EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carlos O. Cordero Jiménez Peticionario Certiorari
v. 2013 TSPR 25
188 DPR ____ Universidad de Puerto Rico Recurrida
Número del Caso: CC-2012-302
Fecha: 28 de febrero de 2013
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan, Panel I
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Frank M. González Acevedo
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Efraín Maceira Ortiz
Materia: Derecho Laboral – Ley Núm. 115-1991, conocida como Ley de Represalias; alcance de su aplicación a empleados públicos.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carlos O. Cordero Jiménez
Peticionario
v. CC-2012-302 Certiorari Universidad de Puerto Rico
Recurrida
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ
San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2013.
El presente recurso nos requiere analizar la
extensión de la aplicación de la Ley Núm. 115-
1991, conocida como Ley de Represalias, 29
L.P.R.A. sec. 194 et seq., según enmendada.
Debemos determinar si la Ley Núm. 115, supra,
aplica a todo el sector gubernamental sin
excepción, o si, por el contrario, existe alguna
distinción de acuerdo a la forma en que opere la
instrumentalidad. Específicamente, debemos
resolver si los empleados de la Universidad de
Puerto Rico están cubiertos por la Ley Núm. 115,
supra. CC-2012-302 2
I
El 23 de abril de 2008 el Sr. Carlos O. Cordero
Jiménez, quien se desempeñaba como profesor catedrático en
la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Humacao, radicó
una reclamación ante la Equal Employment Opportunity
Commission (E.E.O.C.).
En su querella, el profesor Cordero Jiménez sostuvo
que, luego de casi 28 años de laborar para su patrono, fue
discriminado por éste al asignarle menos cursos en
comparación con profesores de menor edad, menor preparación
y menor antigüedad. Arguyó que estuvo sujeto a una
supervisión más rigurosa, no se le asignaba la misma
cantidad de trabajo u horas créditos, entre otras acciones
adversas. Indicó que el motivo era su edad. Además, señaló
que había estado sujeto a un ambiente hostil por razón de
su edad. Como resultado de este patrón de eventos y estas
acciones, las cuales arguyó que vinieron ocurriendo desde
el 2007, radicó la querella ante la E.E.O.C. El profesor
Cordero Jiménez sostuvo que ha sufrido daños, incluyendo
sufrimientos físicos y emocionales, angustias mentales y
daños a su reputación.
Luego de este proceso ante la E.E.O.C., el 27 de
diciembre de 2010 el profesor Cordero Jiménez presentó una
querella en el Tribunal de Primera Instancia bajo el
procedimiento sumario dispuesto para reclamaciones
laborales por la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32
L.P.R.A. secs. 3118 et seq., según enmendada. La querella
contra la Universidad de Puerto Rico y su recinto de CC-2012-302 3
Humacao (en adelante la UPR), se presentó al amparo de la
Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, conocida como Ley
contra el discrimen en el empleo, 29 L.P.R.A. secs. 146 et
seq., según enmendada, y la Ley Núm. 115, supra.
El profesor Cordero Jiménez arguyó que debido a la
reclamación ante el foro administrativo, su patrono tomó
represalias contra él. Sostuvo, además, que estas
represalias le han causado daños y angustias mentales.
Asimismo, señaló que su crecimiento profesional y su
desempeño en los comités a los cuales pertenece se han
visto afectados.
El 11 de febrero de 2011 la UPR presentó una moción
ante el Tribunal de Primera Instancia en la cual solicitó
la desestimación parcial con perjuicio de las causas de
acción bajo la Ley Núm. 100, supra, y bajo la Ley Núm. 2,
supra. Fundamentó su petición en que estas leyes no aplican
a la UPR. En la mencionada fecha, la UPR también presentó
una moción en la cual solicitó que la querella presentada
por el profesor Cordero Jiménez fuera tramitada por el
procedimiento ordinario debido a la naturaleza de la
reclamación. La UPR sostuvo que necesitaba realizar un
descubrimiento de prueba más amplio. Por su parte, el
profesor Cordero Jiménez solicitó que se permitiera el
desistimiento sin perjuicio de la reclamación bajo la Ley
Núm. 100, supra. Así las cosas, el 15 de marzo de 2011 la
UPR presentó una moción en la cual se opuso a la
desestimación parcial y el desistimiento parcial sin CC-2012-302 4
perjuicio, y sostuvo su petición de que se desestimara con
perjuicio la causa de acción.
El 30 de marzo de 2011 el Tribunal de Primera
Instancia notificó una sentencia parcial mediante la cual
desestimó con perjuicio la causa de acción bajo la Ley Núm.
100, supra. Consecuentemente, quedaba pendiente la
reclamación sobre represalias bajo la Ley Núm. 115, supra.
El 23 de marzo de 2011 la UPR presentó una réplica en la
cual reiteró su solicitud de desestimación de la causa de
acción bajo la Ley Núm. 115, supra, y pidió que se ordenara
su archivo con perjuicio. La Hon. Gloria Pérez Maury
declaró ―no ha lugar‖ esta petición.
La UPR presentó una moción ante el Tribunal de Primera
Instancia en la cual solicitó que reconsiderara la
denegatoria de la solicitud de desestimación de la causa de
acción bajo la Ley Núm. 115, supra. Señaló que esta
legislación no aplica a la UPR. El foro primario declaró
―no ha lugar‖ esta reconsideración mediante una orden y
resolución notificada el 7 de noviembre de 2011.
Inconforme, el 1 de diciembre de 2011, la UPR presentó
un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones en
el cual solicitó la revisión de la orden del foro primario.
Señaló que erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar
la solicitud de desestimación bajo la Ley Núm. 115, supra.
Sostuvo que la UPR no es patrono bajo las disposiciones de
la Ley Núm. 115, por ésta ser una enmienda de la Ley Núm.
80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A.
secs. 185a et seq., conocida como Ley de Despido CC-2012-302 5
Injustificado. Por su parte, el profesor Cordero Jiménez
solicitó la desestimación del recurso presentado.
El 6 de febrero de 2012 el foro apelativo intermedio
emitió una sentencia en la cual revocó la resolución del
Tribunal de Primera Instancia. Expresó el Tribunal de
Apelaciones que para que la ley laboral aplique a una
instrumentalidad como la UPR, ésta tiene que operar como
negocio o empresa privada. Al no operar la UPR como una
empresa privada, concluyó el mencionado foro que no se
puede considerar patrono al amparo de la Ley Núm. 115,
supra. Además, sostuvo que, al ser la Ley Núm. 115 una
enmienda a la Ley Núm. 80, supra, la Ley Núm. 115 no aplica
a la UPR.
Inconforme con el dictamen, el 21 de febrero de 2012,
el profesor Cordero Jiménez presentó una moción en la que
solicitó la reconsideración de la sentencia dictada.
Expresó que la Ley Núm. 115, supra, define el término
patrono de manera clara y no excluyó a ningún sector de su
aplicabilidad. La UPR se opuso a esta reconsideración. El
Tribunal de Apelaciones dictó una resolución el 9 de marzo
de 2012, notificada el 13 de marzo de 2012, mediante la
cual declaró ―no ha lugar‖ la reconsideración presentada.
El 12 de abril de 2012 el profesor Cordero Jiménez
compareció ante este Tribunal mediante un recurso de
certiorari. En éste nos solicitó que revocáramos el
dictamen del foro apelativo intermedio. Señaló que erró el
Tribunal de Apelaciones al interpretar que la Ley Núm. 115, CC-2012-302 6
supra, no es extensiva a todo el sector gubernamental y,
por ende, que no aplica a la UPR.
El 25 de mayo de 2012 expedimos el auto de certiorari.
Contando con la comparecencia de las partes, procedemos a
resolver.
II
La controversia del caso de epígrafe requiere que nos
expresemos en torno a la aplicabilidad de la Ley Núm. 115,
supra, a los empleados de la UPR. La parte recurrida nos
invita a que confirmemos la determinación del Tribunal de
Apelaciones, mediante la cual el mencionado foro dictaminó
que la Ley Núm. 115, supra, no aplica a la UPR. Veamos.
A.
La Ley Núm. 115, supra, fue aprobada en 1991 con la
intención de proteger a los empleados contra las
represalias que puedan tomar los patronos en contra de
éstos, por ofrecer algún tipo de testimonio, expresión o
información, ya sea verbal o escrita, ante un foro
legislativo, administrativo o judicial en Puerto Rico. 29
L.P.R.A. sec. 194a. De la Exposición de Motivos surge que
la ley fue creada con el propósito de ratificar y confirmar
la política pública de alta estima a la protección de los
derechos de los trabajadores. En específico, el propósito
de esta legislación estuvo encaminado a establecer, como
política pública del Gobierno de Puerto Rico, ―la
protección de los empleos de los trabajadores, tanto de las
instrumentalidades del Estado Libre Asociado como del
sector privado, cuando comparecen ante la Legislatura o CC-2012-302 7
alguna de sus comisiones, y ante foros administrativos o
judiciales para colaborar con dichos foros‖. Exposición de
Motivos de la Ley Núm. 115, supra. Véanse también:
Feliciano Martes v. Sheraton, 182 D.P.R. 368, 392 (2011);
Ocasio v. Kelly Servs., 163 D.P.R. 653, 684 (2005).
El Art. 2 de la Ley Núm. 115, supra, dispone que
―[n]ingún patrono podrá despedir, amenazar, o discriminar
contra un empleado con relación a los términos,
condiciones, compensación, ubicación, beneficios o
privilegios del empleo porque el empleado ofrezca o intente
ofrecer, verbalmente o por escrito, cualquier testimonio,
expresión o información ante un foro legislativo,
administrativo o judicial de Puerto Rico, cuando dichas
expresiones no sean de carácter difamatorio ni constituyan
divulgación de información privilegiada establecida por
ley‖. 29 L.P.R.A. sec. 194(a). Si un patrono incurre en la
conducta prohibida por el articulado anterior, el empleado
podrá instar una acción civil en contra del patrono dentro
de tres (3) años de la fecha en que ocurrió la violación.
29 L.P.R.A. sec. 194(b). La ley provee un remedio de
indemnización para el empleado cuando su patrono incurre en
alguna de las prácticas vedadas por ella. Véase Cintrón v.
Ritz Carlton, 162 D.P.R. 32, 37 (2004). El empleado podrá
solicitar que se le compense por los daños reales sufridos,
las angustias mentales, la restitución en el empleo, los
salarios dejados de devengar, beneficios y el cobro de
honorarios de abogado. 29 L.P.R.A. sec. 194 a (b). Véase
Feliciano Martes v. Sheraton, supra, pág. 393. CC-2012-302 8
Además de establecer una ley general de represalias,
la Ley Núm. 115, supra, incluyó una enmienda al Art. 2 de
la Ley Núm. 80, 29 L.P.R.A. 185b, a los fines de establecer
que no se considerará justa causa para el despido la
colaboración o expresiones hechas por un empleado,
relacionada con el negocio de su patrono ante cualquier
foro administrativo, judicial o legislativo en Puerto Rico,
cuando dichas expresiones no sean de carácter difamatorio
ni constituyan divulgación de información privilegiada
según la ley. Esta enmienda a la Ley Núm. 80, supra,
eliminó el requisito de que los testimonios ofrecidos por
el empleado sean exclusivamente los vertidos en una
investigación.
En torno a la Ley Núm. 80, supra, en Adventist Health
System v. Mercado, 171 D.P.R. 255 (2007), este Tribunal
expresó que la mencionada ley aplica a la empresa privada.1
Esto, pues las disposiciones de la Ley Núm. 80, supra, no
fueron extendidas por el legislador a la esfera
gubernamental. Al explicar el motivo de ello, expresamos
que ―dichos empleados están debidamente protegidos por las
garantías que les concede el principio de mérito, al
extremo de que —en caso de un despido injustificado— éstos
tienen derecho a ser reinstalados en sus puestos‖.
Adventist Health v. Mercado, supra, pág. 264. De esta
manera, la distinción entre el empleo público y el empleo
1 Debido a que no era la cuestión que estaba ante la consideración de este Tribunal, como tampoco lo es en esta ocasión, no nos expresamos en cuanto a si la Ley Núm. 80, supra, aplica a las instrumentalidades del Gobierno que funcionan como negocio o empresa privada. CC-2012-302 9
privado es lo que explica la inaplicabilidad de la Ley Núm.
80, supra, en negocios públicos. Adventist Health v.
Mercado, supra, pág. 263.
En cuanto a la aplicabilidad de la Ley Núm. 115,
supra, al sector gubernamental, tuvimos oportunidad de
expresarnos en Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170
D.P.R. 149 (2007). En el mencionado caso, nos enfrentamos a
la interrogante acerca de la aplicabilidad de la Ley Núm.
115, supra, a los empleados municipales y al testimonio que
prestan éstos ante un foro administrativo municipal. En
aquella ocasión sostuvimos que, aunque la exposición de
motivos de la Ley Núm. 115, supra, expresa que la
protección incluye tanto al sector privado como a las
instrumentalidades del gobierno, la letra de la ley no
expone su extensión con tanta claridad. Sin embargo, luego
de realizar un análisis del historial legislativo,
siguiendo las normas de hermenéutica aplicables y bajo la
premisa que establece que cualquier duda en cuanto a los
estatutos laborales debe resolverse a favor del empleado,
sostuvimos que la protección de la Ley Núm. 115, supra, se
extiende a los empleados municipales.
B.
En materia de interpretación legislativa, cuando una
ley es clara y libre de toda ambigüedad, el texto es la
expresión por excelencia de la intención legislativa.
Véanse: Art. 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31
L.P.R.A. sec. 14; S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177
D.P.R. 345, 362 (2009); Alejandro Rivera v. E.L.A., 140 CC-2012-302 10
D.P.R. 538, 545 (1996); Román v. Superintendente de la
Policía, 93 D.P.R. 685, 688 (1966). Ahora bien, es sabido
que ―[l]as leyes hay que interpretarlas y aplicarlas en
comunión con el propósito social que las inspira, sin
desvincularlas de la realidad y del problema humano que
persiguen resolver‖. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et
al. II, 179 D.P.R. 923, 938-939 (2010); Col. Ing. Agrim.
P.R. v. A.A.A., 131 D.P.R. 735, 756 (1992). Asimismo,
cuando existe alguna ambigüedad en el texto de la ley, es
principio de hermenéutica considerar los propósitos
perseguidos por la Asamblea Legislativa para, de esta
manera, asegurar el resultado originalmente deseado. S.L.G.
Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra, pág. 362.
Con respecto a nuestras leyes laborales, hemos
establecido que éstas deben ser interpretadas liberalmente,
resolviendo toda duda a favor del obrero, para así cumplir
con sus propósitos eminentemente sociales y reparadores.
Jiménez, Hernández v. General Inst., Inc., 170 D.P.R. 14,
64 (2007); Irizarry v. J & J Cons. Prods. Co., Inc., 150
D.P.R. 155, 164 (2000); Muñoz Hernández v. Policía de P.R.,
134 D.P.R. 486, 496-497 (1993); C. Zeno Santiago y V. M.
Bermúdez, Tratado de Derecho del Trabajo, San Juan, Pubs.
JTS, T. I. 2003, pág. 94. Esto es debido a que la
legislación laboral local está orientada a garantizar la
mayor protección de los derechos laborales de los
trabajadores. Cintrón v. Ritz Carlton, supra, págs. 39-40.
En consecuencia, la exclusión de un empleado de los
beneficios de la legislación laboral debe ser clara y CC-2012-302 11
convincente. López Vega v. F. Vega Otero, Inc., 103 D.P.R.
175, 177 (1974).
III
En el caso de epígrafe, el Tribunal de Apelaciones
concluyó que un empleado de la UPR no podía instar una
acción bajo la Ley Núm. 115, supra, por ésta no aplicar a
la UPR. El fundamento principal de dicho dictamen fue que
la Ley Núm. 115, supra, era una enmienda a la Ley Núm. 80,
supra, por lo que no aplicaba a la UPR.
La Ley Núm. 115, supra, incluyó una enmienda a la Ley
Núm. 80, supra. Sin embargo, al examinar el tracto
legislativo que culminó con la aprobación de la Ley Núm.
115, supra, surge con claridad que el P. del S. 987 no fue
meramente un proyecto de ley para enmendar la Ley Núm. 80,
supra. Su exposición de motivos, su historial legislativo y
cinco (5) de sus seis (6) artículos conforman un estatuto
con personalidad propia. Véase Memorando de la Junta de
Relaciones del Trabajo de Puerto Rico de 30 de abril de
1991, sobre el P. del S. 987, pág. 3. Solamente uno de sus
artículos (el número 5), consiste en una enmienda al Art. 2
de la Ley Núm. 80, supra. Íd. La Ley Núm. 115, supra, creó
una causa de acción independiente a la provista por la Ley
Núm. 80, supra. Este tratamiento separado también surge de
su título, el cual señala lo siguiente:
Para disponer que todo empleado que fuere despedido, amenazado u objeto de discrimen en su cargo o empleo, por ofrecer testimonio ante un foro legislativo, administrativo o judicial, tenga una causa de acción en contra CC-2012-302 12
de su patrono; para disponer remedios; establecer penalidades; y para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada.
Por lo anterior, la inclusión en la Ley Núm. 115,
supra, de una enmienda a otra ley no circunscribe la
aplicación de la primera. El hecho de que el legislador
haya incluido en el P. del S. 987 una enmienda a la Ley
Núm. 80, supra, no hace que la ley en su totalidad sea
solamente aplicable a quienes les aplica la ley cuyo
artículo fue enmendado. Asimismo, la Ley Núm. 115, supra,
provee una definición para el término patrono, por lo que
no es necesario recurrir a otra legislación y la manera en
que se ha aplicado para reconocer el alcance claramente
expuesto en la Ley de Represalias.2
Además, las razones para no extender la protección de
la Ley Núm. 80, supra, a los empleados públicos no
justifica negarles la protección contra represalias que
creó la Ley Núm. 115, supra. La inaplicabilidad de la Ley
Núm. 80, supra, está fundamentada en que los empleados
públicos ya estaban debidamente protegidos del despido
injustificado mediante el principio de mérito. Por el
contrario, los empleados públicos no contaban con un
remedio contra las represalias similar al que fue incluido
mediante la Ley Núm. 115, supra, el cual estuvo dirigido a
salvaguardar los derechos de todos los trabajadores.
Precisamente, el propósito del legislador con la Ley Núm.
El Art. 1 de la Ley Núm. 115, supra, define el término 2
patrono como ―cualquier persona que tenga uno o más empleados‖. (29 L.P.R.A. sec. 194). CC-2012-302 13
115, supra, fue crear una ley general de represalias que
cubriera a todos los empleados. En conclusión, es
incorrecta la determinación hecha por el Tribunal de
Apelaciones acerca de que la Ley Núm. 115, supra, es una
enmienda a la Ley Núm. 80, supra, y no debe aplicar a la
UPR.
Examinado lo anterior, resta atender el argumento de
los recurridos referente a que no es aplicable la Ley Núm.
115, supra, a la UPR por ésta no funcionar como empresa
privada. Debemos determinar si la Ley Núm. 115, supra,
aplica a todos los empleados del Gobierno o si existe
alguna distinción en cuanto a la aplicabilidad de acuerdo a
la manera en que opera la agencia o instrumentalidad.
Tal como mencionamos, en Rivera Prudencio v. Mun. de
San Juan, supra, resolvimos que la Ley Núm. 115, supra,
aplica a los empleados municipales. Como es sabido, los
municipios son entidades jurídicas y políticas creadas por
la Asamblea Legislativa al amparo de la facultad concedida
por el Art. VI, Sec. 1 de la Constitución de Puerto Rico.
Art. VI, Sec. 1, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. Véanse:
Art. 2.001 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, Ley
de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, 21 L.P.R.A. sec. 4051 et seq.; First Bank de P.R. v.
Mun. de Aguadilla, 153 D.P.R. 198, 203 (2001); Rodríguez
Cruz v. Padilla Ayala, 125 D.P.R. 486, 510 (1990). A pesar
de que se les reconoce capacidad legal independiente y
separada de la del Estado Libre Asociado, los municipios CC-2012-302 14
son parte del Gobierno como un todo. Rodríguez Cruz v.
Padilla Ayala, supra. Siendo los municipios entidades del
gobierno, es forzoso concluir que la determinación acerca
de la aplicabilidad de la Ley Núm. 115, supra, a los
empleados municipales realizada en Rivera Prudencio v. Mun.
de San Juan, supra, es aplicable a los empleados del
Gobierno. A pesar de reconocer lo anterior, la postura de
los recurridos es que esta legislación no es aplicable a la
UPR por ésta no funcionar como empresa privada.
Para determinar la extensión del alcance de la
aplicación de la Ley Núm. 115, supra, al sector
gubernamental es menester examinar las definiciones que
brinda el estatuto. El Art. 1 de la mencionada ley ofrece
unas definiciones para los vocablos empleado, patrono y
persona. 29 L.P.R.A. sec. 194. Empleado es definido como
―cualquier persona que preste servicios a cambio de
salarios, o cualquier tipo de remuneración, mediante un
contrato oral, escrito, explícito o implícito‖. Íd. Por su
parte, patrono, según el articulado, es ―cualquier persona
que tenga uno o más empleados‖. Íd. Especifica su
definición que el término patrono incluye también a los
agentes del patrono. Íd. Por último, el vocablo persona es
definido como individuo, sociedad, corporación, asociación,
así como cualquier otra entidad jurídica. Íd.
Como se puede apreciar, las definiciones que brinda la
ley son de gran amplitud. La falta de precisión en las
definiciones podría dar ocasión a interpretaciones
disímiles. Véase Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, CC-2012-302 15
supra. Ante tal realidad, es menester recurrir a la
intención del legislador plasmada en el historial de la
ley. Esto pues, si existe alguna ambigüedad, en pos de
asegurar el cumplimiento de los propósitos legislativos, es
perseguidos por la Asamblea Legislativa para asegurar el
resultado originalmente querido. S.L.G. Rivera Carrasquillo
v. A.A.A., supra, págs. 362-363; Vázquez v. A.R.P.E., 128
D.P.R. 513, 523 (1991). La Exposición de Motivos de la ley
menciona que el propósito de su creación fue dejar clara la
sector privado. Véase 55 Diario de Sesiones de la Asamblea
Legislativa (Senado), Procedimientos y debates de la
Asamblea Legislativa, Senado, P. del S. 987, 24 de junio de
1991, pág. 1924. Sin embargo, en la búsqueda de la
intención legislativa no debemos limitarnos a la exposición
de motivos de la ley, sino que también es necesario
examinar el historial legislativo. S.L.G. Rivera
Carrasquillo v. A.A.A., supra, pág. 363.
Al examinar el historial legislativo de la Ley Núm.
115, supra, surge que el alcance de la medida era extenso.
El Diario de Sesiones muestra que el proyecto tenía como
primer propósito ampliar las definiciones de empleado,
patrono y persona para que se entendiera que la ley aplica
a todo empleado, patrono o persona sin distinción de
puesto, corporación o entidad. Véase 55 Diario de Sesiones
de la Asamblea Legislativa (Senado), Procedimientos y CC-2012-302 16
debates de la Asamblea Legislativa, Senado, P. del S. 987,
24 de junio de 1991, pág. 1926. Así lo expresó también la
Comisión de Trabajo, Asuntos de Veterano y Recursos
Humanos, al sostener que el proyecto iba dirigido a
proteger a cualquier empleado sin distinción de puesto o
empresa de manera que el mismo fuera de aplicación contra
todo tipo de patrono. ―La medida logra este propósito
ampliando las definiciones de ‗empleado‘, ‗patrono‘ y
‗persona‘‖. Informe de la Comisión de Trabajo, Asuntos de
Veterano y Recursos Humanos, 55 Diario de Sesiones de la
Asamblea Legislativa (Senado), Procedimientos y debates de
la Asamblea Legislativa, Senado, P. del S. 987, 24 de junio
de 1991, pág. 1927.
La Junta de Relaciones del Trabajo recomendó que se
incluyera en la definición de patrono a las
instrumentalidades del Estado, debido a que en la
Exposición de Motivos de la ley se expresa que la
legislación aplicará tanto al sector privado como a las
instrumentalidades del Estado Libre Asociado. Véase
Memorando de la Junta de Relaciones de Trabajo de Puerto
Rico de 30 de abril de 1991, pág. 1. Por su parte, el
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos expresó que,
dado que las definiciones de empleado y patrono que se
incluyeron en el proyecto de Ley no hacen exclusión alguna,
entendía que la ley especial aplicaría tanto al empleado
común como a los profesionales, administrativos y
ejecutivos. Véase Memorando del Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos de 18 de marzo de 1991, pág. 3. Además, CC-2012-302 17
concluyó que la aplicación era a todo tipo de empleado de
la empresa privada y del gobierno (central o municipal),
sin importar el tipo de agencia (agencia tradicional o
corporación pública semejante a negocio o empresa privada).
Íd. Señalaron que, si la intención de la medida no fuere de
esta forma, correspondía hacer las aclaraciones de rigor.
Íd. Sin embargo, el Proyecto quedó aprobado con las
definiciones amplias que contenía en su inicio.
Además, no fue incluida en la Ley Núm. 115, supra,
ninguna exclusión en cuanto a su aplicabilidad. Tampoco
dispone esta ley una distinción entre empleados de
instrumentalidades del gobierno de acuerdo a si éstas
funcionan como empresa o negocio privado. Ello, contrario a
otras leyes laborales que distinguen expresamente en cuanto
a su aplicación al sector gubernamental. A manera de
ejemplo, la Ley Núm. 100, supra, en su Art. 6 define el
término patrono e incluye en su definición expresamente la
distinción en cuanto a la aplicabilidad a las
instrumentalidades del sector gubernamental de acuerdo a
cómo funcionan éstas. 29 L.P.R.A. sec. 151. Expresa la
aludida definición que patrono, para efectos de esta
legislación, incluirá aquellas agencias o
instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico que operen
como negocios o empresas privadas.3 Rodríguez Cruz v.
Padilla Ayala, 125 D.P.R. 486, 508-509 (1990).
En el caso de la aplicación de la Ley Núm. 100, supra, 3
a la Universidad de Puerto Rico, se ha determinado que la UPR no es patrono a los fines de esta legislación. CC-2012-302 18
Por su parte, la Ley Núm. 69 de 6 de julio de 1985, 29
L.P.R.A. secs. 1321-1341, según enmendada, conocida como
Ley contra el discrimen en el empleo por razón de sexo,
contiene una definición del término patrono amplia, tal
como la definición de la Ley Núm. 115, supra, objeto de
nuestro examen en esta ocasión. La definición que provee la
Ley Núm. 69, supra, en su Art. 2, incluye a toda persona
natural o jurídica que emplee obreros, trabajadores o
empleados, y al jefe, funcionario, agente, oficial, gestor,
administrador, superintendente, capataz, mayordomo o
representante de dicha persona natural o jurídica. 29
L.P.R.A. sec. 1322. Al interpretar su aplicabilidad en
Rivera Briceño v. Rodríguez, 129 D.P.R. 669 (1991),
expresamos que su aplicación no está limitada a una
empresa, agencia o instrumentalidad en particular.
En el caso de la Ley Núm. 115, supra, ni de su texto,
ni de su historial legislativo surge que se haya pretendido
crear alguna distinción entre empleados de
instrumentalidades del gobierno de acuerdo a si funcionan
como empresa o negocio privado. Al ser la Ley Núm. 115,
supra, un estatuto de carácter reparador, que está basado
en la política pública de alta estima a la protección de
los derechos de los trabajadores, su interpretación
judicial debe ser liberal y amplia de manera que se
alcancen los objetivos que la originaron. De esta manera,
es garantizada la mayor protección de los derechos
__________________________ Montalvo- Padilla v. Univ. of Puerto Rico, 492 F. Supp. 2d 36 (2007). Esto por no operar como negocio privado. CC-2012-302 19
laborales de los trabajadores. En este proceso
interpretativo, toda duda en cuanto a su aplicación deberá
resolverse a favor del empleado.
El propósito de esta legislación fue amplio, con el
fin de establecer expresamente la protección a los
empleados, tanto de instrumentalidades del gobierno como
del sector privado. Esta legislación buscó promover la
justicia social de la clase trabajadora y tiene como
propósito su aplicación a todos los empleados, sin
distinción de empresa, industria o negocio. La amplia
definición fue realizada a los fines de que su cobertura se
extendiera a todo empleado, sin distinción.
La aplicación que se pretendió abarcar con la Ley Núm.
115, supra, no alberga limitaciones en cuanto al ámbito de
su extensión a una empresa, agencia o instrumentalidad en
particular. Tampoco supedita su aplicación a una manera de
operar la gestión a la que se dedica el patrono, sea una
gestión privada o pública. Debido a su naturaleza,
cualquier exclusión de un empleado a los beneficios de la
legislación laboral debe ser clara y convincente. No
existiendo indicio alguno de que la intención del
legislador fuera crear algún tipo de distinción, no se
justifica interpretar que la misma sólo aplica a la empresa
privada y a aquellas agencias del gobierno que funcionan
como negocios o empresas privadas.
Concluimos, por tanto, que la Ley Núm. 115, supra,
aplica a todos los empleados del gobierno, tanto de CC-2012-302 20
instrumentalidades que funcionan como negocio o empresas
privadas como de aquellas que no.
IV
En el presente recurso el profesor Cordero Jiménez
presentó una causa de acción bajo la Ley Núm. 115, supra,
contra su patrono, la UPR. La UPR solicitó al Tribunal de
Primera Instancia que desestimara la mencionada causa de
acción y que ordenara su archivo con perjuicio. El foro
primario declaró ―no ha lugar‖ esta petición. Sin embargo,
el Tribunal de Apelaciones revocó el dictamen emitido por
el Tribunal de Primera Instancia y desestimó la reclamación
presentada por el profesor Cordero Jiménez al amparo de la
Ley Núm. 115, supra, luego de concluir que la mencionada
legislación no aplicaba a la UPR.
A la luz del análisis realizado, la Ley Núm. 115,
supra, aplica a la UPR. Como es sabido, la UPR es una
corporación pública creada por ley, encargada de la
educación superior de Puerto Rico. U.P.R. v. Asoc. Pur.
Profs. Universitarios, 136 D.P.R. 335, 399 (1994);
Sepúlveda v. U.P.R., 115 D.P.R. 526, 527 (1984). El que la
UPR no funcione con ánimo de lucro no la exime de la amplia
aplicación que ofrece la Ley Núm. 115, supra. Debido a que
esta Ley de Represalias aplica a todo el sector
gubernamental, no es necesario profundizar en el escrutinio
de la gestión a la que se dedica ni cómo funciona la UPR
como paso previo a determinar la aplicabilidad de la Ley
Núm. 115, supra, a sus empleados. Por esta razón, la CC-2012-302 21
reclamación presentada por el profesor Cordero Jiménez bajo
la Ley Núm. 115, supra, no debía ser desestimada.
V
Por los fundamentos antes expuestos, revocamos el
dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones. Devolvemos
el caso al Tribunal de Primera Instancia para la
continuación de los procedimientos conforme con lo antes
expuesto.
Se dictará sentencia de conformidad.
Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se revoca el dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos conforme con lo antes expuesto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurre con el resultado por entender que la Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, conocida como la Ley de Represalias, aplica a la Universidad de Puerto Rico. Sin embargo, entiende prematura las expresiones emitidas en el día de hoy ya que no está ante la consideración del Tribunal la aplicabilidad de la Ley a las agencias de gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco concurre con el resultado sin opinión escrita. El Juez Presidente señor Hernández Denton está inhibido. El Juez Asociado señor Martínez Torres no interviene.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo