Mundo Ríos v. Comisión Estatal De Elecciones

2012 TSPR 166

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: November 3, 2012
• Docket: CT-2012-20
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Edwin Mundo Ríos, en su capacidad como Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista

Peticionario

v.

Comisión Estatal de Elecciones; Héctor Jaime Conty Pérez, en su capacidad como Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones; Eder Ortiz Ortiz, en su capacidad Certiorari como Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático; 2012 TSPR 166 Roberto Iván Aponte Berríos, en su capacidad como Comisionado 187 DPR ____ Electoral del Partido Independentista de Puerto Rico; Julio Fontanet Maldonado, en su capacidad como Comisionado Electoral del Movimiento Unión Soberanista; Lillian Aponte Dones, en su capacidad como Comisionada Electoral del Partido del Pueblo Trabajador, y Adrián Díaz Díaz, como Comisionado Electoral de Puertorriqueños por Puerto Rico

Recurridos

Número del Caso: CT-2012-20

Fecha: 3 de noviembre de 2012

Tribunal de Primera Instancia Sala Superior de San Juan

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Oscar J. Santamaría Torres

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. José L. Nieto Mingo Lcda. Brenda Berríos Morales Lcdo. Julio Fontanet Maldonado Lcdo. Adrián Díaz Díaz Lcdo. Pedro Ortiz Álvarez Lcdo. Jorge Martínez Luciano Lcdo. Emil Rodríguez Escudero

Materia: Código Electoral para el Siglo XXI – Entrega de lista de Electores Excluidos (“I-8”) para comicios electorales de noviembre 2012

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Edwin Mundo Ríos, en su capacidad como Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista Certificación

Comisión Estatal de CT-2012-020 Elecciones; Héctor Jaime Conty Pérez, en su capacidad como Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones; Eder Ortiz Ortiz, en su capacidad como Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático; Roberto Iván Aponte Berríos, en su capacidad como Comisionado Electoral del Partido Independentista de Puerto Rico; Julio Fontanet Maldonado, en su capacidad como Comisionado Electoral del Movimiento Unión Soberanista; Lillian Aponte Dones, en su capacidad como Comisionada Electoral del Partido del Pueblo Trabajador, y Adrián Díaz Díaz, como Comisionado Electoral de Puertorriqueños por Puerto Rico

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de noviembre de 2012.

Hoy este Tribunal está llamado a expresarse en cuanto

a una controversia latente de naturaleza electoral. En

esta ocasión la confianza, transparencia y pulcritud del

sistema electoral de Puerto Rico está bajo ataque a tan CT-2012-020 2

solo tres días de que nuestro Pueblo exprese su voluntad

en las urnas.

El caso de autos coloca ante nuestra consideración el

eminente interés público de salvaguardar la pureza del

contenido de las urnas electorales garantizando que solo

aquellos electores que ostentan válidamente el derecho al

voto acudan a los colegios electorales. La confianza de la

ciudadanía en el ejercicio electoral que se llevará a cabo

el próximo martes, 6 de noviembre, está en juego.

Nos corresponde interpretar el Manual de

Procedimientos para las Elecciones Generales, la Consulta

sobre el Estatus Político de Puerto Rico y el Escrutinio

General, aprobado el 19 de septiembre de 2012 (Manual de

Procedimientos para las Elecciones) para auscultar si en

el colegio de electores que votan añadidos a mano debe

haber una lista de electores excluidos por estar inactivos

(I-8). También debemos resolver si los electores que

aparecen en esas listas pueden votar en el colegio de

electores que votan añadidos a mano. Luego de analizar con

detenimiento las posiciones de las partes junto al derecho

aplicable, contestamos la primera interrogante en la

afirmativa y la segunda en la negativa.

I

Como es de conocimiento público, las elecciones

generales en Puerto Rico tendrán lugar el próximo martes,

6 de noviembre de 2012, junto a una consulta de estatus,

conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 283-2011,

conocida como Ley Habilitadora del Plebiscito. CT-2012-020 3

Ante la preocupación de salvaguardar la pureza de los

procesos ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el

peticionario Comisionado Electoral del Partido Nuevo

Progresista (PNP) solicitó a ese organismo que entregara

las listas I-8 a todas las unidades y colegios

electorales. Las listas I-8 corresponden a las personas no

hábiles para votar conforme a las disposiciones del Código

Electoral, es decir, aquellos electores inactivos porque

no ejercieron su derecho al voto en las elecciones

generales de 2008 y no se reactivaron para votar antes del

17 de septiembre de 2012.

Atendida la petición, el 26 de octubre de 2012 la CEE

la denegó mediante la Resolución CEE-RS-12-120. Fundamentó

su decisión en que la solicitud realizada por el

Comisionado del PNP ―constituiría una enmienda a la Regla

35 inciso (1) del Reglamento de Elecciones Generales de

2012, que no cuenta con el consentimiento unánime de los

comisionados electorales según lo requiere el Artículo

3.004(c) del Código Electoral‖. Véase, Resolución CEE-RS-

12-120, pág. 4.

No conteste con esta determinación, el 27 de octubre

de 2012 el Comisionado Electoral del PNP presentó una

moción de reconsideración ante la CEE. Esta fue denegada

mediante Resolución el 29 de octubre de 2012.

Así las cosas, el 30 de octubre de 2012 la parte

peticionaria presentó un escrito de revisión de la

Resolución de la CEE ante el Tribunal de Primera

Instancia, Sala de San Juan. Ese mismo día, la Juez CT-2012-020 4

Superior Hon. Georgina Candal Segurola dictó una orden

mediante la cual señaló vista para el jueves, 1 de

noviembre de 2012.

Ante la inminencia de la celebración del evento

electoral, el peticionario presentó un auto de

certificación intrajurisdiccional ante este Tribunal el 31

de octubre de 2012. Examinado el recurso, denegamos la

expedición del auto. Entendimos que nuestra intervención

era innecesaria en esa etapa de los procedimientos ya que

el foro primario podía resolver el asunto con premura.

A pesar de la deferencia que le brindamos a ese foro,

este no resolvió con la celeridad que este asunto amerita.

Con ello colocó en riesgo la posibilidad de que el sistema

judicial concediera un remedio oportuno. Sentó así las

bases para que, por la ausencia de una decisión judicial,

la controversia se tornara académica. Nos preocupa la

actitud asumida por la Hon. Candal Segurola, pues no es la

primera vez que tenemos que intervenir para atender con

prontitud una controversia electoral que ella no resolvió

a tiempo. Véase, PNP v. CEE Y PPD I, Op. de 3 de abril de

2012, 2012 T.S.P.R. 61, 2012 J.T.S. 74, 185 D.P.R. __

(2012). Ante la urgencia del asunto planteado, no podemos

cruzarnos de brazos y hacernos de la vista larga.

Inconforme con la inercia del Tribunal de Primera

Instancia, el peticionario acude otra vez ante nos y

solicita que, en aras de garantizar la pureza y eficiencia

del proceso eleccionario, reconsideremos y resolvamos a

favor de permitir que las listas (I-8) sean suministradas CT-2012-020 5

a todos los colegios y unidades electorales para evitar

que electores inactivos según las disposiciones de nuestro

Código Electoral se presenten a los colegios de electores

añadidos a mano y emitan su voto ilegalmente.

El Art. 4.001 del Código Electoral de Puerto Rico

para el Siglo XXI, Ley Núm. 78-2011, 16 L.P.R.A. sec.

4031, dispone que todo ―asunto o controversia que surja

dentro de los cinco (5) días previos a la celebración de

una elección deberá notificarse en el mismo día de su

presentación y resolverse no más tarde del día siguiente

de su presentación‖. Ante el deber plasmado en ese

precepto y la falta de actuación oportuna del foro

primario, nos vimos obligados a reconsiderar y expedir el

auto de certificación el 2 de noviembre de 2012 a las 3:00

P.M. Asimismo, ordenamos a todas las partes que

presentaran sus alegatos no más tarde del 2 de noviembre

de 2012 a las 7:00 P.M.

La CEE y el Comisionado Electoral del Partido Popular

Democrático (PPD) cumplieron con nuestra orden y

presentaron sus alegatos.1

II 1 De igual forma, la Comisionada del Partido del Pueblo Trabajador solicitó la desestimación del recurso por falta de jurisdicción. Cimentó su petitorio en que el escrito de reconsideración se le notificó directamente a ella y no a su abogada, Lcda. Brenda Berrios Morales. Véase, Regla 67.2 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V. Es incorrecta la contención de la Comisionada Electoral del PPT. La licenciada Berrios Morales nunca compareció por escrito como abogada de récord. De hecho, la moción de desestimación es su primera comparecencia en este caso. Por consiguiente, la moción de reconsideración se notificó a la Comisionada Electoral directamente, como contemplan las reglas. CT-2012-020 6

El ordenamiento jurídico de Puerto Rico se le concede

jurisdicción a este Tribunal para intervenir en casos que

estén pendientes ante los tribunales de jerarquía inferior

mediante un auto de certificación intrajurisdiccional.

Art. 3.002 de la Ley Núm. 201-2003, Ley de la Judicatura

de 2003, 4 L.P.R.A. sec. 24s. El Art. 3.002 de la Ley de

la Judicatura de 2003, íd., establece que este mecanismo

podrá ser expedido por el Tribunal Supremo de manera

discrecional, a solicitud de parte o motu proprio, cuando

―se planteen cuestiones noveles de derecho, o se planteen

cuestiones de alto interés público que incluyan cualquier

cuestión constitucional sustancial‖ al amparo de la

Constitución de Puerto Rico o la Constitución de Estados

Unidos. Íd.

Al amparo de esa disposición estatutaria, este

Tribunal regularmente ha expedido autos de certificación

para resolver casos que por su propia naturaleza requieren

una solución urgente. P.I.P. v. E.L.A. et al., res. 6 de

julio de 2012, 2012 T.S.P.R. 111, 2012 J.T.S. 124, 186

D.P.R.___(2012); U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180

D.P.R. 253, 272-273 (2010). Con mayor frecuencia, se ha

utilizado el auto de certificación intrajurisdiccional

para adjudicar casos que involucran controversias de

derecho electoral. Véase P.I.P. v. E.L.A. et al., supra;

McClintock v. Rivera Schatz, 171 D.P.R. 584 (2007); Suárez

v. C.E.E. I, 163 D.P.R. 347 (2004).

La controversia expuesta en este caso cumple

claramente con todos los requisitos estatutarios y CT-2012-020 7

jurisprudenciales para que este Tribunal expida un auto de

certificación intrajurisdiccional. De entrada, esta

controversia surge bajo el contexto particular de que

Puerto Rico está a solo tres (3) días de celebrar las

Elecciones Generales de 2012. Como tribunal de última

instancia, estamos llamados a adjudicar utilizando como

norte los diversos intereses públicos de eminente

jerarquía que permean todo este caso.

Por otro lado, nuestro ordenamiento constitucional

garantiza que la voluntad política del Pueblo se ejercerá

a través del voto libre, directo y secreto. Art. II, Sec.

2, Const. P.R. Tomo 1, ed. 2008, pág. 278. Además, es

incuestionable el interés público de garantizar la

pulcritud del contenido de las urnas electorales, las

cuales son custodias de la voluntad democrática de los

ciudadanos de Puerto Rico. Así, es necesario que en este

caso el Tribunal de más alta jerarquía se exprese de forma

expedita y concienzuda en cuanto a una controversia que en

su fondo versa sobre la pureza del proceso electoral del

próximo martes. Todo ello es en aras de garantizar que

solo aquellas personas que ostentan válidamente su derecho

al voto así lo hagan. La responsabilidad jurídica final de

este Tribunal en cuanto a la controversia de epígrafe es

ineludible ―[p]ara traer alguna tranquilidad al Pueblo de

Puerto Rico‖. Suárez v. C.E.E. I, supra, pág. 362.

III

Como primer paso en el análisis, este Tribunal debe

guardar la usual deferencia a la CEE en aquellos casos en CT-2012-020 8

que la determinación dependa principal o exclusivamente de

una cuestión de derecho electoral especializado. Granados

v. Rodríguez Estrada I, 124 D.P.R. 1, 20 (1989). Sobre el

particular, hemos reiterado que las decisiones de los

organismos administrativos merecen deferencia judicial, ya

que son quienes cuentan con el conocimiento especializado

y la experiencia en los asuntos que se le encomiendan.

Comisionado de Seguros v. Real Legacy Assurance, 179

D.P.R. 692, 716-717 (2010); Vélez v. A.R.Pe., 167 D.P.R.

684, 693 (2006); Torres v. Junta de Ingenieros, 161

D.P.R. 696, 708 (2004); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum

Limited, 148 D.P.R. 70, 80 (1999).

Además, el Art. 14 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.

14, establece que cuando ―la ley es clara libre de toda

ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada

bajo el pretexto de cumplir su espíritu‖. Cónsono con lo

anterior, debemos recordar que ―como cuestión de umbral es

menester remitirnos al texto de la ley‖. Báez Rodríguez et

al. v. E.L.A., 179 D.P.R. 231, 245 (2010). Ello se debe a

que la manifestación clara del legislador es la expresión

por excelencia de toda intención legislativa. Íd.; S.L.G.

Rodríguez–Rivera v. Bahía Park, 180 D.P.R. 340, 355

(2010); Rullán Rivera v. A.E.E., 179 D.P.R. 433, 444

(2010); Claro TV y Junta Regl. Tel. v. OneLink, 179 D.P.R.

177, 209–210 (2010).

El Art. 6.012 del Código Electoral, supra, 16

L.P.R.A. sec. 4072, dispone que la CEE podrá excluir del

Registro a un elector por las causales dispuestas en la CT-2012-020 9

ley. Entre ellas, se encuentra que el elector fue

―inactivado‖ del Registro General de Electores porque no

votó en las elecciones generales previas. Íd. Según ese

precepto legal, esa inactivación del elector constituye

―[u]na exclusión [que] no implicará la eliminación de los

datos del elector del Registro General de Electores‖. Eso

obedece a que ese elector puede reactivarse antes de la

fecha límite dispuesta para ello. En particular, el Art.

6.015 del Código Electoral, supra, 16 L.P.R.A. sec. 4075,

indica que no se autoriza la inscripción de ningún elector

cincuenta días previos a la elección.

Por otro lado, la Regla 18 del Reglamento para las

Elecciones Generales y el Escrutinio General de 2012,

aprobado el 10 de mayo de 2012, ordena a la Oficina de

Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico de la

CEE (OSIPE) producir la lista de electores excluidos para

su uso en las subjuntas de unidad y colegios de votación.

Asimismo, la Regla 35 de ese Reglamento, íd., establece

que en cada centro de votación habrá un colegio para que

voten los electores que reclamen su derecho al voto pero

no aparecen en la lista de electores activos ni en la de

exclusiones. Allí solo votarán los electores que no

aparecen en las listas electorales ―por errores

administrativos de la Comisión…‖. Íd. Véase, además, Art.

9.015 del Código Electoral, supra, 16 L.P.R.A. sec. 4155.

Por eso, la Regla 14.6(d) del Manual de

Procedimientos para las Elecciones Generales dispone

taxativamente, como señaló el Presidente de la CEE en su CT-2012-020 10

resolución, que un elector ―excluido NO PODRÁ VOTAR a

menos que haga entrega de algún documento oficial de la

CEE que evidencie que puede tener derecho a votar‖.

(Énfasis en el original.) Incluso, votar añadido a mano

sin derecho a hacerlo constituye delito grave de cuarto

grado que conlleva como penalidad un término fijo de tres

años de cárcel. Véanse, Art. 12.023 del Código Electoral,

supra, 16 L.P.R.A. sec. 4253; Art. 307 del Código Penal de

2012, Ley Núm. 146-2012, 33 L.P.R.A. sec. __.

Además, se debe recordar que toda persona que a

sabiendas viole cualquier disposición del Código Electoral

será sancionada con pena de reclusión que no excederá de

seis (6) meses o multa que no excederá de quinientos (500)

dólares o ambas penas a discreción del tribunal. Art.

12.005 del Código Electoral, supra, 16 L.P.R.A. sec. 4235.

Igual pena conlleva violar intencionalmente cualquier

regla o reglamento aprobado y promulgado por la CEE. Art.

12.007 del Código Electoral, supra, 16 L.P.R.A. sec. 4237.

Como se aprecia, la Asamblea Legislativa tipificó

como delito varias conductas dirigidas a cometer fraude

electoral. Con la tipificación de esos delitos, se

desprende una clara política pública por parte del

legislador de combatir el fraude electoral imponiendo

responsabilidad penal.

IV

En su resolución, la CEE indicó que la petición del

Comisionado Electoral del PNP para que en cada colegio se

distribuya una lista I-8 constituía una enmienda a la CT-2012-020 11

Regla 35 del Reglamento para las Elecciones Generales y el

Escrutinio General de 2012. Luego de auscultar el

ordenamiento jurídico pertinente, resulta forzoso concluir

que la interpretación de la CEE es errónea. Por el

contrario, el reglamento ordena la distribución de las

listas de electores excluidos en los centros de votación

que se habilitarán el próximo 6 de noviembre de 2012. Por

definición, eso incluye los electores inactivos que

aparecen en las listas I-8. Estos también son electores

excluidos del registro electoral. Al respecto, la Regla 18

del Reglamento antes citado, íd., ordena que la OSIPE

reproduzca las listas de electores excluidos para uso de

las subjuntas de unidad y colegios de votación. Cónsono

con lo anterior, el Art. 6.012 del Código Electoral,

supra, ordena a la CEE excluir del Registro Electoral a

los electores que no votaron en las pasadas elecciones.

Esos electores se encuentran agrupados en las listas I-8.

Según se desprende de la Sec. 14.6(d) del Manual de

Procedimientos para las Elecciones, ningún elector que

aparezca en la lista de excluidos puede votar en un

colegio de electores añadidos a mano sin presentar un

documento oficial expedido por la propia CEE que evidencie

que tiene derecho a votar. No es suficiente que un elector

excluido o inactivado se presente a votar sin evidencia

oficial de que tiene derecho a ello.

Así pues, resulta espinoso concebir cómo se puede

cumplir con el mandato legislativo que recoge el Art.

6.012 del Código Electoral, íd., sin que los funcionarios CT-2012-020 12

de los centros de votación tengan las listas I-8 a su

disposición. Sin lugar a dudas, esas listas son

herramientas de trabajo necesarias para que estos

funcionarios puedan ejercer sus deberes ministeriales

delegados por ley. Véase, en general, Secs. 7.1 a 16.2 del

Manual de Procedimientos para las Elecciones.

Las partes recurridas señalan que en el pasado nunca

se han incluido los electores inactivos en la lista de

electores excluidos. Si bien la interpretación de la

agencia encargada de poner en vigor su reglamento merece

deferencia, eso no convalida una interpretación que se

aparte del texto de la ley y del propio reglamento. Los

electores inactivos son una categoría de electores

excluidos de las listas de votación. No estamos cambiando

las reglas para estas elecciones. Lo que sucede es que el

uso y costumbre no justifica apartarse del texto del

reglamento.

Debemos recordar que los colegios de electores

añadidos a mano existen exclusivamente para garantizar el

derecho al voto de electores activos e inscritos

válidamente pero que, por errores administrativos de la

CEE, su información registral no aparece en las listas de

electores o está con errores. Véanse, Art. 9.015 del

Código Electoral, supra; Regla 35 del Reglamento para las

Elecciones Generales, supra. Por ende, resulta claro que

estos colegios de electores añadidos a mano no se

diseñaron con el propósito ilegal y delictivo de permitir

el voto de electores excluidos o inactivados. Es decir, el CT-2012-020 13

colegio de añadidos a mano no existe para que vote quien

no tiene derecho a hacerlo.

V

Por último, es menester aclarar que la controversia

que atendemos hoy es muy distinta a la que discutió el

Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito en

Colón Marrero et al. v. Conty Pérez et al., Op. de 2 de

noviembre de 2012, No. 12-2145. Allí se resolvió que la

National Vote Registration Act (NVRA), 42 U.S.C. sec.

1973gg-1(4), por sus términos no aplica a Puerto Rico.

Colón Marrero et al. v. Conty Pérez et al., supra, pág. 6.

El foro federal sostuvo que la parte allí demandante sí

presentó un caso con mérito en cuanto a la Help America

Vote Act of 2003 (HAVA), 42 U.S.C. sec. 15541, en lo que

respecta a la candidatura de comisionado residente. Colón

Marrero et al. v. Conty Pérez et al., supra, pág. 8. Sin

embargo, aclaró que

es una pregunta abierta y difícil –que la demandante no discutió- si la HAVA proveería un fundamento para que un tribunal estatal ordene la reinstalación de votantes en las elecciones del Estado Libre Asociado. En la medida en que el lenguaje de nuestra orden de 11 de octubre sugirió que nuestra determinación también se extendía al derecho de la demandante a votar en las elecciones locales de Puerto Rico, ese lenguaje no reflejó ni refleja la visión de la mayoría [del tribunal]. Íd., pág. 9. (Traducción nuestra.)2

2 El texto original en inglés dispone: ―[I]t is an open and difficult question –-one not addressed by plaintiff–- whether HAVA would provide a basis for a federal court ordering the reinstatement of voters in Commonwealth elections. To the extent that the language of the October 11 order suggested that our determination also extended to plaintiff's right to vote in Puerto Rico's local CT-2012-020 14

En otras palabras, el tribunal federal rechazó el uso

de la HAVA para obligar a la CEE a reactivar en esta

elección de 2012 a los electores excluidos del registro

electoral porque no votaron en las elecciones generales de

2008. De esa forma, es errada la postura del Comisionado

del PPD que sostiene lo contrario. Como muy bien señala la

CEE, con la ―determinación del Tribunal de Apelaciones

para el Primer Circuito, es evidente que en este momento

nadie cuestiona que los electores que no votaron en las

elecciones generales del [sic] 2008... no pueden votar en

las Elecciones Generales del [sic] 2012‖. Alegato de la

CEE, pág. 3. De hecho, el Comisionado del PPD nos informa

que el Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer

Circuito emitió una orden ayer, 2 de noviembre de 2012, en

la que denegó una moción de emergencia que presentó la

allí demandante para que se le permitiera votar el próximo

martes.

Como se aprecia, el Tribunal Federal de Apelaciones

para el Primer Circuito atendió una controversia pura de

derecho federal. En específico, se le planteó la

aplicación de las dos leyes federales discutidas a las

elecciones de este territorio. Muy distinta es la

encomienda que atendemos hoy. Nuestra labor en este caso

es interpretar nuestra ley electoral estatal y los

reglamentos aplicables para resolver la controversia que

nos ocupa.

elections, that language did not and does not reflect the view of the majority‖. CT-2012-020 15

VI

Por los fundamentos antes expuestos, se declara con

lugar la moción de reconsideración que presentó la parte

peticionaria. En consecuencia, se ordena al Presidente de

la Comisión Estatal de Elecciones, Hon. Héctor Conty

Pérez, que inmediatamente imparta instrucciones para que

se proceda con la impresión de las listas I-8. Además, se

ordena que esas listas sean distribuidas a todas las

subjuntas de las unidades y los centros de votación que

estarán activos el 6 de noviembre de 2012.

Se dictará Sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Edwin Mundo Ríos, en su capacidad como Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista Certificación

Comisión Estatal de CT-2012-020 Elecciones; Héctor Jaime Conty Pérez, en su capacidad como Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones; Eder Ortiz Ortiz, en su capacidad como Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático; Roberto Iván Aponte Berríos, en su capacidad como Comisionado Electoral del Partido Independentista de Puerto Rico; Julio Fontanet Maldonado, en su capacidad como Comisionado Electoral del Movimiento Unión Soberanista; Lillian Aponte Dones, en su capacidad como Comisionada Electoral del Partido del Pueblo Trabajador, y Adrián Díaz Díaz, como Comisionado Electoral de Puertorriqueños por Puerto Rico

SENTENCIA

En San Juan Puerto Rico a 3 de noviembre de 2012.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se declara con lugar la moción de reconsideración que presentó la parte peticionaria. En consecuencia, se ordena al Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Hon. Héctor Conty Pérez, que inmediatamente imparta instrucciones para que se proceda con la impresión de las listas I-8. Además, se ordena que esas listas sean distribuidas a todas las subjuntas de las CT-2012-020 2

unidades y los centros de votación que estarán activos el 6 de noviembre de 2012.

Notifíquese inmediatamente a las partes por correo electrónico, fax o teléfono y personalmente a través de la Oficina de Alguaciles de este Tribunal.

Lo acordó y ordena el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió una opinión disidente a la cual se unieron el Juez Presidente señor Hernández Denton y la Jueza Asociada señora Fiol Matta.

Aida Ileana Oquendo Gralau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Edwin Mundo Ríos, en su capacidad como Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista

Comisión Estatal de CT-2012-20 Elecciones; Héctor Jaime Conty Pérez, en su capacidad como Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones; Eder Ortiz Ortiz, en su capacidad como Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático; Roberto Iván Aponte Berríos, en su capacidad como Comisionado Electoral del Partido Independentista de Puerto Rico; Julio Fontanet Maldonado, en su capacidad como Comisionado Electoral del Movimiento Unión Soberanista; Lillian Aponte Dones, en su capacidad como Comisionada Electoral del Partido del Pueblo Trabajador, y Adrián Díaz Díaz, como Comisionado Electoral de Puertorriqueños por Puerto Rico

Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez a la que se unen el Juez Presidente señor Hernández Denton y la Jueza Asociada señora Fiol Matta

San Juan, Puerto Rico, a 3 de noviembre de 2012

―Permitir que los que ejercen el poder determinen CT-2012-20 2

la exclusión del derecho al voto de sus adversarios es invitar a la destrucción de la democracia. Por ello la independencia de los tribunales que revisan los asuntos electorales es de vida o muerte en una 3 democracia‖.

A sólo horas de comenzar el evento que cada

cuatrienio marca nuestro renovado compromiso democrático,

la mayoría de este Tribunal arroja sombras sobre su

legitimidad, al cambiar, sin base jurídica alguna, las

reglas de juego. Con este dictamen, se contribuye a la

turbidez sobre los resultados de esta elección y se

lacera, de paso, la confianza ciudadana en esta

institución. Confianza, que es también baluarte

democrático porque se asienta sobre la base de que somos

prudentes e imparciales en el ejercicio del vasto poder

que la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico nos ha delegado. El Juez Brandeis, con sabiduría,

aseveró lo siguiente sobre el Tribunal Supremo de Estados

Unidos, y bien valdría que se asumiera su admonición:

―The most important thing we do is not doing.‖ A. Bickel,

The Least Dangerous Branch 71 (1961).

Disiento del curso que traza la mayoría por varias

razones: primero, porque no se basa en una interpretación

coherente del Código Electoral de Puerto Rico para el

3 Cámara de Representantes, Informe Positivo sobre el Sustitutivo del Proyecto de la Cámara 1863, 8 de marzo de 2010, pág. 17 (Ponencia del Lcdo. Héctor Luis Acevedo). CT-2012-20 3

Siglo XXI, ni del Reglamento para las Elecciones

Generales y el Escrutinio General de 2012 y el Manual de

Procedimiento para las Elecciones Generales, la Consulta

General; segundo, porque es contraria al principio legal

que propone que las interpretaciones de los entes

administrativos merecen nuestra deferencia; tercero,

porque legislamos sin que este Tribunal haya dictaminado

que se han violado derechos de rango constitucional;

cuarto, porque tan tardío dictamen es irreflexivo;

quinto, porque el mandato de la mayoría se asienta sobre

unos argumentos del peticionario de posible fraude

electoral, asunto sobre el cual no hay un ápice de prueba

en el récord; sexto, porque tal cual nos indica la

Comisión Estatal de Elecciones (C.E.E.), la orden que hoy

emite la mayoría trastoca el cuidadoso esquema

establecido y que históricamente se ha utilizado para la

votación, proceso éste cuya esencia es evitar

confrontaciones en el colegio de votación.

Estamos ante otro esfuerzo más de la mayoría para

limitar los derechos de los ciudadanos, en este caso uno

de los más preciados en la democracia: el derecho al

voto. La acción de la mayoría abre las puertas las

puertas a la supresión de electores (―voter suppression‖)

válidamente inscritos. En la actualidad este fenómeno se

está viviendo en Estados Unidos.

Innumerables estados (i.e., Ohio, North Carolina,

Florida, Wisconsin, Arizona, Mississippi, Alabama, Texas, CT-2012-20 4

etc.) y sus funcionarios administrativos, han promulgado

medidas dirigidas a impedir, restringir o limitar el

sufragio cuyo efecto es intimidar a votantes que no son

afines a su partido político. Véanse, entre otros,

Alexander Keyssar, Voter Suppression Returns, Voting

rights an partisan practices, Harvard Magazine, July-

August (2012); Jane Mayer, The Voter-Fraud Myth, The man

who stoked fear about impostors at the polls, The New

Yorker, October 29, 2012. Tan serio es el problema, que

el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha asumido

un rol proactivo revisando e impugnando judicialmente

varias de estas medidas. Eric Holder, mensaje

pronunciado en el Lyndon Baines Johnson Presidential

Library and Museum, 13 de diciembre de 2011.

En un estudio del Brennan Center for Justice, J.

Levitt concluye:

Allegations of widespread voter fraud, however, often prove greatly exaggerated. It is easy to grab headlines with a lurid claim (―Tens of thousands may be voting illegally!‖); the follow-up — when any exists — is not usually deemed newsworthy. Yet on closer examination, many of the claims of voter fraud amount to a great deal of smoke without much fire. The allegations simply do not pan out. These inflated claims are not harmless. Crying “wolf” when the allegations are unsubstantiated distracts attention from real problems that need real solutions. […] Moreover, these claims of voter fraud are frequently used to justify policies that do not solve the alleged wrongs, but that could well disenfranchise legitimate voters. J. Levitt, The Truth About Voter Fraud, pág. 3 (2007) (énfasis suplido). CT-2012-20 5

El fenómeno antes descrito se ejemplifica en la

controversia de autos y la mayoría de este Foro se hace

partícipe de ello.

Una mayoría de este Tribunal parece aplicar un

enfoque circunstancial en lugar de estatutario y

reglamentario a la controversia de autos. A sólo tres

días de los próximos comicios electorales la ―pulcritud

del sistema electoral de Puerto Rico está bajo ataque‖,

Opinión Per Curiam, pág. 1, y lamentablemente la mayoría

contribuye a este embate con su orden emitida. ―Court

orders affecting elections, especially conflicting

orders, can themselves result in voter confusion and

consequent incentive to remain away from the polls.‖

Purcell v. González, 549 U.S. 1, 4-5 (2006). Es por ello

que no es aconsejable dictar una orden como la de hoy a

sólo horas de una elección. Colón-Marrero v. Conty

Pérez, Civil No. 12-2145, slip op., Nov. 2, 2012.

Nuevamente, la confianza de la ciudadanía en este Foro

como último recurso para vindicar el derecho al voto y

proveer objetivamente de un remedio justo y equitativo,

queda irremediablemente mancillada.

Hoy se desfigura el estado de derecho. Somos

testigos de una interpretación forzada, torcida, y,

repetimos, circunstancial que no se ajusta a las

exigencias ético-jurídicas de un tribunal. El proceder

mayoritario permite que otros concluyan que se ingenia

una solución levemente articulada que ante peticionarios

anónimos, no se idearía. Todo lo cual es motivo de honda CT-2012-20 6

preocupación ante el advenimiento de unos nuevos comicios

electorales.

En la controversia de autos, hasta la mirada párvula

de quien tiene a su alcance tanto el Código Electoral de

Puerto Rico para el Siglo XXI, 16 L.P.R.A. Secs. 4001 et

al., como el Reglamento para las Elecciones Generales y

el Escrutinio General de 2012 y el Manual de

General, podría concluir que el comisionado electoral del

Partido Nuevo Progresista (P.N.P), aquí peticionario, no

le asiste la razón.

La controversia de autos es sencilla, tal cual su

solución, puesto que el Código Electoral y el Reglamento

para las Elecciones Generales y el Escrutinio General de

2012 (―Reglamento para las Elecciones Generales‖)

disponen claramente de un curso a seguir del que se ha

distanciado este Tribunal en el día de hoy. El P.N.P.

solicita que autoricemos que las listas de electores

inactivos en el Registro Electoral (conocidas como

―listas de electores inactivos I-8‖) sean entregadas a

todas las unidades y colegios electorales donde van a

votar los electores que utilizan el procedimiento de voto

añadido a mano.4 Tal pretensión persigue que los

4 Recordemos que los electores inactivos son aquéllos que dejaron de votar en la elección general anterior. Cód. Electoral Art. 6.012, 16 L.P.R.A. Sec. 4072. No deben confundirse éstos con los electores que aparezcan en las CT-2012-20 7

funcionarios a cargo de estos colegios no les permitan a

los electores inactivos I-8 votar de conformidad con el

procedimiento establecido para los colegios especiales de

votos añadidos a mano, a pesar de que dichos electores

quizás aparezcan en tales listas I-8 por error

administrativo de la Comisión.

Vista la petición del comisionado electoral del

P.N.P. ante la propia Comisión Estatal de Elecciones

(C.E.E.), no hubo unanimidad entre los comisionados

electorales. Por tal motivo, el presidente de la C.E.E.,

Héctor Conty Pérez, emitió la Resolución CEE-12-120 el 26

de octubre de 2012. En ésta concluyó que ante la falta de

unanimidad para enmendar el Reglamento para las

Elecciones Generales en lo referente a los colegios

especiales de electores añadidos a mano, no procedía la

solicitud del P.N.P. Basó su determinación en que el

Artículo 3.004 del Código Electoral dispone que toda

enmienda al Reglamento que se adopte a menos de noventa

días antes de las elecciones generales, requerirá la

participación de todos los comisionados electorales y el

voto unánime de éstos. 16 L.P.R.A. Sec. 4014.

El señor Conty Pérez esbozó el estado de derecho

vigente y subrayó que la Regla 35 del Reglamento para las

Elecciones Generales claramente establece que a cada

colegio especial de electores añadidos a mano le serán

enviadas solamente las listas de votantes activos y las

listas de excluidos, a quienes les aplican otros criterios. Id.; 16 L.P.R.A. Sec. 4077. CT-2012-20 8

listas de votantes excluidos. Al no disponer que se

deban enviar las listas de votantes inactivos I-8, la

petición del P.N.P. constituiría una enmienda a dicho

Reglamento. Además de esto, el Presidente de la C.E.E.

fue muy enfático al expresar que los electores inactivos

no tienen derecho a votar y que aquéllos que puedan tener

derecho a votar y lo hagan mediante el mecanismo de votos

añadidos a mano, deberán seguir los procedimientos en

ley. Concluyó diciendo que la inobservancia de esos

procesos o el intento de fraude de quienes no tuvieren

derecho a votar, conllevaría las respectivas sanciones

penales que la ley dispone.

II

A

Lo que está bajo nuestra consideración en esta

controversia son las disposiciones del Código Electoral

de Puerto Rico y el Reglamento para las Elecciones

Generales, un reglamento que aprobaron los propios

comisionados electorales que conforman la C.E.E. Cód.

Electoral Art. 3.001, 16 L.P.R.A. Sec. 4011.

En innumerables ocasiones hemos sido consistentes en

que las conclusiones e interpretaciones que hagan los

organismos administrativos sobre las leyes y reglamentos

que administran merecen gran consideración y respeto.

Por tanto, en tales circunstancias la revisión judicial

se limita a determinar si la agencia actuó arbitraria o

ilegalmente o en forma tan irrazonable que su actuación

constituyó un abuso de discreción. Rebollo v. Yiyi CT-2012-20 9

Motors, 161 D.P.R. 69, 76 (2004); Rivera Concepción v.

A.R.P.E., 152 D.P.R. 116, 122 (2000).

En otras palabras, en estos casos el criterio a

aplicarse no es si la decisión administrativa es la más

razonable o la mejor según el parecer del foro judicial.

Todo lo contrario, el criterio rector que esta Curia ha

definido es si la determinación administrativa, en la

interpretación de los reglamentos y las leyes que le

incumbe implementar, es razonable. Rivera Concepción,

152 D.P.R. en la pág. 124. Ello no constituye una

abdicación al poder revisor de los tribunales, sino una

deferencia basada en el concepto de la razonabilidad del

proceder administrativo. Véase Yiyi Motors, 161 D.P.R.

en la pág. 78.

Además, es ―un principio firmemente establecido que

las decisiones de las agencias administrativas tienen a

su favor una presunción de legalidad y corrección, la

cual deben respetar los tribunales mientras la parte que

las impugna no produzca suficiente evidencia para

derrotarlas‖. Id. pág. 77 (énfasis suplido). En la

controversia ante nosotros, la parte peticionaria no ha

logrado rebatir esa presunción. Mucho menos ha podido

explicar cómo o por qué no debemos seguir, con relación a

los Artículos 3.004, 6.012 y 9.015 del Código Electoral,

el principio de hermenéutica legal del Artículo 14 del

Código Civil de Puerto Rico que tanto profesamos.

Entiéndase, el principio de que cuando la ley es clara,

no se debe menospreciar su letra. Cód. Civ. Art. 14, 31 CT-2012-20 10

L.P.R.A. Sec. 14; S.L.G. Rodríguez Rivera v. Bahía Park,

180 D.P.R. 340, 355 (2010) (Martínez Torres, J., Op.

Mayoritaria); Const. José Carro v. Mun. Aut. de Dorado,

2012 T.S.P.R. 114, en la pág. 13 (Rivera García, J., Op.

Mayoritaria); Pagán Santiago y otros v. Adm. Sistemas de

Retiro, 2012 T.S.P.R. 68, en la pág. 16 (Pabón Charneco,

J., Op. Mayoritaria).

La mayoría de este Foro intenta convencer de que el

Artículo 6.012 del Código Electoral es claro al equiparar

a los electores inactivos con los excluidos. Sin

embargo, la claridad opera en contra de su contención,

como veremos a continuación.

B

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico establece un derecho al sufragio universal, lo que

significa un principio amplio de inclusión en la

participación en los procedimientos electorales y

colectivos. Const. P.R., Preámbulo & Art. II, Sec. 2;

P.N.P. v. De Castro Font, 172 D.P.R. 883 (2007). Ese

derecho está reglamentado por medio de leyes especiales

como el Código Electoral, que reconoce la importancia del

ejercicio del voto. Tanto es así que la ley establece

una prohibición al rechazo, a la cancelación, a la

invalidación o anulación del elector calificado a su

derecho al voto. Cód. Electoral Art. 6.006, 16 L.P.R.A.

Sec. 4066. Examinemos a continuación los artículos

pertinentes del Código Electoral para resolver la

controversia de autos. Comencemos aclarando la CT-2012-20 11

interpretación errónea que hace la mayoría de la

diferencia entre los electores inactivos y los excluidos,

al equipararlos como una sola clasificación.

La Ley Electoral de 1977 establecía en su art. 2.012

que ―[s]i un elector dejare de votar en una elección

general su nombre será excluido de las listas

electorales‖. 16 L.P.R.A. Sec. 3062 (énfasis suplido)

(derogado). Bajo esa disposición estatutaria derogada

por la actual Asamblea Legislativa, la interpretación que

hoy la mayoría de este Tribunal le confiere al nuevo

Código Electoral podía haber prevalecido. Sin embargo,

la intención legislativa cuando se dio a la tarea de

crear el Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo

XXI fue cambiar dicha expresión de la ley. El Proyecto

de la Cámara presentado originalmente buscaba enmendar el

Código Electoral, sin el efecto de derogar todas sus

disposiciones.

Posteriormente es que la Asamblea Legislativa

decidió en efecto presentar y aprobar un Código Electoral

nuevo y distinto por completo al anterior. El primer

proyecto de ley disponía en la sección que hoy genera

esta controversia, la siguiente propuesta de enmienda:

Si un elector dejare de votar en una elección general su [nombre] registro o expediente será [excluido de las listas electorales] inactivado en el Registro General de Electores. La Comisión podrá excluir del mencionado registro a aquellos electores que por causales dispuestas en esta Ley o reglamento así se establezca. Una exclusión no implicará la eliminación de los datos del elector del Registro General de Electores. P. de la C. 1863. CT-2012-20 12

Como se puede apreciar del texto citado, lo

enfatizado en corchetes es lo que el proyecto de la

cámara propuso eliminar y el texto en bastardillas lo que

se propuso aprobar. El texto citado despeja cualquier

duda con respecto a la intención de la Asamblea

Legislativa de cambiar el tratamiento a los electores que

dejaran de votar en una elección general. Anteriormente

dicho elector se tenía que excluir de las listas

electorales, mas la enmienda propuesta sólo buscó

―inactivarlo‖ en el Registro General de Electores.

Tras ello, la Comisión de Gobierno de la Cámara de

Representantes presentó un Proyecto Sustitutivo de la

Cámara al P. de la C. 1863. Ya en este proyecto la

Asamblea Legislativa vislumbró la eliminación del antiguo

Código Electoral, para aprobar y adoptar un nuevo Código

Electoral. En ese proyecto sustitutivo, la Asamblea

Legislativa propuso, con respecto a la disposición

estatutaria en controversia en este caso, el siguiente

texto:

Si un elector dejare de votar en una elección general su registro o expediente podrá ser inactivado en el Registro General de Electores. La Comisión podrá excluir del mencionado registro a aquellos electores que por causales dispuestas en esta Ley o reglamento así se establezca. Una exclusión no implicará la eliminación de los datos del elector del Registro General de Electores. Sustitutivo de la Cámara al P. de la C. 1863.

El texto propuesto por el proyecto sustitutivo,

nuevamente presenta un trato distinto a lo que establecía

la Ley Electoral de 1977. La Asamblea Legislativa CT-2012-20 13

propuso inactivar al elector, un tratamiento claramente

diferente al de la exclusión que existía antes.

Por último, el texto aprobado por la Asamblea

Legislativa y firmado por el Gobernador como el Código

Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI dispone lo

siguiente en su Artículo 6.012:

Si un elector dejare de votar en una elección general su registro o expediente será inactivado en el Registro General de Electores. La Comisión podrá excluir el mencionado registro a aquellos electores que por causales dispuestas en esta Ley o reglamento así se establezca. Una exclusión no implicará la eliminación de los datos del elector del Registro General de Electores. Código Electoral, Art. 6.012, 16 L.P.R.A. Sec. 4072.

La letra de la ley y la intención legislativa no

pueden ser más claras hacia la distinción entre inactivo

y excluido. Con intención precisa la Asamblea

Legislativa decidió eliminar del verbo excluir a los

votantes que no participaran en unas elecciones

generales, para así darles un tratamiento distinto y

solamente catalogarlos como inactivos en el Registro

General de Electores. La mayoría parece haber leído la

Ley Electoral de 1977 para justificar su interpretación

errada, puesto que emite una falsa enunciación del estado

de derecho al decir que los electores inactivos ―también

son electores excluidos del registro electoral‖. Opinión

Per Curiam, pág. 11. La letra de la ley es clara: los

electores que aparecen en las listas I-8 son electores

inactivos, mas no excluidos. Aunque el Artículo 6.012 se CT-2012-20 14

exprese sobre ambos en un mismo párrafo, ello no los

equipara.

El tratamiento de exclusión se limitó a ―aquellos

electores que por causales dispuestas en esta Ley o

reglamento así se establezca‖. Cód. Electoral, Art.

6.012, 16 L.P.R.A. Sec. 4072. La pregunta que debemos

hacernos es: ¿cuáles son esas causales? Éstas, pues, son

los votantes ausentes o adelantados, que al día de las

elecciones ya han emitido su voto y, por consecuencia, no

pueden votar ese día y se excluyen del Registro General

de Electores para evitar el doble voto y el verdadero

fraude electoral. Además de esos electores, el Artículo

6.017 del Código Electoral dispone que serán excluidos

del Registro General de Electores aquellas personas

recusadas por las causales que dicho artículo provee. 16

L.P.R.A. Sec. 4077. Entre esas causales para recusación,

no se encuentran los electores que no hayan votado en las

elecciones generales anteriores.

Visto el historial legislativo referente al Artículo

6.012 del Código Electoral, resulta forzoso concluir que

la intención legislativa fue no brindarle a los electores

que dejaran de votar en una elección general el mismo

trato que a los electores excluidos. La Asamblea

Legislativa separó ambas clasificaciones, contrario a lo

que la mayoría de este Tribunal argumenta en un intento

forzado de decir por fíat judicial lo que la Rama

Legislativa claramente no dijo. CT-2012-20 15

Resulta contradictorio que a pesar de las

expresiones que este Tribunal recientemente ha hecho en

cuanto al principio de separación de poderes y de evitar

que la Rama Judicial asuma un rol legislativo cuando la

intención legislativa es clara e inequívoca, hoy la

mayoría de esta Curia que se ha manifestado así incida en

su propia crítica. Lozada Sánchez v. J.C.A., 184 D.P.R.

898 (2012) (Martínez Torres, J., Opinión Mayoritaria);

S.L.G. Rodríguez Rivera v. Bahía Park, 180 D.P.R. 340,

355 (2010) (Martínez Torres, J., Opinión Mayoritaria);

Cía. Turismo de P.R. v. Mun. de Vieques, 179 D.P.R. 578,

593-604 (2010) (Pabón Charneco, J., Opinión Disidente);

Pueblo v. Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559 (2009) (Pabón

Charneco, J., Opinión Mayoritaria). La falta de

consistencia de la mayoría en sus propios postulados

parece ser aleatoria y hasta circunstancial.

Aclarado que sí hay una distinción entre elector

inactivo y elector excluido, revisemos las demás

disposiciones del Código Electoral y del Reglamento para

las Elecciones Generales atinentes a esta controversia.

El Artículo 9.015 del Código Electoral establece

que:

En cada precinto, centro de votación o unidad electoral conforme disponga la Comisión se establecerá un colegio especial para electores que no hayan sido incluidos en las listas de votantes y reclamen su derecho al voto. La Comisión establecerá mediante reglamento los requisitos y procedimientos para este colegio especial donde los electores reclamen que no aparecen incluidos en la lista de votantes correspondiente a su centro de CT-2012-20 16

votación por errores administrativos atribuibles a la Comisión. Cód. Electoral Art. 9.015, 16 L.P.R.A. Sec. 4155 (énfasis suplido).

Además, el Artículo 9.042 dispone que ―[l]as

personas que reclamen su derecho a votar pero no figuren

en las listas de votantes podrán votar añadidos a mano

según el procedimiento que establezca la Comisión por

Reglamento‖. Id. Art. 9.042, 16 L.P.R.A. Sec. 4182. En

lo pertinente, la Regla 35 del Reglamento para las

Elecciones Generales dispone:

En cada centro de votación se establecerá un colegio especial ... para que voten solamente los electores del precinto que reclamen su derecho a votar y no figuren en las listas de votación ni en las de exclusiones. Podrán ejercer su derecho al voto en este colegio ... solamente los electores que por errores administrativos de la Comisión no aparezcan en las listas electorales. Reglamento para las Elecciones Generales, R. 35 (énfasis suplido).

Como correctamente señaló el señor Conty Pérez en la

resolución de la C.E.E., esta Regla 35 no faculta la

entrega de las listas de votantes inactivos I-8 a los

colegios especiales de votos añadidos a mano. Veamos

ahora más profundamente qué listas son las que hay que

enviar a los centros de votación el día de las elecciones

generales.

Primeramente, notamos que el Artículo 9.013 del

Código Electoral establece que la C.E.E. entregará a cada

partido político que postule un candidato a gobernador

una copia de la lista de votantes a ser usada el día de

las Elecciones Generales. 16 L.P.R.A. Sec. 4153. Por su CT-2012-20 17

parte, el Artículo 2.003 del Código Electoral define la

lista oficial de votantes como el ―documento impreso o

electrónico preparado por la Comisión que incluye los

datos requeridos por ley de los electores hábiles

asignados a un colegio de votación para una elección en

particular‖. 16 L.P.R.A. Sec. 4003 (41).

Del texto claro de la propia ley se desprende que

los partidos no tendrán el día de las elecciones las

listas de electores inactivos I-8 que pretende el P.N.P.

obtener en esta ocasión. Visto esto, más que una

enmienda al Reglamento para las Elecciones Generales, la

pretensión de la parte peticionaria constituye una

enmienda al texto claro del Código Electoral sin el

debido procedimiento legislativo que provee la

Constitución de Puerto Rico. Conceder el remedio

solicitado por el P.N.P. diáfanamente puede calificarse

como un acto de enmienda legislativa por fíat judicial,

sin justificación plausible para ello.

La Regla 18 del Reglamento para las Elecciones

Generales dispone que se entregarán a los partidos

políticos: las listas de los votantes; copia electrónica

del Registro General de Electores; lista alfa unidad de

electores activos; lista alfa precinto de electores

activos; lista alfa municipal de electores activos; y

tarjetas informativas para todos los electores hábiles.

Además, la Regla 18 establece que se entregarán a las

sub-juntas de unidad y colegios de votación, entre otras CT-2012-20 18

no pertinentes a esta controversia, las listas de

electores excluidos.

La Mencionada Regla 18 no dispone nada sobre la

entrega de las listas de electores inactivos I-8 a los

partidos políticos ni a las sub-juntas de unidad o

colegios de votación. Por consiguiente, acceder a la

petición del P.N.P. no tan sólo constituye una enmienda a

la Regla 35 del Reglamento para las Elecciones Generales,

sino también a esta Regla 18. Por ser una enmienda a

realizarse dentro del intervalo de noventa días previo a

los comicios electorales del 6 de noviembre de 2012, se

requería el voto unánime de los comisionados electorales.

Cód. Electoral Art. 3.004, 16 L.P.R.A. Sec. 4014.

Evidentemente ello no sucedió.

La pretensión del comisionado electoral del P.N.P.

es que autoricemos el envío de las listas de electores

inactivos I-8 a los colegios electorales para que los

funcionarios de los colegios especiales puedan rechazar

al momento a aquellos electores inactivos que se

presenten a votar el próximo 6 de noviembre. Esta

petición que hoy adopta la mayoría de este Tribunal

claramente violaría el derecho al voto de muchos

ciudadanos.

Tanto el P.N.P. en su recurso de certificación

intrajurisdiccional, como el Artículo 9.015 del Código CT-2012-20 19

Electoral y la Regla 35 del Reglamento para las

Elecciones Generales expresan que podrán ejercer el

derecho al voto en los colegios especiales de votos

añadidos a mano aquellas personas cuyos nombres no

aparezcan en las listas electorales debido a errores

administrativos atribuibles a la Comisión. 16 L.P.R.A.

Sec. 4155.

El andamiaje legal electoral de Puerto Rico reconoce

que las listas electorales pueden contener errores

administrativos al no incluir en éstas a aquellos

electores que aunque siguieron el trámite requerido para

quedar inscritos antes de la fecha límite, sus nombres

están ausentes de las listas de electores hábiles o aún

aparecen en listas de inactivos. Como garantes del

derecho constitucional al sufragio de esos electores, no

debemos permitir que unos funcionarios electorales,

movidos por la pasión que produce el día de las

elecciones o por otros motivos, rechacen el ejercicio del

voto de aquellos que tengan que votar en un colegio

especial de votos añadidos a mano por razón de que sus

nombres aparezcan por error administrativo de la C.E.E.

aún en las listas de no activos.

Como mencionamos al inicio, todo elector calificado

tiene derecho a votar y no se le puede prohibir ejercer

tal derecho. Cód. Electoral Art. 6.006, 16 L.P.R.A. Sec.

4066. Permitir que por un error administrativo en las

listas I-8, en el día de las elecciones generales un

funcionario electoral deniegue unilateralmente el derecho CT-2012-20 20

al voto de un elector sin constatar de manera fehaciente

su calificación como elector registrado o calificado,

constituye tanto una violación al derecho constitucional

al voto como al debido proceso de ley de ese elector.

Para contrarrestar esa posibilidad, tanto el Código

Electoral como el Reglamento para las Elecciones

Generales proveen que a los colegios especiales de votos

añadidos a mano no les sean suministradas las listas de

electores inactivos.

El propósito de establecer el procedimiento del voto

añadido a mano es evitar confrontaciones entre los

electores y los funcionarios de colegio. Se trata de no

abonar, como parece favorecer la mayoría de este

Tribunal, más desasosiego y fricción a un ambiente tenso,

lo que podría devenir en sucesos violentos durante los

comicios electorales.

El derecho de los electores que son víctima de los

errores administrativos queda totalmente protegido si se

sigue el procedimiento actual establecido por reglamento

para los votos añadidos a mano: estos votos se colocan en

sobres especiales con la información del elector en la

parte externa del sobre y no se cuentan sino hasta

comprobar el estatus electoral de la persona que lo

emitió. Manual de Procedimiento para las Elecciones

Generales, Secs. 14-16.5

5 Es infundado el temor a que los electores voten a través del procedimiento de ―añadido a mano‖ sin tener derecho a ello. Los votos añadidos a mano no se cuentan el día de la elección general junto con el resto de los votos de CT-2012-20 21

Así el elector puede ejercer su derecho a pesar del

error administrativo y su voto se podrá contabilizar

cuando se subsane dicho error. Permitir lo que propone

el P.N.P., avalado por la mayoría de esta Curia,

equivaldría a brindarles la prerrogativa a los

funcionarios de colegio a rechazar el ejercicio al voto

de toda aquella persona que sea víctima del error

Para atender los argumentos de fraude del P.N.P.

sobre la avalancha de electores inactivos que ejercerán

un voto sin que haya un filtro que se los prohíba, la

propia Resolución de la C.E.E. señala los parámetros en

ley que fungen como salvaguarda para tales

circunstancias. El mecanismo provisto es que los

electores añadidos a mano deben firmar una declaración

jurada en la que hagan constar que tienen derecho a votar

a pesar de que su nombre no aparece en la lista de

votación. Aquéllos que a sabiendas de que no han

cumplido con los requisitos para activarse intenten ir a

votar a un colegio especial de votos añadidos a mano,

enfrentarán el andamiaje jurídico-penal que provee tanto

el Código Electoral como el Código Penal de Puerto Rico.

electores hábiles, sino que son contabilizados después de ser evaluados por la C.E.E. en un procedimiento de escrutinio general. Manual de Procedimiento para las Elecciones Generales, Secs. 14-16. Por tanto, encontramos infundado y especulativo el alegado temor de la parte peticionaria, cuando históricamente se ha probado que este procedimiento provee un mecanismo seguro para evitar el voto doble y el fraude electoral, a la vez que garantiza un debido proceso de ley y el derecho al voto de los puertorriqueños. CT-2012-20 22

Como mencioné al inicio, la controversia de autos es

sencilla, pues la ley electoral es clara y libre de toda

ambigüedad al catalogar a los electores inactivos

separadamente de los excluidos. El escenario ante

nuestra consideración es que el ordenamiento jurídico

electoral vigente provee las salvaguardas adecuadas para

proteger el derecho al voto de aquellos electores

afectados por los errores administrativos de la C.E.E.

Asimismo, el actual Código Electoral faculta que aquellas

personas que no tengan derecho a votar no afecten el

resultado de aquellos que sí son hábiles para ello.

Es preocupante que a tres días de las elecciones

generales del próximo martes la mayoría de esta Curia

esté arrojando sombras sobre la pulcritud, transparencia

e integridad del proceso electoral. El pueblo de Puerto

Rico espera mucho más de aquellos que tenemos la

responsabilidad constitucional de velar por el ejercicio

de los derechos de la ciudadanía y garantizar el derecho

fundamental al sufragio. Con este dictamen pierde la

democracia puertorriqueña. Si nosotros como Tribunal no

somos capaces de hacer cumplir el texto del Código

Electoral y el Reglamento para las Elecciones Generales,

nuestra imagen ante el País queda totalmente debilitada.

Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada