Dávila Nieves v. Meléndez Marín
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Opinion
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Lizbeth M. Dávila Nieves Peticionaria Certiorari
2013 TSPR 12 v. 187 DPR ____
Luis Orlando Meléndez Marín Recurrido
Número del Caso: CC-2011-534
Fecha: 6 de febrero de 2013
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Carolina
Abogada de la Parte Peticionaria:
Lcda. Rosa Ward Cid
Abogadas de la Parte Recurrida:
Lcda. Leticia Pabón Ortíz Lcda. Yamellis Marrero Figueroa
Materia: Derecho Apelativo – Revisión de la decisión del juzgador por haber mediado pasión, prejuicio o parcialidad en la apreciación de la prueba.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
v. CC-2011-534
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora FIOL MATTA
En San Juan, Puerto Rico, a 6 de febrero de 2013.
Una de las normas más conocidas en nuestro
ordenamiento jurídico es que los tribunales
apelativos no intervendremos con la apreciación de
la prueba, la adjudicación de credibilidad y las
determinaciones de hechos que realizan los
tribunales de instancia, a menos que se demuestre
que el juzgador actuó movido por pasión, prejuicio o
parcialidad o que incurrió en error manifiesto. Sin
embargo, nuestra jurisprudencia, aunque menciona
estos conceptos continuamente, se ha centrado en
precisar las características del error manifiesto.
Hoy tenemos ocasión de examinar la conducta y
expresiones de un juez de instancia, en el contexto CC-2011-534 2
de una causa de acción en daños por alegados actos de
violencia doméstica, para determinar si, en efecto,
evidencian pasión, prejuicio o parcialidad, dándole
contenido de una vez a estos conceptos.
I
El 23 de febrero de 2008, la señora Lizbeth M. Dávila
Nieves demandó a su excompañero Luis O. Meléndez Marín.
Reclamó por los daños y perjuicios sufridos como
consecuencia de supuestos actos de violencia doméstica por
parte del señor Meléndez Marín, que incluían un patrón
sostenido de maltrato físico y sicológico, así como actos
específicos de violencia.1 Asimismo, solicitó la
liquidación de la comunidad de bienes existente entre
ellos.
Según la demandante, en junio de 2001 comenzó una
relación sentimental con el señor Meléndez Marín. Durante
los primeros años de relación, la pareja convivió en la
residencia de la madre del demandado y, en verano de 2005,
empezaron a construir una residencia propia. En su
testimonio, la señora Dávila Nieves sostuvo que fue
víctima de un esquema de maltrato doméstico, que incluía
episodios de violencia verbal, física y sicológica. En
particular, testificó haber sido víctima de golpes y
amenazas de muerte provenientes de su excompañero. El 4 de
enero de 2008, la demandante solicitó una orden de
1 Por esta causa de acción solicitó una compensación de $200,000. CC-2011-534 3
protección, que eventualmente se convirtió en un dictamen
bajo la Ley Núm. 140 de Remedios Provisionales.2 Según la
orden, ambas partes estaban vedadas de comunicarse entre
sí. No obstante, la demandante alegó que el señor Meléndez
Marín continuó llamándola, reclamándole que le pagara su
participación en la casa que habían construido, pues la
señora Dávila Nieves la poseía exclusivamente.3
En la demanda que nos ocupa, la peticionaria detalló
los alegados incidentes de violencia doméstica que sufrió
mientras convivía con el demandado. Por su parte, el señor
Meléndez Marín negó las imputaciones. Expuso, en vez, que,
durante su relación consensual, “la demandante logró
convertirse en arquitecta, aprobó su reválida y que[,]
evidentemente[,] su autoestima no estaba lastimada ya que,
de hecho, fue talento utilizado por la campaña del
producto ALLI como ejemplo de una mujer de gran
autoestima”.4 El señor Meléndez Marín alegó, además, que
la demanda no era más que un intento de la señora Dávila
Nieves de generar un crédito a su favor para compensar, de
2 Ley Núm. 140 de 23 de julio de 1974, Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho, 32 L.P.R.A. secs. 2871-2877. 3 Cabe señalar que, en todo momento, la señora Dávila Nieves reconoció que debería pagar por ese concepto. 4 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice petición de certiorari, pág. 142. Para ello, el demandado acompañó un recorte de periódico con un anuncio de las pastillas de control de peso ALLI en el que la demandante figura como modelo. CC-2011-534 4
esa manera, lo que tenía que pagarle a él como resultado
de la liquidación de la comunidad de bienes entre ellos.
Antes de que comenzara el desfile de la prueba, el
juez superior Ismael Colón Pérez quiso, en sus palabras,
“entrevistar a las partes en mi oficina, por separado,
conjuntamente con mi secretaria”. Pidió, primeramente, que
pasara la demandante, pero antes hizo las siguientes
expresiones: “Dos personas que no se conocen y una agrede
a la otra, la agredida puede demandar. Aquí la señora
demandó y tiene que probar su causa de acción bajo el
[artículo] 1802. Es tan sencillo como eso”.5
Según la peticionaria, el juez les indicó que no
hablaría nada de los hechos del caso, sino que quería
aconsejar a las partes sobre las ventajas de una
negociación. Con ese entendido, ella accedió a la petición
del magistrado.6 Como consecuencia de lo anterior, se
decretó un receso en sala y las partes se reunieron
separadamente con el juez. Luego, las partes se reunieron
con sus respectivas representantes legales. De regreso a
sala, la abogada de la demandante expresó al Tribunal su
preocupación, pues su clienta salió llorando de la reunión
en cámara y le manifestó a su abogada que estaba muy
5 Exposición Narrativa de la Prueba, Apéndice petición de certiorari, pág. 53. Esta exposición narrativa fue presentada, sin objeción, por la parte demandante. 6 Petición de certiorari, pág. 4. CC-2011-534 5
preocupada, ya que “sentía que el juez no le creía”7 o que
“no le daría importancia a lo sucedido”.8 Tras un receso
en sala, el juez expresó:
Está bueno ya. El Tribunal hizo su gestión final. No fue fructífera[,] pues vamos a ver el juicio que es para lo que estamos aquí. Los jueces estamos para resolver controversias. Escuchar a las partes y hacer una determinación. …
El Tribunal, como último intento, habló en cámara, en presencia de la señora María López, secretaria de sala, tanto con la demandante como con el demandado. ¿Ok? A la demandante en ningún momento, y aquí está la señora López, para que acredite que este juez nunca le dijo a ella que no le cree. Si usted le dijo eso a su abogada no dice la verdad.
Demandante: No, yo nunca dije eso.
Juez: No, perdóneme. Eso fue lo que me dijo su
abogada.
Lcda. Ward: Queremos corregir el registro; que ella entiende, que ella sintió que […] usted no le creía, no que usted se lo hubiera dicho.
Juez: No, comoquiera es lo mismo. Yo no le he dicho en ningún momento, y aquí está la señora secretaria, yo en ningún momento he dicho eso, ¿ok? Al contrario, yo le di una sugerencia. No como magistrado únicamente, sino como padre, como padre.
Es una dama todavía que tiene un mundo por delante.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Lizbeth M. Dávila Nieves Peticionaria Certiorari
2013 TSPR 12 v. 187 DPR ____
Luis Orlando Meléndez Marín Recurrido
Número del Caso: CC-2011-534
Fecha: 6 de febrero de 2013
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Carolina
Abogada de la Parte Peticionaria:
Lcda. Rosa Ward Cid
Abogadas de la Parte Recurrida:
Lcda. Leticia Pabón Ortíz Lcda. Yamellis Marrero Figueroa
Materia: Derecho Apelativo – Revisión de la decisión del juzgador por haber mediado pasión, prejuicio o parcialidad en la apreciación de la prueba.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
v. CC-2011-534
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora FIOL MATTA
En San Juan, Puerto Rico, a 6 de febrero de 2013.
Una de las normas más conocidas en nuestro
ordenamiento jurídico es que los tribunales
apelativos no intervendremos con la apreciación de
la prueba, la adjudicación de credibilidad y las
determinaciones de hechos que realizan los
tribunales de instancia, a menos que se demuestre
que el juzgador actuó movido por pasión, prejuicio o
parcialidad o que incurrió en error manifiesto. Sin
embargo, nuestra jurisprudencia, aunque menciona
estos conceptos continuamente, se ha centrado en
precisar las características del error manifiesto.
Hoy tenemos ocasión de examinar la conducta y
expresiones de un juez de instancia, en el contexto CC-2011-534 2
de una causa de acción en daños por alegados actos de
violencia doméstica, para determinar si, en efecto,
evidencian pasión, prejuicio o parcialidad, dándole
contenido de una vez a estos conceptos.
I
El 23 de febrero de 2008, la señora Lizbeth M. Dávila
Nieves demandó a su excompañero Luis O. Meléndez Marín.
Reclamó por los daños y perjuicios sufridos como
consecuencia de supuestos actos de violencia doméstica por
parte del señor Meléndez Marín, que incluían un patrón
sostenido de maltrato físico y sicológico, así como actos
específicos de violencia.1 Asimismo, solicitó la
liquidación de la comunidad de bienes existente entre
ellos.
Según la demandante, en junio de 2001 comenzó una
relación sentimental con el señor Meléndez Marín. Durante
los primeros años de relación, la pareja convivió en la
residencia de la madre del demandado y, en verano de 2005,
empezaron a construir una residencia propia. En su
testimonio, la señora Dávila Nieves sostuvo que fue
víctima de un esquema de maltrato doméstico, que incluía
episodios de violencia verbal, física y sicológica. En
particular, testificó haber sido víctima de golpes y
amenazas de muerte provenientes de su excompañero. El 4 de
enero de 2008, la demandante solicitó una orden de
1 Por esta causa de acción solicitó una compensación de $200,000. CC-2011-534 3
protección, que eventualmente se convirtió en un dictamen
bajo la Ley Núm. 140 de Remedios Provisionales.2 Según la
orden, ambas partes estaban vedadas de comunicarse entre
sí. No obstante, la demandante alegó que el señor Meléndez
Marín continuó llamándola, reclamándole que le pagara su
participación en la casa que habían construido, pues la
señora Dávila Nieves la poseía exclusivamente.3
En la demanda que nos ocupa, la peticionaria detalló
los alegados incidentes de violencia doméstica que sufrió
mientras convivía con el demandado. Por su parte, el señor
Meléndez Marín negó las imputaciones. Expuso, en vez, que,
durante su relación consensual, “la demandante logró
convertirse en arquitecta, aprobó su reválida y que[,]
evidentemente[,] su autoestima no estaba lastimada ya que,
de hecho, fue talento utilizado por la campaña del
producto ALLI como ejemplo de una mujer de gran
autoestima”.4 El señor Meléndez Marín alegó, además, que
la demanda no era más que un intento de la señora Dávila
Nieves de generar un crédito a su favor para compensar, de
2 Ley Núm. 140 de 23 de julio de 1974, Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho, 32 L.P.R.A. secs. 2871-2877. 3 Cabe señalar que, en todo momento, la señora Dávila Nieves reconoció que debería pagar por ese concepto. 4 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice petición de certiorari, pág. 142. Para ello, el demandado acompañó un recorte de periódico con un anuncio de las pastillas de control de peso ALLI en el que la demandante figura como modelo. CC-2011-534 4
esa manera, lo que tenía que pagarle a él como resultado
de la liquidación de la comunidad de bienes entre ellos.
Antes de que comenzara el desfile de la prueba, el
juez superior Ismael Colón Pérez quiso, en sus palabras,
“entrevistar a las partes en mi oficina, por separado,
conjuntamente con mi secretaria”. Pidió, primeramente, que
pasara la demandante, pero antes hizo las siguientes
expresiones: “Dos personas que no se conocen y una agrede
a la otra, la agredida puede demandar. Aquí la señora
demandó y tiene que probar su causa de acción bajo el
[artículo] 1802. Es tan sencillo como eso”.5
Según la peticionaria, el juez les indicó que no
hablaría nada de los hechos del caso, sino que quería
aconsejar a las partes sobre las ventajas de una
negociación. Con ese entendido, ella accedió a la petición
del magistrado.6 Como consecuencia de lo anterior, se
decretó un receso en sala y las partes se reunieron
separadamente con el juez. Luego, las partes se reunieron
con sus respectivas representantes legales. De regreso a
sala, la abogada de la demandante expresó al Tribunal su
preocupación, pues su clienta salió llorando de la reunión
en cámara y le manifestó a su abogada que estaba muy
5 Exposición Narrativa de la Prueba, Apéndice petición de certiorari, pág. 53. Esta exposición narrativa fue presentada, sin objeción, por la parte demandante. 6 Petición de certiorari, pág. 4. CC-2011-534 5
preocupada, ya que “sentía que el juez no le creía”7 o que
“no le daría importancia a lo sucedido”.8 Tras un receso
en sala, el juez expresó:
Está bueno ya. El Tribunal hizo su gestión final. No fue fructífera[,] pues vamos a ver el juicio que es para lo que estamos aquí. Los jueces estamos para resolver controversias. Escuchar a las partes y hacer una determinación. …
El Tribunal, como último intento, habló en cámara, en presencia de la señora María López, secretaria de sala, tanto con la demandante como con el demandado. ¿Ok? A la demandante en ningún momento, y aquí está la señora López, para que acredite que este juez nunca le dijo a ella que no le cree. Si usted le dijo eso a su abogada no dice la verdad.
Demandante: No, yo nunca dije eso.
Juez: No, perdóneme. Eso fue lo que me dijo su
abogada.
Lcda. Ward: Queremos corregir el registro; que ella entiende, que ella sintió que […] usted no le creía, no que usted se lo hubiera dicho.
Juez: No, comoquiera es lo mismo. Yo no le he dicho en ningún momento, y aquí está la señora secretaria, yo en ningún momento he dicho eso, ¿ok? Al contrario, yo le di una sugerencia. No como magistrado únicamente, sino como padre, como padre.
Es una dama todavía que tiene un mundo por delante. Igualmente el señor Meléndez es un hombre joven que tiene un mundo por delante. Estas cosas sucedieron hace tres años y esto hay que echarlo al olvido. Uno no puede seguir viviendo con ese remordimiento en el corazón, no empece [sic] como uno se sienta. Sabemos lo que es el amor, amor de padre, amor de hijo, amor de
7 Exposición Narrativa de la Prueba, Apéndice petición de certiorari, pág. 54. 8 Petición de certiorari, pág. 4. CC-2011-534 6
esposo, amor de novio, amor de todo. Uno tiene que aprender a vivir y a aprender de las experiencias que uno ha tenido en la vida. Uno no puede vivir con esas cosas en el corazón porque no va a triunfar. Hay que tener la frente amplia, limpia para poder seguir hacia adelante…
Hay que aprender a echar las cosas al olvido.9
El desfile de la prueba comenzó después de este
intercambio. Por la parte demandante, testificaron la
peticionaria, su padre y el Dr. José Rodríguez Acosta.10 A
su vez, el demandado llamó como su único testigo a su
madre.
En su testimonio, la señora Dávila Nieves manifestó
que vivía en Estados Unidos debido al miedo que le tenía
al demandado, que era arquitecta, que fue pareja del señor
Meléndez Marín del 2001 al 2007 y que convivió con él los
últimos cuatro años. Según ella, “desde el principio hubo
eventos de maltrato verbal y se fueron acentuando hasta
que llegaron a eventos de maltrato físico”.11 Dentro de
ese patrón de maltrato, la demandante enfatizó tres
sucesos. En la primera ocasión, en casa de la madre del
demandado, él intentó meterle un cepillo por la vagina;
9 (Énfasis suplido) Exposición Narrativa de la Prueba, Apéndice petición de certiorari, págs. 54-55. 10 También se estipuló la declaración jurada de la señora Mayra Torres, amiga de la peticionaria. 11 Exposición Narrativa de la Prueba, Apéndice petición de certiorari, pág. 56. En particular, la peticionaria testificó que el demandado la insultaba con peyorativos como “pendeja”, “bruta” y “cabrona”. Id. CC-2011-534 7
ella se quejó y resistió, por lo que él la pateó en el
pecho, le dijo “bruta” y “cabrona”, tomó un cuchillo en
las manos y le dijo “este cuchillo está bueno para
matarte”.12 En la segunda ocasión, él no contestaba sus
llamadas telefónicas. Cuando finalmente lo consiguió y le
preguntó por qué no contestaba, el señor Meléndez Marín le
dijo que él hacía lo que le daba la gana. Esa noche la
pateó por la espalda mientras estaban acostados. La
peticionaria expresó que no le contó nada de lo sucedido a
su padre, pues no quería que éste se diera cuenta de que
el demandado era así con ella y tenía miedo de que su
esposo le hiciera daño a sus familiares.13 En la tercera
ocasión, tras criticar el desayuno que ella había
preparado, el demandado la siguió hasta el baño
insultándola, la agarró por la cara y la tiró contra la
pared. La peticionaria salió corriendo del baño y logró
llamar a su padre para que la fuera a recoger. El padre
llegó y le preguntó al demandado por qué estaba tan
agresivo. Según ella, el demandado le informó a su padre
que su hija era una bruta, que tenía que aprender y que de
alguna forma él le iba a enseñar.14 Testificó que ese día
12 Id. Según el testimonio, Dávila Nieves le contó sobre el incidente del cuchillo a dos amigos. 13 Id. págs. 57-58. 14 Id. CC-2011-534 8
fue a buscar una orden de protección, pero “otras
personas” le aconsejaron que no la pidiera.15
La peticionaria testificó que hubo unos cincuenta
episodios de violencia verbal, sicológica, física y sexual
en un periodo de dos años y medio aproximadamente. Dijo
que muchos de esos episodios incluyeron sostener
relaciones sexuales de manera forzada con el demandado y
varios intentos de éste de introducirle objetos, como el
control del televisor, por la vagina, en contra de su
voluntad. Además, la señora Dávila Nieves expuso que
comunicó estos hechos únicamente a la señora Mayra Torres,
una de sus mejores amigas y quien la acompañó finalmente a
solicitar una orden de protección, en enero de 2008; no
informó de ello a sus padres. Testificó también que le
tenía temor al demandado y que aún le tiene miedo. Según
ella, luego de la orden del tribunal en el proceso al
amparo de la Ley Núm. 140, el demandado la siguió llamando
a su celular para supuestamente llegar a un acuerdo sobre
el dinero que ella le tenía que dar por la casa. Aunque
ella accedía, pues reconocía la deuda, el demandado
también le decía que ella no se iba a quedar con la casa.
Por otro lado, narró que un día se encontraron y él le
dijo que le había venido bien la depresión por la que pasó
porque estaba más flaca y le pidió que volvieran, a lo que
ella se negó. Asimismo, testificó que, luego de la
15 Id. pág. 58. CC-2011-534 9
separación, sus padres se quedaban con ella, pues tenía
miedo a dormir sola, y que luego se mudó a Estados Unidos
para alejarse de la situación con su pareja.16
En respuesta a por qué se mantuvo viviendo con él a
pesar de los actos de violencia, la señora Dávila Nieves
testificó que pensaba que era una etapa pasajera y que él
iba a cambiar, hasta que solicitó ayuda sicológica y
siquiátrica.17 Señaló que intentó convencer a su pareja de
que buscaran ayuda en la iglesia o con un profesional de
la salud, pero él se negaba.18 Asimismo, indicó que el
comportamiento del demandado en presencia de terceras
personas “era diferente, amable, cariñoso[,] servicial [y]
respetuoso”.19 Sobre su estado actual, testificó que ahora
se siente más tranquila y más madura emocionalmente, pero,
a la vez, es más desconfiada con las personas. Además,
señaló que piensa que, si no habla, va a ser cómplice de
lo que él hizo y cree que las mujeres tienen que “darse a
respetar”.20
Antes de comenzar el turno de contrainterrogatorio,
el juez repitió que estaban ahí porque las partes no
16 Id. pág. 60. 17 Explicó que ella pensaba que su agresividad se debía a que el proceso de construcción del hogar matrimonial se había complicado y él estaba contrariado por ello, pero cambiaría una vez la casa estuviera lista. 18 Id. pág. 60. 19 Id. pág. 59. 20 Id. pág. 60. CC-2011-534 10
habían llegado a un acuerdo, a pesar de él haberles dado
tiempo suficiente. Durante el contrainterrogatorio, el
juez le preguntó a la señora Dávila Nieves si habían
estaciones de policía en el camino entre su casa y su
trabajo, y por qué no acudió a alguna de éstas para pedir
ayuda. La peticionaria contestó que no lo hizo porque
pensaba que el demandado cambiaría su conducta y por el
temor que le tenía, pero que habló con su supervisora y el
guardia de su trabajo para que no dejaran entrar a su
esposo si aparecía allí.21 A preguntas del magistrado y
del abogado del demandado, la señora Dávila Nieves expresó
que sólo le contó sobre los incidentes violentos con el
demandado a su amiga Mayra Torres y que nunca presentó una
querella ante la policía.
En cuanto a la alegación del demandado de que ella
había admitido “estar bien”, pues había participado en un
anuncio de los productos ALLI, la señora Dávila Nieves
testificó que se trató de un trabajo remunerado, que la
seleccionaron tras una audición y leyó un libreto de la
compañía. Es decir, que el haber expresado en el anuncio
que se “sentía bien” era producto de una contratación como
talento y no porque, en efecto, se sintiera así.
La parte demandante también llamó a testificar al Dr.
José Rodríguez Acosta, sicólogo clínico que atendió a la
señora Dávila Nieves y quien fue cualificado por el
21 Id. pág. 61. CC-2011-534 11
tribunal como perito en violencia doméstica. En su
testimonio, el perito expresó que entrevistó a la
peticionaria en seis ocasiones y le hizo varias pruebas
siguiendo un protocolo de evaluación para casos de
violencia doméstica.22 Según el perito, el resultado
combinado de todas estas pruebas permite determinar, con
suficiente certeza, si la paciente está mintiendo. En su
opinión pericial, tras entrevistar a la peticionaria,
concluyó que ella le estaba diciendo la verdad.23 En
cuanto a su evaluación clínica del estado de la señora
Dávila Nieves, el perito testificó que exhibía elementos
constitutivos de maltrato y sobre los efectos negativos
que ese maltrato tuvo sobre la peticionaria. Si bien
manifestó que la señora Dávila Nieves no sufrió trastornos
de personalidad, concluyó que era víctima de un patrón de
maltrato conyugal y abuso moral y que, en efecto, sufrió
daños. Específicamente, dijo que, aunque no sufrió una
depresión mayor, sí experimentó un trastorno depresivo y
temor persistente. Se admitió el informe del Dr. Rodríguez
Acosta como evidencia.24
22 El Dr. Rodríguez Acosta mencionó varias pruebas administradas, como la “MMP”, “MMPRF”, la escala de sicopatía “HAIR” y un cuestionario neurosicológico, entre otros. Id. pág. 68. 23 Id. pág. 69. 24 Id. págs. 69-70. CC-2011-534 12
Al ser contrainterrogado, el Dr. Rodríguez Acosta
indicó que entrevistó a la peticionaria únicamente. Aclaró
que el protocolo no requiere que se entreviste al alegado
agresor o a alguna otra persona, especialmente en casos
como ese en que se trata de una persona adulta con
capacidad plena, y que sólo se entrevista a otras personas
cuando es necesario. Según el perito: “No [se] entrevistó
a los familiares porque hay una administración de pruebas
de las que surgen datos que establecen que la persona no
está falsificando la información”.25 Por su parte, el juez
le preguntó al perito por qué la peticionaria simplemente
no dejaba al demandado o acudía a su padre, por qué
regresaba con él después de los sucesos violentos y
continuó la relación hasta enero de 2008. El perito
contestó que esta conducta tiene múltiples explicaciones,
entre otras, que hay mujeres que piensan que el hombre va
a cambiar y rehabilitarse.26 Añadió que, en este caso, la
decisión de la víctima también estuvo influenciada por sus
creencias religiosas.27 El juez comentó que ella pudo
haberse ido de la residencia o llamado a la policía.
25 Id. pág. 73. El testigo clarificó que no se trata de un detector de mentiras y que hay un margen de error en el protocolo, pero que se trata del proceso utilizado regularmente en esos casos. 26 Explicó que, dentro de la relación afectiva, la etapa de idealización de la pareja puede tardar muchos años en desaparecer. 27 Id. pág. 74. CC-2011-534 13
Incluso, expresó que “cuando uno tiene un problema lo que
tiene que hacer es resolverlo”.28 Asimismo, comentó que,
“según su experiencia, muchas mujeres que radican las
denuncias y luego las retiran, muchas veces es por razones
económicas, si el hombre es el único proveedor”.29 Según
la Exposición Narrativa, “[n]uevamente preguntó el juez
por [qué] si ella es una persona que se estaba preparando
académicamente qu[é] le motivara [sic] a ella quedarse en
esa relación y [por] qu[é] pasaron varios años antes de
que decidiera ir al tribunal”.30 También preguntó qué le
impedía a la demandante terminar la relación “si tenía al
padre al lado”31 y dado que “no estaban legalmente
casados”.32
La parte demandante llamó como testigo al señor
Moisés Dávila Monserrate, padre de la peticionaria. Éste
testificó que, en varias ocasiones, la veía llorosa y
triste, y le preguntaba qué le pasaba pero ella no le
decía nada. En una ocasión, presenció una discusión en la
que el señor Meléndez Marín le dijo a su hija “t[ú] eres
una bruta”. En otra ocasión, testificó que recibió una
llamada de su hija, quien sonaba asustada, solicitándole
28 (Énfasis suplido.) Id. pág. 73. 29 Id. 30 (Énfasis suplido.) Id. pág. 74. 31 (Énfasis suplido.) Id. 32 (Énfasis suplido.) Id. pág. 73. CC-2011-534 14
que la fuera a buscar inmediatamente. Al llegar a su casa,
el señor Dávila Monserrate la encontró llorando y “vio que
tenía la cara con dedos marcados”. Su hija le dijo que el
señor Meléndez Marín la había “agarrado por la cara”, pero
él decidió no intervenir porque “ese es un problema de
matrimonio y uno evita meterse en eso”.33 Posterior a
ello, él se quedaba a dormir en la casa de su hija para
estar pendiente de ella. Según él, “[e]lla siempre estaba
asustada, llegaba a la casa [y] se encerraba y tenía
miedo. En esa época la veía llorosa y asustada pero no
sabía [por qué]. Después de esa época, ella decidió irse a
Estados Unidos”.34
Por último, la parte demandante presentó a Mayra
Torres, amiga de la peticionaria. Su declaración jurada
fue estipulada, por lo cual no testificó.35 En la
declaración jurada, la señora Torres expone que, en varias
ocasiones, la peticionaria le informó de los diferentes
episodios de maltrato verbal, físico y sexual; que se
pasaba llorando por su relación; que ella le recomendaba
que la terminara, pero Dávila Nieves siempre justificaba
los malos tratos, y que fue ella quien la acompañó a
33 Id. págs. 74-75. 34 Id. pág. 75. 35 El juez expresó que entendía que era suficiente con el testimonio del padre, que presenció sucesos posteriores a los hechos alegados, y que la otra testigo no hablaba de los hechos, porque no había presenciado nada. CC-2011-534 15
buscar la orden de protección.36 Por su parte, el juez de
instancia expresó que la declaración jurada “no habla de
los hechos que la testigo hubiera presenciado”.37 Esto, a
pesar de haberle preguntado al perito por qué la
peticionaria no le contaba a nadie los alegados incidentes
de violencia doméstica.
Por la parte demandada, testificó la señora Elizabeth
Marín Arroyo, madre del señor Meléndez Marín. Según la
testigo, la relación entre las partes era “más o menos
normal, como una pareja” y, durante la época en que ellos
vivieron en su casa, nunca presenció actos de violencia
doméstica ni la demandante se quejó con ella. Según ella,
“[e]l trato de él hacia ella era de enamorado. La trataba
bien, le compraba y regalaba cosas”.38 El demandado no
testificó.
Tras el desfile de prueba, el juez de instancia
declaró sin lugar la demanda por daños y perjuicios.39 En
36 Id. págs. 78-79. 37 Id. pág. 78. 38 Id. pág. 80. Además, la testigo relató varios incidentes en los que le imputó a la peticionaria actuar de forma alterada e incluso la implicó en actividad delictiva. 39 En cuanto a la liquidación de la comunidad de bienes existente sobre la propiedad inmueble, el tribunal se basó en las estipulaciones contenidas en el Informe de Conferencia de Abogados, que identificaba el valor de la obra en $185,000 con un gravamen de $68,000. Por tanto, ordenó a la peticionaria pagar la mitad del sobrante de $117,000. CC-2011-534 16
su Sentencia, incluyó las siguientes determinaciones de
hechos:
(1) Que la demandante era estudiante mientras convivía con el demandado y que finalizó sus estudios como arquitecta; que posteriormente revalidó y que trabajaba en la actualidad;
(2) Que la demandante “no pudo establecer mediante prueba testifical, real o material, evidencia de los graves daños físicos, según alegados en la demanda”;
(3) Que la demandante “nunca había interpuesto ni interpuso una solicitud de orden de protección durante los años de convivencia, sino hasta enero del 2008, a pesar de no tener imposibilidad física alguna para ello. Según el propio testimonio de la demandante, tenía libertad de movimiento, trabajaba fuera del hogar, incluso durante su trayectoria vehicular para ir a la escuela u otro lugar, tenía varias estaciones de la Policía en el trayecto a donde podía acudir y nunca lo hizo”;
(4) Que luego de que el foro de instancia emitiera una orden bajo la Ley Núm. 140, la demandante “inició y tuvo comunicación directa con el demandado durante seis (6) meses hasta su salida de la jurisdicción de Puerto Rico, a pesar de habérsele prohibido tener contacto alguno el uno con el otro”;40
(5) Que la demandante “durante su testimonio en corte abierta manifestó estar más tranquila y con más madurez emocional”;
(6) Que el perito de la parte demandante únicamente entrevistó a la peticionaria y a más nadie, por lo que “toda su evaluación sobre las partes del caso surgió de la información brindada
40 No surge con claridad en qué se basa esta determinación de hecho. La única persona que testificó sobre este asunto fue la propia demandante y de la Exposición Narrativa surge que ella testificó que era el demandado quien iniciaba la comunicación. Igual ocurre con la Determinación de Hecho Núm. 12 en cuanto a que el perito sicólogo admitió que el informe pudo haber sido más completo si hubiera tenido declaraciones adicionales a las de la demandante. No encontramos nada en el expediente que valide esa determinación. CC-2011-534 17
exclusivamente por la demandante durante la entrevista con ésta”;
(7) Que las conclusiones del perito no indican que la peticionaria sufriera de depresión, trastornos de personalidad ni problemas de salud, ya que la persona que sufre depresión no está en posición de hilar sus pensamientos;
(8) Que el padre de la peticionaria no tiene conocimiento personal de las alegaciones;
(9) Que la señora Mayra Torres no tiene conocimiento personal de las alegaciones de la peticionaria y que la “versión anterior que la testigo recogió de la demandante no fue corroborada por el testimonio de la demandante”;
(10) Que la madre del demandado no presenció ningún acto de violencia doméstica mientras las partes vivían en su residencia y que los describió “como una pareja muy enamorada”;
(11) Que la demandante hizo un anuncio comercial en el que se identificó a sí misma como una mujer exitosa y que testificó que participó del mismo como talento pagado y no porque estaba de acuerdo con el contenido del mensaje.41
Además de estas determinaciones de hechos, la
Sentencia del Tribunal de Primera Instancia indica en
varias ocasiones que las alegaciones de la señora Dávila
Nieves no habían sido “corroboradas”.42 Como conclusión de
derecho, el tribunal sentenció que, “luego de aquilatados
los testimonios de los testigos y la prueba documental
presentados por la demandante, ésta no pudo establecer la
conexión entre cualquier daño que haya podido sufrir la
demandante y la relación consensual con el demandado. Los
41 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, págs. 3-5. 42 Véanse Determinaciones de Hechos Núms. 10, 15 y 16. CC-2011-534 18
testigos presentados manifestaron no tener conocimiento
personal de incidente alguno de maltrato entre las
partes”.43 Además, el foro de instancia expresó en su
sentencia que: “El hecho de que la demandante admitió
participar en una campaña publicitaria solamente a cambio
de dinero, y no porque no [sic] fue cierto su testimonio
sobre el producto, minó su credibilidad ante el
Tribunal”.44
En cuanto a los daños sufridos por la demandante, el
foro de instancia concluyó que “el perito, además, indicó
que la demandante es una persona de fortaleza y, de hecho,
del testimonio del perito y de la propia demandante surgió
que ella terminó sus estudios como arquitecta, revalidó y
está empleada en la ciudad de Chicago, Illinois”.45 Sobre
la alegación de la demandante de que debía aplicarse el
derecho establecido en Santiago v. Ríos Alonso,46 el
tribunal resolvió que “al caso de autos no le es de
aplicación dicha jurisprudencia por cuanto se diferencia
en que el caso citado fue resultado de una convicción
43 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, pág. 6. 44 (Énfasis suplido.) Id. 45 Id. 46 156 D.P.R. 181 (2002). En este caso se reconoció una causa de acción civil por daños provocados por incidentes de violencia doméstica. Se catalogaron éstos como daños continuados y se estableció que el último incidente de maltrato, cuando la víctima rompe con el ciclo y reconoce que ha sufrido un daño cierto, es el que activa la causa de acción. Id. pág. 195. CC-2011-534 19
penal por violación a la Ley 54, mientras que en la
situación de autos no hubo siquiera una denuncia
criminal”.47 El Tribunal concluyó que, “por no haberse
probado los hechos de violencia doméstica por
preponderancia de la prueba, no procede una compensación
en daños y perjuicios”.48
Inconforme con la determinación del foro primario, la
señora Dávila Nieves recurrió al Tribunal de Apelaciones.
Entre los diferentes señalamientos que hizo sobre la
sentencia recurrida, la demandante sostuvo que la
declaración jurada de la señora Mayra Torres debió
considerarse como una narración coetánea de los hechos,
que no debe exigirse –como aparentemente hizo el foro
primario- prueba de corroboración en casos de violencia
doméstica y que, no obstante lo anterior, en este caso
hubo tal corroboración. Su principal señalamiento fue
contra las determinaciones de hechos del foro primario.
Según la peticionaria, “[l]as determinaciones de hechos
del Tribunal no sólo no corresponden a la prueba
desfilada, sino que se amparan en los prejuicios y
preconcepciones tradicionales ya descartados por nuestro
estado de derecho para cuestionar e invalidar la
credibilidad de la prueba de la parte demandante, [aun]
47 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, pág. 7. 48 Id. págs. 7-8. CC-2011-534 20
cuando la prueba fue una no contradicha, consistente,
clara y coherente”.49
En su sentencia, el Tribunal de Apelaciones resolvió
que, dado que el foro primario no dio credibilidad al
testimonio de la demandante, a pesar de que ésta no fue
directamente impugnada ni contradicha y de que el
demandado no testificó, debían darle deferencia a su
conclusión de que no se demostró, mediante preponderancia
de la prueba, la causa de acción en daños y perjuicios.50
Inconforme, la señora Dávila Nieves recurrió ante este
Tribunal.
En su petición de certiorari, la señora Dávila Nieves
alega que la sentencia del Tribunal de Primera Instancia
equivale, en esencia, a no reconocer la existencia de una
causa de acción en daños y perjuicios por actos de
violencia doméstica si no está precedida por una
convicción en el ámbito penal. La peticionaria insiste en
que, por el contrario, nuestra jurisprudencia reconoce una
acción en daños y perjuicios por violencia doméstica
independientemente de que haya habido encausamiento o
convicción criminal. Señala, además, que la sentencia
aparenta resolver que el testimonio de la víctima sobre
los actos constitutivos de violencia doméstica requiere
corroboración, contrario a la doctrina reiterada de este
49 Apéndice Petición de certiorari, pág. 97. 50 De igual forma, confirmó la determinación del tribunal de instancia sobre la división de la propiedad inmueble. CC-2011-534 21
Tribunal. Finalmente, alega que el foro primario descartó
el testimonio pericial y el de la propia demandante “a
base de opiniones personales del magistrado”.51 En otras
palabras, que medió pasión, prejuicio o parcialidad.
Para ello, hizo énfasis en las expresiones del juez
de instancia antes de que comenzara el desfile de la
prueba de que “hay que aprender a echar las cosas al
olvido”. De igual forma, resumió detalladamente su
testimonio, recordando que no fue contradicho. Asimismo,
alegó que el juez determinó que el testimonio de la
demandante no era creíble, no porque fuera impugnado o
contradicho y tampoco como resultado de su observación de
la señora Dávila Nieves mientras estuvo en la silla
testifical, sino por el cúmulo de preconcepciones y
prejuicios sobre la violencia doméstica que demostró a lo
largo del juicio y que resultaron en pasión, prejuicio o
parcialidad.
En particular, la demandante señala la contradicción
en la que incurrió el foro primario al cuestionar, por un
lado, el que ella no hubiese pedido ayuda o contado a
alguien lo que le sucedía, mientras, por otro lado,
descartaba la declaración de la señora Torres sobre la
narración de los episodios de violencia porque ella no
tenía conocimiento personal de éstos. La señora Dávila
Nieves entiende que esta conclusión también pasa por alto
51 Petición de certiorari, pág. 2. CC-2011-534 22
el testimonio de su padre, quien expresó que vio la cara
marcada de su hija y escuchó al demandado insultarla.52
Por eso, aunque argumenta que no debe exigirse prueba de
corroboración como requisito de credibilidad, pues los
episodios de violencia doméstica típicamente se dan en el
contexto de la intimidad de la pareja, insiste en que, en
este caso, hay dicha corroboración por medio del
testimonio de su padre.
La peticionaria, además, cuestiona que el foro de
instancia le haya restado credibilidad a su testimonio
únicamente por haber participado en una campaña
publicitaria. Aduce que lo hizo como talento pagado y no
porque, en efecto, se “sintiese realizada” como aparecía
en el anuncio. La representación legal de la peticionaria
concluye:
Ciertamente, la percepción de la demandante luego de la conversación ex parte que sostuvo con el juez en cámara, a instancia de este, resultó ser correcta: este estaba en efecto parcializado antes de escuchar la prueba y había prejuzgado la causa a base de sus propios prejuicios y preconceptos en cuanto al asunto de la violencia doméstica y la posición de la víctima como demandante.53
52 En cuanto a la transformación de la Orden de Protección bajo la Ley Núm. 54 de Violencia Doméstica en una Resolución al amparo de la Ley Núm. 140, la representante legal de la demandante sostiene que accedió a ello porque la Resolución le prohibía al demandado acercarse a ella, que era lo que ésta interesaba. 53 Petición de certiorari, pág. 14. La peticionaria también cuestiona la conclusión del foro de instancia en cuanto al valor de la propiedad y una supuesta estipulación de que el pago a realizarse sería de CC-2011-534 23
El 21 de octubre de 2011, denegamos la petición de
certiorari. Oportunamente, la señora Dávila Nieves
solicitó reconsideración. Recalcó su convicción de que la
adjudicación de credibilidad que hizo el juez de instancia
responde a los prejuicios que han imperado en nuestra
sociedad contra las mujeres víctimas de maltrato y a su
criterio personal sobre cómo debió haber actuado la
demandante.54 La peticionaria reiteró que, aunque se le
exigió incorrectamente que corroborara su testimonio o
demostrara que informó a terceras personas sobre sus
experiencias, el foro de instancia descartó el testimonio
de las personas a quienes, en efecto, informó: su padre y
la señora Torres. Cuestionó que el tribunal se refiriera a
que ella logró terminar sus estudios y obtener un trabajo,
como si ello invalidara su reclamo de daños por violencia
doméstica. Según la peticionaria, “[n]o es necesario
terminar en un hospital o en la morgue, ni con una
condición mental incapacitante para establecer que en
efecto ha sido víctima de violencia doméstica”.55 Expuso
que el juez de instancia partió de una premisa
inarticulada de que no existe una causa de acción en estos
casos y que no se debe intervenir en los “asuntos de
solamente $40,000, en vez de $58,500, que es lo que corresponde a la mitad del valor neto de la propiedad. 54 Moción de reconsideración, pág. 2. 55 Id. pág. 4. CC-2011-534 24
pareja”. El 9 de diciembre de 2011, expedimos el auto de
certiorari. Ambas partes comparecieron con sus respectivos
alegatos.56
II
En el desempeño de su función constitucional de
resolver controversias, el Tribunal General de Justicia
está estructurado de forma que las funciones judiciales
estén distribuidas entre los diferentes foros que lo
componen. Se trata de una organización por niveles, en la
que los tribunales apelativos actúan, esencialmente, como
foros revisores. Nuestra tarea principal es examinar cómo
los tribunales inferiores aplican el derecho a los hechos
particulares de cada caso. El desempeño de esa función
revisora, tanto por el Tribunal de Apelaciones como por
este Tribunal Supremo, se basa en que el Tribunal de
Primera Instancia haya desarrollado un expediente completo
56 En su alegato, la peticionaria expresa que “[n]o sólo existe aún una aterradora ocurrencia de eventos de violencia doméstica, sino que lamentablemente subsisten aún muchos prejuicios y paradigmas equivocados que impiden, incluso para algunos tribunales, comprender las complejidades del fenómeno y sus consecuencias”. Alegato de la parte peticionaria, págs. 21-22. De igual forma, identifica varias jurisdicciones de los Estados Unidos en las que se ha reconocido una causa de acción en daños por violencia doméstica. Por su parte, el recurrido sostiene que la causa de acción de la demandante es meramente un subterfugio para conseguir un crédito en el pago de su parte de la propiedad de la pareja y que la Exposición Narrativa de la Prueba “no demuestra el más leve indicio de que el [Tribunal de Primera Instancia] actuó movido por pasión, prejuicio o parcialidad” sino, por el contrario, que el foro de instancia no dio credibilidad ni valor probatorio al testimonio de la demandante. Alegato de la parte recurrida, pág. 4. CC-2011-534 25
que incluya los hechos que haya determinado ciertos a
partir de la prueba que se le presentó. Es decir, nuestra
función de aplicar y pautar el derecho requiere saber
cuáles son los hechos, tarea que corresponde al foro de
instancia primeramente. Como tribunal apelativo, no
celebramos juicios plenarios, no presenciamos el
testimonio oral de los testigos, no dirimimos credibilidad
y no hacemos determinaciones de hechos. Esa es la función
de los tribunales de primera instancia. A partir de los
hechos, los tribunales de instancia precisan las
controversias, elaboran sus conclusiones de derecho y
resuelven el caso.
En nuestro ordenamiento, es norma básica que las
conclusiones de derecho son revisables en su totalidad por
el Tribunal de Apelaciones y, de ser el caso, por el
Tribunal Supremo. Tratándose de un sistema jerarquizado,
la interpretación del tribunal de mayor jerarquía
prevalece sobre la decisión del foro inferior. Pero esta
regla viene acompañada de otra norma judicial: los foros
superiores no intervendrán, como regla general, con las
determinaciones de los foros primarios sobre los hechos.57
Por el contrario y de ordinario, los tribunales apelativos
57 Véanse, por ejemplo: Rivera Menéndez v. Action Service Corp., 2012 T.S.P.R. 73, pág. 14; S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 D.P.R. 345, 356 (2009); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods, 175 D.P.R. 799, 811 (2009); Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 280, 291 (2001); Flores v. Soc. de Gananciales, 146 D.P.R. 45, 49 (1998); Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 D.P.R. 49, 62-63 (1991). CC-2011-534 26
aceptamos como correctas las determinaciones de hechos de
los tribunales de instancia, al igual que su apreciación
sobre la credibilidad de los testigos y el valor
probatorio de la prueba presentada en sala. Después de
todo, la tarea de adjudicar credibilidad y determinar lo
que realmente ocurrió depende en gran medida de la
exposición del juez o la jueza a la prueba presentada, lo
cual incluye, entre otros factores, ver el comportamiento
del testigo mientras ofrece su testimonio y escuchar su
voz. Por definición, un tribunal de instancia está en
mejor posición que un tribunal apelativo para llevar a
cabo esta importante tarea judicial.
Ahora bien, como toda regla, esta tiene una
excepción, pues, si se determina que en la actuación del
juzgador de los hechos medió pasión, prejuicio o
parcialidad, o que este incurrió en error manifiesto, los
tribunales apelativos podemos descartar sus
determinaciones de hechos.58 Como es de esperarse, son
pocos los casos en los que hemos concluido que, en efecto,
el foro de instancia incurrió en pasión, prejuicio,
parcialidad o error manifiesto. Incluso, observamos que,
aunque se haga referencia a todas las modalidades antes
dichas, lo que casi siempre hemos identificado en estos
casos es que el foro de instancia incurrió en error
58 Pueblo v. Millán Pacheco, 182 D.P.R. 595, 642 (2011). CC-2011-534 27
manifiesto.59 En esas ocasiones, hemos resuelto que
“aunque el arbitrio del juzgador de los hechos es
respetable y merece deferencia, no es absoluto y una
apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de
inmunidad frente a la función revisora de este
Tribunal”.60 Por eso, aunque alguna prueba sostenga las
determinaciones de hechos del tribunal, “si de un análisis
de la totalidad de la evidencia este Tribunal queda
convencido de que se cometió un error, como cuando las
conclusiones están en conflicto con el balance más
racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la
evidencia recibida, las consideraremos claramente
erróneas”.61 En el análisis de nuestra jurisprudencia es
notable que, a pesar de repetir consistentemente que los
tribunales apelativos no intervendremos con las
determinaciones de hechos de los foros primarios a no ser
que medie “pasión, prejuicio o parcialidad”, nunca hemos
explicado en qué consiste eso y cómo se identifica la
presencia de esa mácula en una determinación judicial. Los
hechos de este caso nos brindan esa oportunidad.
59 Véanse: Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 D.P.R. 717 (2007); Méndez v. Morales, 142 D.P.R. 26 (1996); Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8, 14 (1987); Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., 113 D.P.R. 357 (1982). 60 Méndez v. Morales, supra, pág. 36. 61 Id., citando a Abudo Servera v. A.T.P.R., 105 D.P.R. 728, 731 (1977). CC-2011-534 28
Veamos, primeramente, las diferentes opciones
procesales que tiene una parte cuando entiende que un juez
de instancia ha incurrido en pasión, prejuicio o
parcialidad. Como veremos, el instrumento procesal
apropiado dependerá de la gravedad de la situación, así
como de su origen. Dada la controversia ante nuestra
consideración, limitamos nuestro análisis a los casos de
naturaleza civil.
Quizás el mecanismo más utilizado cuando una parte
advierte que el foro de instancia incurre en pasión,
prejuicio o parcialidad es la moción de inhibición. Las
Reglas de Procedimiento Civil, específicamente la Regla
63, regulan este mecanismo con el propósito de
salvaguardar el derecho del litigante a un debido proceso
de ley.62 La Regla 63.1 dispone que un juez o jueza debe
inhibirse, ya sea a iniciativa propia o de una de las
partes, en cualquiera de las siguientes situaciones:
(a) Por tener prejuicio o parcialidad hacia cualquiera de las personas o los abogados o abogadas que intervengan en el pleito o por haber prejuzgado el caso; (b) Por tener interés personal o económico en el resultado del caso; (c) Por existir parentesco de consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con el (la) fiscal, procurador(a) de asuntos de familia, defensor(a) judicial, procurador(a) de menores o con cualquiera de las partes o de sus representantes legales en un procedimiento civil; (d) Por existir una relación de amistad de tal naturaleza entre el juez o jueza y cualquiera de
62 Martí Soler v. Gallardo Álvarez, 170 D.P.R. 1, 8 (2007). CC-2011-534 29
las partes, sus abogados o abogadas, testigos u otra persona involucrada en el pleito que pueda frustrar los fines de la justicia; (e) Por haber sido abogado(a) o asesor(a) de cualquiera de las partes o de sus abogados(as) en la materia en controversia, o fiscal en una investigación o procedimiento criminal en el que los hechos fueron los mismos presentes en el caso ante su consideración; (f) Por haber presidido el juicio del mismo caso en un tribunal inferior o por haber actuado como magistrado(a) a los fines de expedir una orden de arresto o citación para determinar causa probable en la vista preliminar de un procedimiento criminal; (g) Por intervenir en el procedimiento de una persona natural o jurídica que le haya facilitado o gestionado algún préstamo en el que no se hayan dispensado las garantías o condiciones usuales; (h) Cuando en calidad de funcionario(a) que desempeña un empleo público, haya participado como abogado(a), asesor(a) o testigo esencial del caso en controversia; (i) Cuando uno de los abogados o abogadas de las partes sea abogado(a) de los jueces o juezas que han de resolver la controversia ante su consideración o lo haya sido durante los últimos tres años, o (j) Por cualquier otra causa que pueda razonablemente arrojar dudas sobre su imparcialidad para adjudicar o que tienda a minar la confianza pública en el sistema de justicia.63
63 Regla 63.1 de Procedimiento Civil de 2009; 32 L.P.R.A. Ap. V. R. 63.1. Por otra parte, la Regla 63.2 establece el procedimiento específico para canalizar una moción de inhibición y su contenido. Si la parte no cumple con estas formalidades, el juez o la jueza podrá continuar con los procedimientos del caso. De entender que procede su inhibición, el juez o la jueza lo hará constar mediante resolución y el caso será asignado a otro juez o jueza. Si concluye lo contrario, referirá el asunto al juez administrador o jueza administradora para que designe un juez o jueza que resuelva la moción. Regla 63.2 de Procedimiento Civil de 2009; 32 L.P.R.A. Ap. V. R. 63.2. Toda solicitud de inhibición deberá ser juramentada. Martí Soler v. Gallardo Álvarez, supra. CC-2011-534 30
La Regla 63 de Procedimiento Civil se emplea,
principalmente, cuando se conocen de antemano los posibles
conflictos que podrían impedir que el juez o la jueza a
quien se ha asignado el caso resuelva la controversia de
manera imparcial. Muchas de las causas para solicitar la
recusación de un juez o jueza reconocidas en la Regla,
entre estas, las relaciones de consanguineidad o la
intervención previa en otra etapa del caso, surgen de
situaciones particulares entre el magistrado y una parte
que pueden suscitar algún tipo de preferencia o prejuicio
a favor o en contra de alguna de las partes involucradas
en el pleito. Además, la Regla 63.1 anticipa la
posibilidad de que el juez o jueza haya prejuzgado la
controversia, es decir, que sus visiones personales
controlen la adjudicación del caso, independientemente de
la evidencia que se le presente y del derecho aplicable.
Bajo la Regla 63, la recusación de un juez o jueza no
es una sanción disciplinaria, sino un mecanismo
profiláctico procesal para garantizar la pureza de la
tarea judicial.64 Sin embargo, un juez o jueza que actúa
con pasión, prejuicio o parcialidad puede incurrir también
64 Cabe destacar que el que haya una regla como la Regla 63 no otorga a las partes y sus abogados un cheque en blanco para presentar mociones infundadas o frívolas que laceren la imagen de los jueces y las juezas. Le corresponde a la representación legal de las respectivas partes utilizar este vehículo procesal únicamente en aquellos casos que verdaderamente lo ameriten. Véanse: In re Marchand Quintero, 151 D.P.R. 973 (2000); In re Criado Vázquez, 108 D.P.R. 642 (1979). CC-2011-534 31
en una violación a sus deberes éticos. Así lo reconoce el
Canon 20 de Ética Judicial al disponer que las juezas y
los jueces deben abstenerse de adjudicar, entre otros,
aquellos casos en los que tengan “prejuicio o parcialidad
hacia cualquiera de las personas, las abogadas o los
abogados que intervengan en el pleito o por haber
prejuzgado el caso”.65 La obligación de abstenerse de
intervenir en un caso en esas circunstancias responde al
deber ético de imparcialidad.66 Hemos resuelto que este
deber requiere a todos los integrantes de la judicatura,
no sólo una conducta efectivamente imparcial, “sino además
la exclusión de toda posible apariencia de parcialidad”.67
En ese sentido, el deber de desempeñar la función judicial
mediante una conducta imparcial es inherente a la misión
de impartir justicia.68 Cuando no sea posible adjudicar
con imparcialidad, es responsabilidad de todo juez o jueza
abstenerse o inhibirse. La violación del deber ético de
ser imparcial en el desempeño de la función judicial puede
acarrear sanciones disciplinarias.
Otra alternativa disponible para la parte que
entienda que en la actuación de un juez o jueza ha mediado
65 Canon 20 de Ética Judicial. Como puede observarse, el canon está redactado de manera muy parecida a la Regla 63.1 de Procedimiento Civil. 66 In re Grau Acosta, 172 D.P.R. 159 (2007). 67 Id. pág. 171. 68 Id. CC-2011-534 32
pasión, prejuicio o parcialidad es acudir a un foro
superior, como ocurrió en el caso de autos, aduciendo que
el tribunal de instancia erró al apreciar la prueba,
adjudicar credibilidad o determinar los hechos. Esta
alegación no debe hacerse ligeramente, pues “la grave
atribución de prejuicio o parcialidad a un juez, que
implica deslealtad a los principios fundamentales que
gobiernan su ministerio, debe ser cuidadosamente ponderada
frente a la grave responsabilidad de quien la formula
gratuitamente”.69 Al igual que en una moción bajo la Regla
63, quien señale que el juzgador actuó mediando pasión,
prejuicio o parcialidad debe sustentar sus alegaciones con
evidencia suficiente, pues éstas no deben convertirse en
un instrumento para ejercer presión contra el tribunal de
primera instancia.
El nivel de pasión, prejuicio o parcialidad que hace
falta demostrar para impugnar exitosamente las
determinaciones del foro primario sobre los hechos varía
de caso a caso, pero no es necesario probar una violación
al Canon 20 de Ética Judicial. Más bien, el estándar se
asemeja al de la Regla 63 de Procedimiento Civil pues, más
que una sanción disciplinaria contra el juez o la jueza,
lo que se pretende lograr es que la controversia ante la
consideración del poder judicial sea adjudicada con
imparcialidad. La diferencia estriba en que, distinto a
69 Pueblo v. Santiago Agricourt, 108 D.P.R. 612, 619 (1979) (Sentencia). CC-2011-534 33
cuando se invoca la Regla 63, la pasión, prejuicio o
parcialidad que puede dar base a la revocación de un
dictamen por un foro de mayor jerarquía no necesariamente
surge de situaciones conocidas antes del juicio ni de
algún conflicto individual y específico entre el
adjudicador y una de las partes, sus abogados o testigos,
sino que tiende a manifestarse durante el proceso mismo,
particularmente, durante el juicio en los méritos.
Precisamente, porque lo que se impugna es la adjudicación
de credibilidad y la determinación de los hechos, la
conducta, participación y expresiones del magistrado
durante el proceso judicial serán los elementos a tomarse
en consideración para evaluar si, en efecto, éste incurrió
en pasión, prejuicio o parcialidad.
Obviamente, pueden darse circunstancias durante un
juicio que den lugar a que se solicite la inhibición de un
juez o una jueza bajo la Regla 63. De igual forma, ante el
foro revisor, se puede alegar que el juez o la jueza de
instancia erró al hacer ciertos comentarios o al incurrir
en determinada conducta antes o después de la presentación
de la prueba, en la medida en que este proceder revela la
existencia de pasión, prejuicio y parcialidad en la
determinación de los hechos. Al fin y al cabo, se trata de
dos vehículos procesales que, si bien tienen objetivos
similares, están dirigidos a foros distintos. La Regla 63
de Procedimiento Civil está dirigida principalmente al CC-2011-534 34
Tribunal de Primera Instancia, mientras que la impugnación
de la apreciación de la prueba por pasión, prejuicio y
parcialidad está dirigida a los tribunales revisores. Lo
ideal es que, cuando se conozcan de antemano las razones
por las cuales un juez o una jueza no podrá adjudicar
imparcialmente una controversia, se utilicen los
mecanismos establecidos por la Regla 63. De igual forma,
cuando son la conducta y las expresiones del juez o la
jueza de instancia durante el pleito las que demuestran la
existencia de pasión, prejuicio o parcialidad, corresponde
a los tribunales apelativos, en su función revisora,
corregir la situación.
Lo que constituye pasión, prejuicio o parcialidad
dependerá de las circunstancias particulares de cada caso.
Si la conducta del juzgador de instancia demuestra que su
evaluación de la prueba y sus determinaciones de hechos
fueron producto de valores, creencias, opiniones y
concepciones personales ajenas al derecho, ello supone que
no adjudicó la controversia con la imparcialidad, la
objetividad y el desinterés que garantizan un proceso
justo. En síntesis, ante una alegación de pasión,
prejuicio o parcialidad, los foros apelativos debemos
evaluar si el juez o la jueza cumplió su función judicial
de adjudicar la controversia específica conforme a derecho
y de manera imparcial, pues sólo así podremos descansar
con seguridad en sus determinaciones de hechos. CC-2011-534 35
III
Este Tribunal utilizó la frase “pasión, prejuicio o
parcialidad”, tal y como la conocemos hoy, por primera
vez, en Roig v. Rodríguez, resuelto en 1910.70 Además, en
Lamas Méndez v. Betancourt,71 resuelto poco después de
Roig, el Tribunal se refirió a varios casos anteriores
que, si bien no utilizaron la frase “pasión, prejuicio o
parcialidad”, sirvieron como fundamento para justificar la
deferencia que los tribunales apelativos deben a las
determinaciones de los foros primarios.72 Pero los
primeros atisbos de la frase finalmente acuñada en Roig se
remontan a 1907, cuando, en Pueblo v. Díaz alias Leña
Verde, resolvimos que “[c]omo regla general puede decirse
que esta corte no revisará la decisión del jurado sobre
una cuestión de hecho, a no ser que la misma sea
70 16 D.P.R. 207, 212 (1910). 71 16 D.P.R. 280 (1910). 72 El caso más antiguo en esa lista es Román v. C.A. Americana de Ferrocarriles, 10 D.P.R. 53, 59 (1907). A su vez, en Torruella v. Vázquez, 16 D.P.R. 377 (1910), se citan los casos originales que justifican el uso de la frase “pasión, prejuicio o parcialidad”, añadiendo el propio caso de Lamas Méndez, supra, a esa lista. Finalmente, en El Pueblo v. Martínez, 16 D.P.R. 715 (1910), se utiliza la frase “pasión, prejuicio o parcialidad”, esta vez sin referirse a los casos mencionadas en Lamas Méndez. De esa forma comenzó el largo historial de la frase hasta nuestros días. Véase, además, Sucesión Iglesias v. Bolívar, 11 D.P.R. 441 (1906). Román y Sucesión Iglesias fueron los casos más citados en controversias sobre apreciación de la prueba y la deferencia debida a los tribunales de instancia. Véanse: Lowande v. García et al., 12 D.P.R. 304 (1907); Pagán v. Quiñones, et al., 13 D.P.R. 317 (1907). CC-2011-534 36
evidentemente errónea, o el resultado de parcialidad,
apasionamiento o prejuicios”.73
En realidad, la frase “parcialidad, apasionamiento o
prejuicios” es una traducción de la frase en inglés
“partiality, passion or prejudice”, utilizada por primera
vez en Pueblo v. Díaz alias Leña Verde por el Juez
Asociado MacLeary, uno de varios integrantes del Tribunal
que escribían en inglés.74 Se emplean las mismas palabras
que en Roig v. Rodríguez, pero en un orden distinto.75 Lo
mismo sucedió en otros casos de esa época redactados
originalmente en inglés.76 En otras palabras, la frase
“pasión, prejuicio o parcialidad” es la versión final de
la traducción al español de una frase en inglés que fue
utilizada de manera uniforme en las decisiones redactadas
originalmente en ese idioma. En aquella época también
resolvimos que el abuso de discreción que constituye
actuar mediando pasión, prejuicio o parcialidad debe
demostrarse “claramente”.77
73 (Énfasis suplido) 12 D.P.R. 144, 154 (1907). Esta frase también fue utilizada en El Pueblo v. Dumas, 14 D.P.R. 397, 406 (1908). 74 The People v. Díaz, alias Leña Verde, 12 P.R.R. 141, 151 (1907). 75 “Passion, prejudice or partiality”. Roig v. Rodríguez, 16 P.R.R. 198, 203 (1910). 76 Véase, por ejemplo, El Pueblo v. Cancel, 13 D.P.R. 178 (1907). 77 Auffant v. Serra et al., 14 D.P.R. 41, 58 (1908). CC-2011-534 37
El propio Juez MacLeary nos explica no sólo el origen
angloamericano de la frase bajo estudio sino que su empleo
en Puerto Rico no conllevó la importación de toda la
normativa y los significados atribuidos a la frase en su
lugar de origen. Así, en Pueblo v. Cancel, resuelto en
1907, recalca que, en vez de utilizar los criterios
desarrollados por el Tribunal Supremo de los Estados
Unidos, “nosotros no queremos basar nuestra decisión en
ese motivo, sino que preferimos seguir la regla sentada en
el caso de [Pueblo v. Díaz alias] Leña Verde”.78 No
obstante, debemos discutir brevemente el significado
corriente de esta frase en la tradición jurídica
estadounidense, en camino a nuestra propia definición.
De entrada, vemos un desfase importante: la frase
“pasión, prejuicio o parcialidad” en la tradición
norteamericana es empleada, principalmente, para la
revisión de partidas de daños otorgadas por jurados en
casos de responsabilidad civil.79 En particular, muchos
tribunales estadounidenses han concluido que puede
inferirse que medió pasión, prejuicio o parcialidad en la
decisión del jurado cuando la cuantía otorgada es
78 (Énfasis suplido.) 13 D.P.R. 178, 191 (1907). Véase The People v. Cancel, 13 P.R.R. 179, 191 (1907). 79 T. Kubes, “Partiality, Passion and Prejudice: The Necessity of Postveredict Judicial Review”, 7 U. Fla. J.L. & Pub. Pol’y 373 (1996). CC-2011-534 38
exageradamente alta.80 Pero los tribunales apelativos
estadounidenses han reconocido la dificultad que
representa intervenir con la apreciación de un jurado y,
por eso, han sido cuidadosos en la aplicación de este
estándar. Se trata, pues, de un criterio difícil de
aplicar y cuyo uso se ha limitado, principalmente, a la
revisión de la cuantía otorgada por concepto de daños.81
Evidentemente, nuestra situación es muy distinta y
nos permite adoptar un estándar mucho más elaborado y
útil, pues no está presente la posibilidad de chocar con
la institución del jurado en casos civiles. El Juez
MacLeary reconoció esta distinción y descartó, desde el
inicio, que se recurriera a la norma norteamericana para
darle forma al criterio adoptado. Se trata, pues, de un
estándar de configuración puertorriqueña, a pesar de que,
en su origen, fue importado.
En Puerto Rico, aunque el Tribunal adoptó el estándar
de pasión, prejuicio o parcialidad como límite a la
deferencia debida a los foros de instancia en su
apreciación de la prueba, en todos los casos citados se
confirmó la decisión del tribunal primario. Más aun, a
80 Id. pág. 374. Véanse, por ejemplo: Belknop v. Boston & M. R.R., 49 N.H. 358 (1870); Agee v. Nelson, 21 Ala. App. 545 (1926). Este análisis tiene su génesis en la tradición del derecho común inglés y de la era colonial norteamericana. Kubes, supra, pág. 380. 81 “Nevertheless, because of the difficulty of proving juror reasoning, passion and prejudice review was, in fact, review of the amount of award”. Honda Motor Co. v. Oberg, 512 U.S. 415, 425 (1994). CC-2011-534 39
través del tiempo, el Tribunal ha tendido a utilizar el
estándar de “error manifiesto” para descartar la
apreciación de la prueba hecha por el tribunal de
instancia.82
De igual forma, tan temprano como en 1909, resolvimos
que el estándar de pasión, prejuicio, parcialidad o error
manifiesto incluía también cualquier “otro motivo
semejante” que justificara descartar la apreciación de la
prueba, adjudicación de credibilidad y determinaciones de
hechos.83 La consecuencia ha sido mantener el criterio de
“pasión, prejuicio o parcialidad” en un estado de
indefinición, convirtiéndolo en una expresión sin
contenido preciso y, por lo tanto, de poca utilidad, a
pesar de su uso casi a diario en nuestro ordenamiento. La
Asamblea Legislativa tampoco ha precisado el significado
de la frase “pasión, prejuicio o parcialidad” y hay muy
poco comentario al respecto en nuestra doctrina. Ante tal
82 Véanse: Soc. de Gananciales v. Serrano, 145 D.P.R. 394 (1998); Pueblo v. Sanabria Pérez, 113 D.P.R. 694 (1983); Pueblo v. Espinet Pagán, 112 D.P.R. 531 (1982); Sanabria v. Sucn. González, 82 D.P.R. 885 (1982); García v. A.F.F., 103 D.P.R. 356 (1975); Pueblo v. Santos, 97 D.P.R. 193 (1969); Sierra, Comisionado del Trabajo v. Eastern Sugar Associates, 71 D.P.R. 888 (1950); Junta Administradora del Muelle Municipal de Ponce v. P.R. American Sugar Refinery, Inc., 70 D.P.R. 361 (1949); Pueblo v. Torres, 56 D.P.R. 605 (1940); Picón v. Central Cambalache, Inc., 48 D.P.R. 510 (1935); Swiggett v. Colmore et al., 30 D.P.R. 165 (1922); Rosado v. Ponce Railway and Light Company, 20 D.P.R. 564 (1914). 83 Cruz v. Hernández, 15 D.P.R. 189, 192 (1909). CC-2011-534 40
vacío y dado que ese estándar fue una criatura
jurisprudencial, debemos definirlo.
Comenzamos, lógicamente, con las definiciones
particulares adoptadas para las palabras “pasión”,
“prejuicio” y “parcialidad”. Según la Real Academia
Española, “pasión” se define como "perturbación o afecto
desordenado del ánimo; inclinación o preferencia muy vivas
de alguien a otra persona; apetito o afición vehemente a
algo”.84 En cuanto a “prejuicio”, éste se define como
“prejuzgar; opinión previa y tenaz, por lo general
desfavorable, acerca de algo que se conoce mal”.85 El
Diccionario de Términos Jurídicos lo define como “juzgar
las cosas antes del tiempo oportuno, o sin tener de ellas
conocimiento cabal”.86 Por último, la Real Academia define
“parcialidad” como “amistad, estrechez, familiaridad en el
trato; designio anticipado o prevención a favor o en
contra de alguien o algo, que da como resultado la falta
de neutralidad o insegura rectitud en el modo de juzgar o
de proceder”.87
84 Diccionario de la Real Academia Española, 22a ed. 85 Id. Por su parte, el Diccionario define “prejuzgar” como “juzgar de las cosas antes del tiempo oportuno, o sin tener de ellas cabal conocimiento”. Id. 86 I. Rivera García, Diccionario de Términos Jurídicos, 3ra ed. revisada, San Juan, Lexis-Nexis, 2000, pág. 206. 87 Diccionario de la Real Academia Española, 22a ed. Igual definición adopta Ignacio Rivera García en su Diccionario de Términos Jurídicos, op. cit., pág. 188. CC-2011-534 41
Aunque las definiciones que encontramos en los
diccionarios pueden servir de punto de partida en la
búsqueda de una definición jurídica, su utilidad es
bastante limitada. Las palabras, nos dice el Código Civil,
deben entenderse en su sentido usual.88 Sin embargo, puede
no ser tan usual su contexto y, por eso, muy particular su
sentido. En realidad, el contexto jurídico define las
palabras más allá de lo que diga el diccionario. Y en el
contexto jurídico lo que importa no es tanto el definir la
frase, sino asegurar su utilidad. Ya en Pueblo v.
Maldonado Dipiní señalamos que “el prejuicio o parcialidad
debe ser personal y no judicial. Prejuicio personal
significa una actitud extra-judicial en su origen”.89
Concluimos, entonces, que incurre en “pasión,
prejuicio o parcialidad” aquel juzgador que actúe movido
por inclinaciones personales de tal intensidad que adopta
posiciones, preferencias o rechazos con respecto a las
partes o sus causas que no admiten cuestionamiento, sin
importar la prueba recibida en sala e incluso antes de que
se someta prueba alguna.
88 Art. 15, Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 15. 89 Pueblo v. Maldonado Dipiní, 96 D.P.R. 897, 910 (1969). En este caso se determinó que el hecho de que un juez hubiese intervenido en casos anteriores contra el mismo acusado no demostraba que tuviera un prejuicio personal contra él que no le permitiera adjudicar de forma imparcial en un nuevo caso independiente. CC-2011-534 42
IV
Como integrantes de la Rama Judicial, estamos
comprometidos a contribuir a erradicar de nuestra sociedad
el problema de la violencia doméstica, que es, sin duda,
uno de los más graves problemas sociales en nuestro país.
La política pública vigente es de repudio enérgico a esa
conducta porque es contraria a los valores de paz,
dignidad y respeto que nuestro pueblo quiere mantener para
los individuos, las familias y la comunidad en general.90
Con la aprobación de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto
de 1989, se implantó una política pública que tiene el
importante efecto de destapar el nocivo proceso de
racionalización sobre la violencia doméstica que se
utiliza a menudo para justificar la agresión y que
contribuye a perpetuar este mal social.91 Como explica la
profesora Resumil, “[e]sta racionalización conduce a
excusar ese comportamiento criminal: (1) devaluando a la
víctima por considerar que ésta no posee valor alguno en
sí misma o por haber actuado en forma que hace que la
agresión sea merecida; (2) negando a la víctima,
convencido de que ésta no sufrirá o que es la agresión lo
que ésta realmente desea; (3) redefiniendo su conducta, no
como un acto criminal, sino como justiciero o retributivo,
y (4) considerando injusta la ley que prohíbe o exige la
90 Art. 1.2, Ley Núm. 54 de 1989, 8 L.P.R.A. sec. 601. 91 Véase id. CC-2011-534 43
conducta, por lo que se justifica su actuación”.92 En ese
sentido, “[c]ruzarnos de brazos y no alzar nuestras voces
para condenar enérgicamente la crasa ignorancia de muchos
equivaldría a convertirnos en cómplices de esta
intolerable situación”.93
No podemos olvidar que la violencia doméstica es “una
de las manifestaciones más críticas de los efectos de la
inequidad en las relaciones entre hombres y mujeres”.94
Desafortunadamente, la lucha por erradicar la violencia
doméstica choca con los prejuicios que aún existen en
nuestra sociedad y que se manifiestan en actitudes y
acciones como: considerar que la violencia doméstica es
algo trivial, pensar que se trata de un asunto privado al
seno de la pareja en el que la sociedad no debe intervenir
u opinar que las víctimas de violencia doméstica exageran.
Como miembros de la comunidad, los jueces y las juezas no
somos inmunes a estos prejuicios. No obstante, estamos
llamados a contribuir para a lograr los objetivos de la
política pública sobre la violencia doméstica y no a
obstaculizarla al incurrir en procesos de racionalización
que favorecen el tipo de conducta que se quiere erradicar.
92 O.E. Resumil Sanfilippo, “Criminología General”, 2da ed., San Juan, Ed. UPR, 1992, pág. 210, citada en Pueblo v. Rivera, 133 D.P.R. 444, 485 (Voto particular y de conformidad de la Jueza Asociada Naveira, 1993). 93 San Vicente v. Policía de P.R., 142 D.P.R. 1 (Sentencia, 1996); Opinión de Conformidad de la Jueza Asociada Naveira, id. pág. 8. 94 Art. 1.2, Ley Núm. 54 de 1989, 8 L.P.R.A. sec. 601. CC-2011-534 44
De otra manera, la víctima sería víctima doblemente, de su
agresor y del proceso judicial.
Venimos lidiando con este problema desde hace mucho
tiempo. En su Opinión de conformidad en San Vicente v.
Policía de P.R., resuelto mediante Sentencia en 1996, la
entonces Jueza Asociada Naveira expresó que “[a] pesar del
alto número de casos de violencia doméstica, y de ser éste
un problema que trasciende líneas raciales, económicas y
sociales, los fuertes patrones culturales, producto de
muchos años de un ordenamiento social que implícitamente
justificaba el que los hombres fueran violentos contra la
mujer, son responsables de que los delitos que se conciben
como graves y severos cuando se dan dentro del marco
general de la sociedad no se vean tan graves y serios
cuando se dan en el ámbito de la familia”.95 De igual
forma, la Jueza nos alertó: “Los organismos y funcionarios
responsables de proteger a las víctimas de agresión, como
son los funcionarios del Sistema Judicial y el personal de
apoyo del ejecutivo, incluyendo los jueces, fiscales y
miembros del Cuerpo de la Policía de Puerto Rico, no
estamos libres de actitudes contrarias a la política
pública sobre el problema de la violencia doméstica”.96 En
esta Opinión de conformidad, la Jueza Asociada Naveira
95 (Énfasis suplido.) San Vicente v. Policía de P.R. (Opinión de Conformidad de la Jueza Asociada Naveira), supra, pág. 13. 96 (Énfasis suplido.) Id. pág. 14. CC-2011-534 45
citó del “Primer Informe de Progreso sobre la Implantación
en Puerto Rico de la Ley para la Prevención e Intervención
con la Violencia Doméstica”, preparado por la Comisión de
Asuntos de la Mujer de la Oficina del Gobernador en 1991:
El factor que más ha afectado el progreso en la implantación de esta Ley ha sido el poco apoyo que ha recibido la misma desde las posiciones de liderato que ocupan las/los funcionarios de más alto nivel de las agencias del Sistema de Administración de la Justicia. Las actitudes y opiniones de los/las líderes del Sistema han contribuido a crear confusión interna entre los funcionarios públicos llamados a hacer cumplir esta Ley en su trabajo diario y entre la ciudadanía. Esta situación coloca en mayor riesgo a las víctimas reales y potenciales de la violencia doméstica ya que pueden continuar viendo al Sistema, en cierta medida, aliado del agresor y pueden sentirse disuadidas de utilizar los remedios que la Ley intentó poner a su alcance.97
Estas expresiones se hicieron hace casi dos décadas.
Desde entonces, la Rama Judicial se ha esforzado por
trabajar contra la violencia doméstica. Entre las medidas
tomadas por nuestra institución se encuentran: proveer
adiestramientos especializados a jueces y juezas, preparar
un Libro de Estrado sobre órdenes de protección en casos
de violencia doméstica, publicar un Protocolo de manejo de
caso de violencia doméstica, crear salas especializadas en
97 Id. pág. 15. Por último, la Jueza Asociada cita nuestras expresiones en Pueblo v. Esmurria Rosario, 117 D.P.R. 884, 893-894 (1986), a los efectos de que “[l]os jueces somos la última autoridad en el sistema judicial. Si no logramos manejar los casos de violencia, en este caso en específico contra la mujer, con el enfoque e interés judicial apropiados, corremos el peligro de hacer que estos crímenes sean considerados como algo trivial e insignificante”. Id. pág. 16. Véase también Pueblo v. Rodríguez Velázquez, 152 D.P.R. 192, 205 (2000). CC-2011-534 46
casos de violencia doméstica en diversas regiones
judiciales, brindar servicios de intercesoras y
representación legal a víctimas de violencia doméstica,
revisar los formularios relacionados con la Ley 54 y
establecer un sistema de órdenes de protección
automatizadas.98 Sin embargo, queda trabajo por hacer.
Nuestra sociedad lleva mucho tiempo luchando contra
la violencia doméstica y contra la resistencia de ciertos
sectores, incluyendo algunos miembros de la judicatura, a
reconocer la gravedad de dicho problema social. Por
ejemplo, en In re Elba Santiago Rodríguez, una jueza
incurrió en un “patrón de conducta constitutiva de
discrimen por género contra las víctimas de violencia
doméstica”,99 demostrado por sus comentarios y actos
parcializados cuando atendía controversias de esa
naturaleza, entre estos: no atender a una víctima porque
tenía en sus brazos a su hija pequeña; expresar que las
mujeres tomaban las solicitudes de órdenes de protección
“a relajo”; culpar a una denunciante de causar un
incidente de violencia doméstica por dedicarse a estudiar
y estar enferma; expresar en una vista que el caso era una
pérdida de tiempo; manifestar que no encontraría causa
98 Véase Rama Judicial de Puerto Rico, Programa Violencia Doméstica, http://www.ramajudicial.pr/DPJ/Programa- Violencia-Domestica.htm; Órdenes de protección, http://www.ramajudicial.pr/servicios/proteccion.htm. 99 160 D.P.R. 245, 249 (2003). CC-2011-534 47
probable “por un simple jalón de pelo”; llamar mentirosas
a las víctimas y acusarlas de inventar situaciones por
celos, y mencionar que le solicitaban órdenes de
protección para poder escaparse con otro hombre y “sacarse
a sus parejas de encima”.100 Resolvimos que esa conducta
revela la presencia de pasión, prejuicio y parcialidad en
su modalidad más extrema y configura una seria violación
al deber ético de todo juez o jueza de adjudicar
imparcialmente las controversias ante su consideración.101
No podemos permitir que interfieran con el quehacer
judicial los conceptos culturales y sociales que todo ser
humano posee y de los que, a veces, es difícil deshacerse.
Tampoco podemos tolerar que todavía hayan jueces y juezas,
por pocos que sean, que entiendan que el Estado no debe
intervenir en asuntos de violencia doméstica, salvo que se
trate de un caso extremo; que le recriminen a las mujeres
que deciden denunciar a su agresor el que no lo hayan
abandonado o sometido al rigor de un proceso policial,
demostrando que no comprenden adecuadamente el
comportamiento de las víctimas de violencia doméstica, o
que simplemente opten por no creerles. Cuando esto ocurre,
es peligroso sostener las determinaciones de hechos del
100 Id. En este caso, la jueza fue suspendida y renunció a su cargo. 101 Sin embargo, como hemos dicho, no toda manifestación de pasión, prejuicio o parcialidad al apreciar la prueba viola los Cánones de Ética Judicial. CC-2011-534 48
foro primario, pues la presencia de un adjudicador
imparcial es elemento fundamental del debido proceso de
ley.102
V
En el caso de autos, el tribunal de instancia no
evaluó la prueba ni determinó los hechos de manera
imparcial. Diversas manifestaciones del juez, desde las
que hizo antes del juicio hasta las que expresó en la
Sentencia, reflejaron que tenía una actitud formada
previamente en torno al caso.
Como norma general, no se puede inferir prejuicio ni
parcialidad por el solo hecho de que un juez del foro
primario se reúna en su despacho con las partes. No
obstante, los jueces han de tener presente que deben
evitar celebrar entrevistas privadas con las partes o sus
abogados.103 En este caso, la decisión del juez de reunirse
en cámara con las partes separadamente, sin la presencia
102 Véase Torres v. Junta Ingenieros, 161 D.P.R. 696 (2004). 103 El Canon 12 de Ética Judicial establece que: “Las juezas y los jueces no celebrarán entrevistas privadas con las partes o sus abogadas o abogados ni permitirán comunicaciones o argumentos de éstas o éstos que pretendan influir en su actuación judicial en asuntos de su competencia o bajo su consideración, cuando los otros intereses que puedan ser afectados no estén representados ante el tribunal, excepto en casos no contenciosos, en los que deberán actuar con suma cautela”. El comentario a este canon explica que se prohíben las reuniones ex parte, pero se permiten ciertas comunicaciones sobre aspectos procesales del caso. En las reuniones que los jueces celebren en el curso de los procedimientos, deben estar presentes todas las partes. CC-2011-534 49
de sus representantes legales, previo al desfile de la
prueba, fue poco prudente y desacertada.
Ya vimos que, al salir de la reunión, la señora
Dávila Nieves expresó con preocupación a su abogada que
tenía la impresión de que el juez no le creería o no le
daría importancia a lo sucedido. En segundo lugar, al
intentar aclarar en sala este suceso, las expresiones del
juez sembraron duda sobre su habilidad de adjudicar la
controversia de manera imparcial. Esas expresiones, antes
de la presentación de la prueba, permiten concluir que el
juez estaba parcializado contra la causa de acción de la
demandante. Es decir, éstas no necesariamente suponen un
ánimo adverso prejuzgado en cuanto a la credibilidad de la
señora Dávila Nieves, sino el convencimiento del juez de
instancia de que, aún si las alegaciones fueran ciertas,
éstas no ameritaban una acción por parte del tribunal. De
hecho, en varias ocasiones, el juez manifestó que estaban
ahí, viendo el caso, porque las partes no se pusieron de
acuerdo, a pesar de que él les dio oportunidad para ello.
En este punto, debemos recordar que, a pesar de que
la Ley Núm. 54 es, principalmente, un estatuto de
naturaleza criminal, nuestro ordenamiento ha reconocido
los efectos civiles de un acto de violencia doméstica. En
Santiago v. Ríos Alonso, dimos paso a una causa de acción
en daños y perjuicios por agresiones físicas y emocionales CC-2011-534 50
en el contexto de una relación de pareja.104 En dicho caso
resolvimos que “los actos de maltrato físico, emocional y
sicológico componen un cuadro de daños que, unidos, van
encadenándose para producir el efecto neto del maltrato y
así, en dicha circunstancia, el último daño acaecido forma
parte de ese ciclo de maltrato y genera la causa de acción
por ésta y por los actos de maltrato anteriores
componentes del referido patrón de violencia”.105 Por
tratarse de una causa de acción civil, que no requiere
prueba más allá de duda razonable, no hace falta una
convicción en la esfera penal para poder presentar una
demanda.
Pero, en el caso ante nuestra consideración, aún
antes del juicio, el juez advirtió que los sucesos en
controversia “sucedieron hace tres años”, que “hay que
echarlo al olvido” y que no “se puede seguir viviendo con
ese remordimiento en el corazón”, y todo esto lo sugería
“[n]o como magistrado únicamente, sino como padre”. Tal
parece que, según el magistrado, los actos de violencia
entre una pareja ocurridos en el pasado no son serios y
hay que echarlos al olvido. Evidentemente, esas
expresiones no responden al ejercicio de la función
judicial, sino a una opinión muy personal del juez.
Recordemos que estas expresiones se hicieron cuando el
104 156 D.P.R. 181 (2002). 105 (Énfasis en el original.) Id. pág. 192. CC-2011-534 51
desfile de la prueba no había siquiera comenzado. Así,
surge con claridad que el juez de instancia estaba
predispuesto a no favorecer la causa de acción de la
demandante.
Las expresiones del magistrado durante el juicio en
sus méritos también generan duda sobre su imparcialidad,
tanto respecto a la demandante como hacia su causa de
acción en general. Vimos que el juez de instancia le
cuestionó insistentemente al perito de la demandante la
razón por la cual ella no acudió a la policía a denunciar
a su agresor, por qué tardó tanto en terminar la relación
si era una persona preparada académicamente y que no
dependía económicamente de su pareja, pues “cuando uno
tiene un problema lo que tiene que hacer es resolverlo”, y
por qué no recurrió a su padre.106 Además, dio a entender
que la señora Dávila Nieves no tenía motivo para
permanecer en la relación con el demandado ya que no
estaban casados legalmente.107 En sus determinaciones de
106 Recuérdese que, según el testimonio del padre, él siempre apoyó a su hija, la acompañó cuando tenía miedo y la buscó cuando lo llamó, pero no se esforzaba por averiguar qué le pasaba cuando la veía triste ni intervino cuando fue testigo de una situación de violencia entre ella y su pareja porque pensaba que esos eran problemas matrimoniales con los que no tenía que meterse. 107 Uno de los retos que confronta la Rama Judicial es precisar cómo el fenómeno de la violencia doméstica afecta el quehacer judicial, particularmente cuando se adjudica una controversia sobre este tema. A esto responde, en parte, el que nuestra jurisprudencia haya permitido el uso de informes periciales sobre el síndrome de la mujer maltratada, pues resulta necesario poner al tribunal en CC-2011-534 52
hechos, el juez de instancia resalta lo que fueron sus
preguntas, sin incluir las explicaciones que ofreció el
perito.108 De lo anterior surge una aversión del juez de
instancia hacia las personas que alegan ser víctimas de
violencia doméstica o, por lo menos, su ignorancia en
cuanto a la conducta usual de las víctimas del ciclo de
violencia doméstica. Según dejó ver el magistrado, nada
justifica que las víctimas de violencia doméstica no
denuncien a su agresor y se salgan de la relación.
En realidad, las determinaciones de hechos del foro
de instancia no concuerdan con la prueba desfilada y
contienen contradicciones importantes. Por ejemplo, el
juez cuestionó el que la demandante no hubiera solicitado
ayuda ni le hubiera contado sus problemas a nadie. Sin
embargo, cuando la demandante produjo como testigo a su
amiga Mayra Torres, a quien le contó lo que le sucedía, el
magistrado descartó completamente el testimonio de ésta
condición de entender por qué las víctimas actúan de cierta manera. Entender el síndrome de la mujer maltratada nos permite comprender por qué una víctima de violencia doméstica no abandona a su victimario o por qué no solicita ayuda de sus familiares o de las autoridades. Lo anterior se suma a las cargas sociales y culturales ya mencionadas. Véanse: Pueblo v. González Román, 138 D.P.R. 691 (1995); Pueblo v. González Román, 129 D.P.R. 933 (1992). 108 Véanse las determinaciones de hechos núms. 3-15. De igual forma, el foro de instancia descartó el testimonio del perito de la demandante porque éste no había entrevistado al padre de la demandante y al demandado. No obstante, el perito explicó el protocolo para este tipo de casos y lo raro que es que se tenga que entrevistar a la pareja de la víctima. CC-2011-534 53
porque la amiga no tenía conocimiento personal de los
hechos.109 De igual forma, a pesar de que la demandante
testificó que el demandado se comunicó con ella después de
haberse dictado la Resolución bajo la Ley Núm. 140 y de
que el demandado nunca testificó en sentido contrario, el
tribunal determinó, como cuestión de hecho, que fue la
señora Dávila Nieves quien se comunicó con el demandado.110
De la Sentencia del tribunal de instancia no surge
con claridad si dicho foro no creyó en lo absoluto a la
señora Dávila Nieves, si concluyó que faltaba prueba de
corroboración o si estaba indispuesto a reconocer una
causa de acción por violencia doméstica sin una convicción
previa en la esfera criminal. No obstante, hay indicios de
que todos estos factores estuvieron presentes y que
responden a las concepciones personales del juez. El
magistrado no concluye que el testimonio de la señora
Dávila Nieves no le mereciera credibilidad. La única
expresión al respecto fue la referencia a la participación
de la demandante en un anuncio del producto ALLI. Sobre
ello indica que el que ella participara “en una campaña
publicitaria solamente a cambio de dinero y no porque no
[sic] fue cierto su testimonio sobre el producto, minó su
credibilidad ante el Tribunal”.111 Es decir, el tribunal
109 Véase la determinación de hecho núm. 16. 110 Véase la determinación de hecho núm. 5. 111 Véase nota núm. 27. CC-2011-534 54
concluyó que una persona que realiza anuncios a favor de
un producto porque le remuneran y no porque crea en las
bondades del mismo no merece credibilidad ante un tribunal
de justicia sobre un asunto totalmente desvinculado de la
publicidad comercial en la que trabajó. Tal conclusión no
puede prevalecer.
En varias ocasiones, el foro de instancia hizo
referencia a que las alegaciones de la demandante no
fueron corroboradas.112 De esa manera, revivió la norma que
declaramos inconstitucional en Comisión de la Mujer v.
Secretario, es decir, que se requiriera corroboración del
testimonio de una mujer en casos de violación.113 También
hizo caso omiso al principio de derecho que recoge la
Regla 110(d) de Evidencia de 2009, a saber, que la
evidencia directa de un testigo que merece entero crédito
es prueba suficiente de cualquier hecho.114 Una cosa es no
creer a un testigo; otra es exigir que una mujer víctima
de violencia doméstica tenga que traer testigos
adicionales que corroboren su versión antes de que el
112 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, pág. 6. 113 109 D.P.R. 115 (1980). 114 Regla 110(d) de Evidencia de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. VI. CC-2011-534 55
tribunal pueda hacer una determinación de hecho a su
favor. Nuestro ordenamiento prohíbe tal proceder. Aún así,
en este caso sí hubo un testigo adicional con conocimiento
personal de los hechos que expresó haber presenciado actos
de violencia, pues el padre de la demandante testificó que
en una ocasión fue a buscar a su hija a la casa y la
encontró con marcas en la cara y presenció los insultos
del demandado hacia ella. A pesar de ello, el juez
concluyó que los testigos manifestaron no tener
conocimiento de incidente de maltrato alguno.115
Ante la ausencia de una determinación expresa de
falta de credibilidad en cuanto al testimonio de la señora
Dávila Nieves, las expresiones incorrectas del juez de
instancia sobre la necesidad de corroboración y el hecho
ignorado en la Sentencia de que el padre, en efecto,
ofreció tal corroboración, revelan una resistencia del
juez de instancia a concluir que lo relatado por la
demandante amerita un remedio legal. Para el juez de
instancia, lo que le ocurrió a la demandante había que
echarlo al olvido. La impresión que tuvo la señora Dávila
Nieves al salir de la reunión en cámara, de que el juez no
le creería o no tomaría en serio sus alegaciones, fue
tristemente profética. No hay en la Sentencia una sola
115 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, pág. 6. CC-2011-534 56
determinación de hecho que recoja alguno de los eventos de
violencia relatados por la demandante, aunque sí hay
determinaciones relacionadas con el hecho de que la señora
Dávila Nieves ahora es más “madura” y que el testimonio de
la madre del demandado describía a la pareja como “bien
enamorada”.116
Los errores de derecho también pueden ser producto de
un ánimo prejuiciado. En ese sentido, no podemos pasar por
alto que el juez de instancia concluyó, como cuestión de
derecho, que nuestra decisión en Santiago v. Ríos Alonso
no aplicaba al caso de autos, porque se requería una
convicción por violencia doméstica en el ámbito penal. No
hay nada en esa decisión que sugiera siquiera que sea
necesaria una convicción como requisito o elemento a
considerarse para adjudicar una causa de acción por daños
y perjuicios como consecuencia de actos de violencia
doméstica. Es harto conocido que la ausencia de una
convicción en la esfera penal no es óbice para prevalecer
en una causa de acción en un procedimiento civil. La
diferencia en el estándar de la prueba requerida en ambos
procesos permite una absolución en el caso criminal pero
un fallo adverso en el pleito civil.
VI
Por todo lo anterior, resolvemos que, en este caso,
el juez de instancia incurrió en pasión, prejuicio y
116 Véanse las determinaciones de hechos 1, 2, 6 y 17. CC-2011-534 57
parcialidad al adjudicar la controversia entre la señora
Dávila Nieves y el señor Meléndez Marín. Las visiones
personales del juez sobre la violencia doméstica, en
particular sobre la conducta de las víctimas en esas
circunstancias, le impidieron actuar de manera imparcial y
desempeñar su función judicial adecuadamente. Por lo
tanto, su apreciación de la prueba y sus determinaciones
de hechos no son confiables. Como consecuencia, los
tribunales apelativos quedamos imposibilitados de revisar
adecuadamente la controversia jurídica presentada.
Ahora bien, el hecho de que un juez de instancia haya
incurrido en pasión, prejuicio o parcialidad no conlleva,
necesariamente, que la parte afectada deba prevalecer en
su causa de acción. A fin de cuentas, un juez puede estar
parcializado contra una parte que puede no tener razón. No
sabemos si las alegaciones de la señora Dávila Nieves son
ciertas. Lo que sabemos es que, en este caso, no podemos
descansar en la adjudicación hecha por el tribunal de
instancia. Por ello, corresponde devolver el caso a dicho
foro para que las partes tengan su día en corte ante otro
juez, uno imparcial y libre de toda pasión y prejuicio.
Una vez ocurra eso y se emita el dictamen correspondiente,
las partes determinarán si deben recurrir y los tribunales CC-2011-534 58
apelativos estaremos en posición de ejercer nuestra
función revisora.117
En virtud de lo anterior, revocamos la sentencia del
Tribunal de Apelaciones. Se devuelve el caso al Tribunal
de Primera Instancia y se ordena la celebración de un
nuevo juicio ante otro juez.
Se dictará sentencia de conformidad.
Liana Fiol Matta Jueza Asociada
117 En los tribunales estadounidenses, la celebración de un nuevo juicio es el remedio más utilizado cuando, en casos civiles, la determinación del jurado sobre la cantidad a otorgarse por daños es irrazonable. Si el juez de distrito se niega a conceder el nuevo juicio, el tribunal apelativo puede ordenarlo, basándose en que la cantidad no está sustentada por la prueba presentada. Véase E. Schnapper, “Judges against Juries – Appellate Review of Federal Jury Verdicts”, 1989 Wis. L. Rev. 237, 313-336 (1989). Recordemos que la idea de “pasión, prejuicio o parcialidad” que importamos de Estados Unidos se refería a la actuación del jurado, pero en Puerto Rico se adoptó para aplicarla a la actuación de los jueces y las juezas, y se ha desarrollado de manera diferente. Por eso, el remedio de nuevo juicio allá se refiere a que otro jurado evalúe la prueba y en Puerto Rico debe evaluarla otro juez o jueza. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Lizbeth M. Dávila Nieves Peticionaria Certiorari CC-2011-534 v.
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico a 6 de febrero de 2013.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente Sentencia, se revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia y se ordena la celebración de un nuevo juicio ante otro juez.
Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal. El Juez Asociado señor Rivera García concurre sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo
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2013 TSPR 12, Counsel Stack Legal Research, https://law.counselstack.com/opinion/davila-nieves-v-melendez-marin-prsupreme-2013.