EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Demetrio Emilio Amador Roberts, et als. Certiorari Peticionario 2014 TSPR 87 v. 191 DPR ____ E.L.A. de Puerto Rico
Recurrido
Número del Caso: CC-2012-0493
Fecha: 14 de julio de 2014
Región Judicial de: Arecibo, Guayama y Utuado, Panel XI
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. José L. Hidalgo Irizarry
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Margarita Mercado Echegaray Procuradora General
Lcda. Karla Z. Pacheco Álvarez Procuradora General Auxiliar
Materia: Expropiación Forzosa – reclamación de daños en acción de expropiación forzosa a la inversa.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Demetrio Emilio Amador Roberts, et als.
Peticionario
v. CC-2012-0493 E.L.A. de Puerto Rico
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 14 de julio de 2014
En esta ocasión nos corresponde determinar si una
acción de expropiación forzosa a la inversa, en la que se
reclama el pago de la justa compensación por la
incautación física de una franja de terreno y por la
ocupación y los daños ocasionados al remanente de la
propiedad, se tornó académica al instarse una acción de
expropiación forzosa directa únicamente sobre la franja
de terreno y la consignación de una compensación por el
valor estimado de esa parte de la propiedad.
Pasemos a resumir los hechos que sirven de trasfondo
a la controversia ante nuestra consideración.
I
El 30 de agosto de 2005, Demetrio Emilio Amador
Roberts, Mary Elizabeth Amador Roberts, Carmen Amador
Roberts, Robert Lee Amador Roberts y Demetrio Amador
Inc., presentaron una demanda de expropiación forzosa a
la inversa y daños a la propiedad en el Tribunal de CC-2012-0493 2
Primera Instancia, Sala de Arecibo, contra el Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, el Departamento de
Transportación y Obras Públicas, el Programa de
Comunidades Especiales y varias compañías de seguros. En
síntesis, alegaron que el Estado, a través de
contratistas privados, colocó un tubo de desagüe pluvial
en una franja de terreno propiedad de los demandantes
localizada en el municipio de Camuy, sin haberles
notificado o haber recibido autorización de éstos.
Además, sostuvieron que la colocación del tubo de desagüe
pluvial ha causado daños al valor de su propiedad, que
consta de 14.5283 cuerdas de terreno, debido a que el
tubo recoge todas las aguas pluviales del Municipio de
Camuy y cuando llueve las aguas se depositan en su
propiedad provocando inundaciones en el terreno. A tales
efectos, señalaron que la actuación del Estado representa
una expropiación del terreno sin el pago de una justa
compensación. Por tal razón, solicitaron que se les
compensara por la franja del terreno incautada mediante
la instalación del tubo de desagüe pluvial, así como una
suma de $1,570,000.00 por concepto de daños al valor de
la propiedad.
El 28 de diciembre de 2005, el Estado presentó su
contestación a la demanda. En esencia, negó las
alegaciones presentadas y levantó varias defensas
afirmativas. Posteriormente, el 25 de abril de 2006, los
demandantes presentaron una demanda enmendada para CC-2012-0493 3
incluir al Municipio de Camuy como demandado. Alegaron
que el Municipio también era responsable por la
construcción y colocación del tubo de desagüe pluvial.
Además, arguyeron que el Municipio, sin su autorización,
había invadido y estaba utilizando otra área de su
propiedad como parte del programa municipal de reciclaje.
A su vez, reafirmaron la responsabilidad de los
demandados originales. A tales fines, solicitaron la
remoción del tubo de desagüe pluvial instalado en su
propiedad, la restauración de la porción del terreno
afectada por la instalación del tubo de desagüe pluvial,
el pago de la justa compensación por la franja de terreno
ocupada, y el pago de una cantidad no menor de
$1,570,000.00 por concepto de daños al valor de la
propiedad. Además, solicitaron que se le ordenara al
Municipio desalojar la parte del terreno ocupado para el
programa de reciclaje, el pago por el tiempo que utilizó
el predio de terreno y los daños ocasionados a la
propiedad.
Luego de varios trámites procesales, el 14 de junio
de 2007, el Tribunal de Primera Instancia desestimó sin
perjuicio la reclamación en contra del Municipio sobre el
terreno utilizado para el programa de reciclaje municipal
y ordenó que dicha reclamación se ventilara en un pleito
independiente. Asimismo, el 19 de octubre de 2007, el
foro primario emitió una Sentencia Sumaria Parcial
desestimando la reclamación en contra del Municipio sobre CC-2012-0493 4
la construcción y utilización del tubo de desagüe
pluvial, por entender que las obras no habían sido
realizadas por el Municipio ni fueron cedidas a éste.
Así las cosas, y habiéndose presentado el Informe
Preliminar sobre Conferencia entre Abogados, 1 el foro
primario señaló vista en su fondo para el 22 y 23 de
septiembre de 2009. En la audiencia del 22 de septiembre
de 2009, previo al inicio del desfile de prueba, los
demandantes arguyeron que el Estado debía expropiar no
sólo la franja de terreno en que se encuentra el tubo de
desagüe pluvial, sino la totalidad de la propiedad. Esto
por entender que el Estado no sólo había incautado
físicamente la franja de terreno en donde ubicaba el tubo
de desagüe pluvial, sino que había ocupado el resto de la
propiedad por razón de que las aguas pluviales se
descargaban en el resto de su propiedad, haciéndola
inservible. A tales efectos, solicitaron que se dictara
sentencia parcial en cuanto a la franja de terreno en que
se encuentra el tubo de desagüe pluvial y que se pasara
prueba sobre la expropiación del resto de la propiedad.
El Estado se opuso y alegó que el tribunal sólo debía
determinar si procedía la expropiación de la franja de
terreno en la que se encontraba el tubo de desagüe
pluvial.
Luego de varios incidentes en el curso de la vista
en su fondo, el 23 de septiembre de 2009, el foro
1 El Informe Preliminar sobre Conferencia entre Abogados se presentó el 6 de mayo de 2009. CC-2012-0493 5
primario determinó en corte abierta que bifurcaría la
controversia. Indicó que primero había que dirimir si
procedía la acción de expropiación a la inversa y, de
contestar en la afirmativa, determinar si la acción
procedía sobre la totalidad del terreno o sobre una parte
específica del mismo. Añadió que, de proceder la
expropiación a la inversa, señalaría vista para
determinar la valorización, y permitiría el
descubrimiento de prueba a esos efectos. A tales fines,
el foro primario ordenó la continuación del juicio en su
fondo para el 12 y 13 de enero de 2010.
En el transcurso del juicio en su fondo, el Estado
mostró interés en expropiar parte del terreno propiedad
de los demandantes. El 13 de enero de 2010, el foro
primario le concedió un término al Estado para notificar
cuál era el predio de terreno que interesaba expropiar y
su valor. Además, solicitó que se determinara la
valorización del remanente de la propiedad y el plan a
seguir con esta parte de la propiedad. Por su parte,
concedió un término a los demandantes para que
seleccionaran un tasador a quien se le encargaría rendir
un informe de valorización de la propiedad en conjunto
con un tasador del Estado.
El 8 de febrero de 2010, el Estado presentó una
moción informativa en la que notificó el incumplimiento
de los demandantes en informar en el término dispuesto
por el tribunal el tasador seleccionado para presentar el CC-2012-0493 6
informe conjunto de valorización de la propiedad. Así
las cosas, el 3 de marzo de 2010, el Estado presentó una
Moción en Cumplimiento de Orden y Solicitud de
Desestimación por Academicidad. En ésta informó que, en
cumplimiento con la orden del tribunal, interesaba
adquirir una parcela de terreno con cabida de 2,105.197
metros cuadrados sita en la finca propiedad de los
demandantes.
A tales efectos, sostuvo que el 26 de febrero de
2010 el Estado había presentado una acción formal de
expropiación forzosa ante la sala especializada de
expropiaciones del Tribunal de Primera Instancia en San
Juan, para adquirir la franja de terreno propiedad de los
demandantes en donde ubica el tubo de desagüe pluvial.
Asimismo, informó que, como parte de la acción de
expropiación forzosa, consignó en el tribunal la cantidad
de $17,650.00, cantidad en que fue valorada la propiedad,
en concepto del pago de la justa compensación. En vista
de lo anterior, solicitó que, conforme a la norma
establecida por este Tribunal en Pamel Corp. v. E.L.A.,
124 D.P.R. 853 (1989), se desestimara el pleito de
expropiación a la inversa toda vez que el mismo se había
tornado académico.
El 30 de abril de 2010, los demandantes presentaron
su oposición a la solicitud de desestimación. En
síntesis, sostuvieron que los hechos de este caso son
distinguibles de los hechos en Pamel Corp., debido a que CC-2012-0493 7
en dicho caso el Estado expropió la totalidad de la finca
y consignó una compensación por el valor total de la
misma. En cambio, sostuvieron que en este caso el Estado
sólo consignó el valor de los 2,105.197 metros cuadros a
expropiarse. Por tal razón, alegaron que en este caso
restaba por determinar si, con la obra, el Estado ocupó y
ocasionó daños a la totalidad de la finca en
controversia. Luego de varios trámites procesales, el 28
de noviembre de 2011, el Tribunal de Primera Instancia,
Sala de Arecibo, declaró no ha lugar la solicitud de
desestimación presentada por el Estado. Razonó que
restaba por determinar si con la obra el Estado dañó y
ocupó la totalidad de la finca. Consecuentemente,
concluyó que la controversia no se había tornado
académica.2
Inconforme, el Estado solicitó reconsideración, la
cual fue denegada. En desacuerdo, acudió al Tribunal de
Apelaciones mediante recurso de apelación. El 13 de
abril de 2012, el foro apelativo intermedio emitió una
sentencia mediante la cual revocó la determinación del
foro primario. El foro apelativo intermedio razonó que
la demanda presentada se circunscribía a la reclamación
del pago de justa compensación por la ocupación de la
2 Cabe señalar que pendiente la controversia sobre la acción de expropiación forzosa a la inversa en la Sala de Arecibo, el 10 de mayo de 2011, la Sala de San Juan emitió una orden en la que paralizó los procedimientos hasta tanto la Sala de Arecibo hiciera una determinación con respecto al resto de la propiedad. En cuanto a la franja de terreno, la Sala de San Juan sostuvo que la controversia se había tornado académica. CC-2012-0493 8
franja de terreno en donde se instaló el tubo de desagüe
pluvial y los daños al valor de la propiedad, y no sobre
la incautación o el pago de justa compensación por la
totalidad del terreno. A tales fines, determinó que,
ante la presentación por el Estado de una acción de
expropiación forzosa directa por la franja de terreno en
controversia, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de
Arecibo, carecía de jurisdicción para atender la
controversia por ésta haberse tornado académica. 3 A tenor
con lo anterior, concluyó que procedía la desestimación
de la demanda de expropiación a la inversa.4
Insatisfechos con esta determinación, el 30 de abril
de 2012, los demandantes presentaron una solicitud de
reconsideración, la cual fue denegada. Inconformes, el
7 de junio de 2012, acudieron ante este Tribunal mediante
recurso de certiorari. En síntesis, sostuvieron que erró
el Tribunal de Apelaciones al sostener que la acción de
expropiación a la inversa se tornó académica en el
momento en que el Estado presentó una acción de
expropiación forzosa directa por una franja del terreno y
3 El Juez Carlos A. Cabán García disintió de esta determinación por entender que sólo se convierte en académica la causa de acción sobre la parte del terreno que fue expropiada por el Estado. 4 El Tribunal de Apelaciones añadió que aun si se avalara la postura de los demandantes de que la reclamación en la demanda era por la totalidad del terreno, su determinación sería la misma. Sostuvo que según la determinación de este Tribunal en Pamel Corp. v. E.L.A., 124 D.P.R. 853 (1989), una vez el Estado presenta una acción de expropiación forzosa por una porción del predio de terreno en controversia, la causa de acción original de expropiación forzosa a la inversa se torna académica. CC-2012-0493 9
no por la totalidad de la propiedad en controversia.
Además, señalaron que erró el foro apelativo intermedio
al desestimar la reclamación en una etapa tan adelantada
de los procedimientos en contravención con las Reglas de
Procedimiento Civil, que requieren una solución justa,
rápida y económica.
Planteada así la controversia, el 26 de octubre de
2012, acogimos el recurso de certiorari y expedimos el
auto solicitado. Con el beneficio de los argumentos de
las partes, procedemos a resolver.
II
Examinados los hechos medulares de esta
controversia, evaluemos el derecho aplicable a la
controversia ante nuestra consideración.
A
La sección 9 del Artículo II de nuestra Constitución
prohíbe que se tome o se perjudique una propiedad para
uso público sin el pago de la justa compensación. Const.
P.R., Art. II sec. 9. En virtud de esta disposición
constitucional, hemos reconocido que el Estado tiene la
obligación de pagar una justa compensación cuando incauta
una propiedad mediante el ejercicio directo del poder de
dominio eminente. Hampton Development Corp. v. E.L.A.,
139 D.P.R. 877 (1996). De ordinario el Estado insta una
acción de expropiación forzosa conforme al procedimiento
establecido en la Ley de Expropiación Forzosa, Ley de
12 de marzo de 1903, según enmendada, 32 L.P.R.A. sec. CC-2012-0493 10
2901 et seq., y la Regla 58 de las de Procedimiento
Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 58. Municipio de Guaynabo v.
Adquisición, 180 D.P.R. 206 (2010).
Conforme a la Ley de Expropiación Forzosa, toda
acción o procedimiento de expropiación forzosa iniciado
por el Estado deberá presentarse en la sala especializada
de San Juan del Tribunal de Primera Instancia. 32
L.P.R.A. Ap. V secs. 2905, 2914. Generalmente, junto a la
demanda o acción de expropiación forzosa se presenta un
legajo de expropiación que contiene una declaración de
adquisición y entrega material de la propiedad. 5 Municipio
de Guaynabo, 180 D.P.R. en la pág. 217. Si la declaración
cumple con los requisitos que dispone la Ley de
Expropiación Forzosa y se consigna en el tribunal la
compensación estimada, el título de dominio queda
investido en la entidad gubernamental que solicitó la
expropiación. Id.; A.C.T. v. Iñesta, 165 D.P.R. 891
(2005). Una vez el titular o dueño de la propiedad es
notificado del procedimiento de expropiación, éste puede
presentar una contestación y presentar aquellas defensas
y objeciones que tenga sobre el fin público de la
expropiación o sobre la cuantía declarada como justa
compensación. Municipio de Guaynabo, 180 D.P.R. en la
5 En general, la petición contendrá lo siguiente: el nombre de la entidad gubernamental expropiante, la facultad de la entidad para expropiar, el fin público de la expropiación, el valor estimado de la propiedad expropiada y una solicitud al tribunal para que ordene la inscripción del título a favor de la entidad expropiante. Cynthia Torres Torres, La expropiación forzosa en Puerto Rico 36 (2002). CC-2012-0493 11
pág. 217 citando a A.C.T. v. 780,6141m2, 165 D.P.R. 121,
133 (2005); Véase además, E.L.A. v. Fonalledas Córdova,
84 D.P.R 573, 579 (1962).
Respecto a la exigencia del pago de la justa
compensación, hemos señalado que lo que se pretende es
colocar al dueño de la propiedad en una situación
económica equivalente a la que se encontraba con
anterioridad a la expropiación de su propiedad. E.L.A. v.
Rexco, 137 D.P.R. 683 (1994). De ordinario “la justa
compensación a que tiene derecho el dueño de un bien
expropiado es aquella cantidad que representa todo el
valor de la propiedad al tiempo de la incautación”.
Fonalledas, 84 D.P.R. en la pág. 579. Además, hemos
reconocido que el propietario puede reclamar la
compensación por los daños que por motivo de la
expropiación le fueron ocasionados al remanente de su
propiedad. Id.
B
Por otra parte, en el ejercicio del poder de dominio
eminente del Estado, existen casos excepcionales en los
que el Estado puede ocupar o incautar un derecho real sin
haber iniciado el procedimiento judicial de expropiación
forzosa y sin haber consignado el pago de la justa
compensación. E.L.A. v. Northwestern Const., 103 D.P.R.
377 (1975). “Es precisamente para estos casos
excepcionales de ocupación física o incautación de un
derecho real sin previa consignación de una justa CC-2012-0493 12
compensación que se ha instituido la acción de
expropiación inversa”. Id. pág. 383. Mediante esta
acción se garantiza el cumplimiento del Estado con las
disposiciones constitucionales que establecen que nadie
será privado de su propiedad sin un debido proceso de ley
y sin haber mediado compensación. Heftler International,
Inc. v. J. de P., 99 D.P.R. 467 (1970).6
En palabras de la profesora Cynthia Torres Torres,
“[l]a acción de expropiación forzosa a la inversa es el
remedio que tiene el dueño de una propiedad afectada u
ocupada físicamente por una entidad del gobierno que no
ha iniciado el trámite judicial para adquirir dicha
propiedad, y tampoco ha pagado la justa compensación”.
Cynthia Torres Torres, La expropiación forzosa en Puerto
Rico 213 (2002). Se le domina expropiación forzosa a la
inversa (“expropiación a la inversa”) porque, en ausencia
de compensación o de un procedimiento de expropiación
forzosa iniciado por el Estado, la insta el dueño de la
propiedad contra el Estado para obtener la compensación a
la que tiene derecho. Hampton Development Corp. v.
E.L.A., 139 D.P.R. 877 (1996). Por tal razón,
generalmente los tribunales aplican “las mismas normas y
principios que rigen la acción de expropiación instada
6 A tales efectos, el máximo Foro federal sostuvo que “so long as compensation is available for those whose property is in fact taken, the governmental action is not unconstitutional”. United States v. Riverside Bayview Homes, Inc., 474 U.S. 121 (1985). CC-2012-0493 13
por el Estado”. Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 143
D.P.R. 935, 946-947 n. 14 (1997).
En términos procesales, la acción a la inversa debe
presentarse en la sala a la que corresponda la
competencia territorial del terreno afectado, según se
establece en las Reglas de Procedimiento Civil. 32
L.P.R.A. Ap. V R. 3.3. Una vez presentada la acción, el
propietario deberá demostrar que el Estado ha ocupado o
incautado su propiedad y litigará “la existencia del uso
público y la justa compensación en la misma forma y
manera que estas cuestiones se dilucidan en la acción de
expropiación forzosa”. E.L.A. v. Northwestern Const., 103
D.P.R. 377, 383-384 (1975).
Adviértase, sin embargo, que la acción de
expropiación a la inversa no pretende hacer del Estado un
comprador involuntario de la propiedad e investirse con
el título absoluto de dominio de la propiedad como de
ordinario ocurre en la acción de expropiación iniciada
por el Estado. 7 Si se demuestra que el Estado incautó una
7 Véase, por ejemplo, Nichols on Eminent Domain, Cap. 6-7, Sec. 36.02[2]: There are important legal and practical differences between a „de jure‟ condemnation proceeding and an „inverse condemnation action‟ . . . [A] de jure condemnation proceeding typically involves an action instituted by the condemnor to effect a property and to acquire the title of thereto. Such proceeding is instituted pursuant to the procedures set forth in the applicable statutes governing the acquisition of property by condemnation and will usually require affirmative action to be taken by the condemning authority. In contrast, an inverse condemnation action, as CC-2012-0493 14
propiedad, la obligación del Estado es compensar al
propietario y colocarlo en una situación económica
equivalente a la que se encontraba con anterioridad a la
incautación de su propiedad. 8 En cuyo caso, el Estado
puede optar por expropiar la propiedad o liberarla, e
indemnizar al propietario por el tiempo en que la
propiedad permaneció afectada. Hampton Development Corp.,
139 D.P.R. en la pág. 890; Véase además, José Julián
Álvarez González, Tribunal Supremo de Puerto Rico —
Análisis del Término 1998–1999: Derecho Constitucional,
69 Rev. Jur. U.P.R. 419, 433-434 (2000). Así, por el
ejemplo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos sostuvo
que “where the government's activities have already
worked a taking of all use of property, no subsequent
action by the government can relieve it of the duty to
provide compensation for the period during which the
taking was effective”. First English Evangelical Lutheran
Church v. Los Angeles County, 482 U.S. 304, 321 (1987). 9
________________________________ the phrase suggest, is the „inverse‟ or „reverse‟ of the de jure condemnation proceedings. The inverse condemnation action is instituted by the landowner in order to recover just compensation for a taking of his property when condemnation proceedings have not been instituted. 8 Según hemos sostenido, “la obligación de pagar una justa compensación también cobra vigencia cuando el Estado realiza una „incautación de hecho‟ al afectar de manera sustancial el uso de la propiedad, físicamente o por medio de su reglamentación”. Culebra Enterprises Corp., 143 D.P.R. en las págs. 946-947 (1997). 9 Similares expresiones hicimos en Hampton, al señalar que aunque el efecto de una incautación sea temporero, “procede una compensación por el valor del uso de la propiedad durante el tiempo en que el Estado privó al CC-2012-0493 15
Además, mediante esta acción, el propietario puede
reclamar los daños ocasionados al remanente de la
propiedad por razón de la incautación, así como el pago
de intereses, contados a partir del momento de la
ocupación de su propiedad. E.L.A. v. Northwestern, 103
D.P.R. 377, 379 (1975).10
III
Una vez presentada una acción de expropiación
forzosa a la inversa, nada impide que el Estado, en el
ejercicio de su poder de dominio eminente, opte por
iniciar una acción de expropiación forzosa (“expropiación
forzosa directa”) sobre la propiedad en controversia. A
tales efectos, hemos señalado que presentada una acción
de expropiación a la inversa, si el Estado presenta una
acción de expropiación forzosa directa sobre el terreno
en controversia y consigna el pago de la justa
compensación, la acción de expropiación a la inversa
queda fundida en el pleito de expropiación forzosa
instado por el Estado. Pamel Corp. v. E.L.A., 124 D.P.R.
853 (1989); Sucn. García v. Aut. de Carreteras, ________________________________ dueño de todo uso productivo de la misma. La posterior liberación de las restricciones impuestas no exime al Estado del deber de compensar”. Hampton Development Corp., 139 D.P.R. en la pág. 890 haciendo referencia a Lucas v. South Carolina Coastal Council, 505 U.S. 1003 (1992); First English Evangelical Lutheran Church v. Los Angeles County, 482 U.S. 304 (1987). 10 Sobre los intereses, la Ley de Expropiación Forzosa establece que “en los casos en que ha habido una incautación de hecho (taking) se debe pagar el interés fijado por la Junta Financiera prevaleciente a la fecha del pago, a partir de la fecha de incautación”. 32 L.P.R.A. sec. 2907;Aut. Carreteras v. 8,554.741 m/c/ II, 172 D.P.R. 1050 (2008). CC-2012-0493 16
114 D.P.R. 676 (1983); Olivero v. Autoridad de
Carreteras, 107 D.P.R. 301 (1978). En tal caso, “el
pleito de expropiación a la inversa se torna académico” y
procede su desestimación. Pamel Corp., 124 D.P.R. en las
págs. 857–858. No obstante, para efectos de esta
controversia, amerita que examinemos y precisemos
nuestros pronunciamientos anteriores en torno a la
academicidad de una acción de expropiación a la inversa
cuando el Estado insta una acción de expropiación forzosa
directa sobre la totalidad o parte de la propiedad objeto
del pleito de expropiación a la inversa. Veamos.
La doctrina de academicidad es una manifestación del
principio de justiciabilidad, principio de nuestro
ordenamiento que requiere que en todo caso ante un
tribunal exista una controversia real entre las partes.
Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 D.P.R. 969, 973-974
(2010); Presidente de la Cámara v. Gobernador, 167 D.P.R.
149, 157 (2006); E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 584
(1958). A tenor con lo anterior, un caso no es
justiciable cuando se ha tornado académico. P.N.P. v.
Carrasquillo, 166 D.P.R. 70, 74 (2005); Noriega v.
Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 421–422 (1994).
Un caso es académico cuando “se trata de obtener un
fallo sobre una controversia disfrazada, que en realidad
no existe, o una determinación de un derecho antes de que
éste haya sido reclamado o una sentencia sobre un asunto,
que al dictarse, por alguna razón no podrá tener efectos CC-2012-0493 17
prácticos sobre una controversia existente”. San Gerónimo
Caribe Project v. A.R.Pe., 174 D.P.R. 640, 652 (2008).
De esta manera, se evita utilizar inadecuadamente los
recursos judiciales y establecer precedentes
innecesarios. Emp. Pur. Des., Inc. v. H.I.E.Tel., 150
D.P.R. 924 (2000). Una controversia inicialmente
justiciable se torna académica cuando “los cambios
fácticos o judiciales acaecidos durante el trámite
judicial de una controversia, tornan en académica o
ficticia su solución”. Com. de la Mujer v. Srio. de
Justicia, 109 D.P.R. 715, 724-725 (1980).11
En el caso de las acciones de expropiación forzosa a
la inversa, hemos aplicado la doctrina de academicidad
cuando el Estado inicia una acción de expropiación
forzosa directa sobre la propiedad en controversia y
consigna la compensación a la que tiene derecho el
propietario. En Olivero v. Autoridad de Carreteras,
supra, atendimos una acción de daños y perjuicios
presentada en contra del Estado por los daños ocasionados
a una estructura de dos pisos como consecuencia de la
11 Cabe señalar que existen ciertas excepciones a la doctrina de academicidad que permiten que los tribunales intervengan en un asunto que tenga visos de academicidad. Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 D.P.R. 969, 974 (2010); López Tirado v. Testigos de Jehová, 177 D.P.R. 893, 908 (2010). Específicamente, los tribunales podrán atender una controversia “cuando se plantea una cuestión recurrente y capaz de evadir la revisión judicial; cuando el demandado ha modificado la situación de hechos, pero el cambio no aparenta ser permanente; y cuando algunos aspectos de la controversia se han tornado académicos pero persisten importantes efectos colaterales”. López Tirado, 177 D.P.R. en la pág. 908. CC-2012-0493 18
construcción de una carretera. 12 En ese entonces, a pesar
de considerar que la acción en daños y perjuicios no se
trataba de una acción de expropiación a la inversa,
concluimos que “[e]l inicio por la Autoridad del
procedimiento de expropiación y la consignación de la
suma que las partes acordaron es la justa y razonable
compensación por la totalidad de la estructura, tuvo el
efecto de fundir en una sola esta acción, denominada
daños y perjuicios, con la acción de expropiación”.
Olivero, 107 D.P.R. en la pág. 306. Esto por entender que
además de la compensación acordada por el valor de la
estructura, no se justificaba una compensación
adicional.13
Posteriormente, en Sucn. García v. Aut. de
Carreteras, supra, descartamos parte de una reclamación
de expropiación forzosa a la inversa sobre una de dos
fincas en controversia por entender que, en cuanto a esa
finca, la acción se había tornado académica al haberse
12 Para un breve análisis de esta controversia, véase El Tribunal Supremo de Puerto Rico Término de 1977-1978: Crítica General de Jurisprudencia, 48 Rev. Jur. U.P.R. 499, 512 (1979). 13 Cabe señalar que en este caso el entonces Juez Asociado señor Irizarry Yunqué emitió una opinión disidente. En ésta concluyó que la acción presentada en contra del Estado titulada acción en daños y perjuicios, era una acción de expropiación forzosa a la inversa en la que se reclamaba la compensación por la estructura y la pérdida de un equipo como consecuencia de la expropiación. Por tal razón, el Juez entendió que procedía una compensación adicional por la pérdida del equipo como daños incidentales a la expropiación. No obstante, sostuvo que la reclamación en la acción de expropiación a la inversa de una compensación por el valor de la estructura quedó fundida en el pago realizado por el Estado en el pleito de expropiación forzosa directa. CC-2012-0493 19
iniciado una acción de expropiación forzosa directa. En
síntesis, en Sucn. García, la sucesión instó una acción
de expropiación forzosa a la inversa en la que planteó
que la congelación de sus terrenos impidió que pudiera
obtener financiamiento para pagar una contribución por
herencia y solicitó la expropiación o liberación de las
dos fincas más los daños ocasionados por la congelación
irrazonable.
En ese entonces señalamos que con respecto a una de
las fincas, el Estado inició un procedimiento de
expropiación y consignó el pago de la justa compensación.
A su vez, sostuvimos que por razón de una legislación,
con la consignación de la compensación la sucesión pudo
acogerse a una amnistía contributiva y librarse del pago
de los intereses, recargos y penalidades que pudieron
haberse acumulado por motivo de la congelación
irrazonable. Por tal razón, concluimos que la reclamación
se tornó académica en cuanto a una de las fincas porque
el Estado inició una acción de expropiación sobre ésta,
consignó la justa compensación y cesó de existir la
reclamación en daños por la congelación irrazonable. Al
evaluar esos elementos en su totalidad, entendimos que,
en cuanto a esa finca, la controversia se había tornado
académica.
Finalmente, en Pamel Corp. v. E.L.A., supra,
concluimos que una acción de expropiación a la inversa en
la que se reclamaba la justa compensación por el valor de CC-2012-0493 20
una propiedad incautada, más una compensación en daños
por el tiempo que el Estado había ocupado la propiedad
(13 años), se tornó académica cuando el Estado presentó
una acción de expropiación forzosa directa sobre la
propiedad en controversia y consignó una compensación
únicamente por el valor de la propiedad. Esta conclusión,
sin embargo, estuvo precedida por un análisis en el que
descartamos la procedencia de la reclamación de una
compensación en daños por los trece (13) años que el
Estado ocupó la propiedad sin haber compensado al
propietario. 14 Por tanto, dado a que entendimos que no
procedía la compensación en daños por el periodo de
tiempo en que el Estado ocupó la propiedad, concluimos
que, con la presentación de la acción de expropiación
forzosa directa por el predio del terreno en
14 Como bien reconocimos en Hampton, la determinación de este Foro en Pamel Corp. de no reconocer una reclamación en daños por el tiempo en que el Estado ocupó la propiedad fue sumamente criticada por la academia por haberse apartado de la norma establecida en la jurisprudencia federal. Hampton, 139 D.P.R. en la pág. 881, n. 1 haciendo referencia a Wallace González Oliver, Perestroika en la reglamentación inmobiliaria puertorriqueña, 1 Rev. Acad. Pur. Jur. y Leg. 49 (1989); Antonio Escudero Viera, Contestación al Discurso del Licenciado Wallace González Oliver, 1 Rev. Acad. Pur. Jur. y Leg. 71 (1989); José Julián Álvarez González, Derecho Constitucional, Congelaciones de terrenos y la cláusula de justa compensación: El cántaro regresa a la fuente, 61 Rev. Jur. U.P.R. 637, 742 (1992). Según citamos anteriormente, en First English Evangelical Lutheran Church, el Tribunal Supremo federal no dio margen para que el Estado pudiese librarse de pagar una compensación por el tiempo en que ocupó la propiedad. Para una discusión en mayor detalle, véase José Julián Álvarez González, Derecho constitucional de Puerto Rico y relaciones constitucionales con los Estados Unidos: casos y materiales 664-668 (2009). CC-2012-0493 21
controversia, la acción de expropiación a la inversa se
había tornado académica.
Obsérvese que para efectos del pleito de
expropiación a la inversa, en los casos analizados la
presentación de la acción de expropiación directa
significó, por un lado, el reconocimiento del Estado de
que hubo una incautación sobre la totalidad o parte del
terreno en controversia; y, por otro, la consignación de
la justa compensación por el valor de la propiedad, única
compensación a la que, según estimamos, tenían derecho
los propietarios en esos casos. En consecuencia, en los
casos antes descritos sostuvimos que la acción de
expropiación a la inversa quedó fundida, en su totalidad
o en parte, en la acción de expropiación directa y se
tornó académica. Es decir, debido a que entendimos que
los reclamos que dieron base a la acción de expropiación
a la inversa quedaron comprendidos en la acción de
expropiación instada por el Estado, la controversia en el
pleito de expropiación a la inversa, o parte de ésta,
cesó de existir, por lo que procedía su desestimación.
Esto no implica que en todo caso en que se haya
presentado una acción de expropiación a la inversa y que
el Estado con posterioridad presente una acción de
expropiación forzosa directa sobre la totalidad o parte
de la propiedad en controversia, la acción de
expropiación a la inversa se tornará académica de por sí.
Como bien ha sostenido el Tribunal Supremo de Estados CC-2012-0493 22
Unidos, “a case is moot when the issues presented are no
longer „live‟ or the parties lack a legally cognizable
interest in the outcome. Where one of the several issues
presented becomes moot, the remaining live issues supply
the constitutional requirement of a case or controversy”.
Powell v. McCormack, 395 U.S. 486, 496-497 (1969) (citas
omitidas).
Por tanto, para que una acción de expropiación a la
inversa se torne académica mediante la posterior
presentación de una acción de expropiación directa, ésta
última debe tener el efecto de cesar la vitalidad de los
reclamos y controversias presentes en la acción de
expropiación a la inversa. En caso de que la acción de
expropiación forzosa directa tenga el efecto de tornar en
académico alguno de los asuntos en controversia en el
pleito de acción a la inversa, permanecerá inalterada la
justiciabilidad de aquellas controversias que no hayan
cesado de existir.
IV
Discutida la normativa aplicable, pasemos a resolver
la controversia ante nuestra consideración.
En este caso, luego de presentada una acción de
expropiación forzosa a la inversa en la Sala de Arecibo,
en la que se reclamó el pago de la justa compensación por
la incautación física de una franja de terreno en donde
se instaló un tubo de desagüe pluvial y por la ocupación
y los daños ocasionados al remanente de la propiedad, el CC-2012-0493 23
Estado, en el ejercicio de su poder de dominio eminente,
optó por presentar una acción de expropiación forzosa
directa en la Sala de San Juan. En la acción, el Estado
se limitó a expropiar la parte del terreno en donde ubica
el tubo de desagüe pluvial y consignó únicamente la
compensación por el valor estimado de esa parte del
terreno. Mediante esta acción, el Estado reconoció que
incautó parte del terreno en controversia en el pleito de
expropiación a la inversa y consignó la justa
compensación por el valor estimado de esa parte de la
propiedad. Por lo tanto, esta acción del Estado tuvo el
efecto de tornar en académica la controversia entre las
partes respecto a esa franja de terreno.15
Ahora bien, los demandantes sostienen que, además
del terreno donde ubica el tubo de desagüe pluvial, el
Estado ocupó y ocasionó daños a la totalidad del terreno
perteneciente a éstos. Por tal razón, alegan que para
que la acción de expropiación a la inversa se torne
académica en su totalidad, no basta con que el Estado
haya iniciado una acción de expropiación directa sobre la
franja de terreno en donde ubica el tubo de desagüe
pluvial y consigne una compensación únicamente por el
valor de ese predio de terreno.
En cambio, el Estado sostiene que una vez se
presenta una acción de expropiación forzosa directa, la
acción de expropiación a la inversa se torna académica,
15 De hecho, ninguna de las partes ha cuestionado la academicidad de esta parte del predio de terreno. CC-2012-0493 24
pues queda fundida en su totalidad en la acción iniciada
por el Estado. Esto por entender que el remedio que
procura el propietario en la acción de expropiación a la
inversa es el mismo que podría reclamar en la acción de
expropiación iniciada por el Estado. Además, señala que
como soberano no está obligado a expropiar la totalidad
de la propiedad. Por todo lo anterior, sostiene que
procede la desestimación del pleito de expropiación a la
inversa por haberse tornado académico. No le asiste la
razón.
En primer lugar, según la jurisprudencia antes
discutida, la presentación de una acción de expropiación
forzosa directa sobre una propiedad que también es objeto
de una acción de expropiación a la inversa, de por sí no
torna académica la totalidad de la acción de expropiación
a la inversa. Para que se torne académica en su
totalidad, la acción de expropiación forzosa directa debe
tener el efecto de cesar la vitalidad de todos los
expropiación a la inversa.
Si bien el Estado tiene razón al señalar que como
soberano no está obligado a expropiar la totalidad de la
propiedad objeto del pleito de expropiación a la inversa,
la determinación que haga sobre qué propiedad opta por
expropiar o qué remedios se contemplan en la compensación
consignada incide sobre la procedencia de la solicitud de
desestimación por academicidad presentada en el pleito de CC-2012-0493 25
expropiación a la inversa. En este caso, el Estado, en
el ejercicio de su poder de dominio eminente, optó por
expropiar únicamente el terreno en que está ubicado el
tubo de desagüe pluvial. Además, consignó el pago de la
compensación estimada sólo por el valor de esa parte del
terreno. No obstante, solicitó la desestimación de la
totalidad de la acción de expropiación a la inversa,
acción en la que además se solicita una compensación por
la ocupación 16 y los daños ocasionados al resto de la
propiedad. Por lo tanto, para efectos de la doctrina de
academicidad, la controversia con respecto al terreno
restante no ha cesado de existir. Esto es, la acción de
expropiación forzosa directa no tuvo el efecto de
extinguir la totalidad de los reclamos a los que la parte
demandante podría tener derecho en la acción de
expropiación a la inversa. Por tal razón, con respecto a
esa parte del terreno la controversia no se tornó
académica y no procede su desestimación.
En segundo lugar, contrario a lo que sostiene el
Estado, el hecho de que en la acción de expropiación
directa el propietario pueda procurar remedios que
también reclamó en la acción de expropiación a la inversa
no convierte, necesariamente, la acción a la inversa en
académica. Si bien es cierto que un procedimiento de
16 Cabe destacar que distintas jurisdicciones han reconocido que las constantes inundaciones ocasionadas por razón de una expropiación pueden constituir una incautación para efectos de la cláusula de la justa compensación. Véase Nichols on Eminent Domain, Cap. 6-7, Sec. 6.01 [14][2]. CC-2012-0493 26
expropiación forzosa directa el propietario puede
presentar aquellas defensas y objeciones que tenga sobre
la cuantía declarada como justa compensación y reclamar
los daños ocasionados al remanente, ello no significa que
la acción de expropiación a la inversa se torne
académica. Por el contrario, la posibilidad de levantar
esas defensas y objeciones denota que la controversia
entre las partes en la acción de expropiación a la
inversa sigue viva. En todo caso demuestra que ambas
acciones presentan cuestiones comunes de hechos y de
derecho pendientes ante el tribunal, elementos propicios
a considerar para la consolidación de ambos recursos.
Relacionado con lo anterior, el Estado sostiene que
la sala de expropiaciones es la única con competencia
para atender las acciones de expropiación iniciadas por
el Estado y procede que ésta asuma la jurisdicción sobre
la totalidad de la controversia por haberse tornado
académica. Alega que, de lo contrario, se fragmentaría el
procedimiento en dos salas distintas, lo cual sería
contrario a la economía procesal. En su argumentación, el
Estado parece indicar que un elemento a considerar al
determinar si procede la desestimación por academicidad
es que la Sala de San Juan tiene competencia sobre la
acción de expropiación iniciada por el Estado. No
obstante, la determinación sobre la solicitud de
desestimación por academicidad de esta controversia es
ajena al planteamiento del Estado sobre la competencia de CC-2012-0493 27
la sala especializada de San Juan. Según señalamos, la
controversia con respecto al resto de la propiedad se
mantiene viva y no procede su desestimación por
academicidad.
Ahora bien, el Estado tiene razón al señalar que la
Ley de Expropiación Forzosa establece que la sala
competente para atender pleitos de expropiación forzosa
iniciados por el Estado es la sala especializada de San
Juan. 32 L.P.R.A. Ap. V secs. 2905, 2914. En su
consecuencia, cuando el Estado inicia una acción de
expropiación forzosa sobre propiedad que también es
objeto de una acción de expropiación forzosa a la
inversa, la sala competente para atender la materia
objeto de la acción de expropiación forzosa directa es la
Sala de San Juan.
Por lo tanto, el inicio de una acción de
expropiación forzosa sobre una propiedad que también es
inversa, no sólo incide sobre la vitalidad del pleito de
expropiación a la inversa sino que también incide sobre
la competencia de las salas en el foro primario. Esto, en
caso de que la acción de expropiación iniciada por el
Estado sólo abarque una parte de la propiedad en
controversia, puede tener el efecto de dividir la acción
original en dos salas distintas: la sala en que se
ventila el pleito de expropiación a la inversa y la sala
especializada de expropiaciones. A su vez, puede CC-2012-0493 28
coincidir con que una parte del pleito de expropiación a
la inversa se haya tornado académico, según hemos
discutido.
Conviene entonces que, como norma general, en casos
en que se haya presentado una acción de expropiación a la
inversa y posteriormente el Estado inicie una acción de
expropiación forzosa sobre parte de la propiedad, se
consoliden ambos pleitos y se ventile la totalidad de la
controversia en la sala especializada de expropiaciones
en San Juan. De esta forma, se evita la bifurcación de
los procesos en dos salas distintas y se promueve la
buena administración de la justicia, la aceleración en la
resolución de este tipo de disputas y la reducción de
costos en la litigación. Vives Vázquez v. E.L.A.,
142 D.P.R. 117, 136 (1996).
No obstante, en este caso el pleito de expropiación
a la inversa, en el que se ventila la controversia sobre
el remanente de la propiedad y sobre el cual la Sala de
Arecibo tiene competencia, se encuentra en la etapa final
del juicio en su fondo. Es decir, ya concluyó la etapa
del descubrimiento de prueba y se presentó el Informe
Preliminar sobre Conferencia entre Abogados. A su vez, la
Sala de San Juan paralizó los procedimientos ante sí para
permitirle a la Sala de Arecibo hacer una determinación
sobre el remanente de la propiedad. Consecuentemente,
entendemos que en este caso, por excepción, la
consolidación de los recursos desvirtuaría el propósito CC-2012-0493 29
de las Reglas de Procedimiento Civil de garantizar una
solución justa, rápida y económica en los procedimientos.
Por lo tanto, en esta ocasión no procede la consolidación
de los pleitos y le corresponde a la Sala de Arecibo
determinar si proceden los reclamos de los demandantes
sobre el resto de la propiedad.
V
A tenor con lo anterior, resolvemos que con la
presentación de una acción de expropiación forzosa por
una parte de la propiedad en controversia y la
consignación de la justa compensación por esa parte de la
propiedad, la acción de expropiación forzosa a la inversa
sólo se tornó académica en cuanto a esa parte de la
propiedad. Consecuentemente, se revoca la sentencia del
Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal
de Primera Instancia para que continúe con los
procedimientos conforme a lo aquí resuelto.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Sentencia
Por los fundamentos expresados en la Opinión que antecede, los cuales se incorporan íntegramente a la presente Sentencia, se revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúe con los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo