González Rivera v. Robles Laracuente
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Opinion
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
María Elena González Rivera Certiorari Recurrida 2019 TSPR 225 v. 203 DPR ____ Raúl Robles Laracuente
Peticionario
Número del Caso: CC-2018-846
Fecha: 27 noviembre de 2019
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Carolina y Humacao Panel X
Abogados de la parte Peticionaria:
Lcdo. José R. Negrón Fernández Lcda. Vanessa Medina Romero
Abogados de la parte recurrida:
Lcdo. Gamaliel Rodríguez Lcda. Waleska Delgado Marrero Lcda. Carla Teresa Rodríguez Bernier
Materia: Sentencia del Tribunal con Opinión de conformidad y Opiniones disidentes.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
María Elena González Rivera
Recurrida
v. CC-2018-846 Certiorari
Raúl Robles Laracuente
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de noviembre de 2019.
Examinada la petición de certiorari presentada en el caso de epígrafe, expedimos el auto solicitado y se dicta Sentencia mediante la cual modificamos la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el 31 de julio de 2018, para revocar la determinación de que el bien inmueble localizado en la Urbanización Mansión Real es parte de una comunidad de bienes compuesta por el Sr. Raúl Robles Laracuente y la Sra. María Elena González Rivera, siendo dicho bien uno privativo del señor Robles Laracuente. Así modificada, se confirma el resto de la Sentencia del Tribunal de Apelaciones.
Lo acordó el Tribunal y lo certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Feliberti Cintrón emitió Opinión de conformidad a la que se unieron el Juez Asociado señor Martínez Torres, la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y los Jueces Asociados señor Estrella Martínez y señor Colón Pérez emitieron Opiniones disidentes. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente sin Opinión escrita.
José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado señor FELIBERTI CINTRÓN, a la cual se unieron el Juez Asociado señor Martínez Torres, la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo.
Coincido con la determinación que realiza una
mayoría del Tribunal en este caso, por entender que un
pacto implícito, como cuestión de derecho, no se limita
a la relación humana entre las partes sin considerar
también los vínculos económicos de los concubinos para
establecer el interés propietario sobre un bien
inmueble.
I
Los procedimientos en este caso ante el Tribunal
de Primera Instancia comenzaron con la presentación de
dos acciones civiles instadas por las partes de
epígrafe de forma separada, las cuales posteriormente
fueron consolidadas. CC-2018-846 2
Por un lado, el 3 de abril de 2009, el Sr. Raúl Robles
Laracuente (señor Robles Laracuente) presentó una demanda
de desahucio en contra de la Sra. María Elena González Rivera
(señora González Rivera) en el Caso Núm. JPE2009-0248,
mediante la cual alegó que la señora González Rivera ocupaba
una propiedad ubicada en la Urbanización Mansión Real
en el Municipio de Ponce, que le pertenecía a él de forma
exclusiva. Sostuvo que la señora González Rivera había
residido en la propiedad por más de ocho (8) años sin pagar
canon de arrendamiento.1 Añadió que, a pesar de que exigió
a la señora González Rivera que abandonara la residencia en
reiteradas ocasiones, ésta se negó a hacerlo.
Consecuentemente, reclamó el reembolso de los gastos
incurridos de agua, luz y mantenimiento correspondientes a
la vivienda, de los cuales no pudo beneficiarse.
Finalmente, peticionó el desalojo de la propiedad como
remedio al incumplimiento por parte de la señora González
Rivera.
El 24 de abril de 2009, la señora González Rivera
contestó la demanda y negó la mayoría de las alegaciones
presentadas. Levantó varias defensas afirmativas, entre las
que planteó que procedía la desestimación de la demanda dado
su interés y derecho propietario en calidad de dueña en
común pro indiviso del 50% del inmueble. Alegó, a su juicio,
que la propiedad forma parte de la comunidad de bienes habida
1 Es decir, desde que establecieron su relación de pareja, hasta después de su separación. CC-2018-846 3
entre ella y el señor Robles Laracuente durante la duración
de su relación de concubinato. Asimismo, requirió que el
trámite del desahucio se modificara a uno ordinario para que
el foro primario atendiera el conflicto de titularidad del
bien inmueble en controversia. Conjuntamente, reafirmó la
solicitud de desestimación del caso, en vista de una demanda
instada por ella de forma paralela donde reclamaba la
liquidación de la comunidad de bienes supuestamente
compuesta por ambos y que, entre otros, incluía la
residencia objeto del desahucio.
Por su parte, el 24 de abril de 2009 la señora González
Rivera instó una segunda demanda en el Caso Núm. JAC2009-
0242 en contra del señor Robles.2 En lo pertinente, la
señora González Rivera sostuvo que su relación de
concubinato con el señor Robles Laracuente inició desde el
mes de abril en el año 1988, mientras él aún estaba casado
con la señora Rivera, y se extendió hasta el 2005. Destacó
que durante ese tiempo convivieron de modo ininterrumpido
en distintas propiedades inmuebles.
Sobre este particular, la señora González Rivera relató
que inicialmente ambos residieron en una propiedad alquilada
2 Cabe resaltar que la Sra. María Elena González Rivera (señora González Rivera) incluyó en la demanda a la Sra. Juana Rivera (señora Rivera), ex esposa del Sr. Raúl Robles Laracuente (señor Robles Laracuente). Durante el trámite procesal, el Tribunal de Primera Instancia ordenó la anotación de rebeldía de la señora Rivera, como resultado de su incomparecencia. Sin embargo, el foro primario incumplió con notificarle sobre el inicio del juicio, por lo que ordenó la notificación y reinicio del mismo en cumplimiento del debido proceso de ley. Así, para evitar dilaciones innecesarias, la señora González Rivera desistió con perjuicio de su reclamo en contra de la señora Rivera. Resolución, Apéndice, págs. 2313-2329. CC-2018-846 4
en la Urbanización Jardines del Caribe en el Municipio de
Ponce. Explicó que ella sufragaba la renta y demás gastos
del hogar con el dinero que percibía de su negocio de venta
de ropa interior femenina. Añadió que, en el mes de mayo
de 1997, el señor Robles Laracuente compró un inmueble en
la Urbanización Estancias del Golf Club en el Municipio de
Ponce, y luego se lo donó mediante escritura otorgada el
21 de noviembre de 1997. Añadió que, posteriormente, el
señor Robles Laracuente adquirió otra propiedad en la
Urbanización Mansión Real -el 25 de abril de 1998-, donde
se mudaron como pareja y donde ha permanecido residiendo
hasta el presente. A base de ello, reclamó que su “derecho
e interés propietario [equivale] a un 50% de participación
pro indiviso” sobre todos los bienes de una supuesta
comunidad de bienes, ya que convivieron en público
concubinato, además de actuar como marido y mujer frente a
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
María Elena González Rivera Certiorari Recurrida 2019 TSPR 225 v. 203 DPR ____ Raúl Robles Laracuente
Peticionario
Número del Caso: CC-2018-846
Fecha: 27 noviembre de 2019
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Carolina y Humacao Panel X
Abogados de la parte Peticionaria:
Lcdo. José R. Negrón Fernández Lcda. Vanessa Medina Romero
Abogados de la parte recurrida:
Lcdo. Gamaliel Rodríguez Lcda. Waleska Delgado Marrero Lcda. Carla Teresa Rodríguez Bernier
Materia: Sentencia del Tribunal con Opinión de conformidad y Opiniones disidentes.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
María Elena González Rivera
Recurrida
v. CC-2018-846 Certiorari
Raúl Robles Laracuente
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de noviembre de 2019.
Examinada la petición de certiorari presentada en el caso de epígrafe, expedimos el auto solicitado y se dicta Sentencia mediante la cual modificamos la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el 31 de julio de 2018, para revocar la determinación de que el bien inmueble localizado en la Urbanización Mansión Real es parte de una comunidad de bienes compuesta por el Sr. Raúl Robles Laracuente y la Sra. María Elena González Rivera, siendo dicho bien uno privativo del señor Robles Laracuente. Así modificada, se confirma el resto de la Sentencia del Tribunal de Apelaciones.
Lo acordó el Tribunal y lo certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Feliberti Cintrón emitió Opinión de conformidad a la que se unieron el Juez Asociado señor Martínez Torres, la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y los Jueces Asociados señor Estrella Martínez y señor Colón Pérez emitieron Opiniones disidentes. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente sin Opinión escrita.
José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado señor FELIBERTI CINTRÓN, a la cual se unieron el Juez Asociado señor Martínez Torres, la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo.
Coincido con la determinación que realiza una
mayoría del Tribunal en este caso, por entender que un
pacto implícito, como cuestión de derecho, no se limita
a la relación humana entre las partes sin considerar
también los vínculos económicos de los concubinos para
establecer el interés propietario sobre un bien
inmueble.
I
Los procedimientos en este caso ante el Tribunal
de Primera Instancia comenzaron con la presentación de
dos acciones civiles instadas por las partes de
epígrafe de forma separada, las cuales posteriormente
fueron consolidadas. CC-2018-846 2
Por un lado, el 3 de abril de 2009, el Sr. Raúl Robles
Laracuente (señor Robles Laracuente) presentó una demanda
de desahucio en contra de la Sra. María Elena González Rivera
(señora González Rivera) en el Caso Núm. JPE2009-0248,
mediante la cual alegó que la señora González Rivera ocupaba
una propiedad ubicada en la Urbanización Mansión Real
en el Municipio de Ponce, que le pertenecía a él de forma
exclusiva. Sostuvo que la señora González Rivera había
residido en la propiedad por más de ocho (8) años sin pagar
canon de arrendamiento.1 Añadió que, a pesar de que exigió
a la señora González Rivera que abandonara la residencia en
reiteradas ocasiones, ésta se negó a hacerlo.
Consecuentemente, reclamó el reembolso de los gastos
incurridos de agua, luz y mantenimiento correspondientes a
la vivienda, de los cuales no pudo beneficiarse.
Finalmente, peticionó el desalojo de la propiedad como
remedio al incumplimiento por parte de la señora González
Rivera.
El 24 de abril de 2009, la señora González Rivera
contestó la demanda y negó la mayoría de las alegaciones
presentadas. Levantó varias defensas afirmativas, entre las
que planteó que procedía la desestimación de la demanda dado
su interés y derecho propietario en calidad de dueña en
común pro indiviso del 50% del inmueble. Alegó, a su juicio,
que la propiedad forma parte de la comunidad de bienes habida
1 Es decir, desde que establecieron su relación de pareja, hasta después de su separación. CC-2018-846 3
entre ella y el señor Robles Laracuente durante la duración
de su relación de concubinato. Asimismo, requirió que el
trámite del desahucio se modificara a uno ordinario para que
el foro primario atendiera el conflicto de titularidad del
bien inmueble en controversia. Conjuntamente, reafirmó la
solicitud de desestimación del caso, en vista de una demanda
instada por ella de forma paralela donde reclamaba la
liquidación de la comunidad de bienes supuestamente
compuesta por ambos y que, entre otros, incluía la
residencia objeto del desahucio.
Por su parte, el 24 de abril de 2009 la señora González
Rivera instó una segunda demanda en el Caso Núm. JAC2009-
0242 en contra del señor Robles.2 En lo pertinente, la
señora González Rivera sostuvo que su relación de
concubinato con el señor Robles Laracuente inició desde el
mes de abril en el año 1988, mientras él aún estaba casado
con la señora Rivera, y se extendió hasta el 2005. Destacó
que durante ese tiempo convivieron de modo ininterrumpido
en distintas propiedades inmuebles.
Sobre este particular, la señora González Rivera relató
que inicialmente ambos residieron en una propiedad alquilada
2 Cabe resaltar que la Sra. María Elena González Rivera (señora González Rivera) incluyó en la demanda a la Sra. Juana Rivera (señora Rivera), ex esposa del Sr. Raúl Robles Laracuente (señor Robles Laracuente). Durante el trámite procesal, el Tribunal de Primera Instancia ordenó la anotación de rebeldía de la señora Rivera, como resultado de su incomparecencia. Sin embargo, el foro primario incumplió con notificarle sobre el inicio del juicio, por lo que ordenó la notificación y reinicio del mismo en cumplimiento del debido proceso de ley. Así, para evitar dilaciones innecesarias, la señora González Rivera desistió con perjuicio de su reclamo en contra de la señora Rivera. Resolución, Apéndice, págs. 2313-2329. CC-2018-846 4
en la Urbanización Jardines del Caribe en el Municipio de
Ponce. Explicó que ella sufragaba la renta y demás gastos
del hogar con el dinero que percibía de su negocio de venta
de ropa interior femenina. Añadió que, en el mes de mayo
de 1997, el señor Robles Laracuente compró un inmueble en
la Urbanización Estancias del Golf Club en el Municipio de
Ponce, y luego se lo donó mediante escritura otorgada el
21 de noviembre de 1997. Añadió que, posteriormente, el
señor Robles Laracuente adquirió otra propiedad en la
Urbanización Mansión Real -el 25 de abril de 1998-, donde
se mudaron como pareja y donde ha permanecido residiendo
hasta el presente. A base de ello, reclamó que su “derecho
e interés propietario [equivale] a un 50% de participación
pro indiviso” sobre todos los bienes de una supuesta
comunidad de bienes, ya que convivieron en público
concubinato, además de actuar como marido y mujer frente a
terceros. Como evidencia de lo anterior, señaló que: los
hijos y nietos que nacieron durante ese tiempo fueron
reclamados como sus dependientes por el señor Robles
Laracuente en su Planilla de Contribución sobre Ingresos;
presentaron acciones judiciales en conjunto como matrimonio;
y cuidó del señor Robles Laracuente luego que éste sufrió
un accidente de motora. Además, planteó que trabajó,
contribuyó y ayudó económicamente al señor Robles Laracuente
durante su relación. Finalmente, sostuvo que al culminar la
relación de concubinato en agosto de 2005, el señor Robles
Laracuente se fue del hogar, y en ese momento, acordaron CC-2018-846 5
verbalmente que éste le pagaría una suma mensual de $2,500
además de los gastos de las utilidades mientras la señora
González Rivera residiese en la propiedad de la Urbanización
Mansión Real, hasta la división de la supuesta comunidad de
bienes. Sin embargo, el señor Robles Laracuente
alegadamente incumplió con el referido acuerdo y dejó de
pagar en octubre de 2008. Conforme a lo anterior, solicitó
el inventario, avalúo, liquidación y división de la presunta
comunidad de bienes habida entre ella y el señor Robles
Laracuente; reclamó el 50% de todos los bienes muebles e
inmuebles adquiridos durante el concubinato; una mensualidad
de $2,500, como alimentos; el pago de las utilidades de la
propiedad, acordadas y no pagadas, además de intereses
legales, costas, gastos y $50,000.00 por honorarios de
abogado.
En su contestación, el señor Robles Laracuente alegó que
nunca hubo una relación de público concubinato con la señora
González Rivera, ya que meramente pernoctaba ocasionalmente
en la residencia de la señora González Rivera mientras que
residía en otro lugar. En cuanto a la propiedad inmueble
de la Urbanización de Mansión Real, reiteró que era su
propiedad exclusiva y así constaba inscrita en el Registro
de la Propiedad. También, arguyó que no recibió aportación
económica alguna de la señora González Rivera. Indicó que
la mantuvo económicamente y reclamó a sus hijos y nietos
como dependientes. Señaló que la señora González Rivera no
realizó aportación alguna sobre el bien inmueble con su CC-2018-846 6
labor, trabajo o esfuerzo. Además, negó que existiera entre
las partes algún pacto expreso, implícito o enriquecimiento
injusto concerniente a la señora González Rivera. Planteó
que la señora González Rivera no tenía derecho a una pensión
de alimentos como exconcubina. Finalmente, peticionó la
desestimación de la demanda, costas, gastos y honorarios de
El 11 de mayo de 2009, el Tribunal de Primera Instancia
emitió una Resolución en el Caso Núm. J PE2009-0248 en la
que dispuso que la acción de desahucio del señor Robles
Laracuente debía ventilarse junto con la demanda de
liquidación de comunidad de bienes instada por la señora
González Rivera en el Caso Núm. J AC2009-0242. De esta
manera, el trámite de desahucio continuaría por la vía
ordinaria. Ordenó, además, la consolidación de ambos
pleitos.
Tras varios trámites procesales,3 el señor Robles
Laracuente presentó una Moción de sentencia sumaria mediante
la cual negó la existencia de una comunidad sobre los bienes
adquiridos durante el concubinato y solicitó la
desestimación de la demanda en el Caso Núm. JAC2009-0242,
por entender que, según quedó establecido en la deposición
3 En desacuerdo, el señor Robles Laracuente recurrió ante el Tribunal de Apelaciones mediante el recurso de certiorari KLCE200900769. El Tribunal de Apelaciones determinó que había errado el foro primario al consolidar las acciones, por lo que revocó la Resolución impugnada. La señora González Rivera recurrió entonces ante nos mediante el recurso de certiorari CC-2009-820 y este Foro dictó una sentencia revocatoria el 16 de diciembre de 2011, en la que determinó que la consolidación de ambas acciones era razonable. Véase, Sentencia, Apéndice, págs. 115- 132. CC-2018-846 7
de la señora González Rivera y la Contestación a
interrogatorio del señor Robles Laracuente, no existía
controversia sobre el hecho de que tuvieron una relación
concubinaria desde 1992 hasta 2005; que la señora González
Rivera no aportó dinero para adquirir bienes durante su
relación; se limitó a poner su esfuerzo; y que dicho esfuerzo
sólo consistió en la ayuda que le brindó al señor Robles
Laracuente al realizar las tareas domésticas, acompañarlo a
citas médicas, comprar sus medicamentos y cuidarlo mientras
estuvo recluido en el hospital. Asimismo, adujo que lo
anterior no era evidencia suficiente para establecer un
pacto expreso o implícito. Añadió que tampoco aportó bienes
o valores por los que debía recibir un crédito al amparo de
la doctrina del enriquecimiento injusto. Por consiguiente,
dada la inexistencia de una comunidad de bienes entre las
partes, reclamó la desestimación.
Por su parte, la señora González Rivera se opuso a la
moción de sentencia sumaria. Sostuvo, en síntesis, que
existía controversia sobre hechos esenciales y pertinentes
que impedían disponer del asunto sumariamente. En lo
pertinente, alegó que durante los primeros años de la
relación generó ingresos suficientes en su trabajo para
cubrir los gastos del hogar en el que convivieron como marido
y mujer desde 1988 hasta 2005, que tuvieron cuentas
conjuntas y además, que contribuyó sustancialmente desde
1988 al desarrollo de los negocios del señor Robles
Laracuente. CC-2018-846 8
El 5 de abril de 2013, el Tribunal de Primera Instancia
notificó una Resolución en la que denegó la solicitud del
señor Robles Laracuente al concluir que existían
controversias sobre hechos esenciales y pertinentes que
impedían la disposición del caso por la vía sumaria.
El juicio en su fondo se celebró durante los días 3 al
7 y 10 al 12 de agosto de 2015. Declararon, entre otros
testigos, la señora González Rivera, el señor Robles
Laracuente y su hermano, el Sr. Francisco Robles Laracuente,
el cual declaró sobre las corporaciones que creó junto a su
hermano, ambos como propietarios, e identificó a los
accionistas y sus participaciones en las distintas
corporaciones. Además, testificaron como peritos el Sr.
Rafael Rosario Cabrera y el Sr. José Alberto Silva Rivera a
favor del señor Robles Laracuente y la señora González
Rivera, respectivamente.
Culminado el juicio, tras aquilatar los testimonios
presentados, la prueba documental admitida y los memorandos
de derecho sometidos por las partes esbozando sus
respectivas posiciones, el 5 de abril de 2016, el Tribunal
de Primera Instancia notificó una Sentencia mediante la cual
desestimó el reclamo de desahucio que inició el señor Robles
Laracuente en el Caso Núm. JPE 2009-0248. De otra parte,
accedió al reclamo de la señora González Rivera en el Caso
Núm. JAC 2009-0242. Así, determinó que se estableció una
comunidad de bienes por pacto implícito, pero únicamente,
sobre el bien inmueble localizado en Mansión Real. Dispuso, CC-2018-846 9
además, que los negocios del señor Robles Laracuente no
formaron parte de la comunidad de bienes creada.
Finalmente, concluyó que la prueba no reflejó deudas que
pertenecieran a la comunidad de bienes establecida.
Así, el referido foro realizó las siguientes
determinaciones de hecho:
. . . . . . . .
3. Cuando el [señor Robles Laracuente y la señora González Rivera] comenzaron a convivir, no realizaron un pacto escrito para regular sus asuntos económicos, sino que cada cual pagaba ciertos gastos y actuaban como marido y mujer, inclusive parte del periodo de tiempo que convivieron y [el señor Robles Laracuente] seguía casado legalmente con la Sra. Juanita Rivera, estos actuaban como marido y mujer y le siguieron haciendo por varios años después que el [señor Robles Laracuente] se divorcia de la Sra. Juanita Rivera, con la que estuvo legalmente casado hasta el 1993. . . . . . . . . 6. El [señor Robles Laracuente] comenzó en el 1997 cuando se mudaron a la Urbanización [Mansión Real] […], Ponce, Puerto Rico con una aportación monetaria mensual que fluctuaba todos los meses, para los gastos del hogar. 7. El inmueble sito en la Urbanización [Mansión Real] […], nunca ha estado a nombre de [la señora González Rivera] y fue adquirido por [el señor Robles Laracuente] a modo de sorpresa de este a la [señora González Rivera], de cambio de residencia y es el único bien inmueble que forma parte de la Comunidad de Bienes que [el señor Robles Laracuente] sí creó con [la señora González Rivera]. 8. Cuando el [señor Robles Laracuente] le dijo a la [señora González Rivera] que se mudarían a vivir a una casa que el compr[ó] en [Mansión Real], llevó a la [señora González Rivera] a verla y ambos aportaron ideas para hacerle mejoras a CC-2018-846 10
dicha casa antes de mudarse. Ya en ese momento había comenzado la comunidad de bienes entre ambos. 9. La [señora González Rivera] ha pagado por varios años al [Centro de Recaudación de Ingresos Municipales de Puerto Rico (CRIM)] las contribuciones que dicha entidad cobra por la propiedad de [Mansión Real] que está inscrita en el Registro de la Propiedad y el CRIM solamente a nombre del [señor Robles Laracuente]. 10. La [señora González Rivera] le ha dedicado su máximo esfuerzo y recursos para mantener la casa de la Urbanización [Mansión Real], de forma que ese inmueble si es parte de una comunidad de bienes entre el [señor Robles Laracuente con la señora González Rivera], aunque el inmueble está inscrito solamente a nombre del [señor Robles Laracuente], la relación entre ambos, con respecto a esa propiedad, obliga que sea parte de la comunidad de bienes aquí se decreta existe entre ambos. 11. El inmueble que [el señor Robles Laracuente] le regal[ó] a la [señora González Rivera], solo está inscrito a nombre de [é]sta y es el ubicado en la Urb. Estancias del Golf Club […], Ponce, Puerto Rico y ese no es parte de la comunidad de bienes que aquí establecemos, pues el mismo fue un regalo de[l] [señor Robles Laracuente a la señora González Rivera] en agradecimiento por muchos años de vida y cuido brindados por [é]sta [al señor Robles Laracuente]. . . . . . . . . 13. Los esfuerzos y aportaciones de [la señora González Rivera] no se limitaron a lavarle, plancharle, cocinarle y cuidar [al señor Robles Laracuente] y cuidar y mantener los inmuebles donde convivieron, sino que […] ayudó en algunas tareas de los negocios de Robles que existían previo a que estos comenzaron a convivir. 14. La [señora González Rivera] realizó algunas aportaciones a los negocios de Robles durante los años que estos CC-2018-846 11
convivieron como marido y mujer, pero la prueba reflej[ó] que estas no son del tipo de esfuerzo que permiten considerar a los negocios de Robles como parte de la comunidad de bienes que estos crearon pues esos negocios son producto de inversiones [del señor Robles Laracuente] anteriores a que conviviera este con la [señora González Rivera] y de los grandes esfuerzos de este y sus socios. 15. La [señora González Rivera] ha tenido en diferentes periodos un negocio propio de mercancía en general, lo que en ocasiones le permitió generar suficientes ingresos para aportar trabajo, valores y esfuerzos en la vida en común de ella con [el señor Robles Laracuente]. . . . . . . . 27. [El señor Robles Laracuente] se fue de la casa en que convivía con la [señora González Rivera] en la Urb. [Mansión Real] alrededor del mes de agosto del año 2005. . . . . . . . 37. La realidad de la prueba en nada permite concluir que la comunidad de bienes […] incluyera alguna de las empresas ni el aumento de valor de otras múltiples empresas que es dueño en todo o en parte el [señor Robles Laracuente]. 38. La comunidad de bienes que aquí se está decretando está formada por un único bien inmueble que es la casa en la Urbanización [Mansión Real][…]. 39. La prueba nada reflej[ó] sobre deudas al momento del juicio que pertenecieran a la Comunidad de Bienes que aquí se decreta entre las partes en esta controversia. (Negritas y subrayado suplido).
Finalmente, a tono con sus hallazgos, el foro primario,
luego de haber determinado que hubo un pacto implícito para
establecer una comunidad de bienes entre ambos, concluyó que
ésta únicamente se extendió sobre el bien inmueble CC-2018-846 12
localizado en Mansión Real. Además, aplicó la presunción
establecida en el Art. 327 del Código Civil de Puerto Rico,
31 LPRA sec. 1272 y conforme a ello, puntualizó que la
participación era en partes iguales (50%) sobre el valor
activo del bien inmueble.
Por otro lado, debido a que el señor Robles Laracuente
se obligó a pagar una mensualidad de $2,500.00 para posponer
la liquidación de la comunidad de bienes, el foro primario
concluyó que le adeudaba una cantidad de $287,502.00 a la
señora González Rivera, junto al pago de gastos, costas y
$25,000 por concepto de honorarios de abogado.4
En desacuerdo, ambas partes presentaron solicitudes de
reconsideración, que fueron denegadas por el foro
sentenciador.
4 La referida cuantía surge como resultado de que durante la navidad del año 2005 el [señor Robles Laracuente] solicitó a la [señora González Rivera] que endosara una anualidad que ambos adquirieron con National WesternLife Insurance Company por el valor inicial de $92,778.14. De esa forma, las partes acordaron que el señor Robles Laracuente le pagaría una mensualidad a la señora González Rivera de $2,500.00 mensuales desde enero de 2006. En cuanto al origen del dinero, la señora González Rivera reconoció en su testimonio que el dinero inicial provenía de una de las corporaciones del señor Robles Laracuente. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice, págs. 2907-2908; Transcripción [de la] vista de juicio en su fondo, Apéndice, págs. 2996-3001. CC-2018-846 13
Insatisfecho, el 15 de junio de 2016, el señor Robles
Laracuente recurrió ante el Tribunal de Apelaciones. Por
su parte, ese mismo día, la señora González Rivera también
presentó un recurso de apelación.5
Tras evaluar los planteamientos de ambas partes, el 2 de
agosto de 2018, el foro apelativo intermedio notificó una
Sentencia mediante la cual modificó, en parte, la sentencia
del foro primario y devolvió el caso para que el referido
foro determinara el monto de la indemnización que la señora
González Rivera debía pagarle al señor Robles Laracuente por
el tiempo que disfrutó exclusivamente de la casa en Mansión
Real. Ordenó, además, que se llevara a cabo el inventario,
avalúo y tasación de la propiedad de Mansión Real, como
parte de la comunidad compuesta por ambos, para culminar la
división y adjudicación de la comunidad de bienes.
En lo concerniente a la casa en Mansión Real, el Tribunal
de Apelaciones confirmó al foro primario en cuanto a que
existía una comunidad de bienes por pacto implícito sobre
el bien inmueble. Fundamentó su conclusión en que el señor
Robles Laracuente, al momento de comprar el bien inmueble,
reflejó una intención de adquirirlo en común pro indiviso
con la señora González Rivera. Por ello, coincidió en que
5 Posteriormente, al igual que el Tribunal de Primera Instancia, el 20 de julio de 2016, el Tribunal de Apelaciones ordenó la consolidación de ambos casos. Apelación, Apéndice, pág. 2086. CC-2018-846 14
ambos poseen una participación de partes iguales sobre el
valor del bien inmueble.6
En desacuerdo, tanto el señor Robles Laracuente como la
señora González Rivera, solicitaron reconsideración. El
Tribunal de Apelaciones declaró no ha lugar ambas mociones.
El 21 de septiembre de 2018, el señor Robles Laracuente
acudió ante este Tribunal mediante recurso de certiorari y
planteó los siguientes errores:
A. ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL DETERMINAR, SIN PRUEBA ALGUNA, QUE IMPLÍCITAMENTE LAS PARTES CONSTITUYERON UNA COMUNIDAD DE BIENES SOBRE EL INMUEBLE.
B. ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL NO RECONOCERLE A ROBLES, COMO CUESTIÓN DE DERECHO, QUE AL DIVIDIRSE LA COMUNIDAD DE BIENES ES ACREEDOR A UN CRÉDITO POR LA MITAD DEL PRECIO DE COMPRA QUE PAGÓ POR EL INMUEBLE.
C. ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL RECONOCER LA EXISTENCIA DE UN CONTRATO DE TRANSACCIÓN ENTRE LAS PARTES MEDIANTE EL CUAL ROBLES LE PAGARÍA A GONZÁLEZ LA SUMA DE $2,500.00 MENSUALES HASTA QUE SE DIVIDIERA LA COMUNIDAD DE BIENES.
D. ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL NO RECONOCER QUE EL CONTRATO DE TRANSACCIÓN QUEDÓ TERMINADO O RESUELTO ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE GONZÁLEZ CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
E. ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL CONFIRMAR LA IMPOSICIÓN DE HONORARIOS DE ABOGADO A ROBLES.
6 El Juez Bonilla Ortiz disintió en lo concerniente a la imposición de honorarios de abogado por temeridad que impuso el Tribunal de Primera Instancia al señor Robles Laracuente. Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice, pág. 36. CC-2018-846 15
El Tribunal expidió el auto de certiorari presentado por
el señor Robles Laracuente, pero limitado a la revisión del
primer y segundo error señalados.7
II.
A. Concubinato
i. Elementos generales
El concubinato surge como:
[M]anifestación del derecho fundamental del libre desarrollo de la personalidad, sin perfeccionar el emplazamiento en el estado conyugal, se unen en una convivencia de cierta estabilidad y permanencia […] y constituyen con ella una familia que goza de protección como la creada a través de la unión matrimonial, aunque […] no es equivalente ni le puede ser aplicada la normativa reguladora del matrimonio en cuanto a las relaciones personales y patrimoniales de los convivientes. (Negritas y subrayado suplido). R. Ortega Vélez, Compendio de Derecho de Familia, San Juan, Pubs. JTS, 2000, T. II, pág. 607. Nuestro ordenamiento establece dos tipos de concubinato:
(1) el queridato y el (2) more uxorio. El queridato surge
cuando “uno o ambos están casados con otra persona y por
tanto impedidos de casarse entre sí”. Caraballo Ramírez v.
Acosta, 104 DPR 474, 476 esc. 1 (1975). Por su parte, el
concubinato more uxorio surge desde que “un hombre y una
mujer con aptitud para casarse deciden vivir pública y
notoriamente como un matrimonio, […] sin cumplir con las
formalidades exigidas para este último”. Torres Vélez v.
7 La señora González Rivera acudió también ante este Tribunal, pero su recurso de certiorari fue denegado mediante Resolución de 2 de noviembre de 2018. CC-2018-846 16
Soto Hernández, 189 DPR 972, 989-990 (2013). Véase
Caraballo Ramírez v. Acosta, supra. Por ello, se considera
como una unión similar al matrimonio, que, entre otros
elementos básicos, cumple con los siguientes: (1) la
cohabitación (comunidad de vida y lecho); (2) la publicidad
o notoriedad; (3) la estabilidad o la permanencia y (4) la
fidelidad. Ortega Vélez, op. cit., pág. 608. Véase además,
F. Galván Rivera, La distribución patrimonial de las
uniones de hecho, 25 Rev. Jur. UIPR 395, 410-412 (1991).
Asimismo, el tratadista Federico Puig Peña expresa
acertadamente que “es sólo la unión more uxorio la que
supone comunidad de vida, de habitación, de mesa, de
existencia, en un vivir juntos y sentir juntos las
necesidades del quehacer familiar y cotidiano”. F. Puig
Peña, Las uniones maritales de hecho, Madrid, Editorial
Revista de Derecho Privado, 1949, T. XXXIII, pág. 1090.
Véase además, C. R. Padilla Montalvo, El matrimonio no
formalizado en Puerto Rico, 38 Rev. Der PR 355, 363 (1999).
A pesar de las similitudes entre el concubinato y el
matrimonio, el concubinato no posee los mismos efectos
jurídicos. En lo pertinente, si las partes no estipulan
otro régimen económico, al momento de constituir el
matrimonio surge la sociedad de bienes gananciales. Por el
contrario, el concubinato no genera, automáticamente,
derechos para las personas que viven en tal estado, ni
acarrea el surgimiento de una sociedad legal de gananciales.
Torres Vélez v. Soto Hernández, supra, pág. 990; Cruz v. CC-2018-846 17
Sucn. Landrau Díaz, 97 DPR 578, 581 (1969); Torres v. Roldán,
67 DPR 367, 368 (1947); Correa v. Quiñones, 29 DPR 52, 54
(1921). Véase, también, L. Muñoz Morales, El concubinato
en Puerto Rico, 17 Rev. Jur. UPR 160, 173 (1947).
El surgimiento del concubinato no presume la existencia
de una comunidad de bienes entre los concubinos, por lo que
ésta deberá ser probada por el concubino que plantea su
existencia. Ortega Vélez, op. cit., pág. 619.
ii. Aspecto económico o patrimonial Sabido es que en nuestro ordenamiento no existe una
normativa que regule el concubinato. Como resultado, los
tribunales han elaborado ciertos factores a evaluar para
determinar los posibles efectos económicos (patrimoniales)
de este tipo de relación.
No existe duda alguna de que al adquirir bienes durante
el concubinato “con aporte de ambos concubinos existe una
verdadera comunidad de intereses a la que habrá de poner
fin, mediante las normas que regulan la comunidad de bienes
en Puerto Rico […]”. (Énfasis nuestro). Íd., pág. 620. De
esta forma, hemos señalado en varias ocasiones que los
concubinos podrán demostrar un interés propietario con
respecto a los bienes adquiridos o que hayan incrementado
de valor durante la relación de la misma forma que se
establece la existencia de una comunidad de bienes;
entiéndase, mediante pacto expreso o pacto implícito.
Asimismo, hemos reconocido una causa de acción por
enriquecimiento injusto cuando se logra probar que la CC-2018-846 18
cantidad aportada en bienes, valores y servicios produjeron
ganancias, lo que da lugar a una compensación por la misma
cuantía. Ortiz de Jesús v. Vázquez Cotto, 119 DPR 547, 548-
549 (1987); Danz v. Suau, 82 DPR 609, 617-619 (1961).
Ante una controversia sobre la naturaleza de los bienes
adquiridos por los concubinos, durante su relación, al
momento de culminar el concubinato por disolución o
división, el tribunal deberá examinar si la voluntad de los
convivientes fue, efectivamente, someterse a una comunidad
de bienes. Íd. La comunidad de bienes no se presume ni
aplica de manera automática según mencionamos; su existencia
debe ser probada por la parte que la plantea.
Hemos reconocido que la comunidad de bienes podrá ser
establecida bajo cualquiera de las siguientes alternativas:
(1) como pacto expreso; (2) como pacto implícito que surge
espontáneamente de la relación humana y económica existente
entre las partes durante el concubinato y que demuestra que
se obligaron implícitamente a aportar, cada uno, bienes,
esfuerzo y trabajo para beneficio común; y (3) como un acto
justiciero para evitar el enriquecimiento injusto al probar
que aportó bienes, valores y servicios que produjeron
ganancias a compensar. Íd., pág. 623. Véase además,
Caraballo Ramírez v. Acosta, supra, págs. 481-482; Cruz v.
Sucn. Landrau Díaz, supra, pág. 585; Torres v. Roldán, 67
DPR 367, 369-371 (1947); Correa v. Quiñones, supra, pág. 54.
De esta forma, la profesora Ruth Ortega explica algunos
de los criterios que se deberán tomar en consideración en CC-2018-846 19
este proceso, según la jurisprudencia de este Tribunal, a
saber:
2. […], los concubinos pueden consolidar expresa o tácitamente sus ingresos. 3. Los concubinos pueden, en el caso mencionado, participar por partes iguales en los bienes adquiridos con tales ingresos y si una de las partes ha retenido más de lo que le corresponde, la corte le obligará a devolver la porción retenida de más. 4. Aun en ausencia de un convenio o acuerdo entre el concubinario y su concubina, la parte perjudicada podrá exigir su participación en los bienes conjuntamente adquiridos en proporción a su aportación, con el objeto de evitar enriquecimiento injusto. 5. La concubina tiene derecho a probar en corte que existía un acuerdo expreso o implícito con su concubino para compartir los bienes acumulados por ambos. 6. Este derecho de la concubina se extiende a que pruebe también que sin dicho acuerdo ella contribuyó con su trabajo o capital aunque su participación en los bienes en controversia no sea necesariamente igual. (Énfasis suplido). Ortega Vélez, op. cit., págs. 621-622. Dadas las diferentes variantes aludidas anteriormente,
resulta meritorio que pasemos a discutir las
interpretaciones del pacto expreso o implícito y en la
alternativa, explicar el enriquecimiento injusto como
remedio en equidad. Veamos. CC-2018-846 20
iii. Pacto expreso
El pacto expreso es un contrato o convenio para crear y
establecer una comunidad de bienes de origen voluntario.
R. Serrano Geyls, Derecho de familia de Puerto Rico
y legislación comparada, 1era ed., San Juan, Ed. Programa
de Educación Jurídica Continua de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico, 2002, Vol. 2, pág. 858.
En lo pertinente, el pacto expreso no tiene requisito
de forma, por lo que puede ser verbal o escrito. No
obstante, para establecer un pacto verbal expreso es
menester evidenciar la manifestación indubitada e inequívoca
de las partes. Asimismo, las aportaciones realizadas por
las partes en este tipo de pacto pueden acreditarse por
cualquier medio probatorio. Danz v. Suau, supra, pág. 617.
iv. Pacto implícito
Por su parte, el pacto implícito se considera un contrato
que surge cuando “una persona realiza un determinado acto o
adopta un comportamiento que, sin declarar abiertamente
voluntad alguna, permite inducir o inferir que tal voluntad
existe y la presupone necesariamente”. (Énfasis suplido).
Serrano Geyls, op. cit., pág. 860 (citando a L. Diez Picazo,
Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, V. I, Editorial
Civitas, Madrid, 1993, págs. 134–135, 148–149 (2007)). Los
derechos y la participación sobre los bienes/patrimonio
allegados durante la relación pueden acreditarse a través
de un pacto implícito que se desprende de la relación humana
y económica que se produjo durante la convivencia CC-2018-846 21
concubinaria. Domínguez Maldonado v. ELA, 137 DPR 954, 967-
968 (1995); Ortiz de Jesús v. Vázquez Cotto, 119 DPR 547,
548-549 (1987); Caraballo Ramírez v. Acosta, supra, pág.
481; Cruz v. Sucn. Landau Díaz, supra.
El nexo personal entre los concubinos “se describe no
para encontrar en [éste] la voluntad de contratar sino más
bien como trasfondo o escenario en el que se hacen
entendibles las relaciones económicas entre las partes”,
Serrano Geyls, op. cit., pág. 861. Esta relación humana,
conjuntamente con el comportamiento de las partes en las
relaciones económicas permiten inferir la voluntad
constitutiva de la comunidad de bienes. Íd. El pacto
implícito podrá probarse por todos los medios disponibles
en Derecho. Íd.
Asimismo, esta correlación humana y económica entre las
partes deberá demostrar que se obligaron implícitamente a
aportar bienes, servicios y trabajo para beneficio común.
De esa forma, establecer la “inequívoca voluntad de hacer
comunes todos o algunos de los bienes adquiridos a título
oneroso durante la unión”. (Énfasis suplido). Ortega
Vélez, op. cit., pág. 620.
En lo concerniente a la evaluación de derechos y
participación sobre un bien inmueble hemos tomado en
consideración, entre otras cosas, que: el bien inmueble fue
comprado por dinero privativo de una parte, el bien inmueble
fue inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre de una
de las partes, y los pagos realizados en cuanto a CC-2018-846 22
contribuciones, agua, alumbrado y las mejoras realizadas al
mismo se hicieron con dinero privativo. Véanse, Martínez
Santiago v. Dalmau Andrades, 93 DPR 191 (1966); Torres v.
Roldán, 67 DPR 367 (1947); Vázquez v. Camacho, 43 DPR 659
(1932); Mojica v. González, 43 DPR 999 (1932). Asimismo, en
nuestro pronunciamiento más reciente al evaluar la
participación sobre un terreno en el que se construyó un
bien inmueble consideramos “las libretas bancarias que
evidenciaban el retiro de la cantidad de dinero necesario
para la compra del solar en cuestión” y además, la aportación
de bienes o servicios para la adquisición del terreno al
establecer el carácter privativo. Torres Vélez v. Soto
Hernández, 189 DPR 972, 990 (2013).
En lo pertinente a la controversia ante nos, el profesor
Raúl Serrano Geyls menciona diversos eventos que denotan un
pacto implícito, a saber:
[E]l uso de los nombres de ambos concubinos en el nombre del negocio, la existencia de una cuenta bancaria en común, la compra de bienes en común y la coposesión de bienes, son ejemplos valiosos de elementos para acreditar la existencia del pacto. No obstante, en cada caso deben examinarse detenidamente las circunstancias fácticas y, sin ánimo prevenido, determinar si de los aportes económicos ubicados en la “relación humana” existente, surge implícitamente una comunidad de bienes. (Énfasis suplido). Serrano Geyls, op. cit., pág. 862.
También, señala que ciertos sucesos, per se, no
acreditan la existencia del pacto. Específicamente,
menciona: CC-2018-846 23
[L]os siguientes actos, cada uno por sí solo, no sostienen que exista pacto implícito: trabajo en el negocio del otro concubino aunque se le entrega una participación en las utilidades; tareas domésticas en el hogar común […]; administración de los bienes del otro; simples gestiones económicas de la vida diaria y la contribución a los gastos del hogar o enfermedades. (Énfasis suplido). Íd., págs. 861-862.
v. Enriquecimiento injusto
Ahora bien, de no lograr establecer la existencia de una
comunidad de bienes ya fuese por pacto expreso o implícito,
la parte que solicita participación económica podrá
acreditar que aportó bienes, valores y servicios, que
produjeron ganancias y consecuentemente, como un acto
justiciero para evitar el enriquecimiento injusto de la otra
parte, reclamar el valor de bienes, valores y servicios y
las correspondientes ganancias obtenidas. Caraballo Ramírez
v. Acosta, supra, págs. 481–482. Específicamente, hemos
establecido que:
Cuando la razón de pedir de la reclamante se basa en la teoría del enriquecimiento injusto y no en la existencia de una comunidad de bienes [por pacto expreso o implícito], no podría ampararse en la presunción del Art. 327 del Código Civil […]. Sería obligación de ella probar con preponderancia de prueba el valor de su participación en los bienes adquiridos. No obstante, la prueba de ese hecho no tiene que ser directa, pudiendo establecerse el valor de su participación mediante inferencias razonables. Íd., págs. 485-486. CC-2018-846 24
El profesor Raúl Serrano Geyls señala con precisión
varios ejemplos de cómo puede operar el enriquecimiento
injusto en una relación de concubinato, estos son:
[A]dquisición de bienes conjuntamente pero inscritos a nombre de uno solo; mejoras introducidas por un concubino en un bien del otro; beneficio real exclusivo para un concubino como consecuencia de la prestación del otro (ej.: en su poder los muebles del hogar común); servicios prestados por un concubino que habrían enriquecido al otro y adquisición por un concubino de un bien en prescripción adquisitiva. Serrano Geyls, op. cit., pág. 864.
Además, señala que los promoventes de esta modalidad
están sujetos a los requisitos de la teoría del
enriquecimiento injusto y la inexistencia de otra acción
legal para defender sus derechos. SLG Sánchez v. SLG
Valentín, 186 DPR 503, 516 (2012) (citando a Ortiz Andújar
v. ELA, 122 DPR 817, 823 (1988)).
B. La comunidad de bienes
La comunidad de bienes existe cuando la propiedad de una
cosa o de un derecho pertenece en común pro indiviso a varias
personas. Art. 326 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1271. La
existencia de la comunidad de bienes en el concubinato sólo
se origina a través de un pacto expreso o implícito.
Una vez probada la existencia de una comunidad de bienes,
la división de este patrimonio se hará de acuerdo al pacto,
si hubiere. En su defecto, el artículo 327 del Código Civil,
supra, dispone que las participaciones “[s]e presumirán
iguales, mientras no se pruebe lo contrario, las porciones CC-2018-846 25
correspondientes a los partícipes en la comunidad”. Díaz
v. Aguayo, 162 DPR 801, 809 (2004).
C. Apreciación de la Prueba
i. Estándar de revisión apelativa
La Regla 42.2 de Procedimiento Civil dispone que “[l]as
determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se
dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y
se dará la debida consideración a la oportunidad que tuvo
el tribunal sentenciador para juzgar la credibilidad de las
personas testigos”. 32 LPRA Ap. V, R. 42.2.
Como norma general, los foros revisores no debemos
intervenir con las determinaciones de hecho, salvo que haya
mediado pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto.
SLG Torres – Matundan v. Centro Patología, 193 DPR 920, 933
(2015); Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770-
771 (2013).
La norma jurídica de deferencia a las determinaciones de
hecho se fundamenta en la apreciación de la prueba
testifical por el adjudicador de los hechos porque, al ser
una tarea llena de elementos subjetivos, es quien está en
mejor posición para aquilatarla. Sucn. Rosado v. Acevedo
Marrero, 196 DPR 884, 917 (2016). El Tribunal de Primera
Instancia es el foro que tiene la oportunidad de escuchar
el testimonio y apreciar el comportamiento de los testigos.
Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra. Consistentemente,
la tarea de adjudicar credibilidad y determinar la verdad
de lo sucedido depende grandemente de la exposición del juez CC-2018-846 26
o jueza a la prueba presentada. Dávila Nieves v. Meléndez
Marín, supra.
Por tanto, se impone un respeto a la adjudicación de
credibilidad del foro primario puesto que, por lo general,
los foros revisores sólo contamos con “récords mudos e
inexpresivos”. Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001)
(citando a Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721,
728 (1984)). Es decir, los jueces en el trámite apelativo
sólo tenemos ante nosotros un expediente que a lo sumo
incluye una transcripción de prueba. L. Rivera Román, La
apreciación de prueba en el Tribunal de Primera Instancia y
en el Tribunal de Apelaciones, en Perspectivas en la
Práctica Apelativa: 25 años del Tribunal de Apelaciones de
Puerto Rico, Ed. SITUM, 2018, pág. 103.
Sin embargo, esta norma de deferencia judicial tiene
límites y no supone inmunidad absoluta frente a la función
de los tribunales revisores. Dávila Nieves v. Meléndez
Marín, supra, pág. 771. Recientemente, en Pueblo v. Toro
Martínez, 200 DPR 834, 858-859 (2018), hicimos alusión a
Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013), donde
definimos lo que significa que un juez incurra en pasión,
prejuicio, parcialidad o error manifiesto en su
adjudicación. Así, puntualizamos que se incurre en un error
manifiesto cuando “la apreciación de esa prueba se distancia
de la realidad fáctica o es inherentemente imposible o
increíble”. (Énfasis suplido). Íd., pág. 859. Además,
indicamos que se considerarán erróneas las conclusiones del CC-2018-846 27
tribunal si un análisis de la totalidad de la evidencia, nos
lleva a concluir que el foro revisado erró, pues “las
conclusiones están en conflicto con el balance más racional,
justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia
recibida”. (Énfasis suplido). Íd.
ii. Peso de la prueba
De ordinario, el peso de probar cada uno de los elementos
de una causa de acción civil recae en la parte demandante.
Regla 110 de las Reglas de Evidencia, 2009, 32 LPRA Ap. VI,
R. 110. Concierne al juzgador de hechos la tarea de evaluar
la suficiencia de la prueba, a tenor con el estándar
probatorio de preponderancia. Ello consiste en establecer
como hechos, aquellos que con mayor probabilidad ocurrieron.
Zambrana v. Hospital Santo Asilo de Damas, 109 DPR 517, 521
(1980).
Por otro lado, como foro revisor nos encontramos en la
misma posición que el Tribunal de Primera Instancia para
evaluar la prueba pericial o documental presentada en un
caso. González Hernández v. González Hernández, 181 DPR
746, 777 (2011).
III
Conforme indicamos en la Resolución expidiendo el
recurso, procedo a discutir el primer y segundo señalamiento
de error en conjunto, relacionados con el bien inmueble en
disputa.
En síntesis, el señor Robles Laracuente planteó que no
existió una comunidad de bienes entre la señora González CC-2018-846 28
Rivera y él, ya fuese por pacto expreso o implícito. Además,
puntualizó que quedó establecido que adquirió el bien
inmueble con su dinero, sin aportación económica alguna de
la señora González Rivera. Por tanto, negó que la señora
González Rivera tuviera participación alguna sobre el mismo,
siendo un bien inmueble estrictamente de carácter privativo.
Por su parte, la señora González Rivera adujo que los
tribunales apelados erraron al determinar que el patrimonio
de la comunidad de bienes establecida mediante un pacto
implícito se limitó a la residencia en la Urbanización
Mansión Real, sin reconocer que el conjunto de los bienes
muebles e inmuebles y negocios adquiridos durante el
concubinato pertenecían a ambos. Específicamente, reclamó
que existió un acuerdo con el señor Robles Laracuente de que
todo lo que se adquiriría por esfuerzo común durante la
relación, pertenecería a ambos en partes iguales.
Cabe notar que el Tribunal de Primera Instancia concluyó
que entre las partes se configuró una comunidad de bienes
como resultado de un pacto implícito, pero únicamente en
cuanto al inmueble ubicado en la Urbanización Mansión Real.
Dictaminó, además, que cada uno posee como comuneros un 50%
de participación sobre el referido bien inmueble conforme a
la presunción establecida en el Art. 327 del Código Civil
de Puerto Rico, supra.
Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la
determinación del foro primario y fundamentó su conclusión
en que la intención del señor Robles Laracuente al momento CC-2018-846 29
de comprar el bien inmueble era adquirirlo en común pro
indiviso con la señora González Rivera. Además, modificó
el dictamen a los únicos efectos de ordenar la devolución
del caso al foro primario para que determine el monto de la
indemnización que la señora González Rivera debería pagar
al señor Robles Laracuente, por el tiempo que disfrutó del
bien inmueble de forma exclusiva. Así, se ordenó que
procediera con el trámite de la división y adjudicación de
la comunidad de bienes correspondiente al inmueble.
Examinados los planteamientos de las partes, la prueba
documental y la transcripción de los testimonios ofrecidos
en el juicio, en armonía con el derecho aplicable, concluyo
que ambos foros erraron al determinar que existía una
comunidad de bienes por pacto implícito entre las partes
sobre el bien inmueble localizado en la Urbanización Mansión
Real. Veamos.
De los hechos probados por el Tribunal de Primera
Instancia, dicho foro reconoció que la propiedad de Mansión
Real fue adquirida durante el concubinato por el señor
Robles Laracuente y siempre ha permanecido a su nombre.
Además, quedó establecido que la señora González Rivera
aportó ideas para hacerle mejoras al inmueble, y su única
contribución monetaria concerniente al mismo fueron los
pagos realizados al CRIM.8 Entendió que ésta contribuyó a
8 Cabe resaltar que solamente se presentó la copia de dos (2) cheques como los pagos realizados por la señora González Rivera al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) sobre el bien inmueble localizado en la Urbanización Mansión Real, marcados como Exhibit 1 CC-2018-846 30
la comunidad, además, con su esfuerzo personal al realizar
las tareas domésticas, además de haber cuidado de la salud
del señor Robles Laracuente.
Ahora bien, incluso tomando como ciertas estas
determinaciones, entiendo que no son suficientes para
establecer una comunidad de bienes por pacto implícito sobre
el bien inmueble en controversia.
Conforme al derecho antes esbozado, el criterio para que
surja una comunidad de bienes por pacto implícito es que la
relación humana y económica entre las partes establezca de
forma inequívoca la voluntad de unir todos o algunos de los
bienes adquiridos durante la relación. Véase, Ortega Vélez,
op. cit., pág. 620. Claramente, la mera intención de una
parte al momento de adquirir un bien inmueble, no es
suficiente para generarle a la otra un interés propietario
sobre el mismo.
Tanto la prueba testimonial como documental constatan
que el señor Robles Laracuente sufragó la mayoría de los
gastos sobre la propiedad desde su adquisición. La señora
González Rivera admitió que, durante el concubinato, nunca
adquirieron bienes inmuebles conjuntamente ni tuvieron
cuentas bancarias en común. De igual manera, el señor Robles
Laracuente reconoció lo anterior.
Por otro lado, la señora González Rivera declaró que
contribuyó a los gastos diarios de la familia mientras
durante el testimonio de la señora González Rivera. Transcripción [de la] vista de juicio en su fondo, Apéndice, págs. 2882-2884. CC-2018-846 31
residían en la propiedad. A esos efectos, narró que realizó
tareas domésticas, cuidó de su pareja mientras estuvo
hospitalizado y le ayudó con algunas tareas de su trabajo
(en particular, con la revisión de documentos de subastas y
organizando cheques cuando éste llegaba a la casa).
No obstante, la prueba reflejó que ambas partes
colaboraron en el cuidado mutuo durante sus respectivas
enfermedades y hospitalizaciones.9 En cuanto a las tareas
mediante las cuales la señora González Rivera asistió al
señor Robles Laracuente en su trabajo, quedó demostrado que
el esfuerzo realizado no contribuyó al aumento de valor de
los negocios10 ni en “las múltiples empresas que es dueño en
todo o en parte” el señor Robles Laracuente.11
En cuanto al bien inmueble, la señora González Rivera
afirmó durante el juicio que desconocía sobre la adquisición
de éste. Así, admitió que no estuvo presente ni proporcionó
dinero al momento de la compraventa ni prestó garantía
personal para el préstamo con el que el señor Robles
Laracuente financió parte del inmueble. Además, aceptó que
durante los diecisiete (17) años que llevaba residiendo en
la propiedad de la Urbanización Mansión Real nunca realizó
un pago de renta sobre el inmueble. Meramente, sostuvo que
después de la compra, aportó ideas para hacerle mejoras a
la propiedad.
9 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice, pág. 2051. 10 Íd., pág. 2050. 11 Íd., pág. 2054. CC-2018-846 32
Tras analizar lo anterior, determino que le asiste la
razón al peticionario. Ello, porque el pacto implícito,
como cuestión de derecho, no se limita a la relación humana
entre las partes sin considerar los vínculos económicos de
los concubinos para establecer el interés propietario sobre
un bien inmueble. Ciertamente, la prueba no demostró una
relación económica entre el señor Robles Laracuente y la
señora González Rivera suficiente para establecer una
comunidad de bienes sobre el bien inmueble en controversia.
No existe controversia en cuanto a que las partes
mantuvieron sus cuentas bancarias separadas y no adquirieron
bienes ni tenían deudas en conjunto. Consecuentemente, no
entremezclaron sus bienes y con ello, no quedó establecida
la voluntad de hacer comunes todos o algunos de los bienes
adquiridos durante su relación.
Por otra parte, quedó establecido que el señor Robles
Laracuente pagó con sus bienes privativos la totalidad del
pronto del inmueble, así como las mensualidades de la
hipoteca que pesaba sobre éste. La señora González Rivera
admitió que no realizó aportación alguna y sólo alegó que
se limitó a realizar unos pagos sobre el CRIM. Según
mencionamos anteriormente, la señora González Rivera
solamente presentó la copia de dos (2) cheques acreditando
los pagos realizados. Asimismo, durante su
contrainterrogatorio al ser confrontada con su Deposición
reconoció que el señor Robles Laracuente le pagó una
mensualidad de entre $2,000 a $2,500 para efectuar los pagos CC-2018-846 33
relacionados con la luz, agua, teléfono, cable,
mantenimiento y una empleada de servicio doméstico en la
residencia de Mansión Real.12
De igual forma, surge de las escrituras de compraventa
y constitución de hipoteca admitidas en evidencia, que la
señora González Rivera no compareció a los respectivos
otorgamientos. A base de lo anterior, la prueba documental
confirma que el señor Robles Laracuente es el único titular
de la propiedad inmueble en cuestión. Asimismo, entiendo
que la prueba presentada no logró demostrar que la señora
González Rivera aportara bienes o servicios para la
adquisición de dicho inmueble que le permita reclamar alguna
participación o interés propietario sobre el mismo o que la
hicieran merecedora de alguna compensación al amparo de la
doctrina de enriquecimiento injusto. Véase, Torres Vélez
v. Soto Hernández, supra, pág. 990.
Ante la inexistencia de un pacto implícito, la señora
González Rivera debió probar que su aportación de bienes,
valores y servicios, produjeron ganancias en la propiedad
de Mansión Real que acreditara una compensación por
enriquecimiento injusto. Sin embargo, entiendo que quedó
establecido que el señor Robles Laracuente sacaba de su
peculio el pago para la renta y las cargas económicas de los
gastos diarios de la casa (luz, agua, teléfono, cable,
mantenimiento y una empleada de servicio doméstico).
12 Transcripción [de la] vista de juicio en su fondo, Apéndice, págs. 2909-2914. CC-2018-846 34
Asimismo, la señora González Rivera explicó que continuaba
trabajando mientras realizaba las labores diarias del
hogar.13 Como resultado de lo anterior, la evidencia
presentada por la señora González Rivera no estableció un
empobrecimiento de su parte, así como un correlativo
enriquecimiento del señor Robles Laracuente.
En resumen, tras un análisis de las determinaciones de
hechos discutidas y las conclusiones de derecho realizadas
por el Tribunal de Primera Instancia conforme a la totalidad
de la evidencia presentada a la luz del derecho aplicable,
concluyo que incurrió en error manifiesto, ya que su
apreciación se distancia de la realidad fáctica y el derecho
aplicable. Por consiguiente, no se establecieron los
elementos requeridos para configurar una comunidad de bienes
por pacto implícito entre las partes en lo concerniente a
la propiedad ubicada en la Urbanización Mansión Real.
Tampoco se configuró un derecho a un remedio por
enriquecimiento injusto. Así, la señora González Rivera no
descargó la obligación de probar su reclamación.
Ahora bien, el razonamiento presentado en esta Opinión
de conformidad no debe interpretarse de manera alguna como
un menosprecio de las gestiones de la señora González Rivera
en su relación con el señor Robles Laracuente durante el
tiempo en que compartieron su vida en común. El dictamen
se limita exclusivamente a los derechos de las partes sobre
13 La señora González Rivera expresó que, de lunes a viernes, trabajaba en sus negocios y realizaba las labores diarias del hogar. Véase, Transcripción [de la] vista de juicio en su fondo, Apéndice, pág. 2763. CC-2018-846 35
un bien inmueble. Además, la determinación se circunscribe
a los hechos del caso, por lo que no afecta cualesquiera
derechos que puedan ostentar las partes en otros casos sobre
controversias similares que sean considerados por este
Tribunal.
Por tanto, concluyo que el Tribunal de Apelaciones erró
al concluir que sí existía una comunidad de bienes por
pacto implícito sobre esta propiedad. 14
IV
Por los fundamentos antes expuestos, estoy conforme con
la decisión de este Tribunal al ordenar la modificación de
la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el
31 de julio de 2018, para revocar la determinación de que
el bien inmueble localizado en la Urbanización Mansión Real
es parte de una comunidad de bienes compuesta por el señor
Robles Laracuente y la señora González Rivera, por ser un
bien privativo del señor Robles Laracuente.
ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN Juez Asociado
14 Las posturas disidentes presentan aseveraciones y conclusiones que no son cónsonas con la prueba que consta en récord y con la totalidad de la transcripción del juicio que cuenta con un total aproximado de 1,100 páginas. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
v.
CC-2018-0846 Raúl Robles Laracuente
La Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ emitió una Opinión disidente.
Disiento por entender que la Sentencia que antecede
descartó las determinaciones de hecho que realizó el foro
primario sin establecer que este cometió un error manifiesto
en su apreciación de la prueba. En consecuencia, se concluye
erróneamente que no se configuró una comunidad de bienes, aun
cuando el Tribunal de Primera Instancia estimó probado que el
concubino demandado admitió su existencia. Veamos.
Es una máxima hartamente conocida en nuestro ordenamiento
que “los tribunales apelativos no intervendremos con la
apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad y las
determinaciones de hechos que realizan los tribunales de
instancia, a menos que se demuestre que el juzgador actuó movido
por pasión, por pasión, prejuicio o parcialidad o que incurrió en error
manifiesto”. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 753
(2013). A esos efectos, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil
establece que “[l]as determinaciones de hechos basadas en
testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que sean
claramente erróneas, y se dará la debida consideración a la
oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar la
credibilidad de las personas testigos”. 32 LPRA Ap. V, R. 42.2
(Énfasis suplido).
Esta norma está fundada en que “la tarea de adjudicar
credibilidad y determinar lo que realmente ocurrió depende en gran
medida de la exposición del juez o la jueza a la prueba presentada,
lo cual incluye, entre otros factores, ver el comportamiento del
testigo mientras ofrece su testimonio y escuchar su voz”. Dávila
Nieves, supra, pág. 771. Ello implica que, “[p]or definición, un
tribunal de instancia está en mejor posición que un tribunal
apelativo para llevar a cabo esta importante tarea judicial”. Íd.
Los tribunales apelativos únicamente pueden ignorar las
determinaciones de hecho que realice el foro primario si
determinan “que en la actuación del juzgador de los hechos medió
pasión, prejuicio o parcialidad, o que este incurrió en error
manifiesto”. Íd. (Énfasis suplido).
En este caso, el foro primario entendió probado –a base de
los testimonios vertidos en el juicio– que el Sr. Raúl Robles
Laracuente (señor Robles o peticionario) admitió a la Sra. María
Elena González Rivera (señora González o recurrida) que existía
una comunidad de bienes entre ambos.15 No obstante, también
15“En varias ocasiones el Sr. Robles y la Sra. González hablaron de que en lo que dividían las propiedades que tenían en común, él le pagaría CC-2018-0846 3
resolvió que la comunidad de bienes que surgió como resultado de
la relación de concubinato entre el señor Robles y la señora
González solamente comprendió un inmueble localizado en la
Urbanización Mansión Real en Ponce. Lo anterior, debido a que –
durante los ocho (8) años que convivieron en dicha propiedad– la
señora González “le ha dedicado su máximo esfuerzo y recursos para
mantener la casa de la Urbanización Mansión Real”.16 Incluso, el
Tribunal de Primera Instancia concluyó que “[l]os esfuerzos y
aportaciones de [la señora] González Rivera no se limitaron a
lavarle, plancharle, cocinarle y cuidar [al señor] Robles
Laracuente […], sino que [la señora] González Rivera lo ayudó en
algunas tareas de los negocios [del señor Robles Laracuente] que
existían previo a que estos comenzaran a convivir”.17
El Tribunal de Apelaciones no intervino con estas
determinaciones; más bien, las validó.18 En lo pertinente a la
admisión del peticionario sobre la existencia de una comunidad
$2,500.00 mensuales y que ello se concretizó en el momento en que ella le endosó el certificado de la anualidad […]”. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice, pág. 2053. “De los $2,500.00 mensuales que [el señor] Robles se comprometió a pagar a la Sra. González Rivera, para que esta aceptara posponer liquidar la comunidad de bienes que había entre ellos, [el señor Robles] solo pag[ó] $19,998.00 y le adeuda a [la señora] González el resto, o sea $287,502.00”. Íd. Cabe resaltar que en la Sentencia no se revocaron las determinaciones de hecho que realizó el Tribunal de Primera Instancia a base de este testimonio. 16 Íd., pág. 2050 (Énfasis suplido). 17 Íd. 18 El Tribunal de Apelaciones no dejó margen a duda sobre su convicción
de que las conclusiones del foro primario estaban sustentadas en la prueba:
De un análisis sosegado y detenido del prominente expediente del caso, concluimos que las determinaciones de hecho consignadas en la sentencia impugnada, vistas a la luz de la extensa transcripción de la prueba, así como de las estipulaciones de hecho, encuentran base en la prueba. Por ello, y en ausencia de arbitrariedad, prejuicio o error manifiesto, debe prevalecer la norma de deferencia al dictamen emitido por el foro sentenciador.
Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice, pág. 32. Coincido plenamente con esta apreciación. CC-2018-0846 4
de bienes, dicho foro expresó: “concurrimos con la determinación
sobre el pago de la deuda que provenía como resultado del acuerdo
al que llegaron las partes para posponer la división de la
comunidad de bienes que nació producto de su relación”.19
Un examen del expediente demuestra que la conclusión del
Tribunal de Primera Instancia, según avalada por el Tribunal de
Apelaciones, encuentra apoyo amplio en la prueba que se desfiló
durante el juicio. En lo pertinente, la señora González declaró
que el señor Robles acordó pagarle una mensualidad hasta tanto se
dividiera la comunidad de bienes que se configuró entre ambos:
P Doña María, ¿cuando ustedes terminaron su relación concubinaria, usted, el señor Robles y usted, qué acordaron, si algo?
[…]
TESTIGO
Él y yo acordamos cuando él se fue, que mientras él estuviera fuera de la casa él iba a seguir mandándome los dos mil quinientos dólares ($2,500.00) mensuales, que me quedara en la casa que me iba a mandar los dos mil quinientos dólares mensuales hasta tanto nosotros dividiéramos. Que cuando nosotros dividiéramos él iba a dejar entonces de enviarme los dos mil quinientos dólares.20
Por su parte, el señor Robles caracterizó esa parte del
testimonio de la señora González como una “mentira piadosa”.21
19 Íd., pág. 34. 20 Transcripción del juicio, Apéndice, págs. 2840-2841 (Énfasis suplido). Véase también, íd., págs. 2906-2908 (donde la señora González testifica que el señor Robles “estaba consciente de que él había llegado a un pacto, un acuerdo conmigo cuando se fue en el 2005, que me iba a pasar los dos mil quinientos dólares hasta que dividiéramos a la mitad, pero que ahora mismo en el 2009, pues él no podía disponer, que si yo aceptaba quedarme en la casa y él me daba ciento cincuenta mil dólares.”). 21 Íd., págs. 3295-3296. CC-2018-0846 5
Aquilatados estos testimonios, el Tribunal de Primera Instancia
dictaminó inequívocamente en su Sentencia que “[el señor] Robles
le admitió su existencia a [la señora] González en varias
ocasiones”, refiriéndose a la comunidad de bienes producto de su
relación concubinaria.22 De lo anterior podemos colegir que el foro
primario sencillamente no le creyó al señor Robles.
No obstante, y en total abstracción de la determinación de
hecho antes transcrita, la Opinión de conformidad que acompaña
esta Sentencia insiste que “no quedó establecida la voluntad de
hacer comunes todos o algunos de los bienes adquiridos durante su
relación”. Opinión de conformidad, pág. 32. Según esta, los foros
recurridos erraron al ignorar que “la mera intención de una parte
al momento de adquirir un bien inmueble, no es suficiente para
generarle a la otra un interés propietario sobre el mismo”. Íd.,
pág. 30. No obstante, este argumento carece de méritos en el
contexto del caso que nos ocupa, pues el foro primario no
fundamentó sus conclusiones de derecho en este razonamiento, sino
en las declaraciones que realizó la señora González cuando
testificó en el juicio. Por tanto, el “error manifiesto” que se
le imputa al Tribunal de Primera Instancia en este caso no se
cometió, pues el foro primario no apoyó su conclusión en el
fundamento que le atribuye la Opinión de conformidad, sino en
determinaciones de hecho que realizó luego de aquilatar la
credibilidad de los testigos.23
En vista de lo anterior, resulta evidente que la Sentencia
que emite este Tribunal sustituyó las determinaciones de hecho que
22Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice, pág. 2053. 23Tampoco existe indicio alguno de que el Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal de Apelaciones actuaron movidos por pasión, prejuicio o parcialidad al emitir los dictámenes recurridos. CC-2018-0846 6
realizó el foro primario por su propia apreciación sobre si la
relación entre el peticionario y la recurrida produjo una
comunidad de bienes. Según reseñado, la admisión del señor Robles
sobre la existencia de una comunidad de bienes entre él y la señora
González hacía innecesario este análisis. Véase Regla 803(a) de
Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 803(a). De esta manera, la Sentencia
–y la Opinión de conformidad que la sustenta– ilustran el tipo de
error que los tribunales apelativos estamos propensos a cometer
cuando nos apartamos del estándar de revisión que fija la ley en
estas circunstancias. El foro primario está en mejor posición que
este Tribunal para evaluar la evidencia que se desfiló ante sí y
dirimir credibilidad al confrontar un conflicto en la prueba. Por
entender que en este caso desatendimos la importancia de este
precepto, disiento.
Maite D. Oronoz Rodríguez Jueza Presidenta EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
v. CC-2018-0846 Certiorari Raúl Robles Laracuente
Opinión disidente emitida por el Juez Asociado señor ESTRELLA MARTÍNEZ. San Juan, Puerto Rico, a 27 de noviembre de 2019.
Disiento vehementemente de la Sentencia emitida por este
Tribunal, pues durante una relación, las personas que viven
sin vínculo matrimonial pueden aportar a una comunidad de
bienes mediante sus esfuerzos, labores y trabajos realizados
en el hogar común. Decidir lo opuesto, no solo lacera los
principios más básicos de la justicia y de la equidad, sino
que es contrario a Derecho.
Como es conocido, las personas que deciden vivir en
uniones consensuales pueden crear una comunidad de bienes.
A inicios del siglo pasado, este Tribunal determinó que la
única manera en la que se podía crear una comunidad de bienes
en estas circunstancias era mediante pacto expreso. Morales
v. Cruz Vélez, 34 DPR 834, 842 (1926). En ese momento, se
decidió que la persona que colaboraba en el hogar mediante
“su trabajo, su economía, su cooperación y sus recursos” no
tenía derecho alguno en la liquidación de los bienes que CC-2018-0846 2
ayudó a adquirir, poseer y mantener. Íd., pág. 842. Al
contrario, se concluyó que estas labores correspondían al
“papel que generalmente representa una legítima esposa” y que
meramente eran “incidentales a sus funciones de concubina”.
Íd., pág. 845.
Afortunadamente, este Tribunal revocó esa doctrina y
reconoció que las personas que viven en uniones consensuales
pueden crear una comunidad de bienes de distintas maneras. A
esos fines, hemos pautado que, en el contexto del concubinato,
se puede establecer una comunidad de bienes de los siguientes
modos: (1) por pacto expreso; (2) por pacto implícito, o (3)
por un acto justiciero para evitar el enriquecimiento injusto.
Danz v. Suau, 82 DPR 609, 617-618 (1961); Torres v. Roldán,
67 DPR 367, 370-371 (1947). Por tanto, en controversias de
esta naturaleza, los foros judiciales deben examinar las
circunstancias particulares de cada caso para auscultar la
existencia de una comunidad de bienes entre la pareja.
Particularmente, en los casos en los cuales se alegue que
hubo un pacto implícito, se puede probar que la intención de
crear una comunidad “se desprende espontáneamente de la
relación humana y económica existente entre las partes durante
el concubinato”. (Énfasis suplido). Danz v. Suau, supra, pág.
618.
A raíz de ello, este Tribunal comenzó a dar el debido
reconocimiento a otros tipos de esfuerzos y labores que,
aunque no necesariamente económicos, constituyen
aportaciones a las comunidades de bienes. Ente éstos,
resaltan los trabajos realizados en el hogar. En Cruz v. CC-2018-0846 3
Sucn. Landrau Díaz , 97 DPR 578, 586 (1969), se reconoció
la existencia de una comunidad de bienes en virtud del
“esfuerzo, la labor y el trabajo de ella, y de ambos
conjuntamente”. En detalle, el Tribunal concedió “especial
énfasis al
reconocimiento de los esfuerzos, labor y trabajo de Cruz en
el hogar de ambos durante la vigencia del concubinato”. M. L.
Figueroa Rodríguez, Concubinato en Puerto Rico: Un llamado al
Legislador, 33 Rev. Der. P.R. 43, 58 (1993).
Asimismo, en Caraballo Ramírez v. Acosta, 104 DPR 474,
481 (1975), se concluyó que se puede demostrar la existencia
de una comunidad de bienes mediante la colaboración, los
esfuerzos y los trabajos que se realizan para el beneficio
común. En ese sentido, se especificó que las aportaciones no
tienen que ser económicas estrictamente y que no se debe
interpretar que se “restringe el derecho de la demandante a
lo que hubiese aportado en dinero a la comunidad”. Íd. Por
tanto, la colaboración en una comunidad de bienes “no se debe
ver en un sentido limitativo sujeto solamente a si aportó
dinero”. C.R. Padilla Montalvo, El matrimonio no formalizado
en Puerto Rico, 38 Rev. Der. P.R. 355, 373 (1999).
Particularmente, el profesor Raúl Serrano Geyls impugna
la fallida noción de que las tareas domésticas no son aportes
a una comunidad y expone lo siguiente:
No me parece convincente esa postura, por el contrario creo que es muy inequitativa. El concubino que permanece en el hogar – y ya se dan casos en que es el hombre – y realiza diariamente tareas hogareñas, está contribuyendo notablemente a la economía del concubinato, está efectuando un CC-2018-0846 4
“trabajo”, que aunque usualmente se considera gratuito, es fácilmente cuantificable en dinero. Ese trabajo no sólo economiza a los concubinos el pago de salarios a otras personas, sino que también priva al conviviente que lo realiza de la oportunidad de dedicarse al trabajo remunerado externo y de hacer así otro aporte en dinero a la comunidad. R. Serrano Geyls, Derecho de Familia de Puerto Rico y legislación comparada, 1ra ed., San Juan, Ed. Programa de Educación Jurídica Continua de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, 2002, Vol. II, pág. 862.
Cónsono con ello, este Tribunal ha reconocido en
contextos similares que las labores domésticas constituyen
una aportación de alimentos a los hijos o hijas. Mundo v.
Cervoni, 155 DPR 422, 426 (2014). De igual modo, en Morales
v. Jaime, 166 DPR 282, 311 (2005), defendimos el interés
público de pensiones alimentarias de excónyuges en miras de
proteger a las personas que se dedicaron a las tareas del
hogar. De este modo, procuramos “que se trate con equidad a
una ex-cónyuge como la del caso de autos; para que una mujer
que se dedicó plenamente a las labores domésticas como madre
y esposa, no sufra de repente un grave desequilibrio económico
al ser enfrentada con un divorcio”. Íd., pág. 316 (Fuster
Berlingeri, J., Opinión de conformidad).
Como puede apreciarse, este Tribunal ha reconocido que
los concubinos pueden aportar a la comunidad de bienes entre
ellos de distintas formas. La jurisprudencia reseñada va
dirigida precisamente a legitimar y a reconocer el valor
significativo que tienen las labores en el hogar. Ello, con
el propósito de garantizar que la persona que aporta y CC-2018-0846 5
colabora en una comunidad de bienes mediante la ardua labor
doméstica tenga derecho a su porción correspondiente.
II
En el caso ante nuestra consideración, la Sra. María
Elena González Rivera (señora González Rivera) tuvo una
relación en concubinato con el Sr. Raúl Robles Laracuente
(señor Robles Laracuente). En la misma, la señora González
Rivera realizó múltiples y consecuentes esfuerzos y labores
dirigidas al bien común de la pareja y de los bienes que
ocupaban en conjunto. Durante un período de diecisiete (17)
años, la señora González Rivera asumió las labores domésticas
del hogar, cuidó del señor Robles Laracuente en sus
enfermedades, aportó al pago de las utilidades y gastos de la
propiedad y asistió al señor Robles Laracuente con tareas de
su trabajo.24 Debido a lo anterior, los foros primarios
24Las aportaciones y esfuerzos de la Sra. María Elena González Rivera (señora González Rivera) no están en controversia. Tal como se reconoce en la Opinión de conformidad, el Sr. Raúl Robles Laracuente (señor Robles Laracuente) aceptó en una Moción de sentencia sumaria que la contribución de la señora González Rivera “consistió en la ayuda que le brindó al señor Robles Laracuente al realizar las tareas domésticas, acompañarlo a citas médicas, comprar sus medicamentos y cuidarlo mientras estuvo recluido en el hospital”. (Énfasis suplido). Opinión de conformidad, págs. 6-7.
De igual modo, el Tribunal de Primera Instancia, en sus determinaciones de hechos, concluyó que la señora González Rivera le dedicó “su máximo esfuerzo y recursos para la mantener la casa” en controversia y que “ha tenido en diferentes periodos un negocio propio de mercancía en general, lo que en ocasiones le permitió generar suficientes ingresos para aportar trabajo, valores y esfuerzos en la vida común”. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice de certiorari, págs. 2050-2051.
Por último, el Tribunal de Primera Instancia también concluyó que la señora González Rivera aportó y asistió al CC-2018-0846 6
resolvieron que la prueba presentada demuestra indudablemente
un pacto implícito entre las partes para vivir en comunidad,
cuidarse mutuamente y aportar ambos al beneficio común, tanto
en la relación humana como en la económica.
Ante ese cuadro, este Tribunal obvia el derecho aplicable
y resuelve que la señora González Rivera no tiene derecho
alguno a la liquidación de una comunidad a la cual ella aportó
mediante una multiplicidad de esfuerzos y trabajos. En pleno
siglo XXI, se descarta que las labores domésticas constituyan
una contribución concreta a una comunidad de bienes. De este
modo, se valida la preocupante y peligrosa premisa de que las
labores domésticas realizadas por la señora González Rivera
por casi dos (2) décadas no tienen valor alguno. Ello, en
contra de una tendencia mundial dirigida a legitimar los
efectos jurídicos del concubinato y de hasta equipararlo a la
unión de un matrimonio. Véase, Figueroa Rodríguez, supra,
págs. 61-74.
Como agravante, la Opinión de conformidad minimiza los
esfuerzos de la señora González Rivera al razonar que no probó
un empobrecimiento de su parte que justificara la existencia
de una comunidad de bienes porque ella manejaba
simultáneamente las tareas del hogar y las labores de su
negocio propio. Es decir, se entiende que la persona que asume
la carga doble de trabajo de un empleo más la labor doméstica
señor Robles Laracuente en las gestiones de su trabajo. Íd., pág. 2051. Aunque estas aportaciones no se consideraron suficientes para que el negocio del señor Robles Laracuente formara parte de la comunidad de bienes entre ellos, sí son evidencia ulterior de los esfuerzos consecuentes de la señora González Rivera en pro del bien común. CC-2018-0846 7
no debe ser compensada por ello, sino penalizada. Lo anterior,
sin duda alguna, perpetúa las nociones androcéntricas que
precisamente rechazamos en los precedentes que enmarcan este
disenso.
En fin, hoy se desvirtúa el progreso y el desarrollo de
un ordenamiento jurídico que reconoce plenamente el
importantísimo valor que tiene la labor doméstica realizada
en el hogar. Desafortunadamente, hoy se pretende adjudicar
mediante la desigualdad y la injusticia que permearon los
pronunciamientos retrógradas de este Tribunal hace casi cien
años en Morales v. Cruz Vélez, supra. Sin embargo, ello no
corresponde a la realidad de la sociedad puertorriqueña y a
los postulados de equidad y dignidad que nos toca reconocer.
En consecuencia, respetuosamente disiento.
Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Recurrida CC-2018-846 Certiorari v.
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.
En San Juan, Puerto Rico a 27 de noviembre de 2019.
Disentimos enérgicamente del curso de acción
seguido por una mayoría de este Tribunal en el
presente caso, ello por entender que, en lo que
respecta a la causa de epígrafe, se configuró una
comunidad de bienes por pacto implícito en la relación
de concubinato existente entre el señor Raúl Robles
Laracuente y la señora María Elena González Rivera.
Lo anterior, debido a que, a nuestro juicio, dicho
pacto puede establecerse mediante la aportación de
bienes, servicios y trabajo para beneficio común, lo
cual incluye -- claro está -- el trabajo doméstico.
Veamos. CC-2018-846 2 I.
Los hechos medulares que dan margen al presente
litigio no están en controversia. En esencia, el caso
de marras versa sobre la relación en concubinato habida
entre el señor Robles Laracuente y la señora González
Rivera desde 1988 hasta 2005. Periodo de tiempo en el
cual éstos convivieron en distintas propiedades,
incluyendo cierta residencia ubicada en la Urbanización
Mansiones Reales, sita en el Municipio de Ponce, Puerto
Rico, inmueble aquí en controversia.
Durante su convivencia con el señor Robles
Laracuente, la señora González Rivera realizaba las
tareas domésticas del hogar (entre éstas, lavaba,
planchaba, cocinaba y mantenía los inmuebles en buenas
condiciones), así como ayudaba en algunas tareas de los
negocios de su compañero y cuidaba de éste durante su
enfermedad.25 Lo anterior es un hecho incontrovertido.
Claramente, la relación humana, afectiva y
económica que se produjo durante el tiempo compartido
entre el señor Robles Laracuente y la señora
González Rivera -- lo cual comprende los
mencionados esfuerzos y aportaciones realizadas
por esta última -- denotan la intención de las
25Cabe señalar que en la Moción de sentencia sumaria presentada por el señor Robles Laracuente ante el Tribunal de Primera Instancia, éste admitió lo anterior al señalar que durante su relación la señora González Rivera se limitó a poner su esfuerzo. Esfuerzos que consistieron en la ayuda brindada al señor Robles Laracuente al realizar las tareas domésticas, acompañarlo a citas médicas, comprar sus medicamentos y cuidarlo mientras estuvo recluido en el hospital. Véase, págs. 6-7 de la Opinión de conformidad. CC-2018-846 3
partes de configurar una comunidad de bienes por pacto
implícito. Esto, a todas luces, tiene un valor. De ello,
no tenemos duda alguna.
Y es que los trabajos efectuados en el hogar deben
valorarse como una manera de contribuir al
levantamiento de las cargas del matrimonio o, en este
caso, del concubinato. Valoración que, en esencia,
evita que el concubino que se ha dedicado al ejercicio
de su profesión vea incrementado su patrimonio en
detrimento del otro concubino o concubina, quien ha
dedicado gran parte de su tiempo a las tareas del hogar.
Véase, de manera análoga, R. M. Moreno Flórez, El
trabajo para la casa en el régimen de separación de
bienes, ¿exclusivo, o compatible con una actividad
remunerada?, Revista de Derecho Civil, Vol. V (Núm. 4),
233-279 (2018) (citando a C. I. Asúa González, El
régimen de separación de bienes, Tratado de Derecho de
la Familia, Vol. IV, 2017, pág. 102).
En esa dirección, somos de la opinión que la
aportación que deben realizar los concubinos no se
limita a meros gastos económicos. Al respecto, el
profesor y pasado Juez de este Tribunal, Raúl Serrano
Geyls, en su obra Derecho de Familia de Puerto Rico y
legislación comparada, expresó que:
El concubino que permanece en el hogar – y ya se dan casos en que es el hombre – y realiza diariamente tareas hogareñas, está contribuyendo notablemente a la economía del concubinato, está efectuando un “trabajo”, que aunque usualmente se considera gratuito, es fácilmente cuantificable en dinero. Ese trabajo no sólo economiza a los concubinos el pago de salarios a otras personas, sino que también priva al conviviente que lo realiza de CC-2018-846 4
la oportunidad de dedicarse al trabajo remunerado externo y de hacer así otro aporte en dinero a la comunidad. R. Serrano Geyls, Derecho de Familia de Puerto Rico y legislación comparada, 1ra ed., San Juan, Ed. Programa de Educación Jurídica Continua de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, 2002, Vol. II pág. 862. (Énfasis suplido).
Es decir, y parafraseando a la profesora Moreno
Flórez, -- quien desde la cátedra en la Universidad
Complutense de Madrid se ha dedicado a estudiar detenida
y cuidadosamente estos temas --, no es necesario que
ambos concubinos aporten dinero u otros bienes para
sufragar dichas cargas sino que, ya que ambos tienen la
obligación de sostener la vida familiar, deben cumplir
con “cualquier otro tipo de necesidades que surjan en el
seno de la familia siempre que se refieran a las personas
que la componen”. Moreno Flórez, supra, págs. 236-37
(citando la Sentencia del Tribunal Supremo de España de
14 de julio de 2011). Necesidades que consisten, entre
otras, de la alimentación, el vestido y la asistencia
médica.
En ese sentido, exigir lo contrario, entiéndase que
la aportación sea exclusivamente económica, para poder
concluir que se configuró una comunidad de bienes o, en
la alternativa, para permitir una adecuada compensación
a través de la figura del enriquecimiento injusto, -- a
todas luces --, desvirtúa los sacrificios que implican
encargarse de las labores domésticas. Ello es,
precisamente, lo que lamentablemente permite la mayoría
de esta Curia con la Sentencia que hoy emiten. CC-2018-846 5
Por último, conviene señalar aquí que, en cuanto a
una adecuada compensación, en la Opinión de Conformidad
que acompaña la Sentencia que hoy se dicta se expresa
que la señora González Rivera continuaba trabajando
mientras realizaba las labores diarias del hogar.26
Consecuentemente, se concluye que ésta no estableció un
Sobre el particular, en un escenario muy similar
al que hoy nos ocupa, la profesora Moreno Flórez, en el
artículo El trabajo para la casa en el régimen de
separación de bienes, ¿exclusivo, o compatible con una
actividad remunerada?, previamente citado, expresa que
-- para efectos del derecho a la compensación y la
determinación de su cuantía -- esa simultaneidad del
trabajo para la casa y del trabajo remunerado fuera del
hogar, “habrá sido, muy probablemente, en detrimento,
tanto de dedicación como de retribución, del trabajo
fuera del hogar, con la consiguiente pérdida de
oportunidades laborales y de ausencia de incremento de
su patrimonio”.27
En fin, y a modo de epílogo, una mayoría de
los jueces que componen este Tribunal entiende
que, por encontrarse el inmueble de la
Urbanización Mansiones Reales inscrito solo
26Surge del expediente que la señora González Rivera explicó que continuaba trabajando en sus negocios de lunes a viernes mientras realizaba las labores diarias del hogar. Véase, Apéndice de certiorari, pág. 2763.
27 Véase, Moreno Flórez, supra. pág. 272. CC-2018-846 6
a nombre del señor Robles Laracuente, y al haber sido
adquirido con su dinero, no puede concluirse que se
estableció una comunidad de bienes por pacto implícito
sobre el mismo. Consecuentemente, descartan todas las
labores y esfuerzos realizados por la señora González
Rivera, no solo mientras ambos residían en el
mencionado inmueble, sino también desde comienzos de
su relación con el señor Robles Laracuente. Véanse
págs. 32-34 de la Opinión de conformidad. Dicha
determinación, injusta por demás, no puede ser avalada
por el juez que suscribe.
Es pues, por todo lo anterior, que enérgicamente
disentimos del curso de acción seguido por esta Curia
en el día de hoy.
Ángel Colón Pérez Juez Asociado
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González Rivera v. Robles Laracuente, Counsel Stack Legal Research, https://law.counselstack.com/opinion/gonzalez-rivera-v-robles-laracuente-prsupreme-2019.