspondiente resolución dispuso que la EPA debía someter
un proyecto de resolución que aclarara que la pensión fue
“modificada” y no “fijada”. Por otro lado, le ordenó
considerar si procedía reducir el crédito que se le
reconoció al recurrido por pagos realizados, por lo que
quedó pendiente este asunto. En cuanto a los otros aspectos
de la solicitud de revisión, los declaró “no ha lugar”. El
28 de octubre de 2016, mediante Resolución Enmendada el foro
primario notificó a las partes que, en efecto, procedía un
ajuste en el crédito impugnado por la peticionaria. En
consecuencia, modificó la cuantía y disminuyó el crédito a
$ 29,880.29.
Nótese que aquí no se trata de un mero error oficinesco
o una inadvertencia en el dictamen en cuanto al ajuste que
correspondía adjudicar. Contrario a lo que sostiene el foro
apelativo intermedio, la enmienda tampoco se limitó a
recoger unas determinaciones hechas por la EPA. En este
caso, el foro de primera instancia ordenó a esta última que
considerara el planteamiento de la peticionaria, examinara
nuevamente la prueba y determinara si ésta tenía derecho a
pagar una cantidad menor a la que se adjudicó en la
resolución original. Por lo tanto, es mediante la resolución
enmendada que la parte peticionaria quedó debidamente
informada sobre lo resuelto en el único asunto que quedó
pendiente. En ese sentido, fue mediante esa resolución que 19
el tribunal comunicó a las partes su determinación al
respecto.
En casos como el que nos ocupa, el Tribunal de Primera
Instancia tiene el deber de resolver todas las cuestiones
presentadas y emitir una sola resolución para que empiece a
transcurrir un único término. Así lo exige el debido proceso
de ley en su vertiente procesal y, de ese modo, lo hemos
sostenido. Es a través de la notificación adecuada -del
resultado de la adjudicación de una moción de
reconsideración y de una solicitud de determinaciones de
hechos iniciales o adicionales- que la parte afectada puede
enterarse de la decisión final que se ha tomado en su
contra.36
Luego de un análisis sosegado del expediente,
entendemos que el foro de primera instancia, al atender el
asunto ante su consideración, no actuó conforme lo que
establecen las disposiciones procesales que rigen nuestro
ordenamiento. Por lo tanto, resolvemos que el término para
recurrir al Tribunal de Apelaciones comenzó a transcurrir
desde que se notificó la Resolución enmendada, el 28 de
octubre de 2016, que a su vez resolvió la moción de
reconsideración en su totalidad. Un balance racional,
justiciero y jurídico nos lleva a concluir de esta manera.
Conforme a lo anterior, colegimos que el foro apelativo
intermedio tiene jurisdicción para atender los
36 Berríos Fernández v. Vázquez Botet, 196 DPR 245, 255 (2016); Dávila Pollock v. RF Mortgage, 182 DPR 86 (2011). 20
planteamientos que la peticionaria esbozó en la petición de
certiorari.
IV
Por los fundamentos antes expuestos se revoca la
determinación del Tribunal de Apelaciones. En consecuencia,
se devuelve el caso al foro apelativo para que éste evalúe
si la peticionaria notificó a tiempo la presentación del
recurso a la parte recurrida y, en su caso, continúe con los
procedimientos conforme a lo aquí resuelto.
Se dicta sentencia de conformidad.
Edgardo Rivera García Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Shirley Ann Otero Vélez
v.
Víctor L. Schroder Muñoz CC-2017-0156
SENTENCIA
Por los fundamentos antes expuestos se revoca la determinación del Tribunal de Apelaciones. En consecuencia, se devuelve el caso al foro apelativo para que éste evalúe si la peticionaria notificó a tiempo la presentación del recurso a la parte recurrida y, en su caso, continúe con los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.
Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurre sin opinión escrita y la Jueza Asociada señora Pabón Charneco no intervino.
Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo