Carrillo Vázquez Y Otro, Ex Parte

2011 TSPR 75

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: May 24, 2011
• Docket: CC-2009-202
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Samuel Carrillo Vázquez Certiorari Ana I. Colón Ortiz 2011 TSPR 75 Ex Parte 181 DPR ____ Peticionario

Número del Caso: CC - 2009 - 202

Fecha: 24 de mayo de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Guayama Panel XI

Juez Ponente: Hon. Rafael Martínez Torres

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Rafael Torres River a Servicios Legales de Puerto Rico, Inc.

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Amir Cristina Nieves Villegas Procuradora General Auxiliar

Materia: Adopción

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Samuel Carrillo Vázquez Ana I. Colón Ortiz

Ex parte CC-2009-202 Certiorari

Peticionarios

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2011.

Por estar igualmente dividido el Tribunal, se dicta Sentencia confirmatoria de la emitida por el Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de Guayama.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco emitió una Opinión de Conformidad a la cual se unieron el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo y el Juez Asociado señor Rivera García. El Juez Presidente señor Hernández Denton disiente con Opinión escrita a la cual se unen la Jueza Asociada señora Fiol Matta y la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez. El Juez Asociado señor Martínez Torres está inhibido.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ex Parte Certiorari

Peticionarios CC-2009-202

Opinión de conformidad emitida por la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco a la que se le une el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo y el Juez Asociado señor Rivera García.

Por entender que la normativa vigente que regula

el derecho de adopción en Puerto Rico no permite que un

menor sea adoptado por sus abuelos cuando éste siga

relacionándose con su madre biológica, a quien reconoce

como tal, estoy conforme con que se confirme el

dictamen del Tribunal de Apelaciones.

Los hechos de este caso son sencillos y no están

en controversia. A continuación los exponemos

brevemente.

I

El 18 de julio de 2008, los peticionarios

presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia, CC-2009-202 2

Sala de Guayama, una solicitud para adoptar a su nieto

S.A.C., quien en aquel momento tenía nueve (9) años de

edad. Expusieron, entre otras cosas, que:

ambos son mayores de edad; que el menor se encuentra bajo

la custodia de los peticionarios desde que nació; que la

madre biológica, Gloria Ileana Carrillo, otorgó Declaración

Jurada expresando su consentimiento a la adopción del

menor, y; que el peticionario está pensionado y la fuente

de ingresos de ambos proviene de beneficios de veteranos

del primero. Al momento de presentarse la petición de

adopción, la madre del menor tenía tres (3) hijos

adicionales y se encontraba embarazada. Con excepción de

S.A.C., los demás menores viven con ella. La mamá de S.A.C.

vivió con éste hasta que cumplió cinco (5) años de edad,

fecha en la que decidió mudarse con su entonces compañero

sentimental. Para S.A.C. su madre biológica es su mamá

puesto que le dice “mamí”. Sin embargo le dice “papí” a su

abuelo, el Sr. Samuel Carrillo Vázquez.

La Trabajadora Social del Departamento de la Familia

y la Procuradora de Asuntos de Familia no se opusieron a la

pretendida adopción.

Por su parte, la madre biológica no pretende

desligarse del vínculo que la une a su hijo y tampoco le

niega cobijo. Más bien, aseveró ante el foro de instancia

que prestaba su consentimiento para la adopción porque el

menor prefiere residir con los abuelos. Véase, Apéndice del

Certiorari, pág. 30.

El Tribunal de Primera Instancia rechazó la solicitud

de adopción. Señaló que “no es suficiente una determinación CC-2009-202 3

de que el menor tendrá mayores garantías económicas con los

adoptantes”. Íd., pág. 31. También expresó que las

circunstancias del caso eran medulares para determinaciones

de custodia que no implicaban un caso idóneo en el contexto

de la normativa de adopción. Íd., pág. 30. Concluyó que la

petición desvirtúa los propósitos nobles de la normativa de

adopción porque ésta salvaguarda el interés social de niños

maltratados, desamparados, abandonados y sin hogar alguno.

Íd., pág. 31.

Por estar inconformes, los peticionarios presentaron

una moción para solicitar determinaciones de hechos

adicionales, la cual fue denegada por el Tribunal de

Primera Instancia. Posteriormente, acudieron en alzada al

Tribunal de Apelaciones. Este foro confirmó la decisión del

Tribunal de Primera Instancia. Razonó que en este caso no

se daba el rompimiento de la relación del menor con su

madre biológica porque ésta pretendía seguir interactuando

con el menor en una relación filial afectiva. Expuso que

esta pretensión de la madre refleja su deseo de seguir

siendo “mami”. Al igual que el foro de instancia, el foro a

quo señaló que la figura legal para lograr eso sin que la

madre rompa sus vínculos legales con el menor y sin

causarle a éste una confusión en sus relaciones afectivas,

es la concesión de la custodia a los abuelos del menor.

Asimismo apuntó que lo único que se conseguiría concediendo

la adopción del menor a sus abuelos, es que el abuelo,

quien está pensionado por veteranos, reciba un cheque

adicional del Seguro Social Federal a nombre del menor. En

fin, concluyó que esa relación filial entre el menor y la CC-2009-202 4

madre es contraria al mandato claro de que se rompa todo

vínculo legal con la familia biológica, según recogida en

el Art. 137 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A.

sec. 538, porque el legislador contempló un rompimiento de

vínculos y no una conversión de madre a hermana.

Nuevamente, por estar insatisfechos con ese dictamen,

los peticionarios acuden ante nos mediante recurso de

certiorari. En síntesis, alegan que el Tribunal de

Apelaciones erró al resolver que la petición de adopción es

contraria a la política pública y a la normativa que rige

la materia de adopción en Puerto Rico por el hecho de que

la madre biológica continúe relacionándose con su hijo.

II

La adopción es un acto jurídico solemne mediante el

cual se sustituye totalmente el parentesco familiar

biológico o natural de una persona por otro, en un

procedimiento judicial rigurosamente reglamentado. Virella

v. Proc. Esp. Rel. Fam., 154 D.P.R. 742, 753 (2001);

Feliciano Suárez, Ex parte, 117 D.P.R. 402, 406 (1986).

Como regla general, supone la ruptura total del vínculo

jurídico-familiar de una persona con su parentela biológica

y la consecuente filiación de ésta con quien o quienes han

expresado su voluntad de que legalmente sea su hijo o hija.

López v. E.L.A., 165 D.P.R. 280, 299 (2005); Zapata et al.

v. Zapata et al., 156 D.P.R. 278, 286 (2002). De esta

manera, se extinguen totalmente los vínculos jurídicos

entre el adoptado y su familia biológica y para todos los

efectos el adoptado se considera como si hubiera nacido

hijo del adoptante con todos los derechos, deberes y CC-2009-202 5

obligaciones que le corresponden por ley. Virella v. Proc.

Esp. Rel. Fam., supra, pág. 754; Feliciano Suárez, Ex

Parte, supra, pág. 406; Rivera Coll v. Tribunal Superior,

103 D.P.R. 325, 332 (1975).

El Art. 137 del Código Civil de Puerto Rico, 31

L.P.R.A. sec. 538, recoge en su primer párrafo los efectos

de la adopción antes descritos:

Una vez decretada la adopción, el adoptado será considerado para todos los efectos legales como hijo del adoptante con todos los derechos, deberes y obligaciones que le corresponden por ley. La adopción por decreto final y firme extinguirá todo vínculo jurídico entre el adoptado y su familia biológica o adoptiva anterior. (Énfasis suplido.)

De ahí que en Puerto Rico solamente existe la

adopción plena, distinto a como ocurre todavía en otros

países donde persiste la adopción simple o menos plena.1

Véase, R. Serrano Geyls, Derecho de Familia de Puerto Rico

y Legislación Comparada, 1ra ed., San Juan, Educ. Jur.

Cont. Fac. Der. U. Inter., 2002, Vol. II, págs. 1086 y

1093. “E]n general, la adopción plena confiere al adoptado

una filiación que sustituye a la de origen, con la única

excepción de que se mantienen los impedimentos

matrimoniales, mientras que la adopción simple crea un

estado de hijo entre adoptante y adoptado que no se

extiende a la familia del primero.” Íd., pág. 1093. Así, en

la adopción plena prevalece el principio romano adoptio

naturam imitatur (la adopción imita a la naturaleza) porque

1 La distinción entre la adopción plena y menos plena apareció en el Derecho Justiniano. “La adopción plena se daba cuando el adoptante era ascendiente consanguíneo del adoptado. Sus efectos eran todos los inherentes a la patria potestad. En la menos plena, el adoptado se conservaba dentro de su grupo familiar biológico y adquiría prácticamente sólo el derecho a suceder abintestato al adoptante.” (Nota al calce omitida.) M.J.C.A., menor v. J.L.E.M., menor, 124 D.P.R. 910, 916 (1989). CC-2009-202 6

establece el parentesco del adoptado con el adoptante y

toda su familia. Íd., pág. 1086. “El adoptado se convierte

para todos los efectos jurídicos en hijo matrimonial del

adoptante...”. Íd.; Véase además, J. Guitrón Fuentevilla,

Aplicación del método comparativo a las disposiciones del

libro primero del Código Civil de Puerto Rico de 1930

(Personas y Familia) y a las mismas del Código Civil de

México, Distrito Federal de 2000 y criterios

jurisprudenciales en Derecho Familiar en ambos países, 41

Rev. Jur. U. Inter. P.R. 317, 336 (2007). Sin embargo, la

adopción menos plena no crea parentesco entre la familia

biológica del adoptante y el adoptado. Íd., pág. 1086.

Empero, por vía jurisprudencial, este Tribunal

reconoció una excepción a la norma general de rompimiento

de vínculos. En Ex Parte J.A.A., 104 D.P.R. 551 (1976), la

peticionaria (una mujer soltera) solicitó adoptar a la hija

de su ex compañero sentimental. Allí señalamos que cuando

la petición de adopción se hace individualmente, es decir,

el adoptante es una sola persona y, a su vez, ésta no es el

cónyuge del padre o la madre del niño, el tribunal deberá

determinar si la ruptura del parentesco biológico del

adoptado opera respecto de ambas líneas (paterna y

materna), o respecto de una solamente. Íd., pág. 558. Véase

además, Virella v. Proc. Esp. Rel. Fam., supra, págs. 754-

755 esc. 27. Al fundamentar esa determinación dijimos que

en casos de adopción individual el Código Civil de Puerto

Rico no impide que el adoptado, al adquirir un padre

adoptivo, siga vinculado en su parentesco natural con su CC-2009-202 7

madre biológica y viceversa. Ex Parte J.A.A., supra, pág.

558.

No obstante, ese no fue el único fundamento que

esbozamos al establecer la excepción. También expresamos

que “mediante la adopción debe crearse para el adoptado una

situación que en lo posible se iguale a la condición

natural del ser humano”. Íd. Esto, sin duda, pesó en

nuestra determinación al destacar el hecho de que la niña

no había conocido otra madre que la peticionaria, por lo

que para ella sus padres eran la peticionaria y su papa

biológico (ex compañero sentimental de la peticionaria).

Íd., págs. 559-560. Así, resaltamos que la adopción por la

peticionaria venía a consagrar ante la ley la situación de

hechos que la niña había conocido durante toda su vida.

Íd., pág. 560. Señalamos que si se consentía la adopción

por la peticionaria a base de que la niña dejara de ser

hija de su padre, se desnaturalizaría el propósito

legislativo. Íd. Por ende, concluimos que la niña podía

seguir siendo hija de su padre y tener a la peticionaria

como su legítima madre. Íd.

A posteriori, esta excepción fue codificada en el

primer párrafo del Art. 138 del Código Civil de Puerto

Rico, 31 L.P.R.A. sec. 539, mediante la Ley Núm. 8 de 19 de

enero de 1995. Véase, Serrano Geyls, op. cit., págs. 1196-

1197. Dicho artículo dispone en lo pertinente que:

los vínculos jurídicos del adoptado con su familia paterna o materna anterior subsistirán cuando el adoptado sea hijo del cónyuge del adoptante, aunque el padre o madre hubiere fallecido a la fecha de presentación de la petición de adopción, o cuando el adoptado proviene de una única filiación y es adoptado por persona de distinto sexo al del padre o madre que lo ha reconocido como su hijo. (Énfasis CC-2009-202 8

suplido.) Art. 138 del Código Civil de Puerto Rico, supra.

El Art. 178 del Código Civil de España contenía,

hasta el 20052, una disposición similar. Señalaba que:

1. La adopción produce la extinción de los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia anterior. 2. Por excepción subsistirán los vínculos jurídicos con la familia paterna o materna, según el caso: 1. Cuando el adoptado sea hijo del cónyuge del adoptante, aunque el consorte hubiere fallecido. 2. Cuando sólo uno de los progenitores haya sido legalmente determinado y el adoptante sea persona de distinto sexo al de dicho progenitor, siempre que tal efecto hubiere sido solicitado por el adoptante, el adoptado mayor de doce años y el padre o madre cuyo vínculo haya de persistir. Véase, A. J. Pérez Martín, Derecho de Familia: Adopción, Acogimiento, Tutela y Otras Instituciones de Protección de Menores, Valladolid, Ed. Lex Nova, 1995, págs. 547-548. Véase también, Código Civil Español, en http://civil.udg.edu/normacivil/estatal/cc/indexc c.htm

2 En el 2005, el Art. 178 del Código Civil de España fue enmendado mediante la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modificó el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio (BOE núm. 157, de 02-07-2005, p. 23632-23634). Actualmente dicho artículo lee:

1. La adopción produce la extinción de los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia anterior.

2. Por excepción subsistirán los vínculos jurídicos con la familia del progenitor que, según el caso, corresponda:

1. Cuando el adoptado sea hijo del cónyuge del adoptante, aunque el consorte hubiere fallecido.

2. Cuando sólo uno de los progenitores haya sido legalmente determinado, siempre que tal efecto hubiere sido solicitado por el adoptante, el adoptado mayor de doce años y el progenitor cuyo vínculo haya de persistir.

3. Lo establecido en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo dispuesto sobre impedimentos matrimoniales. Véase, Código Civil Español, en http://civil.udg.edu/normacivil/estatal/cc/indexcc.htm CC-2009-202 9

Bajo la segunda excepción, que es la misma que

reconoció este Foro en Ex Parte J.A.A., supra, para

que no se extinguieran los vínculos jurídicos después

de la adopción, respecto del padre o la madre, era

necesario que, inter alia, solamente una persona fuera

la que adoptara porque, de ser dos, obligatoriamente

serían de distinto sexo. Pérez Martín, op. cit., pág.

548. Lógicamente, la excepción excluía la adopción en

pareja porque solamente se permitía adoptar

conjuntamente a un hombre y a una mujer. Por

consiguiente, al requerir que la pareja adoptante

fuera de distinto sexo, forzosamente, uno de los

adoptantes sería del mismo sexo del progenitor y no se

cumpliría la excepción. Ese requisito es totalmente

aplicable en nuestra jurisdicción porque aquí

solamente pueden adoptar parejas casadas entre sí que

sean de sexos opuestos. Véanse: Arts. 68 y 133 del

Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 221 y

534; Virella v. Proc. Esp. Rel. Fam., supra.

Como puede apreciarse, según lo señalamos en Ex

Parte J.A.A., supra, pág. 558, el propósito subyacente

bajo esta excepción es permitirle al adoptado estar en

una situación que en lo posible se iguale a la

condición natural del ser humano. Es decir, que el

adoptado pueda relacionarse con una figura paterna y

materna. Ello se logra permitiendo que, por excepción,

luego de la adopción subsista el vínculo biológico CC-2009-202 10

entre el adoptado y el progenitor que lo reconoció, si

éste tiene el sexo opuesto del adoptante.

Por otro lado, la institución de la adopción tiene

varios fines. Hemos expresado que ésta busca brindarles a

los niños y niñas sin padres la oportunidad de que se

puedan criar y educar en el seno de un hogar adecuado.

Zapata et al. v. Zapata et al., supra, pág. 286. “Ello, en

atención a la problemática social que aqueja a nuestra

sociedad de niños abandonados o maltratados dentro de un

hogar en el cual se supone que reciban amor, protección y

cuidado”. López v. E.L.A., supra, pág. 300; Zapata et al.

v. Zapata et al., supra, pág. 287. A su vez, la adopción

les facilita a los padres sin hijos la oportunidad de

tenerlos y asegurar la continuidad de su familia. Virella

v. Proc. Esp. Rel. Fam., supra, pág. 754; M.J.C.A., menor

v. J.L.E.M., menor, 124 D.P.R. 910, 916 y 922 (1989). Pero

sobre todo, la institución de la adopción busca

salvaguardar el interés del adoptado. Ex Parte Warren, 92

D.P.R. 299, 302 (1965). Por eso, hemos afirmado que el

interés principal de la adopción es el bienestar del menor.

López v. E.L.A., supra, pág. 300; Virella v. Proc. Esp.

Rel. Fam., supra, pág. 754.

En 1995 se aprobó legislación para enmendar la figura

de la adopción en Puerto Rico, tanto en su dimensión

procesal como sustantiva. En su vertiente procesal, la Ley

Núm. 9 de 19 de enero de 1995, 32 L.P.R.A. sec. 2699 et

seq., enmendó la Ley de Procedimientos Legales Especiales.

En su Exposición de Motivos esta ley declara que el Estado

tiene un interés apremiante en cuidar y promover la CC-2009-202 11

conservación de la unidad familiar y en prevenir la

desintegración de la familia, por lo que es un derecho

inalienable de los niños el poder vivir y crecer dentro del

seno de un hogar feliz y al calor de sus padres. Sin

embargo, también expone que el Estado tiene el deber social

de tomar todas las medidas a su alcance para proteger el

bienestar de los menores de edad de los abusos y abandonos.

En ese sentido, el estatuto señala que busca proteger

particularmente a los menores maltratados, abandonados y

desamparados, para que mediante la adopción estos puedan

formar parte de hogares estables.

Mediante esta ley, la Asamblea Legislativa pretendió

ampliar y facilitar el uso del mecanismo de la adopción

para que pudiera ser utilizado de forma más amplia y rápida

por personas que desean acoger como padres en el seno de su

hogar a menores e incapacitados en estado de desamparo y

abandono. López v. E.L.A., supra, pág. 300. En esencia,

esta Ley se aprobó para superar los serios escollos y

dilaciones innecesarias que caracterizaban el procedimiento

de adopción anterior. Íd. En ese contexto, “favorece la

ruptura expedita de los lazos biológicos para crear una

nueva y mejor relación paterno filial no determinada por la

consanguinidad”. (Énfasis suplido.) Estrella, Monge v.

Figueroa Guerra, 170 D.P.R. 644, 659 (2007).

Por su parte, la Ley Núm. 8 de 19 de enero de 1995,

31 L.P.R.A. sec. 531 et seq., reguló la adopción en su

vertiente sustantiva. Por medio de esta ley se enmendó el

articulado sobre adopción en el Código Civil de Puerto

Rico. Véase, Virella v. Proc. Esp. Rel. Fam., supra, pág. CC-2009-202 12

754. Este estatuto tuvo el propósito de flexibilizar la

institución de adopción. Íd., pág. 755. Asimismo, en su

Exposición de Motivos esta Ley establece que los niños

tienen como derecho inalienable vivir y crecer dentro del

seno de un hogar feliz y al calor de sus padres

progenitores y que es deber del Estado tomar las medidas

necesarias para la protección y el bienestar de la niñez y

de la juventud.

Como puede apreciarse, “[a]mbas legislaciones

tuvieron idéntico propósito: utilizar el mecanismo de

adopción para brindarles hogares a menores que así lo

necesitaran”. (Énfasis en el original.) López v. E.L.A.,

supra, pág. 301. Además, ambas leyes “se mueven entre dos

polos: el derecho de los niños a vivir con sus progenitores

y el deber del Estado de proteger a esos niños en casos de

abandono o maltrato”. Serrano Geyls, op. cit., pág. 1100.

En cuanto a la interpretación de estos estatutos,

hemos señalado que deben interpretarse de forma liberal, a

favor del adoptado. Íd., pág. 303; Virella v. Proc. Esp.

Rel. Fam., supra, pág. 756. No obstante, también hemos sido

enfáticos al advertir que la liberalidad en la

interpretación no puede llevarnos a violentar la intención

legislativa y, tampoco, a consagrar absurdos. Íd.

Ciertamente, en nuestro ordenamiento no existe ningún

impedimento para que un ascendiente adopte a un

descendiente. M.J.C.A., menor v. J.L.E.M., menor, supra,

pág. 931. Sin embargo, esto no significa que un ascendiente

pueda adoptar a un descendiente al margen de la regla

general de que la adopción desarraiga al adoptado de todo CC-2009-202 13

vínculo de parentesco y de todo derecho respecto a su

familia biológica. Véase, Íd., pág. 933.

Precisamente, en M.J.C.A., menor v. J.L.E.M., menor,

supra, este Foro atendió una petición de adopción

presentada por los abuelos paternos de un huérfano de padre

y madre. En ese caso la controversia giraba en torno a si

los abuelos paternos podían adoptar a su nieto, aun cuando

fueron nombrados tutores testamentarios, no rindieron las

cuentas de la tutela y la abuela materna no fue oída en el

procedimiento donde tanto ella como el hermano materno del

menor se oponían a la adopción. Íd., págs. 914-915. El

Tribunal resolvió que los abuelos paternos tenían que

rendir las cuentas de la tutela para ser adoptantes, por lo

que el Tribunal de Primera Instancia no tenía jurisdicción

hasta que no se verificasen las correspondientes

operaciones sobre la tutela. Íd., págs. 931. Además,

resolvió que la abuela materna tenía derecho a ser oída en

el proceso de adopción. Íd., pág. 932. Por ende, se decretó

la nulidad de la adopción y se devolvió el caso al foro de

instancia para que celebrara una vista en su fondo con

intervención de la abuela materna y se les diera la

oportunidad a los abuelos paternos de rendir las cuentas de

la tutela. Íd., págs. 934-935.

Sin embargo, en un dictum, el Tribunal acotó que,

aunque como regla general la adopción rompe el vínculo

biológico del adoptado, la adopción por los abuelos

paternos no necesariamente tenía que desvincular al menor

de su familia biológica por la línea materna. Íd., págs.

933-934. Señaló que el fundamento que se esbozó en el caso CC-2009-202 14

de Ex parte J.A.A., supra, era igualmente válido a ese

escenario porque se trataba de un menor huérfano de padre y

de madre, con un hermano biológico por la línea materna y

donde los ascendientes de primer grado por ambas líneas

habían demostrado un gran interés en el bienestar del

menor. Íd., pág. 934.

Con independencia de que tales pronunciamientos se

hicieran por medio de un dictum, en general la

extrapolación que hizo el Tribunal en M.J.C.A., menor v.

J.L.E.M., menor, supra, de la excepción reconocida en Ex

parte J.A.A., supra, tenía unas bases análogas. De ser

adoptado por sus abuelos paternos y mantenerse su relación

con su abuela y hermano por la línea materna, se hubiera

creado para él una situación similar a la condición natural

del ser humano pues podría estar vinculado a una figura

paterna (abuelo paterno), materna (abuela paterna), a un

hermano y a su abuela materna. Además, al ser huérfano no

existía el problema de que mantuviera el vínculo biológico

del menor por la línea materna porque éste no iba a tener

más de una mamá.

Posteriormente, en Virella v. Proc. Esp. Rel. Fam.,

supra, este Tribunal, tomo como base los pronunciamientos

que hizo en M.J.C.A., menor v. J.L.E.M., menor, supra,

para emitir otro dictum de esa índole. Allí, los abuelos

paternos, presentaron una petición conjunta para adoptar a

su nieta, que luego enmendaron para que el abuelo paterno

apareciera como adoptante único. La enmienda se debió a que

la madre biológica de la menor quería retener la patria

potestad y la custodia legal sobre su hija, y deseaba que CC-2009-202 15

ésta conservara su segundo apellido. Así, la controversia

que tuvo el Tribunal ante sí era si las excepciones a la

norma de adopción conjunta para los cónyuges establecidas

en el Art. 133 del Código Civil, supra, constituían una

enumeración taxativa o meramente ilustrativa. Virella v.

Proc. Esp. Rel. Fam., supra, pág. 752. El Tribunal resolvió

que las excepciones a la norma de adopción conjunta eran

una enumeración taxativa. Íd., pág. 758. Por lo tanto

determinó que el abuelo no podía adoptar individualmente

porque estaba casado. Íd., pág. 760.

No obstante, el Tribunal no se conformó con resolver

la controversia que tenía ante su consideración. Nuevamente

emitió un dictum en el que señaló, citando a M.J.C.A.,

menor v. J.L.E.M., menor, supra, que “nada impide que los

tribunales, en casos particulares, concedan la adopción y

opten por conceder la patria potestad a los abuelos

paternos con la custodia compartida entre estos y la madre

biológica del menor”. (Citas omitida.) Íd. Es decir, el

Tribunal fue más lejos porque intimó que la adopción no

tiene que necesariamente desvincular a un menor de su madre

cuando éste es adoptado por sus abuelos. Este Foro ignoró

que en M.J.C.A., menor v. J.L.E.M., menor, supra, no había

de por medio una madre biológica.

Por eso, a mi juicio, esas expresiones se abstrajeron

de los fundamentos que se esgrimieron cuando se reconoció

la excepción de Ex parte J.A.A., supra. En el supuesto de

que se permitiera la adopción conjunta de los abuelos y, a

su vez, que no se rompiera el vínculo biológico entre la

madre y el adoptado, éste hubiera tenido un padre y dos CC-2009-202 16

madres, siendo su progenitora además, su hermana legal. A

nuestro juicio, eso no crearía para el adoptado una

situación similar a la condición natural del ser humano.

Con este marco teórico en mente, procedemos a

analizar los hechos del presente caso.

III

Aquí no estamos ante un menor abandonado, maltratado,

desamparado o necesitado de un hogar. Aunque reconocemos

que la adopción puede ser asequible a otras instancias en

las cuales no medien estrictamente esas condiciones, lo

cierto es que la política pública acuciante proyectada en

las Leyes Núm. 8 y Núm. 9, supra, es proteger a menores

enmarcados en ese perfil. Tampoco estamos ante una petición

de adopción de vínculo sencillo en la que se busca darle un

padre al menor S.A.C. Aquí la solicitud de adopción es de

doble vínculo (abuelo y abuela), por lo que no es de

aplicación la excepción reconocida en Ex Parte J.A.A.,

supra, estatuida en el Art. 138 del Código Civil, supra.

Asimismo, me parece que los fundamentos que movieron al

Tribunal a establecer esa excepción no están presentes en

el caso de autos.

Si permitimos que los peticionarios adopten al menor

y que, por excepción, la madre biológica siga

relacionándose con éste en calidad de mamá, subsistiría una

relación filial afectiva idéntica a la del parentesco

biológico pero con una anomalía palpable: los peticionarios

se convertirán de jure en los padres del menor y su madre,

a quién éste considera su mamá, en su hermana legal. Soy

del parecer que ello no crearía para el adoptado una CC-2009-202 17

natural del ser humano. Si se concede la adopción, la ley

formalizaría una realidad distinta a la experimentada por

S.A.C. porque convertiría a su abuela en su madre legal

cuando éste a quien reconoce como “mamí” es a su madre

biológica. En este caso, su madre se convertirá en su

hermana legal y sus hermanos en sus sobrinos legales. Por

eso, creo que la concesión de la adopción bajo esos

términos no es afín a la intención legislativa, según

expuesta en las Leyes Núm. 8 y 9, supra, que favorece la

consanguinidad. López v. E.L.A., supra, pág. 300.

Aquí, distinto a lo ocurrido en Ex Parte J.A.A.,

supra, la adopción no viene a consagrar ante la ley la

situación que S.A.C. ha conocido durante toda su vida. Si

bien el menor reconoce a su abuelo como su papá, no es

menos cierto que para él su mamá es su progenitora. De

hecho, ésta no le niega cobijo a S.A.C. Lo que señala es

que S.A.C. prefiere residir con los abuelos. Tales

expresiones demuestran que la progenitora está dispuesta a

hacerse responsable de S.A.C. y a seguir fungiendo su rol

de madre.

Por otro lado, como indicaron tanto el Tribunal de

Primera Instancia como el Tribunal de Apelaciones, nada

impide que los peticionarios soliciten la custodia de

S.A.C. En primer lugar, las determinaciones sobre custodia

en nuestra jurisdicción deben hacerse a base del bienestar

y los mejores intereses del menor. Rivera v. Morales, 167 CC-2009-202 18

D.P.R. 280, 293 (2006); Nudelman v. Ferrer Bolivar, 107

D.P.R. 495, 509 (1978); Marrero Reyes v. García Ramírez,

105 D.P.R. 90, 104 (1976). No existe una regla mecánica de

que los padres biológicos deben prevalecer siempre en los

reclamos de custodia. Marrero Reyes v. García Ramírez,

supra, pág. 105. Por ello, es necesario que los tribunales

consideren distintos factores al momento de determinar el

bienestar del menor al adjudicar casos de custodia. Estos

son: la preferencia del menor, su sexo, edad, salud mental

y física; el cariño que pueden brindarle las partes en

controversia; la habilidad de las partes para satisfacer

las necesidades afectivas y morales del menor; la

interrelación del menor con las partes y con otros miembros

de la familia; el grado de ajuste del menor al hogar, la

escuela y la comunidad en que vive; y la salud psíquica de

las partes. Rexach v. Ramírez, 162 D.P.R. 130, 160-161

(2004); Marrero Reyes v. García Ramírez, supra, pág. 105.

Por lo tanto, si realmente el mejor bienestar de S.A.C.

está con sus abuelos, aunque los padres biológicos

soliciten la custodia no se les concederá. Así lo provee

nuestro ordenamiento.

En segundo lugar, la madre de S.A.C. no le ha negado

cobijo. Además, no surge de los autos que ésta se haya

despreocupado por el menor o que lo haya maltratado,

abandonado o despreciado. Al contrario, ella lo que dice es

que consiente la adopción porque eso es lo que quiere

S.A.C. A nuestro juicio, ello revela que la madre sí se

preocupa por el menor y quiere lo mejor para él. Por eso,

no podemos colegir categóricamente que si la madre tuviera CC-2009-202 19

la custodia del menor se trastocaría la seguridad y

estabilidad de éste.

Ahora bien, distinto a la custodia, si se le concede

la adopción a los peticionarios, el abuelo del menor, el

señor Carrillo Vázquez, podrá solicitar un beneficio

económico adicional al que actualmente recibe por parte del

Gobierno Federal por tener un dictamen de incapacidad. Si

adopta a S.A.C. podría recibir un cheque adicional por

concepto de seguro social a nombre del menor. Véase, Sec.

202 (d)(1) del Social Security Act,3 42 U.S.C. sec. 402

(establece que los hijos menores dependientes de las

personas incapacitadas bajo dicho estatuto, tienen derecho

a recibir un beneficio económico). Véase además, Torres

Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, res. 29 de diciembre de

2009, 177 D.P.R. ___ (2009), 2009 T.S.P.R. 187.

No cabe duda que uno de los fines de la adopción es

que al adoptado se le provea seguridad económica. Ese fin

en sí mismo es loable. Sin embargo éste no puede justificar

toda forma en que se pretenda satisfacer: “el fin no

siempre justifica los medios”.

En primer lugar, creo que la petición de adopción no

puede fundamentarse en la obtención de un beneficio

económico de esta naturaleza porque existe el riesgo de que

futuros adoptantes hagan peticiones de adopción con el

propósito de recibir la ayuda económica que proporcionan

distintas entidades del Gobierno, como lo es el seguro

social, para beneficiarse a sí mismos y no al adoptado. No

3 Ley Púb. Núm. 92-603 del 14 de agosto de 1935 conocida como “Social Security Act”, Títulos IV-A y XVI, según enmendada. CC-2009-202 20

debemos olvidar que en estos casos, por ser el adoptado

menor de edad, será el adoptante quien, como norma general,

termine administrando el dinero que reciba el primero.

Además, es muy difícil determinar si el adoptante quiere

adoptar para ayudar al menor o para ayudarse a sí. Por eso,

el mero hecho de que la concesión de la adopción esté

relacionada con este tipo de beneficio, plantea la

posibilidad de que se pueda defraudar al Gobierno.

En segundo lugar, considero que la seguridad

económica de un menor no puede estar supeditada a la

posibilidad de que con la adopción se pueda recibir un

beneficio económico por parte del Gobierno. Ello porque la

obtención de tal beneficio no está garantizada y la

adopción no debe evaluarse a base de meras posibilidades.

Tiene que haber la mayor certeza posible de que el menor

tendrá seguridad económica. Después de todo, el decreto de

adopción tiene que basarse en el mejor interés y bienestar

del menor. Por eso, entiendo que la finalidad de la

seguridad económica se tiene que analizar al momento de la

petición de la adopción y no a base de una posibilidad

futura. Es decir, si el adoptante puede brindarle seguridad

económica al adoptado al momento en que hace la petición de

adopción.

En consecuencia, no creo que sea cónsono con los

mejores intereses de un menor que es candidato a ser

adoptado, el que los tribunales consideren como uno de los

criterios para conceder la adopción, que el Gobierno le

pueda proporcionar un beneficio económico. Por un lado,

ello propicia que personas inescrupulosas quieran adoptar CC-2009-202 21

para beneficiarse de esa ayuda económica y, por otro lado,

sujeta o condiciona la seguridad económica del menor a la

posibilidad de que el Gobierno conceda ese beneficio. Esto

no le hace justicia a ningún menor que pueda ser adoptado.

IV

Por los fundamentos expuestos, procede que se

confirme el dictamen del Tribunal de Apelaciones por

entender que no procede la adopción del menor bajo las

circunstancias del presente caso por ser contraria a la

normativa vigente que regula el derecho de adopción en

nuestra jurisdicción.

Mildred G. Pabón Charneco Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Opinión Disidente emitida por el Juez Presidente SEÑOR HERNÁNDEZ DENTON a la cual se unen la Jueza Asociada SEÑORA FIOL MATTA y la Juez Asociada SEÑORA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.

San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2011.

El día de hoy, unos abuelos se ven

imposibilitados de adoptar al nieto que han criado

como si fuese un hijo por el mero hecho de que la

madre del menor se relaciona con éste. Por estar este

Tribunal igualmente dividido, se confirma una

sentencia del Tribunal de Apelaciones que denegó la

adopción bajo el fundamento principal de que lo que

estos abuelos pretenden contravendría la política

pública y la normativa sobre la adopción. No estamos

de acuerdo con una interpretación tan restrictiva de

la ley, sobre todo cuando, como sucede en este caso,

su aplicación lleva a un resultado contrario a los

mejores intereses del menor. El bienestar del menor CC-2009-202 2

es, precisamente, el bien jurídico que por ley venimos

llamados a proteger. Por estas razones, las cuales se

detallan a continuación, hubiésemos revocado la sentencia

del Tribunal de Apelaciones y permitido la adopción del

menor por sus abuelos, los peticionarios.

I.

La Sra. Gloria Ileana Carrillo Colón tenía 14 años

cuando dio a luz al menor S.A.C. en 1999. Desde que nació,

el menor ha vivido en casa de sus abuelos maternos, el

Sr. Samuel Carrillo Vázquez y la Sra. Ana I. Colón Ortiz.

Inicialmente, el menor vivió allí junto a su madre

biológica. Posteriormente, cuando el niño tenía cinco años,

su madre se fue a vivir con su entonces compañero

sentimental, quedándose su hijo bajo la guarda de sus

abuelos maternos, con quienes vive hasta el día de hoy. El

menor reconoce que la señora Carrillo Colón es su madre

biológica, refiriéndose a ella como “mami”. Sin embargo, le

dice “papi” a su abuelo, aun cuando conoce a su presunto

padre biológico, quien no lo ha reconocido como su hijo.4

Así las cosas, el 18 de julio de 2008, el señor

Carrillo Vázquez y la señora Colón Ortiz presentaron ante el

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama, una petición

para adoptar a su nieto S.A.C., quien para esa fecha tenía

4 Al momento de presentarse esta petición de adopción, la señora Carrillo Colón, madre biológica del menor, tenía tres hijos adicionales y se encontraba a la espera de un quinto hijo. Excepto por el menor S.A.C., todos los otros hijos de la señora Carrillo Colón viven con ella y su compañero sentimental. Para esa misma fecha, el presunto padre biológico del menor se hallaba confinado. CC-2009-202 3

nueve años.5 A tales efectos, expusieron que gozan de buena

reputación en la comunidad y que están en condición de

continuar proveyéndole al menor un hogar estable, sano y

moral, y de atender sus necesidades emocionales, materiales

y económicas. Además, revelaron que su fuente de ingresos

consiste de los beneficios que el señor Carrillo Vázquez

recibe en calidad de veterano.

La solicitud de adopción vino acompañada de una

declaración jurada otorgada por la señora Carrillo Colón,

madre biológica del menor e hija de los peticionarios, en la

que ésta consiente a que sus padres —los abuelos de S.A.C.—

adopten a su hijo.6 Asimismo, la trabajadora social del

Departamento de la Familia y la Procuradora de Asuntos de

Familia no se opusieron a la solicitud de adopción, pues

coincidieron en que los peticionarios tienen la capacidad

para garantizar el bienestar del menor. Así lo manifestaron

en una vista celebrada el 20 de octubre de 2008 por el

Tribunal de Primera Instancia.

No obstante, el foro primario denegó la petición por

entender que ésta desvirtúa el enfoque de nuestra normativa

sobre adopción. Razonó que dicha normativa salvaguarda el

interés social de niños maltratados, desamparados,

5 Como cuestión de hecho, a la fecha de presentación de la petición, los peticionarios, el Sr. Samuel Carrillo Vázquez y la Sra. Ana I. Colón Ortiz, tenían 56 y 44 años, respectivamente. 6 Allí, la Sra. Gloria Ileana Carrillo Colón declaró: “Que por la presente libre y voluntariamente AUTORIZO Y NO TENGO OBJECIÓN a que mi hijo se[a] ADOPTADO LEGALMENTE POR SUS ABUELOS SAMUEL CARRILLO VÁZQUEZ Y ANA LILIAM COLÓN ORTIZ para todos los efectos legales”. CC-2009-202 4

abandonados y sin hogar alguno, consideraciones que, según

dicho foro, están ausentes en este caso. De igual forma,

concluyó que la presente petición está motivada por el deseo

de que el menor cuente con mayor protección económica. Sobre

este particular, sostuvo que una adopción no puede basarse

meramente en la determinación de que, económicamente, el

menor estará mejor con los adoptantes.

Inconformes, los peticionarios presentaron una moción

para solicitar determinaciones de hechos adicionales. Dicha

moción fue denegada por el Tribunal de Primera Instancia.7

Así las cosas, los peticionarios acudieron ante el

Tribunal de Apelaciones. La Procuradora General compareció y

se expresó a favor de la adopción solicitada. No obstante,

el foro apelativo intermedio confirmó la decisión del

tribunal de instancia de denegar la adopción. Dicho foro

entendió que la relación que la madre biológica pretende

seguir teniendo con su hijo es contraria al mandato de que,

mediante la adopción, se rompa todo vínculo legal con la

familia biológica. Razonó que el legislador contempló un

rompimiento de vínculos, no una conversión de madre a

hermana. Según el Tribunal de Apelaciones, tal situación

7 De la resolución emitida a tales efectos por el foro de instancia, resultan relevantes las siguiente expresiones:

Tomamos excepción de las expresiones de la parte peticionaria al inferir una veda particular a las peticiones de adopción promovidas por abuelos. Ciertamente esa no es la postura de este Tribunal, según evidencia nuestro récord judicial en atención de solicitudes instadas por abuelos y familiares, en circunstancias que se enmarcan dentro del fin perseguido por la normativa de adopción. CC-2009-202 5

crearía una confusión en la psiquis del niño, la cual hace

que la adopción no propenda al mejor interés y bienestar del

menor. Este elemento, entendió el juzgador apelativo, no fue

considerado por la trabajadora social. Dicho foro concluyó

además que la madre biológica del menor no quería o

comprendía las consecuencias de la adopción, razón por la

cual su consentimiento estuvo viciado y procedía desestimar

la acción. Por último, el foro apelativo intermedio concluyó

que lo único que se lograba con la presente adopción era que

el menor se beneficiara de la compensación por incapacidad

que su abuelo, el señor Carrillo Vázquez, recibía en calidad

de veterano. Tal beneficio económico, concluyó, no podía ser

el fundamento para cambiar la filiación de un menor. Según

el Tribunal de Apelaciones, la custodia es la figura legal

que permitiría formalizar la responsabilidad que los abuelos

asumieron con el menor, sin que la madre biológica rompa sus

vínculos legales con él y sin causarle una confusión en sus

relaciones afectivas.

Insatisfechos con este dictamen, los peticionarios

acudieron ante nos mediante recurso de certiorari. En

esencia, alegan que el Tribunal de Apelaciones erró al

resolver que la presente petición de adopción es contraria a

la política pública y la normativa en materia de adopción

por el mero hecho de que la madre biológica continuaría

relacionándose con su hijo. El 8 de octubre de 2009,

expedimos el recurso solicitado. Oportunamente, los

peticionarios presentaron su alegato. Por su parte, la

Procuradora General compareció y, una vez más, se expresó a CC-2009-202 6

favor de la adopción solicitada. Establecidos los hechos

pertinentes y el tracto procesal del caso, repasemos el

derecho aplicable a la controversia.

II.

A.

Los abuelos desempeñan un papel fundamental en nuestra

sociedad, interviniendo activamente en las vidas de sus

nietos cada vez con mayor frecuencia. Rexach v. Ramírez, 162

D.P.R. 130, 156 y 136 (2004). A tales efectos, en Alonso

García v. S.L.G., 155 D.P.R. 91, 100-101 (2001), expresamos:

La sociedad puertorriqueña ha reconocido tradicionalmente que los abuelos son una figura esencial en la formación y desarrollo de los nietos. Hoy, son muchos los abuelos que atienden y cuidan a sus nietos mientras ambos padres trabajan en busca de unos ingresos proporcionados al costo de vida. Comúnmente, los abuelos se preocupan por la salud, la alimentación, el bienestar y la seguridad de sus nietos. Además, se esmeran en brindarles cariño, atención y orientación. (Citas omitidas).

Así como hay abuelos cuyo rol es el de atender y

cuidar a sus nietos mientras los padres trabajan, existen

abuelos que tienen la responsabilidad de criar a sus

nietos. Según estadísticas del Negociado del Censo de

Estados Unidos (U.S. Census Bureau), en Puerto Rico, 59,815

abuelos son responsables por sus nietos menores de 18 años;

de ese número, 40,187 son casados (67.2%) y 37,860 son

mujeres (63.3%).8 Por otro lado, las adopciones de nietos

8 U.S. Census Bureau, Datos de la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico del 2005-2009 (Características Generales: Población y Vivienda), disponible a través de http://factfinder.census.gov/servlet/BasicFactsServlet?_lan g=es&_ts=. CC-2009-202 7

por sus abuelos son comunes en Puerto Rico. De acuerdo con

estadísticas de la Administración de Familias y Niños

(ADFAN), durante los últimos cinco años, entre el 16% y el

24% de los menores adoptados en Puerto Rico han sido

adoptados por sus abuelos. Así, por ejemplo, durante los

primeros siete meses del año fiscal 2009-2010, 38 de los

240 menores adoptados en el País (15.8%) fueron adoptados

por sus abuelos.9

B.

Por otro lado, hemos definido la adopción como un acto

jurídico solemne que supone la ruptura total del vínculo

y la consecuente filiación de ésta con quienes han

expresado la voluntad de que legalmente sea su hijo. López

v. E.L.A., 165 D.P.R. 280, 299 (2005); Virella v. Proc.

Esp. Rel. Fam., 154 D.P.R. 742 (2001); Feliciano Suárez, Ex

parte, 117 D.P.R. 402 (1986). Bajo dicha institución, la

relación filiatoria adoptiva se equipara con aquella que se

produce naturalmente, con iguales deberes y obligaciones

jurídicas y sociales. López v. E.L.A., supra; Zapata et al.

v. Zapata et al., 156 D.P.R. 278 (2002).

Mediante la adopción se busca atender el problema

social de niños abandonados y maltratados. Sobre la función

social de dicha institución jurídica, hemos indicado que

9 Oficina de Planificación de ADFAN, Informe Estadístico SP 412 (Informe de Adopción). En el año fiscal 2008-2009, 16.9% de los menores adoptados en el País (52 de 307) fueron adoptados por sus abuelos; en el 2007-2008, 24.3% (69 de 292); en el 2006-2007, 18.8% (61 de 325); en el 2005-2006, 17.8% (62 de 349). Íd. CC-2009-202 8

ésta cumple varios fines, siendo principal entre ellos el

de darles a los niños sin padres la oportunidad de criarse

en un hogar donde puedan ser atendidos debidamente y

facilitar a los padres sin hijos la oportunidad de tenerlos

y asegurar así la continuidad de su familia. López v.

E.L.A., supra, pág. 300; M.J.C.A., menor v. J.L.E.M.,

menor, supra; Feliciano Suárez, Ex parte, supra.

En nuestra jurisdicción, el acto jurídico de la

adopción está rigurosamente reglamentado por el Código

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 531-539, en su dimensión

sustantiva, y por la Ley de Procedimientos Legales

Especiales, antes Código de Enjuiciamiento Civil, 32

L.P.R.A. secs. 2699-2699s, en su dimensión procesal. López

v. E.L.A., supra; Virella v. Proc. Esp. Rel. Fam., supra;

Feliciano Suárez, Ex parte, supra.

Respecto a su vertiente procesal, la Ley Núm. 9 de 19

de enero de 1995, 32 L.P.R.A. sec. 2699 et seq., enmendó la

Ley de Procedimientos Legales Especiales con el fin de

superar los serios escollos y dilaciones innecesarias que

caracterizaban el procedimiento de adopción hasta ese

momento. López v. E.L.A., supra, págs. 299-300. Hemos

afirmado que la intención legislativa de dicha ley “va

dirigida a prestar particular atención a los menores

maltratados, abandonados y desamparados, para que mediante

los mecanismos de adopción, éstos puedan formar parte de

hogares estables, donde a su vez encuentren la felicidad,

el amor, la protección y el desarrollo físico, psicológico,

mental y moral”. Íd., pág. 300. CC-2009-202 9

Por otro lado, la Ley Núm. 8 de 19 de enero de 1995,

31 L.P.R.A. sec. 531 et sec., enmendó el capítulo del

Código Civil que regula los aspectos sustantivos de la

adopción. Sobre dicho estatuto, hemos dicho que la

intención del legislador fue “flexibilizar la institución

de la adopción para que pueda ser ampliamente utilizada por

personas que desean adoptar menores de edad”. Íd., pág. 301

(Énfasis en el original).

Mediante las referidas Leyes Núms. 8 y 9 de 1995,

supra, se adoptó en Puerto Rico lo que el legislador

describió como “una de las legislaciones más avanzadas y

liberales de todos los países occidentales en materia de

adopción[,] siendo su espíritu claramente autóctono,

ajustado a la realidad de la vida actual de la sociedad

puertorriqueña, y protector de[l] bienestar y [la]

conveniencia del adoptando”. Íd.

Ahora bien, conviene recordar que, previo a la

aprobación de las Leyes Núms. 8 y 9 de 1995, la institución

de la adopción “fue considerada como una de carácter

esencialmente social dirigida primordialmente a dar padres

a niños que nos los tuvieran, o cuyos padres no los

quisieran o no los pudieran atender debidamente”. Íd., pág.

302, citando a Ex parte J.A.A., 104 D.P.R. 551, 556 (1976)

(Énfasis nuestro).

Reiteradamente, hemos indicado que el propósito

primordial de la adopción es el bienestar del menor. López

v. E.L.A., supra; Zapata et al. v. Zapata et al., supra. El

Art. 2 de la Ley para el Bienestar y la Protección Integral CC-2009-202 10

de la Niñez, Ley Núm. 177 de 1 de agosto de 2003, 8

L.P.R.A. sec. 444 et seq., define el mejor interés del

menor como “el balance entre los diferentes factores que

pueden afectar la seguridad, salud, bienestar físico,

mental, emocional, educativo, social y [cualquier] otro

dirigido a alcanzar el desarrollo óptimo del/a menor”. 8

L.P.R.A. sec. 444(u) (Corchetes en el original).

Respecto a la interpretación del conjunto de normas

sustantivas y procesales de la adopción, hemos expresado

que éstas deben ser interpretadas liberalmente a favor del

adoptado. Sin embargo, dicha liberalidad no puede llevar a

que se violente la intención legislativa, ni consagrar

absurdos. Íd., pág. 303; Virella v. Proc. Esp. Rel. Fam.,

supra.

Debe añadirse que, recientemente, la Asamblea

Legislativa aprobó la Ley de Reforma Integral de

Procedimientos de Adopción de 2009, Ley Núm. 186 de 18 de

diciembre de 2009, 8 L.P.R.A. sec. 1051 et seq. Dicho

estatuto incorporó la opción de “madres donantes

voluntarias” a nuestro ordenamiento sobre adopción, dispuso

para la creación de un registro de personas interesadas en

adoptar y estableció un proceso de convalidación de las

adopciones llevadas a cabo fuera de Puerto Rico. En la

Exposición de Motivos, el legislador describe la adopción

como “una alternativa real y una opción de amor en

beneficio de todos, cuando por diversas circunstancias

nuestros niños no encuentran en sus padres biológicos el

amor y afecto que por derecho natural deben recibir”. CC-2009-202 11

Exposición de Motivos, Íd. (Énfasis nuestro). Su objetivo

es “velar por el mejor interés del adoptado y amparar su

derecho a desarrollarse en el seno de una familia que le

brinde el afecto y le procure los cuidados que satisfagan

sus necesidades espirituales y materiales, cuando ello no

le pueda ser proporcionado por sus padres biológicos”. Íd.

(Énfasis nuestro). Así, pues, el bienestar del menor es el

criterio rector, aun cuando este fundamento esté reñido con

la unidad familiar. Sobre este particular, el legislador

expresa:

Se ha constatado que el bienestar y la seguridad de los menores, en muchos casos, se han visto comprometidos por la obcecada intención de lograr la unidad familiar, aun en casos donde las circunstancias de dicho seno familiar van en detrimento del bienestar de los menores. Aun cuando el principio de unidad familiar es esencial, […] el fundamento principal siempre debe ser el bienestar y la seguridad del menor, brindarle un ambiente adecuado en el hogar, de modo que se sienta amado y que se pueda desarrollar física, mental, social y moralmente, además de proveerle una convivencia sana, llena de orden, paz y tranquilidad. Íd. (Énfasis nuestro).

Como mencionáramos, este estatuto estableció un

sistema de “madres donantes voluntarias”. Bajo esta

alternativa, “la mujer embarazada acuerda con unos

prospectivos padres adoptivos, la entrega de su recién

nacido, a partir de su nacimiento”. Íd. Mediante la

institución de este sistema, el legislador quiso viabilizar

un proceso expedito de adopción que sirviera para “velar

por el mejor interés del adoptado y amparar su derecho a

desarrollarse en el seno de una familia que le brinde el

afecto y le procure los cuidados que satisfagan sus CC-2009-202 12

necesidades espirituales y materiales, cuando ello no le

pueda ser proporcionado por sus padres biológicos”. Íd.

Por otro lado, hemos resuelto que ninguno de los

requisitos o de las prohibiciones sustantivas de nuestro

ordenamiento sobre adopción impide que un ascendiente

adopte a un descendiente.10 M.J.C.A., menor v. J.L.E.M.,

10 El Art. 130 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 531, dispone:

El adoptante, a la fecha de la presentación de la petición de adopción, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

(1) Haber residido ininterrumpidamente en Puerto Rico por lo menos durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la petición de adopción; (2) haber alcanzado la mayoría de edad, excepto en el caso en que dos (2) personas unidas en matrimonio adopten conjuntamente, en cuyo caso bastará que uno de ellos sea mayor de edad, pudiendo ser menor de edad el otro adoptante pero nunca menor de dieciocho (18) años; (3) tener capacidad jurídica para actuar; (4) tener por lo menos catorce (14) años más que el adoptado menor de edad.

En los casos en que un cónyuge desee adoptar un hijo del otro cónyuge, bastará que a la fecha de la presentación de la petición el adoptante tenga por lo menos dos (2) años de casado con el padre o madre del adoptado o que el cónyuge adoptante tenga por lo menos catorce (14) años más que el adoptado menor de edad.

Por su parte, el Art. 131, 31 L.P.R.A. sec. 532, dispone:

No podrán ser adoptantes las personas declaradas incapaces por decreto judicial mientras dure la incapacidad. En el caso de una persona sentenciada a cumplir pena de reclusión, no podrá ser adoptante mientras dure la misma. CC-2009-202 13

menor, supra, pág. 931. Sobre este particular, Diez-Picazo

ha señalado que:

La adopción de un descendiente por el ascendiente fue admitida en el Derecho romano, pero quedó excluida en el Derecho posterior por la exigencia de que el adoptante no tuviera descendencia. La desaparición de este precepto no impide hoy formalmente este tipo de adopción (p. ej., del nieto por el abuelo)…”. Diez-Picazo y Gullón, Sistema de Derecho Civil, 3ra ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1983, Vol. IV, pág. 382, citado en M.J.C.A., menor v. J.L.E.M., menor, supra, pág. 931.

De otra parte, el Art. 3 de la Ley Núm. 9 de 19 de

enero de 1995, supra, la cual regula el procedimiento de

adopción, establece que la petición deberá contener:

(f) Información sobre custodia legal y de facto del adoptado en caso de que éste sea menor de edad.

Esta incluirá datos referentes a la relación previa existente entre el adoptado y el adoptante, la cual luego de corroborada y analizada en sus méritos podrá ser considerada como elemento fundamental para establecer prioridad en el proceso de selección de padres adoptivos.

A tales efectos se deberá incluir, pero sin limitarse a, lo siguiente:

(A) Relación por vínculos de consanguinidad, afinidad o mediante la custodia provisional autorizada por el Departamento de la Familia o por algún tribunal competente. (B) Período de convivencia del adoptado con el adoptante, el motivo y la duración del mismo. (C) Aportaciones económicas y de cualquiera índole que ha hecho el adoptante al mejoramiento físico, emocional e intelectual del adoptado, entre otras. 32 L.P.R.A. sec. 2699b(1)(f) (Énfasis nuestro). CC-2009-202 14

Como puede verse, el legislador autorizó a los

tribunales para considerar la “relación previa existente”

entre el adoptado y el adoptante como un “elemento

fundamental para establecer prioridad” a la hora de

seleccionar padres adoptivos. A tales efectos, requirió que

la petición estableciera, entre otras cosas, la relación

por vínculos de consanguinidad y el período de convivencia

del adoptado con el adoptante.

De otra parte, el Art. 2, inciso 10, de la Carta de

los Derechos del Niño, Ley. Núm. 338 de 31 de diciembre de

1998, 1 L.P.R.A. sec. 412(10), declara que, excepto cuando

sea adoptado por personas ajenas a la familia, todo niño en

Puerto Rico tendrá derecho a “continuar relacionándose con

aquellos miembros de la familia que tienen significación

para él o ella […] siempre que la relación sea en su

interés”. Íd. Si bien esta disposición se refiere a los

casos en los que la separación ocurre por muerte de uno de

los progenitores o por divorcio, igual espíritu debe reinar

en las circunstancias de este caso.

Ahora bien, como regla general, la adopción desarraiga

al adoptado de todo vínculo de parentesco y de todo derecho

respecto de su familia biológica. M.J.C.A., menor v.

J.L.E.M., menor, 124 D.P.R. 910, 933 (1989); Rivera Coll v.

Tribunal Superior, 103 D.P.R. 325, 332 (1975). Sin embargo,

a esta norma le hemos reconocido una excepción. En Ex parte

J.A.A., supra, resolvimos que “[n]ada hay en la ley que

impida que el adoptado, al adquirir un padre adoptivo siga

vinculado en su parentesco natural con su madre biológica, CC-2009-202 15

y viceversa”. Íd., pág. 558. Dicho caso trataba de una

mujer soltera que solicitó adoptar a la hija de su ex

compañero sentimental. El Tribunal de Primera Instancia

denegó la petición. Al revocar, recalcamos el hecho de que

la niña no había conocido otra madre que no fuera la

peticionaria. En consideración de ello, expresamos que la

adopción venía a “consagrar ante la ley la situación de

hechos que la niña ha conocido dura toda su corta vida”.

Íd., pág. 560.

De otra parte, en M.J.C.A., menor v. J.L.E.M., menor,

supra, atendimos una petición de adopción presentada por

los abuelos paternos de un menor huérfano. Dicha adopción

hubiera desvinculado al menor de su familia biológica por

la línea materna. No obstante, sostuvimos que, según lo

resuelto en Ex parte J.A.A., supra, ello no tenía que ser

así necesariamente. M.J.C.A., menor v. J.L.E.M., menor,

supra, pág. 933. Así, pues, reconocimos “la alternativa de

conceder la adopción a los abuelos paternos sin desvincular

totalmente al menor de su relación con su parentesco

biológico por la línea materna”. Íd., pág. 934. Asimismo,

expresamos que nada impide que los tribunales consideren

otras alternativas, con el fin de identificar la opción más

beneficiosa para el menor. Íd.

Lo expresado en M.J.C.A., menor v. J.L.E.M., menor,

supra, sirvió de base para nuestra decisión en Virella v.

Proc. Esp. Rel. Fam., supra. Dicho caso trataba también

sobre la adopción de una nieta por sus abuelos. Distinto al

caso anterior, allí la menor no era huérfana. No obstante, CC-2009-202 16

sus abuelos paternos se habían hecho cargo de la niña desde

su infancia. Así las cosas, los abuelos presentaron una

petición de adopción conjunta. El padre biológico —el hijo

de los peticionarios— consintió a la adopción, pero la

madre biológica se opuso porque quería retener la patria

potestad y custodia legal sobre su hija, y deseaba que esta

última conservase su segundo apellido. En vista de ello, se

enmendó la petición de adopción para que el abuelo paterno

apareciese como adoptante individualmente. El tribunal de

instancia autorizó la adopción individual por el abuelo,

actuación que fue confirmada por el Tribunal de

Apelaciones. No obstante, este Tribunal revocó tras

resolver que, conforme al Art. 133 del Código Civil, 31

L.P.R.A. sec. 534, el abuelo no podía adoptar

individualmente debido a que estaba casado. Lo que

procedía, dijimos, era la adopción conjunta de los abuelos.

Ello, sin perjuicio de que la madre biológica mantuviera

ciertas relaciones con su hija. Íd., pág. 760. En voz del

entonces Juez Asociado señor Corrada Del Río, expresamos:

En [M.J.C.A., menor v. J.L.E.M., menor] indicamos que nada impide que los tribunales, en casos particulares, concedan la adopción y opten por conceder la patria potestad a los abuelos paternos con la custodia compartida entre éstos y la madre biológica del menor. Los tribunales, incluso, pueden considerar “otro tipo de relaciones con las condiciones que estimen adecuadas y pertinentes”. Lo importante es que las alternativas sean analizadas por el tribunal “a base de los hechos ante sí y del estudio social —mandatorio en estos casos— para optar por la alternativa que beneficie y sea mejor para el menor”. En fin, el tribunal deberá siempre determinar dónde residen los mejores intereses del menor y cuál debe ser el remedio más adecuado: la adopción o las alternativas antes CC-2009-202 17

discutidas. Íd., págs. 760-761. (Citas omitidas y énfasis en el original).

En Virella, entendimos que el mejor bienestar del menor

estaba con sus abuelos. Por esa razón, estimamos que lo que

procedía en ese caso era conceder la adopción a los

abuelos, aun cuando la madre biológica del menor deseaba

retener la patria potestad y custodia legal de su hijo.

Asimismo, favorecimos la adopción del nieto por sus abuelos

paternos, aun cuando ambos padres biológicos continuarían

relacionándose con el menor.

La jurisprudencia reseñada demuestra nuestra fidelidad

al principio de que las normas sobre adopción deben ser

interpretadas con el fin de garantizar el mejor bienestar

del adoptado. Así, pues, hemos favorecido la flexibilidad y

desfavorecido las prohibiciones absolutas. De igual forma,

hemos autorizado a los tribunales para considerar otras

alternativas que puedan servir los mejores intereses del

menor. Puesto que cada familia es un universo y este

Tribunal no tiene la capacidad de anticipar todas las

situaciones de hechos que pudieran suscitarse, nuestro rol

en estos casos debe ser el de establecer guías que ayuden a

los tribunales de instancia a llevar a cabo su encomienda

de garantizarles un hogar estable a los menores que, por la

razón que sea, no lo tienen.

Conforme a lo anterior, reiteramos que, en nuestro

ordenamiento, no existe impedimento jurídico a que un

ascendiente adopte a un descendiente. De igual forma,

reafirmamos que unos abuelos pueden adoptar a su nieto, CC-2009-202 18

incluso cuando el menor mantendría contacto con sus padres

biológicos. Cuando el mejor bienestar del menor esté con

sus abuelos, y la madre o el padre biológicos deseen tener

un rol activo en la crianza de su hijo, los tribunales

podrán considerar cualquier otra alternativa que estimen

adecuada o pertinente, como, por ejemplo, conceder la

patria potestad a los abuelos mediante la adopción, con la

custodia compartida entre éstos y cualquiera de los padres

biológicos del menor. Lo determinante en este proceso

siempre debe ser dónde residen los mejores intereses del

menor.

Con estos preceptos en mente, atendamos las

particularidades de la presente controversia.

III.

No existe controversia sobre la capacidad de los

peticionarios para garantizar el bienestar de su nieto. El

Ministerio Público y la Unidad de Adopciones del

Departamento de la Familia coinciden en ello. El Tribunal

de Primera Instancia no cuestionó dicha determinación. Así,

pues, las objeciones a la presente petición son de carácter

estrictamente jurídico. Por un lado, el tribunal de

instancia denegó la adopción por entender que el propósito

de la adopción es salvaguardar el bienestar de los menores

maltratados, desamparados, abandonados y sin hogar alguno,

consideraciones, que según el foro primario, no están

presentes en este caso. Por el otro, el Tribunal de

Apelaciones confirmó tal dictamen bajo el fundamento

principal de que la adopción no desvincularía al menor de CC-2009-202 19

su madre biológica, lo cual, según ese foro, es contrario a

la normativa vigente.

En los casos de adopción, nuestro norte siempre debe

ser el bienestar del menor. Así como nuestra interpretación

de la ley de adopción no debe ser tan liberal que violente

la intención legislativa, tampoco puede ser tan estrecha

que frustre su noble propósito de garantizarles un hogar

estable a los menores que no lo tienen. Si bien nuestra

normativa sobre adopción va dirigida a prestar particular

atención a los menores maltratados, abandonados y

desamparados, de manera que éstos tengan la oportunidad de

criarse en un hogar donde puedan recibir la atención que se

merecen, no sería justo entender que dicha normativa

únicamente atiende tales casos. Tal interpretación iría en

detrimento del bienestar de muchos menores que, en el

sentido más estricto, no son huérfanos ni han sido víctimas

de maltrato o abandono. Conforme a lo anterior, la adopción

debe también servir para atender la necesidad de ofrecer

hogares estables a menores cuyos progenitores no están en

condiciones de asumir la responsabilidad que supone ser

padre o madre.

Por otro lado, si bien la norma general es que la

adopción desvincule al adoptado de todo vínculo de

parentesco, hemos reconocido, a modo de excepción, la

posibilidad de que un tribunal conceda la adopción de un

menor a sus abuelos sin desvincular totalmente al menor de

su parentela biológica. Virella v. Proc. Esp. Rel. Fam.,

supra; M.J.C.A., menor v. J.L.E.M., menor, supra. En todo CC-2009-202 20

momento, nos referimos al vínculo jurídico que une al menor

con su familia biológica, no al vínculo natural. Así, no

podemos suscribir una interpretación de la ley cuyo efecto

práctico es el de supeditar la adopción de un nieto por sus

abuelos al requisito de que la madre biológica del menor

renuncie a la posibilidad de relacionarse con su hijo. No

vemos cómo una interpretación tan estricta propende al

bienestar del menor. Tampoco vemos cómo abona a la política

pública de que, en casos de adopción entre parientes, los

menores continúen relacionándose con aquellos miembros de

la familia que son importantes para ellos. Art. 2, inciso

10, de la Carta de los Derechos del Niño, supra.

Como argumento adicional en contra de la presente

petición, el Tribunal de Apelaciones señaló que permitir la

adopción podría crear confusión en la psiquis del niño,

elemento que, según dicho foro, la trabajadora social no

consideró en su estudio social. No estamos en posición de

determinar si este elemento fue considerado o no por la

trabajadora social. Sin embargo, se nos hace difícil pensar

que dicha profesional no haya considerado un aspecto tan

evidente. Asimismo, no vemos cómo una adopción que vendría

a formalizar la relación doméstica ya existente entre los

peticionarios y su nieto podría confundir a este último.

La teoría de que la presente adopción crearía una

confusión en la psiquis del menor es, a lo sumo, una

hipótesis. La realidad es que no estamos en posición de

hacer tal determinación. Para ello, la ley ordena que, en

casos como éste, se haga un estudio social que los CC-2009-202 21

tribunales luego debemos considerar para determinar si la

adopción sirve los mejores intereses del menor.

No obstante lo anterior, entendemos que, llevado hasta

sus últimas consecuencias, el razonamiento empleado por el

Tribunal de Apelaciones nos requeriría intervenir con toda

una serie de prácticas familiares. Bajo el pretexto de no

confundir a los menores, no podríamos, por ejemplo,

permitir que una madre con custodia de su hijo menor se

case con un hombre distinto al padre de su hijo. ¿O es que

ello no crea una confusión en la psiquis del menor?

En suma, no tenemos los elementos de juicio ni la

pericia para evaluar el efecto que la adopción solicitada

tendría sobre la psiquis del menor concernido. Así, pues,

cómo mejor garantizamos el bienestar del menor es dejando

dicha determinación a los especialistas en conducta humana.

De otra parte, el foro apelativo intermedio concluyó

que el consentimiento de la madre biológica estuvo viciado

toda vez que ésta no quería o comprendía las consecuencias

de la adopción, según se deduce de su alegada pretensión de

continuar relacionándose con el menor. De la referida

declaración, surge que la madre biológica autorizó que su

hijo fuera adoptado por sus abuelos “para todos los efectos

legales”. Dicha declaración no fue cuestionada. Además, de

los hechos del casos se deduce que la madre biológica optó

por desentenderse de su responsabilidad como madre. Como

mínimo, esto ocurrió cuando, teniendo cinco años el menor,

ella se fue del hogar de sus padres y dejó a su hijo

viviendo con sus abuelos. Más aún, es posible que la madre CC-2009-202 22

biológica, quien tenía apenas 14 años cuando su hijo nació,

nunca asumiera tal responsabilidad. A esto se le suma el

hecho de que, posteriormente, la madre biológica tuvo más

hijos de otro padre, y en ningún momento ha procurado que

el menor S.A.C. vaya a vivir con ellos. De lo anterior

surge que la madre biológica consintió a que sus padres —

los abuelos de S.A.C.— fueran quienes criaran a su hijo.

Estamos, pues, ante una adopción que viene a convertir en

realidad jurídica lo que hace años es una realidad de

facto. Es decir, la adopción no trastoca la realidad

doméstica de la familia; por el contrario, la formaliza. En

ese contexto, la madre biológica no debió haber tenido

dificultad en entender las consecuencias de la adopción.

Igualmente, ambos foros inferiores cuestionaron los

motivos de los peticionarios para querer adoptar a su

nieto. Indicaron que el único fundamento para la presente

adopción es el beneficio económico por incapacidad que el

peticionario y abuelo del menor, el Sr. Carrillo Vázquez,

recibe de la Administración de Veteranos. Dicho beneficio,

sostuvieron, no puede ser el fundamento para conceder una

adopción. Entendemos que la posibilidad de que dicho

beneficio económico sea de provecho para el menor no es, de

por sí, un fundamento para conceder o denegar la petición

de adopción. Ahora bien, no cabe duda de que este elemento

puede ser considerado al analizar si la adopción solicitada

contribuye al bienestar del menor. Así lo reconoció el

legislador en la Ley Núm. 9 de 1995, supra, cuando indicó

que mediante la agilización del proceso de adopción se CC-2009-202 23

perseguía “el fin de que al adoptado se le provea, con

carácter permanente, un hogar donde se le brinde cariño,

cuidado, protección, seguridad económica, social y

emocional”. Exposición de Motivos, Ley Núm. 9 de 19 de

enero de 1995, 1995 Leyes de Puerto Rico, pág. 61 (Énfasis

nuestro). No debe perderse de vista que, de ordinario, el

factor económico incide en el acceso a servicios dirigidos

a alcanzar el desarrollo óptimo del menor, tales como la

educación y la salud.

Por último, debemos atender el planteamiento de los

tribunales inferiores en el sentido de que lo que procedía

en este caso era que los abuelos solicitaran la custodia de

su nieto. Es correcto que los peticionarios tenían esa

alternativa, mas no era la única que tenían. Como hemos

visto, en nuestro ordenamiento no existe impedimento a que

unos abuelos adopten a su nieto, incluso cuando, como en

este caso, la madre biológica continuaría relacionándose

con el menor. Así, pues, recae sobre las partes concernidas

la determinación inicial de qué arreglo jurídico-familiar

es el más apropiado para garantizar los mejores intereses

del menor. Dicha determinación inicial luego deberá ser

avalada por un tribunal, el cual verificará que la adopción

solicitada cumpla con los requisitos de ley y evaluará la

petición a la luz criterios establecidos para ello.

La custodia no tiene los mismos efectos jurídicos que

la patria potestad adquirida por la adopción. Con sólo la

custodia, los abuelos no podrían, por ejemplo, suplir la

capacidad de su nieto menor. Para ello, tendrían que CC-2009-202 24

obtener la tutela. Tal trámite sería una carga adicional a

los abuelos toda vez que, como tutores, tendrían que

cumplir con toda una serie de requerimientos que nuestra

normativa sobre la tutela impone. Por otro lado, mediante

la adopción, los abuelos obtendrían la custodia permanente

del menor. Diferente sería el caso si tuvieran sólo la

custodia. En tales circunstancias, los abuelos quedarían a

la merced de que, en un futuro incierto, la madre o el

padre biológicos soliciten la custodia del menor. Resulta

evidente que, en el presente caso, tal eventualidad daría

al traste con la estabilidad y seguridad de las que el

menor S.A.C. goza actualmente junto a sus figuras paternas

de facto, sus abuelos. Sólo la adopción garantizaría el

disfrute ininterrumpido de dichas condiciones, amén de que

formalizaría la responsabilidad parental que los abuelos

han asumido respecto a su nieto.

En suma, coincidimos con la apreciación de que quienes

mejor pueden garantizar el bienestar del menor S.A.C. son

los peticionarios. Asimismo, estimamos que, en las

circunstancias específicas de este caso, la adopción es el

mecanismo jurídico que mayor protección ofrece los mejores

intereses del menor. Por estas razones, y convencidos de

que no existe ningún impedimento jurídico a la adopción

solicitada, hubiéramos revocado la sentencia del Tribunal

de Apelaciones.

Federico Hernández Denton Juez Presidente