EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Job Connection Center Inc.
Recurrido Certiorari v. 2012 TSPR 85 Supermercados Econo Inc. 185 DPR ____ Peticionario
Departamento de la Familia
Tercero Demandado
Número del Caso: CC-2011-740
Fecha: 14 de mayo de 2012
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Arecibo
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Jaime Brugueras
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Héctor Pérez Rivera
Materia: Procedimiento Civil – Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009; revisión de decisiones interlocutorias
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Recurrido
v. CC-2011-740 Certiorari Supermercados Econo Inc.
Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ
San Juan, Puerto Rico, a 14 de mayo de 2012.
El caso ante nuestra consideración nos
brinda la oportunidad de expresarnos en torno a
un asunto de gran importancia e interés, tanto
para los miembros de la profesión de la abogacía
como para la comunidad en general. Debemos
resolver si una determinación del Tribunal de
Primera Instancia en cuanto a la descalificación
de un abogado podría ser revisada de forma
interlocutoria por el Tribunal de Apelaciones
mediante un recurso de certiorari. En específico,
debemos dilucidar si las órdenes de
descalificación están contenidas entre las
excepciones que confieren jurisdicción al CC-2011-740 2
Tribunal de Apelaciones para revisar órdenes o resoluciones
interlocutorias bajo la Regla 52.1 de las Reglas de
Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V. R. 52.1.
I
El origen del caso ante nos surge de una controversia
sobre un alegado incumplimiento de contrato y cobro de
dinero. El 7 de abril de 2007 la compañía Job Connection
Center, Inc. (Job Connection) presentó una demanda contra
Supermercados Econo, Inc. (Econo). Alegó que mediante el
contrato realizado entre Econo y Job Connection, esta
última se obligó a adiestrar personal y asistir en la
implantación de un programa federal de subsidios de
salarios. Arguyó que de conformidad con el anterior
contrato, el peticionario le adeudaba $161,208.97 por
servicios prestados, mora e intereses legales, ya que se
comprometió a desembolsar cualquier gasto relacionado a la
capacitación de los empleados según se describía en una
propuesta entre Econo y el Departamento de la Familia.
Econo presentó su contestación a la demanda, una
reconvención y una demanda contra tercero contra el
Departamento de la Familia.1 El bufete de abogados Muñoz,
Boneta, Benítez, Peral & Brugueras (Munet Law) compareció
en representación de Econo en este litigio.
Luego de varios trámites procesales, el 15 de octubre
de 2008 Job Connection presentó una Moción en solicitud de
Alegó que debido al incumplimiento contractual de Job 1
Connection no había podido recibir de parte del Departamento de la Familia el reembolso de los salarios que Econo había pagado a los empleados bajo el plan de subsidios. CC-2011-740 3
descalificación de abogados, y paralización de los
procedimientos. Sostuvo que procedía la descalificación del
bufete Munet Law debido a que existía un conflicto de
intereses entre Econo y uno de los socios del bufete, el
Lcdo. Rogelio Muñoz Vissepó, y que este conflicto le era
imputable a todo el bufete. Job Connection arguyó que el
licenciado Muñoz Vissepó no podía representar con lealtad
los intereses de Econo ya que era socio de Munet Law y, a
su vez, miembro de la Junta de Directores de Econo. Sostuvo
que esta situación configuraba una violación al Canon 21
del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, el cual
prohíbe que un abogado represente a una parte cuando su
juicio profesional pueda quedar afectado por sus intereses
personales.
La solicitud de descalificación presentada por Job
Connection también estuvo basada en que se proponía tomarle
una deposición al licenciado Muñoz Vissepó y que por ello
se convertiría en testigo. Arguyó que esto configuraba una
violación al Canon 22 del Código de Ética Profesional el
cual prohíbe que un abogado sea testigo en el mismo caso en
el que comparece como representante legal de una parte. Así
también, sostuvo que el no ordenar la descalificación
podría afectar el descubrimiento de prueba. Por último, Job
Connection señaló que existía una posible violación al
Canon 38 según el cual un abogado tiene que evitar hasta la
apariencia de conducta impropia. En síntesis, Job
Connection alegó que los Cánones 21, 22 y 38 del Código de
Ética Profesional le impedían a Munet Law ejercer la CC-2011-740 4
representación legal de Econo. Además, solicitó la
paralización de los procedimientos judiciales hasta que se
dilucidara la moción.
El 21 de noviembre de 2008, Econo presentó una Moción
en oposición a la solicitud de orden, replica a la moción
en oposición a presentación de reconvención y oposición a
moción de descalificación. Alegó que el bufete Munet Law se
compone de dieciséis (16) abogados, uno de los cuales es el
licenciado Muñoz Vissepó, quien sostiene una práctica
exclusivamente corporativa, que nunca ha comparecido en el
caso de epígrafe y que solo ha sido partícipe de informes
periódicos. Expresó que, sin embargo, el licenciado Muñoz
Vissepó estaría disponible para cualquier asunto que
requiera el demandante, siempre que el derecho procesal
civil y el derecho probatorio lo permitiesen.
Econo alegó que Job Connection carecía de legitimación
activa para hacer el planteamiento de descalificación ya
que no demostró que le causaría un perjuicio o desventaja
indebida en el caso. Además, sostuvo que la moción de
descalificación solo pretendía dilatar los procedimientos y
privar a Econo de su representación legal.
El 21 de enero de 2009, Econo presentó una moción en
la cual solicitó una orden protectora relacionada a la
anunciada deposición. Alegó que no existía justificación
para la solicitud de toma de deposición.
Job Connection presentó una moción en cumplimiento de
orden el 6 de febrero de 2009 en la cual se opuso a la
solicitud de orden protectora presentada por Econo. Reiteró CC-2011-740 5
su postura acerca de la imposibilidad de que Munet Law y el
licenciado Muñoz Vissepó continuaran representando
legalmente a Econo debido al alegado conflicto de intereses
que había entre Econo y su representante. Además, expresó
que el licenciado Muñoz Vissepó sería depuesto por su
conocimiento sobre hechos en controversia. Ese mismo día,
Job Connection notificó la toma de una deposición al
licenciado Muñoz Vissepó.
Econo presentó una réplica a la moción en cumplimiento
de orden en la cual expresó que era necesario analizar la
capacidad de la intervención del licenciado Muñoz Vissepó
para poder discernir si Job Connection tenía derecho o no
a la deposición solicitada. Arguyó que debía determinarse
si la información que se busca descubrir podría ser
obtenida de otras personas o medios menos onerosos y
complejos de acuerdo con lo resuelto en Ades v. Zalman, 115
D.P.R. 514, 530 (1984). Esto, debido a que la intervención
y participación del licenciado Muñoz Vissepó en las
reuniones de la Junta de Directores de Econo había sido en
carácter de abogado-director y que la información podía ser
suministrada por las personas que participaron en la
negociación de ambos contratos.
Econo sostuvo que no procedía la solicitud de
descalificación. Además, solicitó que el tribunal dictara
“no ha lugar” a la petición de deposición presentada por la
parte recurrida y que concediera la orden protectora
solicitada. Arguyó que no hay ninguna incompatibilidad de CC-2011-740 6
funciones entre ser abogado de una corporación y servir de
director externo de su Junta de Directores.
Según surge del expediente, el 3 de abril de 2009 el
Tribunal de Primera Instancia celebró una vista sobre el
estado de los procedimientos. En ésta, Job Connection
reiteró su solicitud de descalificación. El foro primario
le concedió un término a Econo para que presentara su
posición. Econo cumplió con lo ordenado mediante una moción
en la cual reiteró su solicitud de orden protectora y su
petición de que el tribunal declarara “no ha lugar” la
descalificación solicitada. Se anejó a la moción en
cumplimiento de orden una declaración jurada en la cual el
licenciado Muñoz Vissepó expresó que su participación en la
Junta de Directores de la empresa era como director externo
y como abogado de la empresa. Declaró además que su función
consistía en asesorar y que no era accionista, ni poseía
participación o interés propietario en la corporación de
Econo.
El Tribunal de Primera Instancia notificó una
resolución el 7 de octubre de 2010 en la cual declaró “ha
lugar” la moción de descalificación presentada por Job
Connection. En consecuencia, ordenó la descalificación del
licenciado Muñoz Vissepó y Munet Law como representantes
legales de Econo en el litigio. El foro primario basó su
dictamen en que, al licenciado Muñoz Vissepó ser un
potencial testigo y pertenecer al bufete que representa a
Econo, podría afectar el descubrimiento de prueba y dar la
apariencia de conducta impropia. CC-2011-740 7
Inconforme, el 8 de noviembre de 2010 Econo presentó
un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.
En éste señaló que el Tribunal de Primera Instancia erró al
descalificar al licenciado Muñoz Vissepó y al bufete Munet
Law. Por su parte, Job Connection se opuso a la expedición
del recurso mediante una moción. Arguyó que las mociones de
descalificación no se encuentran entre las excepciones que
la Regla 52.1, supra, confiere para que el Tribunal de
Apelaciones revise determinaciones interlocutorias del
Tribunal de Primera Instancia.
El 23 de junio de 2011, el Tribunal de Apelaciones
denegó el recurso de certiorari. Concluyó que una moción de
descalificación no está comprendida dentro de los
escenarios que confieren jurisdicción al Tribunal de
Apelaciones para revisar órdenes y resoluciones
interlocutorias bajo la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,
supra. Además, sostuvo que de todas formas hubiese denegado
el recurso. Esto, por considerar que los tribunales de
instancia están en mejor posición para determinar cuál debe
ser el manejo de los casos de descalificación de abogados.
Luego de varios trámites procesales, el 12 de
septiembre de 2011 Econo acudió ante nos mediante un
recurso de certiorari. Nos solicita que revoquemos la
resolución recurrida y que nos expresemos acerca de la
jurisdicción del Tribunal de Apelaciones bajo la Regla 52.1
de Procedimiento Civil, supra, para revisar
interlocutoriamente las determinaciones del Tribunal de
Primera Instancia en cuanto a una solicitud de CC-2011-740 8
descalificación de abogado. Presentó además una moción en
auxilio de jurisdicción el 13 de septiembre de 2011 en la
cual nos solicitó que paralizáramos los procedimientos
mientras se revisaba la resolución dictada por el Tribunal
de Apelaciones.
El 19 de septiembre de 2011, emitimos una resolución
mediante la cual paralizamos los procedimientos y expedimos
el auto de certiorari. El 9 de diciembre de 2011, le
concedimos un término a Job Connection para que presentara
su alegato. Con la comparecencia de ambas partes, estamos
en posición de resolver.
II
A.
Bajo las derogadas Reglas de Procedimiento Civil de
1979, el Tribunal de Apelaciones podía atender mediante
certiorari todas las determinaciones interlocutorias del
Tribunal de Primera Instancia.2 Al aprobarse las nuevas
Reglas de Procedimiento Civil de 2009, se dispuso en la
Regla 52.1 una prohibición general a que el Tribunal de
Apelaciones revisara mediante auto de certiorari las
resoluciones u órdenes interlocutorias. La propia regla
estableció las circunstancias excepcionales en las que el
foro apelativo intermedio tendría jurisdicción para atender
mediante recurso de certiorari determinaciones
interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia. Las
excepciones dispuestas en la referida regla fueron las
Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. 2
Ap. III, R. 52.1. CC-2011-740 9
siguientes: cuando se recurriera de una resolución u orden
bajo las reglas sobre remedios provisionales e injuctions,
Reglas 56 y 57 de las Reglas de Procedimiento Civil de
2009, 32 L.P.R.A. Ap. V. R.56 y 57, o de la denegatoria de
una moción de carácter dispositivo.
Además, la mencionada Regla 52.1, supra, dispuso una
lista de situaciones en las cuales el Tribunal de
Apelaciones puede revisar órdenes o resoluciones
interlocutorias como excepción. Esta lista taxativa
estableció como excepciones las siguientes circunstancias:
cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de
testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos
a privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía y en
casos de relaciones de familia.3
De esta manera, se limitó la revisión de resoluciones
y órdenes interlocutorias. Este cambio fue motivado
principalmente por el gran cúmulo de recursos para revisar
órdenes y resoluciones que dilataban innecesariamente el
proceso; éstas podrían ser revisadas una vez culminado el
asunto en instancia, uniendo esa revisión al recurso de
apelación. Las enmiendas a la regla fueron realizadas con
el fin de agilizar los procedimientos y evitar que se
paralizaran los casos por tiempo considerable de manera
innecesaria. Informe de la Comisión de lo Jurídico Civil
del Senado de Puerto Rico sobre P. de la C. 2991, 11 de
noviembre de 2010, pág. 2. Estas limitaciones buscaron
Estas excepciones fueron incluidas durante el trámite 3
legislativo para resaltar otras circunstancias en las cuales está disponible el recurso de certiorari. CC-2011-740 10
“restaurarle al certiorari su característica de remedio
extraordinario y especial”. J. A. Cuevas Segarra, Tratado
de Derecho Procesal Civil, 2da ed., Ed. Publicaciones JTS,
2011, T. IV, pág. 1503.
Sin embargo, la regla no vislumbraba la posibilidad de
que en situaciones excepcionales se permitiese la
intervención interlocutoria del foro apelativo intermedio.
Con el fin de disponer acerca de la revisión en estas
situaciones excepcionales, la Ley Núm. 177-2010, 32
L.P.R.A. Ap. V., enmendó la referida Regla 52.1, para
permitir que el Tribunal de Apelaciones pueda atender
mediante certiorari determinaciones interlocutorias del
Tribunal de Primera Instancia en casos que estén revestidos
de interés público o en situaciones en que esperar a la
apelación constituiría un fracaso irremediable de la
justicia. Así, la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento
Civil de 2009, según enmendada, dispone lo siguiente:
Todo procedimiento de apelación, certiorari, certificación, y cualquier otro procedimiento para revisar sentencias y resoluciones se tramitará de acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de CC-2011-740 11
rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión.
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el recurso de apelación que se interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales. (Énfasis suplido).
La enmienda a la Regla 52.1 permite que, aun
manteniendo su propósito original, se logre acceso a una
revisión en situaciones que lo ameriten, ya sea debido a
situaciones que conllevan un interés público apremiante o
en las cuales el esperar a la posible interposición de una
apelación podría conllevar un fracaso irremediable a la
justicia. De esta forma se asegura la disponibilidad del
recurso cuando existen situaciones meritorias.
B.
La Regla 9.3 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32
L.P.R.A. Ap. V, R. 9.3, establece que un tribunal, en el
ejercicio de su poder inherente de supervisar la conducta
de los miembros de la profesión legal que postulan ante sí,
puede descalificar a un abogado que incurra en conducta que
constituya un obstáculo para la sana administración de la
justicia o que infrinja sus deberes hacia el tribunal, sus
representados o compañeros abogados. Así, el Tribunal de
Primera Instancia puede ordenar la descalificación de un
representante legal cuando ello abone a la adecuada marcha
de un litigio y sea necesario para la solución justa, CC-2011-740 12
rápida y económica de los pleitos. Meléndez v. Caribbean
Int’l. News, 151 D.P.R. 649, 661 (2000).
Una orden de descalificación puede proceder ya sea
para prevenir una violación a cualquiera de los Cánones de
Ética Profesional o para evitar actos disruptivos de los
abogados durante el trámite de un pleito. Íd. Ello no
menoscaba el poder inherente de esta Curia para ejercer la
facultad de disciplinar a los miembros de la clase togada.
Íd. Esto es así ya que los procedimientos de
descalificación no constituyen acciones disciplinarias de
por sí. K-Mart Corp. v. Walgreens of P.R., Inc., supra,
pág. 638. Sin embargo, en muchas ocasiones las
descalificaciones funcionan como una medida para evitar
posibles violaciones a los Cánones del Código de Ética
Profesional. Íd., pág. 637. Ahora bien, si los mismos
hechos por los cuales se ordena la descalificación podrían
ser suficientes para disciplinar éticamente al abogado,
entonces la acción disciplinaria procedería.
En los procedimientos disciplinarios por violación a
los Cánones de Ética Profesional el abogado se expone a una
sanción o penalidad. Aunque en el caso de una
descalificación no se expone a esto, la realidad es que la
descalificación de un abogado afecta negativamente varios
aspectos, tales como los derechos de las partes y el
trámite de los procedimientos. En consideración a lo
anterior, una descalificación es un remedio que no debe
imponerse ligeramente. Ésta solo debe proceder cuando sea
estrictamente necesario, por considerarse un remedio CC-2011-740 13
drástico que debe ser evitado si existen medidas menos
onerosas que aseguren la integridad del proceso judicial y
trato justo a las partes. El tribunal deberá realizar un
balance entre el efecto adverso que la representación legal
pueda tener sobre los derechos de las partes a un juicio
justo e imparcial, y en el sistema judicial.
Una descalificación puede ser ordenada por el tribunal
motu proprio o a solicitud de una parte. Meléndez v.
Caribbean Int’l. News, supra, pág. 661; K-Mart Corp. v.
Walgreens of P.R., Inc., supra. Cuando es el tribunal el
que dicta motu proprio la descalificación, no es necesario
que aporte prueba sobre una violación ética, ya que la
apariencia de impropiedad podrá ser utilizada, en caso de
duda, a favor de la descalificación. Meléndez v. Caribbean
Int’l. News, supra, pág. 661; Liquilux Gas Corp. v.
Berríos, Zaragoza, 138 D.P.R. 850, 864 (1995); In re
Carreras Rovira y Suárez Zayas, 115 D.P.R. 778, 792 (1984).
Tampoco se requiere aportar prueba de una violación ética
cuando la descalificación responde a la necesidad de un
juez de agilizar el trámite de un pleito. Meléndez v.
Caribbean Int’l. News, supra. En cambio, cuando es una
parte quien solicita la descalificación de un representante
legal, la mera presentación de una moción de
descalificación no conlleva automáticamente la concesión de
la petición en cuestión. El tribunal deberá hacer un
análisis de la totalidad de las circunstancias a la luz de
los siguientes factores: (i) si quien solicita la
descalificación tiene legitimación activa para invocarla; CC-2011-740 14
(ii) la gravedad de la posible violación ética involucrada;
(iii) la complejidad del derecho o los hechos pertinentes a
la controversia y el “expertise” de los abogados
implicados; (iv) la etapa de los procedimientos en que
surja la controversia sobre descalificación y su posible
efecto en cuanto a la solución justa, rápida y económica
del caso, y (v) el propósito detrás de la descalificación,
es decir, si la moción está siendo utilizada como mecanismo
para dilatar los procedimientos. Otaño v. Vélez, 141 D.P.R.
820, 828 (1996) (Per Curiam); Liquilux Gas Corp. v.
Berríos, Zaragoza, supra, pág. 865.4 Respecto a este último
requisito, este Tribunal ha expresado que un juez puede
denegar una solicitud de descalificación presentada por una
parte adversa cuando entienda que ésta se ha interpuesto
como una táctica dilatoria del procedimiento. Meléndez v.
Caribbean Int’l. News, supra, pág. 661. Otra situación en
la cual la solicitud es considerada frívola y debe ser
denegada es cuando se presenta a los únicos fines de
intimidar al adversario. M. A. Velázquez Rivera,
Procedimiento Civil, 67 Rev. Jur. U.P.R. 775, 779 (1998).
4 El juez debe analizar si una moción de descalificación se utiliza como una táctica dilatoria. C. W. Wolfram, Modern Legal Ethics, Sec. 7.1.3, págs. 316-17. Wolfram señala que existe una incidencia de casos en los que las partes utilizan la descalificación como un método dilatorio o un mecanismo para ganar ventaja. Según el autor, a mediados de la década del setenta hubo un crecimiento exponencial en el número de mociones de descalificación que se presentaban en los estados. C. W. Wolfram, op. cit., pág. 336. Muchas de estas mociones se presentaban para afectar al oponente y privarle de los servicios de un abogado conocido por su buena labor, y no para proteger los intereses de confidencialidad o lealtad. CC-2011-740 15
El juez que atiende una moción de descalificación debe
analizar si la continuación de la representación legal le
causaría un perjuicio o desventaja indebida en el caso a
quien la solicita. Antes de determinar si procede la
descalificación requerida, el tribunal le deberá brindar la
oportunidad al representante legal, cuya descalificación
está siendo solicitada, para que se exprese. A esos
efectos, en Otaño v. Vélez, supra, resolvimos que cuando
una parte adversa interpone una moción de descalificación,
el abogado contra el cual se presenta esta moción tiene
derecho a ser oído y a presentar prueba en su defensa,
antes de que el tribunal resuelva la solicitud. Otaño v.
Vélez, Íd. Este derecho cumple con las exigencias del
debido proceso de ley. Meléndez v. Caribbean Int’l. News,
supra, pág. 670. En los casos en los cuales el tribunal
ordena motu proprio la descalificación, la extensión de
este derecho a ser oído se cumple al darle la oportunidad
al abogado de reaccionar cuando el juez manifiesta las
razones por las que procedería la descalificación. Íd.
El reconocimiento de este derecho demuestra la
importancia de un proceso de descalificación para un
abogado. Debido a las repercusiones que puede conllevar una
descalificación, los abogados deben tener la oportunidad,
bajo las exigencias del debido proceso de ley, de demostrar
la posible improcedencia de ésta.
III
Luego de haber enunciado la naturaleza, propósitos y
procedencia de las determinaciones acerca de CC-2011-740 16
descalificaciones de abogados, estamos en posición de
decidir si las órdenes de descalificación emitidas por el
foro primario son revisables de forma interlocutoria
mediante recurso de certiorari.
Los dictámenes en los cuales se ordena la
descalificación de un abogado conllevan repercusiones que
tienen el efecto potencial de afectar los derechos de las
partes y el trámite de los procedimientos. La naturaleza de
las solicitudes y órdenes de descalificación hace necesaria
que en su determinación se salvaguarden los derechos de
todas las partes, a la vez que sea realizada conforme con
la Regla 1 de Procedimiento Civil “de modo que faciliten el
acceso a los tribunales y el manejo del proceso, de forma
que garanticen una solución justa, rápida y económica de
todo procedimiento”. Regla 1 de Procedimiento Civil de
2009, supra.
Cuando se ordena una descalificación, la parte cuyo
abogado es descalificado debe buscar una nueva
representación legal para la continuación de los
procedimientos. El efecto de esto es un retraso en la
ventilación del caso y en muchas ocasiones representa una
carga económica mayor al conllevar desembolsos adicionales
de dinero.
Además, una descalificación priva a la parte cuya
representación legal fue descalificada de ser representada
por el miembro de la clase togada de su elección, afectando
así su derecho a la libre selección de abogado. C.W.
Wolfram, Modern Legal Ethics, sec. 7.1.3, pág. 318. Aunque CC-2011-740 17
en casos civiles el derecho a la libre selección de
representación legal no es un derecho fundamental, sí es un
derecho que no debe ser afectado si no existe real
justificación para ello. Véanse, Meléndez v. Caribbean
Int’l. News, supra; Otaño v. Vélez, supra; Sánchez Acevedo
v. E.L.A., 125 D.P.R. 432, 438 (1990); In re Vélez, 103
D.P.R. 590, 599 (1975) (Per Curiam).5
A su vez, los procedimientos y resultados del pleito
podrían ser afectados. Un abogado que lleve un tiempo
considerable trabajando en un caso se ha preparado para el
mismo y tiene un conocimiento sobre éste. El reemplazar al
representante legal podría tener un efecto perjudicial en
la forma en que se maneje el caso.
Por otra parte, es importante considerar los derechos
del representante legal que ha sido descalificado. La
proscripción de permanecer como representante legal
conlleva, en muchas ocasiones, consecuencias nefastas para
la profesión y la buena reputación del representante legal
o bufete descalificado. Aunque, como mencionamos, la
descalificación de un representante legal no constituye una
acción disciplinaria, las mociones de descalificación en
los procedimientos judiciales conllevan algunas
consecuencias similares a la de los procedimientos
En el caso de los procedimientos penales, el derecho a 5
tener representación legal se ha consagrado como parte fundamental de la cláusula del debido proceso de ley. Enmda. VII, Const. EE. UU., L.P.R.A., Tomo 1, Art. II, Sec. 11, Const. P.R., L.P.R.A., Tomo 1. Véanse: Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335 (1963); Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 D.P.R. 599, 609 (1993); Pueblo v. Moreno González, 115 D.P.R. 298, 305 (1984); Pueblo v. Gordon, 113 D.P.R. 106, 108 (1982). CC-2011-740 18
disciplinarios. Véase C. W. Wolfram; op. cit., pág. 331,
nota 4. Por esta razón, si la descalificación es
improcedente, el representante legal y, más importante aun,
la parte afectada, debe contar con el derecho de revisar la
misma y no tener que quedarse atado de brazos y desprovisto
de una revisión.
Las situaciones anteriores se agravan al tener
presente que el no reconocerle el derecho a revisar
interlocutoriamente las resoluciones acerca de
descalificaciones podría conllevar el pernicioso efecto de
que éstas nunca puedan revisarse. La apelación en éstos
casos es un remedio infructuoso e incluso quimérico. Basta
con considerar el ejemplo de una parte que, luego de que el
abogado o bufete que lo representaba fue descalificado,
consigue una nueva representación legal y logra una
decisión favorable en su caso. Esta parte no tendrá interés
de presentar un recurso de apelación lo que conllevaría el
efecto real de que la descalificación se convirtió en
inapelable, aun cuando se retrasó la solución del caso y el
trámite resultó encarecido. Por su parte, el abogado
descalificado no puede esperar por una apelación para
plantear como error su descalificación pues ya no estará
involucrado en el litigio al momento de la apelación.
No hay duda que la mencionada situación conllevaría un
daño irreparable para el abogado cuya descalificación era
improcedente en derecho y quien no tuvo la oportunidad de
recurrir a una revisión de esta determinación. El no
permitir una revisión interlocutoria menoscaba el derecho CC-2011-740 19
de ese abogado a prestar servicios remunerados en un caso y
podría ocasionar un fracaso a la justicia, ya que no será
revisable.
Analizadas las repercusiones que pudiera ocasionar el
no reconocer el derecho de una parte a revisar las órdenes
de descalificaciones, resolvemos que éstas son revisables
de acuerdo con la Regla 52.1 ya que “esperar a una
apelación constituiría un fracaso irremediable a la
justicia”. Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil
de 2009, supra.
En el caso de autos el Tribunal de Apelaciones
determinó que carecía de jurisdicción para atender el
recurso de certiorari debido a que concluyó que las
mociones de descalificación no se encuentran contenidas en
las excepciones que la Regla 52.1, supra, establecen para
atender estos recursos. Al así proceder, el foro apelativo
intermedio erró. El Tribunal de Apelaciones tenía
jurisdicción para revisar la descalificación ordenada por
el Tribunal de Primera Instancia mediante la cual dicho
foro descalificó al licenciado Muñoz Vissepó y al bufete
Munet Law como representantes legales de Econo en el caso
de epígrafe, conforme a la Regla 52.1 de las Reglas de
Procedimiento Civil, supra.
Por otra parte, el foro apelativo intermedio expresó
que hubiera denegado de igual forma el recurso por
considerar que el foro primario está en mejor posición para
determinar la descalificación de abogados. Erró del mismo
modo al así razonar. CC-2011-740 20
Es cierto que hemos expresado que la determinación de
derecho del tribunal de instancia de descalificar a un
abogado es una decisión impregnada de un alto grado de
discreción que tiene dicho foro en el manejo procesal de un
caso. Meléndez v. Caribbean Int’l. News, supra, pág. 664.
Véanse además, Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R.
729, 745 (1986); Valencia, Ex parte, 116 D.P.R. 909, 913
(1986). Sin embargo, dicha discreción no es óbice para que
los foros apelativos revisen estas determinaciones debido a
las consecuencias reales que pueden tener las mismas. Los
tribunales apelativos estamos llamados a revisar la
decisión sobre la descalificación si se demuestra que hubo
un craso abuso de discreción, que el foro primario actuó
con prejuicio o parcialidad, que se equivocó en la
interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o
de derecho sustantivo, y que la intervención en esa etapa
evitará un perjuicio sustancial. Zorniak Air Servs. v.
Cessna Aircraft Co., 132 D.P.R. 170, 181 (1992); Lluch v.
España Service Sta., supra.
Recordemos que cuando un tribunal carece de
jurisdicción para atender un recurso solo procede su
desestimación. No obstante lo anterior y ante las
expresiones del foro apelativo intermedio, debemos recalcar
que la función revisora no se limita a determinar cuál foro
está en mejor posición para determinar una u otra cosa.
Ello constituye una norma de deferencia que no releva al
foro apelativo de su función de evaluar el curso decisorio
llevado a cabo conforme a lo aquí expresado. CC-2011-740 21
IV
Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la
resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones. Por
haber errado al declararse sin jurisdicción, devolvemos el
caso al mencionado foro para la continuación de los
procedimientos de acuerdo con lo antes expuesto.
Se dictará sentencia de conformidad.
Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se revoca la resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones. Por haber errado al declararse sin jurisdicción, se devuelve el caso al mencionado foro para la continuación de los procedimientos de acuerdo con lo antes expuesto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo