Berkan Y Otros v. Mead Johnson Nutrition Puerto Rico, Inc.

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: March 12, 2020
• Docket: AC-2018-62
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Judith Berkan y otros

Peticionarios Certiorari v. 2020 TSPR 29 Mead Johnson Nutrition Puerto Rico, Inc. 204 DPR ____

Recurrida

Número del Caso: AC-2018-62

Fecha: 12 de marzo de 2020

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan- Caguas, Panel I

Abogadas de la parte peticionaria:

Lcda. Judith Berkan Lcda. Mary Jo Méndez

Abogadas de la parte recurrida:

Lcda. Magda Mariela Rexach-Rexach Lcda. Rosalie Irizarry Silvestrini

Materia: Derecho Laboral – Aplicación de la Ley Núm. 402 de 12 de mayo de 1950, según enmendada, (Ley Núm. 402), 32 LPRA sec. 3114 et seq., a reclamaciones extrajudiciales laborales. Se decreta la nulidad de las cláusulas contenidas en acuerdos de transacciones extrajudiciales laborales mediante las cuales un empleado renuncia al pago de los honorarios de abogado por ser una práctica contraria a la política pública que persigue la Ley Núm. 402.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Peticionarios

v. AC-2018-62 Certiorari

Mead Johnson Nutrition Puerto Rico, Inc.

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR FELIBERTI CINTRÓN.

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de marzo de 2020.

En este recurso se cuestiona la aplicación de la Ley

Núm. 402 de 12 de mayo de 1950 (Ley Núm. 402), según

enmendada, 32 LPRA sec. 3114 et al., a un acuerdo de

separación y relevo general extrajudicial entre un empleado

y su antiguo patrono, en ocasión de ser cesanteado.1

Adelantamos que luego de examinar detenidamente los sucesos

pertinentes, a la luz del derecho aplicable, resolvemos que

la Ley Núm. 402 es aplicable a reclamaciones

extrajudiciales. Como resultado de lo anterior, declaramos

que en este tipo de acuerdo será nula toda cláusula mediante

la cual el empleado cesanteado otorgue un relevo a favor

1 La Ley Núm. 402 de 12 de mayo de 1950 (Ley Núm. 402), según enmendada, 32 LPRA sec. 3114 et al., específicamente implementa una política pública que prohíbe a los abogados el cobro de honorarios en reclamaciones laborales en contra de los empleados. Asimismo, establece que cuando el obrero prevalezca en este tipo de casos, le corresponde al patrono pagar los honorarios de abogado. Véase Art. 2 de la Ley Núm. 402, 32 LPRA sec. 3115. AC-2018-62 2

del patrono sobre el pago de los honorarios de abogado, por

ser esta práctica contraria a la política pública de la

referida ley. Además, aclaramos cuál es el remedio que

tienen los abogados ante una disputa sobre honorarios al

amparo de esta disposición estatutaria.

I.

El Sr. Luis Ortiz Albino (señor Ortiz) estuvo empleado

por Mead Johnson Nutrition Puerto Rico, Inc. (Mead o

patrono) desde el 29 de enero de 1979 hasta el 10 de

diciembre de 2012, fecha en que fue separado de su empleo

por motivo de una reorganización mediante la cual se eliminó

su plaza de la compañía. Ese mismo día, el patrono le

entregó un Borrador del acuerdo de separación y relevo

general (Borrador del acuerdo)2 mediante el cual se le

informó que era elegible para recibir un paquete de

beneficios condicionado a que suscribiera el Borrador del

acuerdo. Entre otras cosas, el Borrador del acuerdo

otorgaba una compensación por separación de empleo, a cambio

de su renuncia a posibles reclamaciones al amparo de leyes

laborales estatales y federales en contra del patrono.

El 12 de diciembre de 2012, antes de firmar el Borrador

del acuerdo, el señor Ortiz pactó un contrato de servicios

2 Para evitar confusión denominaremos el documento entregado inicialmente por Mead Johnson Nutrition Puerto Rico, Inc. (Mead o patrono) como Borrador del acuerdo de separación y relevo general (Borrador del acuerdo) para distinguirlo de la versión final del Acuerdo de separación y relevo general (Acuerdo final). AC-2018-62 3

profesionales con las Lcdas. Judith Berkan y Mary Jo Méndez

(peticionarias o abogadas) quienes formaban parte del Bufete

Berkan Méndez Law Offices. Así pues, las peticionarias

representaron al señor Ortiz frente al patrono durante las

negociaciones concernientes al referido Borrador del acuerdo

desde diciembre de 2012 hasta marzo de 2013. Como resultado

de su intervención se realizaron varias modificaciones al

Borrador del acuerdo.

En lo pertinente a este recurso, la versión final del

Acuerdo de separación y relevo general (Acuerdo final)

estableció que:

ACUERDO DE SEPARACIÓN Y RELEVO GENERAL

Definiciones. […]. Los términos específicos que usen en este Acuerdo tienen los siguientes significados: . . . . . . . . F. Mis Reclamaciones quiere decir, excepto según específicamente excluidos en el último párrafo de esta sección luego del párrafo F.10 abajo, todos los derechos que tengo en estos momentos a cualquier tipo de remedio contra la Compañía, incluyendo, sin limitación alguna: . . . . . . . . 9. todas mis reclamaciones por honorarios de abogado[], costas e intereses. . . . . . . . . Acuerdo de Relevo sobre Mis Reclamaciones. Voy a recibir un Beneficio de Separación de [Mead], si firmo el presente Acuerdo y, si tengo 40 años de edad o más para la fecha que firme este Acuerdo, no revoco, este Acuerdo, según provisto más adelante. Entiendo y reconozco que no tendré derecho a recibir el Beneficio de Separación si no firmo este Acuerdo, o si tengo 40 años de edad o más para la fecha que firme este Acuerdo, y revoco a tiempo el mismo. A cambio del Beneficio por Separación y cualquier otra consideración descrita en este Acuerdo, renuncio a todas Mis AC-2018-62 4

Reclamaciones hasta el límite máximo permitido por ley, y acepto cumplir con este Acuerdo en todas sus partes. No demandaré a la Compañía ni presentaré reclamación contra la Compañía por compensación o indemnización relacionada a Mis Reclamaciones. El Beneficio de Separación que estoy recibiendo es justa consideración por mis promesas en este Acuerdo y tiene la intención exclusiva de obtener un relevo completo. . . . . . . . . Derecho a Consultar con un Abogado. Entiendo y reconozco que según establecido por ley, por este medio he sido aconsejado por la Compañía a consultar con un abogado, antes de firmar este Acuerdo. . . . . . . . . Interpretación de este Acuerdo. Este Acuerdo debe ser interpretado lo más ampliamente posible para lograr mi intención de resolver todas Mis Reclamaciones en contra de la Compañía, y de lo contrario cumplir con mis obligaciones bajo este Acuerdo. Si un tribunal determina que este Acuerdo es inadecuado para renunciar a una reclamación en particular, comprendida dentro de Mis Reclamaciones, este Acuerdo permanecerá en efecto y será ejecutable con respecto a todo el resto de Mis Reclamaciones.

Separabilidad. Acuerdo que, de un tribunal con jurisdicción determinar que alguna cláusula de este Acuerdo no es válida, las restantes cláusulas continuarán en pleno efecto y vigor […]. Estoy relevando voluntariamente Mis Reclamaciones en contra de la Compañía y aceptando mis otras obligaciones bajo este Acuerdo. Mi intención es que este Acuerdo sea legalmente vinculante. (Énfasis nuestro).3

La disposición relacionada con el relevo del pago de

honorarios de abogado provocó una controversia entre las

partes durante las negociaciones, por lo que el patrono

reiteró su denegatoria al pago de honorarios. No obstante,

el 7 de marzo de 2013, el señor Ortiz firmó el Acuerdo final.

3 Acuerdo de separación y relevo general, Apéndice de la Oposición a expedición de petición de certiorari, págs. 2-9. AC-2018-62 5

Por su parte, el 11 de marzo de 2013, las peticionarias

renunciaron expresamente al pago de honorarios de abogado a

través de una carta enviada a la representación legal de

Mead y expresaron que lo hacían para evitar incurrir en

violaciones éticas frente a su cliente.

A. Demanda

Así las cosas, el 6 de febrero de 2014, las peticionarias

presentaron una demanda sobre cobro de honorarios de abogado

en contra de Mead al amparo de la Ley Núm. 402. Sostuvieron

que, tras lograr el Acuerdo final que satisfizo la

reclamación extrajudicial del señor Ortiz, solicitaron el

pago de honorarios al patrono. Sin embargo, éste rehusó

hacer pago alguno y les indicó que debían cobrar sus

honorarios de la partida que se acordó pagarle al señor

Ortiz en el Acuerdo final. Las abogadas adujeron que, debido

a la prohibición de la Ley Núm. 402 sobre los pactos de

honorarios entre abogado y empleado o trabajador en los

casos de reclamaciones laborales en contra de patronos, Mead

provocó un potencial conflicto de interés entre ellas y su

cliente, pues se vieron en la obligación de renunciar a sus

honorarios ante la necesidad del cliente de recibir el

dinero acordado. Véase Art. 1 de la Ley Núm. 402, infra.

En específico, las peticionarias puntualizaron que su

claudicación fue resultado de la coacción de Mead.

Señalaron además, que su renuncia a los honorarios carecía

de validez y no surtió efecto alguno por contravenir la

política pública de Puerto Rico en protección de los AC-2018-62 6

obreros. A esos efectos, indicaron que “la práctica de

exigir renuncias del pago de honorarios en los casos

laborales a cambio de la transacción de la reclamación de

los empleados es contraria a la política pública”. Conforme

a lo anterior, las abogadas solicitaron al Tribunal de

Primera Instancia que declarara su renuncia nula y ordenara

a Mead a pagar una suma razonable por concepto de honorarios

de abogado.

El 10 de marzo de 2014, Mead presentó una Moción de

desestimación bajo la Regla 10.2 (5) y (6) de Procedimiento

Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, mediante la cual

arguyó que la demanda no estableció que Mead estuviese

obligada a pagar los honorarios de abogado por lo que las

peticionarias no tenían derecho a remedio alguno.

En cuanto a la Ley Núm. 402, el patrono planteó que la

representación legal se limitó a llevar a cabo una

negociación extrajudicial sobre el Acuerdo final por lo que

no se configuró una reclamación laboral que diera paso a la

aplicación de las disposiciones de la Ley Núm. 402. A esos

efectos, argumentó que los Artículos 1, 2 y 3 de la Ley Núm.

402, infra, se circunscriben a la presentación de una

reclamación judicial al amparo de la legislación laboral,

lo cual nunca se concretizó en este caso.

En cuanto al Artículo 2 de la Ley Núm. 402, infra,

sostuvo que la transacción extrajudicial que menciona el

estatuto está condicionada a la presentación previa de una

reclamación judicial y que ese no fue el caso del señor AC-2018-62 7

Ortiz. Con relación al Artículo 4, adujo que tampoco es

aplicable puesto que se limita a reconocerle una causa de

acción al obrero por cobro de dinero y daños en contra de

un abogado que le haya cobrado honorarios en violación de

esta disposición. Sostuvo, además, que el estatuto permite

a las partes que no hayan llegado a un acuerdo de transacción

de una reclamación judicial someter el asunto de los

honorarios de abogado a la adjudicación del tribunal, pero

no le reconoce una causa de acción al abogado del obrero o

empleado en contra del patrono por no ser éste parte en el

pleito. Asimismo, explicó que, aún asumiendo que el

consentimiento de las peticionarias fuese necesario para

obtener la renuncia de honorarios de abogado, éstas no

presentaron datos suficientes para establecer los elementos

de intimidación y nulidad del contrato (Acuerdo final).

Alegó que una situación difícil no vicia el consentimiento.

A base de todo lo anterior, aseguró que, tomando como ciertas

las alegaciones, no surgía una causa de acción ni conjunto

de hechos que justificaran la concesión de un remedio en

contra de Mead. En la alternativa, Mead solicitó la

desestimación alegando que el señor Ortiz era parte

indispensable en el pleito al firmar el Acuerdo final donde

renunció a los honorarios que se cuestionan en este caso.

Planteó que los honorarios pertenecen a la parte y no al

abogado según el Canon 24 del Código de Ética Profesional,

4 LPRA Ap. IX, C. 24. Sostuvo que del tribunal entender que

las peticionarias tenían una causa de acción en su contra, AC-2018-62 8

cualquier sentencia a favor de éstas implicaría un

incumplimiento del Acuerdo final por parte del señor Ortiz.

En su oposición, las peticionarias indicaron que la

política pública de la Ley Núm. 402 se extiende a

reclamaciones extrajudiciales. Alegaron que las

negociaciones que realizaron en representación del señor

Ortiz dieron base a una reclamación que culminó con una

transacción extrajudicial. Sobre este particular,

resaltaron que, en el Acuerdo final, el señor Ortiz renunció

expresamente a varias causas de acción de naturaleza

laboral. Conforme a ello, tenían legitimación activa para

demandar por el cobro de honorarios de acuerdo con el

Artículo 2 de la Ley Núm. 402, infra, puesto que el señor

Ortiz culminó su interés como parte en el asunto desde que

pactó el Acuerdo final. Además, plantearon que el señor

Ortiz no era parte indispensable ya que la Ley Núm. 402 le

impedía recibir el pago de honorarios de abogado.

Así las cosas, el 1 de junio de 2015, el Tribunal de

Primera Instancia denegó la moción de desestimación de Mead

y ordenó la continuación de los procedimientos.4 Concluyó

que las controversias de derecho planteadas eran de carácter

novel, por lo que requerían un estudio más detallado a la

luz de la prueba que, en su día, presentaran las partes.

Además, indicó que en ese momento no se podía establecer con

4 Resolución, Apéndice de la Oposición a expedición de petición de certiorari, págs. 48-54. AC-2018-62 9

certeza que las peticionarias carecieran de derecho a

remedio alguno.5

En desacuerdo con la determinación del Tribunal de

Primera Instancia, Mead recurrió al foro apelativo

intermedio mediante un recurso de certiorari.

B. KLCE201500908

En julio de 2015, el Tribunal de Apelaciones emitió una

Resolución mediante la cual denegó la expedición del recurso

presentado por Mead al amparo de la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, por entender

que el carácter novel y la complejidad de la controversia

requería que las partes presentaran prueba para ampliar los

fundamentos planteados. De este modo coincidió con el foro

primario.6

C. Reconvención

El 2 de julio de 2015, el patrono presentó su

contestación a la demanda así como una reconvención en

contra de las peticionarias. Admitió que, aunque éstas

representaron al señor Ortiz durante los intercambios con

Mead, sus comunicaciones no constituyeron una reclamación

cubierta por la Ley Núm. 402. Arguyó, además, que las

peticionarias incurrieron en incumplimiento de contrato,

dolo e interferencia torticera con las relaciones

contractuales, ya que indujeron al señor Ortiz a firmar el

5 Íd., págs. 53-54. 6 Resolución (KLCE201500908), íd., págs. 87-89. AC-2018-62 10

Acuerdo final renunciando a los honorarios de abogado, a

pesar de que planeaban presentar la demanda en contra de

Mead. Así, entre otras cosas, reclamó una indemnización por

los daños sufridos como resultado del incumplimiento.

El 13 de julio de 2015, las peticionarias contestaron la

reconvención. Entre otros asuntos, adujeron que la carta

renunciando a los honorarios de abogado fue producto de

coacción. Ello, debido a que la posición asumida por Mead

y sus abogados creó un potencial conflicto de interés con

su cliente, quien interesaba recibir los beneficios

acordados con el patrono de forma expedita.

D. Demanda contra tercero

Posteriormente, Mead presentó una demanda contra tercero

en contra del señor Ortiz, la Sra. Iris Muñoz y la Sociedad

Legal de Gananciales compuesta por ambos (en conjunto,

terceros demandados). Sostuvo que conforme al Acuerdo

final, el señor Ortiz se obligó a indemnizar a Mead por

todas las reclamaciones, costas y gastos, incluyendo

honorarios de abogado, incurridos como resultado de

cualquier representación falsa en el Acuerdo final. Además,

adujo que igualmente se establecía en el Acuerdo final que,

en caso de iniciar, promover o mantener una demanda en contra

de Mead fundamentada en las reclamaciones que renunció en

el Acuerdo, el señor Ortiz sería responsable de pagar a Mead

todas las costas y honorarios de abogado razonables en los

que incurriera Mead para defenderse en el pleito. Conforme

a lo anterior, planteó que el señor Ortiz conocía que la AC-2018-62 11

renuncia a los honorarios de abogado era una condición

esencial para el patrono acceder al Acuerdo final, por lo

que reclamó la devolución del dinero pagado por entender que

resultó nulo por dolo.

Por su parte, los terceros demandados presentaron una

moción de desestimación de la demanda en su contra. En

resumen, sostuvieron que, conforme a la interpretación de

las cláusulas del Acuerdo final invocadas por Mead, la Ley

Núm. 402 y el Código Civil de Puerto Rico, carecían de

potestad para renunciar a los honorarios de las

peticionarias por lo que la renuncia no tuvo efecto legal

sobre el derecho de las abogadas. Adujeron que las

alegaciones de Mead eran insuficientes para establecer una

reclamación por dolo. Finalmente, solicitaron la

desestimación de la demanda y la imposición de sanciones por

temeridad.

Tras evaluar los planteamientos de las partes, el

Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia parcial

de conformidad con la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 42.3, mediante la cual desestimó la demanda

contra tercero presentada por Mead. En lo pertinente, el

foro primario determinó que Mead no logró demostrar que el

señor Ortiz incurrió en incumplimiento de contrato ni dolo.

Además, al interpretar la Ley Núm. 402 en el proceso de

analizar el derecho como parte de los fundamentos de su

dictamen, razonó que: AC-2018-62 12

De un examen de la Ley Núm. 402 […] en su totalidad, se desprende que la prohibición en cuanto a los honorarios cobrados al empleado, así como la obligación de los patronos de pagar los mismos, aplica a toda clase de “reclamación”. El artículo 1 de la Ley Núm. 402 […], no se limita a los casos presentados ante los tribunales. El mismo, se refiere, en términos generales, a las situaciones en que los empleados “se ven en la necesidad de reclamar contra sus patronos”, sin distinción de reclamaciones extrajudiciales y judiciales […]. (Énfasis suplido).7

Conforme a lo anterior, concluyó que el Acuerdo final

no representó una prohibición a demandas instadas por

otras personas. Específicamente, en cuanto a la cláusula

de relevo de honorarios que pactó el empleado, entendió

que no aplicaba a la reclamación de las peticionarias, ya

que el señor Ortiz “no renunció a los honorarios en este

caso al amparo de la Ley Núm. 402”.8

Por otro lado, citó varias cláusulas del Acuerdo final

y concluyó que el señor Ortiz no violó el contrato. Añadió

que el patrono no logró establecer hechos suficientes para

obtener un remedio por dolo. Reiteró que, conforme a la

Resolución de junio de 2015, se trataba de una cuestión

novel de derecho y se negó a imponer honorarios de abogado

por temeridad. Como resultado, ordenó la continuación de

los procedimientos en lo concerniente a las reclamaciones

que continuaban pendientes.

7 Sentencia parcial, Apéndice de Apelación y/o Petición de certiorari, págs. 84-85. 8 Íd. AC-2018-62 13

E. KLAN201600822

Inconforme con esta determinación, Mead recurrió

mediante un recurso de apelación ante el Tribunal de

Apelaciones. En lo pertinente, impugnó la determinación del

foro primario relacionada con la Ley Núm. 402 por no pasar

juicio sobre la complejidad y el carácter novel de la

controversia. Además, Mead cuestionó la desestimación de

la demanda contra tercero por entender que subsistían

controversias sobre hechos materiales.

El Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia en la

que confirmó la Sentencia parcial del foro primario en

cuanto a la desestimación de la demanda contra tercero. Sin

embargo, modificó el alcance de la Ley Núm. 402 al limitarla

exclusivamente a reclamaciones judiciales. De esa manera,

razonó lo siguiente:

Es un hecho no controvertido que, en el presente caso, no hubo una reclamación laboral ante los tribunales, al amparo de la Ley 402, supra. Según previamente discutido, la Ley 402, supra, aplica cuando un empleado ha presentado una reclamación laboral ante los tribunales de Puerto Rico. Aquí, el mismo día en que Mead Johnson le informó al señor Ortiz de su separación de empleo, también le notificó que era elegible para recibir un paquete de beneficios, condicionado a la firma del Acuerdo. Nunca existió una reclamación laboral ante el [Tribunal de Primera Instancia] del señor Ortiz contra Mead Johnson. Antes de firmar el Acuerdo, el señor Ortiz contrató a las Lcdas. Berkan y Méndez para que lo asesoraran respecto al Acuerdo, y no porque hubiese una reclamación laboral judicial bajo la Ley 402. El Acuerdo no se firmó mientras hubo conflicto con respecto al pago de honorarios de abogado. Tan pronto las Lcdas. Berkan y Méndez renunciaron expresamente a cualquier reclamación por concepto de honorarios de abogado, lográndose AC-2018-62 14

el acuerdo, Mead Johnson emitió el cheque […], entre otros beneficios. . . . . . . . . Mead Johnson actuó claro y transparente al efectuar el pago de los beneficios a favor del señor Ortiz, luego de recibir, por escrito, la renuncia de las Lcdas. Berkan y Méndez a reclamar honorarios de abogado. La prohibición que establece sobre ese particular la Ley 402, supra, no aplica a este caso. Aquí no hubo una reclamación laboral ante los tribunales de Puerto Rico; si un contrato de transacción entre partes privadas. Decretamos, pues, que el [Tribunal de Primera Instancia] erró al aplicar la Ley 402, supra. (Énfasis suplido).9

Así las cosas, Mead nuevamente presentó una moción de

desestimación de la demanda interpuesta por las abogadas en

su contra. Sostuvo que la reclamación estaba fundamentada

en la Ley Núm. 402 la cual, conforme a lo resuelto en la

Sentencia del foro apelativo intermedio (KLAN201600822), no

era de aplicación al presente caso.

Las peticionarias ripostaron que Mead solicitaba la

desestimación a base de un dictum del Tribunal de

Apelaciones en un caso sobre la viabilidad de la demanda

contra tercero presentada por Mead en contra del señor

Ortiz. Arguyeron además, que no fueron parte ni

participaron del referido trámite ante el foro revisor

intermedio.

9 El 14 de agosto de 2017 se remitió el mandato al Tribunal de Primera Instancia, el cual se notificó a todas las partes en el caso. Posteriormente, la Sentencia del foro apelativo intermedio (KLAN201600822) advino final y firme. Sentencia (KLAN201600822), Apéndice de la Oposición a expedición de petición de certiorari, págs. 144-147. AC-2018-62 15

Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia celebró

una vista en la que las partes tuvieron la oportunidad de

exponer sus argumentos con relación a la moción de

desestimación. Así, tras escucharlas, el 2 de febrero

de 2018, el foro primario emitió una Minuta resolución

enmendada en la que denegó la moción de desestimación y

concluyó que la Sentencia en el KLAN201600822 “atendió una

controversia que no guarda relación con la demanda

presentada en este caso, la cual no fue objeto de

apelación”.10

F. KLCE201800271

En desacuerdo, el 23 de febrero de 2018, Mead presentó

un segundo recurso de certiorari ante el Tribunal de

Apelaciones en el que señaló que el foro primario erró al

no desestimar la demanda de las peticionarias e incumplió

con el mandato del foro apelativo intermedio en la Sentencia

emitida en el caso anterior (KLAN201600822).

El 12 de abril de 2018, el Tribunal de Apelaciones revocó

el dictamen del foro primario.11 Determinó que, conforme a

la dotrina de la ley del caso, la Ley Núm. 402 era

inaplicable a las reclamaciones aducidas por las

peticionarias por lo que desestimó la demanda, habida cuenta

10 Minuta resolución enmendada, Apéndice de Apelación y/o Petición de certiorari, pág. 196. 11 Apelación, Apéndice de Apelación y/o Petición de certiorari, pág. 2. AC-2018-62 16

de que la Sentencia (KLAN201600822) había advenido final y

firme.

Puntualizó, en relación con la Ley Núm. 402, lo

siguiente:

[E]n el caso KLAN2016000822, la aplicabilidad de la [Ley Núm. 402] fue un señalamiento de error debidamente formulado […] y como tal fue resuelto en su momento. Las determinaciones sobre la [Ley Núm. 402] que se realizaron en el mencionado caso no fueron obiter dictum y la adjudicación efectuada se convirtió en la ley del caso que, como tal, debió ser respetada por el Tribunal.12

El 14 de mayo de 2018, las peticionarias acudieron ante

este Tribunal mediante un recurso de apelación y plantearon

los siguientes señalamientos de error:

1. Erró el [Tribunal de Apelaciones] al [e]mitir una Sentencia [d]esestimando la [d]emanda de [las peticionarias], sin previamente haber emitido el [auto de certiorari], sin [c]onsiderar los [c]riterios aplicable[s] a [l]a [e]xpedición del [a]uto, sin darles una [o]portunidad a la parte adversamente afectada por la decisión de [p]resentar un Alegato al Tribunal, y sin considerar todos los [a]rgumentos presentados por éstas en el [Tribunal de Primera Instancia], todo en violación del Reglamento del Tribunal y de las [g]arantías mínimas del [d]ebido [p]roceso [d]e [l]ey[.] 2. Erró [e]l Tribunal al desestimar la [d]emanda, sin [dar] a las [peticionarias] la oportunidad de desarrollar su prueba y sus argumentos en el [Tribunal de Primera Instancia], contrario al dictamen del Panel que atendió el primer [r]ecurso en [a]lzada presentado por Mead, así negándoles el debido proceso y su día en corte. 3. Erró el [Tribunal de Apelaciones] al aplicar mecánicamente la [doctrina de la ley del caso] a una [p]arte que no había [p]articipado en el [r]ecurso [a]nterior, obviando el propósito de

12 Sentencia, Apéndice de Apelación y/o Petición de certiorari, pág. 11. AC-2018-62 17

[l]a [d]octrina “… al Servicio de la Justicia, no la Injusticia”, Noriega Rodríguez v. Hernández Colón, 130 DPR 919 (1992), citaciones internas omitidas, causando un [r]esultado manifiestamente [i]njusto. 4. Erró el [Tribunal de Apelaciones] al [a]plicar la [doctrina de la ley del caso] al tomar como ciertos los hechos expuestos por el Panel II, aún cuando dichos hechos fueron basados en las alegaciones del [tercero demandante] Mead. 5. Erró el [Tribunal de Apelaciones] al ignorar por completo el [t]exto de la Ley Núm. 402. 6. Erró el [Tribunal de Apelaciones] al determinar que las [peticionarias] podían solicitar [r]econsideración o [r]ecurrir en [a]lzada de la Sentencia de [o]tro [p]anel en un [c]aso en que éstas no eran [p]artes.

Expedido el recurso luego de acogerlo como una petición

de certiorari, y contando con el beneficio de los alegatos

de las partes, procedemos a atender las controversias ante

nuestra consideración.

II.

Como cuestión de umbral, debemos determinar si la

utilización de la doctrina de la ley del caso por parte del

Tribunal de Apelaciones fue apropiada para disponer de la

presente controversia.

A. Doctrina de la ley del caso

En nuestro ordenamiento jurídico, es norma reiterada que

los derechos y obligaciones que han sido objeto de

adjudicación en el ámbito judicial, mediante dictamen firme,

constituyen la ley del caso. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v.

ELA, 152 DPR 599, 606 (2000). La doctrina de la ley del

caso tiene como propósito que los tribunales nos resistamos

a reexaminar asuntos ya considerados dentro de un mismo caso AC-2018-62 18

para velar por el trámite ordenado y expedito de los

litigios, así como promover la estabilidad y certeza del

derecho. Íd., pág. 608; Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130

DPR 749, 755 (1992); Torres Cruz v. Municipio de San Juan,

103 DPR 217, 222 (1975).

La doctrina de la ley del caso aplica a las controversias

adjudicadas, ya sea por tribunales de instancia, como

tribunales apelativos. Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros,

195 DPR 1, 9 (2016). Un dictamen judicial adquiere el

carácter de ley del caso al constituir una decisión final

en los méritos de la cuestión considerada y decidida. Cacho

Pérez v. Hatton Gotay y otros, supra (citando a Félix v. Las

Haciendas, 165 DPR 832, 843 (2005)).

De manera que, las determinaciones de un tribunal

apelativo constituyen la ley del caso en todas aquellas

cuestiones consideradas y decididas, por lo que,

generalmente dichas determinaciones obligan, tanto al

tribunal de instancia como al foro que las dictó, si el caso

vuelve a su consideración. Don Quixote Hotel v. Tribunal

Superior, 100 DPR 19, 29-30 (1971) (citando a Srio.

del Trabajo v. Tribunal Superior, 95 DPR 136, 140 (1967)).

No obstante, en situaciones excepcionales, si el caso

regresa para la evaluación y consideración del tribunal

mediante los mecanismos apropiados, y éste entiende que sus

determinaciones previas son erróneas y pueden causar una

grave injusticia, dicho foro puede aplicar una norma de

derecho distinta y resolver así de forma justa. Cacho Pérez AC-2018-62 19

v. Hatton Gotay y otros, supra, pág. 9. Véanse, además:

Pueblo v. Serrano Chang, 201 DPR 643, 653 (2019); Félix v.

Las Haciendas, supra, pág. 844; Don Quixote Hotel v.

Tribunal Superior, supra, pág. 30.

En atención a lo anterior, “hemos colegido que sólo

cuando se presenta un atentado contra los principios básicos

de la justicia, es que los tribunales pueden descartar la

aplicabilidad de la doctrina de la ‘ley del caso’”. Cacho

Pérez v. Hatton Gotay y otros, supra, pág. 10. “Se trata de

una doctrina al servicio de la justicia, no la injusticia;

no es férrea ni de aplicación absoluta. Por el contrario,

es descartable si conduce a resultados ‘manifiestamente

injustos’”. Noriega v. Gobernador, 130 DPR 919, 931 (1992).

III.

La Sentencia (KLAN201600822) concluyó que la Ley Núm.

402 es inaplicable a los hechos del caso, porque las

peticionarias no presentaron una reclamación laboral en los

tribunales de Puerto Rico en representación del señor Ortiz.

De este modo, el Tribunal de Apelaciones razonó que, una vez

advino final y firme la Sentencia (KLAN201600822), el

Tribunal de Primera Instancia erró al no actuar de acuerdo

con el estado de derecho vigente. Consiguientemente, revocó

la determinación del foro primario y ordenó la desestimación

de la demanda.

Por su parte, las peticionarias arguyen que el uso de

esta norma fue injustificado, pues el foro apelativo

intermedio ignoró la totalidad del contenido de la Ley Núm. AC-2018-62 20

402, la cual aplica, en efecto, a reclamaciones

extrajudiciales como la entablada por ellas en

representación del señor Ortiz en contra de Mead.

De entrada, según mencionamos anteriormente, es norma

conocida que, como excepción a la aplicación de la doctrina

de la ley del caso, un tribunal que entiende que sus

determinaciones previas son erróneas y causan una grave

injusticia, deberá aplicar una norma de derecho distinta a

la anterior. Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, supra,

pág. 9. Véanse, además: Pueblo v. Serrano Chang, supra;

Félix v. Las Haciendas, supra; Don Quixote Hotel v. Tribunal

Superior, supra.

Según discutiremos en detalle más adelante, una

evaluación integral y minuciosa del Historial Legislativo y

las disposiciones de la Ley Núm. 402, no permiten concluir,

como hiciera el Tribunal de Apelaciones, que dicho estatuto

únicamente opera en función de reclamaciones judiciales.

Esa interpretación incorrecta en derecho no debe ser

sostenida bajo el mandato de la doctrina de la ley del caso,

puesto que, consentir a ello, tendría el efecto de incurrir

en una grave injusticia al limitar y hasta impedir la

revisión de una controversia de carácter novel como la

presente. Además, evitaría que la misma sea evaluada con

la cautela y prudencia que amerita, y, a su vez, provocaría

serias implicaciones en nuestro derecho laboral y la

política pública que rodea al referido estatuto. AC-2018-62 21

IV.

Aclarado lo anterior, procedemos a explicar los

fundamentos que nos llevan a concluir que la Ley Núm. 402

es aplicable a reclamaciones extrajudiciales laborales por

ser ésta la interpretación más adecuada de dicho estatuto.

Veamos.

A. Reclamación extrajudicial

En el pasado, definimos el concepto de reclamación como

la acción de exigir o intimar un derecho. A esos efectos,

determinamos que:

Nuestro Código civil no ha dado a la palabra ‘reclamación’ ningún significado preciso, ni técnico. Pero ello no nos exime de tratar de encontrarlo. Reclamación vale, en principio, tanto como exigencia o intimación. Es decir: se trata de un acto por el cual el titular de un derecho subjetivo o de una facultad se dirige al sujeto pasivo de dicho derecho o de dicha facultad requiriéndole para que adopte el comportamiento debido. La reclamación es pues una pretensión en sentido técnico. (Negritas y subrayado suplido). Díaz de Diana v. A.J.A.S. Ins. Co., 110 DPR 471, 476 (1980) (citando a L. Díez-Picazo, La prescripción en el Código Civil, 1ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1964)).

En este contexto, el concepto de pretensión constituye

una “solicitación para conseguir algo que se desea”. Real

Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23era

ed., Madrid, Ed. Espasa Calpe, 2001, T. II, pág. 1782. Desde

un aspecto práctico o técnico de una reclamación, la

pretensión es un “[d]erecho bien o mal fundado que uno juzga

tener sobre una cosa”. I. Rivera García, Diccionario de

términos jurídicos, 3ra ed., San Juan, Lexis Publishing,

2000, pág. 208. AC-2018-62 22

También, identificamos la reclamación en el momento en

que surge alguna actividad o el diálogo sobre un derecho

durante la relación jurídica que provoca un acontecimiento

que rompe el silencio previo. SLG García – Villega v. ELA

et al., 190 DPR 799, 814 (2014) (citando a Díez-Picazo, op.

cit., págs. 39-40). De esa manera, se anuncia “que el

derecho sigue vivo, que va a ser ejercitado o simplemente

que puede serlo, [por lo que] la pretensión del titular del

derecho no será nunca intempestiva ni, por ello,

inadmisible”. (Énfasis suplido). Díez-Picazo, op. cit.,

pág. 94. Asimismo, la reclamación se considera como “la

manifestación inequívoca de quien, amenazado con la pérdida

de su derecho, expresa su voluntad de no perderlo”. Miramar

Marine et al. v. Citi Walk et al., 198 DPR 684, 720 esc. 23

(2017); Díaz Santiago v. International Textiles, 195 DPR

862, 870 (2016); SLG García – Villega v. ELA et al., supra,

pág. 822; Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 568

(2001); Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 DPR 560, 569

(1995); De Jesús v. Chardón, 116 DPR 238, 246-247 (1985)

(citando a Feliciano v. AAA, 93 DPR 655, 660 (1966)).

Cónsono con lo anterior, en materia de derecho laboral,

“reclamar” se define como “exigir o solicitar algún

beneficio, protección o concesión, por entender que el

derecho lo cobija; dícese además de aquella solicitud que

se realiza en conformidad a alguna cláusula o acuerdo entre

patrono y el empleado, donde el primero se comprometió con

el segundo a honrarlo”. (Énfasis nuestro). H.R. Arroyo- AC-2018-62 23

Aguilar, Léxico laboral puertorriqueño: diccionario de

términos jurídicos sobre el derecho del trabajo, San Juan,

Ed. Situm, 2010, pág. 247. Finalmente, cuando la

reclamación se presenta fuera del ámbito judicial, posee

varios propósitos fundamentales como lo es “fomentar las

transacciones extrajudiciales”. Sánchez v. Aut. de los

Puertos, supra; Miramar Marine et al. v. Citi Walk et al.,

supra.

B. Contrato de transacción

El Código Civil establece en su Artículo 1709, 31 LPRA

sec. 4821 (1990), que “la transacción es un contrato por el

cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una

alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen

término al que había comenzado”. Los elementos esenciales

de este tipo de contrato son: (1) una relación jurídica

litigiosa, controvertida e incierta; (2) la intención de los

contratantes de eliminar las controversias y sustituir,

mediante la transacción, esta relación incierta con la

seguridad de otra “cierta e incontestable”; y (3) las

recíprocas concesiones de las partes puesto que

“toda transacción supone que las partes tienen dudas sobre

la validez o corrección jurídica de sus

respectivas pretensiones y optan por resolver dichas

diferencias mediante mutuas concesiones”, lo que implica una

renuncia total o parcial. US Fire Insurance v. AEE, 174

DPR 846, 854 (2008); Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 AC-2018-62 24

DPR 219, 239 (2007); G.E. C. & L. v. So. T. & O. Dist., 132

DPR 808, 815 (1993); Citibank v. Dependable Ins. Co. Inc.,

121 DPR 503, 512 (1988). Véanse, también: L. R. Rivera

Rivera, El contrato de transacción: sus efectos en

situaciones de solidaridad, 1ra ed., San Juan, Ed. Jurídica

Editores, 1998, pág. 35; Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev.

S.E., 137 DPR 860, 870 (1995). Además, el contrato de

transacción posee las características de “un contrato

consensual, bilateral, recíproco y oneroso”. S. Tamayo

Haya, El contrato de transacción, 1ra ed., Madrid, Ed.

Thomson Civitas, 2003, pág. 54.

En relación con la controversia que debe existir previo

a la transacción, el profesor Rivera Rivera nos explica que:

[N]o reside en el mero conflicto de intereses entre quienes discuten, sino que requiere cualificarse jurídicamente en su conflictividad por plantear en ella los contendientes pretensiones y oposiciones o, mejor, opuestas pretensiones sobre los derechos que les asisten en torno a la situación o relación jurídica respecto a la que discuten. Es de notar, sin embargo, que la cuestión controvertida que se resuelve en la transacción puede recaer no sólo sobre aspectos estrictamente jurídicos como el significado o alcance de una norma, sino también sobre cuestiones de hechos cuando éstas repercuten en las consecuencias jurídicas […]. (Énfasis nuestro). Rivera Rivera, op. cit., pág. 36.

Como solución, surgen las concesiones otorgadas en un

acuerdo bilateral que implican “sacrificios recíprocos, es

decir, el abandono de una cosa, derecho o pretensión […]

[cuando] [e]l acreedor consiente recibir una parte de su

pretensión a cambio de abandonar o renunciar a la otra y en

esto su sacrificio”. Tamayo Haya, op. cit., pág. 141. Así, AC-2018-62 25

“[l]as partes tras emitir sus opiniones y pretensiones en

el marco de un libre debate, llegan a un convenio, a una

solución de compromiso intermedia entre los dos extremos

contrapuestos inicialmente esgrimidos […]”. (Énfasis

suplido). Íd., pág. 42. Estas opiniones o pretensiones

forman parte esencial del contrato de transacción, ya que

“constituyen no sólo el medio esencial para el desarrollo

de la causa del negocio transaccional, sino que éstas pasan

a formar parte de la propia causa”. Mun. de San Juan v.

Prof. Research, supra (citando a López Tristani v.

Maldonado, 168 DPR 838, 857 (2006)). Por tanto, la falta de

concesiones mutuas, luego de un libre diálogo entre las

partes, impide la transacción por falta de causa. Tamayo

Haya, op. cit., pág. 144.

Por otro lado, la transacción sólo abarca los objetos

expresamente determinados en ella o los que por una

inducción necesaria de sus palabras deban considerarse

incorporados en el acuerdo. A tono con lo anterior, cuando

el contrato contenga una renuncia general de derechos se

considerará que se trata sólo de aquellos que tienen

relación con la disputa sobre la que ha recaído la

transacción. Blás v. Hospital Guadalupe, 167 DPR 439, 449-

450 (2006); Art. 1714 del Código Civil de Puerto Rico, 31

LPRA sec. 4826 (1990). Es decir, “no deberán entenderse

comprendidos en el contrato de transacción cosas distintas

y casos diferentes de aquellos sobre los que las partes se

propusieron contratar”. Rivera Rivera, op. cit., pág. 61. AC-2018-62 26

Es por lo anterior que se ha afirmado que la interpretación

de dichos contratos es de naturaleza restrictiva. Íd. Por

último, la libertad de contratación cede ante cláusulas que

sean contrarias a “las leyes, a la moral, [y] al orden

público”. (Énfasis suplido). Art. 1207 del Código Civil

de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3375.

En lo aquí pertinente, la transacción extrajudicial es

aquella que ocurre “antes de que comience el pleito que se

quiere evitar, o cuando una vez comenzado, las partes

acuerdan una transacción sin la intervención del

tribunal”. Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR

889, 904 (2012). En otras palabras, ésta tiene el objetivo

de evitar la provocación de un pleito. Rivera Rivera, op.

cit., pág. 88.

En Puerto Rico existe una política pública a favor de

que se transijan los pleitos sin tener que ir a los

tribunales y llegar a un juicio. E.L. Chiesa Aponte, Reglas

de Evidencia Comentadas, San Juan, Ediciones Situm, 2016,

pág. 108. Conforme a lo anterior, en lo concerniente a las

comunicaciones realizadas durante las negociaciones, la

política pública busca promover “que las partes puedan

transigir sus reclamaciones civiles, para lo cual es

necesario que hablen entre sí y hagan ofertas, sin temor a

que, si no llegan a un acuerdo, se use como evidencia la

oferta de transacción o las conversaciones habidas en el

curso de las negociaciones”. Íd. AC-2018-62 27

No obstante, el profesor Ernesto L. Chiesa explica que:

[S]i se perfecciona un contrato de transacción, la regla de exclusión no es aplicable y, por supuesto, es admisible el contrato de transacción en un pleito para hacerlo valer; también son admisibles las conversaciones que condujeron a la transacción, si son pertinentes para esclarecer la intención de las partes o el alcance de la transacción. (Énfasis suplido). Chiesa Aponte, op. cit., págs. 109-110.

i. Acuerdo de separación y relevo general

En ocasiones anteriores hemos evaluado la figura del

acuerdo de separación y relevo general extrajudicial que

surge vinculado a una cesantía. Mediante este acuerdo, un

patrono ofrece al empleado una compensación y unos

beneficios a cambio de un relevo sobre las posibles

reclamaciones del empleado, al amparo de leyes laborales.

Así, lo hemos catalogado como un contrato de transacción.

Ortiz Chévere v. Srio. Hacienda, 186 DPR 951 (2012).13

En Bacardí Corp. v. Torres Arroyo, 2019 TSPR 133, 202

DPR__(2019), como resultado de una reorganización que

eliminó su plaza, el Sr. Evaristo Torres Arroyo fue

cesanteado. Posteriormente, éste suscribió un acuerdo de

13 En esa ocasión examinamos, desde una perspectiva tributaria, las cuantías otorgadas en acuerdos o contratos de transacción que un empleado firma después de ser cesanteado con la intención de transigir cualquier reclamación obrero patronal que el empleado pueda presentar en contra de su antiguo patrono al amparo de las leyes laborales locales o federales. De otra parte, el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito ha reconocido también que un acuerdo extrajudicial suscrito entre patrono y empleado cumple con los elementos de un contrato de transacción. A esos efectos, señaló que: la terminación del empleo crea una relación jurídica incierta; el lenguaje del relevo establece claramente la intención de eliminar esa incertidumbre y, finalmente, las partes realizaron concesiones recíprocas. Ruiz-Sánchez v. Goodyear Tire & Rubber Co., 717 F.3d 249 (1er Cir. 2013). AC-2018-62 28

terminación y relevo de reclamaciones con su antiguo patrono

mediante el cual, entre otras consideraciones, “aceptó que

no tenía reclamaciones contra Bacardí a raíz del empleo o

su terminación, y que de tenerlas renunciaba a ellas, y se

comprometió a indemnizar a Bacardí por las costas, gastos y

honorarios de abogado en caso de presentar una reclamación

contra Bacardí”. Íd. Por su parte, el patrono “se

comprometió a pagar $27,229 al señor Torres Arroyo”. Íd.

En cuanto al acuerdo pactado, en ese caso opinamos que

“[e]s común que patronos y empleados transijan posibles

reclamaciones relacionadas al despido con el fin de ahorrar

tiempo, dinero y esfuerzo”. (Énfasis suplido). Íd.,

pág. 5. Igualmente, descartamos la sentencia del Tribunal

de Apelaciones por ser errónea en derecho, y porque

“arremetería contra el interés público en promover la

transacción de las controversias”. (Énfasis suplido). Íd.14

14 Debemos mencionar que, como resultado de un aumento en los contratos de transacción se intentó legislarlos sin éxito. El proyecto correspondiente tenía como “propósito el declarar nula toda transacción extrajudicial entre empleado y patrono, al momento de finalizar su relación como tal [que impusiera] al trabajador condiciones restrictivas”. P. de la C. 417 de 30 de marzo de 1993, 1ra Sesión Ordinaria, 12ma Asamblea Legislativa. El referido proyecto de ley consideró compeler la participación del Secretario del Departamento del Trabajo, similar a la intervención provista por la Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, conocida como la Ley para establecer la jornada de trabajo en Puerto Rico (Ley Núm. 379), 29 LPRA sec. 271 et seq., como una posible alternativa. Sin embargo, el Hon. César Almodóvar Marchany, Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, reseñó lo siguiente respecto a la labor de los abogados del Departamento con relación a estos contratos de transacción, las estipulaciones que contravienen los derechos de los trabajadores y las motivaciones de éstos para firmarlos a pesar de las condiciones restrictivas: Los abogados del Departamento del Trabajo examinan anualmente un gran número de estas estipulaciones en calidad de asesores a los trabajadores envueltos. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, a pesar de advertir a éstos las consecuencias negativas de algunas cláusulas y de que expresamente se les explican los reparos que pudieran anteponerse a ellas, los AC-2018-62 29

C. Ley Núm. 402

En nuestro ordenamiento, el legislador puede imponer o

limitar de forma expresa los honorarios de abogado para

promover la política pública. In re Otero, Pacheco, 200 DPR

561, 576 (2018). S. Steidel Figueroa, Ética para juristas:

Ética del abogado y responsabilidad disciplinaria, San Juan,

Ed. Situm, 2016, sec. 3.18, pág. 194.

En cuanto a la política pública, tras realizar un

análisis del Historial Legislativo, debemos resaltar que la

Ley Núm. 402 prohíbe los contratos en los que los obreros

pacten un Acuerdo final y se obliguen al pago de honorarios

de abogado. Durante las discusiones del proyecto que

culminó en la aprobación del estatuto, se aclaró lo

siguiente en torno a este tema:

[E]ste proyecto de ley, partiendo de la base de que toda reclamación por parte de un obrero es justa y razonable y de que es la mejor política pública que el obrero obtenga la totalidad de su reclamación, prohíbe y declara nulos los contratos entre abogado y obrero a virtud del cual el obrero vendría obligado a pagarle honorarios de abogado por tramitarle el pleito. Bajo la filosofía de que en una situación tal lo razonable y lo justo es que el patrono demandado pague todos los honorarios del obrero cuando este obtiene sentencia a su favor, el proyecto declara nulos los contratos entre abogado y obrero para la

trabajadores firman. De conformidad con lo expresado por los trabajadores que acuden a nuestras oficinas, firman porque necesitan el dinero urgentemente y porque el trámite judicial de las reclamaciones se demora mucho tiempo. Como podemos apreciar, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos se encuentra atado de manos al sólo poder asesorar y no poder recomendar que los trabajadores no firmen ni acepten estas condiciones onerosas para sus derechos adquiridos como tales. P. de la C. 417, supra, Informe Comisión de lo Jurídico Civil del Senado, págs. 7-8. Finalmente, el aludido proyecto fue vetado por el Gobernador. AC-2018-62 30

reclamación de salarios y ordena a los Tribunales conceder los honorarios a favor del abogado del obrero en todos estos casos de reclamación de salarios. De manera que, por un lado declara nulos los contratos entre el obrero y el abogado y por otro lado impone la obligación de condenar al patrono al pago de los honorarios del abogado del obrero. El proyecto tiene el alcance de prohibir el que se paguen por los obreros honorarios a sus abogados, o a los abogados que puedan intervenir en contiendas o luchas entre el Capital y el Trabajo por discusiones en relación con el trabajo, incluyendo salarios. Prohíbe el contrato, toda vez que hemos tenido la experiencia reciente de que entró a la mesa de discusiones entre el Capital y el Trabajo un factor que imposibilitó que una desavenencia entre los obreros y los patronos pudiera resolverse a tiempo y que se prolongara un estado de huelga en una empresa del Gobierno, en cuyo caso había abogados que tenían una participación de un tanto por ciento de beneficios de lo que obtuviesen los obreros con motivo de esa discusión de salarios. Los abogados detuvieron la solución del conflicto y perjudicaron los intereses de los obreros prolongando innecesariamente la huelga. D[e] manera que este proyecto contiene el propósito saludable de que en la mesa de contratación no intervendrá el factor ‘honorarios de abogado’ en forma alguna, y que solamente se discutirá lo que corresponde a los trabajadores. Esa parte del proyecto es muy importante y saludable para los obreros y la Comisión Jurídica Civil informó favorablemente parte del proyecto. La otra parte se refiere a la reclamación de salarios por parte de los trabajadores y el proyecto encarna el principio de que el obrero reciba su jornal sin que pague honorarios de abogado, y que debe obligarse al patrono a que pague los honorarios. (Énfasis y subrayado suplido). P. de la C. 205 de 16 de febrero de 1950, 2da Sesión Legislatura Ordinaria, 17ma Asamblea Legislativa, pág. 882.

Posteriormente, los Artículos 1, 2 y 3 de la Ley

Núm. 402, supra, fueron enmendados por la Ley Núm. 90 de

3 de junio de 1980. Así, el Legislador consignó en la

correspondiente Exposición de Motivos que: AC-2018-62 31

[S]e promulga la presente ley a los fines de dejar claramente establecido que lo dispuesto en la referida Ley Núm. 402 es aplicable a cualquier tipo de reclamación que tuviere un trabajador o empleado contra su patrono al amparo de la legislación laboral local o federal, o bajo un convenio de trabajo de naturaleza individual o colectivo. (Negritas y subrayado suplido). Exposición de Motivos, Ley Núm. 90 de 3 de junio de 1980 (1980 Leyes de Puerto Rico 246).

Específicamente, el Artículo 1 de la Ley Núm. 402, 32

LPRA sec. 3114, establece la política pública que promueve

la legislación. A esos efectos, dispone:

Por la presente la Asamblea Legislativa de Puerto Rico declara que permitir el cobro de honorarios de abogado a los trabajadores o empleados que se ven en la necesidad de reclamar contra sus patronos, al amparo de la legislación laboral federal o local o convenio de trabajo de naturaleza individual o colectivo, equivale a permitir que se reduzca el valor de su trabajo en la cantidad que paguen a sus abogados […]. Se declara, por lo tanto, que la política del Gobierno de Puerto Rico es proteger a los trabajadores y empleados contra tales reducciones en el valor de su trabajo […]. (Negritas y subrayado suplido). Íd.

Conforme a lo anterior, la Ley Núm. 402 prohíbe cualquier

contrato o acuerdo en que un empleado se obligue directa o

indirectamente a pagar honorarios en casos de reclamaciones

laborales judiciales o extrajudiciales en contra de su

patrono. D. Fernández Quiñones, Derecho Laboral, 67 Rev.

Jur. UPR 749, 761 (1998). Así, un abogado que inste una

reclamación laboral en contra del patrono de un empleado o

trabajador está impedido de cobrar los honorarios a este

último, ya que “equivale a permitir que se reduzca el valor

del trabajo del obrero en la cantidad que pague a su AC-2018-62 32

representante legal”. COPR v. SPU, 181 DPR 299, 349 (2011);

Belk v. Martínez, 163 DPR 196, 203 esc. 5 (2004). Véanse,

también: Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 295

(2011); In re Otero, Pacheco, supra, pág. 577; G. Figueroa

Prieto, Conducta Profesional, 77 Rev. Jur. UPR 833, 855-856

(2008).

Consiguientemente, el Artículo 2 de la Ley Núm. 402, 32

LPRA sec. 3115, provee un remedio en casos de una reclamación

extrajudicial, cuando las partes no puedan acordar los

honorarios que debe pagar el patrono al abogado del

trabajador o empleado. Íd. Específicamente, señala que:

En todo caso radicado ante los tribunales de Puerto Rico por un trabajador o empleado en que se reclame cualquier derecho o suma de dinero contra su patrono, al amparo de la legislación laboral federal o local o convenio de trabajo de naturaleza individual o colectivo y en que se conceda la reclamación en todo o en parte, se condenará al patrono al pago de honorarios de abogado, si éste no fuere uno de los abogados del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Cuando se dicte sentencia a favor del patrono querellado no se condenará al trabajador o empleado querellante al pago de honorarios de abogado; Disponiéndose, que para los efectos de las secs. 3114 a 3117 de este título la palabra ‘patrono’ incluirá a las autoridades y corporaciones públicas del Gobierno Estadual y/o sus representantes. En los casos en que la reclamación sea satisfecha extrajudicialmente, las partes, además de cumplir con las disposiciones de ley sobre transacciones, deberán, si no se pusieren de acuerdo sobre los honorarios a ser pagados por el patrono querellado al abogado del trabajador o empleado querellante, someter su determinación al tribunal que hubiera tenido jurisdicción sobre el AC-2018-62 33

caso. Las costas de estos procedimientos serán de oficio. (Negritas y subrayado nuestro). Íd.15

Por su parte, el Artículo 3 de la Ley Núm. 402, 32 LPRA

sec. 3116, establece que:

Serán nulos y contrarios al orden público todos los contratos, convenios o acuerdos en que trabajadores o empleados se obliguen directa o indirectamente a pagar honorarios a sus abogados en casos de reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra sus patronos bajo la legislación laboral de Puerto Rico o bajo la legislación laboral del Congreso de Estados Unidos aplicable a Puerto Rico, o al amparo de un convenio de naturaleza individual o colectivo […]. (Negritas y subrayado nuestro). Íd.

Claramente, el referido artículo prohíbe todo contrato

mediante el cual los trabajadores o empleados ya sea directa

o indirectamente se comprometan a pagar los honorarios de

su representación legal devengados en el trámite de una

reclamación judicial o extrajudicial presentada en contra

de su patrono. (Ènfasis nuestro). López Vicil v. ITT

Intermedia, Inc., 142 DPR 857, 868–869 (1997) (Per Curiam).

Ahora bien, el Artículo 2 de la Ley Núm. 402, supra,

señala que cuando “el obrero prevalezca en un caso mediante

sentencia emitida luego del juicio, […] el tribunal deberá

condenar al patrono al pago de honorarios de abogado”. Así,

para que proceda la imposición de honorarios de abogado al

15 En lo pertinente, el 26 de diciembre de 2002, la Oficina de la Procuradora del Trabajo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos en respuesta a la Consulta Núm. 15054 interpretó el Artículo 2 de la Ley Núm. 402, supra, en el contexto de una transacción extrajudicial lograda tras la presentación de la demanda en el foro primario. Concluyó que la solución a una controversia sobre honorarios durante un acuerdo de transacción extrajudicial debe ser atendida por el Tribunal de Primera Instancia. Véase Consulta del Procurador del Trabajo Núm. 15054 de 26 de diciembre de 2002. AC-2018-62 34

patrono deben concurrir las siguientes condiciones: “1) que

un empleado haga una reclamación a su empleador, 2) que la

reclamación surja al amparo de la legislación laboral, 3)

que el empleador sea un “patrono” bajo la Ley Núm. 402, y

4) que se conceda la reclamación”. Ortiz y otros v. Mun.

de Lajas, 153 DPR 744, 751 (2001). Véase, también, COPR v.

SPU, supra, pág. 339 esc. 33.16

Para hacer efectivos los anteriores preceptos

estatutarios, el Artículo 4 de la Ley Núm. 402, 32 LPRA sec.

3117, establece que todo abogado que reciba compensación de

un empleado o grupo de obreros “en violación a las

disposiciones de las secs. 3114 a 3117 de este título” tendrá

que reembolsar al empleado o grupo de obreros la cantidad

que le haya sido pagada, más una suma igual de dinero en

concepto de daños. Íd. Finalmente, el estatuto prescribe

que “[e]l Secretario del Trabajo y Recursos Humanos queda

autorizado para comparecer, en representación de los

obreros, en las acciones para hacer efectivas dichas sumas”,

contrarias a la Ley Núm. 402. Íd.

16 El profesor Steidel Figueroa puntualiza que “[l]a ley no impone al obrero que no prevalece la obligación de pagar los honorarios de los abogados del patrono”. S. Steidel Figueroa, Ética para juristas: Ética del abogado y responsabilidad disciplinaria, San Juan, Ed. Situm, 2016, sec. 3.18, pág. 209. Además, explica que el referido Artículo 2 de la Ley Núm. 402, supra, presenta otra posibilidad cuando “el abogado [del obrero] resuelva extrajudicialmente su reclamación contra el patrono”. Íd. AC-2018-62 35

D. Honorarios de abogado

En ocasiones anteriores hemos indicado que “[l]a Ley

Núm. 402, supra, omite [definir los honorarios razonables

y] establecer criterio alguno que guíe a los tribunales en

su encomienda de fijar los honorarios de abogado que deberá

pagar el patrono [al abogado del empleado]”. COPR v. SPU,

supra, pág. 340; Fernández Quiñones, op. cit., supra. Ante

este escenario, para poder subsanar el vacío legislativo,

interpretamos la Ley Núm. 402 en conjunto con otras leyes

laborales que se refieren al mismo asunto tales como la Ley

Núm. 100 de 23 de junio de 1955, según enmendada, 29 LPRA

sec. 146 et seq., y la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976,

según enmendada, 29 LPRA sec. 185a et seq., que fijan un

tope para los honorarios de abogado a base de un por ciento

de la indemnización otorgada al empleado.17 De esa manera,

por analogía, superamos el silencio del estatuto.18

Como norma general, el contrato de servicios

profesionales de abogado se considera una variante del

contrato de arrendamiento de servicios de acuerdo con el

17 Según el Artículo 11 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 185k, el tribunal fijará una cantidad que no será inferior al quince por ciento (15%) del total de la compensación recibida por el trabajador o cien dólares ($100), lo que resulte mayor. COPR v. SPU, 181 DPR 299, 349 (2011). En los casos al amparo de la citada Ley Núm. 100, se concederá una suma equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la indemnización base concedida al empleado que prevalece en su demanda. Art. 4 de la Ley Núm. 100, 29 LPRA sec. 149. La diferencia se debe a que “los casos por discrimen tienden a ser más complicados y costosos que los casos al amparo de la Ley Núm. 80”. López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 143 DPR 574, 582 (1991). 18 Véase Art. 18 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 18. AC-2018-62 36

Artículo 1434 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec.

4013. No obstante, por estar revestido de un alto contenido

ético, el contrato de servicios profesionales de abogado es

de naturaleza sui géneris, que lo distingue de los contratos

típicos de arrendamiento de servicios. Nassar Rizek v.

Hernández, 123 DPR 360, 369-370 (1989). De esa manera,

presenta una “relación contractual en abono de un interés

público superior que puede trascender el interés exclusivo

de las partes”. Íd., pág. 370.

Desde el inicio, la gestión profesional queda

establecida conforme a las normas generales que rigen la

fijación de honorarios de abogado según el Canon 24 del

Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Así, hemos

resuelto que “es deseable que el acuerdo o pacto sobre

honorarios a ser cobrados sea reducido a escrito, con la

mayor claridad en sus términos y libre de ambigüedades”.

Pérez v. Col. Cirujanos Dentistas de P.R., 131 DPR 545, 553-

554 (1992); Colón v. All Amer. Life & Cas. Co., 110 DPR 772,

773 (1981).

Ante la ausencia de un pacto expreso sobre la cuantía a

cobrar por servicios profesionales, el abogado tiene derecho

a recibir una compensación razonable por los servicios que

rinde a sus clientes. Art. 1473 del Código Civil de

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 4111.19 Véanse, también: In re

19 Específicamente, el Artículo 1473 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 4111, en lo pertinente, provee que “cuando no hubiere convenio y surgieren diferencias, la parte con derecho a la remuneración podrá reclamar y obtener en juicio de la otra parte, ante cualquier AC-2018-62 37

Franco Rivera, 169 DPR 237, 267 (2006); Méndez v. Morales,

142 DPR 26, 35 (1996).

En relación con este asunto, denominamos este principio

como quantum meruit, que significa “[t]anto como se merece”.

I. Rivera García, op. cit., pág. 395; Blanco Matos v. Colón

Mulero, 200 DPR 398, 412 (2018); In re Franco Rivera, supra,

págs. 266-267; Pérez v. Col. Cirujanos Dentistas de P.R.,

supra, pág. 557.

En el pasado hemos aplicado la norma de quantum meruit

para fijar el monto de los honorarios de abogado en distintos

escenarios tales como: (1) el abogado que pactó un contrato

de honorarios con su cliente el cual se invalidó por alguna

irregularidad en su ejecución; (2) el abogado que fue

destituido por su cliente sin culminar el trabajo para el

que fue contratado; (3) el abogado que pactó honorarios

contingentes, se vio obligado a desistir voluntariamente de

la reclamación por instrucción de su cliente y no contempló

esa eventualidad en el contrato de servicios legales; y (4)

el abogado que renunció a la representación legal de su

cliente, antes de culminar la gestión profesional para la

que fue contratado por honorarios contingentes. Véanse:

Blanco Matos v. Colón Mulero, supra, pág. 416; Pérez v. Col.

Cirujanos Dentistas de P.R., supra, pág. 561; Colón v. All

Amer. Life & Cas. Co., 110 DPR 772, 773 (1981).

corte de jurisdicción competente, el importe razonable de dichos servicios”. Íd. AC-2018-62 38

V. Discusión

El señor Ortiz fue empleado de Mead hasta el 10 de

diciembre de 2012, fecha en que fue cesanteado y, se le

proveyó el Borrador del acuerdo mediante el cual se le

informó sobre su elegibilidad a beneficios condicionados a

la renuncia de posibles reclamaciones al amparo de leyes

laborales estatales y federales en contra del patrono. En

ese momento, surgió una relación jurídica incierta entre las

partes. La entrega del Borrador del acuerdo fue un intento

legítimo de conciliar las pretensiones en tensión de cada

una de las partes y con ello, procurar eliminar la

incertidumbre entre éstas. Posteriormente, el señor Ortiz

contrató los servicios legales de las peticionarias. Desde

su intervención inicial como representantes legales del

empleado, las peticionarias le exigieron al patrono

modificaciones sobre los términos del Borrador del acuerdo

a favor del señor Ortiz. Con ello, se concretizó una

reclamación extrajudicial frente a Mead a nombre del

empleado.

Las negociaciones entre el patrono y las peticionarias,

en representación del empleado, se llevaron a cabo durante

tres (3) meses aproximadamente. Sin embargo, Mead

condicionó el perfeccionamiento del Acuerdo final a que el

empleado suscribiera una cláusula de relevo del pago de

honorarios de abogado. La imposición de esta cláusula y la

denegatoria del patrono a estipular el pago de honorarios

de abogado provocó una desavenencia entre Mead y las AC-2018-62 39

peticionarias quienes, ante las exigencias del patrono y la

apariencia de un posible conflicto ético, se vieron forzadas

a renunciar a sus honorarios para colocar los intereses de

su cliente sobre los propios. Consecuentemente, el Acuerdo

final se firmó el 7 de marzo de 2013 y la renuncia de las

peticionarias sobre los honorarios se concretó a través de

una misiva el 11 de marzo de 2013.

La disputa sobre los honorarios durante el curso de las

negociaciones, que a su vez, provocó un potencial conflicto

de interés entre las peticionarias y el empleado es uno de

los escenarios que viene a atender la Ley Núm. 402.

Precisamente, la política pública que promueve el estatuto

es clara al establecer que será nulo y contrario al orden

público todo contrato o acuerdo en el que un empleado se

obligue al pago directo o indirecto de honorarios de

abogado, pues ello, claramente, atenta contra el principio

que protege el que no se vea reducido el valor del trabajo

del empleado ante una reclamación presentada en contra de

su patrono. Véase Exposición de Motivos, Ley Núm. 90 de 3

de junio de 1980 (1980 Leyes de Puerto Rico 246); Art. 3 de

la Ley Núm. 402, supra.

En el presente caso, la cláusula de renuncia de

honorarios de abogado incluida en el Acuerdo final entre el

patrono y el señor Ortiz tuvo el efecto de imponerle al

empleado de manera indirecta la obligación de costear los

honorarios de abogado -reduciendo, a su vez, el valor de su

trabajo-, para poder informarse adecuadamente sobre sus AC-2018-62 40

derechos y negociar mejores condiciones ante su cesantía.

Ello, colocó al empleado en desventaja frente a Mead, quien

en todo momento contó con representación legal desde la

redacción del Borrador del acuerdo y durante el curso de las

negociaciones. Ese no fue el caso del empleado, quien, ante

la negativa del patrono a estipular el pago de honorarios,

tendría que costear su propia representación legal.

Más aún, la referida cláusula de relevo junto con la

de abogado, obligó a las abogadas aquí peticionarias a

enfrentar cuestionamientos éticos que las llevaron a

renunciar a sus honorarios de abogado. Lo anterior, dado a

que se encontraron en la disyuntiva de tener que escoger

entre favorecer los intereses de su cliente a obtener el

acuerdo más beneficioso y expedito posible versus preferir

su conveniencia económica al colocarse sus honorarios sobre

la mesa de negociación como pieza clave para la culminación

de la disputa.

Ante ese dilema, tal y como hicieron las peticionarias,

el profesional del derecho siempre deberá optar por el

cumplimiento con los principios éticos, favorecer los

intereses de su cliente y renunciar a los honorarios de

abogado, para así evitar, incluso, la mera apariencia de un

conflicto de interés.

Resolver esta controversia de otra forma tendría el

efecto de privar a los empleados cesanteados que confronten

este tipo de acuerdo de una representación legal adecuada AC-2018-62 41

que vele por sus intereses. Por eso, no podemos avalar las

pretensiones del patrono en este caso, pues, en lugar de

fomentar un “libre debate” entre las partes, informado e

inteligente, silenciaríamos al empleado, quien es la parte

más vulnerable en el proceso.

Por las razones antes expresadas, decretamos que la

inclusión de la cláusula de relevo del pago de honorarios

de abogado en el Acuerdo final es nula por ser contraria a

la Ley Núm. 402. Igualmente, entendemos que la renuncia

forzada de las peticionarias a los honorarios de abogado por

consideraciones puramente éticas fue ineficaz, ya que

resulta contraria a los principios que encarna la Ley Núm.

402 y no puede avalarse en este caso.

A tono con lo anterior, ante un escenario similar al

presente, la mejor práctica será que las partes estipulen

entre ellas junto al Acuerdo final los honorarios de abogado

correspondientes que deberán ser sufragados por el patrono.

Ahora bien, si, como ocurrió aquí, las partes no logran

ponerse de acuerdo y ocurre una desavenencia con respecto a

los honorarios a ser pagados por el patrono a los abogados

del empleado, se activará el mecanismo provisto por el

Artículo 2 de la Ley Núm. 402, supra. Éste le permite a las

partes que no lograron estipular los referidos honorarios

en una transacción extrajudicial relacionada a reclamaciones

laborales, someter la controversia “al tribunal que hubiera

tenido jurisdicción”. 32 LPRA sec. 3115. En otras palabras,

el remedio ante un conflicto sobre honorarios de abogado en AC-2018-62 42

el proceso de transacción de una reclamación extrajudicial

es recurrir al Tribunal de Primera Instancia

correspondiente, sobre quien recaerá la tarea de fijar los

honorarios de abogado que deberá pagar el patrono. Véase

Art. 2 de la Ley Núm. 402, supra.

No obstante, como vimos, la Ley Núm. 402 omite definir

los honorarios razonables y tampoco establece criterio

alguno que guíe a los tribunales en su encomienda de

fijarlos. En el caso ante nos, la declaración de nulidad

de la cláusula del relevo de honorarios de abogado al igual

que la renuncia forzada de los honorarios de abogado

provocada por un conflicto ético, ante la ausencia de un

pacto de honorarios, configuró la justa causa necesaria que

permite a las abogadas aquí peticionarias ser compensadas

por los servicios rendidos a base de la doctrina de quantum

meruit.

El Tribunal de Primera Instancia deberá, por lo tanto,

evaluar la prueba que presenten las peticionarias sobre las

gestiones profesionales realizadas a favor del señor Ortiz,

tomando en consideración los factores enumerados en el Canon

24, supra, con especial énfasis en examinar los beneficios

que haya derivado el empleado como resultado de los

servicios provistos por ellas. AC-2018-62 43

VI.

La discusión anterior nos lleva a concluir que el

Tribunal de Apelaciones erró al aplicar la doctrina de la

ley del caso y ordenar la desestimación de la demanda de las

peticionarias, tras determinar que no procedía la aplicación

de la Ley Núm. 402 al presente caso. A base de lo anterior,

se revoca la Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 12 de

abril de 2018 y se devuelve el caso al Tribunal de Primera

Instancia para la continuación de los procedimientos acorde

con lo dispuesto en esta Opinión.

Se dictará Sentencia de conformidad.

ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

v.

Mead Johnson Nutrition AC-2018-62 Certiorari Puerto Rico, Inc.

SENTENCIA

Por los fundamentos esbozados en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente Sentencia, revocamos la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el 12 de abril de 2018 y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos acorde con lo dispuesto en la Opinión.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco no intervino.

José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo