EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido Certiorari v. 2019 TSPR 113 Juan Gabriel Rivera Surita 202 DPR ____ Peticionario
Número del Caso: CC-2018-327
Fecha: 14 de junio de 2019
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Mayagüez – Utuado, Panel XI
Abogados de la parte peticionaria:
Lcdo. Ivándeluis Miranda Vélez Lcdo. Harry N. Padilla Martínez
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Isaías Sánchez Báez Procurador General
Materia: Derecho Procesal Penal – Determinación de cuándo se activan los cinco (5) días para presentar la moción de supresión de evidencia. Interpretación de la frase “antes del juicio” de la Regla 234 de Procedimiento Criminal.
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Recurrido
v. CC-2018-327 Certiorari
Juan Gabriel Rivera Surita
Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo
San Juan, Puerto Rico, a 14 de junio de 2019.
En esta ocasión tenemos la oportunidad de
interpretar si la frase “antes del juicio” que
dispone la Regla 234 de Procedimiento Criminal
(Regla 234)1 para presentar una moción de supresión
de evidencia dentro del término de 5 días está
atada al primer señalamiento notificado por el
Tribunal de Primera Instancia. Contestamos en la
negativa.
Resolvemos que es oportuna la moción de
supresión de evidencia presentada por lo menos
5 días antes del señalamiento que, en efecto,
inicie el juicio.
________________________________ 1 34 LPRA Ap. II, R. 234. CC-2018-327 2
I
Contra el Sr. Juan Gabriel Rivera Surita
(peticionario) se presentaron varias denuncias por
infracciones a la Ley de Sustancias Controladas y la Ley
de Armas de 2000.2 Las denuncias tuvieron como base
3 órdenes de registro y allanamiento diligenciadas en
distintos lugares. Durante el diligenciamiento de las
órdenes se ocuparon armas de fuego, municiones, sustancias
controladas y su correspondiente parafernalia.
Luego de la celebración de la vista preliminar, el
foro de instancia, por primera vez, notificó el
señalamiento del juicio para el 10 de marzo de 2017.
Llegada esta fecha, se celebró una conferencia con
antelación al juicio porque el Ministerio Público no había
completado el descubrimiento de prueba ni había replicado
a la moción al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento
Criminal.3 Por ello, el tribunal de instancia señaló otra
conferencia con antelación al juicio para el 6 de abril
de 2017. Posterior a estas vistas, se celebraron
3 conferencias con antelación al juicio adicionales con el
fin de que las partes acreditaran que el descubrimiento de
prueba había concluido. En la última conferencia, el
tribunal de instancia señaló, por segunda ocasión, la
________________________________ 2 Las 38 denuncias estuvieron relacionadas con infracciones a los Arts. 401 y 412 de la Ley de Sustancias Controladas, según enmendada, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, 24 LPRA sec. 2401 y 2411b y los Arts. 5.06, 5.07, 5.10(b) y 6.01 de la Ley de Armas de 2000, Ley Núm. 404-2000, 25 LPRA secs. 458e, 458h, 458i, 459.
3 34 LPRA Ap. II, R. 64(p). CC-2018-327 3
fecha para el juicio, esta vez para el 11 de septiembre
de 2017. Así el trámite, 6 días antes del juicio, el 5 de
septiembre de 2017, la Defensa presentó una moción de
supresión de evidencia.4
Ahora bien, el día del juicio, el peticionario
solicitó al foro de instancia la resolución de unas
mociones pendientes, entre éstas, la solicitud de
supresión de evidencia. No obstante, el tribunal
recurrido, acogió el argumento del Ministerio Público
quien manifestó que la Defensa presentó de manera tardía
la moción de supresión de evidencia toda vez que tenía
hasta 5 días antes del primer señalamiento del juicio
pautado el 10 de marzo de 2017. De este modo, el foro de
instancia determinó que no hubo justa causa para la
presentación de la moción de supresión e indicó que
retrasaba el proceso.5 Sin embargo, debido a que el
Ministerio Público expuso que no estaba preparado para
comenzar el juicio, el tribunal de instancia nuevamente
señaló la celebración del juicio para los días 25 al 29 de
septiembre de 2017.6
________________________________ 4 Moción solicitando supresión de evidencia, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 129.
5 Surge de la Minuta/Resolución que, con relación a la moción de supresión de evidencia, el Ministerio Público planteó que ésta debió presentarse 5 días antes del primer señalamiento del juicio. Entretanto, el Sr. Juan Gabriel Rivera Surita (peticionario) expresó que la presentación de la moción en esa fecha se debió a que tuvieron que visitar varios lugares, ver unos vídeos y examinar la extensa prueba documental. Véase Minuta/Resolución del 11 de septiembre de 2017, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 179-181.
6 Íd. El Ministerio Público arguyó que le faltaban testigos y fotos. CC-2018-327 4
Oportunamente, el peticionario recurrió ante el
Tribunal de Apelaciones, pero ese foro determinó no
expedir el recurso de certiorari. Inconforme, el
peticionario acudió ante esta Curia mediante el recurso
que nos ocupa y, en síntesis, argumentó que los foros
inferiores erraron al denegar la moción de supresión de
evidencia, toda vez que: (1) el primer señalamiento se
suspendió porque el descubrimiento de prueba no había
concluido; (2) el peticionario solicitó la supresión de
evidencia 6 días antes de la fecha señalada para el inicio
del juicio y, además, se le exigió innecesariamente la
acreditación de justa causa, y finalmente (3) como el
Ministerio Público no estaba preparado, fijó un nuevo
señalamiento para el juicio, sin reconsiderar la
denegatoria de la solicitud de supresión de evidencia.
Entretanto, el Ministerio Público esbozó que las
Reglas de Procedimiento Criminal para garantizar el
derecho del acusado a un juicio rápido contienen unos
términos específicos y cortos. Afirma que, de una
evaluación de las reglas que regulan los términos de las
mociones que deben presentarse posterior al acto de
lectura de acusación, debe concluirse que la intención del
legislador se refiere a que la moción de supresión de
evidencia debe presentarse tan pronto hay un señalamiento
para el juicio. Es decir, 5 días antes del primer
señalamiento del juicio. Por ello, aduce que la
posposición del juicio no puede proveerle al acusado la CC-2018-327 5
oportunidad de revivir un ejercicio renunciado tácitamente
al no presentar la moción de supresión de evidencia en el
término que establece el ordenamiento procesal penal. En
su análisis, el Ministerio Público alegó que la Defensa
presentó la moción de supresión de evidencia 215 días
desde el acto de lectura de acusación y 179 días después
del primer señalamiento del juicio.
Expedido y perfeccionado el recurso, nos encontramos
en posición de resolver la cuestión planteada a este
Tribunal.
II
La Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados
Unidos y la Sec. 10, Art. II de nuestra Carta Magna
protegen el derecho del pueblo contra registros,
incautaciones y allanamientos irrazonables.7 De modo que la
________________________________ 7 Pueblo v. Nieves Vives, 188 DPR 1, 11-12 (2013). Específicamente la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, dispone que:
No se violará el derecho del pueblo a la seguridad de sus personas, hogares, documentos y pertenencias, contra registros y allanamientos irrazonables, y no se expedirá mandamiento, sino en virtud de causa probable, apoyado por juramento o promesa, y que describa en detalle el lugar que ha de ser allanado y las personas o cosas que han de ser detenidas o incautadas.
USCA, Enmd. IV.
Entretanto, la Sec. 10, Art. II de nuestra Carta Magna establece lo siguiente:
No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables.
. . . . . . . .
Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo particularmente el CC-2018-327 6
evidencia que el Estado obtenga en violación a estas
disposiciones será inadmisible en los tribunales. Hemos
señalado que esta protección tiene 3 objetivos:
“[(1)] disuadir a los funcionarios del orden público para
que no violen la Constitución, [(2)] proteger la
integridad de los tribunales al no permitir que en los
procesos judiciales se utilice evidencia obtenida
ilegalmente, y [(3)] evitar que el Estado se beneficie de
sus propios actos ilegales”.8 Ahora bien, es mediante el
mecanismo procesal que provee la Regla 234, supra, que el
agraviado puede reclamar la referida protección
constitucional. En esencia, para poder presentar una
moción de supresión de evidencia es necesario que existan
los fundamentos para invocarla, la inclusión de los hechos
específicos en los cuales se sostiene y presentarla
5 días antes del juicio porque, de lo contrario, tiene que
existir alguna de las excepciones que permite el
ordenamiento procesal penal.9
__________________________________ lugar a registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse.
Evidencia obtenida en violación de esta sección será inadmisible en los tribunales.
Art. II, Sec. 10, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 336.
8 Pueblo v. Nieves Vives, supra, pág. 23.
9 En lo pertinente, la Regla 234 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 234 (Regla 234), dispone lo siguiente:
La persona agraviada por un allanamiento o registro ilegal podrá solicitar del tribunal al cual se refiere la Regla 233 la supresión de cualquier evidencia obtenida en virtud de tal allanamiento o registro, o la devolución de CC-2018-327 7
La controversia que se encuentra ante nuestra
consideración requiere que, en primer lugar, interpretemos
la frase “antes del juicio” que dispone la Regla 234,
supra.10 Además, resulta necesario determinar cuándo se
activan los 5 días para presentar la moción de supresión
__________________________________ la propiedad, por cualquiera de los siguientes fundamentos: (a) Que la propiedad fue ilegalmente ocupada sin orden de allanamiento o registro.
(b) Que la orden de allanamiento o registro es insuficiente de su propia faz.
(c) Que la propiedad ocupada o la persona o sitio registrado no corresponde a la descripción hecha en la orden de allanamiento o registro.
(d) Que no había causa probable para creer en la existencia de los fundamentos en que se basó la orden de allanamiento o registro.
(e) Que la orden de allanamiento fue librada o cumplimentada ilegalmente.
(f) Que es insuficiente cualquier declaración jurada que sirvió de base a la expedición de la orden de allanamiento porque lo afirmado bajo juramento en la declaración es falso, total o parcialmente.
En la moción de supresión de evidencia se deberán exponer los hechos precisos o las razones específicas que sostengan el fundamento o los fundamentos en que se basa la misma. […]
[…]La moción se notificará al fiscal y se presentará cinco (5) días antes del juicio a menos que se demostrare la existencia de justa causa para no haberla presentado dentro de dicho término o que el acusado no le constaren los fundamentos para la supresión, o que la ilegalidad de la obtención de la evidencia surgiere de la prueba del fiscal.
32 LPRA Ap. II, R. 234.
10 Si bien es cierto que en el pasado hemos interpretado la frase “antes del juicio”, lo hemos hecho en el contexto de una causa de acción de desahucio. En esencia, y apoyados en decisiones de otras jurisdicciones, expresamos que “antes del juicio” significa “antes de la sumisión, y dice que un caso ha sido sometido después que la corte lo ha tomado para su resolución al terminar la prueba y los argumentos”. Argüelles v. Cosme, 44 DPR 169, 170 (1932). CC-2018-327 8
de evidencia. Para ello, inicialmente, examinaremos los
orígenes de la redacción de la regla procesal.
A. Los orígenes de la Regla 234 de Procedimiento Criminal
Es conocido que la Regla 234, supra, proviene de la
Regla 41(e) de Procedimiento Criminal Federal11 y de los
artículos 517, 518 y 518-A del Código de Enjuiciamiento
Criminal.12 En cuanto al momento para presentar la
solicitud de supresión de evidencia, el Art. 518-A(b) del
Código de Enjuiciamiento Criminal, supra, establecía lo
siguiente:
(a) […]
(b) La moción a estos fines deberá presentarse en cualquier momento en fecha anterior a la señalada para la vista del juicio, a menos que no se hubiere presentado una oportunidad para hacerlo antes de dicho momento o si el acusado no tuviere conocimiento de los fundamentos en que se basa la moción con anterioridad a dicho momento, y en todo caso la corte tendrá discreción para considerar una moción de esta naturaleza durante el juicio. (Énfasis nuestro). 13
Este articulado se añadió al Código de
Enjuiciamiento Criminal mediante la aprobación de la Ley
Núm. 91 de 22 de junio de 1957 y como resultado de nuestra
decisión en Pueblo v. Villariny, 71 DPR 741 (1950). Entre
las cuestiones que atendimos en aquella ocasión, y a pesar
del lenguaje de la regla (que, incluso, no contenía un
________________________________ 11 Véase Historial de la Regla 234, 32 LPRA Ap. II, R. 234.
1234 LPRA ant. secs. 1827, 1828 y 1828-A (derogadas). Véase Pueblo v. Dolce, 105 DPR 422, 425 (1976).
13 34 LPRA ant. sec. 1828-A(b) (derogada). CC-2018-327 9
término específico), reiteramos que la moción para
suprimir la prueba debía presentarse antes del juicio.14 Es
decir, previo a que la Legislatura añadiera el
Art. 518-A(b) del Código de Enjuiciamiento Criminal,
supra, este Tribunal había interpretado que la moción
debía presentarse antes del juicio en el cual se solicita
la supresión.15
Por otro lado, el término para presentar la moción
de supresión de evidencia surgió del Informe que en el
1958 la Comisión de Procedimiento Criminal de la
Conferencia Judicial de Puerto Rico (Comisión) presentó
ante este Tribunal para el Proyecto de las Reglas de
Procedimiento Criminal (Proyecto). Dentro de las
recomendaciones, la Comisión entendió prudente derogar,
entre otras disposiciones, los Arts. 517, 518, 518-A del
Código de Enjuiciamiento Criminal, supra.16
Al revisar la propuesta relacionada a la solicitud
de supresión de evidencia, la Comisión expresamente
dispuso que “[l]a moción se hará cinco días antes del
________________________________ 14 En Pueblo v. Nieves, 67 DPR 305, 307 (1947) ratificamos la norma de Pueblo v. Capriles, 58 DPR 548 (1941) concerniente a que “[l]a regla general es al efecto de que el procedimiento para impedir que evidencia ilegalmente obtenida sea presentada, es mediante moción radicada antes del juicio en la cual se solicite su supresión”.
15 Íd.
16 Las razones para tomar esa decisión se relacionaron a que las disposiciones de los artículos: (1) estaban cubiertas en las reglas propuestas; o (2) eran innecesarias o indeseables; o (3) que su contenido era de formularios, y finalmente (4) que estaban implícitamente derogadas por legislación anterior. Véase Texto del Informe rendido al Tribunal Supremo de Puerto Rico proponiendo las Reglas de Procedimiento Criminal para el Tribunal General de Justicia, noviembre de 1958, págs. 1-2. CC-2018-327 10
juicio”. (Énfasis nuestro).17 Así, el término se adoptó en
el Proyecto y, luego de varias modificaciones, finalmente
las Reglas de Procedimiento Criminal entraron en vigor en
1963.18 Desde entonces, hemos expresado que “la moción
sobre supresión de prueba debe instarse por lo menos cinco
días antes del juicio”. (Énfasis nuestro).19
Posteriormente, la Regla 234, supra, sufrió una
enmienda mediante la aprobación de la Ley Núm. 65 de 5 de
julio de 1988 para, entre otros asuntos, establecer el
requisito de especificidad del contenido de la moción de
supresión de evidencia y que ésta “se presentará cinco (5)
días antes del juicio …”. (Énfasis nuestro). Este
historial refleja que, desde el Informe de la Comisión
1958 hasta el presente, el lenguaje tanto del término como
del momento para presentar la moción no ha cambiado.
Asimismo, de la redacción de la Regla 234, supra, no surge ________________________________ 17 Íd., pág. 141.
18 Nótese que las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, establecen la trayectoria de aprobación de la siguiente manera:
Adoptadas por el Tribunal Supremo el 21 de enero de 1960. Desaprobadas por la Asamblea Legislativa mediante la Ley Núm. 76 de 13 de junio de 1960. Adoptadas por el Tribunal Supremo el 27 de diciembre de 1960. Desaprobadas por la Asamblea Legislativa mediante la Ley Núm. 127 de 27 junio de 1961. Adoptadas por el Tribunal Supremo el 7 de febrero de 1962. Desaprobadas por la Asamblea Legislativa mediante la Ley Núm. 86 de 21 de junio de 1962. Adoptadas por el Tribunal Supremo el 5 de febrero de 1963. Enmendadas por la Asamblea Legislativa mediante la Ley Núm. 87 de 26 junio de 1963. Entraron en vigor sesenta (60) días después de la terminación de la sesión, al no haber sido desaprobadas por la Legislatura, a tenor con el Art. V, Sec. 6 de la Constitución de Puerto Rico.
https://www.ramajudicial.pr/leyes/Reglas-de-Procedimiento- Criminal.pdf, esc. 1 (última visita 18 de enero de 2019).
19 Pueblo v. Rey Marrero, 109 DPR 739, 752 (1980). CC-2018-327 11
que la presentación de la moción de supresión de evidencia
esté sujeta a un señalamiento del juicio en particular.
Debido a las implicaciones que tiene la solicitud de
supresión de evidencia es que resulta necesario
interpretar el significado de “antes del juicio” y,
consecuentemente, descifrar cuál es el efecto del
señalamiento del juicio con relación al término de 5 días
que dispone la Regla 234, supra, para presentar la moción
para suprimir la prueba.
B. Hermenéutica del ordenamiento procesal penal
El derecho procesal penal se define como “aquella
área del derecho público constituida por el conjunto de
disposiciones estatutarias y decisiones jurisprudenciales,
cuyo propósito es regular el proceso mediante el cual el
Estado identifica, enjuicia y penaliza a la persona que ha
cometido un delito”.20 Entretanto, “[l]as Reglas de
Procedimiento Criminal son un cuerpo de normas cuyo
objetivo es regular el procedimiento mediante el cual la
ley penal sustantiva es aplicada en Puerto Rico”.21 De
manera paralela, el derecho procesal penal está
condicionado sustancialmente por las garantías
constitucionales tanto en la etapa investigativa como en
la adjudicativa.22
________________________________ 20 Pueblo en interés menores C.L.R. y A.V.L., 178 DPR 315, 326 (2010).
21 Informe de las Reglas de Procedimiento Criminal de 2018, Secretariado de Conferencia Judicial y Notarial del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 2018, pág. 2.
22 Íd.; E.L. Chiesa Aponte, Procedimiento criminal y la constitución: etapa investigativa, San Juan, Situm, Ed. 2017, Sec. 1.1, pág. 17. CC-2018-327 12
La protección constitucional contra registros,
incautaciones y allanamientos irrazonables que se invoca
mediante la Regla 234, supra, debe siempre intentar
armonizarse con la premisa de que las Reglas de
Procedimiento Criminal “[s]e interpretarán de modo que
aseguren la tramitación justa de todo procedimiento y
eviten dilaciones y gastos injustificados”.23 Dicho de
otro modo, el texto del ordenamiento procesal penal debe
interpretarse de manera integral, ajustando su alcance
mientras vigilamos que se cumplan con todas las garantías
constitucionales que en ellas se pretenden proteger.24
Cónsono con ese alcance pretendido, nuestro
ordenamiento jurídico establece que si la ley es clara,
libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser
menospreciada bajo el pretexto de cumplir con su
espíritu.25 En cuanto a las palabras de una norma
vinculante, y como regla general, éstas deben ser
entendidas en su más corriente y usual significación, sin
atender demasiado al rigor de las reglas gramaticales,
sino al uso general y popular de las voces.26 En asuntos de
lo penal, tema germano a la materia del procedimiento ________________________________ 23 34 LPRA Ap. II, R.1.
24 Pueblo v. Nieves Vives, supra, pág. 20; Pueblo v. Lebrón, 141 DPR 736, 746 (1996), opinión concurrente del Juez Asociado Señor Hernández Denton.
25Art. 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 14. Sobre este particular, este Foro ha expresado que esta disposición aplica “lo mismo a las leyes penales que civiles”. Meléndez v. Tribunal Superior, 90 DPR 656, 660 (1964).
26 Art. 15 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 15. CC-2018-327 13
criminal, la interpretación de las palabras y frases se
hará según el contexto y significado sancionado por el uso
común y corriente.27 Asimismo, las palabras y frases
técnicas se interpretarán según el significado y la
acepción que tengan admitidas por los peritos en la
profesión a la cual se refieran.28
Hay que tener presente, además, que al momento de
este Tribunal adoptar las reglas procesales para los
tribunales, nuestra obligación constitucional nos prohíbe
________________________________ 27 Art. 12 del Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5012. Es importante señalar que, a pesar de que ahora atendemos una regla procesal criminal, en Pueblo v. Sierra Rodríguez, 137 DPR 903 (1995), adoptamos los criterios que este Tribunal considerará al momento de interpretar una norma sustantiva de derecho penal. En esa oportunidad señalamos que:
[El Art. 12 del Código Penal] contiene los dos (2) criterios que serán aplicados en la interpretación judicial de los estatutos penales: la interpretación gramatical y la interpretación declarativa. La interpretación gramatical se refiere a que el juez habrá de examinar el significado gramatical de las palabras y la sintaxis de las oraciones en la ley. Si de este análisis surge una interpretación clara y aceptable, concluye la interpretación. Ahora bien, las palabras en un estatuto pueden tener un significado técnico o común. Cuando se trata de términos técnicos, éstos se deben interpretar dentro del contexto en que aparecen en la ley, a menos que el legislador haya establecido una definición en particular. De otra parte, si se trata de vocablos extrajurídicos que [pertenecen] al lenguaje común, entonces se les dará el significado que le concede el uso corriente. La interpretación declarativa, por su parte, es la que se hace en términos del resultado. Ésta es la interpretación en la cual el juez aplica la ley estableciendo una correspondencia exacta entre las palabras y el espíritu de la ley. Esta interpretación declarativa, a su vez, puede ser restrictiva o extensiva. La restrictiva consiste en limitarse a entender las palabras en su sentido por considerar que éstas son la única expresión de la voluntad del legislador. La extensiva ocurre cuando la letra de la ley no expresa claramente el contenido de la voluntad legislativa y, por lo tanto, se hace necesario interpretar la ley para determinar cuál es dicha voluntad. Para hacerlo, los informes que acompañaron al proyecto de ley y su historial legislativo resultan ser de gran utilidad. (Citas omitidas). Íd., págs. 907-908.
28 Art. 16 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 16. CC-2018-327 14
menoscabar, ampliar o modificar derechos sustantivos de
las partes.29 De igual modo, los jueces de los foros
inferiores, en el ejercicio de interpretar las Reglas de
Procedimiento Criminal no pueden menoscabar la protección
constitucional que se reclama mediante la solicitud de
supresión de evidencia ni por fiat judicial intercalar
“limitaciones y cualificaciones restrictivas de su alcance
que el Legislador no tuvo a bien imponer”.30 Es decir, si
el lenguaje del texto de un estatuto es claro e
inequívoco, “los tribunales no deben intercalar palabras
ni suplir omisiones al interpretarlo”.31 Esto responde a
que “[el] juez es un intérprete, y no un creador”.32
Al evaluar el trámite judicial, específicamente para
llevar a cabo el acto del juicio, es necesario que el foro
de instancia notifique el señalamiento. Por ello, antes de
continuar, examinaremos brevemente los conceptos
“señalamiento” y “juicio” dentro del contexto de nuestro
lenguaje jurídico. En primer lugar, se define señalamiento
como “la acción y efecto de señalar un pleito para
juicio”.33 Entretanto, señalar es “fijar, hora, día, mes y
________________________________ 29 Art. V, Sec. 6., Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 428.
30 Román v. Superintendente de la Policía, 93 DPR 685, 686 (1966).
31 Yiyi Motors, Inc. v. ELA, 177 DPR 230, 249 (2009) citando a Irizarry v. J & J Cons. Prods. Co., Inc., 150 DPR 155, 165 (2000).
32 Clínica Juliá v. Sec. De Hacienda, 76 DPR 509, 521 (1954).
33 I. Rivera García, Diccionario de términos jurídicos, 3ra ed., San Juan, Ed. Lexis Nexis, 2000, pág. 256. CC-2018-327 15
lugar para celebrar el juicio[…]”.34 Finalmente, juicio es
una “audiencia pública ante un juez debidamente
autorizado, en la cual las partes litigantes presentan sus
alegaciones y pruebas, luego de lo cual el juez decide”.35
De lo anterior podemos colegir que el “señalamiento del
juicio” es el acto y efecto de fijar hora, día, mes y
lugar para la celebración de un juicio.
Por otro lado, en otras jurisdicciones han
interpretado la frase “antes del juicio” particularmente
en el contexto de las mociones que deben presentarse antes
del juicio y, a estos efectos, han señalado que “la
expresión ‘antes del juicio’ en una regla que requiere que
una moción para suprimir se presente antes del juicio,
significa en algún momento previo al día del juicio”.
(Traducción nuestra).36 Lo importante es tener presente que
“una moción de supresión debe promoverse adecuadamente en
algún punto antes de la etapa del juicio.” (Traducción
nuestra).37 Claro está, lo anterior está supeditado a lo
que el estatuto del estado de la jurisdicción que se trate
disponga con relación al término para presentar la moción
de supresión de evidencia. Puede observarse, entonces, que ________________________________ 34Íd. 35 http://www.ramajudicial.pr/orientacion/glosario.pdf, pág. 70. (última visita, 30 de diciembre de 2018); I. Rivera García, op. cit., pág. 139.
36Folkens v. Hunt, 290 S.C. 194, 206 (S.C.App.,1986) citando State v. Hamilton, 628 S.W.2d 742 (Tenn.Cr.App.1981).
37W.R. LaFave, Search and Seizure: A treatise on the Fourth Amendment, 5ta ed., Minnesota, West Publishing Co., 2012, Vol. 6, Sec. 11.1(a). escolio 7, pág. 4 citando a State v. Hamilton, supra, en lo concerniente a que “‘prior to trial’ in rule means prior to day trial commences”. CC-2018-327 16
la importancia de la fecha del señalamiento, para efectos
de la presentación de la moción de supresión de evidencia
no se trata en sí del mero señalamiento del juicio que el
tribunal de instancia fije, sino del acto que tal
señalamiento anuncia o advierte. Esto, además de la
necesidad lógica de establecer una fecha cierta para el
inicio del juicio, obedece a que debe disiparse cualquier
asunto correspondiente a la etapa preliminar al juicio,
entre otros, el descubrimiento de prueba.
C. El descubrimiento de prueba vis a vis la solicitud de supresión de evidencia
Aunque reconocemos que en muchas ocasiones el
fundamento para presentar la moción de supresión de
evidencia nace antes de iniciarse el descubrimiento de
prueba,38 existen circunstancias en que precisamente la
razón o motivo para reclamar la protección constitucional
surge como resultado de la prueba descubierta. Esa es la
realidad que debemos considerar de nuestro derecho
procesal penal. Por ello, como último foro perito en la
interpretación del ordenamiento jurídico, debemos
reconocer la presencia de la lógica de las palabras, pero
también la lógica de la realidad.39 Como señaló el jurista
José Trías Monge:
________________________________ 38En Pueblo v. Rey Marrero, supra, págs. 750–751, aclaramos que esta regla aplica a las situaciones en las que se solicita la supresión de una confesión o testimonio y debe aplicarse a una moción de supresión de identificación del acusado.
39 Pueblo v. Tribunal Superior, 104 DPR 363, 366 (1975). CC-2018-327 17
Existe, sin embargo, no sólo la lógica de las palabras, a menudo estéril y despistante, sino también la lógica de la realidad, de destilación más trabajosa. Las palabras no habitan un universo propio, desvinculado del mundo que las genera y al que se refieren. El lenguaje es tan sólo inteligible en función de ese mundo. El lenguaje jurídico en especial deriva su significado de las realidades que lo forjan y alteran.40
En ese contexto, la pretensión del Estado de que la
expresión “antes del juico” limite el derecho sustantivo
del acusado a solicitar la supresión de evidencia
únicamente en lo que sería el primer señalamiento no se
ajusta a la lógica de la realidad. Esto cobra mayor
relevancia cuando, como en este caso, la suspensión del
primer señalamiento del juicio y las subsiguientes
conferencias con antelación al juicio celebradas fueron en
virtud de que el descubrimiento de prueba no había
concluido. Nótese que la Regla 95B(b) de Procedimiento
Criminal relacionada a las normas que rigen el
descubrimiento de prueba en el derecho procesal penal
establecen que esta etapa “debe completarse en un plazo no
mayor de diez (10) días antes del juicio”.41 Vemos que el
término de los 5 días que provee la Regla 234, supra, para
presentar la moción de supresión de evidencia está
sincronizado al hecho de que antes del inicio del juicio,
el descubrimiento de prueba debe haber finalizado. En ese
sentido, y basado en la pretensión del Estado, ¿cómo
________________________________ 40 Íd.
41 34 LPRA Ap. II, R. 95B(b). CC-2018-327 18
podría limitarse así el derecho constitucional del acusado
que le permite solicitar la supresión de cualquier asunto
que surja durante ese descubrimiento de prueba?
En consecuencia, tras adentrarnos en la frase “5
días antes del juicio”, y precisar el diseño y el norte de
la Regla 234, supra, que gobierna la moción de supresión
de evidencia, con el correspondiente balance de los
derechos constitucionales que están en juego, la
interpretación más justiciera requiere que sea una
restrictiva en cuanto a lo que desfavorece al acusado y
liberal en lo que le favorece. Recalcamos que, no solo el
derecho sustantivo penal, sino también las normas
procesales de lo criminal, en ocasiones, como en este
caso, están revestidas de garantías constitucionales.
III
Ciertamente, es incuestionable que el lenguaje en la
frase “antes del juicio” de la Regla 234, supra, “es tan
inequívoco que postula un solo significado, [por lo que]
un sentido cabal de humildad y autodisciplina judicial
requiere la aplicación de la voluntad legislativa”.42 Así
que, una vez el Tribunal de Primera Instancia notifica el
señalamiento del juicio, se activa el término de los
5 días para que la Defensa presente la moción de
supresión. El señalamiento solo activa el término. Por lo
tanto, es oportuna la moción de supresión de evidencia ________________________________ 42 Yiyi Motors, Inc. v. ELA, 177 DPR 230, 249 (2009) citando a Silva v. Adm. Sistemas de Retiro, 128 DPR 256, 269 (1991) y Clínica Juliá v. Sec. De Hacienda, supra, pág. 521. CC-2018-327 19
presentada por lo menos 5 días antes del señalamiento que,
en efecto, inicie el juicio.43 Las normas de hermenéutica
sobre uso más corriente y usual de las palabras y frases
no admitirían otra interpretación.
Como señalamos, al tener en cuenta los pormenores
que surgen en el trámite de un procedimiento penal, en
conjunto con el uso común y corriente de la frase “5 días
antes del juicio”, es restrictivo e ilógico interpretar
que ésta se refiera al primer señalamiento del juicio,
como si el derecho del acusado estuviese limitado al
consumo de un turno para pedir la supresión de evidencia.
Este asunto, incluso, no surge de la propia regla procesal
analizada. La redacción de la Regla 234, supra, es
categórica al señalar como única limitación el que la
moción de supresión de evidencia debe presentarse 5 días
antes de que en efecto inicie el juicio.
Además de aclarar la frase y el momento en que se
activa el término, es vital evaluar cómo los derechos de
las partes se afectan con la interpretación adoptada. El
tribunal de instancia resolvió que, en circunstancias como
las del caso de autos, la concesión de la solicitud de
supresión de evidencia dilataría los procedimientos.
Primero, los jueces de instancia tienen una obligación de
entronque constitucional de “adoptar las medidas
________________________________ 43De hecho, si la Defensa presenta la moción de supresión de evidencia en menos de los 5 días que dispone la Regla 234, supra, y el juicio se suspende para una fecha posterior, entonces la solicitud estaría en tiempo y el acusado no tendría siquiera que acreditar la justa causa para la dilación. CC-2018-327 20
necesarias para que los procesos se ventilen sin
dilaciones injustificadas […]”.44 Asimismo, reconocemos que
al Estado le asiste el derecho a que los juicios
criminales se ventilen con prontitud.45 Por otro lado, el
acusado tiene el derecho de reclamar la protección
constitucional contra registros, incautaciones y
allanamientos irrazonables, sujeto a que exista el
fundamento, sea específico y diligente en la petición. Aun
si consideráramos que fuera real la dilación, no es óbice
para que el foro de instancia no le reconozca al acusado
su derecho a intentar suprimir aquello que él entiende que
debe ser suprimido. Máxime si, como estamos resolviendo
aquí, el acusado presentó la solicitud de supresión de
evidencia dentro del término que establece la Regla 234,
supra. Por lo tanto, ante la garantía constitucional
involucrada y el cumplimiento con la Regla 234, supra, que
la regula, no podemos aceptar que una alegada dilación en
el proceso sea un fundamento válido para denegar el
reclamo del peticionario. Y es que, como señalamos, la
interpretación restrictiva por los foros a quo, no se
ajusta a la lógica de la realidad que persigue la Regla
234, supra.
Como mencionáramos, el caso que atendemos tuvo el
primer señalamiento para celebrar el juicio el 10 de marzo
________________________________ 44 Pueblo v. Rivera Tirado, 117 DPR 419, 447 (1986); véase, Regla 1, supra.
45Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 570 (2009); Pueblo v. Miró González, 133 DPR 813, 817 (1993). CC-2018-327 21
de 2017, pero se convirtió en una conferencia con
antelación al juicio. Posteriormente, el foro de instancia
celebró 3 conferencias adicionales y en la última de éstas
fijó el segundo señalamiento del juicio para el 11 de
septiembre de 2017. No hay duda de que el peticionario
reclamó oportunamente la supresión de evidencia al hacerlo
6 días antes del juicio, según fue notificado por el foro
de instancia. La presentación en tiempo de la solicitud de
supresión de evidencia no implicaba retraso alguno en el
proceso ni el peticionario tenía que acreditar la justa
causa para la dilación. Por lo tanto, el peticionario no
perdió el derecho de solicitar la supresión de la
evidencia porque no lo hizo 5 días antes del primer
señalamiento del juicio.
IV
Por los fundamentos antes expuestos, se revoca tanto
la denegatoria de expedición del Tribunal de Apelaciones
como el dictamen del Tribunal de Primera Instancia.
Consecuentemente, se devuelve el caso al Tribunal de
Primera Instancia para que atienda la moción de supresión
de evidencia conforme a lo aquí resuelto.
Se dictará sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se revoca tanto la denegatoria de expedición del Tribunal de Apelaciones como el dictamen del Tribunal de Primera Instancia. Consecuentemente, se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que atienda la moción de supresión de evidencia conforme a lo aquí resuelto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.
José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo