EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Nelson Rivera Marcucci; Jaime V. Sepúlveda Ruiz; Víctor García Muñoz; Carlos Alberto Mejías Cortes, Norbert Cruz Martín, David J. Lebrón Certiorari Recurridos 2016 TSPR 172
v. 196 DPR ____
Suiza Dairy Inc; Compañía de Seguros ―A‖ Inc.
Peticionarios
Número del Caso: CC-2014-586
Fecha: 2 de agosto de 2016
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Ponce, Panel VIII
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Julio I. Lugo Muñoz
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Pedro Hernández Guilbe
Materia: Procedimiento Civil- Efecto interruptor de una moción de reconsideración presentada al amparo de la Regla 47 de Procedimiento Civil, pero notificada fuera del término dispuesto para ello.
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Nelson Rivera Marcucci; Jaime V. Sepúlveda Ruiz; Víctor Certiorari García Muñoz; Carlos Alberto Mejías Cortes, Norbert CruzCC- Martín; David J. Lebrón
Recurridos CC-2014-0586
v.
Peticionaria
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado Señor Rivera García
En San Juan, Puerto Rico, a 2 de agosto de 2016.
El Tribunal de Primera Instancia dictó una
Sentencia desestimando la acción que los señores
Nelson Rivera Marcucci, Jaime V. Sepúlveda Ruíz,
Víctor García Muñoz, Carlos Alberto Mejías Cortés,
Norbert Cruz Martín y David J. Lebrón Báez (los
recurridos) presentaron en contra de Suiza Dairy
Inc. (la peticionaria o Suiza). Los recurridos
solicitaron reconsideración del dictamen pero le
notificaron la moción de reconsideración a Suiza
fuera del término de cumplimiento estricto que CC-2014-586 2
dispone la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.
Por tal incumplimiento, el foro primario declaró no ha
lugar la moción. Inconformes, los recurridos apelaron la
Sentencia ante el Tribunal de Apelaciones, pero computaron
el término para recurrir a partir de la notificación de la
Resolución que declaró no ha lugar la moción de
reconsideración. La contención de la peticionaria es que
el término para apelar no quedó interrumpido y que, por lo
tanto, el recurso de apelación de los recurridos se
presentó tardíamente.
Dentro de ese marco debemos resolver si procede
revocar la Sentencia que emitió el Tribunal de Apelaciones
por haberla emitido sin jurisdicción. Al hacerlo,
ratificamos la importancia de cumplir con el requisito de
notificación que impone la Regla 47 de Procedimiento
Civil, supra, y la consecuencia de no hacerlo. Esto lo
analizamos en el contexto de la disposición de esa regla
que establece que una vez presentada una moción de
reconsideración quedarán interrumpidos para todas las
partes los términos para recurrir en alzada.
Pasamos a exponer un resumen de los hechos
pertinentes para resolver esta controversia y los eventos
procesales que sostienen nuestra determinación.
I
En vista de que los errores que atenderemos se
circunscriben al asunto procesal reseñado, es innecesario
referirnos a todas las discusiones y planteamientos de CC-2014-586 3
derecho que se han suscitado en este caso. Basta señalar
que se originó con una reclamación laboral que los
recurridos presentaron en julio de 2012 en contra de
Suiza.1 Luego de varios trámites procesales, el 29 de
agosto de 2013 el Tribunal de Primera Instancia dispuso de
una moción de sentencia sumaria que la peticionaria había
presentado y emitió una Sentencia desestimando con
perjuicio la acción de los recurridos.2 La notificación y
archivo de ese dictamen se realizó el 3 de septiembre de
2013.3
Inconformes con esa determinación, los recurridos
presentaron el 17 de septiembre de 2013, es decir, 14 días
luego de archivada en autos copia de la notificación de la
sentencia, una moción de reconsideración ante el foro
primario cuestionando que la reclamación laboral se
hubiese resuelto sin la celebración de una vista
evidenciaria.4 En ese escrito la representación legal de
los recurridos certificó que le remitió copia a la
peticionaria mediante correo certificado y correo
electrónico. Sin embargo, ello no ocurrió así. Contrario a
lo que dispone la Regla 47, supra, sobre la notificación
simultánea de este tipo de moción, los recurridos la
notificaron dos días luego de haberla presentado. De esta
forma, según surge del expediente, la notificación se
efectuó fuera del término de cumplimiento estricto que
1 Véase, Querella. Apéndice de la petición de certiorari, pág. 107. 2 Véase, Sentencia. Id, pág. 170. 3 Véase, Notificación de Sentencia. Id., pág. 169. 4 Véase, Moción en solicitud de reconsideración. Id., pág. 198. CC-2014-586 4
dispone la Regla 47, supra, pues se debía notificar dentro
del término de 15 días que señala la regla para
presentarla.
Consecuentemente, Suiza presentó el 7 de octubre de
2013 ante el Tribunal de Primera Instancia un escrito
informando esa situación procesal.5 En este solicitó que
ante la falta de una justificación adecuada para esa
dilación, se desestimara la moción de reconsideración, con
la consecuencia de que se entendiera que no había
interrumpido el término para apelar. En la alternativa,
peticionó un término para replicar a la misma. En
respuesta a esa moción, el 8 de octubre de 2013 el
Tribunal de Primera Instancia le ordenó a los recurridos
mostrar causa en el término de 48 horas por la cual no se
debía conceder lo solicitado por Suiza.6 Esta orden fue
notificada el 15 de octubre de 2013.7
En cumplimiento con esa orden, los recurridos
comparecieron y expusieron su posición al respecto.8 En el
escrito su representación legal enumeró varias razones
para justificar la notificación tardía de la moción de
reconsideración. En síntesis, adujo que durante la semana
en que presentó la moción tuvo mucha carga de trabajo.
También alegó que cuando estaba presto a notificarla vía
correo certificado se percató de que le faltaba una página
5 Véase, Moción Informativa sobre Reconsideración presentada por la Querellante. Id., pág. 252. 6 Véase, Orden. Id., pág. 251. 7 Id., pág. 250. 8 Véase, Oposición a moción informativa sobre solicitud de reconsideración presentada por la parte querellante, Id., pág. 241. CC-2014-586 5
a la fotocopia. Señaló que ante esa situación optó por
esperar al día siguiente para cerciorarse de que había
presentado ante el Tribunal la moción completa, para luego
notificarla.
El Tribunal de Primera Instancia evaluó los escritos
de las partes y dictó una Resolución el 16 de octubre de
2013, notificada el 18 de ese mes, en la que declaró no ha
lugar la moción de reconsideración.9 Como fundamento
consignó lo siguiente:
La Regla 67.2 de Procedimiento Civil permite que se haga la notificación entre abogados –además de por correo- mediante el fax o correo electrónico; i.e., e-mail. La parte querellante [los recurridos] no ha acreditado la imposibilidad de haber utilizado un medio electrónico para lograr la notificación a la parte adversa antes de que venciera el término de presentación establecido en la Regla 47.10
Así las cosas, los recurridos acudieron al Tribunal
de Apelaciones el 18 de noviembre de 2013 y presentaron un
recurso de apelación.11 En este solicitaron que se revisara
la sentencia emitida el 29 de agosto de 2013 que desestimó
la reclamación laboral y la Resolución de 16 de octubre de
2013 que declaró no ha lugar la moción de reconsideración
por no haberse acreditado justa causa para omitir
notificar dentro del término señalado en la Regla 47,
supra. En ese contexto se suscitó la controversia
jurisdiccional que está ante nuestra consideración.
9 Véase, Resolución y Notificación de archivo en autos de resolución. Id., págs. 235-236. 10 Id., pág. 236. 11 Véase, Recurso de Apelación Civil. Id., pág. 102. CC-2014-586 6
Una vez presentado el recurso de apelación, Suiza
solicitó que se desestimara por falta de jurisdicción por
haberse presentado tardíamente.12 Razonó que como la moción
de reconsideración se notificó fuera del término de
cumplimiento estricto sin haberse acreditado justa causa
para ello, no tuvo el efecto de interrumpir el término de
30 días para apelar la sentencia. Ante tales
planteamientos, el foro apelativo intermedio le ordenó a
los recurridos que se expresaran al respecto. Ambas partes
reaccionaron mutuamente a sus distintas posturas.
Así las cosas, el Tribunal de Apelaciones emitió
sentencia el 31 de marzo de 2014 revocando la sentencia
del Tribunal de Primera Instancia. En su dictamen no
incluyó mención alguna relacionada al asunto
jurisdiccional que estaba en controversia.
Posteriormente, el 22 de abril de 2014, Suiza solicitó la
reconsideración de ese dictamen reiterando el argumento de
que el foro apelativo no tenía jurisdicción para atender
el recurso de apelación de los recurridos. El 30 de abril
de 2014 el Tribunal de Apelaciones le ordenó nuevamente a
estos últimos que expusieran su posición en cuanto a esa
cuestión jurisdiccional.13 Sin embargo, el 11 de junio de
2014 declaró no ha lugar la reconsideración presentada por
Suiza.
12 Véase, Solicitud de desestimación por falta de jurisdicción. Apéndice de la petición de certiorari, pág. 1024. 13 Id., pág. 24. CC-2014-586 7
En vista de esos eventos, el 18 de julio de 2014
Suiza acudió ante esta Curia mediante el recurso de
certiorari de epígrafe señalando la comisión de siete
errores. Entre ellos destacamos los siguientes:
A. Erró el [Tribunal de Apelaciones] al hacer caso omiso y nunca atender, analizar y resolver, como se requiere ante ese tipo de alegación, una alegación jurisdiccional planteada por ambas partes que patentemente privaba a dicho foro de entender (por tardío) en el recurso apelativo presentado.
B. Erró el TA al no determinar, como procedía, que carecía de jurisdicción para entender en la apelación que se le presentara por la aquí recurrida.14
El 12 de diciembre de 2014 expedimos el auto.
Consiguientemente, la peticionaria presentó su alegato en
abril de 2015 y los recurridos al mes siguiente. En cuanto
a la discusión del asunto jurisdiccional que nos atañe, se
14 Petición de certiorari, pág. 6. El resto de los errores señalados son los que siguen:
C. Erró el TA al determinar que a base de las circunstancias y hechos que se entendieran probados en la sentencia sumaria no era posible adjudicar la controversia sobre el carácter de la relación existente entre las partes.
D. Erró el TA al obviar el craso incumplimiento de la recurrida con las reglas aplicables para replicar adecuada y efectivamente a una sentencia sumaria y recurrir y otorgarle dicho valor a dicho documento y su apéndice para fundamentar su sentencia.
E. Erró el TA al determinar que la tenencia de una licencia de agente de leche y el mandato reglamentario que regula a dichos entes no era suficiente para concluir que estos no podían ser empleados de la elaboradora de leche aquí compareciente.
F. Erró el TA al revocar la sentencia del TPI al resolver que una sentencia final y firme en otro caso que dirimiera entre algunas de las partes un asunto que le era común tanto a aquel como al caso de marras no constituía cosa juzgada o impedimento colateral por sentencia para efectos de este caso. CC-2014-586 8
limitaron a referirnos a ciertas mociones que habían
presentado ante el Tribunal de Apelaciones en las que
discutieron ese asunto.15
Contando con el beneficio de la comparecencia de las
partes, pasamos a resolver.
II
Como sabemos, la jurisdicción es el poder o la
autoridad que tiene un tribunal para decidir casos o
controversias.16 Debido a la gran envergadura de este
principio, los entes adjudicativos tienen que ser celosos
guardianes de su jurisdicción y no poseen discreción para
asumirla en aquellas circunstancias en que no la tienen.17
De manera que, una vez se cuestiona la jurisdicción del
tribunal, este tiene el deber de examinar y evaluar
rigurosamente ese señalamiento.18 Luego de llevar a cabo
este examen, si el tribunal concluye que en efecto carece
de jurisdicción, lo procedente es la desestimación del
caso. Ello, independientemente de las consecuencias que
ello conlleve.19
La Regla 52.2 (a) de Procedimiento Civil establece
que los recursos de apelación al Tribunal de Apelaciones
15 En su alegato, al discutir los errores ―A‖ y ―B‖ presentados por la peticionaria, refirió a este Tribunal a los siguientes documentos, todos presentados ante el Tribunal de Apelaciones: Oposición a moción informativa sobre solicitud de reconsideración presentada por la parte querellante, Oposición a solicitud de reconsideración y Memorando en oposición a solicitud de desestimación de apelación por falta de jurisdicción. Véase, Alegato de los querellantes recurridos y en cumplimiento de orden, pág. 20. 16 Horizon v.Jta. Revisora, RA Holdings, 191 D.P.R. 228, 233 (2014). 17 González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009). 18 Id. 19 Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012). Véase además, Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135 (2012). CC-2014-586 9
deberán presentarse dentro del término jurisdiccional de
treinta (30) días contados desde el archivo en autos de
copia de la notificación de la sentencia dictada por el
tribunal apelado. Empero, el inciso (e)(2) de la precitada
disposición aclara que el transcurso del término para
apelar se interrumpirá, entre otras instancias, por la
oportuna presentación de una moción formulada de acuerdo a
la Regla 47, supra, y que el referido término comenzará a
contarse de nuevo desde que se archive en autos copia de
la notificación de la orden ―resolviendo definitivamente una
moción de reconsideración sujeto a lo dispuesto en la Regla 47‖.
(Énfasis nuestro).
Como vemos, uno de los remedios procesales que tiene
a su disposición una parte afectada por una sentencia
emitida por el Tribunal de Primera Instancia, que a su vez
puede tener un efecto en la jurisdicción del Tribunal de
Apelaciones para revisar las actuaciones de ese foro, es
la moción de reconsideración regulada por la Regla 47,
supra. Revisemos lo que dispone al respecto.
A. La moción de reconsideración
El mecanismo procesal de la moción de reconsideración
existe en nuestra jurisdicción desde el 1937 cuando se
introdujo en el Código de Enjuiciamiento Civil de 1904.20
Inicialmente, se incorporó para concederle a los
tribunales sentenciadores la facultad de relevar a
20 Mediante la Ley Núm. 67 de 8 de mayo de 1937, 32 LPRA ant. sec. 1251. Véase además, Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz y otros, 192 DPR 989, 995-996 (2015). CC-2014-586 10
cualquier parte de los efectos de una sentencia que se
hubiese dictado por equivocación, inadvertencia, sorpresa
o negligencia excusable.21 Actualmente, la finalidad de la
moción de reconsideración continúa siendo esencialmente la
misma. Se entiende que busca conferirle la ocasión al
Tribunal que dicta una sentencia para que enmiende o
corrija los errores en los cuales hubiese incurrido al
dictarla.22 Sin embargo, de la misma manera, hay que tener
presente que este mecanismo está regulado de forma tal que
evita que se convierta en una vía para dilatar
injustificadamente la ejecución de un dictamen judicial.23
Actualmente, la Regla 47 de Procedimiento Civil,
supra, establece como sigue:
La parte adversamente afectada por una orden o resolución del Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término de cumplimiento estricto de quince (15) días desde la fecha de la notificación de la orden o resolución, presentar una moción de reconsideración de la orden o resolución.
La parte adversamente afectada por una sentencia del Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término jurisdiccional de quince (15) días desde la fecha del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia, presentar una moción de reconsideración de la sentencia.
La moción de reconsideración debe exponer con suficiente particularidad y especificidad los hechos y el derecho que la parte promovente estima que deben reconsiderarse y fundarse en cuestiones sustanciales relacionadas con las determinaciones de hechos pertinentes o conclusiones de derecho materiales.
21 Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz y Otros, supra, pág. 996; Lagares v. E.L.A., 144 DPR 601, 609 (1997). 22 Id. 23 Véase, Lagares v. E.L.A., supra, págs. 609-610. CC-2014-586 11
La moción de reconsideración que no cumpla con las especificidades de esta regla será declarada “sin lugar” y se entenderá que no ha interrumpido el término para recurrir.
Una vez presentada la moción de reconsideración quedarán interrumpidos los términos para recurrir en alzada para todas las partes. Estos términos comenzarán a correr nuevamente desde la fecha en que se archiva en autos copia de la notificación de la resolución resolviendo la moción de reconsideración.
La moción de reconsideración se notificará a las demás partes en el pleito dentro de los quince (15) días establecidos por esta regla para presentarla ante el tribunal de manera simultánea. El término para notificar será de cumplimiento estricto. (Énfasis suplido).
Uno de los cambios más significativos que se
incorporó en las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 fue
el de conferir a la solicitud de reconsideración el efecto
de paralizar automáticamente los términos cronológicos
para acudir en revisión ante el Tribunal de Apelaciones.24
Conforme a ello, la mera presentación de una solicitud de
reconsideración tiene el efecto de paralizar los términos
concedidos por ley para acudir al foro apelativo
intermedio con el fin de cuestionar la determinación del
foro sentenciador.25 No obstante, dicho efecto interruptor
no opera de manera aislada. Ello ocurrirá ―siempre y
cuando se cumplan con los requisitos de fondo expuestos en
la regla.‖26 Precisamente, la propia disposición
24 Las nuevas Reglas de Procedimiento Civil de 2009 fueron aprobadas mediante la Ley Núm. 220-2009 y entraron en vigor a partir del 1 de julio de 2010. 25 J. A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 2012, Colombia, pág. 292. 26 Véase el comentario a la Regla 47 de 2009 en el Informe de Reglas de Procedimiento Civil del Comité Asesor Permanente, pág. 554. Disponible CC-2014-586 12
reglamentaria estipula que ―[l]a moción de reconsideración
que no cumpla con las especificidades de esta regla será
declarada ‗sin lugar‘ y se entenderá que no ha
interrumpido el término para recurrir‖. Regla 47, supra.
Unas de esas especificidades es el requisito de
notificación. A pesar de las enmiendas sustanciales que
sufrió esta regla cuando se aprobaron las Reglas de
Procedimiento Civil de 2009, el requerimiento de
notificarle a las partes contrarias la solicitud de
reconsideración en el término de cumplimiento estricto de
quince (15) días permaneció intacto. Es oportuno explorar
brevemente la razón de este requisito y las consecuencias
de no cumplir con el mismo.
El requisito de notificación contenido en la Regla 47
de Procedimiento Civil, supra, fue producto de una
enmienda que se le incorporó a la otrora Regla 47 de
Procedimiento Civil de 1979 mediante la Ley Núm. 268-2002.
La intención del Legislador al promulgar esa pieza
legislativa fue establecer un plazo para que la parte
afectada por una sentencia supiera cuándo era que debía
notificar la solicitud de reconsideración al resto de las
partes en el pleito.27 Ello, pues la Regla de 1979, tal y
como estaba redactada, era silente en cuanto al término en
el cual se debía notificar a las partes. Ese asunto había
generado confusiones y controversias que luego fueron
en: http://www.ramajudicial.pr/sistema/supremo/informe-reglas- procedimiento-civil.pdf. 27 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 268-2002. 2002 (Parte 2) Leyes de Puerto Rico 1301. CC-2014-586 13
atendidas por esta Curia. Ante el vacío legislativo previo
a la aprobación de la Ley Núm. 268, supra, interpretamos
que el término que tenía una parte para notificar la
moción era el mismo que se utilizaba para presentar la
moción ante el tribunal y que su carácter era de
cumplimiento estricto.28 Esta interpretación fue acogida
por la Asamblea Legislativa en la referida legislación.
Así también, la enmienda descrita tuvo el propósito
de que la parte a ser notificada no se viera perjudicada
por la notificación tardía de la moción de reconsideración
y de esta manera salvaguardar el principio de economía
procesal que rige nuestro ordenamiento jurídico. Al
respecto, la Asamblea Legislativa consignó en la
Exposición de Motivos de la Ley Núm. 268, supra, que:
El fiel cumplimiento de los términos y la diligencia en las notificaciones, tanto del tribunal como de las partes, envuelven los principios rectores de la economía procesal, en cuanto a una solución justa, rápida y económica del proceso… En muchas ocasiones por error o inadvertencia una parte no es notificada a tiempo. Esto conlleva a que el Juez, una vez notificada correctamente la parte, le brinde más tiempo al afectado para replicar si ese fuera el caso. Obviamente, esto afecta la diligencia y consideración de los casos, afectándose el calendario judicial y la economía procesal.29
De conformidad con esto, hemos expresado que este
requisito le brinda la oportunidad a las otras partes a
expresarse y les alerta sobre la posibilidad de que el
28 Véase, Lagares v. E.L.A., supra. 29 Leyes de Puerto Rico, supra, pág. 1301. CC-2014-586 14
término jurisdiccional para presentar el recurso de
revisión se interrumpa.30
B. El término de cumplimiento estricto
En nuestro ordenamiento, reconocemos una variedad de
términos cuyo incumplimiento conlleva distintas
consecuencias. Podemos encontrar los conceptos de términos
discrecionales, términos directivos, términos de estricto
cumplimiento y términos fatales o jurisdiccionales.31 Estos
términos tienen el propósito de que la parte actúe en
determinado plazo y las consecuencias de no hacerlo
difieren.32 Así por ejemplo, el incumplimiento con un
término jurisdiccional impide la revisión judicial por
privar de jurisdicción a los tribunales.33 Por otra parte,
el término de cumplimiento estricto se sitúa entre los
términos prorrogables y los improrrogables. Estos pueden
prorrogarse siempre y cuando exista una justa causa.34 Por
ello, no constituye un defecto fatal la notificación
tardía de una moción de reconsideración, si se puede
demonstrar la existencia de justa causa.35
Es importante señalar que los tribunales no gozan de
discreción para prorrogar los términos de cumplimiento
estricto automáticamente.36 Un perfecto ejemplo de esto es
lo que ocurrió en García Ramis v. Serrallés, 171 DPR 250
30 Febles v. Romar, 159 DPR 714, 719 (2003). . 31 R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, San Juan, Lexis-Nexis, 5ta Ed. 2010, pág. 197. 32 Id. 33 Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92 (2013); Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, supra, pág. 403. 34 Id. 35 J.A. Echevarría Vargas, op. cit. pág. 291. 36 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 93. CC-2014-586 15
(2007), caso en que intervenimos debido a que el Tribunal
de Apelaciones actuó contrario a esta norma. Allí el foro
apelativo intermedio acogió un recurso a pesar de
reconocer que se había presentado fuera del término de
cumplimiento estricto.37 El tribunal apelado justificó su
jurisdicción mediante dos fundamentos. Primero, que el
recurso se había presentado pocos días después de haberse
vencido el término correspondiente y segundo, que la
determinación del foro recurrido perpetuaría una situación
improcedente en derecho. Al llegar la controversia ante
esta Curia se planteó que el Tribunal de Apelaciones había
errado al acoger el recurso sin que los peticionarios
hubiesen solicitado una prórroga justificando la tardanza.
Resolvimos que si bien se trataba de un término de
cumplimiento estricto y no jurisdiccional, el tribunal no
podía considerar el recurso sin que se le hubiesen
acreditado las razones para la dilación en su
presentación.38 Más aun, aclaramos que esa actuación
errónea no se justificaba con el fundamento de que el
Tribunal de Primera Instancia hubiese incurrido en un
error de derecho.39
Por lo tanto, el foro adjudicativo tiene discreción
para extender un término de cumplimiento estricto sólo
cuando la parte que lo solicita demuestra justa causa para
la tardanza. Al ser así, se le requiere a quien solicita
37 Inicialmente se había presentado el recurso como uno de apelación pero el Tribunal de Apelaciones lo acogió como uno de certiorari. 38 García Ramis v. Serrallés, 171 DPR 250, 254 (2007). 39 Id. CC-2014-586 16
la prórroga o a quien actúe fuera del término que presente
justa causa por la cual no puede o pudo cumplir con el
término establecido.40 De conformidad con esto hemos
reafirmado que los tribunales podrán eximir a una parte de
observar el cumplimiento con un término de este tipo
únicamente si concurren las siguientes condiciones:(1) que
en efecto exista justa causa para la dilación; y (2) que
la parte le demuestre detalladamente al tribunal las bases
razonables que tiene para la dilación, es decir, que
acredite de manera adecuada la justa causa aludida.41
Las partes litigantes deben atender estos
requerimientos con seriedad, ya que ―[n]o se permitirá
desviación alguna del plazo… so pena de desestimación del
recurso, a menos que la tardanza ocurrida se justifique
detalladamente y a cabalidad‖.42 De hecho, en Soto Pino v.
Uno Radio Group, señalamos que ―es un deber acreditar la
existencia de justa causa, incluso antes de que un
tribunal se lo requiera, si no se observa un término de
cumplimiento estricto‖. (Énfasis en el original).43
C. El elemento de la justa causa
Recientemente tuvimos la oportunidad de expresarnos
respecto al requisito de justa causa en Soto Pino v. Uno
Radio Group, supra. En ese caso reiteramos que la justa
40 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 92. 41 Id., pág. 93. 42 Pueblo v. Fragoso Sierra, 109 D.P.R. 536, 539 (1980). 43 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 97. CC-2014-586 17
causa se acredita mediante explicaciones ―concretas y
particulares, debidamente evidenciadas en el escrito, que
le permitan a los tribunales concluir que hubo una excusa
razonable para la tardanza o la demora‖.44 Por otro lado,
no constituyen justa causa las ―vaguedades y las excusas o
planteamientos estereotipados‖.45 De lo contrario, la
acreditación de la justa causa se convertiría en un juego
de ―mero automatismo‖ con justificaciones genéricas
carentes de los detalles que causaron la dilación.46 De
permitirse esto, los términos reglamentarios redundarían
en ―metas amorfas que cualquier parte podría postergar‖.47
Es evidente que la existencia de justa causa es un
elemento que ha de evaluarse caso a caso. Al justipreciar
las razones ponderadas por una parte, el juzgador debe
llevar a cabo un análisis cuidadoso de las explicaciones
que demuestren el incumplimiento y de la evidencia que lo
sustenta.48 Pasemos a reseñar algunos casos que
ejemplifican lo que puede o no constituir una justa
causa.
Por ejemplo, en Rojas v. Axtmayer Ent. Inc.49,
dictaminamos que el estado crítico de salud de la
representación legal de una parte —debidamente
evidenciado— es uno que muy bien puede constituir justa
44 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 93; Febles v. Romar, supra, pág. 720. 45 Id. 46 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 94. 47 Íd. 48 R. Hernández Colón, op. cit. pág. 201. 49 150 D.P.R. 560, 565-566 (2000). CC-2014-586 18
causa. Así también, en Lugo v. Suárez50, concluimos que el
hecho de que la esposa del representante legal estuviera
enferma y hospitalizada era justa causa para que no
cumpliera con cierta notificación de manera oportuna.
De otra parte, recientemente arribamos a la
conclusión de que no constituía justa causa el hecho de
que se esperara hasta el último minuto para presentar el
recurso que se debía notificar.51 Entendimos que esas
razones eran un ejemplo perfecto de lo que son ―meras
generalidades y excusas superfluas‖.52 En ese caso también
se alegó para justificar la existencia de justa causa que
la notificación tardía no había causado ningún perjuicio
indebido a la parte contraria porque había tenido una
notificación en un término razonable. Dijimos que tales
explicaciones no eran suficientes para justificar una
notificación fuera de término y que mucho menos
constituían una justa causa per se.53 Recalcamos que el
hecho de que la notificación tardía no le causara
perjuicio indebido a la otra parte no era determinante al
momento de examinar la existencia de una justa causa ya
que si los tribunales fueran a aceptar ese planteamiento,
los términos de cumplimiento estricto se convertirían en
un mero formalismo.54 En otra ocasión, en Arriaga v.
F.S.E.,55 resolvimos que excusas como que el incumplimiento
50 165 DPR 729, 740 (2005). 51 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 95. 52 Id. 53 Id. 54 Id. 55 145 DPR 122, 132 (1998). CC-2014-586 19
fue ―involuntario‖, que ―no se debió a falta de interés‖,
que no hubo ―menosprecio al proceso‖, o que ―exist[ía] un
firme propósito de enmienda‖, no configuraban justa causa.
Tampoco lo es el hecho de que las partes comparezcan por
derecho propio ni el descuido extremo al preparar y
redactar un recurso.56
Luego de exponer el marco de Derecho que precede,
pasemos a discutir los errores señalados por la
peticionaria.
III
La cuestión principalísima que debemos atender en
este caso se circunscribe a determinar si el Tribunal de
Apelaciones tenía jurisdicción para atender el recurso de
apelación que los recurridos presentaron ante ese foro.
Como mencionamos, la presentación de una moción de
reconsideración ante el foro primario puede tener efectos
en los trámites subsiguientes que hayan de ejecutar las
partes a nivel apelativo. Dependiendo de cómo y cuándo se
haya presentado la moción, podrían configurarse varios
escenarios procesales. Por ejemplo, si la moción de
reconsideración se presenta oportunamente y conforme a las
especificidades de la Regla 47, supra, se activa el efecto
interruptor preceptuado en la regla, deteniéndose así el
término de 30 días que tiene una parte para recurrir al
Tribunal de Apelaciones.
56 Véanse, Febles v. Romar, supra, pág. 722; Pueblo v. Pérez Suárez, 146 DPR 665, 675 (1998). CC-2014-586 20
Una vez presentada la moción de reconsideración quedarán interrumpidos los términos para recurrir en alzada para todas las partes. Estos términos comenzarán a correr nuevamente desde la fecha en que se archiva en autos copia de la notificación de la resolución resolviendo la moción de reconsideración. Regla 47, supra. (Énfasis nuestro).
De presentarse un recurso de apelación antes de que
el Tribunal de Primera Instancia disponga de esa moción,
el mismo sería prematuro, por lo que el foro apelativo
intermedio carecería de jurisdicción para atenderlo.57
Por otro lado, también podría darse el caso en que,
aun presentándose a tiempo la moción de reconsideración,
esta no tenga el efecto de paralizar los términos. Ello
debido a que la moción de reconsideración que no cumpla
con las especificidades de esa regla será declarada ―sin
lugar‖ y se entenderá que no ha interrumpido el término
para recurrir. Ante estos escenarios, en caso de que una
parte haya acudido al Tribunal de Apelaciones fuera del
término de 30 días a partir de la notificación de la
sentencia del Tribunal de Primera Instancia que interesa
revisar, su recurso resultaría tardío. Como consecuencia,
el Tribunal de Apelaciones tendría la obligación de
declararse sin jurisdicción, pues sabemos que un recurso
57 Véase S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007). Allí se resolvió que el Tribunal de Apelaciones había acogido y considerado un recurso de forma prematura ya que al momento en que se presentó, todavía el Tribunal de Primera Instancia no había determinado si tenía jurisdicción para considerar unas solicitudes de determinaciones de hecho adicionales que se habían presentado al amparo de la anterior Regla 43.3 de Procedimiento Civil de 1979. Resolvimos que esa situación impedía que el foro apelativo intermedio considerara el recurso de apelación. Id., pág. 885. CC-2014-586 21
tardío adolece del grave e insubsanable defecto de falta
de jurisdicción y debe ser desestimado.58
En este caso, los recurridos apelaron la Sentencia
que el Tribunal de Primera Instancia emitió el 29 de
agosto de 2013 dentro de los 30 días siguientes a la
notificación de la Resolución que resolvió la moción de
reconsideración, pues presentaron su recurso el 18 de
noviembre de 2013. Como es de conocimiento, la Regla 47,
supra, establece que los términos para recurrir en alzada
comenzarán a discurrir nuevamente desde que el Tribunal de
Primera Instancia resuelva la moción de reconsideración.
Sin embargo, la Resolución que el foro primario dictó en
este caso declaró no ha lugar la moción de reconsideración
porque que no se presentó conforme a la Regla 47 de
Procedimiento Civil, supra, porque se notificó fuera del
término de cumplimiento estricto sin que se acreditara
justa causa. Queda claro que la propia Regla 47, supra,
preceptúa que la moción de reconsideración que no cumpla
con las especificidades que allí se disponen se entenderá
que no ha interrumpido el término para apelar.
De manera que, los recurridos acudieron oportunamente
de dicha Resolución al Tribunal de Apelaciones, mas no así
de la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera
Instancia. De haber entendido el foro apelativo intermedio
que el Tribunal de Primera Instancia había errado al
determinar que no existía justa causa que ameritara
58 S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 883; Rodríguez v. Segarra, 150 DPR 649, 654 (2000). CC-2014-586 22
prorrogar el término de cumplimiento estricto para que los
recurridos notificaran la moción de reconsideración,
procedía que devolviera el caso al foro primario para que
atendiera la misma en sus méritos. En ese caso, el término
de 30 días para apelar se entendería interrumpido hasta
que el foro primario dispusiera finalmente de esa moción,
comenzando a discurrir nuevamente desde la notificación de
ese dictamen. De lo contrario, de no haber existido justa
causa, procedía entonces que el Tribunal de Apelaciones
desestimara el recurso que se había presentado ante sí, en
lo que respecta a la apelación de la Sentencia emitida el
29 de agosto de 2013 por el Tribunal de Primera Instancia.
Por lo tanto, ante los hechos particulares de este
caso, la apelación que eventualmente hubiesen podido
presentar los recurridos para revisar la Sentencia del
Tribunal de Primera Instancia que desestimó su acción
laboral dependía necesariamente de si existió o no justa
causa para que notificaran tardíamente su moción de
reconsideración. Estas son las consecuencias jurídicas que
asume quien presente una moción de reconsideración
incumpliendo con el requisito de notificación que dispone
la Regla 47, supra, sin tener una justa causa que excuse
dicha inobservancia. En el caso que nos ocupa el Tribunal
de Apelaciones le solicitó a los recurridos que se
expresaran sobre este asunto particular, empero, no lo
atendió en el dictamen que posteriormente emitió. De
hecho, solo aludió a los planteamientos relacionados con CC-2014-586 23
los errores que presuntamente había cometido el foro
primario en su Sentencia desestimatoria, mas no se expresó
en torno al asunto de si había actuado correctamente al
declarar no ha lugar la moción de reconsideración por
defectos procesales. Pasamos a atender esta situación a la
luz del expediente del caso.
Es un hecho incontrovertido que los recurridos
notificaron su moción de reconsideración fuera del término
de cumplimiento estricto que dispone la Regla 47, supra.
Como ya discutimos, podríamos concluir que se prorrogó ese
término si estos cumplen con la carga de acreditar la
justa causa que les impidió notificar oportunamente, pero
las razones que acreditan no nos mueven a resolver a su
favor. Veamos.
La representación legal de los recurridos alegó que
durante la semana del 16 al 20 de septiembre de 2013 tuvo
mucha carga de trabajo porque estuvo atendiendo trámites
relacionados a otros casos. También explicó que elaboró la
moción de reconsideración el 17 de septiembre luego de las
5:00 p.m. y que fue a reproducir el documento en una
tienda al día siguiente. Relató que el día 18 trabajó
durante la mañana y que en la tarde acudió al correo para
enviar los documentos pero que mientras esperaba se
percató de que faltaba la página 2 en la fotocopia de la
moción. Según manifestó, al advertir esto optó por esperar
al día siguiente para llamar a la Secretaría del Tribunal
de Primera Instancia para cerciorarse de que el documento CC-2014-586 24
original estuviera completo. Por otro lado, arguyó que ese
mismo 18 de septiembre llevó el documento a digitalizar y
que le remitieron el mismo a su correo electrónico cerca
de las 9:00 p.m. Explicó que en ese momento analizó que
como en la certificación de la moción de reconsideración
se habían indicado dos métodos alternos de notificación,
incluyendo el correo electrónico, decidió notificarla al
día siguiente, el 19 de septiembre, a las 10:00 am.
Finalmente, nos advierte que a su juicio Suiza no sufrió
perjuicio alguno, y que por lo tanto, los planteamientos
de la peticionaria son totalmente ―frívol[os] y
olímpic[os]‖.59
Evidentemente, las razones presentadas para
justificar la tardanza en la notificación no se acercan a
lo que constituye una justa causa. Como bien resolvió el
Tribunal de Primera Instancia, no se acreditó razón alguna
para no poder notificar vía correo electrónico, aun cuando
en la propia moción de reconsideración se había
certificado que así se había hecho. El abogado de los
recurridos sostiene que los tribunales ―deben tener en
mente que existen múltiples alternativas para cumplir con
el requisito de notificación‖ y que en este caso él
escogió notificar mediante correo certificado.60 Su
contención es que ello se vio afectado por la ausencia de
una de las páginas de la copia del documento y que fue
59 Véase, Oposición a moción informativa sobre solicitud de reconsideración presentada por la parte querellante. Apéndice de la petición de certiorari, pág. 245. 60 Id. CC-2014-586 25
entonces cuando decidió notificar electrónicamente. Estos
planteamientos son completamente contrarios a nuestro
ordenamiento procesal y al propio expediente del caso.
En primer lugar, si bien las Reglas de Procedimiento
Civil disponen varios métodos para que las partes se
notifiquen documentos entre sí, ello debe hacerse
cumpliendo con los términos que las propias Reglas
establecen. No puede ser de otra manera. El propósito de
estos medios alternos es facilitar los trámites procesales
al proveer varias opciones para poder notificar. Pero esto
no puede utilizarse como fundamento para argüir que ante
la imposibilidad de utilizar el método de notificación de
preferencia no se pudo cumplir con la notificación si la
evidencia demuestra que la parte no ejecutó acciones
afirmativas para notificar mediante otro método
disponible.61 Y eso fue lo que ocurrió en este caso. El
propio representante legal de los recurridos sostiene que
recibió el documento digitalizado en la noche del 18 de
septiembre a su correo electrónico y no explicó razón
alguna para que impidiera remitirlo en ese momento. Sin
lugar a dudas, las razones aducidas por los recurridos no
constituyeron justa causa para notificar la moción de
reconsideración a Suiza dos días después del término
dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil. Pues tal y
61 Aclaramos que de todas maneras la ausencia de una página en la fotocopia no equivale a una justa causa para no notificar dentro del término de cumplimiento estricto. CC-2014-586 26
como resolvimos en Soto Pino v. Uno Radio Group, supra,
aunque en otro contexto fáctico,
Los tribunales deben tener en mente que existen múltiples alternativas para cumplir con el requisito de notificación a las demás partes en el término dispuesto. Por ejemplo, en el caso de autos el recurrido pudo haber optado por presentar su recurso con tiempo suficiente para en horas laborables haber enviado por correo certificado la notificación. Incluso pudo haber notificado el recurso por correo electrónico […]. En fin, si la parte optó por esperar hasta el último momento, tenía alternativas para cumplir con el término de cumplimiento estricto o, como mínimo, acreditar la justa causa con excusas de peso.
IV
Resolvemos, que cuando una parte no cumple con el
requisito de notificar una moción de reconsideración
dentro del término de cumplimiento estricto que establece
la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, el efecto que
pueda tener dicha moción en cuanto a interrumpir el
término para recurrir en alzada queda supeditado a la
determinación judicial que posteriormente se haga sobre si
hubo o no justa causa que ameritara la tardanza. Solo de
esta manera podrá entenderse que la moción cumplió con
todas las especificidades de la Regla 47, supra y que por
lo tanto interrumpió los términos para recurrir. Estas
son las consecuencias jurídicas a las que se expone una
parte que notifica fuera del término de cumplimiento
estricto sin tener una justa causa que lo exima de dicho
cumplimiento. Si bien ese elemento es uno que debe evaluar
el tribunal caso a caso, en reiteradas ocasiones este CC-2014-586 27
Tribunal se ha pronunciado en torno a lo que constituye o
no una justa causa. En atención a los fundamentos que
hemos expresado reafirmamos que los litigantes deben
procurar acatar rigurosamente los términos reglamentarios
a no ser que en efecto haya acontecido una situación que –
conforme a nuestros pronunciamientos- justifique una
tardanza.
V
Por los fundamentos antes expuestos, erró el Tribunal
de Apelaciones al acoger el recurso de apelación de los
recurridos. El recurso se presentó tardíamente, toda vez
que la moción de reconsideración presentada ante el
Tribunal de Primera Instancia no interrumpió el término
para apelar la sentencia emitida el 29 de agosto de 2013.
Se revoca la sentencia apelada.
Edgardo Rivera García Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Nelson Rivera Marcucci; Jaime V. Sepúlveda Ruiz; Víctor García Muñoz; Carlos Alberto Mejías Certiorari Cortes, Norbert Cruz Martín; David J. Lebrón CC-2014-0586 Recurridos
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se revoca la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones en el caso de autos.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez no intervino.
Juan E. Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo