EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
José J. Colón Rivera y Otros
Peticionarios Certiorari
v. 2012 TSPR 1
Wyeth Pharmaceuticals, Co., 184 DPR ____ Antes Ayerst-Wyeth Pharmaceuticals, Inc. y ahora Pfizer Pharmaceuticals, LLP.
Recurridos
Número del Caso: CC-2010-890
Fecha: 4 de enero de 2012
Tribunal de Apelaciones:
Panel Especial de Litigación Compleja
Jueza Ponente: Hon. Emmalind García García
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Luis R. Mellado González
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Rafael E. Aguiló-Vélez Lcda. Elizabeth Pérez-Lleras
Materia: Reclamación de Salarios
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
José J. Colón Rivera y Otros Certiorari
Peticionarios
v. CC-2010-0890
Wyeth Pharmaceuticals, Co., antes Ayerst-Wyeth Pharmaceuticals, Inc. y ahora Pfizer Pharmaceuticals, LLP.
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco
En San Juan, Puerto Rico, a 4 de enero de 2012.
Comparecen ante nos José Colón Rivera, et al.,
(en adelante los peticionarios) y nos solicitan la
revisión de una Sentencia emitida por el Tribunal
de Apelaciones. Mediante dicho dictamen, el
tribunal a quo revocó una Resolución del Tribunal
de Primera Instancia que autorizó una Demanda
Enmendada en un pleito de índole laboral ocho (8)
años después de presentada la Demanda original.
El recurso presentado por los peticionarios
nos brinda la oportunidad, inter alia, de discutir
los factores que deben tomarse en consideración al
momento de ponderar si se autoriza una enmienda a
las alegaciones a tenor con las Reglas de Procedimiento Civil.1 En particular, analizaremos qué
circunstancias constituyen perjuicio indebido para la parte
que se opone a la autorización de la enmienda. Además, nos
expresaremos en cuanto al efecto que puede tener la
dilación indebida de la parte que ofrece la enmienda.
Previo a nuestro análisis, exponemos los hechos que
dieron génesis a la controversia ante nos.
I
El caso de autos ha seguido un tracto procesal anómalo
y extenso por más de una década. El 14 de abril de 1998, el
señor José Colón Rivera y doscientos cuarenta y siete (247)
codemandantes presentaron una Demanda contra su patrono
Wyeth Pharmaceuticals, Co. (en adelante Wyeth) ante el
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama.
En esta Demanda se presentaron exclusivamente
reclamaciones de pago de salarios. Específicamente, los
peticionarios reclamaron pagos por concepto de horas extras
trabajadas en exceso de ocho (8) diarias, séptimos días de
trabajo consecutivos, horas trabajadas durante el periodo
de tomar alimentos, y la nulidad de la reducción de ese
periodo.
Previo a la presentación de la Demanda, otro pleito
había comenzado el 17 de febrero de 1998, cuando un segundo
grupo de empleados de Wyeth presentó una Demanda de clase
1 Los hechos procesales del caso de autos ocurrieron bajo la vigencia de las derogadas Reglas de Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. III. Por tal razón, haremos referencia a esas Reglas en esta Opinión. CC-2010-890 3
en De León v. Wyeth, Civil Núm. GPE98-0024. En ese pleito
los empleados también reclamaron el pago de salarios pero,
a diferencia del caso de autos, se incluyeron reclamaciones
por pago de salarios, por concepto de Bono de Navidad,
vacaciones no pagadas o fraccionadas y por el tiempo que
tomaba a los empleados vestirse y desvestirse de sus
uniformes antes de dar inicio a su jornada de trabajo
(reclamación conocida en la esfera federal como “donning
and doffing”).
El 25 de agosto de 1998 se solicitó que el caso De
León v. Wyeth, supra, y el de autos fueran consolidados.
Posteriormente, el 23 de octubre de 1998 varios demandantes
en el caso de autos peticionaron intervención en De León v.
Wyeth, supra. El 10 de diciembre de 1999, el Tribunal de
Primera Instancia emitió Sentencia Sumaria Parcial en De
León v. Wyeth, supra, sin expresarse en cuanto a las
mociones de consolidación e intervención. Finalmente, el 23
de febrero de 2000 se denegaron las mociones de
intervención.
Así las cosas, y luego de varios trámites procesales,
que incluyeron cambios de abogados y apelaciones
interlocutorias, el 9 de agosto de 2005, el Juez Superior
Hon. Isidro Rivera Sánchez solicitó que se evaluara si la
cantidad de demandantes, en adición a la complejidad de las
reclamaciones en el pleito de autos, ameritaba que se
certificara el caso como complejo al amparo de las Reglas CC-2010-890 4
para Casos Civiles de Litigación Compleja, 4 L.P.R.A. Ap.
XXVII. El 3 de junio de 2008, el Juez Administrador de la
Región Judicial de Aibonito certificó el caso como complejo
y solicitó al Juez Presidente de este Tribunal que
designara a un juez para manejar directamente el caso. El
Juez Presidente acogió esa solicitud el 5 de septiembre de
2008 y designó para atender el pleito al Juez Superior Hon.
Julio Díaz Valdés.
Ab interim, los peticionarios instaron una Demanda
Enmendada el 9 de junio de 2006. Es decir, ocho (8) años
después de presentada la Demanda original, los
peticionarios solicitaron permiso del Tribunal de Primera
Instancia para enmendar su reclamación inicial y esbozar
una nueva teoría legal en cuanto a las reclamaciones por
horas extras y por la reducción del periodo de tomar
alimentos. Además, en la Demanda Enmendada se incorporaron
treinta y dos (32) nuevos demandantes y varios
interventores.
Por otra parte, la Demanda Enmendada incorporó una
serie de reclamaciones nuevas, a saber: pago del Bono de
Navidad, pago por vacaciones fraccionadas y no pagadas, y
pago por la no consideración del diferencial en el pago de
beneficios. Además, se alteró la teoría legal en cuanto a
la reclamación por horas extras y por la reducción del
periodo de tomar alimentos. Estas reclamaciones eran, en CC-2010-890 5
esencia, las mismas que se presentaron contra Wyeth en De
León v. Wyeth, supra.
A posteriori, mediante Resolución del 21 de enero de
2009, notificada como Minuta el 5 de febrero de 2009, el
Tribunal de Primera Instancia, inter alia, autorizó la
Demanda Enmendada y ordenó la calendarización del
descubrimiento de prueba.
Inconforme con ese dictamen, Wyeth presentó un recurso
de certiorari el 6 de marzo de 2009 ante el Tribunal de
Apelaciones.
En este, Wyeth impugnó la determinación de autorizar
la Demanda Enmendada y alegó que la enmienda a las
alegaciones, presentada ocho (8) años después de iniciado
el pleito le causaría perjuicio indebido y dilataría
innecesariamente los procedimientos de un caso complejo.
Además, Wyeth alegó que la dejadez y negligencia por parte
de los peticionarios al esperar ocho (8) años para enmendar
la Demanda e incluir reclamaciones de las cuales tenían
conocimiento desde los inicios del pleito, representaba una
violación a la Doctrina de Incuria. Luego de varios
trámites procesales, que incluyeron la paralización de los
procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia,2 el
Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari
solicitado y, el 12 de julio de 2010, emitió Sentencia en
2 Wyeth contestó la Demanda Enmendada el 16 de marzo de 2009, a pesar de que el Tribunal de Apelaciones había paralizado los términos para contestar la Demanda Enmendada y la Contestación a los Interrogatorios. CC-2010-890 6
la cual revocó la determinación del Tribunal de Primera
Instancia de autorizar la Demanda Enmendada. En síntesis,
el foro apelativo intermedio concluyó que el término
transcurrido desde la presentación de la Demanda inicial y
la Demanda Enmendada, pesaba en contra de la inclusión de
nuevos demandantes y nuevas causas de acción en esa etapa
de los procedimientos.
Inconformes, los peticionarios presentaron un recurso
de certiorari el 13 de octubre de 2010 ante este Foro, en
el cual plantearon como errores:
1. Erro [sic] el TA en su sentencia, al asumir jurisdiccion [sic] sobre la materia objeto del recurso considerando en sus meritos [sic] el error señalado al TPI por la peticionaria Wyeth, ahora Pfizer, expidiendo auto de certiorari y revocando simultaneamente [sic] la „Minuta-Resolucion‟ [sic] objeto del recurso, a pesar de que el error señalado se tornó academico [sic] desde el mismo momento en que Wyeth, ahora Pfizer, contesto [sic] voluntaria e incondicionalmente la demanda enmendada ante el TPI, cuya procedencia antes cuestionaba en alzada, por lo cual el TA al dictar sentencia en este recurso, ejerció en forma “ultra vires” su poder judicial en ausencia de un “caso o controversia justiciable” ignorando el mandato constitucional que delimita su poder judicial.
2. Erró el TA en la sentencia dictada, , [sic] al ejercer su jurisdicción apelativa en alzada a pesar de que la Resolución-Minuta del TPI objeto del recurso era una decisión interlocutoria, no aplicando ninguna de las excepciones a la norma de abstención apelativa jurisdiccional en casos complejos provista en la regla 16(c [sic] y d) [sic] de las Reglas para Casos Civiles de Litigación Compleja.
3. Erró el TA en su sentencia, en cuanto consideró y acogió alegados errores del TPI no CC-2010-890 7
planteados por Wyeth en la petición de “certiorari”, los que fueron traídos tardíamente en la oposición a desestimación del recurso de Wyeth, del 16 de febrero de 2010, para la cual carecía de jurisdicción.
4. Erró el TA en su sentencia, en cuanto determinó que no le correspondía adjudicar en alzada defensas de alegada prescripción, lo cual según dijo era propio de una moción de desestimación a decidirse en Primera Instancia por el Juez Designado en este caso complejo, y aún así adjudicó un alegado planteamiento de prescripción y otros de hechos y del derecho que no le correspondía adjudicar en ese momento.
5. Erró el TA en su sentencia, al determinar la improcedencia de la demanda enmendada del 9 de junio de 2006 bajo los parámetros fijados en la Regla 13.1 de Procedimiento Civil y la jurisprudencia aplicable, interviniendo indebidamente con la sana discreción del juez designado a este caso complejo Hon. Julio Díaz Valdés, nombrado por el Juez Presidente del TSPR, Honorable Federico Hernández Denton.
6. Erró el TA en su sentencia, al adjudicar que las reclamaciones de “gowning”, y por el impacto del diferencial salarial son nuevas y están prescritas, al igual que las reclamaciones de los 32 demandantes y 12 interventores.
Examinado el recurso, el 18 de marzo de 2011,
acordamos denegar la petición de certiorari. Ante dicha
denegatoria, el 8 de abril de 2011, los peticionarios
presentaron una Moción de Reconsideración y, el 29 de abril
de 2011, reconsideramos y expedimos el recurso de autos.
Contando con el beneficio de la comparecencia de ambas
partes, procedemos a resolver sin ulterior trámite. CC-2010-890 8
II
A.
En su primer error, los peticionarios nos plantean que
erró el Tribunal de Apelaciones al expedir el recurso de
certiorari presentado por Wyeth en el cual solicitaron la
revocación de la determinación del Tribunal de Primera
Instancia de autorizar la Demanda Enmendada. Argumentan que
la controversia presentada en el recurso se tornó académica
al Wyeth contestar la Demanda Enmendada el 16 de marzo de
2009. No les asiste la razón.
Es norma conocida en nuestro ordenamiento que los
Tribunales en Puerto Rico son de carácter rogado. Es decir,
las partes en un pleito deben pedir la intervención del
foro judicial. En el caso del Tribunal de Apelaciones, este
tiene autoridad en Ley para atender recursos de certiorari
para revisar decisiones interlocutorias del Tribunal de
Primera Instancia. 4 L.P.R.A. sec. 24y(b). Como norma
general, la presentación de un recurso de certiorari ante
el Tribunal de Apelaciones no paraliza los procedimientos
del caso en el Tribunal de Primera Instancia. 4 L.P.R.A.
Ap. XXII-B R.35. No obstante, motu proprio o a solicitud de
una parte, el Tribunal de Apelaciones puede emitir Órdenes
para paralizar los procedimientos ante el Tribunal de
Primera Instancia. Íd.
Una vez el Tribunal de Apelaciones emite una Orden
paralizando los procedimientos o los términos en el foro de CC-2010-890 9
instancia, este pierde jurisdicción sobre el asunto. Pérez,
Ex parte v. Depto. de la Familia, 147 D.P.R. 556, 570
(1999). Véase también Pueblo v. Pérez, 159 D.P.R. 554, 564
(2003). Consecuentemente, cualquier acción realizada por
el Tribunal de Primera Instancia sobre el asunto paralizado
resultará nula, ya que carece de jurisdicción sobre el
asunto. Pérez, Ex parte v. Depto. de la Familia, supra.
“Para que el tribunal de inferior jerarquía adquiera
nuevamente jurisdicción, es decir, poder y facultad para
continuar los procedimientos, es necesario que el Tribunal
[de Apelaciones] le remita el mandato correspondiente”. Íd.
En el presente caso, se presentó una Demanda Enmendada
el 9 de junio de 2006 y, luego de varios trámites
procesales, el Tribunal de Primera Instancia autorizó la
misma. Wyeth acudió en certiorari al Tribunal de
Apelaciones el 6 de marzo de 2009, para impugnar dicho
proceder. Sin embargo, diez (10) días después contestó la
Demanda Enmendada. Wyeth arguye que procedió de esa manera
como medida cautelar por entender, uberrima fides, que el
término para contestar la Demanda Enmendada no había sido
paralizado.
No obstante, mediante Orden del 13 de marzo de 2009,
el Tribunal de Apelaciones, en efecto, había paralizado los
términos para contestar la Demanda Enmendada y para
realizar el descubrimiento de prueba. La Contestación a la
Demanda Enmendada presentada por Wyeth resultó, pues, CC-2010-890 10
inoficiosa ab initio ya que el Tribunal de Primera
Instancia carecía de jurisdicción para atender cualquier
asunto relacionado con esta. Es decir, una vez paralizado
el término para contestar, nada podía disponer el Tribunal
de Primera Instancia sobre el asunto, por lo cual no puede
decirse que Wyeth renunció a sus reclamos en cuanto a la
improcedencia de la Demanda Enmendada.3
En conclusión, la Contestación a la Demanda Enmendada
por parte de Wyeth no tuvo el efecto de tornar en académico
el recurso. Por ende, no incidió el Tribunal de Apelaciones
al expedir y atender el recurso de certiorari presentado
por Wyeth.
B.
En su segundo señalamiento de error, los peticionarios
plantean que erró el Tribunal de Apelaciones al aceptar una
apelación interlocutoria de un caso que ha sido certificado
como complejo a tenor con el Reglamento para Casos Civiles
de Litigación Compleja, supra (en adelante Reglas de
Litigación Compleja). Este caso nos permite, por primera
vez, interpretar las disposiciones de las Reglas de
3 Por otro lado, no podemos castigar a una parte por ser cautelosa y proactiva al cumplir con los términos de las Reglas de Procedimiento Civil, supra. La diligencia de Wyeth en velar por no incumplir con los términos procesales, no puede traducirse a una renuncia a sus reclamos, particularmente cuando los ha levantado consistentemente desde que se presentó la Demanda Enmendada. No podemos permitir que las normas procesales de nuestro ordenamiento se interpreten de forma tal que se convierta el proceso judicial en un campo minado, en donde las partes se enfrentan en un juego para ver quién cae en una trampa primero. CC-2010-890 11
Litigación Compleja en cuanto a recursos apelativos de
casos certificados como complejos.
El 30 de junio de 1999 adoptamos las Reglas de
Litigación Compleja en virtud de nuestro poder inherente
para establecer los mecanismos necesarios para la mejor
administración de los procedimientos judiciales. In re R.
Casos Civ. Litig. Compleja, 148 D.P.R. 932, 936 (1999).
“Su propósito es establecer el trámite administrativo de
todo procedimiento de carácter civil que sea declarado como
un caso de litigación compleja”. López v. Baxter, 163
D.P.R. 628, 636 (2005). Debe recordarse que estas reglas
sirven como normas supletorias a las Reglas de
Procedimiento Civil, supra, por lo cual deben interpretarse
de manera consistente entre sí. Íd.
Debido a la naturaleza de los casos sujetos a las
Reglas de Litigación Compleja, estas regulan de forma
restrictiva la manera en que pueden ser apeladas las
decisiones de los jueces a cargo de casos complejos. En
específico, dispone la Regla 16(c):
Las partes deberán limitar la presentación de recursos ante el foro apelativo a decisiones finales del tribunal. Los recursos para revisar resoluciones interlocutorias solo se considerarán cuando la decisión o resolución recurrida:
(1) Trate sobre un asunto de derecho que controla el trámite del caso sobre el cual existen diferencias de interpretación significativas y la petición de revisión ante el foro apelativo puede simplificar la litigación o facilitar el manejo del caso; o CC-2010-890 12
(2) amerite una consideración detenida para el análisis del problema y la etapa del procedimiento en la que se presenta resulta la más propicia para su consideración; o
(3) puede considerarse como que pone fin a una reclamación distinta y separable de otras reclamaciones litigadas en el caso; o
(4) trate sobre un interdicto y se demuestre que la decisión del tribunal puede razonablemente provocar daños serios e irreparables; o
(5) incluye una determinación expresa y clara de que no existe causa que justifique una dilación en la presentación de un recurso apelativo en su contra o una indicación expresa de que la decisión merece revisarse con premura,
(d) Nada de lo dispuesto en el inciso (c) de esta regla impedirá que revisen decisiones interlocutorias que afecten cualquier derecho sustantivo de alguna parte. 4 L.P.R.A. App. XXVII, R. 16.
A tenor con este precepto, y como norma general, las
partes en un pleito complejo no pueden recurrir al Tribunal
de Apelaciones para revisar asuntos que no sean decisiones
finales de los jueces a cargo de estos casos. Solo cuando
el tribunal revisor entienda que está presente alguna de
las excepciones explícitamente reconocidas en la regla,
podrá asumir jurisdicción sobre el recurso.
La excepción establecida en la Regla 16(c)(1) permite
a los tribunales apelativos revisar decisiones
interlocutorias que traten sobre asuntos de derecho que
controlen el trámite del caso sobre los que hay diferencias CC-2010-890 13
de criterio. Además, la intervención del foro apelativo
debe tener el efecto de agilizar, simplificar o facilitar
el manejo del caso complejo.
En el caso de autos, Wyeth recurrió al Tribunal de
Apelaciones y solicitó la revisión de la determinación del
Tribunal de Primera Instancia que autorizó la Demanda
Enmendada presentada ocho (8) años después de la original.
El foro apelativo intermedio entendió que podía asumir
jurisdicción sobre el recurso interlocutorio, ya que
estaban presentes las excepciones reconocidas en la Regla
16(c)(1) y (2).
Coincidimos con la determinación del foro apelativo.
La concesión del permiso para presentar una Demanda
Enmendada es un asunto de estricto derecho que tiene el
efecto de controlar el trámite del caso. Ello es así, ya
que de haberse sostenido la determinación del Tribunal de
Primera Instancia que autorizó la Demanda Enmendada, esta
hubiera regido todo el trámite posterior del caso. A la
misma vez, la revisión del Tribunal de Apelaciones en este
asunto en particular tuvo el efecto de simplificar la
litigación, ya que denegó la inclusión de reclamaciones
nuevas y teorías de derecho distintas en un pleito
certificado como complejo.
Por ende, no erró el Tribunal de Apelaciones al
expedir el recurso de certiorari para revisar una CC-2010-890 14
Resolución Interlocutoria en un caso sujeto a las Reglas de
Litigación Compleja.4
III
Nos corresponde ahora resolver si incidió el Tribunal
de Apelaciones al revocar la determinación del juez
asignado a este caso complejo que autorizó la presentación
de una Demanda Enmendada en el caso de autos. Ello, a pesar
de haber transcurrido ocho (8) años desde la presentación
de la Demanda original, y ante la alegación de Wyeth de que
esa enmienda le causaría perjuicio indebido.
La Regla 13.1 de Procedimiento Civil de 1979, 32
L.P.R.A. Ap. III R. 13.1, permite a las partes en un pleito
enmendar sus alegaciones para incluir cuestiones omitidas o
para clarificar reclamaciones. Dicha regla permite la
presentación de enmiendas en dos (2) circunstancias
particulares.5
4 En cuanto al tercer señalamiento de error, entendemos que este no se cometió. De una lectura del recurso de certiorari presentado ante el Tribunal de Apelaciones pudimos apreciar que, además de la alegación de la Doctrina de Incuria, Wyeth incluyó como error el que se autorizara la Demanda Enmendada ya que ello le causaría perjuicio indebido.
Por otra parte, no tenemos que abundar en cuanto al cuarto señalamiento de error ya que, al revocar la decisión del Tribunal de Primera Instancia que autorizó la Demanda Enmendada, el trámite del caso de autos estará controlado por la Demanda original. Ante ello, no hay razón para expresarnos en cuanto a la alegada prescripción de reclamaciones que ya no formarán parte del pleito.
5 La nueva Regla 13.1 de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 13.1, introdujo algunos cambios a esta Regla. Comenta el tratadista Cuevas Segarra que “[l]a intención del Comité Asesor Permanente con su propuesta para esta regla, según enmendada, fue conservar el carácter liberal para la concesión de enmiendas; no obstante se exigió que la solicitud de las CC-2010-890 15
Primero, una parte puede enmendar sus alegaciones una
vez en cualquier momento antes de que se le haya notificado
una alegación responsiva, o en cualquier momento dentro de
los veinte (20) días de haber notificado su alegación, si
su alegación es de las que no admiten alegación responsiva.
Regla 13.1 de Procedimiento Civil, supra. Segundo, se
permite que las partes enmienden sus alegaciones en
cualquier otra circunstancia, pero únicamente con permiso
del tribunal o con anuencia de la parte contraria. Íd.
La autorización para enmendar las alegaciones a tenor
con esta Regla debe concederse liberalmente. Regla 13.1 de
Procedimiento Civil, supra; S.L.G. Font Bardón v. Mini-
Warehouse, 179 D.P.R. 322, 334 (2010). Hemos sido enfáticos
en que existe una clara política pública en nuestro
ordenamiento de que los casos se deben ventilar en sus
méritos, Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132
D.P.R. 115, 124 (1992), por lo cual las Reglas favorecen la
autorización de las enmiendas a las alegaciones. J.A.
Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed.,
San Juan, Pubs. J.T.S., 2011, T. II, pág. 592.
enmiendas a las alegaciones debiera estar acompañada con la enmienda propuesta . . . Además, se derogó la restricción establecida en la Regla de 1979, la cual limitaba a la parte demandante enmendar la demanda en una sola ocasión antes de que la parte demandada presentara su alegación responsiva; normativa todavía parcialmente vigente en la jurisdicción federal”. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 2011, T. II, pág. 591. Por no ser contradictoria con esos cambios, la norma pautada en la presente opinión es de aplicación a la interpretación de la Regla 13.1 de Procedimiento Civil de 2009, supra. CC-2010-890 16
Por ende, los tribunales poseen amplia facultad
discrecional para decidir si permiten la enmienda a una
alegación, inclusive en etapas adelantadas de los
procedimientos. J. A. Echevarría Vargas, Procedimiento
Civil Puertorriqueño, Colombia, [S. Ed.], 2010, pág. 116.
Solo ante la presencia de manifiesto perjuicio a la parte
contraria o claro abuso de discreción al autorizar la
enmienda procede la revocación de la determinación del
juez. S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, pág.
334; Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., 137 D.P.R. 860,
868 (1995).
No obstante, a pesar de que las Reglas de
Procedimiento Civil favorecen un enfoque liberal a la
autorización de enmiendas a las alegaciones, esta
liberalidad no es infinita. S.L.G. Font Bardón v. Mini-
Warehouse, supra; Romero v. S.L.G. Reyes, 164 D.P.R. 721,
730 (2005); Epifanio Vidal, Inc. v. Suro, 103 D.P.R. 793,
796 (1976). Para demarcar el ámbito de discreción de los
tribunales, hemos establecido cuatro (4) elementos que
deben tomarse en consideración al momento de decidir si se
autoriza una enmienda. Estos elementos son “(1) el impacto
del tiempo trascurrido previo a la enmienda, (2) la razón
de la demora, (3) el perjuicio a la otra parte, y (4) la
procedencia de la enmienda solicitada”. S.L.G. Sierra v.
Rodríguez, 163 D.P.R. 738, 748 (2005). CC-2010-890 17
Estos factores no operan de modo aislado, por lo cual
hemos adoptado un enfoque dinámico mediante el cual deben
considerarse los cuatro (4) conjuntamente. S.L.G. Font
Bardón v. Mini-Warehouse, supra, pág. 335; S.L.G. Sierra
v. Rodríguez, supra. Véase también J.A. Cuevas Segarra, op.
cit., T. II, pág. 594. Este enfoque dinámico significa que
el paso del tiempo, por sí solo, no obliga a los tribunales
a negar el permiso para enmendar las alegaciones. S.L.G.
Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra.
Sin embargo, recientemente reiteramos que “[e]l factor
que resulta de mayor relevancia al momento de evaluar una
solicitud de autorización para enmendar las alegaciones es
el perjuicio que puede causarse a la parte contraria”.
S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra. A tales
efectos, el tratadista Cuevas Segarra señala que “cuando la
propuesta enmienda altera radicalmente el alcance y
naturaleza del caso, con un consecuencial cambio,
convirtiendo la controversia inicial, en tangencial, el
permiso debe ser denegado, pero ello no significa que no se
puedan adicionar nuevas teorías o nuevas reclamaciones.”
Cuevas Segarra, op. cit., T. II, pág. 594.
De manera que, independientemente de la etapa en que
se presente la propuesta enmienda o que se incluyan en esta
nuevas teorías o reclamaciones, los tribunales deben
ponderar con especial énfasis el perjuicio que dicha
enmienda podría causarle a la otra parte. S.L.G. Sierra v. CC-2010-890 18
Rodríguez, supra, pág. 749; Romero v. S.L.G. Reyes, supra,
pág. 731; Torres Cruz v. Municipio de San Juan, 103 D.P.R.
217, 220 esc. 1 (1975).
En cuanto a qué constituye perjuicio indebido para
propósitos de este precepto, nos hemos expresado en varias
ocasiones. No obstante, hemos enfocado nuestro análisis en
pautar normas en cuanto a situaciones que no constituyen
perjuicio indebido. Así por ejemplo, hemos dicho que un
mero cambio de teoría en las alegaciones no constituye
perjuicio indebido. S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse,
supra, pág. 336. Tampoco lo es, por sí solo, el tiempo
transcurrido entre la presentación de la alegación original
y su propuesta enmienda. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, supra,
pág. 749.
Ante ello, aún persisten dudas en cuanto al
significado de perjuicio indebido para propósitos de la
Regla 13.1. El profesor Vázquez Irizarry comenta que:
Este criterio de por sí introduce preguntas interesantes en cuanto a qué significa y cuál es su alcance. Después de todo, alguien podría razonablemente afirmar que toda enmienda a las alegaciones ocasionará un perjuicio a la parte contraria pues el objetivo de quien la presenta no es otro que adelantar su causa dentro del litigio. W. Vázquez Irizarry, Procedimiento Civil, 75 Rev. Jur. U.P.R. 165, 197 (2006).
Más adelante, continúa comentando el profesor que:
[P]odemos colegir que el perjuicio al que se refiere la Regla 13.1 como límite a la concesión liberal de autorización para enmendar, más que un efecto sustantivo negativo sobre la otra parte, lo que pretende evitar es el efecto negativo de CC-2010-890 19
carácter eminentemente procesal. De ahí que la clave sea que el perjuicio, para operar como freno a la enmienda, debe ser indebido en el sentido de que coloque a la parte contraria en una situación de desventaja respecto a lo que es el trámite ordenado del litigio. Íd. Para propósitos de enriquecer nuestro análisis del
factor perjuicio indebido, consideramos pertinente analizar
la jurisprudencia que ha interpretado la Regla 15 de
Procedimiento Civil Federal, 28 U.S.C. R.15, la cual es
equivalente, en parte, a la Regla 13.1 nuestra. Véase
Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Comité Asesor
Permanente de Reglas de Procedimiento Civil, pág. 176.
Al igual que en nuestra jurisdicción, en el ámbito
federal se fomenta un enfoque liberal al momento de
conceder enmiendas a las alegaciones. Regla 15 de
Procedimiento Civil Federal, supra; 6 Wright, Miller and
Kane, Federal Practice and Procedure: Civil 3d Sec. 1471
(2010). Sin embargo, cónsono con nuestras posturas, el
Tribunal Supremo Federal ha resuelto que la liberalidad que
promueve la regla no es infinita. Foman v. Davis, 371 U.S.
178, 182 (1962).
La jurisprudencia federal también considera que el
elemento principal para denegar enmiendas a las alegaciones
es el perjuicio indebido. Véase Zenith Radio Corp. v.
Hazeltine Research, Inc., 401 U.S. 321, 330-331 (1971);
Wright, Miller and Kane, supra, pág. 701. La dilación
indebida del promovente de la enmienda también se toma en CC-2010-890 20
consideración y, a diferencia de nuestros precedentes,
puede ser factor por sí solo para denegar su autorización.
Cuevas Segarra, op. cit., T. II, pág. 601; 3 Moore‟s
Federal Practice Sec. 15.15[2] (2011).
En cuanto a qué constituye perjuicio indebido, los
tribunales federales han ponderado diversos factores. Por
ejemplo, se ha analizado la posibilidad de que la parte que
se opone a la enmienda tenga que incurrir en gastos
adicionales y preparación nueva para enfrentarse a las
alegaciones enmendadas; si la parte que propone la enmienda
ha tenido múltiples oportunidades para presentar sus
enmiendas; y la futilidad de las nuevas causas de acción.
Wright, Miller and Kane, supra, págs. 713–727, 732-746.
Diversos tribunales federales han determinado que
enmiendas a las alegaciones causan perjuicio indebido si la
parte opuesta a la enmienda tiene que alterar su estrategia
en el litigio, incurrir en nuevo descubrimiento de prueba o
si la enmienda complicaría el caso de manera inapropiada,
atrasando así la disposición del mismo. Véase Acosta–Mestre
v. Hilton Intern. of Puerto Rico, 156 F.3d 49, 52 (1er Cir.
1998); Bell v. Allstate Life Ins. Co., 160 F.3d 452, 454
(8vo. Cir. 1998); United States v. Midwest Suspension and
Brake, 49 F.3d 1197, 1202 (6to Cir. 1995); Block v. First
Blood Associates, 988 F.2d 344, 350 (2do Cir. 1993); Ross
v. Houston Independent School Dist., 699 F.2d 218, 229 (5to
Cir. 1983). CC-2010-890 21
Como hemos mencionado, los tribunales federales han
prestado especial énfasis a las previas oportunidades que
hayan tenido las partes para enmendar sus alegaciones y a
la tardanza indebida en presentarlas. Inclusive, el
principio de economía judicial ha sido considerado como
factor para denegar enmiendas a las alegaciones. “A court
should consider judicial economy and its ability to manage
the case. In determining the impact of granting leave on
judicial economy, a court should consider how the amendment
would affect the use of judicial resources and the impact
on the judicial system.” 3 Moore‟s Federal Practice Sec.
15.15[1] (2011).
C.
Nos parecen apropiados algunos de los factores que han
sido desarrollados por la jurisprudencia federal para
determinar el perjuicio indebido que se le puede ocasionar
a la parte que se opone a una solicitud de enmienda. Ya
hace décadas habíamos adoptado varios de estos postulados,
inclusive el impacto que podría tener la enmienda en la
pronta adjudicación del litigio. Epifanio Vidal, Inc. v.
Suro, supra, pág. 796.
En reiteradas ocasiones hemos expresado que una parte
no tiene derecho a que su pleito tenga vida eterna en los
tribunales, manteniendo así a la otra parte en un constante
estado de incertidumbre. Carattini v. Collazo Syst.
Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 369 (2003); Mun. de Arecibo CC-2010-890 22
v. Almac. Yakima, 154 D.P.R. 217, 221-222 (2001). Mucho se
ha comentado sobre el efecto de la demora en la resolución
de casos en nuestros tribunales y el efecto adverso que
tiene en la administración de la justicia. Véase D. Helfed,
El Seminario sobre la Demora Judicial: Diseño, Resultados y
Recomendaciones, 77 Rev. Jur. U.P.R. 891 (2008). A tenor
con nuestra jurisprudencia, hoy enfatizamos que los
tribunales deben tomar en consideración el efecto que puede
tener en la economía judicial la solicitud de enmienda a
las alegaciones.
A pesar de que tanto las Reglas de Procedimiento Civil
estatales y federales adoptan un enfoque liberal para la
autorización de enmiendas, la parte que propone una
enmienda debe ser diligente en su causa para así
aprovecharse del liberalismo de la regla. Véase U.S. v.
Midwest Suspension and Brake, supra. Aun cuando hemos
dicho que el perjuicio indebido es el factor determinante
al momento de decidir si se autoriza una enmienda, ello no
significa que, de facto, ese es el único factor que los
tribunales deben analizar. El que una enmienda no cause
perjuicio indebido a la parte que se opone a esta, no
significa que los tribunales están exentos de considerar
los demás factores que hemos reconocido en nuestra
jurisprudencia, inclusive el tiempo que ha pasado entre la
presentación de la Demanda y la propuesta enmienda. CC-2010-890 23
Ahora bien, sería un ejercicio en futilidad establecer
con exactitud cuál es un plazo razonable para presentar una
enmienda a las alegaciones, ya que ello depende de las
circunstancias particulares de cada caso. No obstante,
mientras más tiempo transcurra entre el momento en que se
pudo haber presentado la enmienda y el momento en que
efectivamente se presentó, más probable será concluir que
hubo dilación indebida lo cual, sumado al análisis de los
demás factores reconocidos en nuestra jurisprudencia, debe
traducirse a que no se autorice la misma. Véase Wright,
Miller and Kane, supra, pág. 764.
En resumen, reiteramos que los tribunales gozan de
discreción para conceder enmiendas a las alegaciones, y
deben hacerlo liberalmente. Ahora bien, al momento de
ponderar si autoriza una enmienda, deben tomar en
consideración en conjunto los factores enumerados en
nuestra opinión de S.L.G. Sierra v. Rodríguez, supra. El
factor de mayor relevancia es el perjuicio indebido que la
enmienda pueda causar a la parte contraria, pero ello no
significa que los demás factores no deban ser considerados.
Ocurre perjuicio indebido cuando la enmienda: 1) cambia
sustancialmente la naturaleza y alcance del caso,
convirtiendo la controversia inicial en tangencial y/o 2)
obliga a la parte contraria a incurrir en nuevos gastos,
alterar su estrategia en el litigio o comenzar nuevo
descubrimiento de prueba. CC-2010-890 24
IV
Analizadas las normas con relación a las enmiendas a
las alegaciones, procedemos a aplicarlas a la controversia
de autos.
La Demanda original en este pleito fue presentada el
14 de abril de 1998 y no es hasta ocho (8) años después que
se presenta la Demanda Enmendada. Después de haber
realizado un estudio detenido y ponderado de ambas
Demandas, pudimos constatar patentes diferencias entre
estas en cuanto a los reclamos de los peticionarios contra
Wyeth. Las diferencias llegan a tal punto que la Demanda
Enmendada modifica tan marcadamente la original, que
convierte el pleito en uno distinto. Veamos.
La Demanda original de 1998 era una reclamación de
horas y salarios. En esta exclusivamente se le reclamó a
Wyeth por alegadamente reducir de forma ilegal el periodo
de tomar alimentos de una hora a media hora, por obligar a
empleados a trabajar durante ese periodo, por horas
trabajadas en exceso de ocho diarias, y por séptimos días
de trabajo consecutivos. La teoría legal en cuanto al
periodo de tomar alimentos se enfocaba en que Wyeth
alegadamente había reducido dicho periodo para su propia
conveniencia y que obligaba a algunos empleados a tomar sus CC-2010-890 25
alimentos en su lugar de trabajo, para que así supervisaran
las máquinas que operaban.
Por su parte, la Demanda Enmendada presenta un pleito
distinto. De entrada, se incorporan por primera vez
reclamaciones por vacaciones no disfrutadas o fraccionadas,
por no pagarse el Bono de Navidad adecuadamente y por no
calcularse el diferencial de salario al momento de pagarse
horas extras. En cuanto a la reclamación por horas extras y
por el periodo de tomar alimentos, la Demanda Enmendada
altera radicalmente la teoría legal.
Mediante la enmienda, se añade una reclamación
conocida en la esfera federal como “donning and doffing”.
Véase Franklin v. Kellog Co., 619 F.3d 606 (6to Cir. 2010).
En esencia, con la enmienda se le reclama a Wyeth horas
extras no pagadas por el periodo de tiempo que le tomaba a
su empleados desvestirse y ponerse la vestimenta especial
que necesitaban para operar en su lugar de trabajo. Según
la enmienda, Wyeth les requería a sus empleados arribar a
sus lugares de trabajo entre quince (15) y veinte (20)
minutos antes de la hora del comienzo del turno para que
pudieran vestirse. A la misma vez, les tomaba la misma
cantidad de tiempo quitarse dicha vestimenta especial al
concluir su jornada laboral.
La enmienda también altera la teoría legal en cuanto
al periodo de tomar alimentos. Mediante esta se alega que
Wyeth redujo dicho periodo ilegalmente al no presentar una CC-2010-890 26
solicitud administrativa de reducción de periodo en el
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Además, se
alega que Wyeth solo le permitía a sus empleados quince
(15) minutos para tomar alimentos, ya que de la media hora
disponible, tenían que perder la mitad al verse obligados a
cambiarse de ropa, asearse y caminar hasta la cafetería. En
cuanto a dicha cafetería, la Demanda Enmendada alega que la
misma era operada de forma ilegal por Wyeth ya que no
contaba con una certificación de precios razonables de la
Junta de Salario Mínimo.6
Conforme a lo anteriormente esbozado, es forzoso
concluir que la Demanda Enmendada no tuvo el efecto de solo
ampliar las reclamaciones de la Demanda original, según
sostienen los peticionarios. Se trata en realidad de una
enmienda que presenta reclamaciones distintas y nuevas
teorías legales que se basan en hechos diferentes a los que
fueron alegados en la Demanda original. Ello tuvo el efecto
de convertir la Demanda inicial en tangencial a la
enmendada. Como ya vimos, es esa precisamente una de las
situaciones en la cual los tribunales deben negar el
permiso para enmendar las alegaciones. Véase Cuevas
Segarra, op. cit., T. II, pág. 594 y S.L.G. Font Bardón v.
Mini-Warehouse, supra, págs. 335-336.
6 La Demanda Enmendada presentada en el caso de autos es similar a la Demanda presentada en el pleito De León v. Wyeth, Civil Núm. GPE98- 0024, el cual se trató de consolidar con este sin éxito a nivel del Tribunal de Primera Instancia. CC-2010-890 27
Por otro lado, permitir la Demanda Enmendada y el
cambio radical al pleito que esta introduciría le causaría
un incuestionable perjuicio a Wyeth. Luego de litigar un
pleito por ocho (8) años, Wyeth tendría que alterar su
estrategia legal e incurrir en nuevos gastos de
descubrimiento de prueba para atender las nuevas
reclamaciones.7 A la misma vez, tendría que invertir
recursos en investigar expedientes de personal de hace
décadas para así presentar mociones dispositivas para cada
uno de los nuevos demandantes e interventores que podrían
tener sus causas de acción prescritas.8
A contrario sensu, los peticionarios plantean que
Wyeth no puede alegar sufrir perjuicio indebido ya que
desde que se trató de consolidar el caso de autos con el
pleito De León v. Wyeth, supra, se les puso en conocimiento
de la existencia de las reclamaciones que ocho (8) años
después fueron incluidas en la Demanda Enmendada. No nos
convence ese argumento. Las alegaciones de un pleito no se
7 Los peticionarios alegan que no existe potencial perjuicio indebido para Wyeth, ya que el 15 de junio de 2010 los procedimientos en el caso de autos fueron paralizados al llegar las partes a un “consenso de acuerdo transaccional”. Véase Petición de Certiorari, págs. 21-22. Sin embargo, las partes llegaron al acuerdo conscientes de que la controversia en cuanto a la procedencia de la Demanda Enmendada todavía estaba por resolverse. Por otra parte, este Tribunal está obligado a resolver los casos que hasta aquí lleguen conforme al Derecho aplicable, y no nos parece apropiado tomar en consideración – ni que se nos ponga en posición de considerar- las conversaciones y circunstancias de un acuerdo transaccional a la hora de disponer de las controversias, particularmente cuando nuestro ordenamiento no favorece su uso. Véase Regla 408 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI R. 408. 8 Los propios peticionarios admiten que las reclamaciones de diecisiete (17) demandantes añadidos en la Demanda Enmendada podrían tener sus reclamaciones prescritas. Véase Petición de Certiorari, pág. 37. CC-2010-890 28
transmiten a otro por osmosis, por lo cual no podemos
sostener que un demandado está sujeto a que se enmienden
las alegaciones de un caso por lo que sucedió en otro sin
tomar en consideración el tiempo transcurrido entre los
eventos.
Por otra parte, nos parece que los peticionarios
presentaron la enmienda en un momento irrazonablemente
tardío. Precisamente si alegan que tenían conocimiento de
las nuevas causas de acción desde que se intentó consolidar
el caso de autos con el de De León v. Wyeth, supra, en
1998, ¿por qué esperaron casi una década para enmendar la
Demanda? Ya dijimos que las partes tienen que ser
diligentes si quieren ampararse en el liberalismo de la
Regla 13.1 de Procedimiento Civil. Permitir la Demanda
Enmendada en el caso de autos tendría el efecto de alargar
el litigio y complicarlo aún más, a pesar de que el mismo
ya está certificado como uno complejo.
Los peticionarios también sostienen que el caso de
autos plantea una situación similar a la resuelta en S.L.G.
Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra. En ese pleito, se
presentó una Reconvención ocho (8) años después de
ocurridos los hechos que motivaron la Demanda original. En
esa ocasión sostuvimos que la Reconvención compulsoria
podía ser presentada mediante una enmienda a las
alegaciones a pesar del tiempo transcurrido, ya que la
misma surgía de los mismos hechos que motivaron la Demanda CC-2010-890 29
original y no alteraba radicalmente la naturaleza del caso.
Íd. pág. 337.
La situación en el caso de autos es distinta. No se
trata aquí de una Reconvención compulsoria, ni de eventos
que surgen de los mismos hechos que motivaron la
presentación de la Demanda original. En este caso los
peticionarios enmendaron su Demanda para incluir causas de
acción nuevas y para alterar sustancialmente sus teorías,
basándola en hechos distintos a los planteados
originalmente. Inexplicablemente, esperaron ocho (8) años
para incluir reclamaciones que ellos mismos admiten
conocían desde casi la misma fecha de la presentación del
pleito original. Conforme reseñado, los cambios de la
Demanda Enmendada alteraron la naturaleza del pleito
original, por lo cual no es de aplicación el resultado al
que llegamos en S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse,
supra.
En conclusión, no incidió el Tribunal de Apelaciones
en su determinación de revocar la determinación del
Enmendada presentada ocho (8) años después de haber
comenzado este pleito.9
V
9 Habiendo resuelto que no procede la autorización de la Demanda Enmendada, resulta innecesario atender el sexto error planteado por los peticionarios. CC-2010-890 30
Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el
dictamen del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso
al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de
los procedimientos de manera consistente a lo resuelto en
esta Opinión.
Se dictará sentencia de conformidad.
Mildred G. Pabón Charneco Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Wyeth Pharmaceuticals, Co., antes Ayerst-Wyeth Pharmaceuticals, Inc. y ahora Pfizer Pharmaceuticals, LLP.
SENTENCIA
Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el dictamen del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos de manera consistente a lo resuelto en la Opinión que antecede.
Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres está conforme y hace constar la siguiente expresión:
El Juez Asociado señor Martínez Torres vota conforme porque no se impugnó la posible inconstitucionalidad de las Reglas para Casos Civiles de Litigación Compleja (1995), 4 L.P.R.A. Ap. XXVII, reglas de procedimiento que no fueron enviadas a la Asamblea Legislativa como lo ordena el Art. V, Sec. 6 de la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1. Véase la Opinión Disidente del Juez Asociado señor Rivera Pérez en López v. Baxter, 163 D.P.R. 628, 647 esc. 4 (2005). CC-2010-890 2
La Jueza Asociada señora Fiol Matta disiente y hace constar la siguiente expresión:
La Jueza Asociada señora Fiol Matta disiente por entender que el Tribunal de Primera Instancia actuó dentro de su discreción al permitir la Demanda Enmendada. No debe perderse de perspectiva que la acción instada fue certificada como un litigio complejo, lo que requiere un marcado grado de deferencia de los tribunales apelativos hacia el foro primario sobre cómo mejor atender el caso. En los pleitos de esta naturaleza, el análisis de los factores sobre enmiendas a las alegaciones, particularmente los de dilación y perjuicio indebido, no debe ser igual a los casos civiles ordinarios. La gran cantidad de demandantes, la sustancia de las reclamaciones y el desarrollo procesal de la controversia justifican la acción del Tribunal de Primera Instancia. Si bien éste no estaba obligado a aceptar la Demanda Enmendada, tenía suficiente discreción para así hacerlo. La parte recurrida no ha demostrado satisfactoriamente que cualquier perjuicio en su contra derrote el derecho de los demandantes a presentar las causas de acción que nuestro ordenamiento les ha concedido, sobre todo cuando muchas de éstas no han prescrito.
Larissa Ortiz Modestti Secretaria del Tribunal Supremo, Interina