EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Angelina Peña Alcantara
Recurrida Certiorari
v. 2004 TSPR 136
Pedro A. Warren Ovensen 162 DPR ____
Peticionario
Número del Caso: CC-2003-0728
Fecha: 19 de agosto de 2004
Tribunal de Circuito de Apelaciones:
Circuito Regional VII
Panel integrado por su presidente, el Juez Miranda de Hostos, la Juez Hernández Torres y el Juez Martínez Torres
Administración para el Sustento de Menores (ASUME):
Lcda. Wanda I. Monge Reyes Procuradora Auxiliar Lcda. Daris E. Román Morales
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Ricardo E. Carrillo Delgado Lcda. Rebecca M. Rivera Castro
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Juan M. Acevedo Ramírez
Materia: Ley 180 (LIUAP del 20 de diciembre de 1997) Alimentos Interestatales
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Angelina Peña Alcántara
Recurrida
v. CC-2003-0728 Certiorari
Pedro A. Warren Ovensen
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor CORRADA DEL RÍO
San Juan, Puerto Rico, a 19 de agosto de 2004.
Nos corresponde determinar si nuestra decisión
en el caso de Álvarez Elvira v. Arias Ferrer, en
el cual resolvimos la inaplicabilidad del
procedimiento judicial expedito dispuesto por el
Artículo 15 de la Ley Orgánica de la
Administración para el Sustento de Menores, 8
L.P.R.A. § 514, a aquellos alimentantes que no
residen en Puerto Rico, se extiende igualmente a
una petición de alimentos incoada bajo el
procedimiento administrativo expedito que faculta
el Artículo 11 de la citada Ley, 8 L.P.R.A. §
510. CC-2003-0728 3
I
El 26 de diciembre de 1988, la señora Angelina Peña
Alcántara (en adelante, “la recurrida” o “señora Peña
Alcántara”) dio a luz a su hijo, Pierre Ovensen Peña.
Ella alega que éste es fruto de una relación que
sostuviera con el aquí peticionario, el señor Pedro A.
Warren Ovensen (en adelante, “el peticionario” o señor
Warren Ovensen”).
El 23 de julio de 1999, a instancias de la señora
Peña Alcántara, la Administración para el Sustento de
Menores (en adelante, “ASUME”) inició un procedimiento al
amparo de la Ley Interestatal Uniforme de Alimentos entre
Parientes (en adelante, “LIUAP”),1 8 L.P.R.A. § 541 et
seq., con el propósito de que el peticionario le
proveyera alimentos al joven Pierre Ovensen Peña. A esos
efectos, la referida agencia remitió una querella
interestatal al Departamento de Justicia de Islas
Vírgenes, División de Paternidad y Sustento de Menores
(en adelante, “División de Sustento de Menores de Islas
Vírgenes”), ya que el peticionario es domiciliado de la
1 La LIUAP, supra, adoptó para Puerto Rico las disposiciones de la “Ley Interestatal de Alimentos entre Parientes.” Dicha Ley—conocida en inglés como “Uniform Interstate Family Support Act”—fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos con el propósito de establecer uniformidad en la fijación y ejecución de obligaciones alimentarias entre personas que residen en diferentes estados, de modo que se protegiesen e hiciesen valer los derechos de los menores. Véase Aponte v. Barbosa Dieppa, 146 D.P.R. 558, 566 (1998). Mediante la aprobación de la LIUAP, supra, también se derogó la “Ley Uniforme de Reciprocidad para la Ejecución de Obligaciones sobre Alimentos.” CC-2003-0728 4
Isla de Santa Cruz, Islas Vírgenes Estadounidenses. El
15 de agosto de 2000, el peticionario fue notificado de
la solicitud realizada por la recurrida a favor de su
hijo.
El 28 de septiembre de 2000, la División de Sustento
de Menores de Islas Vírgenes celebró una vista
administrativa, a la que acudió el peticionario. En esta
audiencia, el señor Warren Ovensen solicitó que se le
realizara al menor una prueba de A.D.N. para determinar
fehacientemente su paternidad. El foro administrativo de
Islas Vírgenes dictó una orden a esos efectos el 10 de
octubre de 2000.
Mediante carta de 31 de octubre de 2000, ASUME le
comunicó a la División de Sustento de Menores de Islas
Vírgenes que la señora Peña Alcántara se oponía a que se
realizara dicha prueba, ya que alegaba que su hijo fue
reconocido por el peticionario, e inscrito a su nombre,
en el Registro Demográfico de Puerto Rico. Para sustentar
lo alegado, se presentó una copia del certificado de
nacimiento del joven Pierre Ovensen Peña del cual, en
efecto, surge que el peticionario aparece inscrito como
padre del menor solicitante.2 Conforme a ello, ASUME
solicitó que se le otorgara entera fe y crédito a la
determinación de paternidad hecha en Puerto Rico, y que
se continuaran los procedimientos obviando la prueba de
A.D.N. El peticionario, por su parte, alegó que el
2 Véase Apéndice, a la pág. 30. CC-2003-0728 5
aludido reconocimiento no había sido voluntario, por lo
que insistió en la prueba de paternidad.
Posteriormente, el 21 de marzo de 2002, ASUME le
reiteró a su homólogo en Islas Vírgenes que la señora
Peña Alcántara se negaba a realizar la prueba de A.D.N.
debido al previo reconocimiento de paternidad por parte
del señor Warren Ovensen. ASUME también solicitó a dicha
oficina que cerrara el caso ya que el mismo se iba a
trabajar directamente desde Puerto Rico.3 Ante esto, la
División de Sustento de Menores de Islas Vírgenes replicó
que la prueba de A.D.N. fue ordenada por un tribunal y
que no iba a cerrar el caso.4
Así las cosas, ASUME optó por desistir de su petición
original y, en su lugar, presentó una solicitud de
alimentos mediante el “One State Proceeding” que autoriza
la LIUAP. 8 L.P.R.A. § 542.5 De conformidad, el 1 de
3 Id., a la pág. 40. 4 Id., a la pág. 42. 5 Dicha sección dispone en su parte pertinente:
§ 542. Fundamentos para adquirir jurisdicción sobre persona no residente
En un procedimiento para fijar una pensión alimentaria, ejecutar o modificar una orden de pensión alimentaria o para establecer la filiación de un menor, el Tribunal de Puerto Rico adquirirá jurisdicción sobre la persona, el tutor o encargado no residente cuando:
(1) La persona es emplazada conforme establecen las Reglas de Procedimiento Civil para el Tribunal de Justicia de 1979;
continúa... CC-2003-0728 6
abril de 2002, ASUME se comunicó con el peticionario y le
ordenó comparecer a las oficinas de dicha agencia el 19
de abril de 2002, para discutir su “obligación de proveer
pensión alimentaria al/los menor(es): Pierre Ovensen
Peña.”6 Es decir, tramitó la petición de alimentos a
través del procedimiento administrativo expedito
dispuesto en el Art. 11 de la Ley Orgánica de ASUME, 8
L.P.R.A. § 510 (en adelante, “Ley de ASUME”). Dicho
artículo provee para que el Administrador de ASUME cite a _____________________ ...5 continuación
(2) la persona se somete voluntariamente a la jurisdicción, en forma expresa o tácita, al consentir o comparecer o al presentar una alegación respondiente que tenga el efecto de renunciar a la defensa de falta de jurisdicción sobre su persona;
(3) la persona residió en Puerto Rico con el menor;
(4) la persona residió en Puerto Rico y proveyó gastos prenatales o alimentos para el menor;
(5) el menor reside en Puerto Rico como resultado de actos o directrices de la persona;
(6) la persona sostuvo relaciones sexuales en Puerto Rico y el menor pudo haber sido concebido de esa relación sexual;
(7) la persona reconoció e inscribió al menor conforme dispone la ley, o
(8) existe cualquier otro fundamento consistente con la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de los Estados Unidos para adquirir jurisdicción sobre la persona.
Adviértase que el Art. 1 de la LIUAP, 8 L.P.R.A. § 541, define el término “tribunal” como “cualquier tribunal, corte, agencia administrativa o entidad cuasi judicial autorizada para establecer o modificar una orden de pensión alimentaria o para establecer filiación.” 6 Véase Apéndice, a la pág. 43. CC-2003-0728 7
la parte a quien se dirige la reclamación alimentaria
para que comparezca ante la referida agencia dentro de un
término que no será menor de cinco (5) días, ni mayor de
treinta (30) días.
El 19 de abril de 2002, el señor Warren Ovensen
compareció a las oficinas de ASUME acompañado de su
representación legal. En la reunión celebrada, el
peticionario fue entrevistado por una oficial de la
agencia, y durante el transcurso de dicho diálogo, éste
levantó defensas a la intención de la oficial de fijar
una pensión alimentaria. No obstante, la oficial de la
ASUME procedió a fijarle al peticionario la obligación de
satisfacer una pensión alimentaria mensual de $414.92,
además de un pago de $124.48 para agotar una deuda
retroactiva de $17,426.64.7 No surge de autos que el
peticionario hubiese alegado falta de jurisdicción de
ASUME.
El 13 de septiembre de 2002, el peticionario presentó
ante ASUME un formulario titulado “Objeción a la
Notificación sobre Obligación de Proveer Alimentos.” En
esta comparecencia alegó que no existía razón para
proveer alimentos; que la cantidad imputada como deuda
era equivocada; y que no es la persona con la obligación
de proveer alimentos porque no es el padre o el
alimentante deudor. En esta ocasión, el peticionario
tampoco alegó la falta de jurisdicción de ASUME.
7 Esta notificación se efectuó el 20 de agosto de 2002. CC-2003-0728 8
Posteriormente, ASUME emitió una orden declarando al
peticionario en rebeldía. La agencia fundamentó ese
curso de acción en el hecho de que éste no había objetado
la orden que estableció su obligación de proveer
alimentos dentro del término de veinte (20) días
requeridos por el proceso administrativo expedito.8 A
tenor de ello, el 18 de septiembre de 2002, el
Administrador de ASUME dictó una orden estableciendo la
obligación del señor Warren Ovensen de proveer alimentos
al joven Pierre Ovensen Peña. El mandato del
Administrador reiteraba lo establecido anteriormente por
la oficial de dicha agencia, al disponer para el pago de
una pensión de $414.92 mensuales, y de $124.48
adicionales para agotar la deuda de $17,841.50.
Mediante escrito de 2 de octubre de 2002, el
peticionario presentó una solicitud de reconsideración
ante el Administrador de ASUME. Argumentó que se opuso
oportunamente a la notificación de proveer alimentos y
que el Administrador estaba obligado a señalar la
celebración de una vista informal para presentar
evidencia. Asimismo, reprodujo las defensas en cuanto a
la controversia en torno a la paternidad y la cuantía a
pagarse. En esta oportunidad tampoco cuestionó la
jurisdicción de la agencia.
8 8 L.P.R.A. § 510(b)(B), sobre Procedimiento para objetar la notificación de alegación de filiación y la obligación de proveer alimentos. CC-2003-0728 9
ASUME remitió el expediente del caso a la Oficina del
Juez Administrativo, para que éste atendiera la moción de
reconsideración presentada por el peticionario. Dicho
funcionario,9 mediante Orden de 15 de octubre de 2002,
resolvió que la orden de pensión alimentaria dictada por
el Administrador de ASUME fue nula e inexistente en
derecho. Expresó que el señor Warren Ovensen siempre ha
residido fuera de Puerto Rico, por lo que según lo
resuelto en el caso de Álvarez Elvira v. Arias Ferrer,
res. el 18 de marzo de 2002, 156 D.P.R. ____ (2002), 2002
T.S.P.R. 31, 2002 J.T.S. 37, se le violó el debido
proceso de ley en el procedimiento seguido para fijarle
la pensión alimentaria. En el citado caso, este Tribunal
resolvió que el proceso expedito dispuesto en el Art. 15
de la Ley de ASUME, 8 L.P.R.A. § 514,10 no le era
aplicable a personas que no fuesen residentes de Puerto
Rico, ya que los reducidos términos allí establecidos no
permiten que la persona contra la cual se reclama pueda
defenderse adecuadamente. Por tanto, el Juez
Administrativo concluyó que, según esa jurisprudencia,
ASUME no adquirió jurisdicción sobre la persona del
peticionario.
Oportunamente, ASUME, en representación de la señora
Peña Alcántara, presentó una moción de reconsideración
9 La moción de reconsideración fue atendida por el Juez Administrativo Joseph E. Valentín. 10 El referido Artículo detalla el procedimiento expedito a seguirse cuando la petición de alimentos se presenta en un tribunal de justicia. CC-2003-0728 10
ante el Juez Administrativo, quien la denegó el 2 de
diciembre de 2002. Dicho funcionario reiteró que, de
acuerdo a Álvarez Elvira v. Arias Ferrer, supra, el
procedimiento administrativo ante ASUME no puede
utilizarse cuando la parte promovida no reside en Puerto
Rico.
Inconforme, la señora Peña Alcántara acudió mediante
recurso de revisión al entonces Tribunal de Circuito de
Apelaciones (en adelante, “TCA”). Adujo ante ese foro
que el Juez Administrativo había errado al determinar que
ASUME estaba impedida de utilizar el procedimiento
expedito en este caso porque el peticionario no es
residente de Puerto Rico.
Tras evaluar los argumentos de las partes, el TCA
resolvió que bajo la Ley de ASUME, supra, interpretada en
conjunto con la LIUAP, supra, se vislumbran dos
procedimientos expeditos, uno judicial y otro
administrativo, y concluyó que nuestro pronunciamiento en
Álvarez Elvira v. Arias Ferrer, supra, se extiende al
procedimiento expedito judicial, mas no así al
procedimiento expedito administrativo.11 Por tanto, como
en el caso de marras el procedimiento se siguió ante el
foro administrativo al amparo del Art. 11 de la Ley de
ASUME, 8 L.P.R.A. § 510, el TCA estableció que la norma
11 El TCA entendió que la compiladora de la colección Leyes de Puerto Rico Anotadas (“L.P.R.A.”) cometió un error al llamar “Procedimiento Administrativo Expedito” a las secciones correspondientes al “proceso judicial” dispuesto por el Art. 13 y siguientes de la Ley de ASUME, 8 L.P.R.A. § 512 et seq. CC-2003-0728 11
de Álvarez Elvira, supra, no era aplicable. Asimismo,
dicho foro resolvió que, de todos modos, el peticionario
se había sometido tácitamente a la jurisdicción de la
agencia, por lo que revocó la orden recurrida.
Inconforme con ese curso decisorio, el peticionario
acudió ante nos y formuló los siguientes errores:
A. Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al acoger los argumentos de la parte peticionaria-recurrida y revocar la determinación emitida por el Juez Administrativo en la que reafirmó la inaplicabilidad del procedimiento administrativo expedito a casos en que el promovido resida fuera de Puerto Rico, conforme a lo establecido por este Honorable Tribunal Supremo en el caso de Álvarez Elvira v. Arias Ferrer, supra.
B. Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al determinar que el peticionario-recurrente se sometió voluntariamente a la jurisdicción de ASUME, sin que se celebrara la correspondiente vista adjudicativa, al presentar alegaciones respondientes sin levantar la defensa de falta de jurisdicción.
Mediante Resolución de 31 de octubre de 2003,
expedimos el auto solicitado. Examinados los alegatos de
las partes, resolvemos.
II
En nuestro ordenamiento, los casos relacionados con
los alimentos de menores están revestidos de un alto
interés público. Arguello López v. Arguello García, res.
el 31 de agosto de 2001, 155 D.P.R.____ (2001), 2001
T.S.P.R. 124, 2001 J.T.S. 127. Más aún, este Tribunal ha
reconocido que el derecho a reclamar alimentos constituye CC-2003-0728 12
parte del derecho a la vida protegido por la Constitución
de Puerto Rico. Véase Const. E.L.A. Art. II, sección 7;
Figueroa Robledo v. Rivera Rosa, 149 D.P.R. 565 (1999);
Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff, 117 D.P.R. 616, 621
(1986).
La Ley de ASUME, 8 L.P.R.A. § 501 et seq., en
conjunto con las disposiciones pertinentes del Código
Civil, del Código Penal, y otras leyes especiales,
constituyen en nuestra jurisdicción las fuentes de la
obligación alimentaria. La primera, sin embargo, es la
que establece los mecanismos procesales más ágiles— y por
ende más utilizados— para gestionar el cumplimiento con
dicho deber.12
Como bien concluyó el TCA, la Ley de ASUME, supra,
instituye dos mecanismos para reclamar alimentos a favor
de aquél que por derecho le correspondan. Primeramente,
el Art. 11 de esa Ley, 8 L.P.R.A. § 510, establece el
llamado “procedimiento administrativo expedito,” el cual
se inicia y desarrolla ante el foro administrativo de
ASUME. El referido artículo reza, en lo pertinente, del
siguiente modo:
12 El objetivo central de la Ley de ASUME, supra, fue el agilizar e impregnarle la máxima rapidez a los procedimientos de fijación y modificación de pensiones alimentarias para beneficio de los alimentistas reclamantes. Véase Sarah Torres Peralta, La Ley Especial de Sustento de Menores y el Derecho de Alimentos en Puerto Rico, sección 4.3, Publicaciones STP (1997). CC-2003-0728 13
§ 510. Procedimiento administrativo expedito
...
(b) El procedimiento administrativo se llevará a cabo de la siguiente manera:13
(1) Cuando el Administrador o su representante autorizado reciba una solicitud de servicios, o cuando motu proprio genere una solicitud de servicios, inmediatamente deberá proceder a revisarla, estudiar las disposiciones legales pertinentes y completar la información necesaria para tramitar el caso con la que esté disponible en la Administración o haya que requerirle a otras agencias, entidades o personas. (2) El Administrador le requerirá a la parte a la que está dirigida la reclamación o que pueda resultar afectada, por escrito o mediante comunicación constatable, notificándole, o por correo y si se desconoce su dirección mediante aviso público, que comparezca dentro de un término razonable que no será menor de cinco (5) días ni mayor de treinta (30) días. Hará un resumen de la petición y el derecho aplicable, apercibiendo a la parte de las consecuencias legales de la reclamación y que de no comparecer en el tiempo requerido se podrá dictar lo solicitado sin más citarle ni oírle; concediéndole una oportunidad razonable para defenderse y presentar su versión; requiriéndole que conteste las alegaciones...(énfasis suplido).
De otra parte, el Art. 15 de la Ley de ASUME, 8
L.P.R.A § 514, establece el “procedimiento judicial
13 Nótese que el Art. 11 de la Ley de ASUME, supra, se refiere a que el proceso administrativo expedito allí establecido es “en adición a los remedios y a la acción judicial de alimentos” que los reclamantes puedan incoar de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil, las Reglas de Procedimiento Civil y otras leyes aplicables.” CC-2003-0728 14
expedito” para solicitar alimentos. Dicho artículo
establece en su parte pertinente:
§ 514. Procedimiento administrativo expedito-- Notificación de la acción14
(1)(a) Al radicarse en el tribunal una petición o escrito sobre la obligación de prestar alimentos a menores, incluso aquéllas en que se reclamen alimentos para un o una cónyuge, ex cónyuge u otro pariente que tenga la custodia de los menores, y la parte promovida resida en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el secretario del tribunal procederá de inmediato a señalar la vista ante el Examinador para una fecha dentro de un plazo no menor de quince (15) días ni mayor de veinte (20) días, contados desde la fecha de radicación de la petición y expedirá, no obstante lo establecido por las Reglas de Procedimiento Civil, Ap. III del Título 32, un documento de notificación personal y citación para vista, requiriendo a la parte promovida que muestre causa de por qué no debe dictarse una sentencia, resolución u orden según solicitado en la petición o escrito.
(b) La notificación-citación, junto con una copia de la petición, deberá ser diligenciada o notificada por la parte promovente con no menos de cinco (5) días de antelación a la fecha de la vista enviándola a la parte promovida, por correo certificado con acuse de recibo a su dirección, si ésta es conocida, estableciendo este conocimiento mediante declaración jurada al efecto; al momento de presentar la petición; o personalmente mediante el procedimiento utilizado para el diligenciamiento de emplazamientos. En los casos en que hayan transcurrido dos (2) años o más desde la última orden sobre pensión alimenticia, durante los cuales no se haya suscitado incidente judicial alguno entre las partes, se notificará la acción mediante el procedimiento utilizado para el diligenciamiento personal de emplazamientos. Cuando se desconozca la dirección del alimentante o éste no pueda ser localizado, se citará para vista mediante la publicación de un edicto en un periódico de
14 Véase escolio 11, ante. CC-2003-0728 15
circulación general diaria en Puerto Rico (énfasis suplido).
En Álvarez Elvira v. Arias Ferrer, supra, resolvimos
una controversia que se suscitó bajo el palio del
mecanismo expedito dispuesto en el citado Artículo 15,
supra. Concluimos en esa ocasión que dicho mecanismo no
podía aplicársele a aquellos alimentantes que no residen
en Puerto Rico, ya que los cortos términos que el
estatuto establece no proveen una probabilidad razonable
de notificación adecuada al obligado, por lo que éste no
podía defenderse debidamente. Id., a la pág. 8.
Ahora bien, el TCA interpretó en la sentencia
recurrida que nuestra decisión en Álvarez Elvira, supra,
se extiende únicamente al procedimiento judicial
expedito. Entendió ese respetable foro que nuestro
raciocinio en esa decisión estaba confinado a las
particularidades del Art. 15 de la Ley de ASUME, supra, y
como tal, inaplicable fuera de esa reducida esfera. Erró
el TCA al así resolver.
Nuestra decisión en Álvarez Elvira, supra,
declarando la inaplicabilidad del proceso descrito en el
Art. 15 de la Ley de ASUME, supra, a los no residentes en
Puerto Rico, no se fundamentó en el carácter judicial o
administrativo del mismo, sino en su carácter expedito.
Es decir, la razón fundamental para lograr el resultado
allí alcanzado no fue la naturaleza del foro en que se
presentó la reclamación, sino la naturaleza del proceso
utilizado, cuyos términos cortos no proveen a un no CC-2003-0728 16
residente la oportunidad de presentar una defensa
adecuada.
En los párrafos precedentes, pudimos observar que
ambos procedimientos expeditos disponibles en la Ley de
ASUME, supra, son relativamente similares.
Específicamente, ambos procesos establecen unos términos
bastante reducidos para dilucidar la obligación
alimentaria. En Álvarez Elvira, supra, determinamos que
el término de entre quince (15) a veinte (20) días que
provee el Art. 15 de la Ley de ASUME, supra, no
satisfacía las exigencias del debido proceso de ley en
cuanto a la posibilidad de proporcionarle al alimentante
una oportunidad adecuada para defenderse. Si atendemos
los términos dispuestos por el Art. 11 de la misma Ley,
supra, constatamos que éstos—entre cinco (5) a treinta
(30) días—podrían ser incluso hasta más reducidos que los
del procedimiento judicial expedito. Por tanto, resulta
forzoso concluir que el término fijado por la Ley de
ASUME para ambos procesos expeditos son inaplicables para
personas que residen fuera de Puerto Rico.
En atención a ello, resolvemos que erró el TCA al no
declarar la inaplicabilidad del proceso administrativo
expedito a los no residentes en Puerto Rico. Ello, sin
embargo, no dispone del caso ante nos. Resuelto esto, nos
toca ahora determinar si, no obstante lo anterior, el
peticionario señor Warren Ovensen, se sometió a la CC-2003-0728 17
jurisdicción de ASUME al presentar defensas sin
cuestionar la jurisdicción de dicha agencia. Veamos.
III
Para que los tribunales puedan actuar sobre la
persona de un demandado, precisa que dicho foro tenga
autoridad para así hacerlo; es decir, que adquiera
jurisdicción sobre su persona. Véase Perrón v.
Corretjer, 113 D.P.R. 593 (1982). En nuestro
ordenamiento, dicha autoridad se adquiere mediante el
emplazamiento, que es el procedimiento mediante el cual
el tribunal hace efectiva su jurisdicción y le informa al
demandado que existe una reclamación en su contra.
Álvarez Elvira v. Arias Ferrer, supra, a la pág. 7; First
Bank of P.R. v. Inmobiliaria Nacional, Inc., 144 D.P.R.
901, 913 (1998). Para que sea efectivo, el emplazamiento
deberá tener una posibilidad razonable de notificar e
informar al reclamado sobre la acción presentada en su
contra, de manera tal que pueda comparecer a defenderse
si así lo desea. Álvarez Elvira v. Arias Ferrer, supra;
Pou v. American Motors Corp., 127 D.P.R. 810, 819 (1991).
En Álvarez Elvira v. Arias Ferrer, supra, a la
pág.8, resolvimos que “el método expedito para emplazar
provisto por el procedimiento en cuestión [el de la Ley
de ASUME, supra] no cumple con el requisito” de notificar
adecuadamente al demandado de la acción que se instó en
su contra, razón por la cual entendimos que el legislador CC-2003-0728 18
limitó el mismo a aquellas situaciones en las cuales la
parte promovida reside en Puerto Rico.
No obstante, hemos resuelto que el derecho a ser
emplazado conforme a derecho es renunciable. Qume Caribe,
Inc. v. Secretario de Hacienda, res. el 30 de marzo 2001,
153 D.P.R. ___ (2001), 2001 T.S.P.R. 38, 2001 J.T.S. 41.
Una forma reconocida de efectuar tal renuncia es mediante
la sumisión expresa o tácita del demandado. Sterzinger
v. Ramírez, 116 D.P.R. 762, 768 (1985). De conformidad,
aquella parte que comparece voluntariamente, y realiza
algún acto sustancial que la constituya parte en el
pleito, se somete a la jurisdicción del tribunal. Qume
Caribe, Inc. v. Secretario de Hacienda, supra, a la pág.
3; Márquez Resto v. Barreto, 143 D.P.R. 128 (1997);
Mercado v. Panthers Military Society, 125 D.P.R. 98
(1990). Este principio, aunque de raigambre procesal
civil, aplica igualmente en la esfera administrativa.
Qume Caribe, Inc. v. Secretario de Hacienda, supra, a la
pág. 4.
Es decir, en un caso como el de autos, el demandado
no domiciliado puede someterse a la jurisdicción del ente
adjudicador si comparece ante éste y no plantea la falta
de jurisdicción, pero presenta otro tipo de alegaciones.
Shuler v. Shuler, res. el 19 de agosto de 2002, 157
D.P.R. ___(2002), 2002 T.S.P.R. 109, 2002 J.T.S. 115. De
este modo, la comparecencia del demandado suple la
omisión del emplazamiento y es suficiente para que el CC-2003-0728 19
tribunal asuma jurisdicción sobre su persona. Álvarez
Elvira v. Arias Ferrer, supra; Qume Caribe, Inc. v.
Secretario de Hacienda, supra; Franco v. Corte, 71 D.P.R.
686 (1950).
Asimismo, la LIUAP, supra— estatuto al amparo del
cual ASUME llevó el proceso en cuestión— enumera las
formas en que el ente adjudicativo pertinente (tribunal o
agencia) puede adquirir jurisdicción sobre la persona de
un alimentante no residente. Según dicha Ley, ASUME
puede adquirir jurisdicción sobre un no residente de
Puerto Rico cuando éste “se somete voluntariamente a la
jurisdicción, en forma expresa o tácita, al consentir o
comparecer o al presentar una alegación respondiente que
tenga el efecto de renunciar a la defensa de falta de
jurisdicción sobre su persona.” 8 L.P.R.A. § 542(2).15
Por tanto, al examinar la LIUAP, supra, en conjunto con
la Ley de ASUME, supra, constatamos que una de las formas
que nuestro estado de derecho reconoce para que ASUME
adquiera jurisdicción sobre un alimentante no residente
es mediante la sumisión expresa o tácita de éste.
En el caso de marras, como expresamos en la sección
anterior, el procedimiento expedito (administrativo o
judicial) dispuesto en la Ley de ASUME, supra, no era
aplicable contra el señor Warren Ovensen por tratarse de
un alimentante no residente en Puerto Rico. Sin embargo,
surge de autos que éste respondió en varias ocasiones a
15 Véase escolio 5, ante. CC-2003-0728 20
las citaciones que le cursara ASUME— bajo el mecanismo
dispuesto por el procedimiento administrativo expedito—
sin levantar en momento alguno la falta de jurisdicción
de dicha agencia sobre su persona, o alegar que la
aplicación del proceso expedito en su contra violaba el
debido proceso de ley.
Específicamente, tenemos que en la primera reunión a
la cual fue citado—el 19 de abril de 2002—el propio señor
Warren Ovensen admite que asistió acompañado de su
abogado, y que al “no tener oportunidad de prepararse
adecuadamente para fundamentar su posición con prueba
sobre capacidad económica...se vio obligado a limitarse a
simple y llanamente levantar las defensas por las que
entendía no le correspondía cumplir con tal obligación.”16
Sin embargo, no levantó la defensa de falta de
jurisdicción. Surge del expediente que en por lo menos
dos ocasiones posteriores (13 de septiembre de 2002 y 2
de octubre de 2002) el peticionario compareció nuevamente
ante ASUME para rebatir los méritos del caso, no
aduciendo en ninguna de esas oportunidades la falta de
En consecuencia, resolvemos que el señor Warren
Ovensen se sometió a la jurisdicción de ASUME. El
peticionario compareció a reuniones en las fechas
pautadas, presentó escritos, realizó descubrimiento de
prueba y presentó defensas ante la referida agencia sin
16 Véase Apéndice, a las págs. 189-190 (énfasis suplido). CC-2003-0728 21
cuestionar la jurisdicción de ésta, todo ello mientras
estuvo representado por un abogado.17 Es decir, al
peticionario se le aplicó el proceso conforme lo dispone
la ley, y según se le aplica a todo aquél alimentante
sobre el cual la agencia adquiere jurisdicción.
En mérito de lo anterior, se modifica la Sentencia
del Tribunal de Apelaciones en cuanto resuelve que el
procedimiento administrativo expedito de la Ley de ASUME
es aplicable a alimentantes que no residen en Puerto
Rico. Así modificada, se confirma el dictamen recurrido.
Se dictará Sentencia de conformidad.
BALTASAR CORRADA DEL RÍO JUEZ ASOCIADO
17 Cabe señalar que para la fecha de la primera reunión ante ASUME, el 19 de abril de 2002, ya este Tribunal había resuelto el caso de Álvarez Elvira v. Arias Ferrer, supra, el cual se notificó el 18 de marzo de 2002. CC-2003-0728 22
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente, se modifica la Sentencia del Tribunal de Apelaciones en cuanto resuelve que el procedimiento administrativo expedito de la Ley de ASUME es aplicable a alimentantes que no residen en Puerto Rico. Así modificada, se confirma el dictamen recurrido.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri concurre con el resultado con opinión escrita.
Patricia Otón Olvieri Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Angelina Peña Alcántara Recurrida
vs. CC-2003-728 Certiorari
Opinión Concurrente emitida por el Juez Asociado señor FUSTER BERLINGERI.
Estoy de acuerdo con el resultado a que llega
la mayoría en el acápite III de la opinión del
Tribunal. Coincido en que el peticionario se sometió
a la jurisdicción de ASUME y por lo tanto, estaba
obligado por la orden de dicha agencia fijándole al
peticionario una pensión alimentaria.
Con lo que no estoy de acuerdo es con lo
expresado en el acápite II de la opinión, que
resulta ser pura dicta. Es decir, el pronunciamiento
normativo sobre el alcance del procedimiento
administrativo expedito del Art. 11 de la Ley de
ASUME no sólo no es de ningún modo necesario para
resolver la controversia de autos, sino que, además, CC-2003-728 24
no tiene consecuencia o efecto alguno con respecto al
resultado de este caso. Se trata, pues de una mera opinión
consultiva de la mayoría del Tribunal, que nos está vedada
por una larga tradición judicial que existe desde hace más de
trescientos años. Véase, Hayburn´s Case, 2 Dall. 409 (1792).
Véase, además, Cohens v. Virginia, 6 Wheat. 264, 399 (1821);
Muskrat v. U.S., 219 US 350 (1911). Esa tradición forma parte
de nuestra propia jurisprudencia desde hace más de medio
siglo. Pueblo v. Ramos, 61 D.P.R. 333, 338-339 (1943);
Comisión de Asuntos de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109
D.P.R. 715 (1980). No ha debido ser abandonado aquí por una
mayoría del Tribunal.
Tengo serias reservas con el aludido proceder de la
mayoría del Tribunal no sólo por el fundamento expresado
antes, sino otra razón también. La mayoría aquí basa su dicta
sobre la inaplicabilidad del procedimiento administrativo
expedito de ASUME a los no residentes, en lo resuelto antes
por este Foro sobre la inaplicabilidad a ellos del
procedimiento judicial expedito de ASUME. Resulta, sin
embargo, que el Art. 15 de la Ley de ASUME, que establece el
procedimiento judicial expedito, expresamente consigna su
aplicabilidad sólo cuando “la parte promovida resida en el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico...” 8 L.P.R.A. sec. 514,
cosa que no está dispuesta en el Art. 11 de Ley de ASUME, que
trata sobre el procedimiento administrativo expedito, 8
L.P.R.A. sec. 510. La mayoría del Tribunal no discute esta
clara diferencia entre una disposición estatutaria y la otra; CC-2003-728 25
ni siquiera la menciona. La mayoría del Tribunal, pues,
decreta la misma exigencia de residencia para la
aplicabilidad de ambos procedimientos aunque de su claro
texto literal, la Ley de ASUME lo requiere para uno –el más
formal y tradicional, que es el judicial- pero no lo requiere
para el otro.
La mayoría no examina este asunto de modo alguno en su
prisa por equiparar los dos procedimientos, a pesar de que
ello no era de ningún modo necesario para confirmar el
dictamen del foro apelativo en cuanto al resultado del caso.
Es por todo ello que no puedo extender un voto de
conformidad a la ponencia mayoritaria.
JAIME B. FUSTER BERLINGERI JUEZ ASOCIADO