In Re: Melvin I. Martínez Almodovar
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Opinion
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: 2011 TSPR 21
Melvín I. Martínez Almodovar 180 DPR ____
Número del Caso: CP-2008-19
Fecha: 1 de febrero de 2011
Oficina del Procurador General:
Lcda. Minnie H. Rodríguez Procuradora General Auxiliar
Abogado del Peticionario:
Lcdo. Pedro Malavet Vega
Materia: Conducta Profesional
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Melvín I. Martínez Almodóvar
CP-2008-0019
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 1 de febrero de 2011.
El procedimiento disciplinario de marras nos
brinda la oportunidad de expresarnos sobre la
norma pautada en In re: Francis Pérez Riveiro,
2010 T.S.P.R. 230, 180 D.P.R. ___ (2010), y
analizar si los hechos particulares de autos
ameritan que censuremos enérgicamente a un abogado
cuya conducta como notario infringió la Regla 5
del Reglamento Notarial. 4 L.P.R.A. Ap. XXIV,
R.5.
I
El 27 de febrero de 1991, el Sr. Miguel Ángel
Cancel Rosado suscribió un contrato de
arrendamiento con el Sr. José Antonio Cancel
Pagán. Mediante dicho contrato el señor Cancel CP-2008-0019 2
Rosado le arrendó al señor Cancel Pagán una propiedad
ubicada en el Municipio de Cabo Rojo a razón de $150
mensuales. Diez (10) años más tarde el señor Cancel
Rosado le cursó una carta
al señor Cancel Pagán anunciando un aumento de renta, a
razón de $350 mensuales, con el cual el señor Cancel Pagán
incumplió. Así, luego de cursar varias misivas
adicionales, las cuales también fueron ignoradas, el señor
Cancel Rosado le expresó al señor Cancel Pagán que no
deseaba renovar el contrato de arrendamiento. Le
solicitó, además, que desalojara la propiedad arrendada.
Posteriormente, al ver que el señor Cancel Pagán
incumplía con el pago de renta anunciado y con el desalojo
solicitado, el 4 de octubre de 2001, el señor Cancel
Rosado, asistido por su sobrina Lissa V. Cancel Pagán,
presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia
en contra del señor Cancel Pagán sobre desahucio y falta
de pago de cánones de arrendamiento. En la primera vista
señalada el demandado compareció representado por el Lcdo.
Melvin I. Martínez Almodóvar,1 quien solicitó que se le
permitiera contestar la demanda y que se señalara una
segunda vista.
El 31 de enero de 2002, el señor Cancel Pagán
presentó su contestación.2 En ella alegó que había
1 El licenciado Martínez Almodóvar prestó juramento como abogado el 2 de febrero de 1990, y como notario el 10 de mayo de 1990. 2 Aun cuando no surge del expediente moción de renuncia alguna, esta contestación fue presentada por el Lcdo. Nelson Vélez Lugo. CP-2008-0019 3
adquirido la propiedad inmueble objeto del pleito de
desahucio mediante una escritura de compraventa otorgada
por las partes el 9 de junio de 2001.
Así las cosas, el 1 de febrero de 2002, se celebró
una segunda vista. Ese día el señor Cancel Pagán también
compareció representado por el licenciado Martínez
Almodóvar. En esta vista las partes solicitaron que el
procedimiento se convirtiera en uno ordinario y que se
consolidara con una acción de reivindicación y de nulidad
de escritura de compraventa que el señor Cancel Rosado
había presentado el 5 de diciembre de 2001. En esta
segunda reclamación el señor Cancel Rosado adujo que el
licenciado Martínez Almodóvar obvió dar fe de la entrega
del precio de compraventa y que en unión al señor Cancel
Pagán incurrió en conducta dolosa con el propósito de
apropiarse ilegalmente del inmueble objeto del contrato de
compraventa.3 Ambos pleitos fueron consolidados.
Luego de los trámites procesales de rigor, el 14 de
febrero de 2006, el Tribunal de Primera Instancia dictó
sentencia. En ella, aparte de desestimar sub silentio
todas las alegaciones vertidas en contra del licenciado
Martínez Almodóvar, el foro primario declaró Con Lugar las
acciones de desahucio y de reivindicación como también
3 En específico, en esta reclamación sobre reivindicación y nulidad de contrato, se incluyó también como codemandado al licenciado Martínez Almodóvar. En su contra se alegó que al otorgar la escritura de compraventa, objeto de ambos pleitos, obvió dar fe del precio de compraventa y que, junto con el codemandado señor Cancel Pagán, incurrió en conducta dolosa cuyo fin era apropiarse ilegalmente del inmueble objeto del contrato de compraventa. CP-2008-0019 4
decretó la nulidad de la escritura de compraventa por
adolecer ésta de consentimiento y causa.
Consecuentemente, condenó al señor Cancel Pagán al pago de
las rentas atrasadas.
Inconformes con esta determinación, el señor Cancel
Pagán acudió ante el Tribunal de Apelaciones, quien
confirmó el dictamen emitido por el foro primario.
Inconforme aún, el señor Cancel Pagán presentó un recurso
de certiorari ante este Tribunal. Analizado dicho
recurso, el 10 de noviembre de 2006, emitimos una
resolución en donde lo declaramos No Ha Lugar y, además,
le referimos el caso a la Directora de la Oficina de
Inspección de Notarías, en adelante ODIN, para que
investigara y rindiera un informe sobre la conducta
profesional del licenciado Martínez Almodóvar.
En cumplimiento con nuestra encomienda, el 17 de
agosto de 2007, la ODIN presentó un escrito intitulado
Comparecencia Especial. En dicho escrito informó, entre
otras cosas, que de los documentos referidos se desprendía
que al momento de otorgarse la escritura de compraventa el
señor Cancel Rosado se encontraba incapacitado y senil por
padecer de Alzheimer. A esos efectos, la ODIN indicó que
el licenciado Martínez Almodóvar actuó en común acuerdo
con el señor Cancel Pagán para defraudar al señor Cancel
Rosado.
El 13 de diciembre de 2007, emitimos otra resolución.
En ella le referimos el asunto al Procurador General para CP-2008-0019 5
que presentara la querella correspondiente en contra del
licenciado Martínez Almodóvar. Así pues, el 9 de
septiembre de 2008, el Procurador General presentó una
querella. En ella le imputó al licenciado Martínez
Almodóvar la comisión de los siguientes cargos:
Primer Cargo: el licenciado Martínez Almodóvar violó la fé pública notarial al otorgar un documento público en donde uno de los otorgantes estaba incapacitado de dar su consentimiento y en donde no hubo causa para el negocio de la compraventa.
Segundo Cargo: el licenciado Martínez Almodóvar violentó los principios enunciados en el Canon 35 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C.35, al otorgar un documento público ausente de consentimiento y causa, por ende simulado. El consignar hechos que no son ciertos en el documento anulado por el Tribunal de Primera Instancia atenta contra el deber de sinceridad y honradez del notario.
Tercer Cargo: el licenciado Martínez Almodóvar violentó los principios contenidos en el Canon 38 de Ética Profesional, supra, al no esforzarse al máximo de su capacidad en la exaltación del honor y la dignidad de la profesión que practica. Esto al consignar en un documento notarial hechos falsos.
Vista la querella sometida por el Procurador General
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: 2011 TSPR 21
Melvín I. Martínez Almodovar 180 DPR ____
Número del Caso: CP-2008-19
Fecha: 1 de febrero de 2011
Oficina del Procurador General:
Lcda. Minnie H. Rodríguez Procuradora General Auxiliar
Abogado del Peticionario:
Lcdo. Pedro Malavet Vega
Materia: Conducta Profesional
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Melvín I. Martínez Almodóvar
CP-2008-0019
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 1 de febrero de 2011.
El procedimiento disciplinario de marras nos
brinda la oportunidad de expresarnos sobre la
norma pautada en In re: Francis Pérez Riveiro,
2010 T.S.P.R. 230, 180 D.P.R. ___ (2010), y
analizar si los hechos particulares de autos
ameritan que censuremos enérgicamente a un abogado
cuya conducta como notario infringió la Regla 5
del Reglamento Notarial. 4 L.P.R.A. Ap. XXIV,
R.5.
I
El 27 de febrero de 1991, el Sr. Miguel Ángel
Cancel Rosado suscribió un contrato de
arrendamiento con el Sr. José Antonio Cancel
Pagán. Mediante dicho contrato el señor Cancel CP-2008-0019 2
Rosado le arrendó al señor Cancel Pagán una propiedad
ubicada en el Municipio de Cabo Rojo a razón de $150
mensuales. Diez (10) años más tarde el señor Cancel
Rosado le cursó una carta
al señor Cancel Pagán anunciando un aumento de renta, a
razón de $350 mensuales, con el cual el señor Cancel Pagán
incumplió. Así, luego de cursar varias misivas
adicionales, las cuales también fueron ignoradas, el señor
Cancel Rosado le expresó al señor Cancel Pagán que no
deseaba renovar el contrato de arrendamiento. Le
solicitó, además, que desalojara la propiedad arrendada.
Posteriormente, al ver que el señor Cancel Pagán
incumplía con el pago de renta anunciado y con el desalojo
solicitado, el 4 de octubre de 2001, el señor Cancel
Rosado, asistido por su sobrina Lissa V. Cancel Pagán,
presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia
en contra del señor Cancel Pagán sobre desahucio y falta
de pago de cánones de arrendamiento. En la primera vista
señalada el demandado compareció representado por el Lcdo.
Melvin I. Martínez Almodóvar,1 quien solicitó que se le
permitiera contestar la demanda y que se señalara una
segunda vista.
El 31 de enero de 2002, el señor Cancel Pagán
presentó su contestación.2 En ella alegó que había
1 El licenciado Martínez Almodóvar prestó juramento como abogado el 2 de febrero de 1990, y como notario el 10 de mayo de 1990. 2 Aun cuando no surge del expediente moción de renuncia alguna, esta contestación fue presentada por el Lcdo. Nelson Vélez Lugo. CP-2008-0019 3
adquirido la propiedad inmueble objeto del pleito de
desahucio mediante una escritura de compraventa otorgada
por las partes el 9 de junio de 2001.
Así las cosas, el 1 de febrero de 2002, se celebró
una segunda vista. Ese día el señor Cancel Pagán también
compareció representado por el licenciado Martínez
Almodóvar. En esta vista las partes solicitaron que el
procedimiento se convirtiera en uno ordinario y que se
consolidara con una acción de reivindicación y de nulidad
de escritura de compraventa que el señor Cancel Rosado
había presentado el 5 de diciembre de 2001. En esta
segunda reclamación el señor Cancel Rosado adujo que el
licenciado Martínez Almodóvar obvió dar fe de la entrega
del precio de compraventa y que en unión al señor Cancel
Pagán incurrió en conducta dolosa con el propósito de
apropiarse ilegalmente del inmueble objeto del contrato de
compraventa.3 Ambos pleitos fueron consolidados.
Luego de los trámites procesales de rigor, el 14 de
febrero de 2006, el Tribunal de Primera Instancia dictó
sentencia. En ella, aparte de desestimar sub silentio
todas las alegaciones vertidas en contra del licenciado
Martínez Almodóvar, el foro primario declaró Con Lugar las
acciones de desahucio y de reivindicación como también
3 En específico, en esta reclamación sobre reivindicación y nulidad de contrato, se incluyó también como codemandado al licenciado Martínez Almodóvar. En su contra se alegó que al otorgar la escritura de compraventa, objeto de ambos pleitos, obvió dar fe del precio de compraventa y que, junto con el codemandado señor Cancel Pagán, incurrió en conducta dolosa cuyo fin era apropiarse ilegalmente del inmueble objeto del contrato de compraventa. CP-2008-0019 4
decretó la nulidad de la escritura de compraventa por
adolecer ésta de consentimiento y causa.
Consecuentemente, condenó al señor Cancel Pagán al pago de
las rentas atrasadas.
Inconformes con esta determinación, el señor Cancel
Pagán acudió ante el Tribunal de Apelaciones, quien
confirmó el dictamen emitido por el foro primario.
Inconforme aún, el señor Cancel Pagán presentó un recurso
de certiorari ante este Tribunal. Analizado dicho
recurso, el 10 de noviembre de 2006, emitimos una
resolución en donde lo declaramos No Ha Lugar y, además,
le referimos el caso a la Directora de la Oficina de
Inspección de Notarías, en adelante ODIN, para que
investigara y rindiera un informe sobre la conducta
profesional del licenciado Martínez Almodóvar.
En cumplimiento con nuestra encomienda, el 17 de
agosto de 2007, la ODIN presentó un escrito intitulado
Comparecencia Especial. En dicho escrito informó, entre
otras cosas, que de los documentos referidos se desprendía
que al momento de otorgarse la escritura de compraventa el
señor Cancel Rosado se encontraba incapacitado y senil por
padecer de Alzheimer. A esos efectos, la ODIN indicó que
el licenciado Martínez Almodóvar actuó en común acuerdo
con el señor Cancel Pagán para defraudar al señor Cancel
Rosado.
El 13 de diciembre de 2007, emitimos otra resolución.
En ella le referimos el asunto al Procurador General para CP-2008-0019 5
que presentara la querella correspondiente en contra del
licenciado Martínez Almodóvar. Así pues, el 9 de
septiembre de 2008, el Procurador General presentó una
querella. En ella le imputó al licenciado Martínez
Almodóvar la comisión de los siguientes cargos:
Primer Cargo: el licenciado Martínez Almodóvar violó la fé pública notarial al otorgar un documento público en donde uno de los otorgantes estaba incapacitado de dar su consentimiento y en donde no hubo causa para el negocio de la compraventa.
Segundo Cargo: el licenciado Martínez Almodóvar violentó los principios enunciados en el Canon 35 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C.35, al otorgar un documento público ausente de consentimiento y causa, por ende simulado. El consignar hechos que no son ciertos en el documento anulado por el Tribunal de Primera Instancia atenta contra el deber de sinceridad y honradez del notario.
Tercer Cargo: el licenciado Martínez Almodóvar violentó los principios contenidos en el Canon 38 de Ética Profesional, supra, al no esforzarse al máximo de su capacidad en la exaltación del honor y la dignidad de la profesión que practica. Esto al consignar en un documento notarial hechos falsos.
Vista la querella sometida por el Procurador General
y la contestación presentada por el licenciado Martínez
Almodóvar, el 30 de enero de 2009, emitimos otra
resolución en la cual nombramos a la Lcda. Eliadis Orsini
Zayas como Comisionada Especial. Ello para que, en
presencia de las partes, recibiera prueba y nos rindiera
un informe con sus determinaciones de hechos y las
recomendaciones que estimara pertinente.
Luego de celebrar múltiples vistas sobre el asunto y
una inspección ocular, el 1 de diciembre de 2009, la CP-2008-0019 6
Comisionada Especial rindió su informe. En dicho informe
concluyó que no se había demostrado, mediante prueba
clara, robusta y convincente, que el licenciado Martínez
Almodóvar hubiese incurrido en la conducta impropia
imputada en la querella.
Sin embargo, la Comisionada añadió que el licenciado
Martínez Almodóvar sí había incurrido en conducta impropia
distinta a la imputada, la cual iba en contrario a la
Regla 5 del Reglamento Notarial,4 y los cánones 35 y 38 de
Ética Profesional.5 A esos efectos, expresó que del
expediente de autos y de la prueba desfilada ante ella se
desprendía claramente que el licenciado Martínez Almodóvar
había comparecido en dos (2) ocasiones como representante
legal del señor Cancel Pagán en los pleitos antes
descritos luego de fungir como notario y otorgar la
escritura de compraventa objeto de ambos pleitos. Además,
la Comisionada indicó que en la referida escritura pública
se habían incluido hechos que no eran ciertos.
Posteriormente, el licenciado Martínez Almodóvar
presentó su contestación al informe de la Comisionada. En
su contestación, el querellado aceptó en su totalidad el
referido informe por entender que era uno “equilibrado,
ponderado y ecuánime”. Por ello, contando con la
comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.
4 4 L.P.R.A. Ap. XXIV, R.5. 5 4 L.P.R.A. Ap. IX, C.35, C.38. CP-2008-0019 7
II
Como principio rector del Derecho Notarial todo
notario está inexorablemente vinculado al estricto
cumplimiento de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A.
§ 2001 et seq., y los Cánones de Ética Profesional, 4
L.P.R.A. Ap. IX. Su inobservancia con una de estas
fuentes de obligaciones y deberes implica –
ineludiblemente- la acción disciplinaria correspondiente;
no sólo en su función como notario sino también como
abogado. In re: Capestany Rodríguez, 148 D.P.R. 728, 733
(1999). “Esto es así ya que en el notario, por su
condición de abogado[,] se funden dos (2) facetas
esenciales en la administración de la justicia”. Íd. La
primera de ellas, la que surge de su condición como
profesional del Derecho, lo instruye en la técnica
jurídica y capacita para dar consejos y servir de guía a
todo interesado. “La segunda faceta, la de notario, lo
convierte en un funcionario público investido de autoridad
y con capacidad autenticadora y legalizadora en el plano
de las relaciones privadas”. Íd. Además, esta segunda
faceta impone a los actos que dicho notario “ve y oye –
vidit et audit- una eficacia autenticadora cubierta con
una presunción de veracidad, producto neto que parte del
supuesto de un leal de los requisitos y las formalidades
de ejercer con fidelidad su encomienda”. Íd., págs. 733-
734. Véase, además, In re: Colón Muñoz, 131 D.P.R. 121
(1992); In re: Cruz Ramos, 127 D.P.R. 1005 (1991). CP-2008-0019 8
A. Fe Pública Notarial
El Artículo 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4
L.P.R.A. § 2002, consagra el principio de la fe pública
notarial. Dicho artículo dispone lo siguiente:
El notario es el profesional de Derecho que ejerce una función pública, autorizado para dar fe y autenticidad conforme a las leyes de los negocios jurídicos y demás actos y hechos extrajudiciales que ante él se realicen, sin perjuicio a lo dispuesto en las leyes especiales. Es su función recibir e interpretar la voluntad de las partes, dándole forma legal, redactar las escrituras y documentos notariales a tal fin y conferirle autoridad a los mismos. La fe pública al notario es plena respecto a los hechos que, en el ejercicio de su función personalmente ejecute o compruebe y también respecto a la forma, lugar, día y hora de otorgamiento. 4 L.P.R.A. § 2002.
La fe pública notarial de la cual están investidos
todos los notarios constituye la espina dorsal de nuestro
sistema notarial. In re: Rivera Aponte, 169 D.P.R. 738,
741 (2006); In re: Tejada Rivera I, 155 D.P.R. 175, 180
(2001); In re: Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269, 275 (1986).
Ésta le confiere al notario que la ejerce un carácter
dual: (a) en la esfera de los hechos, la exactitud de lo
que el notario ve, oye o percibe por sus sentidos; y (b)
en la esfera del Derecho, autenticidad y fuerza probatoria
a las declaraciones de voluntad de las partes en el
instrumento público redactado conforme a su juicio sobre
los preceptos del ordenamiento jurídico para la validez y
eficacia del acto o contrato formalizado, y sobre la
identidad y capacidad de las partes. 4 L.P.R.A. Ap. XXIV, CP-2008-0019 9
R.2. Véanse, además, In re: Cruz Ramos, 127 D.P.R. 1005
(1991); In re: Cruz Cruz, 126 D.P.R. 448 (1990).
Más aun, por la importancia que tiene la fe pública
notarial dentro del tráfico de los bienes jurídicos, “el
notario tiene que ser en extremo cuidadoso y debe
desempeñar su ministerio con esmero, diligencia y estricto
celo profesional”. In re: Rivera Vázquez, 155 D.P.R. 267,
277-278 (2001). Véase, además, In re: González Maldonado,
152 D.P.R. 871 (2000). Ello, pues se presume que “un
documento notarial avalado por la dación de fe brinda
confianza de que los hechos jurídicos y las circunstancias
que acredita el notario fueron percibidos y comprobados
con sus sentidos o ejecutados por él”. In re: Rivera
Aponte, supra, págs. 741-742; In re: Feliciano Ruiz,
supra, pág. 275. Véase, además, In re: Vera Vélez, 148
D.P.R. 1, 7 (1999). Precisamente, es esta presunción de
veracidad y legitimidad la que brinda certeza, garantía y
eficacia al documento notarial.
Así pues, la fe pública notarial en nuestro sistema
jurídico es de tan alta magnitud e importancia que “no es
necesario que el notario falte a la verdad
intencionalmente para que incurra en una violación a
ella”. In re: Rivera Vázquez, supra, pág. 278.
Consecuentemente, “el notario que [intencionalmente o no]
falta a la verdad en el otorgamiento de un instrumento
público no sólo quebranta la fe pública notarial, sino que
socava la integridad de la profesión legal y viola su CP-2008-0019 10
deber de ser sincero y honrado”, conforme a lo dispuesto
en el Canon 35 de Ética Profesional. Íd., pág. 277.
Véase, además, Feliciano v. Ross, 165 D.P.R. 649, 658
(2005) (citando a P. Malavet Vega, Manual de Derecho
Notarial Puertorriqueño, Santo Domingo, Ed. Corripio,
1988). Por ello el notario siempre tiene que
circunscribirse a la verdad y actuar de conformidad con la
ley en todo momento. Íd.
En cuanto a la obligación del notario de dar fe sobre
la capacidad de los otorgantes, el inciso (e) del Artículo
15 de la Ley Notarial de Puerto Rico indica que la
escritura pública debe contener “la fe expresa del notario
… de que a su juicio éstos tienen la capacidad legal
necesaria para otorgar el acto o contrato de que se
trata…”. 4 L.P.R.A. § 2033(e). Así, en el descargo de su
encomienda, el notario tiene el deber de calificar la
capacidad de las partes. In re: Feliciano Ruiz, supra,
pág. 275. “La calificación de la capacidad viene impuesta
por la naturaleza y la finalidad del instrumento público:
se trata de un requisito que conceptual y lógicamente
viene impuesto ab initio para conseguir la eficacia del
documento y del acto documentado”. E. Giménez-Arnau,
Derecho Notarial, Pamplona, Eds. Univ. Navarra, 1976, pág.
527.
La capacidad de los otorgantes guarda correspondencia
lógica con el consentimiento de los contratantes,
requisito sine qua non de los contratos. La regla general CP-2008-0019 11
es que su existencia surja con la comparecencia y
presencia de la persona ante el notario, la excepción es
el mandato o poder. In re: Feliciano Ruiz, supra, pág.
276. A esos efectos, la profesora Torres Peralta, en su
obra sobre el Derecho Notarial Puertorriqueño, enuncia lo
siguiente:
Es indispensable dar fe de la capacidad legal de los otorgantes, como requisito para proceder al otorgamiento y autorización de un instrumento publico. La Ley requiere que el Notario haga constar en la escritura que, a su juicio, los otorgantes tienen la capacidad legal necesaria para el otorgamiento del instrumento. Tal aseveración ha de estar basada en un juicio informado y sabio, no en un acto caprichoso e infundado de parte del Notario.
La aseveración que a ese efecto se haga en la escritura pública estará basada en los dichos de cada uno de los otorgantes El Notario, no obstante, tomará en cuenta el conocimiento que tiene cada otorgante, así como su capacidad de observación y de su percepción personal y si necesario, la investigación que debe efectuarse en las circunstancias. Este requisito se extiende, de igual manera, al compareciente representante en una escritura pública en que dicho otorgante comparezca como mandatario, agente, apoderado o comisionista y en toda otra capacidad representativa. S. Torres Peralta, El Derecho Notarial Puertorriqueño, Ed. especial, San Juan, Pubs. STP, Inc., 1995, sec. 8.27. (Énfasis nuestro).
En Feliciano v. Ross, supra, pág. 658, expresamos que
“[e]s deber del notario que autoriza el otorgamiento de
una escritura hacer las averiguaciones mínimas que
requieren las normas de la profesión”. Íd., citando a In
re: Peña Clós, 135 D.P.R. 590, 601 (1994). En ese
sentido, en In re: Davidson Lampón, 159 D.P.R. 448 (2003),
indicamos que debido a que “la función del notario CP-2008-0019 12
trasciende la de un autómata legalizador de firmas y
penetra al campo de la legalidad de la transacción que
ante él se concreta”, al autorizar una escritura el
notario debe: (1) indagar la voluntad de los otorgantes;
(2) formular la voluntad indagada; (3) investigar ciertos
hechos y datos de los que depende la eficacia o validez
del negocio; y (4) darles a los otorgantes las
informaciones, aclaraciones y advertencias necesarias para
que comprendan el sentido, así como los efectos y
consecuencias del negocio, y se den cuenta de los riesgos
que corren en celebrarlo.6 In re: Davidson Lampón, supra,
pág. 461, citando a Chévere v. Cátala, 115 D.P.R. 432, 438
(1984). Véase, además, Cintrón Ramos v. Borrás Marín, 144
D.P.R. 91 (1997).
B. Canon 35
El Canon 35 de Ética Profesional, supra, impone un
deber general de sinceridad y honradez sobre todos los
abogados admitidos a practicar la profesión legal. In re:
Irizarry Vega, 2009 T.S.P.R. 132, 176 D.P.R. ___ (2009);
In re: Padilla Rodríguez, 145 D.P.R. 536 (1998); In re:
Franco Rivera, Masini Soler, 134 D.P.R. 823 (1993). A
esos efectos, el referido canon indica lo siguiente:
La conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada.
6 Sobre la obligación del notario en investigar los antecedentes registrales del negocio jurídico que autoriza, véase Chévere v. Cátala, supra, págs. 442-443, citando a P. Ávila Álvarez, Estudios de Derecho Notarial, 4ta ed., Madrid, Ed. Montecorvo, 1973, págs. 402- 403; In re: Ramos Meléndez y Cabiya Ortiz, 120 D.P.R. 796 (1988). CP-2008-0019 13
No es sincero ni honrado el utilizar medios que sean inconsistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho. Es impropio variar o distorsionar las citas jurídicas, suprimir parte de ellas para transmitir una idea contraria a la que el verdadero contexto establece u ocultar alguna que le es conocida.
El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar los testigos, al redactar afidávit u otros documentos, y al presentar causas. El destruir evidencia documental o facilitar la desaparición de evidencia testifical en un caso también es altamente reprochable. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 35.
Como es sabido, el deber general contenido en el
Canon 35 de Ética Profesional, supra, se exige en aras de
preservar el honor y la dignidad de la profesión, ya que
el compromiso del abogado con la verdad es uno
incondicional e ineludible. In re: Irizarry Vega, supra,
pág. 5; In re: Fernández de Ruiz, 167 D.P.R. 661 (2006).
Conforme a ello, hemos expresado que la verdad es un
atributo inseparable del ser abogado, y sin ésta, la
profesión jurídica no podría justificar su existencia. In
re: Irizarry Vega, supra, pág. 5; In re: Busó Aboy, 166
D.P.R. 49 (2005).
En específico, en cuanto a la práctica notarial se
refiere, en In re: Tejada Rivera I, supra, afirmamos “que
cualquier hecho aseverado en un instrumento público por un
notario que no concuerde con la verdad constituye una
violación al Canon 35 del Código de Ética Profesional,
supra, independientemente de si hubo intención de faltar a
la verdad”. In re: Tejada Rivera I, supra, pág. 182, CP-2008-0019 14
citando a In re: Astacio Caraballo, 149 D.P.R. 790 (2000).
Véase, además, In re: Machargo Barreras, 161 D.P.R. 364,
372 (2004).
C. Canon 38
El Canon 38 de Ética Profesional, supra, impone sobre
todos los abogados admitidos a ejercer la profesión legal
el deber de esforzarse al máximo para exaltar el honor y
dignidad de su profesión. En lo pertinente, dicho Canon
indica que todo “abogado deberá esforzarse, al máximo de
su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su
profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios
personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta
impropia…”. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C.38. In re: Colón
Ramery, 133 D.P.R. 555, 562 (1993); In re: Meléndez Pérez,
104 D.P.R. 770, 772 esc. 1 (1976); In re: Cancio Sifre,
106 D.P.R. 386, 398-399 (1977); In re: Rojas Lugo, 114
D.P.R. 687, 691 (1983); In re: Roldán Figueroa, 106 D.P.R.
4 (1977).
Cónsono con lo anterior, hemos resuelto que “la
responsabilidad moral y ética que rigen nuestra ilustre
profesión, obliga a todo abogado a examinar su
comportamiento continuamente”. In re: Rodríguez Vázquez,
2009 T.S.P.R. 109, 176 D.P.R. ___. En ese sentido,
reiteramos con ímpetu que “los abogados son el espejo
donde se refleja la imagen de la profesión, por tal razón,
éstos deben actuar con el más escrupuloso sentido de
responsabilidad que impone la función social que ejercen”. CP-2008-0019 15
In re: Rodríguez Vázquez, supra; In re: Quiñones Ayala,
165 D.P.R. 138 (2005).
D. Quantum de Prueba
En In re: Caratini Alvarado, 153 D.P.R. 575 (2001)
(adoptando el criterio establecido en P.P.D. v. Admor.
Gen. De Elecciones, 111 D.P.R. 199 (1981)), resolvimos que
el quantum de prueba requerido en los procesos
disciplinarios es uno de “prueba clara, robusta y
convincente, no afectada por reglas de exclusión ni a base
de conjeturas”. In re: Caratini Alvarado, supra, pág.
585; P.P.D. v. Admor. Gen. De Elecciones, supra, pág. 227.
Así, aunque “el referido estándar de prueba no es
susceptible de una definición precisa, la prueba clara,
robusta y convincente ha sido descrita como aquella
evidencia que produce en el juzgador de hechos una
convicción duradera de que las contenciones fácticas son
altamente probables”. In re: Rodríguez Mercado, 165
D.P.R. 630, 641 (2005); Colorado v. New Mexico, 467 U.S.
310, 316 (1983). Véase, además, 2 McCormick on Evidence
Sec. 340, pág. 425 (5ta ed. 1999).
Conforme a lo anterior, hemos resuelto que en los
procedimientos disciplinarios la carga probatoria
requerida es una más acuciosa que el quantum de prueba
requerido en los procedimientos civiles ordinarios, “ya
que en estos procesos está en juego el título de un
abogado y, por ende, su derecho fundamental a ganarse su
sustento”. In re: Rodríguez Mercado, supra, pág. 641 CP-2008-0019 16
(citando a In re: Caratini Alvarado, supra, pág. 585).
Por ello, podemos concluir que el estándar de prueba
clara, robusta y convincente es más alto y sólido que el
de preponderancia de la prueba, pero menos exigente y
riguroso que el de prueba más allá de duda razonable. In
re: Rodríguez Mercado, supra, pág. 641. Véase, además, In
re: Soto López, 135 D.P.R. 642, (1994).
E. Debido Proceso de Ley
El debido proceso de ley, en su vertiente procesal,
le impone al Estado la obligación de garantizar que la
interferencia con el interés propietario o libertario del
individuo se realice mediante un procedimiento justo y
equitativo que respete la dignidad de los individuos.
Rivera Rodríguez & Co. v. Stowell Taylor, 133 D.P.R. 881,
887-888 (1993). Los abogados tienen un interés
propietario en el ejercicio de la profesión legal. In re:
Ríos Ríos, 2008 T.S.P.R. 186, pág. 20, 175 D.P.R. ___
(2008). Véase además, In re: Ruffalo, 390 U.S. 544, 550
(1968). Por ello, los abogados son acreedores de las
garantías de un debido proceso de ley en aquellos
procedimientos disciplinarios en que esté en juego su
licencia. Íd.
Como es sabido, las exigencias mínimas del debido
proceso de ley incluyen el ser notificado adecuadamente de
los cargos en su contra, la oportunidad de ser oído, y el
derecho a contrainterrogar y a examinar la prueba
documental y material presentada por la parte contraria. CP-2008-0019 17
In re: Ríos Ríos, supra, pág. 20; Salva Santiago v. Torres
Padro, 171 D.P.R. 332, 343 (2007). Véase además, Rivera
Rodríguez & Co. v. Stowell Taylor, supra, pág. 889.
De conformidad con lo anterior, la Regla 14 del
Reglamento del Tribunal Supremo, en su inciso (f),
reconoce un procedimiento de notificación al abogado
cuando se presenta una querella en su contra.7 4 L.P.R.A.
Ap. XXI-A, R.14(f). Cuando ello ocurre, el Secretario
entra la querella en el libro de presentaciones
correspondiente e inmediatamente expide un mandamiento al
abogado involucrado. 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, R. 14. En
éste, se le requiere al abogado que conteste la querella
dentro de los quince (15) días de su notificación. El
Alguacil procede entonces a notificar la querella y el
mandamiento. Además, cuando no es posible notificar
personalmente al querellado, el Alguacil tiene el deber de
informar tal hecho al Tribunal. Íd. En ese caso, el
Tribunal puede “ordenar que se le notifique dejando los
documentos en su oficina, durante horas regulares de
trabajo, en un sobre con su debida dirección”. Íd.
Cuando no se puede notificar de esta forma, el Secretario
notifica al abogado por correo certificado con acuse de
recibo a la dirección que obra en el Registro de Abogados
del Tribunal. Dicha notificación es suficiente para todos
7 El inciso (j) de la Regla 14 del Reglamento del Tribunal Supremo también reconoce que la parte querellada tendrá derecho a confrontar a los testigos en su contra durante la vista; contrainterrogarlos; examinar prueba documental o material que se presente en su contra; presentar testigos; y presentar prueba documental y material a su favor, entre otros. 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, R. 14(j). CP-2008-0019 18
los efectos del Reglamento de este Tribunal aunque la
carta sea devuelta.8 Íd.
Por su parte, en In re: Ruffalo, 390 U.S. 544 (1968),
el Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoció,
expresamente, que durante los procedimientos
disciplinarios un abogado tiene el derecho constitucional
al debido proceso de ley. En esta ocasión se le imputaron
doce (12) cargos disciplinarios al abogado mediante
querella. Sin embargo, al tercer día de la vista
disciplinaria la Junta de Comisionados sobre Quejas y
Disciplina de Ohio añadió un cargo número trece (13),
basado, exclusivamente, en información obtenida durante la
vista evidenciaria. Íd., pág. 546. El abogado fue
suspendido de la práctica legal debido, en parte, al cargo
número trece (13).
El Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoció que
los procedimientos disciplinarios instados en contra de
los abogados no son de naturaleza civil ni penal, sino que
se trata de procedimientos de naturaleza cuasi-penal.
Íd., pág. 551. Así, luego de evaluar detenidamente las
circunstancias del caso, concluyó que el abogado-
querellado no fue notificado adecuadamente del nuevo cargo
y que, como parte del debido proceso de ley, el abogado
tenía derecho a una notificación adecuada de ese cargo el
8 Íd. La Regla 14(g) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, R. 14(g), dispone que las querellas presentadas por el Procurador General y por el Colegio de Abogados de Puerto Rico, también deben cumplir con el mencionado proceso de notificación. CP-2008-0019 19
cual fue identificado luego de iniciado el trámite
disciplinario. Íd.
En In re: Roca Rosselli, 164 D.P.R. 380 (2005), sin
embargo, adoptamos una postura distinta. En aquella
ocasión, el Procurador General presentó una querella en
contra de un abogado imputándole, únicamente, haber
violentado los principios de diligencia e información
contenidos en el Canon 18 de Ética Profesional. 4
L.P.R.A. Ap. IX, C.18. Así, nombramos un Comisionado
Especial quien celebró una vista para dilucidar la
querella.
Luego de celebrada la vista, el Comisionado Especial
sometió su informe. Concluyó que, “a pesar de que el
Procurador General tan sólo imputó al licenciado Roca una
violación al Canon 19 [sic], [4 L.P.R.A. AP. IX, C.19], la
conducta imputada también [configuró] prohibiciones al
Canon 18 [sic]”. Ello, debido a que el cargo presentado
por el Procurador “quedó enmendado por la prueba
presentada por el propio querellado”. Íd., págs. 385-386.
Evaluadas las circunstancias ante nos, acogimos los
planteamientos del Comisionado Especial y resolvimos que
el abogado-querellado incurrió en conducta impropia
contraria a los Cánones 18 y 19 de Ética Profesional,
supra. Ello, aun cuando la violación al Canon 19 no fue
imputada en la querella sino que surgió de la prueba
presentada en la vista celebrada por el Comisionado CP-2008-0019 20
Especial.9 Sin embargo, en aquel entonces no discutimos si
dicho proceder era contrario al debido proceso de ley y a
la norma pautada en In re: Ruffalo, supra.
Posteriormente, en In re: Marini Román, 165 D.P.R.
801 (2005), resolvimos que el querellado incurrió en
conducta impropia contraria a los dos (2) cargos imputados
en la querella, los cuales estuvieron basados en el
Criterio General de los deberes de los abogados para con
los tribunales y el Canon 35. Además, indicamos que dicha
conducta también era contraria al Canon 18, supra, a pesar
que dicha violación no había sido imputada en la querella
presentada por el Procurador General sino que surgió de la
prueba desfilada ante la Comisionada Especial. En apoyo a
nuestra conclusión citamos la norma esbozada en In re:
Roca Rosselli, supra. In re: Marini Román, supra, pág.
812.10
Ahora bien, recientemente, en In re: Pérez Riveiro,
2010 T.S.P.R. 230, 180 D.P.R. ___ (2010), revocamos la
norma adoptada In re: Roca Roselli, supra. Al así hacerlo
enfatizamos que “la práctica de enmendar la querella
tácitamente a base de la prueba presentada para sancionar
a un abogado por violaciones al Código de Ética
Profesional que no fueron imputadas en la querella es
9 El Juez Asociado señor Rivera Pérez disintió sin opinión escrita pero expresó que no era procedente disciplinar al querellado por la violación al Canon 19 pues no se presentó cargo alguno por el Procurador General “y porque, por imperativo del debido proceso de ley, estamos impedidos de hacerlo”. In re: Roca Roselli, 164 D.P.R. 380, 389 (2005). 10 Los Jueces Asociados señor Rivera Pérez y señor Fuster Berlingeri no intervinieron. Íd., pág. 817. CP-2008-0019 21
incompatible con la naturaleza de los procedimientos
disciplinarios de los abogados y viola el debido proceso
de ley”. In re: Pérez Riveiro, supra, pág. 8.
Como consecuencia de lo anterior, entendimos que no
procedía imponerle sanciones disciplinarias al querellado
por los cargos imputados que surgieron durante el trámite
procesal de la querella, pues ello implicaba “negarle la
oportunidad que [el querellado] por derecho tiene a
preparar una defensa adecuada e impedirle, asimismo, velar
por su sustento”. Íd., pág. 9. Aclaramos, sin embargo,
que “nada de ello impedía que, de considerarlo apropiado,
le ordenáramos al Procurador General investigar la nueva
información recibida por el Comisionado para determinar si
debe presentarse una nueva queja que inicie un
procedimiento disciplinario separado, en el cual el
abogado tenga la oportunidad de defenderse y traer prueba
a su favor con relación a la conducta distinta a la
considerada originalmente”. Íd., págs. 9-10.
No obstante lo anterior, la norma esbozada en In re:
Pérez Riveiro, supra, no debe ser catalogada como
irrestricta. “[El] debido proceso de ley se satisface
siempre que se le provea al abogado querellado la
oportunidad de responder y defenderse de los cargos
imputados y notificados, así como de las teorías en las
que se basen”. Íd., pág. 7 (citando a Zauderer v. Office
of Disciplinary Counsel, 471 U.S. 626, 654-655 (1985)).11
11 (Énfasis nuestro). CP-2008-0019 22
Así, aclaramos que cuando del expediente bajo estudio
surja que -en cuanto a la conducta impropia identificada
luego de iniciado el procedimiento disciplinario- al
abogado-querellado se le ha (1) notificado adecuadamente
de la conducta impropia adicional; (2) brindado la
oportunidad de presentar prueba a su favor; (3) permitido
examinar la prueba presentada en su contra y (4)
contrainterrogar los testigos presentados por la parte
contraria, el Tribunal podrá, si lo estima apropiado,
evaluar y atender dichas alegaciones adicionales. Sólo
así protegeremos efectivamente las garantías
constitucionales del abogado-querellado y no se
menoscabará su oportunidad de preparar adecuadamente su
defensa ni se le impedirá velar por su sustento.
En otras palabras, si durante el trámite de un
procedimiento disciplinario se identifica conducta
impropia adicional a la imputada ésta no podrá ser
dirimida dentro de ese mismo procedimiento disciplinario.
In re: Pérez Riveiro, supra. En estas instancias, como
norma general, el Tribunal deberá ordenarle al Procurador
General investigar la nueva conducta para que determine si
debe presentarse una nueva queja que inicie un nuevo
procedimiento disciplinario, separado y distinto al
procedimiento en donde la conducta adicional impropia fue
identificada. Así, el abogado-querellado tendrá la
oportunidad de defenderse y traer prueba a su favor en
relación a la conducta impropia adicional. CP-2008-0019 23
Ahora bien, a modo de excepción, en las instancias en
donde el expediente ante la consideración del Tribunal
refleje que en cuanto a la conducta impropia adicional al
querellado se le han salvaguardado todas las garantías que
emanan del debido proceso de ley, el Tribunal podrá -si lo
estima apropiado- evaluar y atender dicha conducta
adicional dentro del mismo procedimiento disciplinario,
sin necesidad de referirla al Procurador General. Sólo
F. Regla 5 del Reglamento Notarial
Como norma general, la Regla 5 del Reglamento
Notarial, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV, R.5, establece que los
notarios están impedidos de representar legalmente a
cualquiera de las partes otorgantes en un pleito posterior
mediante el cual se reclamen las prestaciones contenidas
en el documento otorgado ante dicho notario. En lo
pertinente al caso que nos ocupa, dicha regla indica lo
La práctica de la profesión de abogado puede ser en algunas ocasiones incompatible con la práctica de la notaría.
El notario autorizante de un documento público está impedido de actuar posteriormente como abogado de una de las partes otorgantes para exigir en un litigio contencioso las contraprestaciones a que se haya obligado cualquier otra parte en el documento otorgado ante él. CP-2008-0019 24
El notario está impedido de representar como abogado a un cliente en la litigación contenciosa y, a la vez, servir de notario en el mismo caso por el posible conflicto de intereses o incompatibilidades que puedan dimanar del mismo. 4 L.P.R.A. Ap. XXIV, R.5. (Énfasis nuestro).
La prohibición establecida por la Regla 5 del
Reglamento Notarial, supra, no debe ser tomada
livianamente. Su propósito es, entre otros, proteger la
apariencia profesional de los notarios y evitar que su
conducta como depositario de la fe pública notarial sea
maculada por escepticismos de impropiedad y desconfianza.
In re: Rojas Lugo, 114 D.P.R. 687 (1983); In re: Colón
Ramery, 133 D.P.R. 555 (1995).
En armonía con lo anterior, en In re: Colón Ramery,
supra, resolvimos que “un abogado-notario que reclama
judicialmente en representación de una de las partes
otorgantes de un documento, para exigir la
contraprestación a la que se obligó la otra parte en el
documento, da la falsa impresión de que siempre estuvo
parcializado con la parte en representación de la cual
reclama”. Íd., pág. 567. Añadimos que de permitirse tal
práctica estaríamos ocasionándole un grave daño a la
institución del notariado, a la fe pública notarial y,
sobre todo, a la confianza que ha sido depositada en la
profesión. Íd.
Posteriormente, en In re: Colón Ramery, 138 D.P.R.
793 (1995) (en reconsideración), aclaramos que la
prohibición antes esbozada no aplica a las acciones ex CP-2008-0019 25
parte, a menos que ello esté expresamente prohibido por
ley o doctrina jurisprudencial. Íd., pág. 798. Añadimos
que dicha normativa era una “consecuencia lógica del hecho
de que, por su carácter no contencioso, en dichos
procedimientos no existe la apariencia de parcialidad
impropia…” pues “los procedimientos ex parte tienen como
propósito dar validez jurídica a actos y manifestaciones
consensuales de la voluntad privada”. Íd., citando a E.
Escobar De la Riva, Tratado de Derecho Notarial, Ed.
Marfil, S.A., 1957, págs. 27-28. De igual forma, y bajo
fundamentos similares, en In re: Matos Bonet, 153 D.P.R.
296 (2001), resolvimos que los notarios están impedidos de
otorgar documentos públicos relativos a propiedades que
sean objeto de los litigios en los cuales participan como
abogados. Íd., pág. 301.
III
Como mencionáramos anteriormente, en la querella
presentada por el Procurador General en contra del
licenciado Martínez Almodóvar se le imputó incurrir en
conducta impropia constitutiva de tres (3) cargos
disciplinarios. Ante esta situación, la Comisionada
Especial rindió un informe y concluyó que no se presentó
prueba clara, robusta y convincente que sustentara la
conducta profesional impropia imputada. Le asiste la
razón. Veamos.
En cuanto al primer cargo, violación de la fe pública
notarial debido a que el señor Cancel Rosado estaba CP-2008-0019 26
incapacitado para otorgar la escritura de compraventa,
surge del expediente de autos que el 25 de abril de 2001,
tan solo cuarenta y cinco (45) días antes de otorgar la
escritura de compraventa, el señor Cancel Rosado otorgó un
testamento abierto ante la notario Mónica Alpi Figueroa.
Éste no ha sido impugnado ni anulado.
A esos efectos, durante las vistas celebradas por la
Comisionada Especial, la licenciada Alpi Figueroa
testificó que todas las gestiones para otorgar el
testamento abierto fueron diligenciadas por el propio
señor Cancel Rosado. Añadió que a su juicio no tenía la
menor duda de que él estaba en plena capacidad, sin
importar que estaba en silla de ruedas. Ello, porque, a
parte de conocerlo personalmente, durante el otorgamiento
del testamento ella le hizo preguntas sobre temas y
asuntos del presente y pasado, a las cuales el señor
Cancel Rosado respondió correctamente.
Igualmente, surge del expediente que días antes de
otorgarse la referida escritura de compraventa el
licenciado Martínez Almodóvar acudió a la residencia del
señor Cancel Rosado para afinar los pormenores de la
compraventa y pudo percatarse de su capacidad. Así, nos
indica la Comisionada Especial, que el querellado observó,
mientras el señor Cancel Rosado leía un viejo periódico
regional de La Parguera, como éste le comentaba con gran
precisión sobre varios errores contenidos en el artículo,
el cual trataba sobre el origen de la familia Cancel del CP-2008-0019 27
Poblado. En específico, el señor Cancel Rosado le indicó
al querellado, entre otras cosas, que el artículo estaba
errado porque indicaba que la familia Cancel había llegado
al Poblado como pescadores, cuando la realidad era que
habían llegado como cuidadores de cerdos. Además, a
preguntas del licenciado Martínez Almodóvar, el señor
Cancel Rosado expresó que tenía interés en venderle la
propiedad al señor Cancel Pagán porque no tenía hijos y
éste había ayudado mucho a sus sobrinos.
Lo anterior, en unión a la totalidad de la prueba
testifical y documental examinada, nos lleva a la misma
conclusión alcanzada por la Comisionada Especial: durante
el procedimiento disciplinario de autos no se presentó
prueba clara, robusta y convincente tendente a demostrar
la conducta impropia imputada en el primer cargo. El
licenciado Martínez Almodóvar no estaba obligado a
efectuar una investigación exhaustiva y pormenorizada
sobre la capacidad y trasfondo mental del señor Cancel
Rosado. Cintrón Ramos v. Registrador, 144 D.P.R. 91
(1997); In re: Caratini Alvarado, supra, pág. 583; In re:
Machargo Barreras, supra, pág. 370-371; Feliciano v. Ross,
supra, págs. 658-659. Más bien, de un análisis integral
de la jurisprudencia antes señalada, el querellado -como
custodio de la fe pública notarial- estaba obligado a
hacer las averiguaciones mínimas necesarias que requieren
las normas de la profesión para quedar plenamente
convencido de la capacidad de los otorgantes. Entendemos, CP-2008-0019 28
pues, que el licenciado Martínez Almodóvar, al actuar como
lo hizo y presentarse días antes en la casa del señor
Cancel Rosado para detallar los pormenores de la referida
escritura de compraventa y corroborar su capacidad, no
violó la fe pública notarial. Su juicio y dación de fe
sobre la capacidad del señor Cancel Rosado fue celosamente
ejercida. Véase, además, Regla 32(5) del Reglamento
Notarial, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV, R.32(5).
A igual conclusión llegamos en cuanto a la conducta
profesional impropia imputada en el segundo y tercer
cargo. Ambos cargos gravitan sobre las alegaciones de
fraude intencional vertidas por el señor Cancel Rosado en
la demanda sobre reivindicación y nulidad de escritura de
compraventa en contra del licenciado Martínez Almodóvar.
Éstas fueron desestimadas sub silentio en la sentencia
dictada por el Tribunal de Primera Instancia, la cual fue
confirmada posteriormente por el Tribunal de Apelaciones.
Sin embargo, lo anterior no dispone completamente del
asunto disciplinario ante nuestra consideración. Resta
considerar si procede o no imponerle sanciones
disciplinarias al licenciado Martínez Almodóvar por las
alegadas violaciones a la Regla 5 del Reglamento Notarial,
supra, y a los Cánones 35 y 38 de Ética Profesional,
supra, identificadas durante el trámite disciplinario
instado en su contra, y si dicha imposición es contraria
al debido proceso de ley. CP-2008-0019 29
De ordinario, conforme la norma pautada en In re:
Pérez Riveiro, supra, conducta profesional impropia
identificada durante el transcurso de un procedimiento
disciplinario no debe ser objeto de sanción disciplinaria
dentro de ese mismo procedimiento. Íd., pág. 9. Ahora
bien, las circunstancias particulares del caso de autos
ameritan que apliquemos la excepción antes esbozada.12 Nos
explicamos.
Como hemos mencionado, durante el procedimiento
disciplinario de autos la Comisionada Especial identificó
conducta impropia adicional a la imputada en la querella,
la cual se aduce que es contraria a la Regla 5 del
Reglamento Notarial, supra, y a los Cánones 35 y 38 de
Ética Profesional, supra. A esos efectos, la Comisionada
Especial aclaró en su informe, en cuanto a la conducta
impropia adicional, que las garantías constitucionales que
cobijan al querellado fueron debidamente salvaguardadas y
que durante el transcurso del procedimiento disciplinario
al querellado se le informó adecuadamente sobre el
hallazgo de dicha conducta adicional y se le concedió la
oportunidad de expresarse, de presentar prueba a su favor
y de impugnar la prueba ofrecida en su contra. Véase,
Informe de la Comisionada Especial, págs. 34-35. 12 Nos llama la atención que en la Opinión Disidente emitida por nuestra compañera Jueza Asociada señora Fiol Matta no se haya mencionado referencia alguna sobre la circunstancia medular que movió a este Tribunal a pautar y aplicar la excepción antes mencionada: el querellado Martínez Almodóvar no impugnó de forma alguna el informe rendido por la Comisionada Especial; por el contrario, lo catalogó como un informe equilibrado, ponderado y ecuánime. Ello, en unión a los hallazgos y conclusiones de la Comisionada Especial, inclinó la balanza a favor del resultado aquí alcanzado. CP-2008-0019 30
Más aún, del expediente de autos surge que el propio
querellado aceptó el informe de la Comisionada Especial y
lo catalogó como un informe “equilibrado, ponderado y
ecuánime” y que optó por no tomar acción alguna en cuanto
la referida conducta adicional. Por ello, y debido a que
durante todo el transcurso del procedimiento disciplinario
de autos al querellado se le han protegido sus garantías
constitucionales, procedemos a atender las alegaciones de
conducta impropia adicional identificada por la
Comisionada Especial. Se configura en esta ocasión la
excepción antes mencionada.
En cuanto a la conducta contraria a la Regla 5 del
Reglamento Notarial, supra, del expediente de autos se
desprende claramente que el licenciado Martínez Almodóvar,
luego de otorgar la escritura de compraventa, compareció
en dos (2) ocasiones distintas -16 de noviembre de 2001 y
1 de febrero de 2002- como representante legal del señor
Cancel Pagán en un pleito presentado por el señor Cancel
Rosado para exigir el cumplimiento de las prestaciones
convenidas en la referida escritura. En otras palabras,
el querellado representó legalmente al señor Cancel Pagán
en un litigio contencioso en el cual se exigía el
cumplimiento de las contraprestaciones convenidas en una
escritura de compraventa otorgada ante él. Ello
constituye una clara violación a lo dispuesto en la Regla
5 del Reglamento Notarial, supra, y su jurisprudencia
interpretativa. In re: Colón Ramery, 133 D.P.R. 555 CP-2008-0019 31
(1995); In re: Colón Ramery, 138 D.P.R. 793 (1995) (en
reconsideración).
Ahora bien, en cuanto a la conducta impropia
adicional contraria a los Cánones 35 y 38, supra, la
Comisionada Especial expresó en su informe que de la
evidencia documental por ella aquilatada se desprende que
en la escritura de compraventa otorgada por el licenciado
Martínez Almodóvar no se especificó que la cuantía del
negocio jurídico había sido entregada mediante cheque de
gerente, sino que sólo se expresó que fue entregada
mediante moneda de curso legal. Tal proceder, nos sugiere
la Comisionada Especial, constituye una violación a los
cánones 35 y 38 de Ética Profesional, supra. No le asiste
la razón.
Un examen integral y detenido de nuestro ordenamiento
notarial y su jurisprudencia interpretativa revela que los
notarios están obligados a plasmar íntegramente la
voluntad y pactos de los otorgantes en las estipulaciones
de la escritura de compraventa que ante él se otorga.
Véase, P. Malavet Vega, El Derecho Notarial en Puerto
Rico, Ponce, Ed. Omar, 2010, pág. 170. Así, los notarios
están obligados a consignar, entre otras cosas, el precio
de venta pactado entre las partes otorgantes y la forma en
que dicha cuantía es satisfecha. Íd. Colegimos que basta
con indicar que el precio pactado en la escritura de
compraventa fue satisfecho mediante moneda de curso legal,
que es el equivalente a la moneda de los Estados Unidos de CP-2008-0019 32
América. Véase, Torres v. Torres, 2010 T.S.P.R. 123, 179
D.P.R. ___ (2010), págs. 10-11.
IV
Finalmente, en numerosas ocasiones hemos expresado
que al determinar una sanción disciplinaria se tomará en
cuenta la reputación del abogado querellado en la
comunidad, su historial profesional previo, si se trata de
su primer procedimiento disciplinario, si el querellado ha
aceptado los cargos imputados, su sincero arrepentimiento,
si se trata de una conducta aislada, si actuó con ánimo de
lucro y cualesquiera otras consideraciones que puedan
servir como atenuantes o agravantes según los hechos
particulares de cada caso. In re: Bryan Picó y Vargas
Hernández, 150 D.P.R. 1 (2000); In re: Quiñones Ayala, 165
D.P.R. 138 (2005).
Vemos, pues, que del expediente de autos surge que
este ha sido el primer procedimiento disciplinario que se
ha presentado en contra del licenciado Martínez Almodóvar
durante los veinte (20) años que lleva ejerciendo la
profesión legal. Además, hemos notado que el querellado
goza de buena reputación en la comunidad que reside y
entre sus compañeros profesionales.
Por lo tanto, en esta ocasión limitaremos nuestra
sanción disciplinaria a una censura enérgica. La conducta
desplegada por el licenciado Martínez Almodóvar infringió
la Regla 5 del Reglamento Notarial, supra. No obstante,
le apercibimos al licenciado Martínez Almodóvar que de CP-2008-0019 33
incurrir en conducta impropia en el futuro podrá ser
sancionado de forma más severa.
V
Por los fundamentos antes expuestos, censuramos
enérgicamente al Lcdo. Melvin I. Martínez Almodóvar por
haber incurrido en conducta impropia contraria a la Regla
5 del Reglamento Notarial, supra. Le apercibimos que de
incurrir nuevamente en conducta profesional impropia podrá
ser sancionado de forma más severa.
Se dictará sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, censuramos enérgicamente al Lcdo. Melvin I. Martínez Almodóvar por haber incurrido en conducta impropia contraria a la Regla 5 del Reglamento Notarial, supra. Le apercibimos que de incurrir nuevamente en conducta profesional impropia podrá ser sancionado de forma más severa.
Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Fiol Matta disiente con opinión escrita. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
CP-2008-19 Melvín I. Martínez Almodóvar
Opinión Disidente emitida por la Jueza Asociada señora Fiol Matta
Recientemente, reconocimos en In re Pérez Riveiro,
2010 T.S.P.R. 230, 180 D.P.R. ___ (2010), que se viola el
derecho al debido proceso de ley cuando se sanciona a un
abogado contra quien se ha presentado una querellada por
actos que, aunque constituyan infracciones a los Cánones
de Ética Profesional,13 no se le han imputado en dicha
querella. Esta norma recién pautada constituye un
importante avance en la protección de los derechos
constitucionales de los miembros de nuestra profesión
involucrados
13 4 L.P.R.A. Ap. IX. CP-2008-19 2
en procedimientos disciplinarios. El presente dictamen de
este Tribunal propone una excepción al citado caso, en aras
de agilizar el proceso ante este Foro y de añadir
flexibilidad al procedimiento disciplinario. La realidad es
que la decisión mayoritaria también abre una brecha
peligrosa por la cual se podrán ventilar los casos de forma
atropellada. Muestra de ello es, precisamente, este caso.
Por entender que la decisión que hoy se emite es un
retroceso en la protección del derecho del abogado-
querellado a preparar adecuadamente su defensa, disiento.
El Tribunal fundamenta su decisión de desviarse de In
re Pérez Riveiro, supra, en lo resuelto por el Tribunal
Supremo federal en Zauderer v. Office of Disciplinary
Counsel, 471 U.S. 626 (1985). En dicho caso, el Tribunal
Supremo federal hizo una excepción a la norma adoptada en
In re Ruffalo, 390 U.S. 544 (1968), al resolver que no se
violó el derecho del abogado-querellado al debido proceso
de ley por el mero hecho de que la teoría utilizada por el
Tribunal Supremo de Ohio para sancionarlo distara de la
teoría utilizada por la Oficina del Consejo Disciplinario
en su recomendación. A esos efectos, el Tribunal Supremo
federal expresó que lo importante era que la recomendación
del Consejo Disciplinario sirviera para notificarle al
abogado de los cargos (“what is important is that the
Board's recommendations put appellant on notice of the
charges he had to answer to the satisfaction of the CP-2008-19 3
Supreme Court of Ohio”.).14 Es decir, según el foro
federal, lo que importa no es que el tribunal imponga una
sanción por un razonamiento distinto al que se utiliza al
imputar el cargo, sino que durante la vista disciplinaria
el abogado o la abogada fuese notificado adecuadamente
sobre los hechos en los cuales se basan los cargos en su
contra.
Conforme a esto, la Opinión mayoritaria razona que
“en las instancias en donde el expediente ante la
consideración del Tribunal refleje que en cuanto a la
conducta impropia adicional al querellado se le han
salvaguardado todas las garantías que emanan del debido
proceso de ley, el Tribunal podrá – si lo estima apropiado
– evaluar y atender dicha conducta adicional dentro del
mismo procedimiento disciplinario, sin necesidad de
referirlo al Procurador General”.15 (Énfasis nuestro).
Según la mayoría, dicha excepción se justifica en el
presente caso, ya que la Comisionada Especial incluyó en
su Informe que la conducta impropia no imputada en la
querella fue debidamente identificada y que las garantías
constitucionales del licenciado Martínez Almodóvar fueron
salvaguardadas en su totalidad durante las vistas.
La realidad es que el caso ante nuestra consideración
se distingue claramente de Zauderer y que lo que indica la
Comisionada no es correcto. Ambas cosas aconsejan una
decisión distinta a la que ha adoptado el Tribunal.
14 Zauderer v. Office of Disciplinary Counsel, 471 U.S. 626, 654 (1985). 15 In re Martínez Almodóvar, Opinión mayoritaria, res. de 31 de enero de 2011, a la pág. 19-20. CP-2008-19 4
En Zauderer, la querella incluía un cargo por omitir
información sobre los honorarios por contingencia en un
anuncio publicitario de servicios legales. Según la
querella, dicha actuación no constituía un anuncio
engañoso, sino que omitía información indebidamente. No
obstante, y luego de varias vistas, el Panel Disciplinario
determinó que el anuncio era engañoso, conclusión que
adoptó el Tribunal Supremo de Ohio. Ahora bien, los hechos
en los cuales se basó la querella para imputar un cargo
por omisión eran los mismos que dieron lugar a la
conclusión de que el anuncio pagado por el abogado-
querellado era engañoso. El Tribunal Supremo federal
concluyó que, en esas circunstancias, el cambio de teoría,
de un cargo por omisión a uno por anuncio engañoso, no
constituía una “trampa” para enmendar la querella sin
previo aviso al abogado. Por eso entendió que el ratio
del caso In re Ruffalo, supra, no era aplicable.
Concluir que se puede aplicar Zauderer al caso de
autos es erróneo, pues aquí sucedió algo totalmente
diferente. En el caso ante nuestra consideración, la
querella le imputó al abogado-querellado tres cargos
relacionados a su función como notario. Estos cargos le
imputaron el haber autorizado una escritura pública de
compraventa cuando una de las partes estaba incapacitada
al momento de la otorgación, haber consignado hechos CP-2008-19 5
falsos en la escritura que resultaron en un negocio
simulado y no haberse esforzado al máximo en exaltar la
dignidad de la profesión y evitar la apariencia de
conducta impropia, al consignar hechos falsos en la
escritura. Luego de varias vistas, la Comisionada Especial
rindió su Informe, el 13 de diciembre de 2009, y determinó
que no se presentó prueba clara, robusta y convincente
para concluir que el licenciado Martínez Almodóvar había
violado los postulados éticos en los cuales se basaban los
cargos imputados. Como consecuencia, recomendó que no se
sancionara al abogado-querellado en cuanto a los tres
cargos de la querella.
Pese a ello, la Comisionada Especial entendió que el
licenciado Martínez Almodóvar había violado la Regla 5 del
Reglamento Notarial de Puerto Rico,16 al comparecer como
representante legal del comprador contra la persona que
tenía la tutela del vendedor incapacitado, en un caso de
desahucio posterior basado en la escritura que el abogado-
querellado había preparado.17 El Informe concluyó que
aunque “según nuestra opinión no existe prueba suficiente
para aseverar otra naturaleza de cooperación entre el
notario querellado con [el comprador]; ello crea la fuerte
16 4 L.P.R.A. Ap. XXIV, R.5. 17 “Establecido lo anterior, debemos referirnos ahora a lo que opinamos consiste otra conducta impropia del notario querellado, cuya conducta no está imputada en el escrito de querella, aunque si [sic] se alega por la OGP violación al canon 38, pero por otros motivos…”. (Énfasis nuestro). Informe de la Comisionada Especial, 13 de diciembre de 2009, pág. 34. CP-2008-19 6
apariencia de que el notario en realidad respondía y
defendía los intereses de uno de los otorgantes…”.18 Así
las cosas, concluyó que el licenciado Martínez Almodóvar
violó el Canon 38 de los Cánones de Ética Profesional,19
por apariencia de conducta impropia, y recomendó que fuera
sancionado.
La Comisionada Especial reconoce que estos hechos no
fueron imputados en la querella. Concluye, sin embargo,
que no hubo violación al derecho del abogado al debido
proceso de ley. Sobre este asunto expresó que:
El hecho de que específicamente no se haya[n] imputado en el escrito de Querella estas alegaciones; y que sea en estos procedimientos y por esta Comisionada que se haya anunciado y establecido por primera vez en este Informe esta naturaleza de violación informada; en nada viola el debido proceso de ley del querellado. Es un hecho indubitado que durante el curso de los procedimientos las trajimos a colación como hallazgos al examinar los expedientes una vez elevados; y ofrecimos la oportunidad al querellado de impugnar el contenido de las minutas mediante la citación de la secretaria que certificaba las Minutas de instancia; sobre lo cual el Notario querellado no tomó acción alguna, e igual le dimos la oportunidad de expresarse.20 (Énfasis nuestro).
18 Íd. 19 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 38. 20 En cuanto a la oportunidad para expresarse, del Informe se desprende que “[n]uestro mejor recuerdo es que el abogado-notario querellado explicó en sala que él compareció a asistir a don José en dicho caso de desahucio porque como ante él se había otorgado la escritura de compraventa, ante una acción de esa naturaleza, don José le pidió que compareciera para acreditar el otorgamiento… que compareció solamente esas dos veces, más bien para informar al tribunal de San Germán”. Informe de la Comisionada Especial, supra, págs. 34 y 35. CP-2008-19 7
Para fundamentar lo antes expuesto, el Informe de la
Comisionada nos refiere a las minutas de las vistas
celebradas el 14 de abril de 2009 y el 9 de julio de 2009.
Sin embargo, al estudiar el expediente no podemos concluir
que sea un “hecho indubitado” el que se salvaguardaran los
derechos del abogado-querellado al debido proceso de ley,
sino todo lo contrario. Más allá de que el ratio de
Zauderer no aplica en esta instancia, la prueba a la que
nos remite el Informe no revela que la Comisionada
Especial haya tomado medidas efectivas para proteger el
derecho constitucional del licenciado Martínez Almodóvar a
ser notificado adecuadamente.
Primero, las dos vistas antes mencionadas no eran
vistas en su fondo, sino las conferencias preliminares
para pautar los procedimientos, acordar estipulaciones y
fijar las teorías de las partes.21 Además, la primera
minuta a la que se refiere el Informe, de 14 de abril de
2009, no se encuentra en el expediente. De la segunda
minuta, de 9 de julio de 2009, sólo se desprende que “[l]a
Comisionada Especial indicó que hay un aspecto que surge
claro de los autos del caso y surge en dos minutas de las
vistas del 16 de noviembre de 2001 y el 1ro. [sic] de
febrero de 2002. En el caso de desahucio IP2002-0038 y
que se refiere a una primera comparecencia y en una
21 En efecto, las vistas evidenciarias, donde se debe hacer valer el derecho al debido proceso de ley, fueron celebradas los días 15, 16 y 17 de julio y 19 de agosto de 2009. Informe de la Comisionada Especial, supra, pág. 9. CP-2008-19 8
segunda comparecencia del caso, el querellado en
desahucio, José A. Cancel Pagán, aparece representado por
el Lcdo. Melvin Martínez Almodóvar”.22
Ahora bien, cabe preguntarse, ¿es suficiente una
escueta minuta para probar que se salvaguardó durante todo
el procedimiento el derecho al debido proceso de ley del
licenciado Martínez Almodóvar? Por otro lado, ¿es
necesario que surjan claramente del expediente, y de forma
meridianamente detallada, las medidas tomadas para
proteger dichos derechos? Una excepción a la norma
adoptada en In re Pérez Riveiro, supra, debe contemplar
estas interrogantes antes de proponer una solución como la
presente. Esto, porque “[t]odo proceso disciplinario se
ejecuta en armonía con el debido proceso de ley, con
arreglo a un procedimiento formal mediante el cual no sólo
se le informa al abogado de los cargos que operan en su
contra, sino que más importante aún, se le ofrece amplia
oportunidad para contestarlos y defenderse”.23
Este Tribunal tiene la potestad de designar a un
Comisionado Especial para que reciba la prueba y dirima
sobre la evidencia conflictiva,24 y sus determinaciones
22 Énfasis nuestro, Minuta de la Comisión Especial, 9 de julio de 2009, pág. 5. 23 In re Ríos Ríos, 2008 T.S.P.R. 186, a la pág. 20, 175 D.P.R. ___ (2008), In re Sepúlveda, Casiano, 155 D.P.R. 193, 208 (2001). Véase, además, In re Pagán, 71 D.P.R. 761 (1950). 24 In re Gordon Menéndez I, 171 D.P.R. 210, 217 (2007), In re Morales Soto, 134 D.P.R. 1012, 1016 (1994). CP-2008-19 9
fácticas merecen nuestra mayor deferencia.25 Sin embargo,
no podemos claudicar nuestra responsabilidad como foro
máximo de asegurar que ello se lleve a cabo sin lacerar el
derecho al debido proceso de ley de los implicados en los
procesos disciplinarios. Además, este Tribunal no está
obligado a aceptar el informe del Comisionado Especial,
pudiendo adoptar, modificar o rechazar tal informe. En
este caso no podemos avalar la recomendación de la
Comisionada de sancionar al abogado-querellado cuando del
propio expediente no surge claramente que se le haya
notificado adecuadamente de la conducta impropia no
contenida en la querella que sirve de base para la
recomendación.
A todas luces, la Opinión mayoritaria deposita su
confianza en las expresiones del Informe. Al hacerlo,
trata de forma superficial la necesidad de que el propio
expediente revele el fiel cumplimiento del debido proceso
de ley durante el procedimiento. La realidad es que lo
único que se puede constatar del contenido del expediente
en este caso es que durante las vistas preliminares se le
hizo una escueta mención al licenciado Martínez Almodóvar
de una conducta aparentemente impropia. Más allá de las
breves expresiones de la Comisionada Especial, no surge
del expediente que se le haya expuesto claramente al
licenciado Martínez Almodóvar que dichos actos, no
incluidos en la querella, serían añadidos como un cargo
25 In re Soto López, 135 D.P.R. 642, 646 (1994). CP-2008-19 10
nuevo e independiente para ser considerado en las
posteriores vistas evidenciarias. Tampoco refleja que se
le haya ofrecido la oportunidad de presentar prueba a su
favor respecto a esos nuevos actos durante las vistas
evidenciarias posteriores. Ciertamente, la liviandad con
la que se atiende este asunto me resulta, como mínimo,
alarmante.
El avalar las expresiones de la Comisionada Especial
en este caso puede abrir la puerta a que cualquier
conducta que tenga un ápice de apariencia de conducta
impropia pueda ser incluida sub silentio, o con una mera
mención, como un cargo durante un procedimiento ya
iniciado. Debido a la fácil dilución de un término tan
amplio e impreciso como apariencia de conducta impropia,
esta decisión puede poner en jaque la protección del
derecho al debido proceso de ley de los abogados y
abogadas que sean sometidos al proceso disciplinario.
En efecto, nuestro dictamen en In re Pérez Riveiro,
supra, pretende evitar circunstancias como la presente. En
el caso ante nuestra consideración hay muy poco en el
expediente que se refiera siquiera al nuevo cargo. Más
bien, el expediente se refiere, casi en su totalidad, a
los cargos imputados originalmente en la querella. Por su
parte, el Informe de la Comisionada Especial le dedica a
ese asunto tan sólo tres de un total de 36 páginas.
Resolver que una simple indicación de que una conducta
podría ser sancionable constituye prueba suficiente de una CP-2008-19 11
notificación adecuada del nuevo cargo añadido socava
nuestro precedente más reciente. Máxime cuando este
Tribunal, ante la falta de prueba clara que apoye lo
expresado en el Informe, tampoco le proveyó al abogado-
querellado la oportunidad de expresarse sobre este
particular.
En conclusión, debido a la incongruencia de los
hechos y a la ausencia de prueba en el expediente que
sustente de forma adecuada que al licenciado Martínez
Almodóvar se le protegió su derecho al debido proceso de
ley, no podemos aplicar la norma de Zauderer. Lo que
sucedió aquí no fue un cambio en la teoría del Procurador.
No surge que el abogado-querellado esté avisado aquí, como
lo estuvo en Zauderer, de los hechos que dan lugar al
cargo imputado. Por tanto, la vía más sensata a seguir es
la norma tal y como fue adoptada en In re Pérez Riveiro,
supra, en el cual se le ordenó al Procurador General
investigar la nueva información recibida por la
Comisionada Especial para determinar si debía presentarse
una nueva querella e iniciar un proceso disciplinario
separado. Sólo de esta forma se podrá mantener un balance
armonioso entre los intereses del querellado y los de
nuestra sociedad.26
26 No podemos olvidar que para “un abogado sometido a una querella disciplinaria, su caso es único, personal e insustituible. Representa la esperanza o fracaso profesional inmediato de un ser humano, lo que de por sí exige una profunda reflexión por el juzgador de todos los elementos presentes”. In re Lavastida, 109 D.P.R. 45, 87 (1979), opinión concurrente y disidente del Juez Asociado, Señor Negrón García. CP-2008-19 12
Por tanto, en fiel observancia de nuestro deber de
regular la profesión jurídica, referiría el asunto
concerniente a la violación de la Regla 5 del Reglamento
Notarial y el Canon 38 al Procurador General para que
estudie los hechos y nos informe si se debe someter una
querella para dilucidar la violación ética en su
correspondiente vista, cumpliendo así las exigencias del
debido proceso de ley.
Liana Fiol Matta Jueza Asociada
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